ELCORREO/Vitoria* : El viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno Vasco presidido por el ex lehendakari Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se suma a las diez personas imputadas en el caso de corrupción urbanística que investiga un Juzgado de Vitoria. Según han desvelado fuentes jurídicas, éste es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Vitoria, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración ya que se encuentra fuera de España, y no tiene previsto regresar hasta principios de junio. Este juzgado ha decidido hoy levantar el secreto del sumario tras dos meses de investigación.
Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de esta red, Miren Bilbao, además del ex viceconsejero Gurutz Larrañaga.
Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio de 2003, es decir en la última parte de la segunda legislatura de Ibarretxe, y continuó en la Viceconsejería hasta hace un año, cuando fue cesado al llegar los socialistas al Ejecutivo.
También fue concejal del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián entre 1991 y 2003, encargado de Cultura y Promoción Económica.
Otro de los nuevos nombres acusados de pertenecer a esta presunta trama es el ex responsable de la red de parques tecnológicos durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, cuya relación con la trama dedicada presuntamente al cobro de comisiones ilegales podría situarse en delitos cometidos como apoderado en las contrataciones que se hicieron durante el proceso de ampliación del parque tecnológico alavés de Miñano, en el que se han centrado las pesquisas judiciales.
Además está imputada Miren Bilbao Larrauri, empleada de la red de parques tecnológicos vascos que dirigía Julián Sánchez Alegría.
Los tres se suman a las ocho personas, vinculadas al PNV, que fueron arrestadas el pasado 17 de marzo, a raíz de la investigación puesta en marcha por la Fiscalía de Vitoria, entre los que destaca el ex diputado foral de Administración Local y ex vicepresidente segundo de la Caja Vital, Alfredo de Miguel.
Otros dos acusados son el ex director del Parque Tecnológico de Álava y ex asesor del Tribunal Vasco de Cuentas, Alfonso Arriola, y el ex concejal del PNV en Vitoria y ex procurador de las Juntas Generales, Aitor Tellería.
También están imputados la mujer de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao; la esposa de Aitor Tellería, Araceli Bajo; Koldo Otxandiano, ex director gerente del instituto foral de Bienestar Social; su mujer, Iratxe Gaztelu, que fue candidata del PNV al Parlamento en las últimas elecciones autonómicas y el empresario de la construcción Iñaki Etxaburu.
Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado también el número de delitos que se imputan a estas personas, ya que además de los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Las mismas fuentes jurídicas han precisado, no obstante, que los imputados no están acusados de la comisión de todos y cada uno de dichos delitos y que éstos podrían ampliarse tras las diligencias de investigación que se siguen practicando.
Además de la toma de declaración a diez de los once imputados, ya que Gurutz Larrañaga no está en España, han declarado como testigos once personas.
Junto a sus testimonios, la investigación se ha ampliado con el análisis de abundante documentación que el Juzgado ha solicitado y obtenido de diversas instituciones públicas y privadas.
Por parte del Gobierno Vasco se ha recibido documentación del Registro Oficial de Contratistas, los departamentos de Cultura y Hacienda, y de la Oficina de Control Económico del Departamento de Administración Pública.
También las diputaciones de Álava y Vizcaya, el Parque Tecnológico de Álava, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los registros mercantiles y de la propiedad de diversas localidades, así como distintas entidades bancarias, han enviado documentos al juzgado instructor.
El Juez sigue analizando esta documentación, así como las evidencias informáticas obtenidas por parte de peritos expertos en la materia y economistas de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza para elaborar los correspondientes informes periciales.
El ABB del PNV se felicita
El Araba Buru Batzar de EAJ-PNV, a través de su presidente Iñaki Gerenabarrena, ha manifestado hoy su satisfacción por el levantamiento del secreto de sumario del caso que así "permitirá acabar con los juicios paralelos".
El ABB recordó que durante los dos meses en los que han permanecido bajo secreto los datos contenidos en el sumario, el PNV solicitó "de manera reiterada, la salida a la luz de los hechos" que llevaron a la detención de los imputados, el pasado 17 de marzo, y su posterior puesta en libertad sin fianza.
Por último, explicó que el ABB analizará "en profundidad" los datos que pueda recabar para "ofrecer una valoración basada en el conocimiento real y no en la especulación".
* El Correo Digital - 14.05.10
Foto: Vitoria, sede gobierno vasco - euskadi.net
País Vasco: El juez imputa al ex viceconsejero, Gurutz Larrañaga, a Julián Sánchez Alegría y a Miren Bilbao
Mallorca: Las demoliciones eternas
DIARIODEMALLORCA* : La maraña de intereses opuestos formada por posturas vecinales, resoluciones administrativas y sentencias judiciales que ha puesto de manifiesto en las últimas semanas la situación del puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo –sobre el que pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB)– no es una excepción en el escenario urbanístico de la isla, salpicado de episodios de derribos que se eternizan en el tiempo.
Son casos como el de las viviendas de Llucalcari (municipio de Deià), cuyo origen se remonta a principios de la década de los ochenta y que tienen una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados. Su ilegalidad la ratificó el TSJB en 1999 y la selló el Tribunal Supremo en 2006. A día de hoy, el proyecto de derribo se encuentra en la fase de redacción, como explicó ayer el alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP).
Crespí detalló que el coste calculado de la operación, que ha de salir aún a licitación, ascenderá a unos 600.000 euros, que serán sufragados a partes iguales por tres administraciones públicas, Govern, Consell de Mallorca y ayuntamiento de Deià. Precisamente, el elevado coste de este tipo de operaciones de derribo complica su ejecución final, que en ocasiones quedan a expensas de que las instituciones públicas se entiendan entre sí.
En el caso de Porto Cristo, fuentes del sector de la construcción han cifrado en más de un millón de euros el coste que supondría la demolición, una cantidad semejante a lo que costó construir el puente, por lo que se evidencia el perjuicio de estos pleitos para las arcas públicas. El dinero gastado en la infraestructura –un vial de 7,5 metros de altura y 11 de ancho inaugurado en el año 2004– es uno de los argumentos que emplean vecinos de Porto Cristo para oponerse al derribo, a diferencia de los residentes afectados por la construcción, que respaldan la medida. El problema de la financiación afectaría también, en el caso de que finalmente se llegue a materializar el derribo, a uno de los ejemplos paradigmáticos del desarrollismo mallorquín, la urbanización inacabada de Torre Marina de ses Covetes, con 68 viviendas, en el municipio de Campos.
A falta de una sentencia definitiva –la última palabra está en manos del Tribunal Supremo, que tiene pendiente pronunciarse acerca de dos recursos–, el Consell de Mallorca ya ha redactado el proyecto de derribo, pero, como reconocieron en su día desde la institución insular, una de las claves a resolver reside en el alto presupuesto económico que requeriría. Estas operaciones no sólo conllevan la eliminación física de los inmuebles, sino también la reconstrucción del paisaje a su estado original, lo que encarece el coste.
En el litoral campaner, el esqueleto de cemento de ses Covetes se yergue todavía a pocos metros de la costa, pese a ser un litigio que data de mediados de la década de los noventa. En este tiempo, ha dado lugar a una quincena de resoluciones judiciales, demostrando que las demoliciones quedan atascadas frecuentemente entre los pasillos de la administración de justicia. De hecho, en el episodio del puente elevado de Porto Cristo, puede ser que no se haya dicho la última palabra. La sala de lo Contencioso–Administrativo de Balears del TSJB confirmó que el Ayuntamiento debía encargarse de la demolición "completa" de la infraestructura. Sin embargo, el Consistorio se plantea presentar en los próximos meses un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que, tal vez, el recorrido del litigio se alargue aún más.
El TSJB insta al alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), a que, antes del uno de octubre de este año, acredite el inicio de las obras de demolición. En caso contrario, el alcalde se puede exponer a una situación como la que han vivido otros responsables municipales de la isla. Como el de Santa Margalida, Martí Àngel Torres (PP), y el de Deià, Jaume Crespí. A este último, el TSJB le impuso una multa de 600 euros mensuales por no haber dado cumplimiento a la sentencia. Crespí pagó la sanción durante tres meses y ahora espera que le devuelvan lo pagado, porque argumenta que ha quedado acreditado que ha tenido diligencia en acatar la resolución judicial.
* Diario de Mallorca - 14.05.10
Foto: diariodemallorca.es
Ribas de Sil: Un monasterio abandonado
LAVOZ/Ourense* : A finales de los años ochenta del pasado siglo comenzó su restauración, que fue pionera en su procedimiento. Unos años antes, en 1982, se inició la declaración del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil como monumento histórico-artístico, aunque hubo que esperar al año 2007 para que la Xunta iniciase la incoación del expediente para declararlo bien de interés cultural (BIC). A pesar de conseguir tres años después este reconocimiento, esta joya monástica situada en el cañón del Sil es presa del abandono.
La señalización que indica al visitante que ha llegado al monumento está emborronada. El acceso en rampa es peligroso para el público. Al llegar al claustro, una pintada en negro, con una fecha y los nombres «Gema Nico», mancha la piedra. Los paneles interpretativos del claustro tampoco están enteros, pues a uno le falta la lámina en color que daba datos sobre tan singular edificio y en su lugar se leía, hasta que lo denunció La Voz, «espírito da natureza» , escrito con bolígrafo o rotulador. Esta pequeña limpieza la hizo el alcalde.
En las pasarelas que permiten ver el claustro hay goteras, y en el suelo de las estancias inferiores, rastros de hogueras. Las maderas de las pasarelas tienen nombres de personas grabados con objetos punzantes. Varios cristales están dañados. En dos habitáculos de la planta baja quedan restos de pintura mural que se están estropeando, pues se han caído trozos de policromía y de cal. La puerta de acceso al campanario está forzada y rota, por lo que ascender por la escalera de madera puede resultar un peligro.
En la iglesia, hay tejas en mal estado y la vegetación crece en los huecos de campanas. De estos instrumentos hubo uno y fue robado. En su día fueron robadas laudas sepulcrales. Y no hace muchos meses, a este nuevo BIC le tuvieron que levantar de nuevo un muro que sostiene el terreno sobre el que se levanta en medio de una impresionante ladera.
El alcalde de Parada de Sil, Francisco Magide, quiere intervenir para atender el monumento y protegerlo del gamberrismo, pero el BIC tiene dueños. El Obispado de Ourense conserva la iglesia, cuyas puertas fueron forzadas varias veces. Y el claustro es de al menos cinco propietarios privados. Santa Cristina recibe al año unas 25.000 visitas. Magide lo dice claro: «Eu xa non podo facer máis. Temos un proxecto de mellora do entorno, queremos poñer unha persoa para limpeza e atender aos visitantes cobrando un euro a cambio dun folleto e ter audioguías». Nada se puede hacer mientras no cedan al Concello el monumento.
La profesora Yolanda Barriocanal, de la Universidade de Vigo, acercó al público la mejor guía sobre Santa Cristina. El pasado año, el joven investigador Víctor Rodríguez presentó un trabajo que permite conocer la vida del cenobio porque transcribió del latín los 129 documentos que se conservan de los años 876 al 1515. Son las luces y las sombras de un monumento que no puede seguir así.
* La Voz de Galicia - 12.03.10
Foto: El abandono al que se ve sometido el monumento provoca que la puerta de acceso al campanario esté reventada y destrozada, permitiendo el acceso a un lugar de riesgo por la altura que tiene - lavozdegalicia.es
Barcelona: La opción C de la Diagonal gana peso en centros de votación de toda la ciudad
ELPERIÓDICO* : La opción «ninguna» (ni bulevar ni rambla) se consolida como la gran favorita de los electores en la tercera jornada de votación para la reforma de la avenida Diagonal. La muestra realizada por EL PERIÓDICO ayer con otros 100 participantes otorgó 82 votos a la opción de no reformar la Diagonal (la llamada C), 14 a los defensores de la opción A (bulevar) y solo 4 para quienes reinvindican la opción B (rambla). En total, y tras tres días de recuento, ya son 228 los votos en contra del cambio, frente a 52 defensores del bulevar y 20 de la rambla.
La mayoría de quienes rechazaron la reforma de la Diagonal ayer siguen repitiendo las mismas tesis de los dos primeros días de votación: se trata de una inversión injustificada en tiempos de crisis y un dispendio de recursos necesarios para otros asuntos sociales. Otra parte de los consultados también considera que la reforma, tal como ha sido propuesta, ocasionará un gran caos viario en el resto de la ciudad y que el Eixample no podrá absorber la gran cantidad de coches que dejarán de circular por la avenida.
Ayer, tras el impacto de las medidas de ajuste anunciadas por el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, gran parte de los consultados destacaron que la reforma contradice las medidas de austeridad que comenzará a exigir el gobierno español a las administraciones autonómicas y locales. «Con la que está cayendo, el propio ayuntamiento debería ser más sensato y retirar su propuesta», comentó un votante ayer en la biblioteca Jaume Fuster de Gràcia.
Los centros de votación volvieron a mostrar una asistencia muy desigual durante la tercera jornada, afectada por algunas horas de llovizna. Mientras los puntos más céntricos como el cruce entre la Diagonal y el paseo de Gràcia y el de Portal de l’Àngel y la plaza de Catalunya tenían colas, otros como el Espai de Joves de Fontana, el Espai GG de la Esquerra del Eixample o la biblioteca de la calle de Sant Pere més Baix no tenían electores.
INSISTENCIA / Los centros de votación a pie de calle volvieron a desplegar sus recursos para que los informadores convencieran a la gente para votar. Los informadores, muy jóvenes y algunos de ellos sobre patines, no suelen dejan escapar a los transeúntes que pasan frente de los centros. «¿Ya ha votado?». «Acérquese para que decida el futuro de la Diagonal», eran las consignas. La mayoría de los abordados argumentaban que no estaban empadronados o que ya habían votado y muy pocos accedían a las peticiones de los informadores.
Los votantes también se quejaron de la ausencia explícita de una opción C, que ha sido presentada como «ninguna de las anteriores». La mayoría cree que el ayuntamiento volverá a insistir con la idea de reformar la Diagonal pese a un previsible resultado desfavorable. Aunque la opción C no figure de forma explícita, la mayoría de los informadores aclaran que existe una tercera opción.
Los contrarios a la reforma también continúan cargando contra la idea de extender el tranvía a la parte central del vial y la mayoría se inclina hacia una opción de transporte público más masivo y eficiente como el metro o Rodalies.
VOTANTES INFORMADOS / Los electores presenciales suelen estar bien informados sobre las propuestas del ayuntamiento e incluso de los problemas que arrastra el tramo central de la avenida. Aunque otros también confunden conceptos en el momento de la votación. «Elegí la opción C porque me han dicho que incluye un túnel para el metro. Por arriba no deben hacer nada, tienen que dejarla como está. Y por debajo que pongan transporte público», explicó un votante en la biblioteca de la calle de Sant Pere.
La muestra de EL PERIÓDICO refleja los resultados de las votaciones a pie de urna, pero no contempla el proceso por internet.
* El Periódico - 13.05.10
Las irregularidades en el proceso encrespan la consulta de la Diagonal
La consulta sobre la transformación de la avenida Diagonal lleva camino de convertirse, si no lo es ya, en un sainete. La acumulación de fallos (técnicos y políticos), de irregularidades (supuestas y ciertas) junto con el papelón que protagonizó el alcalde Jordi Hereu tras su presuntamente frustrado intento de voto y su posterior presunta mentira (o no) dieron al tercer día de consulta un tinte trágico-cómico que, cuando se asiente, puede derivar, como vaticinó el líder municipal de Esquerra, Jordi Portabella, «en una crisis política».
Jordi Hereu podría dar un máster de cómo complicarse la vida a partir de una tontería. Acudió el lunes a votar, en el estreno de la consulta, y se topó con un fallo técnico. En lugar de parchear la situación con humor, y tras una breve conversación con un informático, –charla desvelada ayer por La Vanguardia–, Hereu se avino a decir que sí había votado cuando, a tenor de lo que se ve en las imágenes, no fue así.
La tesis de que Hereu había votado la suscribieron, aparte de él mismo, el cuarto teniente de alcalde, Ramon García Bragado y la gerente de Sistemas del ayuntamiento, Pilar Conesa. Ayer mismo, a primera hora, García Bragado se ratificó en lo dicho. Hereu, a mediodía, fue matizando su versión hasta reconocer que tuvo que votar por la tarde, aunque negó haber mentido puesto que él salió del punto de voto «convencido de que había votado».
La reacción de la oposición fue virulenta. Portabella atribuyo el incidente al mismo «déficit democrático» que lleva a convertir la consulta en una «mera operación de imagen». Xavier Trias, de CiU, exigió a Hereu que pida disculpas.
La polémica estrella de los últimos días, la persistente ocultación de la opción C, perdió enteros ayer en la bolsa de irregularidades denunciadas por la oposición. En ella entró la existencia, según CiU, de puntos de voto no oficiales, con el mismo aspecto que los 108 con denominación de origen. De momento, siempre según los nacionalistas, han aparecido dos: en las sedes de los sindicatos CCOO y UGT que, precisamente el martes, habían promovido y firmado un manifiesto de apoyo a las tesis municipales.
VÍA INTERNET / Estos puntos no permiten el voto directo sino a través de internet. La gracia, afirman los convergentes, es que quien va a votar (y por extensión los que no lo hacen) quedan retratados.
A todo esto, el líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Diaz se topó, a media mañana cuando acudió a votar a la Taxonera, con la desagradable sorpresa de que alguien había ya ejercido ese derecho en su nombre. Precisamente, el nivel de seguridad de la consulta, en especial en lo que hace referencia a la usurpación de identidad, ha sido uno de los temas recurrentes en la polémica sobre la seguridad en el proceso de voto del referendo.
Según fuentes del PP, el autor o autores de la fechoría pertenecen a un diario digital de orientación nacionalista (este diario no pudo ayer consultar dicha web) que habrían obtenido el NIF, por internet, de algún escrito oficial del ayuntamiento. Con esto y con la fecha de nacimiento de Fernández Diaz les habría bastado para descargarse la clave de presunta seguridad que se pide en el voto por internet.
El edil popular, tras revocar el voto usurpador y depositar el suyo (por la opción C, para más señas) presentó una denuncia por los delitos de usurpación de personalidad, falsedad de documento público y relevación de secreto, y permitirá trazar el rastro del teléfono móvil que dio cobertura a la emisión del voto. Los servicios jurídicos del ayuntamiento prevén presentar otra denuncia esta tarde por suplantación, falsificación documental y protección de datos personales.
Y entre el sinfín de denuncias e insinuaciones, Jordi Portabella halló un hueco, justo antes de vaticinar la crisis que viene, para dejar más que claro por que opción se decantaba. No lo dijo, pero se le entendió a la perfección, entre otras cosas porque se esforzó para que así fuera. Destacó el republicano que hay varios apoyos a la opción C. Está, por ejemplo, el que con él pide la transformación de la Diagonal –Esquerra lo incluyó en su programa electoral del 2003– y que optará por una mezcla de algunos elementos de la opción A con las de la B. Un mixto de bulevar y rambla, en definitiva. Esta C se diferenciaría, según el republicano de la C plebiscitaria que plantean tanto CiU como el PP.
SUBE LA PARTICIPACIÓN / En lo que hace referencia a la participación, la del martes, quizá porque fue una jornada de 24 horas, frente a las 14 del lunes, fue un 50% superior, más de 37.000 votos frente a los 25.00 del primer día. El total se eleva a 62.938 votantes, el 4,45% del censo. De seguir en la media, la consulta alcanzaría un 13,35% de participación, es decir, 188.814 electores.
* El Periódico - 13.05.10
Foto: El concurrido punto de votación habilitado junto al Portal de l’Àngel, ayer.- DANNY CAMINAL, elperiodico.com
Valencia: Cercle Obert cree que es la "hora de rectificar" el "atentado" del Ayuntamiento en los Jardines de Monforte
20MINUTOS* : Cercle Obert de Benicalap considera que es la "hora de rectificar" el "atentado" que el Ayuntamiento de Valencia ha cometido "de forma deliberada" en los Jardines de Monforte, tras la decisión del juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por las "presuntas irregularidades" en la construcción de un aparcamiento junto a este monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Así lo explicó a Europa Press el portavoz de Cercle Obert de Benicalap, Antonio Marín, quien valoró la resolución del tribunal y la imputación del edil de Urbanismo, ya que el equipo municipal acometió obras en el aparcamiento sin antes haber elaborado y aprobado el Plan Especial de Protección.
En este sentido, recordó que la Fiscalía denunció a Jorge Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio a causa de la intervención prevista por parte del equipo municipal de gobierno que, durante el primer trimestre del año, que prevé derribar el muro de Monforte y emprender obras en el interior del jardín.
El portavoz de Cercle Obert consideró que si las autoridades municipales "fueran realmente inteligentes" se darían cuenta de que la protección del patrimonio puede ser "un motor para reactivar la economía" si se realiza "un gran plan" para impulsar las zonas BIC, que contemple su uso turístico, a la vez que lamentó que los Jardines de Monforte sean "más valorados en el exterior que por los propios nativos valencianos".
Por otro lado, Cercle Obert de Benicalap, en un comunicado, exigió al Ayuntamiento de Valencia que solicite al Valencia CF la devolución de los terrenos públicos donde se construye el Nuevo Mestalla. "La Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol adeuda al Ayuntamiento de Valencia una enorme cantidad de millones de euros y 19 parcelas, que hace ya cinco años debería haber entregado en compensación por el terreno municipal donde hoy construye el Nuevo Mestalla", criticó.
Recuperar los terrenos del nuevo mestalla
Solicitó que se adopten "medidas urgentes" para recuperar los terrenos municipales donde se construye el Nuevo Mestalla, "dado que durante todos estos años no se ha perfeccionado la permuta entre la Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia". "Es básico y necesario que esos terrenos municipales,
se destinen a equipamientos y servicios públicos, tal y como se prometió a los vecinos de la zona en su día", reclamó.
En este sentido, Cercle Obert denunció "el trato de favor que lleva recibiendo una empresa privada como es hoy el Valencia SAD", algo en su opinión "incuestionable e intolerable", que además "lesiona las bases de una sociedad democrática", concluyó.
* 20 Minutos - EP: - 12.05.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Es posible y deseable reducir el gasto en infraestructuras de transporte
Ante los recortes anunciados por el presidente del Gobierno, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* manifiesta que es deseable y posible reducir bastante más el gasto en muchas obras públicas innecesarias y contraproducentes, como la mayor parte de las autovías y líneas de alta velocidad ferroviaria, tanto por parte de la administración central como por las autonómicas y locales. Lejos de suponer un problema para el desarrollo económico, la realidad de los hechos indica todo lo contrario: permitirían una economía más sostenible y más justa en lo social. El presidente del Gobierno acaba de presentar un duro plan de recorte de gasto público. Es claramente rechazable que este recorte se cebe en las clases sociales más desfavorecidas y en el conjunto de los trabajadores públicos, sin prácticamente afectar ni poner en cintura a las entidades financieras y a los mercados especulativos que nos han llevado a la grave situación actual.
Pero más allá de este trascendente asunto, Ecologistas en Acción quiere incidir en la posibilidad –beneficiosa desde el punto de vista social, ambiental, económico y de generación de empleo– de recortar los gastos en numerosas infraestructuras de transporte que se están construyendo o planificando por todas las administraciones públicas españolas, a menudo sin estudios que justifiquen su necesidad pero con un coste económico brutal, con una escasa generación de empleo, por no hablar de sus tremendos costes de oportunidad.
Y es que, si las virtudes que le asignan el Gobierno y las mayores constructoras a las grandes infraestructuras de transporte fueran ciertas (enorme generación de empleo, dinamización económica…), la situación en España debería ser muy distinta a la que es. Efectivamente, puesto que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas –y en cuanto se inaugure la nueva línea de alta velocidad ferroviaria a Valencia seremos el que cuente con la mayor red de alta velocidad ferroviaria del mundo–, no deberíamos tener una tasa de paro tan alta y la crisis apenas debería notarse. En definitiva, no se entiende que si las infraestructuras de transporte generan tanto empleo seamos simultáneamente récord europeo en estas infraestructuras y récord de paro, además de estar en una situación económica francamente precaria.
Las realidad en el tema de las infraestructuras de transporte no funciona como nos quieren hacer creer. Multitud de estudios concluyen que a partir de un cierto umbral en la dotación de grandes infraestructuras –que en España hemos superado de largo–, cualquier inversión en nuevas obras a menudo es contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, sin hablar de su impacto ambiental y social. [1]
Ante estos análisis, no es justificable el tremendo despilfarro que está suponiendo el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, del Ministerio de Fomento. Este departamento ha venido invirtiendo una media de 17.000 millones de euros al año desde 2005 en grandes infraestructuras, la mayor parte en construcción de autovías –sin la intensidad mínima de tráfico que las justificara– y en alta velocidad ferroviaria, mientras se deja morir al ferrocarril convencional y a las cercanías.
Una situación parecida existe en las Comunidades Autónomas, con planes desaforados de autovías (1.614 km más previstos en Andalucía o 562 km en Castilla y León, por poner dos ejemplos) que ahora más que nunca es necesario confrontar con los recortes en otros aspectos sociales.
Para Ecologistas en Acción resulta claro que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están planteando. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Nos hace falta un mejor ferrocarril, no un tren elitista que sólo tenga parada en grandes poblaciones. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más y más anillos de circunvalación. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de infraestructuras. Todas estas alternativas, además, generan más empleo y más estable que la construcción de infraestructuras.
Ecologistas en Acción considera que a pesar de nuestra sobredotación de infraestructuras de transporte, seguimos invirtiendo en ellas una cantidad de fondos brutal. Por ello, es posible y deseable reducir mucho más la inversión en grandes infraestructuras de transporte. Nuestra economía, el medio ambiente y los sectores sociales más desfavorecidos lo agradecerán.
Notas
[1] En este sentido, uno de los estudios más relevantes es el informe del grupo de asesores creado por el primer ministro John Major en los años 90 para evaluar un plan de construir 500 nuevas carreteras en Reino Unido. Este grupo, conocido por sus siglas en inglés, SACTRA, publicó en 1999 Transport and the Economy, donde analizaba la relación entre el crecimiento de la economía y las grandes infraestructuras de transporte en todos los países desarrollados. ¿El resultado? Gran parte de las tópicos sobre estas obras –que generan riqueza y empleo, por ejemplo– por los suelos. El plan de 500 carreteras se quedó en sólo 37.
* Ecologistas en Acción - Jueves 13 de mayo de 2010. Transporte
