Un plan urbanístico de L'Hospitalet suprimirá su última zona agrícola

ELPERIÓDICO/Barcelona* : A L'Hospitalet le quedan poco menos de 30 hectáreas de campos de cultivo como último vestigio de un fértil pasado agrícola que entró en declive hace medio siglo. El último reducto rural (la Marina) se ubica en una finca de unas 43 hectáreas, arrinconada entre Bellvitge, la Gran Via y la Ronda Litoral, en la que resisten tres masías: Ca l'Esquerrer, Cal Trabal y Cal Masover Nou.

El espacio está afectado por el proyecto municipal de prolongación de la cobertura de la Gran Via y de reordenación del entorno. El ayuntamiento plantea crear allí el parque de la Marina pero también edificar un hotel, oficinas y una zona industrial. Pero vecinos, ecologistas e incluso el Consell Municipal de la Sostenibilitat se oponen al proyecto. Quieren que se preserve el 100% del suelo agrícola.
El primer esbozo de reordenación urbanística del sector de la Marina --delimitado por la carretera del Mig, la Feixa Llarga y el nudo del Llobregat-- ha caído como un jarro de agua fría a los vecinos, que soñaban con que los actuales cultivos se preservarían e incluso se integrarían en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Los terrenos están actualmente calificados como zona verde metropolitana.

MODIFICAR EL PGM
El proyecto, elaborado por la Agencia de Desarrollo Urbanístico de L'Hospitalet (ADU), requiere una modificación del Plan general Metropolitano (PGM) y ubica en los aledaños de Cal Masover Nou tres edificios destinados a concesionarios de coches y un cuarto con usos por determinar. Además, sitúa una zona industrial en el entorno de Ca l'Esquerrer y una retahíla de nueve torres de oficinas (de 14 plantas de altura) en la fachada de la Feixa Llarga. Para parque se reservan 21 hectáreas.
En cuanto la propuesta se ha hecho llegar al tejido asociativo local se han encendido todas las luces de alarma y ha empezado a fraguarse una sólida oposición ciudadana. El último paso se dará hoy con la constitución de la plataforma por la conservación de la última zona agrícola de L'Hospitalet, a la que ya se han adherido la Asociación de Vecinos de Bellvitge, la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet (FAVLH), la entidad ecologista La Saboga, ERC y EUiA (socio de gobierno del PSC en la alcaldía). Esta última formación no esconde sus "reticencias" a la propuesta.

PRIMER REVÉS
Pero el proyecto se llevó su primer revés en la sesión del Consell Municipal de la Sostenibilitat celebrada hace unos días, que rechazó de plano la propuesta. El organismo solicitó que se paralice su aprobación inicial para que pueda revisarse a fondo (con la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental) y que se abra un proceso participativo. "No se puede perder la oportunidad de preservar la última zona agrícola de la ciudad", explica Ricard Gutiérrez, miembro de la Comissió del Riu Llobregat.
Antoni Nogués, gerente de la ADU, defiende la propuesta municipal porque es la única forma de garantizar la viabilidad del parque de la Marina. "A los terrenos no se les puede dar la protección que requiere una zona agrícola y debe actuarse para que no acaben teniendo otros usos, como el actual aparcamiento de camiones de Ca l'Esquerrer", recalca Nogués. El gerente del ADU insiste en que con esta fórmula se ganará un parque "que será 2,5 veces mayor que el de Les Planes", etiquetado hasta ahora como el más grande de la ciudad.
Fernando Martínez, miembro de la Plataforma por la conservación de la última zona agrícola de L'Hospitalet y de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, recuerda que en la Marina pervive "el 80% de la flora y la fauna de L'Hospitalet", que incluye dos especies de aves amenazadas. "No podemos permitir que no quede ni un palmo de lo que fue L'Hospitalet", advierte Martínez.

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES
El vecino insiste en que la plataforma no se rendirá hasta que se consiga "que todo sea una zona verde con usos agrícolas y que se preserven las masías para usos pedagógicos", y que se vincule con el Llobregat, que discurre a pocos metros. Es decir, lo mismo que se proponía hace una década. La plataforma tiene previsto iniciar pronto movilizaciones.






* El Periódico - XAVIER ADELL - 17.11.2008
Foto: L'Hospitalet (Barcelona), plan urbanístico - elperiodico.com

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El juez certifica que el puerto vigués de A Guía carece de licencia

ELPAÍS* : El puerto deportivo de A Lagoa, en A Guía (Vigo), también carece de licencia de actividad. La marina del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencia de obras y entre órdenes de derribo.

El Ayuntamiento de Vigo desestimó en mayo de 2006, con el puerto ya construido y en funcionamiento, los permisos de actividad que solicitaban los promotores del proyecto. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad acaba de refrendar la denegación de la licencia.

La asociación Voces polo Litoral de Teis, donde se encuentra el puerto, ha presentado en el Ayuntamiento de Vigo una copia de la sentencia y un escrito en el que solicita su ejecución al alcalde, Abel Caballero. Los vecinos reclaman al regidor que "curse las órdenes oportunas e impida ejercer las actividades descritas en el fallo". Éstas son las de servicios de embarcaciones deportivas y de recreo -"puerto deportivo, atraque, fondeo y estacionamiento de embarcaciones"- y de "invernaje y guardería" de los yates.

La sentencia del juzgado vigués desmonta los argumentos de la promotora del puerto contra la denegación de licencia. Según el juez, el proyecto no se puede beneficiar de la condición de interés general del que goza el puerto de Vigo, ya que su carácter es "lúdico y recreativo". Por lo tanto, está "sometido a la obtención de licencia urbanística municipal". También rechaza la sentencia, por "absoluta falta de fundamento", la supuesta carencia de motivación de la resolución impugnada.

La denegación de licencia de actividad se basó en un informe jurídico que concluye que el puerto se construyó sin licencia de obras, y que éstas "no pueden ser legalizadas" al no existir un planeamiento específico en la zona. "La falta de autorización de la actividad principal impide la autorización de la actividad complementaria", añade el informe, refrendado por el juez.

Pese a las reiteradas sentencias que declaran la ilegalidad del puerto, de 355 plazas, y el uso irregular que sus responsables realizan de un cortafuegos municipal, el puerto mantiene la actividad y el tráfico pesado sigue circulando por el mismo paso. Es la única alternativa a la angosta calle que da acceso a las instalaciones, demasiado estrecha para los camiones de gran tonelaje que utilizan las instalaciones portuarias. El pasado abril, Caballero anunció que cortaba el camino. Siete meses después, el tráfico portuario sigue transitando por el cortafuegos.

El Ministerio de Medio Ambiente, mientras, permanece a la espera de que el ayuntamiento le transfiera ese camino para poder ejecutar el paseo marítimo de A Guía, para el que año tras año consigna una partida presupuestaria de tres millones de euros que no ejecuta.

El conflicto del puerto de A Lagoa surge con la autorización por la Autoridad Portuaria de Vigo, en 1999, del pliego de condiciones para una dársena deportiva en la zona. Desde un primer momento, el Ayuntamiento se opuso a ese proyecto, entre otras razones por la ausencia de los accesos necesarios. Pero durante el mandato del PP en el Ayuntamiento de Vigo, el proyecto de Fernández de Sousa utilizó el cortafuegos municipal para ejecutar las obras.

La ilegalidad del uso que Astilleros y Construcciones A Lagoa hace del cortafuegos está avalada por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), que a principios de año respaldó un acuerdo plenario de enero de 2005 que instaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por ese camino. Aunque aquel acuerdo sólo se hizo efectivo durante unas pocas semanas, los promotores del puerto lo recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y después ante el TSXG. No es la única sentencia contra la marina de Fernández de Sousa sin ejecutar. Dos grandes naves levantadas en las instalaciones portuarias cuentan con fallos judiciales que avalan su demolición.






* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/11/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es

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Castelló: El ayuntamiento privatiza los servicios de planeamiento urbanístico

LEVANTE* : El equipo de Gobierno de Castelló sigue con su proceso de privatización de servicios públicos. Fuentes municipales informaron ayer en un comunicado que el ayuntamiento, del Partido Popular, ha externalizado los servicios de planeamientos urbanísticos.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, afirmó en la nota que con esta medida se pretende "dar una mayor agilidad y rapidez a la realización de proyectos en beneficio de toda la ciudadanía y, de esta forma, aminorar las tiempos en pro de las y los castellonenses".
Concretamente, el Ejecutivo local externaliza los trabajos de redacción de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización y gestión urbanística del consistorio.
Así, el objetivo de esta nueva iniciativa municipal, que sale a concurso y que cuenta con un presupuesto de 172.413,79 euros para dos años, es dotar a los servicios urbanísticos de la documentación técnica necesaria para la tramitación formal de expedientes y, de esta manera, "dotar de una mayor celeridad a la gestión municipal", según apuntó Moliner.
Así, el vicealcalde comentó que la privatización de estos servicios permitirá acelerarlos, "lo que beneficiará de forma considerable al ciudadano".
Además, Moliner recordó que, "con el fin de acelerar estos trámites en beneficio de los ciudadanos, el consistorio ya ha adjudicado, en este sentido, los proyectos de estudio de impacto ambiental, el de estudio de paisaje, el de integración paisajística de la ciudad, el de riesgos ambientales y la redacción de proyectos paisajísticos o de jardinería".
Los planes urbanísticos auspiciados por el ayuntamiento van con un importante retraso. Por ejemplo, las obras del Plan Especial de la Marjaleria aún no se han iniciado pese a estar aprobado desde hace dos años. El ayuntamiento contempla partidas presupuestarias desde hace dos años sin que al final llegue a ejecutarlas. En este caso ya encomendó además a una firma privada la realización de unos estudios previos. Ahora de parte de la planificación urbanística que le correspondía hasta ahora a firmas privadas.





* Levante-EMV - 17.11.2008
Foto: Castellón, vista - google.es

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No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje

ELPAÍS/Reportaje* : Jueces, fiscales y empresarios ya son conscientes de que la construcción descontrolada matará la gallina de los huevos de oro. ¿Quiere usted descubrir por sí mismo el sentido de la expresión "impacto visual"? Véngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata, colóquese de espaldas al mar y recibirá la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros cúbicos de hormigón que ha tomado posesión de las entrañas mismas de la montaña.

Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es solución, porque le resultará imposible sustraerse a la abrumadora presión del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.

El engendro habría pasado más desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urbanísticos que pueblan el litoral español, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones públicas que hicieron posible su construcción.

A estas alturas, buen número de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusión de que sólo la demolición de las obras ilegales pondrá coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural público. "La demolición de la obra contraria al ordenamiento jurídico no debe ser la excepción, sino la regla", subraya la Audiencia de Cádiz en sintonía con otros tribunales y fiscalías. "Lo que está en juego es la propia vigencia del orden jurídico y, en definitiva, la restauración del orden legal (...) De lo contrario, habría que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendiciéndose absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de Córdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Porque el juego en estas últimas décadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer oídos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. "En la mayoría de los supuestos de delito urbanístico, el autor continúa construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no será derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscalía.

La situación ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria turística han manifestado su inquietud por la pérdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, año tras año, regresan horrorizados de sus visitas al litoral español.

España ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupción política a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urbanísticos perpetrados a lo largo de las últimas décadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fenómeno, el de la corrupción municipal, y de una industria, la de la especulación inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y autonómicas y de los partidos que las dirigen. Todavía hoy, los fiscales siguen quejándose amargamente del silencio y de la escasa colaboración que les prestan las autoridades en la mayoría de las comunidades autónomas.

En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administración autonómica presentó durante el pasado ejercicio una única denuncia por este delito, según la Fiscalía de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscalía, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en "maniobras normativas" dirigidas a "desproteger parte de su espacio natural". ¿No es inquietante para la salud democrática de un país que los políticos procesados por corrupción obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo público de sus dirigentes? ¿Cabe luego extrañarse del escaso reproche social a los munícipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del beneplácito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideración, en suma, de que la corrupción está firmemente enraizada en los partidos?

"El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en última instancia, por una oligarquía económico-política. Y la política se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupción más descarnada". Quien se expresa así no es un radical alternativo del movimiento antiglobalización, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), catedrático emérito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.

"La justicia llega muy tarde, cuando los daños causados al paisaje son irreversibles y están asentadas las urbanizaciones ilegales", admite Antonio Morales, fiscal jefe de Málaga. "Tenemos un sistema de garantías procesales que permite recurrir sistemáticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolición del inmueble ilegal resulta una decisión comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe". El fiscal malagueño reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: "Una cosa es que haya políticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el interés general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales".

Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse aún más. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturación. "El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivarán en cuanto la situación lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aquí hay mucho en juego", comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

A pesar de este panorama sombrío, la creación de las fiscalías de Medio Ambiente y de Anticorrupción y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está acabando con la sensación de impunidad. "El miedo empieza a guardar la viña", apunta el general José Antonio Ramos, máximo responsable del Seprona. A los éxitos de la Fiscalía Anticorrupción, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscalías de Medio Ambiente en los últimos dos años.

Después de la intervención de Greenpeace -en julio del año pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democrático contra las tropelías medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almería constituye una durísima descalificación del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía. Tras escandalizarse por que una construcción a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-Níjar haya podido obtener permisos y ayudas públicas, el magistrado Jesús Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la "abulia" y la "desidia" en la defensa del interés general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, "conocía hace ya 20 años" la prohibición de edificar a menos de cien metros de la zona marítimo-terrestre y que la Junta adoptó una actitud "pasiva y condescendiente con las infracciones". Aún más: el fallo establece que la Junta modificó la planimetría del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque, en "una burda maniobra" para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricación y contra la administración del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que actúe.

Podría pensarse que cualquier responsable político desautorizado de manera tan contundente por la justicia optaría por replantearse su postura, pero no es el caso de Cristóbal Fernández, el alcalde de Carboneras (Almería). "Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andalucía destinado a crear puestos de trabajo". A su juicio, el problema se reduce a una cuestión estética: "Yo no veo ese impacto, a mí el hotel me gusta". El alcalde añade: "Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urbanístico en 20 años y eso que tenemos 17 kilómetros de costa", aunque no niega el desastre. "Nos hemos cargado el país entre todos. Ha sido entre todos, ¿eh?", señala, con ese énfasis especial que ponen los políticos a la hora de lanzarse al "y tú más".

Como se apunta en la memoria de la Fiscalía, la discusión pública sobre la corrupción política está resultando estéril "debido al empleo de las tácticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fructífero y acrecienta el cinismo político de los ciudadanos ante su clase política". Solo que es el erario público quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es pequeña. La tasación del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo último con vistas a una hipotética expropiación, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).

"Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel sería tirar la montaña", asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. "Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversión) y la exención del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de interés general para el desarrollo económico de la zona", indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos serán compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almería, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no respaldará la sentencia del juzgado almeriense.

Si como establece el experto en corrupción Robert Klitgaard, ésta es la resultante de sumar el monopolio de la decisión, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas, nuestro país parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendición de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos años de proceso.

Añade Klitgaard: "Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la corrupción empieza con la mejora de los sistemas". Precisamente, son las peculiaridades del modelo español -y no la mayor o menor predisposición moral de nuestros políticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupción. De acuerdo con los expertos, la configuración del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder económico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.

A su vez, la autonomía municipal ha eliminado en la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos españoles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación, la omisión de un trámite, una modificación mínima en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más por su futuro económico.

"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayoría de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicción de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo", indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de España en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanzó el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposición al proyecto del Algarrobico: "Esto le va a costar a Narbona el sillón".





* ELPAIS.com - JOSÉ LUIS BARBERÍA 16/11/2008
Foto: La justicia determinó la demolición del Algarrobico- FRANCISCO BONILLA, elpais.com

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El urbanismo valenciano, en jaque

LEVANTE* : Nunca un mapa será lo suficientemente exhaustivo ni tampoco una cifra será lo suficientemente exacta para establecer la geografía y la medida de la corrupción. En la Comunitat Valenciana, cada año se abren alrededor de un centenar de diligencias , sólo en la Fiscalía, para investigar a políticos corruptos y empresas fraudulentas.

El recorrido es largo, como la Comunitat Valenciana. Sin pretender abarcar todos los casos abiertos, ofrecemos un ejemplo de los más significativos que jueces y fiscales siguen investigando en los últimos años.
Un buen ejemplo es la Fiscalía de Castelló, que tiene abiertos varios frentes en la provincia por temas urbanísticos, algunos de ellos remitidos ya a los juzgados.
- orpesa
El juzgado ha imputado al alcalde, Rafael Albert, a cinco ediles, a la secretaria y al empresario Jesús Ger por prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación definitiva del PAI de Les Amplaries. La Fiscalía acusa al alcalde, Rafael Albert, y a otros siete concejales de prevaricación urbanística por vender 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà. También ha remitido al juzgado la denuncia de la concejala del PSPV, Rosa Sabater, por la contratación irregular del servicio de prensa.
- moncofa
Se investiga la venta de suelo municipal por debajo del precio de mercado en el PAI Belcaire Sur y el del sector Camí de Cabres, por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio al dar licencia de obras en un PAI anulado por el TSJ.
- AlcalÀ del xivert
La Fiscalía investiga al ayuntamiento por permitir la construcción de un edificio de cuatro alturas en la playa de Alcossebre que no se ajusta a las licencias. También investiga la aprobación del presupuesto de 2008 y la inexistencia de una depuradora de aguas residuales que debe dar servicio a Alcossebre.
- cabanes
La Fiscalía ya ha remitido al juzgado la investigación de presuntos aterramientos y vertidos en el entorno del parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Además, ha abierto diligencias contra el alcalde por conceder licencias en el PAI Torre la Sal y por retirar la gestión del agua potable a la empresa Facsa para concedérsela a Marina D´Or.
- burriana
La Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia contra el concejal Francisco Isach (PP) por perdonar las tasas de la grúa a familiares y amigos.
- almassora
La Fiscalía de Castelló ha remitido al juzgado la primera denuncia contra un particular por construir de forma ilegal en la desembocadura del Millars. El grupo conservacionista Gecen denunció hasta 120 edificaciones.
- nules
Siguen las diligencias contra el presidente de la Diputación de Castelló por fraude fiscal y prevaricación. Además, el fiscal jefe, Javier Carceller, denuncia al anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, al secretario y al ex concejal de Urbanismo por movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal. Y acusa a más de 100 propietarios.
- l´alcora
Unos vecinos denunciaron al alcalde por vender el PAI Santa a un precio muy inferior al valor de mercado.
- sagunt
Denuncia en la Fiscalía contra la anterior alcaldesa, la socialista Gloria Calero, por prevaricación al tramitar la solicitud de la empresa Fertiberia para ampliar sus instalaciones. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado.
- zarra
La Fiscalía investiga la concesión de 87 licencias para casas de aperos, que acabaron convirtiéndose en chalés con piscina construidos en suelo rústico. el alcalde y su hijo fueron detenidos hace dos semanas.
- paiporta
Denuncia en el juzgado contra el ex alcalde socialista Bertomeu Bas por malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. El Ayuntamiento de Paiporta se ha personado.
- pobla de farnals
El ex alcalde José Manuel Peralta llevó a la Fiscalía la auditoría urbanística que inició a los pocos meses de ganar las elecciones municipales tras 20 años de gobierno socialista. No se ha abierto expediente alguno.
- benimodo
El fiscal denunció en el juzgado al alcalde de Benimodo, José Luis Sanchis (PSOE), por un delito contra el patrimonio histórico y la ordenación del territorio por haber autorizado una obra en el centro histórico.
- montserrat
La Fiscalía denunció en el juzgado al ex alcalde de Montserrat, Josep María Mas, por prevaricación en la modificación de un Plan de Reforma Interior (PRI) de una urbanización. También se investiga a la actual alcaldesa, la popular Laura Sanjuán, y el concejal de Urbanismo, Joan García Perales, por un delito contra la ordenación del territorio al permitir construir el colegio provisional Evarist Calatayud en suelo no urbanizable.
- alberic
La Fiscalía denuncia al arquitecto municipal en relación a las obras de rehabilitación del convento capuchino por un delito contra el patrimonio histórico.
- tous
El juzgado investiga si el alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), cometió un delito de prevaricación al denegar al PSOE un local municipal para una asamblea informativa.
- algemesí
La Fiscalía investiga irregularidades en el concurso-oposición para una plaza de intendente principal de la Policía Local.
- ontinyent
La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Ontinyent por el PP, Lina Insa, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por caducar los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en el diseminado.
- benicolet
EL juzgado investiga al ex alcalde del PP y a siete concejales por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación entre 2003 y 2007, al aprobar licencias de obra en contra de los informes técnicos.
- beniatjar
La Fiscalía denunció al ex alcalde José Cortell Cortell (PP) por utilizar información privilegiada para comprar unos terrenos rústicos en los que una promotora pretendía urbanizar.
- dénia
La Fiscalía de Alacant investiga, tras una denuncia del PP, a la ex alcaldesa socialista Paqui Viciano por prevaricación administrativa en la venta por el ayuntamiento de 240 metros cuadrados de un antiguo camino catastral.
- xàbia
El juez investiga al actual alcalde, Eduardo Monfort, del Bloc, y a su antecesor, Juan Moragues, del PP, junto a otros ocho ex ediles, por prevaricación en la concesión de una licencia para ampliar el apartahotel El Rodat..
- benitatxell
La Guardia Civil detuvo en julio al alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, y a su edil, Hannelore Rheindorf, ambos independientes, por pedir 50.000 euros a un vecino para que su terreno siguiera siendo urbanizable en la revisión del PGOU..
- calp
El equipo de gobierno del ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía y a la Sindicatura de Comptes los 14 millones de facturas del gobierno del PP, incluida la documentación del «caso aguas de Calp».
- l´atzúvia
La asociación ecologista Gelibre, Agró y el Bloc de l´Atzúvia denunciaron la proliferación de casas de lujo en suelo no urbanizable. La Guardia Civil detuvo al promotor, Klaus Dieter May, y a su esposa a principios de año por un presunto delito urbanístico. La conselleria alertó de la concesión irregular de licencias por parte del Ayuntamiento de l´Atzúvia.
- san fulgencio
Otro soborno por favores urbanísticos está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, tras la difusión de un vídeo en el que se ofrecía dinero. La alcaldesa y cuatro concejales han sido detenidos y puestos en libertad.
- bigastro
El alcalde socialista, José Joaquín Moya, acaba de dimitir desde la cárcel, donde se encuentra por el famoso «permutazo» de suelo y por varias irregularidades urbanísticas.





* Levante-EMV - 16.11.2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es

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Los cargos públicos y los funcionarios que silencien los delitos urbanísticos serán castigados penalmente

ABC* : La corrupción urbanística tiene un capítulo propio en la reforma del Código Penal. A partir de su aprobación, incurrirán en delito los cargos públicos y los funcionarios que conozcan la comisión de alguna infracción urbanística y no la denuncien. Además, la persecución penal de la realización de obras ilegales se extenderá al momento de la urbanización, y no sólo al de la edificación, que es posterior.

Delito serán también el acoso laboral, tanto en el ámbito privado como entre funcionarios; los daños efectuados en bases de datos o sistemas informáticos, así como el acceso sin autorización a los mismos; la estafa a los inversores falseando balances, actividades o negocios.
La reforma pretende también regular más claramente en qué momento queda interrumpida la prescripción del delito. A partir de ahora, interrumpirá el cómputo del plazo la mera presentación de denuncia o querella, cuando se dirija a una persona determinada (no hay que esperar a la admisión a trámite); la práctica de diligencias orientadas a la detención de una persona concreta; y también cualquier actuación del juez que se considere sustancial para la incriminación de una persona. Además, se ampliará a 10 años el plazo de prescripción de los delitos contra el fisco o la Seguridad Social.
Por primera vez, se regulará la responsabilidad penal de las personas jurídicas (garantizará una mayor eficacia de la lucha contra las mafias internacionales dedicadas a blanquear dinero procedente de la droga o la trata de seres humanos).





* ABC - N. C. - 15.11.2008

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