MADRIDIARIO* : Baltasar Garzón deja de investigar la 'operación Gürtel', que pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Alto Tribunal decidió este martes hacerse cargo de las pesquisas de la supuesta trama de adjudicaciones a cambio de favores o sobornos a las empresas de Francisco Correa, hoy en prisión preventiva.
El TSJM ve indicios suficientes por delitos de cohecho y tráfico de influencias en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que dimitió al verse imputado en la trama; el que fuera por unos días presidente de la 'comisión de los espías', Benjamín Martín Vasco; y Alfonso Bosch Tejedor, secretario de movilización del PP de Madrid y que compatibiliza su escaño con el puesto de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (EMSV), ayuntamiento cuyo alcalde hasta hace un mes era el también imputado Arturo González Panero.
Los alcaldes de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López respectivamente, también han dimitido después de que hayan sido señalados por el juez.
De López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor, el PSOE ha exigido reiteradamente a Esperanza Aguirre que les haga entregar su acta de diputados, cosa que hasta el momento no se ha producido. El PSOE también ha demandado por escrito a la Asamblea que los consejeros de su Gobierno expliquen en la Cámara las adjudicaciones que prácticamente todas las áreas hicieron a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009, pero ninguno de ellos lo hará por ese tema ya que la mesa de la Asamblea rechazó este mismo martes las peticiones. Maru Menéndez, portavoz socialista, asegura que "si continúan las trabas, tendrá que ser la propia presidenta Esperanza Aguirre la que tenga que dar las explicaciones pertinentes, porque ha habido contrataciones con las empresas de Correa desde todas las consejerías, no sólo la de Deportes".
¿Quién investiga a Bárcenas?
Según el auto dictado este martes por el Alto Tribunal, el "entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas".
A partir de ahora se hace cargo de la investigación el juez Antonio Pedreira, aunque queda por decidir si el TSJM recibe también los informes policiales que implicarían en la trama corrupta al senador por Cantabria y tesorero del Partido Popular nacional Luis Bárcenas. El juez Garzón ha pedido opinión a la Fiscalía para que el caso pase al Tribunal Supremo (estaría implicados aforados de varias comunidades autónomas, como Francisco Camps en el caso de Valencia), pero el Ministerio Público le ha respondido que debe ser el TSJM quien decida. De Bárcenas el propio Correa aseguraba en conversaciones intervenidas por la Policía que presionaba para conseguir determinado contratos públicos.
* Madridiario - 31-03-2009 - Ángel Calleja
Foto: madridiario.es
El TSJM se queda con el 'caso Gürtel' al ver indicios de delito en tres diputados del PP
El TSJA declara nula la Revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Rute
EUROPAPRESS/Córdoba* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula mediante una sentencia la Revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) del Ayuntamiento de Rute. La sentencia reconoce así el recurso presentado por la Asociación de Amigos del Camino de las Pozas contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, de fecha 24 de mayo de 2005, que aprobó definitivamente la Revisión de las NNSS de Planeamiento de Rute.
Esta asociación viene defendiendo desde hace años que los terrenos de la zona de Las Pozas no sean declarados industriales, como aparecen en las normas ahora anuladas, ya que esta zona se encuentra colindante con el casco urbano y en ella se asientan una treintena de viviendas, según ha reiterado en numerosas ocasiones este colectivo.
La resolución manifiesta que "el presente proceso ha perdido su objeto, ya que esta misma Sala, en el recurso 452/06, en el que se combatía la subsanación de deficiencias y aprobación del Texto Refundido de la Revisión de las NNSS, ya dictó sentencia dando la razón a la parte actora y examinando los mismos motivos que en éste se aducen para combatir la actuación administrativa".
De este modo, se remite a esa sentencia y reitera lo entonces dicho, tanto en cuanto estima que no se han respetado "los trámites legalmente previstos", por lo que determina su nulidad por "falta de legitimidad formal". Más adelante, la sentencia expone que "la simple relación de trámites pone en evidencia el desorden y las gravísimas irregularidades que se suceden en la tramitación de la revisión de las Normas Subsidiarias", tramitación que alcanza tal grado de "desbarajuste", que incluso se llega a "desconocer realmente qué texto es el que se saca a información pública, e incluso cuál es el que se va aprobando".
Es tal el cúmulo de "despropósitos", como explica la sentencia, que primero se aprueban inicialmente en el Pleno, pero sin mayoría absoluta, por lo que no tiene validez, posteriormente el Pleno pasa a respaldar estas normas de forma provisional, que es el segundo paso, pero sale adelante provisionalmente un texto que no había sido aprobado inicialmente. Especifica además que el 18 de diciembre de 2003, el Pleno municipal, por unanimidad, procede a una segunda aprobación inicial de las normas de urbanismo, pero el texto que sale adelante no había pasado por un periodo de información pública, como fija la ley. Pero es que además, indica, en esa fecha estaba ya en vigor una nueva ley urbanística, la LOUA, que no se aplicó.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA añade en la sentencia que "ha de reputar temeraria, a los efectos de la imposición de las costas, la postura procesal adoptada por la parte demandada, haciendo una lectura artificial y forzada de los trámites seguidos para la elaboración del instrumento que ocupa, cuando resulta de los propios términos de los informes obrantes, firmados por el propio alcalde, que en definitiva se buscaba un subterfugio imposible, un fraude legal, como se desprende de lo visto, para no tenerse que someter a la LOUA en la tramitación e incorporar las exigencias materiales previstas".
* Europa Press - CÓRDOBA, 31 Mar 2009
Foto: Rute - participaenandalucia.net
Santa Eulària: Un ayuntamiento en el banquillo
ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El ex alcalde de Santa Eulària dijo ayer que siempre se fio de los informes jurídicos y técnicos para aprobar la urbanización de ses Torres. Según Guasch, esos terrenos eran urbanos según el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), la herramienta urbanística vigente en ese momento, que sin embargo había sido considerado nulo en los fundamentos jurídicos de una sentencia el Tribunal Superior de Justicia.
Pese a esta consideración del tribunal, Vicent Guasch remarcó que el PDSU no era nulo. «Mis técnicos me decían que la sentencia no lo anulaba», explicó Guasch, que sostiene que sus asesores jurídicos siempre le dijeron que no podían parar de trabajar con el PDSU (que habían usado durante 12 años) porque de lo contrario se enfrentarían a importantes peticiones de indemnizaciones de personas que habían construido con permisos otorgados en base a esa normativa.
El ex primer edil reconoció ante la juez que no tenía conocimientos de urbanismo y por eso siempre se fiaba de lo que decían los técnicos. De hecho, a preguntas del abogado de la acusación particular, que ejerce Esquerra Unida, sobre si sabía lo que era un plan parcial Vicent Guasch respondió que no. El letrado le recordó que cuando aprobó ses Torres llevaba 23 años siendo alcalde y probablemente habría aprobado muchos planes parciales. «Siempre aprobaba lo que me decían los técnicos», reiteró el ex alcalde.
El alcalde sostuvo también ante la juez que el PDSU servía para delimitar los suelos urbanos y ampliarlos si procedía. De todas formas, defendió que aprobaron esta herramienta porque el Plan General era expansivo y el PDSU en cambio era más restrictivo y sólo dejaba hacer cuatro plantas en vez de ocho. Sin embargo, el abogado de la acusación particular le recordó que la figura del PDSU no permite la creación de nuevos suelos urbanos.
Respecto a los requerimientos que hizo el Consell para que dejara de aplicar el PDSU por ser considerado nulo en una sentencia, Guasch indicó que estos avisos llegaron directamente a los servicios jurídicos y no a él y que además fueron posteriores a la aprobación de ses Torres. También recordó que ellos no podían anular este plan y que en todo caso tenía que ser el Consell el que lo hiciera. «No lo hicieron porque no querían tener que pagar las responsabilidades patrimoniales, pienso yo», remarcó Guasch.
Tanto la fiscal como el abogado de EU le preguntaron también sobre las reuniones mantenidas con el promotor de ses Torres, Germán Vázquez, consejero delegado de la empresa Lloma Talamanca. Guasch explicó que las reuniones que mantuvo con él siempre fueron en el Ayuntamiento para concretar la cesión que habían hecho los anteriores propietarios de 13.000 m2 en cumplimiento del plan parcial. El ex alcalde asegura que nunca hubo un pacto para calificar parte del terreno, que era rústico, como urbano. En la escritura de los terrenos que donó Vázquez entregó unos metros más de lo que le correspondía. Asimismo, el ex primer edil aseguró que no conocía de nada al promotor.
El ex alcalde paró de responder a las preguntas de la acusación particular cuando el abogado comenzó a preguntarle por otro dictamen jurídico que habría solicitado el alcalde y que era desfavorable a la tesis del Ayuntamiento.
El ex teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera, aseguró ayer que nunca fue concejal de urbanismo y que sólo era teniente de alcalde y presidía la comisión preparatoria de los plenos, en la que se trataban todo tipo de temas y no sólo permisos urbanísticos. Riera eludió cualquier responsabilidad en el tema de ses Torres y aseguró que no conocía la sentencia del TSJ que consideraba nulo el PDSU. El concejal aseguró que en la comisión preparatoria de la aprobación del proyecto de ses Torres la oposición no puso ninguna objeción y acudió la entonces arquitecta municipal, Raquel García Palerm, para explicar su informe. «Dos días después leí el informe literalmente de la arquitecta en el pleno», añadió Riera.
Tanto Vicent Guasch como Vicent Riera aseguraron que nunca influyeron a los técnicos en su trabajo.
El aparejador del Ayuntamiento de Santa Eulària, Vicent Marí, aseguró que estuvo presente en alguna reunión con el promotor de ses Torres. Pese a que éste tenía la aspiración de que en el futuro una parte de suelo rústico se convirtiera en urbano, Marí asegura que «no hubo compromiso» por parte del Ayuntamiento con el promotor.
Respecto al PDSU, Marí defendió que el suelo de ses Torres pasó de ser parte rústico y parte urbanizable en el antiguo PGOU a urbano en el PDSU porque pese a que ses Torres en sí no tenía consolidación suficiente sí que formaba parte de un sector mucho más amplio que sí lo estaba. Marí emitió un informe favorable al proyecto de urbanización de ses Torres.
El ex alcalde también reconoció en su declaración que la zona de la urbanización ses Torres no tenía ni luz ni agua cuando se tramitó el permiso.
* Última Hora Digital - C. ROIG - 31.03.09
Foto: El ex alcalde de Santa Eulària llegó acompañado de su hijo, el conseller del PP Diego Guasch. - GERMÁN G. LAMA, ultimahora.es
Múgica achaca a la "mala planificación urbanística" que miles de ciudadanos sufran contaminación acústica
EUROPAPRESS* : El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en un escrito enviado a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo de la que forma parte Zaragoza, resalta que "la mala planificación urbanística y aeroportuaria ha provocado que miles de ciudadanos sufran de contaminación acústica y ambiental".
Desde la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo señalan que en el ecrito de Múgica se recoge el esfuerzo de la Institución que preside como consecuencia de "las injusticias derivadas de una planificación, urbanística y aeroportuaria, deficiente y alejada de una visión completa de las cuestiones atinentes a la implantación, mejora, conservación, reforma y explotación ordinaria y extraordinario de los aeropuertos".
El pasado mes de enero la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo fue recibida por el Defensor del Pueblo. En dicha reunión se le informó de los objetivos de la misma y se le hizo partícipe de la situación de los afectados por la contaminación acústica y química producida por el tráfico aéreo.
Esta institución reconoce que el problema ·es de tal magnitud que no es ilógico pensar, en ocasiones, que deviene prácticamente en insoluble sin que se realicen importantes y costosas acciones de reparación de daños y perjuicios", sostiene la Asociación en un comunicado.
El nacimiento de esta Asociación es considerado por el Defensor del Pueblo "un síntoma de la magnitud del problema". La oficina del Defensor confía en que "la instauración de un canal de comunicación más estable contribuya a simplificar y, simultáneamente, fortalecer los esfuerzos en procura del bienestar de quienes padecen las consecuencias de la actividad aeroportuaria" y considera a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo como "canal privilegiado de exposición y solicitud de medidas correctoras de los impactos".
La Asociación Nacional, desde que surgió a finales de 2008, ha mantenido encuentros con las principales instituciones de nuestro país, como el Defensor del Pueblo, la presidenta de AENA, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Ministerio de Sanidad, el Partido Popular, el Partido Socialista , alcaldes de los municipios afectados, entre otros colectivos.
En todos los encuentros, el presidente de la Asociación, Luis Ramírez Vera, ha hecho entrega del Manifiesto fundacional, donde se recogen los objetivos y reivindicaciones que los afectados tienen, como es la solicitud de que los ciudadanos tengan una mayor participación en los organismos de toma de decisiones en los procesos de cambios de rutas o creación de otras nuevas por la ampliación de los aeropuertos. La Asociación considera que el modelo actual de gestión aeroportuaria "no se ajusta a los requisitos de transparencia que rigen en Europa a la hora de planificar y decidir las rutas áreas y su impacto ambiental, primando, en ciertos casos, intereses urbanísticos antes que los de la población afectada".
La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo cuenta con asociaciones que representan a más de 150.000 afectados en los municipios del entorno de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Alicante.
* Europa Press - ZARAGOZA, 30 Mar 2009
Vecinos de La Nucía crean una asociación contra los abusos urbanísticos
INFORMACIÓN/Alicante* : Vecinos de La Nucía afectados por diferentes planes parciales del término municipal han constituido una asociación "para luchar contra los abusos urbanísticos y personales" que están sufriendo ante lo que consideran un "desarrollo insostenible" que "no respeta el derecho a la propiedad privada", según destacó ayer la presidenta de este nuevo colectivo que se constituyó el pasado 13 de marzo, Marie Schorreels.
"Veïns de La Nucía" cuenta ya con más de 120 asociados -"aunque todavía se están haciendo inscripciones", precisaron- de diferentes nacionalidades, principalmente españoles, holandeses, belgas, ingleses y alemanes. Uno de sus principales objetivos es unirse para denunciar en los tribunales los PAI que les afectan como asociación. "Hasta ahora cada vecino estaba pagando su propio abogado, cada uno por su lado", la idea es "unirnos para tener más fuerza".
Entre estos planes está La Serreta, que proyecta más de 3.800 viviendas, así como un campo de golf e instalaciones turísticas y comerciales sobre una superficie de unos 2,7 millones de metros cuadrados de la zona de la huerta y que afecta a 300 propietarios. Como ejemplo de lo que están sufriendo, Schorreels pone su propio caso: "Mi marido y yo tenemos 5.500 m2 con una casita legal. Tenemos que pagar casi 300.000 euros de cuota de urbanización y además hemos de dejar nuestra casa y nuestra propiedad. A cambio nos darán en un futuro lejano una parcelita sin casa. Cuántos metros y dónde, aún lo desconocemos".
La asociación considera este PAI "un abuso urbanístico total" que "pone en riesgo la completa estructura de La Nucía, donde se duplicará la población sin los servicios adecuados. Ni siquiera se puede garantizar el suministro de los recursos hídricos necesarios para un campo de golf, ni para abastecer el aumento poblacional", añaden.
La presidenta del colectivo señala que el proyecto es "una muestra de irresponsabilidad" y lo califica de "ilegal". En este sentido, Marie Schorreels destaca que "se ha elaborado muy rápido para poder aprovecharse de LRAU, que beneficia a los urbanizadores pero vulnera los derechos de los propietarios y siempre ha sido condenada por el Parlamento Europeo". Asimismo, pide que se aclare "por qué el PAI ha sido aprobado sin informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar", motivo por el que el TSJ ya paralizó el plan en 2007. Después y "con un silencio absoluto sobre cómo se levantó esta suspensión, los propietarios recibimos las cuotas de urbanización para nuestra sorpresa".
El colectivo no entiende "por qué la política urbanística está tan alejada de las necesidades del pueblo" y aseguran no querer "más casas vacías". "Queremos un desarollo sostenible, sin corrupción, que garantice el suministro de los recursos hídricos necesarios pensando en el medio ambiente y respetando el derecho a la propiedad".
* Información - B.G. - 30.03.09
Foto: La Nucía - mediaticfestival.com
Protesta vecinal en la calle contra el 'mini-Vaticano' de Las Vistillas
ELPAÍS/Madrid* : Paco Castejón, con sotana y alzacuellos, dice que no. Que hoy no quiere bendecir a nadie. Y se hace el despistado. "¿Pero esto no era la marcha contra el aborto?". En realidad, Paco, de 47 años, no es cura. "Ni ganas", añade con recochineo. Es uno más de los miles de vecinos (6.000, según cálculos de EL PAÍS; cerca de 8.000, según los convocantes) que ayer a mediodía se manifestaron contra el proyecto del arzobispado en la cornisa del parque de las Vistillas.
Se juntaron padres, hijos, abuelos, músicos de la orquesta de Vallecas, famosos, políticos (del PSOE) y en general, defensores del parque de la Cornisa para gritar "no" al bautizado como mini-Vaticano.
El proyecto fue aprobado por el pleno de febrero del Ayuntamiento de Madrid. Incluye 25.000 metros cuadrados de edificabilidad donde el arzobispado planea construir un centro de mayores, una residencia de sacerdotes, un edificio de oficinas y un aparcamiento de 200 plazas. A cambio, devuelven unos terrenos que les cedió el Ayuntamiento para una escuela infantil y un polideportivo. Pero a muchos vecinos del barrio de Palacio (con 23.723 residentes) la idea no les hace ninguna gracia. Y ayer lo dejaron claro con una marcha que cortó la calle de Bailén y terminó con un concierto en el parque.
"Madrid respira en la cornisa", "Los parajes de Goya son del pueblo de Madrid" o "Mirad al cielo y roban al suelo" fueron algunos de los eslóganes que lucían en sus pancartas. "Es mi barrio de siempre, no quiero que lo fastidien", protestaba Gloria Nosti, una vecina de 65 años cubierta con un gorro gris con una flor. Le preocupa "el ruido y la contaminación" que cree que conlleva el nuevo proyecto. Por eso su pancarta (que casi se lleva el viento) denunciaba ayer que el plan del arzobispado "es un atentado contra la salud de los vecinos". "Van a destrozar las vistas recogidas en cuadros históricos", apuntaba a su lado Susana Consuegra, vecina "de toda la vida" de la calle de Toledo. "Ya se han cargado el Manzanares con la M-30, que no lo hagan aquí también", añadió.Otros, como Luis González, acudieron en familia. Junto a su hija y su mujer, el vecino reclamaba que se pare el plan parcial "para no perder las vistas que llegan hasta la Casa de Campo ni los árboles". Pero el hombre, de 57 años y más de 40 de vecino, parecía descreído. "No vamos a conseguir nada, esto es sólo un pataleo". David Jiménez, portavoz de la Asociación de Amigos de la Cornisa-Vistillas, no estaba de acuerdo. La manifestación, que cortó la calle de Bailén, le pareció "mucho más concurrida" de lo que esperaban. "Esto es un balón de oxígeno, el inicio de hasta dónde estamos dispuestos a llegar", aseguró.
La asociación lleva una década intentando frenar la propuesta del arzobispado. Han presentado dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (el último hace dos años, aunque ninguno está aún resuelto). Pidieron ayuda a la Unesco y se han apoyado en los partidos de la oposición (PSOE e IU), que tampoco aprueban el proyecto. Encabezando la marcha de ayer había varios representantes del PSOE, como el concejal Pedro Zerolo o el jefe de la oposición socialista, David Lucas, que reclamó al alcalde "que escuche a los ciudadanos". Su partido ha promovido un recurso contencioso administrativo para exigir que se redacte una declaración de impacto ambiental. Y lo han llevado a la Comisión Europea. El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que también se manifestó ayer, confió en que la respuesta europea llegue antes de que se empiece a construir.
"Rouco y Gallardón, especulación", gritaron algunos manifestantes al alcanzar la catedral de la Almudena, cuya puerta custodiaban tres policías nacionales. También se oyeron voces que definían la religión como "invento para vivir del cuento" o pedían la "beatificación" del alcalde, además de "menos sermones y más condones". Con la calle cortada y algo de viento y frío, la cabecera tomó la esquina de la basílica de San Francisco el Grande para volver a la explanada del parque, donde habían montado un escenario para discursos y conciertos. Entre los asistentes, hubo algunos famosos, como los actores Guillermo Toledo e Iñaki Miramón (que llevaba una camiseta con el eslogan "No más cemento en mi barrio" o la modelo Martina Klein.
Hubo canciones, batucada y refrescos para acabar la jornada de protesta. El Gran Wyoming se subió al escenario para interpretar un par de canciones. "A ver qué se puede hacer para que la gente siga disfrutando de este parque", deseó el presentador. La primera propuesta le llegó al instante. "¡Llama a Tita Cervera para que se encadene!", le sugirieron desde el público.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 30/03/2009
Foto: Cabeza de la manifestación contra el plan del Ayuntamiento- CARLOS ROSILLO, elpais.com
La superficie construida en la costa aumentó un 44% en seis años
ELPAÍS* : La construcción "tiene que seguir siendo la locomotora fundamental de la economía", según afirma el presidente del Consell, Francisco Camps. La máquina ha perdido fuelle con la crisis, pero ha viajado a toda velocidad por la costa valenciana en los últimos años. Lo certifican los datos preliminares de imágenes de satélite realizadas entre 2000 y 2005, tiempos de vorágine urbanística, para el estudio europeo Corine Land Cover.
Como adelantó EL PAÍS el pasado lunes, la Comunidad Valenciana construyó en esa etapa el 10,66% de la franja de los primeros dos kilómetros de litoral. El incremento de la superficie artificial fue especialmente intenso en la provincia de Valencia, donde aumentó un 53,5%. En Alicante, el crecimiento de la zona sellada alcanzó el 37,4% y en Castellón el 25,7%. En los tres casos, claramente por encima del 22% de toda España.
Pero el cemento no sólo avanzó deprisa en la primera línea de costa. También invadió la franja de dos a cinco kilómetros, según los datos provisionales acumulados por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá de Henares. El organismo aún no ha emitido un informe -sí realizó el estudio del programa europeo Corine Land Cover de 1987 a 2000-, pero las imágenes por satélite revelan que en esos primeros cinco kilómetros las construcciones se incrementaron un 44,7% y ocuparon 52.567 hectáreas nuevas de suelo. La extensión de ese cordón litoral de cinco kilómetros es de 193.248 hectáreas, con lo que el suelo artificial ya supone el 27,2%.
La aprobación de numerosos planes en los años del auge de la construcción han salpicado la costa de nuevas urbanizaciones, además de infraestructuras e industrias que también consumen territorio. Si el aumento de la edificación en los dos primeros kilómetros de costa fue del 38,93% en el periodo estudiado, en la segunda franja, entre los dos y cinco kilómetros, los promotores pisaron el acelerador e incrementaron la ocupación de suelo un 52,6%. En el caso de Alicante, el aumento de ocupación de terreno alcanzó incluso un 59,3% -4.773 hectáreas en seis años-. Valencia se conformó con un 45,8% más -2.328 hectáreas nuevas- y Castellón tuvo una subida del 43,5% -946 hectáreas-.
No obstante, es más intensa la ocupación de la primera línea, donde está cubierto ya el 38% del suelo disponible en los dos primeros kilómetros, frente al 20% en la franja de dos a cinco kilómetros.
Por provincias, Alicante es la que más terreno ha entregado a la construcción en los dos primeros kilómetros de costa. Las edificaciones o infraestructuras ya ocupan el 52% de esa franja. Le sigue Valencia con un 33%, y en Castellón, donde están por desarrollar millones de metros cuadrados en macroplanes como el de Mundo Ilusión, la superficie artificial supone ya el 21% en primera línea de playa.
La ocupación de la segunda línea de costa es menos intensa, pero el desarrollo urbanístico no ha dejado de comer espacio. El análisis de los datos de las últimas décadas muestra que en los primeros cinco kilómetros desde la línea de playa hacia el interior la superficie artificial ha pasado de suponer el 14,7% en 1987, a incrementarse al 18,8% en 2000 y al 27,2% seis años después.
La consejería de Medio Ambiente y Urbanismo tiene datos propios sobre el proyecto de imágenes por satélite Corine Land Cover para el periodo estudiado y en otras franjas de terreno. Destaca así que el crecimiento del suelo sellado en la costa en los primeros 500 metros fue del 8%, y en la línea de un kilómetro del 10%. Medio Ambiente se fija también en la franja de los 10 kilómetros, donde el aumento de suelo cimentado es del 13%, y en la zona de entre 10 y 20 kilómetros, en la que subió un 21%. "El mayor crecimiento no se produce en primera línea de costa, sino en esa franja intermedia", afirma.
El aumento de terreno ocupado por edificaciones, infraestructuras e industrias en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha sido del 23%. La consejería apunta que globalmente no es la edificación, con un 8,71%, la que más suelo ha consumido, sino la industria y las actividades terciarias, con un 40%. Mientras, las zonas verdes urbanas registraron, según sus datos, un incremento del 37% en ese periodo.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 30/03/2009
Foto: Benidorm - google.es
La fiscalía investiga 120 denuncias urbanísticas en veinte pueblos valencianos
LEVANTE* : La iniciativa de la Fiscalía de medio ambiente va dando sus frutos. Desde que se requirió a los 263 ayuntamientos valencianos para que remitieran los expedientes urbanísticos abiertos en sus términos municipales, como establece la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV), se han podido sumar un total de 120 denuncias en la Fiscalía, de las que destacan unas diligencias de investigación penal en Venta del Moro.
Los municipios con denuncias son Alginet (1), Bellús (1), Bétera (1), Carcaixent (1), Chiva (59), Cullera (3), Godella (1), Godelleta (1), Guadassuar (1), la Font d'En Carròs (1), la Pobla de Vallbona (1), Llíria (33), Moncada (1), Ontinyent (1), Pedralba (1), Picassent (8), Rocafort (1), Silla (1), Simat de la Valldigna (1), Vilamarxant (1), Xirivella (1).
La Fiscalía de medio ambiente requirió a finales de noviembre de 2008 a los municipios valencianos información sobre las irregularidades urbanísticas y los expedientes sancionadores abiertos, advirtiendo de que podrían incurrir en prevaricación urbanística u omisiva si no denunciaban las infracciones sobre el territorio, ya que éstas podían ser objeto de delito.
Hasta el momento, dos tercios de los 263 municipios de la provincia de Valencia han remitido contestación y el resto siguen sin contestar.
Sin expediente sancionador
De los que ya han dado respuesta, casi un tercio, unas 66 localidades, han comunicado a la Fiscalía que no tienen ningún expediente sancionador abierto, lo que supondría que no se ha cometido ninguna irregularidad. Destacan pueblos residenciales tan importantes como Alberic, la Pobla de Farnals, L'Eliana, Rocafort, Siete Aguas o Xeraco.
Lo que se está haciendo ahora con estos pueblos es comprobar, a través del programa de vuelo virtual del catastro, si ello se ajusta a la realidad. El fiscal coordinador de medio ambiente, Joaquín Baños, explicaba que se trata de un proceso muy costoso ya que debe hacerse "pueblo por pueblo y, además, con el catastro actualizado, ya que aparecían muchas construcciones antiguas en suelo rústico, cuya infracción ya ha prescrito".
Nombre del promotor
Del resto, de los que sí han remitido los expedientes de infracción abiertos por el ayuntamiento, la Fiscalía ya ha pedido el testimonio de una decena de expedientes, con el nombre del promotor, el número de la parcela y la licencia de la promoción, en caso de una urbanización. No obstante, "seguimos sin respuesta de estos ayuntamientos a los que hemos pedido los testimonios", comentaba Baños.
Por último, de las poblaciones con más expedientes abiertos de "motu propio", destacan Barx, Barxeta, Benicull de Xúquer, Benigànim, Bétera, Canals, Carcaixent, Chiva, Corbera, Cullera, Godelleta, Llíria, Montserrat, Oliva, Olocau, Ontinyent, Picassent, Rafelguaraf, Riba-roja, San Antonio de Benagéber, Simat de la Valldigna, Sueca y Turís.
Destaca entre los anteriores la localidad de Zarra, pero por lo contrario, con sólo dos expedientes abiertos. Hay que recordar que el alcalde y su hijo están imputados por construir en suelo rústico.
* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 29.03.09
Foto: Zarra - todopueblos.com
Costas continúa sin derribar el edificio El Timón de la playa de La Garita
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : A la hora de dejar diáfana la playa de La Garita, en el municipio de Telde, no se sabe cuál es la institución que lleva el timón. Las competencias y las iniciativas de tres administraciones suponen, de forma indirecta, el principal escollo para lograr la desaparición de un inmueble similar al que ocupa, desde hace décadas, el vértice norte de la playa de Melenara, esto es, el edificio La Tortuga.
El Timón lleva más de 35 años sobre la arena de la playa de La Garita. Las cinco plantas que componen el edificio a escasísimos metros de donde la marea rompe, se han convertido, junto con el edificio de La Tortuga, en la playa de Melenara, en un icono de la ocupación anómala del litoral.
Mientras la Demarcación de Costas en Canarias tiene en su punto de mira desde hace años al segundo de estos inmuebles -de hecho, dispone ya de un proyecto de demolición aprobado y cree que harán falta 240.000 euros para no tener que usar explosivos con el objeto de su derribo- no se puede decir lo mismo de la otra construcción.
Esta circunstancia, que deja perplejos a propios y extraños, se debe tanto al interés compartido como a las distintas competencias que se reparten varias administraciones.
Tirar El Timón sería, a día de hoy, un asunto de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias. Y lo es porque el bloque está situado sobre zona de servidumbre de protección, un espacio donde es el Ejecutivo autonómico el que toma las medidas oportunas.
Ahora bien, este hecho puede cambiar con sólo producirse una modificación del actual deslinde, que es esa famosa frontera que se fija tomando como punto de medición el punto al que llega el agua con la marea alta. Esa revisión está ahora mismo entre las previsiones de la demarcación de Costas de Canarias, si bien otra cosa es saber cuándo la llevará definitivamente a la práctica.
* la Provincia - ANTONIO J. FERNÁNDEZ - 28.03.09
Foto: El edificio El Timón destaca sobre la playa de La Garita, en el municipio de Telde. SANTI BLANCO, laprovincia.es
Un joven debe destinar el 87,6% de su salario para comprar una casa
ELMUNDO* : Un joven debe ganar como mínimo 3.537 euros mensuales para poder acceder a una vivienda en el mercado libre, según un estudio del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI). Muchos ya emancipados han tenido que 'recular y volver a sus hogares' por la crisis.
El presidente el Consejo de la Juventud de España, Daniel Lostao, ha dado a conocer estos datos, relativos al tercer trimestre de 2008, en una rueda de prensa celebrada en Oviedo.
Lostao ha explicado que se han conseguido estas cifras teniendo en cuenta que Una persona joven debe destinar en torno al 87,6% de su salario para poder comprar una vivienda .
El informe señala que los ingresos anuales de un joven que pretende estar emancipado deben superar los 42.000 euros para comprar una vivienda sin ningún tipo de protección que alcanza un valor medio en el mercado libre de 206.000 euros.
Una persona joven debe destinar en torno al 87,6% de su salario para poder comprar una vivienda y el 56,3% si pretende acceder a ella en régimen de alquiler.
Los ingresos anuales de un joven que pretende comprar una casa en el mercado libre deben superar los 42.000 euros
Los jóvenes de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Málaga y de las Islas Baleares tienen que realizar "un mayor esfuerzo" económico que los de Teruel, Cáceres, Ciudad Real y Cuenca a la hora de pretender adquirir una vivienda, ha subrayado Lostao.
La superficie máxima de una vivienda a la que podría acceder un joven destinando para ello el 30% de su salario es de 34 metros cuadrados en el caso de adquirirla y 41 metros cuadrados en caso de alquilarla.
'Cifras escalofriantes'
"Cifras escalofriantes", ha subrayado Lostao, que ha asegurado que se está generando "la imposibilidad de los jóvenes para poder independizarse al no haber muchos pisos de estas características".
No obstante, ha indicado que ha habido un aumento del 2% en la emancipación de los jóvenes durante este periodo, aunque este número ha descendido cuatro puntos en el margen de edades comprendidas entre los 18 y 25 años.
Ha achacado esta situación al momento de crisis que se agudizó a finales del año pasado, que trajo la destrucción de empleo sobre el trabajo temporal, que suele ser el que ocupan los jóvenes, lo que está provocando que muchos de ellos hayan tenido que "recular, volver a sus hogares y buscar otras metas en su vida".
Al respecto, el secretario de Juventud de CCOO de Asturias, Adrián Redondo, ha observado que estos datos están ya "fuera de contexto" y que la situación será mucho peor ya que la crisis es más profunda en el momento actual.
Lostao ha instado a las administraciones públicas a que "de verdad y de manera real se dejen de partidismo y hagan una política que permita a los jóvenes acceder a una vivienda en condiciones de dignidad".
Ha indicado que esta política de vivienda debe conllevar la consecución de "empleos de calidad que evidentemente no pueden ser temporales y precarios" como en la actualidad.
También ha pedido que se desarrolle un "verdadero" parque público de vivienda social en régimen de alquiler y ha criticado la política "devoradora" de algunos ayuntamientos en materia de suelo y vivienda.
* El Mundo - EFE - 27.03.09
Foto: Un joven consulta documentación a la salida de un banco. | B. Cordón, elmundo.es
Un millón de viviendas ilegales
ELCORREO* : El desmedido 'boom' del ladrillo de los últimos años en España no sólo ha pasado al final una cruda factura económica, sino que también se puede considerar responsable de un desastre ambiental cuya magnitud sólo se conocerá con el tiempo. La construcción sin escrúpulos en la costa ha dejado más de un millón de viviendas en presunta situación ilegal o, cuando menos, bajo sospecha, según fuentes de colectivos ecologistas.
Sólo en Canarias se han tramitado ya 29.000 expedientes por residencias construidas en la franja de costa protegida. En Marbella, el número se estimó en 30.000. Murcia, Almería, el resto de la Costa del Sol, la Comunidad Valenciana y Cataluña son otras zonas donde la construcción desaforada ha dejado el litoral amenazado y miles de viviendas en primera línea de costa en situación dudosa de acuerdo a la nueva legislación. Y no sólo se trata de viviendas, sino también de hoteles y complejos turísticos. El más conocido es el Algarrobico, en Carboneras (Almería), el hotel de 441 habitaciones levantado en una zona protegida que ahora debe ser demolido, después de que las obras se paralizaran hace casi tres años y de que los ecologistas hayan hecho de él un icono en la lucha contra el urbanismo salvaje en España.
El informe 'Destrucción a toda costa' elaborado por Greenpeace ya anticipaba en 2006 que existían planes para edificar cerca de 1,5 millones de viviendas en el litoral español. En 2007, antes del parón inmobiliaria, los proyectos alcanzaban los 3 millones, además de centenares de campos de golf y amarres portuarios. Greenpeace también ponía el acento sobre la connivencia de los poderes políticos. Recopiló en un solo año 67 casos de corrupción, con 527 implicados de los que 180 era cargos públicos.
* El Correo Digital - 27.03.09 -
A. A.| BILBAO
El urbanismo valenciano en la picota
LEVANTE* : Informe Auken. El documento analiza el urbanismo salvaje español, aunque más de la mitad de las reclamaciones son por actuaciones urbanísticas en la Comunitat Valenciana. Es la tercera vez en cinco años que la Eurocámara arremete contra el modelo urbanístico valenciano, aunque ahora ha ido un paso más lejos al condicionar los fondos europeos al fin de los abusos.
El dictamen recuerda que el primer informe de 2004 ya describía con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. La ponente del informe, la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, asegura que durante la investigación "algunos políticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situación a la Comisión de Peticiones, afirmando que era responsable de la pérdida de inversiones en la Comunitat Valenciana". Margrete sostiene en el documento que "en el transcurso de la tercera misión en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia (del Consell) alcanzó su punto álgido cuando se dijo a los miembros de la delegación que las peticiones recibidas eran producto de la imaginación colectiva de la comisión".
El documento se basa en una avalancha de denuncias de afectados por los proyectos urbanísticos desarrollados en los últimos años en Valencia, Alicante y Castelló. El informe detalla 85 reclamaciones de propietarios y de plataformas ecologistas y vecinales de la Comunitat.
El documento recomienda a las autoridades que se declare una moratoria de los planes que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y social. Además, recuerda que la Ley Urbanística Valenciana se encuentra recurrida en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Falta de agua
El informe Auken incide en que la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han obtenido un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales. Parte de los 250 proyectos cuestionados se encuentran en la Comunitat Valenciana y el resto en Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia.
Uno de los apoyos fundamentales del documento aprobado por la Eurocámara es la posición adoptada por la anterior Síndica de Greuges, Emilia Caballero. "Las conclusiones de la Síndica de Greuges " reflejan "que los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas", recoge el documento.
El informe elogia la actuación del departamento de la Sindicatura de Greuges, "así como a los fiscales más diligentes, quienes recientemente han realizado considerables esfuerzos para restablecer la aplicación de los procedimientos correctos a estos asuntos por parte de algunas de las instituciones afectadas".
El dictamen Auken insiste en que miles de ciudadanos europeos han sido víctimas de un "un sistema de urbanización masiva" que en muchas ocasiones "ha ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral".
Críticas al Consell
El documento critica que las autoridades valencianas se hayan limitado a defender sus actuaciones "mientras que las víctimas -en referencia a los propietarios de viviendas y suelo- se cuentan por miles" y "la Comisión Europa ha abierto un caso de infracción contra España, directamente relacionado con la urbanización en la Comunitat Valenciana".
El documento concluye recordando el fracaso urbanístico español que se ha visto abocado al "desastre" con la actual crisis financiera y advirtiendo de la "corrupción" generada en los últimos años, aunque no cita casos concretos.
* Levante-EMV - Ramón Ferrando, Valencia - 28.03.09
Foto: examen. Los eurodiputados durante una visita a Parcent en 2007, que dio lugar a uno de los informes sobre los abusos urbanísticos. levante-emv
Garzón imputa a otras diez personas en el 'caso Gürtel' y comienza la intervención de las empresas de la trama
EUROPAPRESS* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy a otras diez personas en el denominado 'caso Gürtel', en el que investiga una presunta trama de corrupción que habría concedido "dádivas y sobornos" a autoridades y funcionarios de administraciones del PP en Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Casas Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.
El juez levantó parcialmente el secreto el pasado día 17 para notificar a las partes las nuevas imputaciones, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Una parte de ellos han declarado durante esta semana ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por su presunta relación con las actividades que investiga el juez, mientras que el resto está previsto que lo haga en los próximos días.
ADMINISTRADORES JUDICIALES
Por otra parte, el juez ha iniciado los trámites para nombrar administradores judiciales en 12 empresas presuntamente vinculadas a la trama de corrupción supuestamente liderada por el empresario Francisco Correa.
El magistrado, que citó hoy a los responsables de estas sociedades, ha comenzado el procedimiento en relación con cuatro de las sociedades investigadas, entre las que se encuentran Good and Better, Easy Concept y Diseño Asimétrico, según explicaron a Europa Press fuentes cercanas a la causa.
Además, en las últimas horas volvieron a comparecer ante el juez otros dos imputados: el ex vicepresidente de Repsol-YPF, Ramón Blanco Balín; y el que fue director genreal de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales.
Con respecto al resto, las diligencias de Garzón se dirigen por el momento a aclarar quiénes son los responsables de estas firmas y si éstas siguen teniendo actividad para llevar a cabo en ellas este mismo procedimiento judicial.
Según las resoluciones dictadas por el juez, el conglomerado del presunto líder de la trama estaría formado por las siguientes empresas: Parque Logístico Montalbo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Intergrales SL, Easy Concept Comunicación SL, FCS Formación Comunicación y Servicios SA --actualmente sin actividad-- Orange Market SL, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial SL, Cresva SL, Caroki SL, Proyectos Financieros Fillmores SL, Inversiones Kintamani SL, Hator Consulting SL, Odisea Servicios 2001 SL, Rialgrenn SL, TCM SL, Forever Travel Group SL, Estudios Vesubio SL, Welldone SL y Castaño Corporate SL.
La trama empresarial disponía, además, de una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda.
IMPUTADOS EN LA CAUSA
Con el nuevo auto de Garzón se encuentran imputadas en la causa casi 60 personas, entre los que figuran los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Majadahonda, todos ellos del PP.
El instructor se inhibió el pasado 5 de marzo en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia (TSJCV) y Madrid (TSJM) al encontrar indiciones de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y los diputados regionales madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
* Europa Press - 27.03.09
Foto: telecinco.es
Piden 8 años para el alcalde de La Vall de Laguar por falsear documentos
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ELMUNDO* : La Fiscalía de Alicante solicita penas que suman ocho años de prisión para el alcalde de La Vall de Laguar, Juan José Puchol Riera (PSPV-PSOE), por haber falseado un documento público para modificar parcialmente el trazado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su beneficio.
Según la calificación del fiscal, el 5 de octubre de 1995, el regidor, en nombre de la corporación municipal, remitió a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio unos documentos con los que reclamaba determinados cambios en el PGOU que no habían sido aprobados en pleno.
La modificación solicitada por Puchol consistía en eliminar "un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde" en la partida Peña Lisa, y crear "un vial por encima de la vivienda, el garaje y unas naves comerciales propiedad de Juan Lorenzo Puchol Oliver, con quien tenía una enemistad manifiesta", destaca el ministerio público.
El fiscal añade que, en julio de 1998, el regidor "autorizó diversas licencias de obra a sabiendas que no se ajustaban a la normativa vigente", una de ellas en la zona de La Casota, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, durante este tiempo, "impidió de manera sistemática el acceso a la información urbanística" a los concejales del PP, "vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos".
Por estos hechos, el fiscal pide para el alcalde penas que suman ocho años cárcel, por dos delitos de falsesdad documental. Además, la Fiscalía reclama otros 12 años de inahabilitación, por un delito continuado contra la ordenación urbana, así como una multa de 19.440 euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El ministerio público también acusa al secretario del Ayuntamiento, José María Verdeguer, ya fallecido, de un delito de falsificación en documento oficial por redactar un certificado en el que, de forma engañosa, manifestaba no tener constancia de un acuerdo adoptado en pleno. El juicio por esta causa comienza el próximo miércoles en la sección Tercera de la Audiencia de Alicante.
* EL Mundo - EFE - 27.03.09
Foto: La Vall de Laguar (Alicante), Campell - wikipedia.org
El juez mantiene las imputaciones a Xoán Gato y al actual alcalde de Narón por el centro comercial Odeón
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LAVOZ/A Coruña* : El juez mantuvo ayer las imputaciones por delito de prevaricación urbanística contra el ex alcalde de Narón Xoán Gato, líder de Terra Galega, y Xosé Manuel Blanco, su sustituto. Ambos declararon ayer ante el instructor de la causa por el caso Odeón, el complejo comercial instalado en la parte naronesa del polígono de A Gándara.
Un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística deja al descubierto numerosas irregularidades en exceso de volúmenes, ocupación de espacio público y viales más estrechos (estaban previstos de 20 metros y se quedaron solo en 16), o tipologías edificables fuera de las ordenanzas. Señalan como ejemplo que solo en la avenida de Cataluña lo construido sobrepasa en cuatro metros la alineación.
El primero en entrar en la sala a declarar fue Xoán Gato, que permaneció cerca de dos horas. El magistrado Morán Llordén, que instruye la causa, realizó cerca de 35 preguntas. Otras fueron formuladas por la acusación popular, que ejerce un letrado designado por el BNG. El fiscal, para sorpresa de algunos presentes, no estuvo presente, a pesar de que es parte acusadora. El segundo en entrar fue el actual alcalde, que fue más parco en sus respuestas. Ambos estuvieron acompañados por su abogado. Al término, el juez les comunicó que mantenía los cargos en contra de ellos, si bien su letrado resaltó que «no se adoptó medida personal o patrimonial alguna».
Xoán Gato, al filo de la una y media de la tarde -su comparecencia había comenzado a las diez de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol- comentó en una rueda de prensa improvisada en los pasillos de la sede judicial que los permisos y «convenios de urbanización, non urbanísticos» concedidos para el centro comercial y hotel Odeón se habían hecho lo mismo que otros proyectos importantes que llegaban a la alcaldía. Siempre se buscó, dijo, agilidad y encaje en el planeamiento para facilitar inversiones. «Narón non deu ningún trato de favor a Odeón», insistió. Quiso dejar claro también que los proyectos fueron aprobados con los informes técnicos y legales favorables, «incluso con asesoría externa ao concello».
Cargó reiteradamente contra los denunciantes. En primer lugar un vecino, que fue condenado por amenazas reiteradas al alcalde porque no clausuraba un taller al que los tribunales ordenaron cerrar por el ruido. Este vecino, que vive al lado de la empresa ruidosa, tuvo una orden de alejamiento del regidor.
Intención política
En segundo lugar, contra el BNG, porque, dijo, sus ediles, que compartieron en algún momento gobierno con él, aprobaron en todos los trámites administrativos realizados (comisión informativa, comisión de gobierno y pleno) los proyectos de Odeón. Por eso vio intencionalidad política en la acción penal. Incluso en el ritmo de la tramitación porque los informes técnicos de la Xunta se fueron conociendo «sempre», insistió, al socaire del calendario político.
«Temos a conciencia tranquila», resumió. Por su parte, Xosé Manuel Blanco, al ser preguntado, respondió que se remitía a las palabras de su predecesor en el cargo y que no tenía «máis que dicir».
* La Voz de Galicia - F.?V. - 28/3/2009
Foto: Narón (A Coruña) - wikipedia.org
«El delito urbanístico exige un aumento de penas»
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CANARIAS7/Lanzarote* : El Cabildo abrió ayer las Jornadas sobre Legalidad Territorial con éxito de público. José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, disertó sobre la reforma penal y abogó por penas más duras por delitos urbanísticos. El ex presidente de la Gestora de Marbella relató el caos urbanístico.
La primera jornada del ciclo de conferencias sobre Legalidad Territorial dejó un buen sabor de boca a los cientos de expertos, juristas, abogados, fiscales, funcionarios y estudiosos en general que abarrotaron el salón de actos del Cabildo.
La inauguración corrió a cargo de la presidenta, Manuela Armas; del alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla; la vicerrectora de la Universidad de La Laguna, María Gracia Rodríguez, y el viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido.
La primera conferencia corrió a cargo del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que disertó sobre la Persecución de los delitos urbanísticos en la reforma del Código Penal.
En su intervención recordó que ha llegado la hora de que el Derecho Penal sea la primera frontera de intervención ante los delitos urbanísticos, y no el derecho administrativo. Según el magistrado, el actual modelo de delincuencia urbanística hace que no se hable ya de un delincuente aislado, sino un conglomerado, y la víctima ya no es una sola, sino los intereses generales de la sociedad, el sistema político y económico.
Hasta el Código Penal del 95, dijo Martín Pallín, no se contemplaban penas por este tipo de infracciones, pero ahora los reformadores ya proponen incrementos de las penas que pasen de los actuales 6 meses y 3 años al año y seis meses de mínima y a los 4 años de máxima.
Según Pallín, también debe haber reformas para identificar a los sujetos del delito (constructores, promotores y técnicos); atenuantes y agravantes en función de donde se construye; perseguir las preconstrucciones o urbanizaciones previas; garantizar las medidas cautelares, la reparación, restitución e indemnización. También propuso la demolición obligatoria en el Derecho Administrativo, que hoy es una asignatura pendiente por la demora estructural del sistema.
Pidió que se cree una Agencia Estatal del Territorio, que impida que el suelo y su gestión quede sólo en manos de ayuntamientos, y consideró que generar debate social sobre el planeamiento ayudará a combatir la corrupción.
* Canarias 7 - C. Inza, Arrecife - 27.03.09
Foto: Arrecife (Lanzarote), vista desde La Bufona - plangeneraldearrecife.com
El Europarlamento amenaza con congelar fondos europeos a España por los abusos urbanísticos
ELPERIÓDICO* : El Parlamento Europeo ha amenazado hoy a España con congelar parte de los fondos comunitarios que recibe si no soluciona los abusos urbanísticos y ha llamado a suspender todos los desarrollos que no respeten el medioambiente o que no garanticen el derecho a la propiedad.
El pleno de la Eurocámara ha aprobado con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones el polémico informe de la danesa Margrete Auken (Los Verdes). Los eurodiputados españoles del PP se han pronunciado en contra y los del PSOE se han abstenido.
El texto, muy crítico con los excesos de la construcción en España, considera que en el país se "ha generado una forma endémica de corrupción" y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de "desarrollo insostenible", al tiempo que asegura que las autoridades judiciales han demostrado que "no están debidamente preparadas" para responder a los abusos.
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española", asegura.
Anulación de proyectos
Por todo ello, el Parlamento Europeo exige medidas como la derogación de "todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador" y la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado los criterios del derecho comunitario.
Los eurodiputados quieren también que se suspendan y revisen "todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente".
En este sentido, y siguiendo a las quejas de ciudadanos europeos que compraron propiedades en el país, la Eurocámara llama a las autoridades a velar por que ningún acto administrativo que obligue a ceder una propiedad se base en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble.
Medida disuasoria
A todas esas recomendaciones se une amenaza, pues el texto de Auken recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, "puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa".
Al mismo tiempo, subraya que la Comisión Europea puede interrumpir la provisión de fondos estructurales y suspender las dotaciones destinadas a un Estado miembro o a una región implicada.
La de hoy es la tercera ocasión en la que la Eurocámara se pronuncia sobre el urbanismo en España en lo que va de legislatura. Los eurodiputados ya censuraron en el 2005 y en el 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y resto de la costa mediterránea.
* El Periódico - EFE - 26.03.09
Foto: Parlamento europeo (archivo)- foto AFP
El «entramado» de la Gerencia de Murcia quería controlar todo el urbanismo regional
LAVERDAD* : Un control casi total sobre todo el ladrillo que se mueve en la Región. Tal era, en opinión de la Fiscalía de Murcia, la pretensión «del entramado de intereses» que se habría forjado en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia: «controlar la actividad urbanística de la Región en beneficios de unas cuantas personas».
Al frente de dicho entramado, y como eje en torno al cual se habría articulado el citado «entramado de intereses», se situaría el jefe del Servicio de Planeamiento del Consistorio, el funcionario ahora en excedencia Joaquín Peñalver Motas.
Así se hace constar en la denuncia que la Fiscalía Superior presentó el 21 de marzo del 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia -el documento está en poder de La Verdad- y cuyo contenido se resume a continuación.
EL PRESUNTO CEREBRO
Joaquín Peñalver Motas, arquitecto, desempeñó desde el 1 de abril de 1996 el puesto de jefe de la Primera Sección Técnica del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia. El 15 de enero de 1999 se le adscribió al puesto de jefe del Servicio de Planeamiento.
El 9 de marzo del 2006, ocho días antes de que la Fiscalía incoara las diligencias informativas nº 76/06, «en averiguación de presuntas irregularidades en su gestión, el señor Peñalver pasa a la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de sus hijos menores de tres años».
El fiscal recuerda que «durante el tiempo que Peñalver desempeñó funciones de arquitecto municipal, estuvo sometido al régimen de incompatibilidades, no pudiendo por tanto ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estaba destinado». Pese a lo cual, «obviando esa prohibición, ha venido interviniendo, a través de su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir, e intervenía, el servicio del que era jefe; esto es, el Servicio de Planeamiento Urbanístico».
UN DESPACHO EN LA DIANA
«A tal fin -prosigue la denuncia-, Sandra de la Puente fundó en escritura, el 24 de diciembre del 2004, junto con su suegro Joaquín Peñalver Ruiz, y su cuñado, Francisco José Peñalver Motas (hermano del jefe de Urbanismo), ambos arquitectos, la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados S.L.».
«La finalidad de la participación de Sandra de la Puente en esta sociedad (no olvidemos que su profesión es economista) era servir de tapadera a la intervención de su esposo en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa. Ésta tenía como principal activo la presencia de aquél (Joaquín Peñalver) al frente del Servicio de Planeamiento Urbanístico, al que iban a ir, y fueron, una parte importante de sus proyectos urbanísticos para ser aprobados».
«Los tres socios -la mujer, el padre y el hermano de Peñalver-, convencidos de su impunidad, decidieron colgar en internet una página web en la que anunciaban sus servicios, los profesionales que formaban su plantilla, los despachos de arquitectos que colaboraban con la empresa (el fiscal ofrece una amplia relación), y sus principales clientes, entre los que se encuentran las empresas promotoras y constructoras más importantes de la Región».
EL 'SOCIO' LÓPEZ REJAS
«En los listados de visados facilitados por el Colegio de Arquitectos de Murcia, a solicitud de esta Fiscalía, se observa que un importante número de los proyectos urbanísticos desarrollados en el municipio de Murcia aparecen firmado por socios, empleados o despachos de arquitectos colaboradores de Peñalver Arquitectos S.L., y entre las empresas destaca, por su número, la mercantil José López Rejas S.L.».
A este respecto, el fiscal destaca que «el día 26 de enero de 1999, 11 días después de que el señor Peñalver fuera nombrado jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, José López Rejas le vende a la esposa de Peñalver, Sandra de la Puente, 125 participaciones de la mercantil Septiembre 97 Promociones S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria. El 27 de julio del 2004 también le vendió a Sandra de la Puente 1.472 participaciones de la mercantil Nou Vivienda Joven Murcia S.L., de la que López Rejas poseía 3.006 participaciones. ¿Por qué tendrá tanto interés López Rejas en ser socio de Sandra de la Puente?».
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
«El 14 de julio del 2003, (Sandra de la Puente) adquiere, por compra a José Sánchez Marín, 25 participaciones de la mercantil Urbasa Mediterránea S.L.. Con posterioridad se hace con el 50% de la sociedad».
«Urbasa se convertirá en la principal fuente de ingresos de Sandra de la Puente e, indirectamente, de Joaquín Peñalver, al estar casados en régimen de participación en ganancias. La sociedad es titular de una finca en El Esparragal, valorada en 1,1 millones de euros; de una finca rústica en Cabezo de Torres, de 52.082 m2; otra finca rústica en la Sierra de Carrascoy, con una superficie de 1,2 millones de m2, y el 55% de una finca de 2,6 millones de m2, llamada Columbares, en Cañadas de San Pedro (Murcia)».
UNA SOCIEDAD 'CONSEGUIDORA'
«Urbasa Mediterránea se constituye en una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver».
El fiscal señala, a tal respecto, que Urbasa vende al promotor Félix García Ripoll un trozo de terreno de secano, perteneciente a la hacienda Lo Espinosa, por 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas. En la escritura se hace constar que «la finca se adquiere por su condición esencial de estar inmersa en un proceso de gestión urbanística, por el cual se le reconocerá un aprovechamiento urbanístico futuro de 7.500 m2 de techo. Urbasa asume el compromiso y se obliga a que tales terrenos tengan esas características en el plazo improrrogable de 24 meses. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros».
En base a ello, el fiscal considera que «el negocio que se realiza no es realmente una compraventa de tierras, sino la gestión de un aprovechamiento urbanístico. Y ese aprovechamiento deberá otorgarse con el dictamen favorable del esposo de Sandra, Joaquín Peñalver, jefe del Departamento de Planeamiento Urbanístico. Si la gestión ante el Ayuntamiento prospera, el precio del servicio será de 1,2 millones. Si no prospera -cosa difícil, ya que todo queda en casa-, el precio de la gestión será de 450.000 euros».
«A través de Urbasa, Sandra de la Puente logrará tener participación oculta en otras sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria y urbanística como NF Desarrollos S.L. y Mursiya Golf S.L.».
«El 4 de mayo del 2006, conocedora por la prensa de la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía, Sandra de la Puente decide finalizar su participación en Urbasa y liquidar patrimonio».
EL PODER DE LOS 'NARANJITOS'
«Tal era el número de proyectos presentados al visado por Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban».
«Para evitar el control del Colegio de Arquitectos, que ya había recibido quejas por el monopolio en que se estaba erigiendo la citada mercantil y sus colaboradores, el despacho empezó a desviar el visado hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos».
FACTURANDO A SU FAMILIA
«Como indica la Agencia Tributaria, desde el año 2002 al 2005, periodo en que Joaquín Peñalver era jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, éste ha venido cobrando de distintas empresas, destacando los 513.863 euros (más de 80 millones de pesetas) que recibe en el 2005 de la empresa Peñalver Arquitectos». Esto es, el jefe de Planeamiento habría facturado sumas muy abultadas a su propia familia por servicios no especificados en la denuncia.
«LAS COSAS NO VAN MAL»
«Como las cosas no funcionaban mal, la familia Peñalver decide en enero del 2004 crear otra mercantil dedicada a la actividad urbanística y así constituye Titobio S.L.. Entre las operaciones que lleva a cabo la citada empresa familiar figura el proyecto Plan Parcial La Cerca de Arriba, firmado por el arquitecto Jesús Zafra, colaborador de Peñalver Arquitectos y socio de Sandra de la Puente. Ese proyecto deberá recibir el dictamen favorable de Joaquín Peñalver. Sandra de la Puente gana al menos 50.088 euros, más lo que gana Titobio y sus familiares, con una operación urbanística que ese mismo mes se presentará como proyecto al Servicio de Planeamiento que dirige Joaquín Peñalver».
«De todo lo antedicho -concluye el fiscal- se deduce, a nuestro criterio, la existencia de un entramado de intereses en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, para controlar la actividad urbanística de la Región en beneficio de unas cuantas personas».
El fiscal considera que de los hechos denunciados se deducen indicios de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 26.03.09
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
Valencia: 87 municipios ignoran a la Fiscalía y no declaran las casas ilegales
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ELPAÍS* : 87 municipios valencianos no han respondido al requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia para que den cuenta de las construcciones ilegales que tienen en su territorio. Hace cinco meses que la sección de Medio Ambiente, con el auspicio de la fiscal jefe, solicitó por escrito a los secretarios de los ayuntamientos que dieran cuenta de los expedientes abiertos por irregularidades en la edificación de viviendas en terreno mo urbanizable.
El goteo de datos ha sido progresivo pero de los 268 municipios casi un 20% no ha respondido a esa petición de información.
La Fiscalía se propone que no se dejen a merced de la prescripción -y por tanto del archivo obligado- los expedientes que deben de abrir los consistorios cuando tengan conocimiento de la construcción de viviendas en terreno no urbanizable. En solo un mes, la campaña permitió conocer 775 expedientes por irregularidades urbanísticas. De ellos, no todos acabarán en denuncia penal. La mayoría, en sanción administrativa. Esa cifra ha superado con mucho los más de 1.300.
Un dato fue revelador para la Fiscalía de Valencia: en 2008, sólo hubo 51 denuncias procedentes de 11 ayuntamientos. Los expedientes sancionadores que se han ido conociendo desvelan una realidad de irregularidades extendida. Inicialmente, sólo 20 municipios reconocieron haber actuado contra las construcciones ilegales: Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L'Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.
Más significativos son los casos de quienes han referido a la Fiscalía numerosos casos ante los que no ha actuado entre 2005 y 2008: Benicull del Xúquer (73 expedientes), Bétera (194), Canals (103) o Godelleta (220).
Los datos remitidos sirven para que la Fiscalía tenga ahora conocimiento de irregularidades cometidas y no superadas en Cullera, en Gandia, en Zarra, en Llíria, en Massamagrell o en El Puig. Detrás del cúmulo de expedientes está sin duda el abandono de los concejales de urbanismo ante un hecho manifiestamente irregular que precisa de una acción directa por parte de los ayuntamientos. Son los consistorios quienes deben velar por el cumplimiento de la legalidad y por la sanción en el caso de incumplimiento.
* ELPAIS.com - L. G. G. - Valencia - 26/03/2009
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
Abusos Urbanísticos ¡NO!
Los colectivos firmantes* ponen de manifiesto su total rechazo al boicot acordado entre los parlamentarios europeos del PP y el PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español que se vota hoy, 26 de Marzo, en el Parlamento Europeo. Más de 600 colectivos ciudadanos suscriben el comunicado.
- Porque el urbanismo español, por medio de las leyes que lo regulan en las distintas Autonomías, pone en situación de indefensión a los ciudadanos españoles que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rustico o urbano.
- Porque las leyes autonómicas que desarrollan el urbanismo en España no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción de viviendas, es el responsable de la destrucción del territorio, del paisaje y de una buena parte del patrimonio histórico cultural de España, sin ninguna razón que lo justifique.
- Porque en la mayor parte de las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, se institucionaliza la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción de viviendas de forma descontrolada y rampante, y de sus consecuencias, es el responsable de la crisis, recesión y depresión económica que vive España. Siendo responsable a su vez, directa o indirectamente, de la dramática evolución del paro laboral en nuestro país.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción, ha propiciado el desarrollo de la metástasis de la corrupción a niveles nunca conocidos en España. Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa.
- Porque el urbanismo español, como favorecedor de la promoción y construcción de viviendas totalmente innecesarias, ha conseguido descapitalizar los sectores industriales productivos y la agricultura, base de la economía modesta pero equilibrada de nuestro país, acabando por hundirnos en la recesión-depresión en que estamos inmersos.
- Porque en medio de esa recesión-depresión económica que sufrimos todos los españoles, especialmente los que nada hemos hecho para desatarla, que somos los más, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Porque el derecho a la propiedad está conculcado en las leyes urbanísticas españolas, ya que lo supeditan al interés público, que nunca ha sido especificado objetivamente, de forma que favorece el expolio y la destrucción sistemática a voluntad y capricho de políticos corruptos y especuladores corruptores . Con una abstracción se conculca alegremente un derecho concreto e histórico, conseguido a lo largo de generaciones por los ciudadanos con grandes esfuerzos y padecimientos.
- Porque a pesar de las muchas leyes de nuestro panteón legal, quizás por eso mismo, la Justicia española es lenta, desesperadamente lenta , por lo tanto es cara, muy cara, y lo que es peor, esta contaminada por influencias políticas. Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Los ciudadanos no deseamos vivir en un estado de derecho, al menos con leyes tan poco fiables como las urbanísticas, ya que no ofrece garantías de equidad y justicia, por el contrario nos gustaría vivir en un estado de justicia.
- Porque no se puede jugar con los derechos de los españoles, como lo hace una ley, la de Costas, aprobada hace más de 20 años, dejada en el olvido durante ese tiempo y de pronto aplicarla con todo su rigor, sin analizar la casuística, con efectos de la fecha de su aprobación, cuando el propio Estado hizo dejación de su derecho a aplicarla durante ese largo periodo, sin que importen las razones que tuvo, dando lugar a que su pretensión de hacerlo ahora sin tener en cuenta el tiempo trascurrido es como si alguien quisiera resucitar el vergonzoso “derecho de pernada”, porque a nadie se le ocurrió derogarlo. Las leyes como los seres humanos y todo lo que estos producen se hacen viejas, sinónimo de obsoletas, por lo que una ley vieja, obsoleta y sin la garantía de haber sido respaldada por una aplicación sostenida en los tribunales, no puede ni debe utilizarse como un “kamikaze” para demoler propiedades privadas indiscriminadamente.
Con todas estas razones, los partidos mayoritarios PP y PSOE, se unen “contra natura” para boicotear el informe Auken, que pone al urbanismo español a caldo, alegando solo razones de prestigio nacional, algo así como el “Santiago y cierra España” de la Reconquista, en pleno siglo XXI, y si eso nos enfrenta a toda Europa, pues “ad majoren gloria”, o quizás debiéramos decir que su interés está en impedir que nadie se inmiscuya en su “corral”.
El Partido Popular-PP se ha negado a debatir el informe Auken en el pleno del Parlamento europeo, ya que eso le daría una publicidad que no desean, presentando además una alternativa a dicho informe, en el que se dicen cosas tan curiosas como , pedir “las máximas cautelas “ en la aplicación de la ley para evitar “los problemas que ha ocasionado el proceso urbanizador” y hace una llamada a facilitar a los afectados , en especial a los propietarios ubicados en una zona calificada como urbanizable , posibles alternativas a fin de compatibilizar el desarrollo urbanístico y las explotaciones agrarias o residencias existentes.
También pide que se garantice un ejercicio efectivo del derecho a la propiedad privada por los ciudadanos, cuyas quejas dieron pie a la elaboración del informe Auken.
Como diría un castizo, a buenas horas mangas verdes, esto lo dicen en una alternativa a un informe aprobado en el seno del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, único avalista de los derechos de esos ciudadanos que como españoles son indiscutiblemente europeos, y lo dicen después de 15 años de urbanismo depredador y de quejas ciudadanas ignoradas expresamente, ahora que pende sobre sus cabezas la posible aprobación del informe Auken que solo refleja la realidad del desolador paisaje dejado después de esos años de aplicación indiscriminada de unas leyes urbanísticas que todo hace pensar que se aprobaron con esa intención.
El camino pasa primero por aceptar y votar aceptando el informe Auken, luego hacer un acto de contrición público, asumiendo ambos partidos lo que se ha de corregir, que es mucho, solo les quedan unos pocos días hasta el 26 de Marzo, demuestren a los españoles que merecen seguir siendo los partidos mayoritarios de la política en nuestro país.
Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses.
* Suscrito en Marzo de 2.009.
Abusos Urbanísticos ¡NO!
Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)
Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio_CCDT (Coordinadora estatal integrada por más de 600 colectivos ciudadanos y ecologistas)
REDES Y GRUPOS INTEGRANTES:
Coordinadora Murcia No se Vende - Murcia - más de 50 asociaciones Coordinadora Aragón No se Vende - Aragón - más de 20 asociaciones Coordinadora Ciudadanos Contra la Especulación - Madrid - más de 40 asociaciones Coordinadora Salvemos La Sierra - Madrid - más de 15 asociaciones Salvemos Las Rozas - Madrid Madrid no se Vende - Madrid Red Andaluza en Defensa del Territorrio - Andalucía - cerca de 400 asociaciones Málaga no se Vende - Málaga Almería no se Vende / Red Almeriense en Defensa del Territorio - Almería - más de 20 asociaciones Coordinadora para la defensa de Litoral Almeriense - Almería - 8 asociaciones Salvemos Mojácar - Almería Asociación Nueva cultura del Territorio - Comunidad Valenciana ARCA - Cantábria ADENEX - Extremadura Outro Vigo - Galicia Plataforma por una Vivienda Digna - Castilla León Salvemos el Territorio - Nacional ATTACK España - Nacional Asociación de Vecinos Defensores Del Poblado El Borseral. Asociació De Veïns de La Ribera. Asociación de afectados por el PAI "dels Tarongers golf resort". Asociación de Vecinos Afectados "Camí Vell" de Peñíscola. Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA)
ASOCIACIONES INTEGRANTES:
Amigal, Las Caldas, Oviedo Agrupacion vecinos y amigos de Llanes, Avall A.V. El “tranqueru” de Xivares, Carreño. Cambio Siglo XXI -Muros del Nalón Asociación AVISU Sariego. Sueve Verde-Colunga Federacion Asociacion Vecinos de Valdes Union Vecinal de Lieres-Solvay Siero Asociacion Vecinos Otur - Valdes Colectivo de Vega en defensa del medio rural, Gijón. Asociación de Vecinos Rio Nalón d S. Juan d la Arna, Soto del Barco Asociación La Arquera, Valdesoto, Siero. Junta Vecinal Defensa del Medio Rural S. Martín del Mar Llams Liñro Villavciosa. Plataforma por la Defensa de los Valles del Nalón y Trubia, Oviedo. Asociación de Vecinos Pola Sur, Pola de Labiana. Asociación por la defensa del medio rural de Navia ADERNA Asociación de Vecinos y Amigos de Muros del Nalón. Avam Plataforma pro Santa María, Grao. S.O.S Cuideiru, Cudillero Asociación “Los Laureles”, Luanco. A. para la defensa de la Cordillera Cantabrica "Picos de la Liebre", Aller. Tapia de Casariego (contra la especulación en Serantes) AA.VV y Amigos de Castropol Plataforma Antitérmica La Pereda, Mieres Noada-Lande Oscos Plataforma urbanismo Gozón Asociación amigos y vecinos de Somiedo A.V. San Julián de Somió, Gijón A.V. de San Andrés de los Tacones, Gijón Plataforma afectados Polígono de Bobes, Siero Pando Poniente Gijón A V Parque Principado, Siero A.V. Cabueñes la Pontica, Gijón Plataforma Medioambiente Valle Nalón, Langreo A.V. Peñamea de Pelúgano, Aller A.V. de Verdicio, Candás A.V. San Cosme de Bobes, Siero A. Cultural Maliayu Natural, Villaviciosa A.V. "Fuente la Cueva" de Caces, Oviedo A.V. San Julián de Roces, Gijón Plataforma de Bobes, Siero. Plataforma Salvem el Cabanyal. Asociación Nacional Arca Ibérica. Unión Vecinal de Torrelavega (16 asociaciones) (Cantabria). AA.VV. Ara del Dobra de Sierrapando (Torrelavega-Cantabria).
* Rebelión - 26.03.09
Seis nuevos imputados en el caso de corrupción urbanística de La Muela
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ELMUNDO/Zaragoza* : El juez instructor del caso de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio zaragozano de La Muela ha imputado a seis nuevas personas. Se trata del asesor legal del Ayuntamiento, cuatro empresarios y de una policía local de otro pueblo que fue funcionaria en prácticas en el consistorio de La Muela.
El abogado Fernando Della-Casa Dulanto, asesor legal de La Muela y cooautor del plan general de ordenación urbana de dicho municipio, ha sido citado a declarar el próximo día 31 en los juzgados de La Almunia de Doña Godina.
A Della-Casa, secretario a su vez del Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Cuarte, próxima a la capital, se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias. Hoy acudió a trabajar con normalidad al consistorio de Cuarte, cuyo alcalde señaló que conocía que compatibilizaba ambas actividades.
También están imputados, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de información privilegiada, dos empresarios madrileños de la firma Brocover, cuyo dueño, José Carlos Fernández Delgado, está en prisión preventiva. Dicha empresa impulsa la construcción de unas 800 viviendas en La Muela.
Igualmente están citados a declarar ante el juez dos empresarios zaragozanos, socios de la empresa Hostelería Río Grío, que gestiona el zoológico de La Muela. Se les imputa un presunto delito de información privilegiada.
La alcaldesa, un concejal y un empresario, en la cárcel
La 'operación Molinos' suma ya un total de 26 imputados de los que tres están en prisión y el resto a la espera de declarar ante el juez o en libertad con cargos. Permanecen en la cárcel de Zuera, además del empresario madrileño citado, la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela. El Partido Aragonés (PAR) les ha pedido que entreguen el acta de edil y renuncien al cargo. Asimismo, ha abierto un expediente con petición de expulsión del partido a Pinilla y a su marido, Antonio Embarba Laborda.
El PAR gobierna en La Muela con mayoría absoluta y, en caso de que los dos mencionados no renuncien a sus cargos, no se descarta la presentación de una moción de censura.
* El Mundo - Javier Ortega - 25.03.09
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
Un urbanizador compra derechos de agua de regantes para construir
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ELPAÍS/Alicante* : Un PAI de La Nucia garantiza recursos a 3.400 viviendas y un campo de golf. Los urbanizadores del PAI de la Serreta, el segundo proyecto urbanístico más grande de la provincia de Alicante, han comprado derechos de riego durante los años 2007 y 2008 para más de 7,7 millones de metros cuadrados de superficie.
Desde hace dos años aparece una aportación en la contabilidad de la Comunidad General de Regantes de 613.000 euros en concepto de nuevos usuarios, dinero que correspondería a 9.320 hanegadas (7.754.000 metros cuadrados) de regadío, aunque actualmente existen menos de 1.200.
El PAI de La Serreta, que prevé construir 3.400 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en 2,7 millones de metros cuadrados, no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El TSJ de la Comunidad Valenciana advirtió en la orden que lo paralizó 6 meses en 2007 que el informe del suministrador que aportó el Ayuntamiento estaba hecho ad hoc (a medida del solicitante) para justificar la existencia de recursos hídricos en la zona, pero con la compra de los derechos de riego con agua blanca procedente de los acuíferos de las comunidades se podría asegurar el desarrollo urbanístico de todos los proyectos de La Nucia. Sin embargo, la próxima aprobación del proyecto de reparcelación de La Serreta volvería a abrir la vía judicial y la posibilidad de reclamar de nuevo la paralización de su desarrollo por faltar el informe de la Confederación Hidrográfica.
La Comunidad General de Regantes de La Nucia está formada por las comunidades Planet, Sentenilla Dalt, Sentenilla Baix y Armaig, aunque en la práctica hace tres años que estas comunidades no reúnen a sus asociados y las 18 personas que dirigen la Comunidad General que las agrupa deciden por ellas. Vicente Ramón Cano, uno de los comuneros, asegura que "todo se maneja con un oscurantismo absoluto producto del miedo", porque "una gran parte de los familiares de quienes dirigen la Comunidad General dependen laboralmente del Ayuntamiento". Ante la falta de información, algunos regantes han tomado la decisión de ir por su cuenta de la mano de un abogado particular. Es el caso de Antonio Pérez, quien considera que "se está haciendo una ampliación encubierta del perímetro regable con la pretensión futura de proceder a un cambio de uso de regadío al de abastecimiento, saltándose los cauces legales". Ernest Armada, abogado especialista en las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas, afirma que "el cambio de uso del agua solo lo puede aprobar el titular de los derechos a través de una subrogación y mediante un expediente administrativo de modificación del uso". Los titulares de la concesión del uso actual en La Nucia son las cuatro comunidades, no la Comunidad General, que carece de títulos de concesión y no puede vincular con sus decisiones a las comunidades con entidad jurídica propia.
La Nucia está desarrollando la instalación del riego localizado en todo su término. Se trata de conseguir que los regantes utilicen con este sistema de riego el agua impulsada desde las depuradoras de Benidorm y Altea a una gran balsa de medio millón de metros cúbicos que se construirá en la partida de La Serreta. Cuando esté acabado todo el proyecto, quedará liberada el agua blanca y podrá cambiarse su uso. Esta operación ya se hizo con la Comunidad de Regantes del Canal Baix del Algar, que da servicio a todos los municipios costeros de La Marina Baixa, sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica. Ernest Armada asegura que la CHJ está haciendo una peligrosa dejación de sus funciones, porque "hace la vista gorda mientras los usuarios se las arreglen entre ellos". Así, dice este abogado, "se ahorra conflictos y problemas".
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 25/03/2009
Foto: Una vista de los terrenos de La Serreta- ROSA FUSTER, elpais.com
