LEVANTE/Valencia* : Agentes de la Policía Local de Valencia han desalojado, en algunos casos a rastras y en volandas, a concejales y diputados autonómicos que secundaban la protesta de varios vecinos contra el segundo derribo de una de las viviendas afectada por el plan de reforma interior del barrio del Cabanyal.
Poco después de las 13.30 horas, los policías han comunicado a los políticos que se encontraban junto al número 15 de la calle de Vidal de Canelles que iban a empezar a desalojar el inmueble para "materializar la licencia de derribo" de esta casa, una de las cinco que el Ayuntamiento pretende derruir a partir de hoy y que la pala excavadora ha comenzado finalmente a derribar a las 14.37 horas.
Entre los políticos desalojados a la fuerza se encuentran el máximo responsable del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta, a quien han arrastrado de los brazos fuera del cordón policial, en cuyo interior aún permanecen los periodistas.
Asimismo, los policías han desalojado a la diputada autonómica y portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra, a la coordinadora de Esquerra Unida Marga Sanz y al concejal socialista Vicente González Móstoles, mientras desde una finca colindante varios vecinos han arrojado a los agentes un cubo de agua, todo ello entre los constantes gritos de protesta de las docenas de vecinos que siguen todo este dispositivo en las inmediaciones de la zona afectada.
El dispositivo policial, formado por una treintena de agentes de la Policía Local y una quincena de policías nacionales, ha aguantado un sinfín de insultos por parte de los vecinos, contra algunos de los cuales ha cargado el Cuerpo Nacional de Policía cuando intentaban sortear el cordón de seguridad.
Además, desde numerosos balcones de la calle afectada se han realizado caceroladas, mientras se repiten los llantos, los gritos y las muestras de indignación; representantes de la plataforma Salvem el Cabanyal siguen atentos el avance de la pala excavadora desde primera línea del cordón policial.
La pala ha comenzado a derribar esta casa después de que cuatro policías nacionales, dos de ellos abordo de un coche de bomberos, hayan desalojado del tejado a dos chicos que se habían atrincherado para intentar retrasar el derribo; desde lo alto, y antes de ser reducidos, han arrojado flores amarillas a los policías mientras aseguraban a gritos que son vecinos del Cabanyal "de toda la vida".
Todo este proceso ha sido profusamente grabado y fotografiado por los medios de comunicación presentes aún en el interior del cordón policial, así como por docenas de teléfonos móviles y cámaras digitales de los vecinos que no han parado de corear lemas en contra del Plan municipal de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal.
Se inician los derribos
Varias palas excavadoras comenzaron a primera hora de hoy a derribar un grupo de viviendas de la calle de San Pedro del barrio del Cabanyal, donde se concentró desde un principio un grupo de vecinos para tratar de impedir la actuación.
Según ha informado a EFE la portavoz de la plataforma vecinal "Salvem el Cabanyal", Maribel Domenech, desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar, en el número 29 de la citada vía, previendo que hoy iban a comenzar los derribos ya que entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal de Valencia.
Las palas han derribado ya el inmueble recayente en la calle de San Pedro y en la de Luis Despuig. El concejal socialista Vicente González Móstoles ha acudido a la zona a interesarse por estos hechos. Allí también se ha desplazado el teniente de alcalde Alfons Grau.
Según Domenech, los vecinos han rodeado las casas que se tenía previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 o 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza". La portavoz señaló que comunicaron a los trabajadores que han presentado una cautelarísima en los tribunales y les pidieron que paralizaran los derribos hasta que éstos se pronunciaran al respecto. No obstante, lamentó que en el barrio "se sigue con la ejecución".
En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena". Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro".
No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial. "No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.
Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.
* Levante-EMV - Agencias - 6.04.10
Foto: levante-emv.com
La policía desaloja a los vecinos en los derribos del Cabanyal
La firma que avaló las campañas fantasma trabajó para la Gürtel
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PÚBLICO/Madrid* : Documentos aportados al juez muestran que Swat SL organizó un concurso para la trama en Majadahonda. Swat SL, la consultora que dirigió el proceso por el que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó 3,25 millones en campañas de publicidad fantasma a las puertas de las elecciones de 2007, ha trabajado con la trama Gürtel, según el material reunido por el juez Antonio Pedreira, que hoy dará a conocer su instrucción.
Fuentes de la investigación explican que el juez dispone de varios documentos de 2001 en los que un directivo de Swat SL detalla la vía por la que el Ayuntamiento de Majadahonda debía dividir una adjudicación a la trama de 132.000 euros de forma que no se superara el importe económico a partir del cual la ley obliga a convocar un concurso público. En ese momento el alcalde era Guillermo Ortega, imputado en el caso Gürtel por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el material aportado al sumario, la receptora de los documentos fue Carmen Rodríguez, esposa del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que en aquel momento trabajaba como jefa de Gabinete de Ortega. Las instrucciones le llegaron por e-mail el 25 de septiembre de 2001: "Estimada Carmen: Tal como acordamos te remito el presupuesto de la acción del infoeuro. Saludos, Óscar". Y al día siguiente: "Estimada Carmen: Tal como acordamos, te adjunto la relación de empresas que me has solicitado. Saludos, Óscar".
El firmante es Óscar Bermejo, entonces director de cuentas de Swat SL, que dejó la consultora en 2007. Los documentos de Swat SL muestran el modo de funcionar de la trama y lo imbricada que estaba con esta empresa.
En el material a disposición del juez, Swat SL da instrucciones detalladas sobre cómo debe fragmentarse un contrato para un stand que informe sobre la transición de la peseta al euro, que empezaba a circular el 1 de enero de 2002, en siete adjudicaciones repartidas por todas las concejalías.
Según el plan, la concejalía de Servicios Sociales debía asumir la contratación de "personal de información, 64 días, 8 horas al día, durante tres meses". La concejalía de Urbanismo, al frente de la cual estaba el actual alcalde, Narciso de Foxá, asumía el contrato más caro 30.120 euros para "construcción y materiales del stand"; Régimen Interior se ocupaba de "arte final y 50.000 conversores [peseta-euro]"; Medio Ambiente, de "creatividad, diseño, desarrollo, artes finales, rotulación y vinilación stand"; Educación, de "instalación de servicios, generador, conexión PC, Internet"; Seguridad, de "traslado y emplazamiento" y Hacienda, de "arte final y 100.000 dípticos".
Relación de empresas
En total, el montaje, que fue inaugurado por el alcalde, ascendía a 22 millones de pesetas (132.000 euros). El documento de Swat SL incluye también una relación de siete empresas a las que había que adjudicar alguna de las partes del contrato. Encabeza el listado la propia Swat SL y le siguen Technology Consulting Management (TCM) y Sunset Blvd, ambas ya vinculadas a la trama en el sumario.
Óscar Bermejo, que firma los e-mails, negó en conversación con este periódico que él sea el autor de los mensajes: "Yo esto no lo llevé. Si alguien utilizó mi clave, pues no lo sé, pero yo no llevaba los temas de Majadahonda. Deberían preguntar a los administradores de la empresa".
Público se puso en contacto el pasado jueves con la consultora, en la que también trabajó como ejecutivo el imputado Rafael de León, pero no ha recibido respuesta. Ayer trasladó por escrito varias preguntas al administrador único de la empresa, Juan Miguel Madoz, que tampoco contestó.
Swat SL desempeñó un papel clave en la elección de las adjudicatarias de dos contratos de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la consejería de Economía y Hacienda, en octubre de 2006, de las que no existe constancia que se hayan realizado pese a que costaron 3,25 millones de euros. Poco antes, en agosto, la consultora había obtenido un contrato de asesoramiento del Imade de 1,3 millones de euros.
Mercado Puerta de Toledo
En 2006, el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, mantenía una estrecha relación con el Imade: era el gerente del Mercado Puerta de Toledo, participado al 100% por este organismo.
Inmediatamente después de lograr el contrato para asesorar al Imade, Swat SL recibió el encargo de redactar sendos informes de evaluación sobre las ofertas presentadas para dos campañas de publicidad: una, de 1,25 millones para resaltar la importancia del "desarrollo equilibrado". La otra, de dos millones para subrayar la importancia de pymes y autónomos. Ambas partidas eran sólo para la creatividad, una cifra que los expertos consideran desorbitada al ser de ámbito regional y sin inserción a medios. Para este tipo de concursos, raramente se supera los 300.000 euros.
Informe previo
Los expertos señalan también la excepcionalidad de que una consultora privada redacte el informe de evaluación de las ofertas, algo que normalmente asumen los técnicos. La evaluación externa suele reservarse para casos muy excepcionales, de máxima igualdad y siempre a posteriori.
En este caso, en cambio, los informes fueron anteriores y sirvieron de base a los técnicos del Imade. En ambas adjudicaciones las diferencias en favor de las empresas sugeridas por Swat SL fueron abismales: de más de 20 puntos.
Los ganadores fueron MQM, proveedora de la trama, y Over Marketing. Ambas empresas, poco conocidas, dejaron atrás a multinacionales como Bassat Ogilvy y Zapping, entre otras.
Los dos proyectos ganadores eran en muchos pasajes clónicos, palabra por palabra. Y en marzo de 2007, justo antes de que se convocaran las elecciones el decreto se firmó el 2 de abril, sus contratos fueron modificados en términos que les favorecían.
* Público - 6.04.10
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
Madrid: Muchas preguntas el primer día de las agencias de licencias
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid se deshace de la tramitación de licencias de actividad comercial y deja este trabajo y sus ingresos en manos de negocios privados. Siete empresas cumplen desde ayer la función que antes realizaban las Juntas de Distrito y la Concejalía de Urbanismo: comprobar que las actividades se ajusten al ordenamiento municipal. Se denominan Eclu (Entidades Colaboradoras en la gestión de Licencias Urbanísticas.
La decisión se adopta dos años y medio después de que estallase el caso Guateque, una trama de corrupción en la que, presuntamente, los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid cobraban bajo cuerda por acelerar el papeleo.
El Consistorio aduce que el cambio "hará que los expedientes se resuelvan más aprisa y aumente así la actividad empresarial", según expuso una portavoz de Hacienda, que detalló que en 2009 se recibieron casi 8.000 solicitudes de licencias de actividades y se dejaron sin cursar unas 3.000. "Entre los plazos de notificación y los acuses de recibo se alargaba el proceso y se incumplían los plazos", argumentó. Por los trámites cumplidos se ingresaron un millón y medio de euros en los fondos públicos. A partir de ahora ese dinero se esfumará en tributo, supuestamente, de una eficiencia mayor. El Ayuntamiento se reserva el control de los trámites de licencias residenciales.
En los negocios que certificarán las solicitudes de empresas, que pronto serán cerca de 20, según Hacienda, hubo ayer más dudas a resolver que papeleo que encauzar. "Hemos tenido unas 40 personas preguntando cosas en la oficina y dos expedientes tramitados", cuenta Eduardo Cárdenas, director técnico de Eciti, una Eclu dependiente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.
Por el momento, las agencias de certificación sólo gestionarán cambios de actividad (de una perfumería a una ferretería, por ejemplo) y reformas que no exijan un proyecto técnico. Por ello cobrarán entre un 5% y un 15% menos de lo que cobraba el año pasado el Ayuntamiento, que les ha impuesto esta condición. Algunas empresas, como Eciti, apuestan por bajar los precios al límite; otras, como Verificalitas, hacen lo contrario. La primera cobra 327 euros por un cambio de actividad, y la segunda, 385. "No creemos que gente que va a montar un supermercado se preocupe por 30 euros. Lo que quieren es rapidez de resolución y buena atención", opina el director técnico de Verificalitas, Iván Fernández.
Las agencias esperan hacer negocio este año con nuevas solicitudes y con las atrasadas, y auguran que sus ingresos crecerán, dentro de lo que permita la economía, cuando añadan a sus funciones iniciales, entre 2012 y 2013, la certificación de solicitudes con proyecto técnico y la inspección de locales en los que haya espectáculos abiertos al público. A finales de 2009, una de cada tres discotecas de Madrid funcionaban sin licencia, 650 de un total de 1.895.
"Cuando empecemos con las licencias de obras y las inspecciones, los precios subirán, porque son asuntos más complejos", avanza María Barreiro, de la empresa Aeclu. Antes de todo eso, tendrán que lograr que los empresarios madrileños dejen a un lado las dudas y asuman que el Ayuntamiento ha delegado su tarea en la empresa privada.
* ELPAIS.com - 6.04.10
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
Carballo: Más de mil viviendas están fuera de ordenación en la comarca
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LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : Las viviendas ilegales y con expedientes abiertos en la comarca se cuentan por docenas, pero son muchas más las que están fuera de ordenación, es decir, las que no encajan en las normas jurídicas de ordenación urbana dictadas desde la Xunta. No se trata, en muchos casos, de viviendas ilegales. De hecho, muchas cuentan con licencia. Son casas que en su día estuvieron dentro del marco legal correspondiente pero que salieron de él con los distintos cambios en la normativa.
Solo en Carballo, cuenta el edil de Urbanismo, José Antonio Viña, puede haber más de 600 viviendas en esa situación. Los propietarios no tienen por qué tener problemas legales, pero sí pesan sobre ellos determinadas limitaciones. Así, no podrán hacer obras mayores ni ampliación de volúmenes, solo mantenimiento.
Habrá que esperar a la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo para redefinir el mapa de construcciones fuera de ordenación. Esa ley, explica el alcalde de Cee, Ramón Vigo, permitirá que extensas zonas del municipio antes condenadas a formar parte de esa categoría, podrían finalmente entrar e el ordenamiento. Es el caso de las viviendas situadas en Lobelos que ahora, al parecer, podrán incluirse en el planeamiento.
Actualmente, son muchas las construcciones que quedan fuera de las zonas de expansión de los núcleos rurales. Esas casas apartadas son las que constituyen el grueso de las que quedan fuera de ordenación.
En Cee, dice el alcalde, puede haber varias decenas. El regidor de Corcubión no cree que, en su caso, haya más de 20. Con todo, los alcaldes no tienen cuantificados los casos y muchos aseguran que no hay en sus municipios casas en esa situación, aunque realmente ningún Ayuntamiento se libra. En el caso de Camariñas la cifra puede pasar de largo del centenar, aunque el alcalde, Manuel Valeriano Alonso de León, cuenta con que con la aprobación del PXOM se pueda regularizar un gran número.
En dominio de Costas
Otra parte importante de construcciones fuera de ordenamiento son las que quedan dentro del deslinde de Costas. Algunas casas antiguas se construyeron antes de que la norma que protege el litoral entrara en vigor. Esas no tienen más problema que la imposibilidad de ampliar volúmenes y hacer obras mayores. Hay inmuebles en esa situación en Malpica, en Corme y en Fisterra.
Las que difícilmente eludirán el derribo son las que se hicieron después de la aprobación de esa ley, y en la Costa da Morte los casos se cuentan por docenas. Se encuentran en Seiruga y en Monte da Insua (Malpica) y en el entorno de los arenales de Razo y Baldaio (Carballo) entre otros lugares.
Algunas ya han sido derribadas y un buen número tiene algún tipo de expediente abierto obligando a la reposición de la legalidad.
* La Voz de Galicia - 6.04.10
Foto: Obreros trabajando de nuevo en una promoción en Quenxe tras años de paralización legal - lavozdegalicia.es
Ibiza: El GEN advierte de que «no se puede hacer otra ley Cretu para salvar ilegalidades»
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DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció ayer en rueda de prensa que Ibiza vive un «regreso al pasado» y una «involución» en materia urbanística, a causa del retraso en la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) y de la nueva ley que están negociando el PP y el PSOE para regularizar construcciones ilegales.
Los dirigentes de esta formación Joan Carles Palerm y Neus Prats lamentaron que «las promesas electorales se las lleva el viento» y, en cambio, las actuales instituciones progresistas «practican una política territorial completamente continuista».
Joan Carles Palerm afirmó, en relación a la posible ley impulsada desde Ibiza para amnistiar irregularidades urbanísticas, que «se trata de ilegalidades manifiestas que fueron anuladas por sentencias judiciales» y que supondrían «vulnerar el PTI». «Esto sería prevaricar, y el día que el Consell de Ibiza prevarique, al día siguiente tendrán interpuesta una denuncia en los juzgados. No se puede hacer otra ley Cretu [la que intentó legalizar la mansión ahora derribada] para salvar ilegalidades; fue un juez quien dijo que esos suelos urbanizables son ilegales», afirmó el presidente de la organización ecologista.
También lamentó que el Consell no aprobara el nuevo PTI en su primer año de gestión. «El PTI se hubiera podido hacer el primer año y ahora todas las nuevas Normas Subsidiarias habrían tenido que cumplir unas condiciones diferentes».
«Sólo se persiguen minucias»
Neus Prats dijo que con el intento de legalizar construcciones fuera de ordenación «se está legislando a favor de los grandes infractores y de presuntos delitos urbanísticos que se han cometido en Ibiza. Sólo se persiguen minucias», afirmó.
Prats recordó que el actual equipo de gobierno «prometió que se terminarían las leyes a medida y vemos que nada de esto se hace realidad». «Se ha de exigir a las administraciones públicas que adopten medidas concretas y urgentes y dejar de hacer decretos para proteger a los infractores y a la corrupción», añadió.
* Diario de Ibiza - 4.04.10
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
Anticorrupción denuncia sobrecostes del 23% en obras de Castilla y León
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ELPAÍS* : Las obras de la variante de Olleros de Alba (León) que el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago (PP), adjudicó a la empresa Teconsa, implicada en el caso Gürtel, tuvieron un sobrecoste del 23%. Por si fuera poco, se ejecutaron con más de un año de retraso y nadie protestó.
El presupuesto 2,8 millones se disparó a 3,5 millones a costa de las arcas de esa comunidad, gobernada por el PP. Así se desprende de un informe enviado por la Fiscalía Anticorrupción al Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama que afecta al ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, aforado por ser senador. La policía sospecha que Bárcenas y Fernández Santiago pudieron percibir parte de las comisiones que supuestamente abonó Teconsa al cabecilla de la red, Francisco Correa, por interceder en la adjudicación.
La comisión de Correa por su gestión habría sido del 3% del importe total, unos 96.000 euros. El informe deja entrever que el concurso pudo estar amañado a favor de Teconsa y destaca que la mayor parte de los requisitos del concurso eran subjetivos.
Además, a última hora se añadieron otros nuevos que ignoraban todas las empresas participantes... excepto Teconsa. Sólo tres pasaron a la final y, según el informe pericial, las otras reunían más méritos que Teconsa.
Los conceptos argumentados para ampliar la obra y su coste no se sostenían; además, había empresas que por mucho menos de dinero estaban dispuestas a asumir las modificaciones que a la postre llevó a cabo Teconsa. Esa firma, con la que Correa mantenía inmejorables relaciones, es la misma que, sin experiencia previa, fue encargada del sonido durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica, Canal 9, dirigida por Pedro García -amigo del jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez-, le adjudicó esas labores a la empresa por seis millones de euros, de los que la mitad fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a firmas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero proporcionado por la televisión valenciana.
* ELPAIS.com - 6.04.10
Foto: Olleros (León) - mispueblos.es
Barcelona: ¿Una diagonal a ninguna parte?
ALBERT RECIO* : I. Una diagonal es la recta que en un polígono une dos vértices no contiguos. La forma más corta para transitar entre ellos. En mi ciudad, la Avenida Diagonal es la vía más directa que une el vértice Noreste de la ciudad (junto al mar) con el Sudoeste (tocando a la cordillera de Collserola). Fue también, antes de la invasión masiva del automóvil, el paseo favorito de la burguesía en su tramo central (Passeig de Gràcia-Plaza Francesc Macià). Hoy asistimos a un proyecto de reforma que trataba de ser novedoso en lo urbanístico y en lo político y que, si no media un giro imprevisible, puede acabar convirtiéndose en un fiasco sin paliativos para sus promotores (el Gobierno municipal de Barcelona: coalición de PSC e Iniciativa Verds-EUiA, más las entidades y grupos sociales que le dieron apoyo).
Por su dimensión social y política se trataría de un fracaso que puede trascender los límites de la ciudad, pues está en juego nada más y nada menos que el proyecto de un modelo de movilidad más sostenible y el primer intento de consulta democrática en una gran ciudad española. Por ello resulta relevante analizar el proceso, dónde ha embarrancado, qué consecuencias se pueden extraer, qué cosas aún se pueden hacer.
II. Cualquiera que conozca Barcelona entiende fácilmente el papel que juega la Diagonal, en teoría una de las principales vías de conexión de la ciudad sobre todo tras el proceso de apertura de su tramo septentrional al calor de la transformación del Poble Nou. Es especialmente una gran artería de tráfico con una circulación diaria de 74.000 vehículos y de 650.000 personas transportadas en bus, pero donde los usuarios del saben que el viaje por la Diagonal es un auténtico martirio, con continuas paradas y arrancadas, con un ritmo lento que contrasta con la rapidez de otras formas de transporte público como el metro o el tranvía que circula por la Diagonal (pero sin unir sus extremos): una línea, el Trambesós, que transcurre por el tramo Norte de la Avenida (hasta Badalona) y desde Francesc Macià hacia el Sur hasta alcanzar diversas localidades del Baix Llobregat, con un tramo central que sólo cubre el lento e incómodo bus. Sólo por esto la Diagonal merecería ser reformada, y de hecho desde que se inauguraron las nuevas líneas de tranvía se generó una intensa demanda social en este sentido (con otras razones que avalarían esta reforma como el enorme deterioro urbanístico que padece toda la parte central).
Pero sobre todo, colocar el tranvía y reformar la arteria exigía replantear toda la movilidad de la ciudad, potenciando el transporte público y reduciendo el uso del coche. De hecho el mayor colapso de esta Avenida no está producido tanto por el tráfico que entra y sale de la ciudad (que utiliza preferentemente las Rondas o la Gran Vía) como por el cruce de la Diagonal con la trama del Eixample y, especialmente, las vías que unen los barrios altos con el centro de la ciudad. La reforma de la Diagonal era por tanto una enorme posibilidad para reordenar una parte importante del sistema de movilidad local, avanzar en la promoción del transporte colectivo sobre el privado y cambiar los hábitos de la población. De hecho este era el parecer de los técnicos que impulsaron el proyecto y la demanda social de un variopinto grupo de entidades que llevan años clamando por un modelo más sostenible y menos contaminante de movilidad.
III. A este objetivo de tipo urbanístico-ambiental se sumó una propuesta de índole político-institucional: la de utilizar la reforma como pretexto para llevar a cabo una nueva experiencia de participación política. Hace años que la participación ha pasado a formar parte del discurso de las autoridades barcelonesas, siempre preocupadas por obtener un elevado grado de complicidad social con sus proyectos e interesadas en presentarse como paladines de la modernidad en cuestiones de este tipo. Alguien convenció al alcalde de que ésta era una oportunidad para mostrar la profundidad de su proyecto participativo. La consulta se presentaba tanto como una forma de escuchar a la ciudadanía, como una demostración de la capacidad de innovación social (experimento de voto electrónico, voto a los mayores de 16 años...). Para reforzar este aspecto todo el proceso se dotó de un ambicioso plan participativo con comisiones, debates, actos informativos, etc., que debían culminar en la presentación de los proyectos que iban a ser objeto de la consulta. Un cúmulo de buenas intenciones que, sin embargo, pueden conducir a un resultado desalentador. Quizás el primer paso se dio cuando el Ayuntamiento, siempre temeroso del poder del “partido del coche” eludió plantear la consulta como un debate sobre el modelo de movilidad y trató de reducirla a una votación entre dos diseños urbanísticos presentados por el propio municipio. Con ello debilitó el valor político de la consulta y generó la primera vía de agua, no cerrada, en su propuesta: la oposición pudo argumentar que no tenía mucho sentido realizar una consulta tan costosa para simplemente votar entre dos propuestas que, dado que iban a ser presentadas por el propio Ayuntamiento, poco iban a diferir entre sí. Por ahí consiguieron colar, como veremos, una propuesta envenenada que puede dar al traste con todo el proyecto
IV. Si hay un lobby bien organizado en la ciudad es el de automóvil. Su núcleo central se encuentra en el RACC (Reial Automóbil Club de Catalunya), una organización mixta empresa-institución que provee de servicios a los automovilistas (seguros, red de asistencia, agencia de viajes, etc.) y con un alto predicamento social. Como institución reconocida forma parte del núcleo duro de la autollamada “sociedad civil barcelonesa”: una asociación informal de entidades del que participan los principales clubes deportivos, los centros culturales burgueses y las organizaciones empresariales de la ciudad. Su Fundación se dedica a elaborar todo tipo de informes referentes a la movilidad. Tiene buenas conexiones con el poder político y, especialmente, con los medios de comunicación.
Como es de esperar, el RACC se caracteriza por presentar oposición a cualquier política que altere el predominio del vehículo privado en la ciudad. Hace años consiguió hundir el proyecto de un “Día sin coches” y en los dos últimos años ha sido especialmente beligerante con las medidas de control de la velocidad impuestas por la Generalitat que se han mostrado eficaces para combatir la contaminación y los accidentes, dos de las grandes plagas que genera el coche. Ahora han vuelto a la carga organizando una buena campaña de comunicación iniciada con un debate público y en la que han tomado posición las “figuras” del urbanismo local para desprestigiar el proyecto de reforma, sembrar dudas sobre su eficacia (sobre todo informando a los barrios próximos a la Avenida que ellos van a cargar con el tráfico que se desvíe de la Diagonal) y utilizando a la oposición municipal, especialmente ERC y CiU, como ariete en los debates públicos.
Ya han conseguido lo que estimo una victoria estratégica. En la próxima consulta la ciudadanía deberá elegir entre tres opciones, dos (A y B) recogen las propuestas de reforma que incluyen el tranvía (difieren en que una opta por la solución de amplias aceras laterales y la otra por un bulevar central) y una tercera (C) considera “cualquier otro proyecto”, pensando en el voto de todos aquellos que no quieren reforma alguna o que prefieren que el automóvil privado siga campando a sus anchas. Poco hay que saber de matemáticas electorales para prever que, a menos que el voto reformista se concentre en una sola de las propuestas, la C va a salir ganadora. Esto de hecho ya se ha visto en las primeras encuestas realizadas por algún diario local donde el voto pro tranvía se divide entre A y B y la tercera opción resulta por ello la más votada. Para empeorar aún la situación ya se ha anunciado que el voto es sólo consultivo, que aún en caso de ganar A o B el proyecto no se iniciaría hasta el 2015 y, al haber una amenaza nada desdeñable de que CiU gane las próximas elecciones municipales, puede que toda la consulta quede en agua de borrajas, en gasto superfluo. El mejor panorama para alcanzar una baja cota de participación y que sean los grupos más obsesionados con la defensa radical del coche los que se lleven el gato al agua.
V. Buena parte del peligro de fiasco se explica por el enorme poder que ejerce en la ciudad el “partido del coche”, un verdadero ejemplo de hegemonía cultural sustentada en organización y cobertura mediática (lógica, dada la importancia que la publicidad del automóvil tiene para las empresas del sector). Pero también en la torpeza y confusión con la que el Ayuntamiento, especialmente el Partit dels Socialistes, ha planteado toda la cuestión. Una torpeza que no sólo es el resultado de una impericia política sino de la influencia del “partido del coche” en sus propias filas (por ejemplo el concejal de Urbanismo, García Bragado, no solo se ha opuesto insistentemente a plantear el debate en términos de modelo de movilidad sino que también ha figurado entre los promotores de un modelo de transporte alternativo al tranvía), lo que sin duda ha paralizado la posibilidad de llevar a cabo una buena campaña comunicativa. Al aceptar que los tres proyectos se planteen al mismo nivel se deja al descubierto una gran parte del pretendido proyecto de innovación política.
Pero no sólo han fallado las elites políticas. Los movimientos sociales han sido muy sagaces a la hora de hacer avanzar sus propuestas. A pesar de que en la ciudad existe una larga trayectoria de cooperación entre entidades que promueven una movilidad sostenible, y que estas entidades han sido capaces de crear una plataforma que ha elaborado un conjunto de propuestas básicas para llevar a buen puerto el proyecto [Una plataforma que incluye a sindicatos (Comisions Obreres), ecologistas (Ecologistes en Acció, Greenpeace), organizaciones vecinales (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), de consumidores (OCUC) y de defensa del transporte alternativo (Associació de Patinadors de Barcelona, Bicicleta Club de Catalunya, Catalunya Camina, Plataforma pel Transport Públic, Prevenció d’Accidents de Tràfic)], donde han fallado ha sido en realizar su propia campaña. Han estado atrapadas en el proceso participativo que ha promovido el Ayuntamiento, ciertamente más abierto y completo que en otras ocasiones, y se han supeditado a sus avatares y sus ritmos. Cierto es que contaban con muchos menos medios que sus oponentes, pero podían haber realizado su propia campaña utilizando la red social que en conjunto representan y haber empezado a lanzar ideas fuerza al debate social (única fórmula para alcanzar cierta audiencia entre la población poco organizada socialmente). Al limitar gran parte de sus esfuerzos al proceso de participación institucionalizado, han perdido un tiempo precioso frente a la intensa campaña del RACC y sus aliados.
A menos de dos meses de la consulta quedan pocas posibilidades de revertir la situación, pero hay que tratar de explotarlas. Éstas pasan a mi entender por realizar una fuerte campaña que ponga en claro que lo que está en juego es el modelo de movilidad, defensora del tranvía como gran proyecto de ciudad (algo que además puede apoyarse en el éxito de los tramos existentes) y posiblemente que tratara de concentrar el voto en una de las dos propuestas. (Como mínimo en dejar claro que si A+ B superan a C, ha ganado la idea central de embridar al coche en beneficio del transporte colectivo). Una campaña que consiga además que sectores alejados de la propia Diagonal entiendan que aquí se juega una batalla crucial para el modelo de ciudad del futuro.
Se ha perdido mucho tiempo. Ha faltado mucha sensibilidad política y los factores de lastre han sido demasiado importantes. Si al final esto no se corrige y la consulta es un fracaso, ésta pesará para el futuro de Barcelona y de otras muchas ciudades a las que se va a exportar el efecto Diagonal para bloquear propuestas de movilidad sostenible. Si algo no lo remedia también la democracia directa quedará tocada. Por ello a los que hemos sido críticos sobre la forma en que se ha llevado el proceso sólo nos queda el dar la cara en defensa de un modelo de movilidad más racional. Aun a sabiendas de que nuestros pretendidos guías han sido tan ineptos que una vez más nos han extraviado.
* Fuente: Mientras tanto electrónico nº 79, abril de 2010.
* Rebelión - mientrastanto.e - 5.04.10
