El juez del 'caso Malaya' destapa un pelotazo en El Puerto del empresario Lores

LAVOZ/Cádiz* : Los negocios inmobiliarios del empresario portuense Manuel Lores vuelven a estar bajo sospecha. El juez que instruye el caso Malaya por corrupción urbanística en Marbella ha elevado a los juzgados de El Puerto de Santa María la documentación sobre una operación de compraventa de terrenos realizada por Lores a la empresa municipal suelo y vivienda de la localidad, Suvipuerto, y de la que obtuvo un importante beneficio tras venderla de inmediato a otra sociedad inmobiliaria.

El juez del caso Malaya ha separado esta operación del resto de actuaciones que se siguen por los casos de corrupción en Marbella.
Manuel Lores, empresario de la construcción y ex presidente del Rácing Portuense,, se encuentra procesado en la tercera fase del caso Malaya y eludió la prisión tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Ahora, serán los tribunales gaditanos los que estudien si hubo o no un delito de prevaricación administrativa en la compra de suelo para la construcción de pisos. Lores compró cinco fincas a la empresa municipal Suvipuerto en la zona conocida como Caja de Aguas, en la avenida de Diputación, por 10.621.654 euros y las vendió el mismo día de su adquisición, 8 de junio de 2007, según el auto del Ministerio Fiscal, a una inmobiliaria por 3,5 millones de euros más.
La construcción de viviendas en el paraje Caja de Aguas, a tiro de piedra del Carrefour de El Puerto, se remonta al 15 de septiembre de 2005 cuando el Ayuntamiento, presidido entronces por el independiente Hernán Díaz, compra a través de Suvipuerto dicho solar a los hermanos Ruiz Herrera por cuatro millones de euros. El Consistorio destinaba esta zona a la promoción de vivienda pública.
Sin embargo, tres meses después, el 19 de diciembre de 2005, el propio Hernán Díaz proponía en un Consejo de Administración de Suvipuerto la venta de esta parcela al empresario Manuel Lores para la promoción tambien viviendas de renta libre. De esta forma, Suvipuerto se encargaría de la urbanización y de la construcción de viviendas protegidas, mientras que Lores haría también VPO y pisos de renta libre. Esta iniciativa quedó sobre la mesa al pedir el resto de grupos políticos un concurso público para su adjudicación.
Dicho y hecho. Hernán Díaz convocó un nuevo Consejo de Administración de Suvipuerto para el 12 de enero de 2006, donde se presentaron cuatro empresas a la oferta. Se trataba de Promociones Lorcrimar, Décima Res SL, Chiclana 2000 y Hogar Sur. El concurso de venta se adjudicó a Promociones Lorcrimar por 8.778.225 euros más IVA, con la abstención de IU. Se trataba de cinco parcelas que suman una superficie de 20.000 m2. Según el Consistorio, Promociones Lorcrimar había persentado «la oferta más solvente» y se vendía a precio de mercado. Lores participaba en este concurso con otras dos empresas: Décima Res y Chiclana 2000.
El contrato establecía la construcción de 275 viviendas, de las que 157 levantaba Lores y el resto Suvipuerto para sortearlas como viviendas protegidas de priomoción pública. Suvipuerto se comprometía ademá a urbanizar la parcela, conocida como el Peri CC-17.
Esta operación creó polémica y fueron los concejales de IU quienes denunciaron el caso por falta de trasparencia. Por su parte, el ex concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, declaró ayer que la operación se hizo por concurso público y «Suvipuerto puso precio de mercado y se actuó con legalidad».
El juez del juzgado de Instrución Número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado abrir una pieza separada y desglosar de la causa de corrupción en Marbella esta actuación e incide, según el auto, en la venta de estos terrenos. Lores cristalizó la compra de los terrenos adjudicados un año después, justo cuando se aprobó la urbanización de Caja de Aguas, y consta en el auto judicial que el mismo día vendió la parcela a una sociedad inmobiliaria por 14.729.000 euros. La ganancia de Lores en un día fue de 3.533.056 euros, lo que supone, según el juez, una minusvaloración en el precio de venta por parte de Suvipuerto de 38,58%.
El juez decano de El Puerto tiene la documentación enviada desde Málaga para su investigación.
Hoy, en este suelo de Caja de Aguas, la empresa a la que vendió Lores la parcela sigue con la construcción de pisos y Suvipuerto ultima la urbanización del entorno.







* La Voz Digital - JAVIER RODRÍGUEZ / HUGO SIMÓN
| CÁDIZ / MÁLAGA - 30.06.09
Foto: Anuncios de Suvipuerto en el paraje Caja de Aguas en la parcela, objeto de la compraventa. / ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es

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Arona: El alcalde, acusado de tráfico de influencias y malversación

LAOPINIÓN/Tenerife* : Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación son los tres delitos imputados hasta ahora al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, en el marco del conocido como Caso Arona, según trascendió ayer al hacerse pública la decisión del juez instructor de ese procedimiento, el aronero y chasnero Nelson Díaz Frías, de levantar el secreto de sumario de esta causa que se empezó a instruir en marzo de 2007...
... a raíz de la documentación que el portavoz del PSC aronero, Francisco García Santamaría, entregó a la Audiencia y que desencadenó que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo interpusiera la querella que derivó en la imputación de los ocho integrantes de la Junta de Gobierno aronera de la etapa 2003-2007 por delitos de prevaricación simple y continuada contra la ordenación del territorio.
Ese levantamiento de secreto también ha permitido confirmar que el que fuera edil de Urbanismo de Arona entre 1999 y 2003, actual consejero insular y edil de la oposición aronera, Félix Sierra Melo (PP), está imputado por presuntos delitos de cohecho, trafico de influencias y prevaricación.
Entre las novedades figura la imputación de nuevos ediles incorporados al gobierno aronero este mandato, entre ellos el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Sosa Carballo, que acumula sobre sí los mismos cargos que el alcalde (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación).
En el bloque de nuevos imputados están también la edil de Servicios Sociales, Clara María Pérez Pérez, acusada de presuntos delitos prevaricación y tráfico de influencias, así como el edil de Personal y Policía Local, Manuel Reverón, y la concejal de Hacienda, María Candelaria Padrón González, quienes han sido imputados por prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar. Además, ha sido imputada por esos mismos delitos Gladys Tacoronte Sánchez, jefa de Alcaldía, mano derecha y cuñada del alcalde.
Asimismo, están imputados varios trabajadores del Ayuntamiento (incluyendo tanto a técnicos como a encargados de concesionarios), técnicos externos, policías locales (incluso mandos) y empresarios. Se baraja también la imputación de personal de banca.
Este procedimiento arrancó poco antes de las elecciones de 2007 con la imputación de los ocho integrantes de la anterior junta de gobierno (CC, PP y CAN) por presuntos delitos de prevaricación. En diciembre de ese año un testigo relató al juez una supuesta trama de cobro de comisiones vinculada a la concesión de licencias urbanísticas, provocando (además de la declaración del secreto de sumario ahora levantado) el encarcelamiento del entonces arquitecto jefe de Urbanismo, Eliseo de la Rosa, del aparejador municipal, Roberto de Luis, del empresario Arsenio Zamora y del arquitecto Zenón Rodríguez (citados para volver a declarar el próximo 6 de julio).
Habrá que esperar a que trascienda el contenido de ese sumario para saber si permanecen imputados los ediles de la anterior junta de gobierno (Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso, Manuel Barrios, José Luis González, Daniel Martín) y para saber la lista completa de imputados hasta ahora en este proceso que deparará novedades a partir de la semana que viene, ya que arranca una ronda de citaciones judiciales que se prolonga hasta septiembre. El alcalde ha sido citado para el día siete, Sierra para el ocho, y los nuevos políticos imputados para los días sucesivos.






* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR | ARONA - 30.06.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com

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España, a la cola de Europa en la lucha contra la corrupción

LEVANTE* : España es uno de los peores países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial (BM) publicado hoy, que evalúa la situación en más de 200 países. La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" muestra que España no sólo no ha mejorado en la última década en los seis parámetros que evalúa el estudio, sino que ha empeorado en apartados como el de la "Efectividad gubernamental", que mide el funcionamiento de la burocracia estatal.

En general, en todas las dimensiones de gobernabilidad, España está por debajo de la media de la OCDE, aunque figura por encima de países como Italia, Grecia y Chipre.

Para Daniel Kaufmann, ex director anticorrupción del BM y coautor del informe junto con el economista del Banco Mundial Aart Kraay, el que un país haya logrado entrar en el club de los ricos de la OCDE "no garantiza que es un modelo de buen gobierno".

"Países como Italia, Grecia, España y EEUU, por nombrar sólo algunos, afrontan desafíos en varias dimensiones de gobernabilidad y no son siempre modelos a seguir como algunos de los países nórdicos o Nueva Zelanda, por ejemplo", dijo a Efe Kaufmann, en la actualidad analista del centro de estudios Brookings Institution.

Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.

A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.

El estudio, en el que participaron decenas de miles de personas de todo el mundo, desde ciudadanos de a pie, hasta expertos del sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes del sector público, incluye seis grandes apartados.

El primero es el de "Voz y responsabilidad", que determina hasta qué punto los ciudadanos de un país son capaces de participar en la selección de sus gobiernos, así como de disfrutar de libertad de expresión, asociación y una prensa libre.

España ha tenido estabilidad en esa categoría durante la última década con un rango percentil de casi el 87 en el 2008, lo que implica que hay 25 países mejores, entre ellos Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y Luxemburgo.

El segundo capítulo, que analiza la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", muestra a España con una puntuación baja debido al problema planteado por ETA.

Uno de los puntos más preocupantes para España es el de la "Efectividad gubernamental", en el que ha habido un deterioro significativo desde 1998, cuando el país estaba entre los 20 mejores del mundo y en línea con la media de la OCDE.

En la actualidad, no se encuentra ni siquiera entre los 40 mejores, con un rango percentil de 80 durante el pasado ejercicio, lo que lo coloca por debajo de países en desarrollo como Chile.

En "Calidad regulatoria", que determina la habilidad de los gobiernos para poner en marcha regulaciones que impulsen el sector privado, España se ha mantenido estable y está entre los 25 mejores países del mundo.

Otra categoría estable es la de la "Aplicación del derecho" que refleja la confianza en el sistema legal y el cumplimiento de las normas establecidas. España es el 30 de la clasificación.

La última categoría, el "Control de la corrupción", determina hasta qué punto el poder público actúa en beneficio del conjunto de la ciudadanía, al luchar contra la corrupción a pequeña y gran escala y contra la "captura" del estado por las elites económicas y los grupos de interés.

España mejoró gradualmente entre 1996 y el 2003, desde un rango percentil de 84 en 1996 a 90,3 en el 2003.

La situación se deterioró en el 2006, con un registro de 83,5 y mejoró ligeramente en el 2008, hasta 85, lo que deja a España prácticamente en el mismo lugar que hace 10 o 12 años, es decir en una buena posición pero no estelar, ya que hay 35 países mejores.







* Levante-EMV - EFE - 29.06.09
Viñeta: El Roto - corrupción (El País)

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Palma: La alcaldesa deberá pagar 1.000 euros al mes de multa si no derriba unas obras ilegales

DIARIODEMALLORCA* : La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, dispone del plazo de dos meses para que dé las instrucciones oportunas a los servicios jurídicos y técnicos municipales para que éstos establezcan una "hoja de ruta" para la ejecución de una orden de demolición de unas obras ilegales que se realizaron hace más de 20 años.

Así lo establece la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en un auto dictado a principios del presente mes de junio, aunque conocido ayer. La resolución judicial establece que, en caso de incumplimiento, la alcaldesa deberá hacer frente con "su patrimonio personal" a multas pecuniarias coercitivas, previa audiencia de la afectada, a razón de 1.000 euros mensuales durante los tres primeros meses, y de 600 euros semanales hasta el total cumplimiento de lo acordado.
La demolición afecta a unas obras de parcelación ilegal iniciadas en 1987 "en el ángulo obtuso" de la calle Tarragona, situada en la barriada de Son Anglada. Si bien inicialmente las obras consistían en la apertura de dos viales, la ejecución de una zanja y la supresión "de unos 15 almendros", ahora, tras más de 20 años, se levantan un total de 14 viviendas, todas ellas ilegales, y que cuentan también con expedientes de infracción urbanística abiertos.
La sentencia que el auto del TSJB obliga a la alcaldesa a ejecutar incluye expresamente "la demolición de las obras realizadas en dichos terrenos de parcelación ilegal", hecho que, en principio, afectaría también a las 14 viviendas. No obstante, desde el Ayuntamiento han solicitado una aclaración de la resolución en este sentido, por cuanto, si bien todas las casas cuentan con expedientes de infracción, ninguno de ellos ha llegado al punto de ordenar el derribo.
El Alto Tribunal es consciente de la "complejidad" de la ejecución de la demolición, aunque insiste en que "es preciso fijar pautas temporales para la completa ejecución de la sentencia dado que el Ayuntamiento ha mostrado hasta la fecha un absoluto abandono del deber de restitución de la legalidad que, por ley, le viene impuesto".
Por ello, "a efectos de ordenar esa compleja ejecución" se concede al Ayuntamiento el plazo de dos meses para que los servicios técnicos y jurídicos establezcan una "hoja de ruta" con las sucesivas etapas por las que la ejecución deba atravesar.
No obstante, la sala considera que la ejecución de la sentencia debe realizarse en el plazo máximo de 24 meses. En diez días Cort deberá identificar ante la Sala a los actuales propietarios de los terrenos afectados con sus correspondientes parcelas. La Sala establece también que el Ayuntamiento debe notificar a los propietarios afectados.
Las obras ilegales fueron denunciadas por la asociación de vecinos de Ses Cases de Son Anglada en 1987. Un informe del celador municipal que data de septiembre de este mismo año constata la ilegalidad de las obras. Con posterioridad, este mismo mes, la gerencia de Urbanismo ordena la paralización y, en junio de 1988, la demolición de las obras.
El alcalde Ramón Aguiló designó en junio de 1989 a la empresa para ejecutar la demolición. En 2001 se dicta un decreto para disponer la ejecución subsidiaria y, desde esta fecha hasta febrero de 2009, el expediente ha estado paralizado durante ocho años.







* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA - 30.06.09
Foto: Las obras ilegales están situadas en la calle Tarragona de Son Anglada Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es

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