DIARIODEMALLORCA* : Más de 4.000 personas se concentraron ayer en la plaza de España y recorrieron las principales calles de Palma para manifestarse contra los numerosos casos de corrupción que están azotando a la política balear. La Plataforma contra la Corrupció i la Dignificació de la Democràcia, formada per unas cien entidades ciudadanas, sindicatos y asociaciones ecologistas, fue la organizadora del acto que culminó con la lectura de un manifiesto en la plaza de Cort.
Desde la organización hablaron de cerca de 8.000 personas, pero la Policía creía que no superaban las 4.000.
A lo largo del recorrido, desde la plaza España, pasando por las calles Olmos, Sant Miquel y la plaza Mayor, se escucharon numerosos cánticos contra la corrupción política. El más unánime fue el de "ladrones y corruptos a la cárcel". También hubo gritos exigiendo la devolución de los dineros malversados en las diferentes tramas destapadas por la justicia.
Los manifestantes portaron numerosas pancartas, todas ellas alusivas a los casos como Maquillaje, Palma Arena, Andratx, Can Domenge y el Scala, entre otros. La mayoría de pancartas llevaban los logotipos del PP y de UM. Desde la organización obviaron nombrar a ningún partido político, lo que sí dijeron era que "todo el mundo ya sabe quienes son".
Contra la Corrupción: Participación Ciudadana fue el título del manifiesto donde los convocantes exigieron una "profunda regeneración de la clase política balear y que se dignifiquen y protejan nuestras instituciones de corruptos y corruptores". Asimismo abogaron por "acabar con las políticas que utilizan el poder para imponer intereses privados frente a intereses colectivos y no defienden ni el territorio ni la cultura".
Durante toda la marcha de protesta, tambores y cornetas acompañaron a los manifestantes y amenizaron el recorrido. Mucha gente se sumó a la cadena humana llenando por competo la plaza de Cort y las calles contiguas.
La manifestación se desarrolló sin incidentes. Los únicos momentos de tensión se produjeron en la plaza de España cuando los integrantes del Círculo Balear, entidad que al final no se adhirió a la protesta contra la corrupción organizada por la Plataforma, fueron silbados por los manifestantes al desplegar unas grandes pancartas desde un edificio. En las pancartas se podía leer el nombre de Círculo Balear y llevaban sujetas la bandera española y la mallorquina.
Entre los políticos que participaron en la manifestación cabe destacar al portavoz del Bloc en el Parlament, Gabriel Barceló; el diputado por esta misma formación, Miquel Àngel Llauger; y la consellera de Asuntos Sociales, Josefina Santiago. Por parte del PSOE se pudo ver al también diputado Miquel Àngel Coll.
ANECDOTARIO
· Un paso de Semana Santa se sumó a la manifestación– Pocos minutos antes de arrancar la manifestación, en plena plaza de España, apareció un paso de Semana Santa con sus correspondientes costaleros. La gente pensó que también se sumaban al acto reivindicativo, pero al percatarse los costaleros cambiaron de ruta.
· El Círculo Balear irrumpió y saludó en la plaza España– Desde un edificio de la plaza España se desplegaron las dos grandes pancartas del Círculo Balear construidas de forma vertical. En los balcones se pudo ver a sus dirigentes saludando a la gente de la calle, mientras se escuchó una sonora pitada de los manifestantes.
· Aclaraciones y gritos de "racistas"– Durante los Parlamentos, el portavoz de la Plataforma, Tomàs Balaguer, lanzó una proclama contra "los que vienen de fuera y nos roban el dinero". Esta proclama no sentó muy bien a algunos de los presentes y lanzaron gripos de "racistas". Acto seguido Balaguer aclaró el entuerto explicando que el acto era para revindicar el cese de la corrupción, tanto de los de fuera como de los políticos de aquí.
· Pancarta con la cara de Matas– Una de las pancartas era con la cara de Matas en situación comprometida y que lo culpaba de todos los desmanes de corrupción acaecidos en las islas. Evidentemente otras se acordaron de Munar, pero sin reproducir su rostro.
* Diario de Mallorca - 21.03.10
Foto: Imagen de la pancarta que encabezó la manifestación entrando en la plaza de Cort. - Miquel Massutí, diariodemallorca.es.jpg
Más de 4.000 personas tomaron Palma para manifestarse contra la corrupción
La corrupción complica la vida al PNV
ELPAÍS/Bilbao* : Nunca en los 30 años de historia de la democracia, la corrupción había acechado tan de cerca a cargos del PNV, el partido mayoritario en Euskadi que siempre ha apelado a "la honradez" como una de sus señas de identidad en su centenaria trayectoria. "Aquí no ha salido ningún caso, nadie del PNV que haya metido la mano en el cajón", señalaba ufano, hace unas semanas, un alto cargo público peneuvista vizcaíno. Para su intranquilidad, el PNV encara la incómoda situación que siempre supone ver cómo se resuelven imputaciones de corrupción contra cargos suyos en cada uno de los tres territorios históricos, surgidos en apenas medio año.
Episodios turbios ha habido en estas tres décadas, el más sonado el de las tragaperras, que en los años 80 relacionó la financiación del PNV con el dinero obtenido en la concesión de licencias para las máquinas de juego. Lo que ha cambiado es la concentración de escándalos, que empezaron hace tres años en Guipúzcoa con el caso Jauregi -el candidato elegido a diputado general y que se quedó en el camino tras descubrirse que no había declarado a Hacienda parte de sus ingresos-, siguieron con las irregularidades en el futuro Museo Balenciaga que afectan directamente al ex alcalde jeltzale Mariano Camio, hasta llegar al caso Bravo, el ex senador peneuvista implicado por recibir 1,4 millones de una sociedad a la que ayudó a defraudar cuando era director de la Hacienda foral. Jauregi ha mantenido el tipo al seguir como hombre de confianza de Joseba Egibar en la dirección del PNV guipuzcoano, y consejero de Kutxa, mientras Camio y Bravo esperan aún la resolución de sus respectivos procesos judiciales.
Pero la bola se ha extendido al resto de territorios. Y, además, con rapidez: desde el sonado episodio de esta semana en Álava al ser imputados por corrupción ocho significados militantes del PNV a la apertura en Vizcaya por parte de la Fiscalía de una investigación sobre la recalificación de terrenos a la familia de la alcaldesa de Lezama, ocho meses después de haber firmado su venta por 6 millones.
Gran parte de los escándalos surgidos pueden quedar sustanciados, de hecho, a pocos meses de las elecciones forales y municipales de 2011. Y, además, su aparición viene a coincidir con el momento de mayor desventaja para el PNV, al verse fuera por vez primera de la Lehendakaritza. Por si fuera poco, la presunta trama de corrupción en él ámbito de la Diputación de Álava ha afectado a dirigentes del partido, otro hecho insólito hasta ahora en la formación nacionalista.
DIPUTACION DE ÁLAVA La trama de comisiones
Es el último y, en principio, el caso de mayor gravedad, al encontrarse implicados nada menos que un ya ex diputado foral, Alfredo de Miguel, y siete destacados miembros del PNV en el territorio alavés. Los escasos datos que han trascendido, al encontrarse la investigación judicial bajo secreto de sumario, indican que existe una red para el cobro de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano, en las afueras de Vitoria, pero también en otros negocios, que se canalizaban a través de la empresa Kataia Consulting, creada en 2005 y dirigida al asesoramiento, entre las que figuran como administradoras Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo, las esposas, respectivamente de Alfredo de Miguel,
Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, todos imputados. La sociedad está registrada en el local de la sociedad gastronómica Etxezarra, donde De Miguel, que ha negado todos los posibles cargos al tiempo que denuncia la indefensión de que ha sido objeto, acostumbraba a reunirse con sus amigos para cerrar acuerdos, según la investigación. Los primeros datos conocidos revelan que esta empresa sería la caja de recaudación de la trama.
Los hechos, si los confirma la investigación emprendida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, dejan muy tocada a la dirección peneuvista, especialmente porque De Miguel era el principal candidato a liderar al PNV en Álava en 2012, al igual que se había especulado con la posibilidad de que Alfonso Arriola, otro de los imputados, fuera el próximo candidato jeltzale al Ayuntamiento de Vitoria.
Nunca tampoco hasta ahora había sido detenido un cargo peneuvista de tal rango, un diputado foral. Pero en el resto de investigados no hay personas irrelevantes: el actual dirigente del ABB Aitor Tellería; el ex director del Parque Tecnológico Alfonso Arriola, actual asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas de Eusebio Melero, miembro a propuesta del PNV, o la candidata del PNV en las elecciones al Parlamento Iratxe Gaztelu.
Todo apunta a que las presuntas irregularidades se canalizaban a través de la empresa Kataia. La investigación está todavía en una fase inicial, según fuentes judiciales, con lo que el caso puede convertirse en un purgatorio para el PNV precisamente en Álava, donde es la tercera fuerza política y se arriesga a seguir perdiendo influencia en favor del PSE y el PP.
AYUNTAMIENTO DE LEZAMA La recalificación
Unos días antes de lo ocurrido en Vitoria, se destapó el escándalo en el pequeño municipio de Lezama, de apenas 2.400 habitantes, que ha motivado la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de Vizcaya. No hay ningún cargo de peso del PNV implicado, pero la documentación existente es de la mayor relevancia conocida hasta ahora en una presunta corrupción en un ayuntamiento.
La Fiscalía maneja ya el acuerdo privado firmado en febrero de 2007 entre seis familiares (padre, tía y cuatro primos) de la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), por el que vendían terrenos a dos constructoras a cambio de seis millones de euros. Un pacto suscrito ocho meses antes de que todo el plan urbanístico de Lezama se aprobara definitivamente (fue en octubre de 2007), lo que significó que ese suelo, que estabacalificado desde 1993 por el Gobierno de urbano inundable (que sólo permitía en este caso obras de saneamiento o la creación de una zona verde), se recalificara para un uso residencial. Lo llamativo es que el acuerdo, que especifica el cobro y sus condiciones, está plasmado en un auto judicial, lo que ha permitido destapar el escándalo. ¿Por qué? La familia de la alcaldesa demandó a las constructoras por un supuesto incumplimiento del contrato y finalmente se llegó a un nuevo acuerdo que fijaba la compraventa en 5,3 millones, de los que los Etxeandia han percibido 2,2 millones.
En esta historia llama la atención que la eliminación de la calificación de inundable la adoptó la Dirección de Aguas del Gobierno en junio de 2007 basándose en un informe presentado por el Ayuntamiento sólo cuatro días antes de que el Gobierno decidiera, como es preceptivo, sobre el plan urbanístico de Lezama. Aguas admite que el informe "sólo ha podido ser analizado con premura" pero lo acepta, cuando hasta ahora el criterio del Ejecutivo ha sido siempre aumentar, y no reducir, las manchas de inundabilidad en los municipios.
A esto se añade que el plan urbanístico por Lezama está anulado desde junio por el Tribunal Superior y que la alcaldesa ha votado hasta tres veces en el impulso del proyecto urbanístico de su familia, incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo que le obliga a abstenerse.
DIPUTACIÓN DE VIZCAYA Los bonos del 'ferry'
Por vez primera en sus 30 años de historia, las Juntas Generales de Vizcaya van a constituir una comisión de investigación. El asunto es también indagado desde octubre por la Fiscalía y se refiere a la desaparición de más de 35.000 bonos del ferry Pride of Bilbao, que la Diputación compró en 1995 a la naviera. Formaban parte de los más de 46.500 billetes que adquirió como ayuda al servicio marítimo, que la UE declaró luego ilegal al considerarla una ayuda de Estado. Ello se tradujo en la devolución de 13 millones de euros de la empresa a la Diputación; ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.700 bonos utilizados hasta 2007, pero luego debió pagar otros 9,7 millones más por los 35.700 restantes, ya que no se encontraban. El Tribunal Vasco de Cuentas ha constatado que hubo una pérdida patrimonial de esos 9,7 millones y el PP, que tramitó la denuncia, apunta a los responsables del PNV. "Sólo hay tres opciones: la destrucción de manera negligente, el robo o la desaparición deliberada para dar una ayuda de Estado ilegal", dice el portavoz del PP Carlos Olazabal. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha afirmado que " nadie se ha llevado a casa un euro de los bonos del ferry".
HACIENDA DE GUIPÚZCOA El caso Bravo
Todavía sigue bajo investigación el presunto trato a favor de Víctor Bravo, ex director de la Hacienda de Guipúzcoa y ex senador del PNV, a un grupo empresarial (el catalán Glass Costa Este Salou). Se le acusa de haber recibido 1,4 millones de esta compañía a cambio de colaborar en que dicha firma falseara su domicilio fiscal, y disfrutar ilegalmente así de una tributación más ventajosa. Este escándalo se suscitó después de que dos años antes se imputara a su hermano José María Bravo, cuando era director de la oficina de la Hacienda en Irún, haber defraudado 8,1 millones al fisco y apropiarse de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.
GETARIA El Museo Balenciaga
Fue en 2008 cuando la Fiscalía de Guipúzcoa presentó una querella criminal contra el ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, por falsificación de documentos, engaño y uso indebido de dinero en la construcción del Museo Balenciaga. Se refería a que Camio, quien fue alcalde del PNV entre 1983 y 1999, año que lo dejó para dirigir la Fundación Balenciaga, cometió desvíos de fondos, que llevaron a triplicar el presupuesto del museo hasta los 18 millones de euros.
El ex alcalde ocultó documentos, según la comisión de investigación del Parlamento, y benefició al otro imputado, su compañero sentimental el arquitecto cubano Julián Argilagos, en paradero desconocido, lo que ha paralizado la investigación judicial.
* ELPAIS.com - 21.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com
La herencia de Marbella echa raíces
SUR/Málaga* : La semana ha mostrado dos expresiones de la falta de rumbo en la política urbanística. EL problema de establecer espacios de impunidad en relación con hechos del pasado no es tanto la falta de justicia sobre lo ya sucedido, sino los precedentes que condicionan lo que habrá de suceder. La legalización masiva de pisos irregulares en Marbella ha tenido su repercusión: todos quienes han construido al margen de las normas quieren sumarse a la ola del indulto general amparados en el irrefutable argumento de por qué ellos sí y yo no.
De poco sirve explicar que en Marbella sólo se podrá legalizar a través de compensaciones porque el argumento no es atendido. Hubiera sido más creíble la imagen pedagógica de alguna estructura reducida a escombros que explicara que esto no es una amnistía general.
El razonamiento es más o menos el siguiente: si en Marbella -donde hubo una organización que permitía construir a cambio de pagar comisiones y cuyo funcionamiento quedó reflejado en una investigación policial que desveló una contabilidad minuciosa de cobros de empresarios y pagos a concejales y conexiones con jueces, funcionarios y policías corruptos, donde el legado es más de 16.500 viviendas que se regularizan, y donde se ha aceptado sin más la condición de víctimas de los compradores de esas viviendas- no se ha visto una sola piqueta ¿con qué autoridad moral se quiere ahora impartir justicia urbanística en cualquier otro rincón no ya de la provincia sino de todo el litoral español?
La polémica del urbanismo tuvo esta semana dos episodios. Por un lado, la manifestación de residentes extranjeros , mayoritariamente de La Axarquía, no pidiendo sino exigiendo la legalización de sus viviendas. Por el otro, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un reglamento que refuerza las competencias municipales a la hora de imponer la disciplina urbanística. Se trata de dos expresiones de lo que se podría denominar la herencia del caso Marbella.
Ya llamó la atención anteriormente en Marbella y ahora lo hace en la zona de La Axarquía, donde la barbarie urbanística no ha sido en vertical, sino de un modo que podría bautizarse como salpicado: las manifestaciones no son para que se castigue a los culpables, sino para pedir impunidad. Los compradores de viviendas levantadas al margen de la ley salen a la calle para exigir a las administraciones que les solucionen el problema, no para reclamar que se castigue a quienes los estafaron al venderles un inmueble ilegal o concediéndoles una licencia que no se podía conceder. Reclaman que los poderes públicos abdiquen del interés común y se conviertan en cómplices. Los beneficiarios de la barbarie urbanística tienen nombre y apellido, y resulta inexplicable que las víctimas no quieran ir contra ellos. Pero más inexplicable sería que se concediera la impunidad para evitar que las protestas acaben en un pedido de responsabilidades a quienes no ejercieron, o lo hicieron mal, la obligación de control.
La decisión de la Junta de dar a los ayuntamientos la potestad de llegar hasta el derribo de las viviendas irregulares cuando su legalización sea manifiestamente imposible no es más que una forma de reducir los plazos de manera que se dificulte la política de hechos consumados que tanto daño hizo en Marbella y que convirtió a los compradores-víctimas en rehenes de los promotores-victimarios, pero evita afrontar el asunto central: la proliferación de delitos urbanísticos nació de la corrupción en los propios ayuntamientos o, en el mejor de los casos, de la necesidad de las administraciones locales de financiarse a través del urbanismo. Quien autoriza o hace la vista gorda difícilmente va a echar mano del nuevo reglamento para derribar lo que acaba de permitir.
Todo esto lleva a reafirmar la convicción de que mientras no se haga un serio balance autocrítico de lo que sucedió en estos años, especialmente en Marbella pero no sólo en Marbella, será imposible coger el timón y enderezar el rumbo.
* SUR - 21.03.10
Foto: diariosur.es
Siguen aumentando las construcciones en cauces y en zonas de alto riesgo de inundación
En el Día Mundial de Agua, que se celebra el 22 de marzo, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* quiere llamar la atención sobre el estado de abandono en el que se encuentran nuestros cauces y riberas, en los que las diferentes administraciones siguen permitiendo que se construya y se lleven a cabo todo tipo de vertidos y demás deterioros ambientales.
Ecologistas en Acción estima que existen más de cuarenta mil construcciones situadas dentro del dominio publico hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, siendo en su mayor parte viviendas, aunque también hay otro tipo de construcciones e instalaciones, como son polideportivos, campings, parques públicos, colegios, etc. Una parte de estas construcciones se encuentran situadas en zonas de muy alto riego para las personas, en el caso de que se produzca una avenida.
La responsabilidad de esta situación reside mayormente en las diferentes administraciones implicadas pues, aunque la legislación al respecto es bastante clara (artículo 28 del Plan hidrológico Nacional), exigiendo a las administraciones la eliminación de estas construcciones, lo cierto es que las mismas hacen caso omiso a lo establecido en la normativa, al considerar políticamente “incómodo” la eliminación de esas construcciones. Las administraciones implicadas, y por tanto con competencias en el tema, son las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, así como los gobiernos autonómicos y municipales, al depender de los mismos la actividad urbanística.
Ecologistas en Acción considera que esa dejación de funciones por parte de las administraciones responsables está favoreciendo que se sigan incrementando las construcciones en el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, por lo que el riesgo de que se produzcan sucesos como el del camping de Biescas o el de Cerro de Reyes en Badajoz, se incrementa día tras día. En este sentido, la organización ecologista hace responsables a las administraciones con competencias en el tema de que sucesos de estas características puedan volver a sucederse, dado que podrían evitarse, pues si bien es cierto que a medio plazo no se puede saber cuando, donde y cuanto va a llover, siempre se sabe por donde va a correr el agua.
Asimismo, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la falta de eficacia frente a avenidas de los encauzamientos de hormigón pues, a parte de suponer la destrucción del río, concentran los caudales, incrementando la velocidad del agua, a la vez que generan una sensación de falsa seguridad, favoreciendo la construcción en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando el agua supera la capacidad del encauzamiento, ésta se desplaza sin ningún tipo de control (tanto en el camping de Biescas, como en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, los cursos de agua se encontraban encauzados).
Por último, Ecologistas en Acción hace un nuevo llamamiento a las administraciones públicas para que, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente, procedan a la eliminación de todas las construcciones y vertidos de todo tipo existentes sobre el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación y que a continuación procedan a la restauración del bosque de ribera autóctono, cuya eficacia contra el riesgo de avenidas está sobradamente demostrada.
* Ecologistas en Acción - 20.03.10
Foto: Carros sumergidos en un hipermercado de Valencia (archivo) - elpais.com
Imputado el alcalde de Alhaurín de la Torre por vender a la baja fincas públicas
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ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP) tendrá que comparecer mañana lunes como imputado ante un juez de Málaga por un presunto caso de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la venta de unas parcelas municipales a unos promotores. Supuestamente, los terrenos -50 hectáreas en la zona de Tabico- se valoraron por el consistorio muy por debajo de su precio de mercado. Según la denuncia que ha dado origen a la investigación, el daño patrimonial a las arcas municipales se eleva a 2,4 millones de euros.
Además, en la demanda se relata un presunto pacto entre responsables municipales y los promotores, que permitió a éstos adquirir las parcelas antes de que se realizara el proyecto de reparcelación y la ordenación urbanística de la zona, lo que multiplicaría el valor de los terrenos.
Junto a Villanova, también están imputados en el caso el concejal de Urbanismo, Gerardo Velasco; el arquitecto municipal, Manuel Atienza; el asesor jurídico del consistorio Manuel González Lamothe; y los promotores beneficiados, Sergio Portales Ponce y Enrique Portales Sánchez.
Un portavoz del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha negado la existencia de irregularidades, y sostiene que toda la actuación municipal está avalada por informes jurídicos y técnicos, así como por tres tasaciones distintas de los suelos. Villanova insiste en que la denuncia forma parte de una campaña de desprestigio y una "vendetta" personal del denunciante, el ex portavoz del PSOE en el consistorio Roque Manchado, y del abogado de éste, que también lleva una causa contra el regidor por un caso de enchufismo en unas oposiciones.
* ELPAIS.com - 21.03.10
Foto: Alhaurín de la Torre (Málaga) - alhaurin.com
Ciudades sin alma
FRANCESC TORRALBA TORELLÓ* : Una de las constataciones que podemos reseñar cuando pensamos en las grandes ciudades del mundo es que, al contrario que las ciudades en un sentido tradicional, son espacios crecientemente problematizados. En ellas se concentra cada vez más pobreza, aumenta la población excluida y se evidencia la desigualdad social como nunca antes. Son el origen del cambio climático y de la insostenibilidad ambiental, en ellas se constatan la mayor tasa de suicidios y de enfermedades mentales. En ellas la soledad y la anomia atormenta a millones de personas y los síntomas de violencia urbana son crecientes.
¿Significa esto realmente la muerte de la ciudad tal y como vaticinaron los sociólogos de la década de los sesenta del siglo pasado? En parte la respuesta es afirmativa, pues estas grandes ciudades ya no son de hecho ciudades, sino macrourbes. Se pueden definir como no lugares, donde la gente se desencuentra, donde la movilidad motorizada se ha convertido en una obligación para muchos y es una de las causas que lleva a la vulnerabilidad y a la inaccesibilidad, donde la vivienda ha perdido su sentido de valor de uso sustituyéndose por su una naturaleza mercantil como valor de cambio, donde los espacios públicos se inutilizan, donde los servicios públicos se privatizan, donde los barrios pierden su variedad y riqueza urbana, donde se asienta la desconfianza y el miedo al otro.
Las grandes ciudades se han convertido en un gran contenedor desordenado, de espacios públicos, de barrios, de polígonos industriales, de viviendas, donde los tipos de espacio se separaron convenientemente con el triunfo del urbanismo funcionalista, convirtiendo a la ciudad en un tipo de anticiudad.
Frente a ello, se debe reivindicar el barrio, pues el barrio es la unidad básica para reconstruir la ciudad. La revalorización y reconocimiento del barrio viene a ser considerada como una escala adecuada para resolver los múltiples, graves y crecientes problemas de las grandes ciudades. El barrio es una escala fundamental para el análisis de los problemas económicos sociales, urbanos o ambientales de las ciudades, que pone en contacto las políticas con la realidad social y facilita la definición de soluciones. Hay que recuperar a éste, para igualmente recuperar la ciudad, pues la ciudad son sus barrios.
Ya hace tiempo que la vivienda ha perdido su función social, se ha tornado inaccesible para los grupos sociales más desfavorecidos y especialmente para los jóvenes. En nuestro país, las políticas de la vivienda se han orientado hacia su vertiente económica, obviando su vertiente más social. El marcado carácter económico otorgado a la vivienda se ha asentado en una estrategia desbocada hacia la producción de viviendas apostando, simultáneamente, por un régimen de propiedad de las mismas, lo que ha provocado un fuerte desequilibrio en el mercado inmobiliario.
Sobre el sobredimensionamiento del parque inmobiliario, se esconde una terrible paradoja: por un lado, la destrucción del territorio y un excesivo número de viviendas desocupadas y secundarias, y por otro, una inaccesibilidad para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.
La ciudad, el barrio y la vivienda, son los espacios a considerar para aplicar las políticas sociales: políticas de ciudad, de barrio y de vivienda. No pueden obviarse y tampoco separarse, pero estamos instalados en una no-política que ha llevado a devastar nuestras ciudades, a la creación de barrios gueto y a la mercantilización de un bien básico como es el alojamiento. Frente a la crudeza de la situación, no podemos prescindir, como diría David Harvey, ni de los planes utópicos ni de los ideales de justicia.
* Fórum Libertas - Opinión - 19.03.10
