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M.BUITRAGO.- La Verdad- Murcia* : "El caso de la polémica urbanización de La Zerrichera ha recibido otro empujón judicial con la decisión del magistrado Antonio Alcázar Fajardo de admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ contra altos cargos del Gobierno regional y el alcalde de Águilas, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Las diligencias practicadas por el fiscal jefe Manuel López Bernal, a raíz de sendas denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste y el PSOE, estiman que no se debió autorizar la recalificación de unos terrenos protegidos -que se extienden sobre 2,4 millones de metros cuadrados en un paraje situado a unos diez kilómetros de Águilas- y que el proceso administrativo para facilitar la urbanización promovida por el Grupo Hispania está plagado de supuestas irregularidades.
Los imputados son el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular; el ex concejal del mismo partido, José López Díaz; la ex directora general de Medio natural, Encarnación Muñoz Martínez; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez; el director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el subdirector general de la Vivienda, José María Ródenas Cañada; y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert. Este último fue incluido en la querella por el fiscal en una comunicación del 16 de marzo pasado.
El juez de Lorca se abstuvo
El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia da cursdo así a la querella después de que otro juez de Lorca, Juan Alcázar, rechazara hace un mes la instrucción del caso -el fiscal jefe del TSJ presentó la querella en los juzgados lorquinos- por falta de competencia territorial y por entender que los delitos se habrían cometido en la capital, donde tienen sus sedes las direcciones generales implicadas y las consejerías de Medio Ambiente y de Política Territorial que aprobaron la recalificación de los terrenos para facilitar la urbanización impulsada por el Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova Abadía, que pretendía alcanzar las 4.000 viviendas, junto con un hotel y campo de golf en unos terrenos protegidos como LIC y ZEPA.
Ahora, a mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales, el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha decidido que se cite a declarar a los imputados y que se practiquen «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, los autores y sus circunstancias». El magistrado Antonio Alcázar Fajardo rehusó hablar el pasado lunes con La Verdad y se remitió al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia.
El delito principal
Al considerar la competencia territorial del caso, Antonio Alcázar acepta básicamente los argumentos expuestos el pasado día 5 de marzo por so colega lorquino. Las razones por las que ha admitido a trámite la querella se fundamentan en que los hechos denunciados reúnen los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio del principio de presunción de inocencia. En cuanto a la jurisdiccionalidad, entiende que el supuesto delito más grave, el de falsedad documental, se pudo haber cometido en Murcia.
Sobre la existencia de concertación o no entre las administraciones públicas -léase del Ayuntamiento de Águilas y de las consejería implicadas- el magistrado murciano apunta que «según el relato fáctico contenido en la querella los hechos supuestamente delictivos se habrían cometido tanto en la localidad de Águilas como en Murcia, pudiendo calificarse apriorísticamente de conexos por cuando, aparentemente, persiguen todos ellos la misma finalidad. Ciertamente», añade el auto judicial, «no consta explícitamente en el texto fáctico de la querella que hubiera concierto previo... Sin embargo, no se entendería esa coordinación sucesiva de las distintas administraciones a que alude el Ministerio Fiscal sin una previa concertación».
Añade asimismo que «pese a las dudas que suscita el lugar de inicio de la supuesta actividad delictiva como criterio de atribución de competencias, es inobjetable que el delito más grave imputado en la querella, el de falsedad documental, se habría cometido presuntamente en Murcia».
*La Verdad - 11 de abril de 2007
Foto: PARALIZADA. El proyecto de urbanización está paralizado desde mayo del año pasado. En la foto, plantaciones de lechugas de La Zerrichera en octubre del 2005. / PACO ALONSO/ AGM
El Juez admite la querella contra altos cargos por La Zerrichera
Los afectados de Alto del Cuco dan por perdidas las viviendas pero esperan recuperar todo el dinero
Terra.- Cantabria* : "Los afectados por la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco piden recuperar el dinero que han entregado por las viviendas, una media de entre 48.000 y 60.000 euros, una vez que dan las mismas por perdidas si 'no cambian mucho las cosas'. Así lo señalaron al término de la reunión que mantuvieron esta mañana representantes de los afectados con el consejero, en la que éste les informó y entregó documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) y el Gobierno regional en contra de la aprobación de dicho Plan.
También el consejero de Presidencia y Urbanismo, Vicente Mediavilla, ve 'muy difícil' o 'casi imposible' que la actuación se pueda legalizar, aunque sí cree que los afectados puedan recuperar el dinero. Además consideró que éstos deberían instar la resolución del contrato.
Según explicó el portavoz de los afectados, Oscar Gutiérrez, su objetivo ahora es recuperar el dinero que han entregado por las viviendas, todavía no escrituradas y sobre las que existen contratos de compraventa. 'Nosotros hemos actuado conforme a la legalidad y exigimos recuperar lo que hemos entregado, no menos', señaló.
Los afectados culpan 'a todos' de lo ocurrido y 'todos se culpan a todos, pero las víctimas reales somos nosotros', afirmó Gutiérrez, quien añadió que 'al final, todos han actuado legalmente, pero existe una sentencia de derribo y, realmente, los que hemos actuado legalmente y comprado legalmente somos nosotros y tenemos derecho a que se nos resarza', recalcó.
El portavoz señaló por otro lado que van a pedir una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Piélagos que, según dijo, aún no se han puesto en contacto con ellos; 'todavía es un poco pronto, porque nos estamos constituyendo como asociación', dijo. Respecto a la empresa constructora, recordó que este viernes representantes de Fadesa se reunirán con todos los afectados.
Resolución de contrato
Sobre las posibles alternativas que tienen los compradores, Mediavilla afirmó que 'si estuviese en su pellejo, instaría la resolución del contrato por propio sentido común, porque nadie quiere comprar un pleito y en este caso estarían comprando un pleito'. Señaló al respecto que el Ejecutivo ha pedido la suspensión del Plan como medida cautelar y, si el TSJC lo acepta y se paraliza la obra, es 'obvio' que la promotora no va a poder cumplir su contrato, por lo que surgiría una causa de resolución.
En su opinión, existe posibilidad de que los afectados recuperen su dinero, no obstante destacó que quien tiene que plantear alternativas no es el Gobierno, que informó en contra del Plan, requirió al Ayuntamiento para que no lo aprobara y después lo recurrió, sino que tendrán que ser la promotora y el alcalde de Piélagos los que pongan 'sobre la mesa' sus propuestas, 'si es que existen, que lo veo muy difícil en este caso', subrayó, dado lo 'contundente' de la sentencia.
Mediavilla reiteró que el 'único culpable' de lo ocurrido es el alcalde y el equipo de gobierno del PP Piélagos que, 'en contra del sentido común y de la legalidad' aprobaron el Plan sin hacer caso de los informes 'contundentes y desfavorables' de la CROTU y del posterior requerimiento del Gobierno para que lo anulara. Un plan que, recordó, no sólo es nulo por el 'impacto paisajístico', como señala la sentencia del TSJC, sino porque 'incumple' la Ley del Suelo de Cantabria y la de supresión de barreras arquitectónicas, cuestiones 'todas ellas' que se reflejaban en los informes de la CROTU y del Ejecutivo regional.
Para Mediavilla, esta sentencia es 'muy distinta' a otras de derribo que se han producido en la comunidad autónoma, porque 'aquí no ha habido ninguna corresponsabilidad por parte del Ejecutivo', que 'siempre ha luchado' en contra de esta actuación y 'desde el primer momento' advirtió de que se trataba de una 'aberración' y un 'auténtico despropósito urbanístico'.
El consejero recordó por otro lado que los compradores no han elevado a escritura pública sus contratos y 'seguramente surgirá una causa de resolución del contrato', que podrán ejercer o no. Desde el punto de vista de la responsabilidad, consideró que los afectados podrían iniciar acciones en contra del Ayuntamiento de Piélagos, por conceder licencias 'manifiestamente ilegales'.
'Vemos muy difícil o casi imposible cualquier actuación legalizadora en este ámbito', añadió el consejero, quien subrayó que desde el Gobierno regional 'no vemos ninguna alternativa que no sea el derribo'. Señaló además que el Ejecutivo no tiene intención de hablar con la promotora, ya que 'si el Ayuntamiento y Fadesa no nos hicieron caso en un primer momento, ¿por qué nos van a hacer caso ahora?', se preguntó. Recordó al respecto que 'mucho antes' de que se ejecutase el Plan Parcial expuso a los responsables de la empresa el 'demoledor' informe de los técnicos de la Consejería y les advirtió del impacto paisajístico de la actuación y de que incumplía la Ley del Suelo, 'y no me hicieron caso Fadesa ni el Ayuntamiento', reiteró.
Indicó que los nuevos propietarios de la empresa han pedido cita con el presidente regional y con el propio consejero, 'pero yo no pierdo el tiempo' después de que el 'máximo órgano' en materia de urbanismo de la comunidad autónoma se pronunciara en contra del Plan. 'Es más, el Ayuntamiento corrió a aprobarlo para que no entrara el Plan de Ordenación del Litoral en ese ámbito', recalcó.
'El que haya concedido licencias y haya aprobado el plan que plantee las soluciones, si es que existen, no va a ser el Gobierno, que ha dicho no a una cosa que se ha hecho en contra de nuestro criterio', insistió.
Por último, el consejero recordó que el PP le ha acusado en varias ocasiones de 'invadir la autonomía municipal', que 'ya veo como la ejercen algunos', en referencia a la aprobación por el Ayuntamiento de Piélagos del Plan pese a los informes de la CROTU. Sin embargo, consideró que 'no es un problema de ley, sino de cómo se ejercitan las competencias'.
La Asociación Ecologista ARCA anunció hoy que seguirá adelante con los recursos interpuestos contra las licencias de construcción de las 395 viviendas del Alto del Cuco -cuyo plan parcial ha sido anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria -, con el objetivo de conseguir su demolición. Además, instó al PP de Cantabria a que deje de mostrar su apoyo al alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco, y le 'destituya' por haber 'incumplido la ley'.
En rueda de prensa, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, consideró 'un detalle de mal gusto' que el PP, después de la sentencia del TSJC, haya mostrado su apoyo a Pacheco y consideró que casi 'el 100 por ciento de la responsabilidad' de la construcción de la urbanización 'es del Ayuntamiento' de Piélagos, que 'además tiene un historial gravísimo de incumplimientos de la legalidad urbanística'.
* Terra, 10 Abril 2007
Foto: Piélagos - Alto del Cuco /Terra.es
El desarrollo urbanístico amenaza a Castilla-La Mancha
*Ecologistas en Acción ha elaborado un informe bajo el título “Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha” que pone de relieve con datos como el desproporcionado crecimiento urbanístico y de grandes infraestructuras está depredando el territorio de Castilla-La Mancha, destruyendo el medio ambiente e hipotecando las posibilidades de poner en práctica un modelo de desarrollo sostenible. El informe denuncia la trama que enlaza los potentes intereses económicos que mueve el urbanismo con las debilidades del control político, judicial y de los procedimientos administrativos que afectan a la gestión del suelo y termina realizando una serie de propuestas a las Administraciones y a los agentes sociales y económicos implicados.
Según los datos del informe y que publica la propia Consejería de Vivienda y Urbanismo, en Castilla-La Mancha desde el año 2000 se reclasifican como promedio 3.500 hectáreas/año, o lo que es lo mismo, 35 millones de m2 / año o el equivalente a la superficie que ocupan 3.500 campos de fútbol.
No obstante, estos promedios se han incrementado significativamente en el periodo 2004-2005 ya que según la misma Consejería se han reclasificado 60 millones de m2, 35 de ellos para las 45.000 viviendas anuales que se han construido.
A la vista de los ingentes planes y proyectos de urbanización en marcha en toda Castilla-La Mancha este último parece ser el ritmo de crecimiento a mantener. Así, de la recopilación de datos realizada se deduce que en la actualidad hay una previsión mínima para dar lugar a la construcción de 700.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Considerando las dificultades de acceso a información urbanística actualizada y el ritmo de aparición de nuevos proyectos no resulta descabellado decir que en Castilla-La Mancha se están generando proyectos urbanísticos que podrían suponer que en 20-30 años el parque de vivienda se duplique sobre el actual, esto es, que alcance la cifra de 2.000.000 de viviendas.
El análisis de la situación urbanística en Castilla-La Mancha pone de manifiesto también el cambio de modelo urbanístico, ya que prolifera la vivienda unifamiliar y los desarrollos ligados a campos de golf.
Ecologistas en Acción calcula que puede haber en proyecto en Castilla-La Mancha del orden de 50 nuevos campos de golf. Considerando que estas instalaciones ocupan entre 50 y 150 hectáreas de superficie y vienen a consumir una cantidad de agua al año entre 600.000 y 1.000.000 m3, equivalente a lo que gasta una localidad de entre 9.000 y 12.000 habitantes, cabe inferir el impacto que suponen.
A la vista de los datos, el modelo urbanístico por el que actualmente apuesta Castilla-La Mancha, liderada por la Consejería de Vivienda y Urbanismo, no se diferencia gran cosa del de otras Comunidades Autónomas. En primer lugar tiene como objetivo transformar una buena parte del territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha en una serie de grandes áreas urbanas continuas, extendidas en horizontal. Las más de 300.000 nuevas viviendas que se proyectan en La Sagra o en el Corredor del Henares son del estilo de las grandes áreas metropolitanas, como Los Ángeles de California o de la más cerca área metropolitana de Madrid. De otra parte, en las zonas rurales de Castilla-La Mancha se favorecen actuaciones singulares y macrourbanizaciones desconectadas de los cascos urbanos y, las más de las veces, acompañadas de campos de golf.
Por otra parte, asociadas al desarrollo urbanístico, existen un buen número de proyectos de infraestructuras que se están realizando o se pretenden realizar en Castilla-La Mancha, fundamentalmente de comunicación y de abastecimiento de agua y de energía. Es el caso, por ejemplo, de las numerosas autovías y autopistas, como las de la Sagra y la de la Alcarria, de trasvases como el Tajo-La Mancha y de abastecimientos de agua como Picadas a Toledo y desde el Alto Tajo a la Alcarria y a la Sagra. Todas ellas dan lugar al beneficio de los especuladores inmobiliarios.
Se prevé que en el año 2.020 Castilla-La Mancha cuente con 2.790 kilómetros de carreteras de alta capacidad y 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, de los cuales en la actualidad están en servicio respectivamente 1.000 y 300 kilómetros. Además, está en construcción afectando severamente a un área protegida el primer gran aeropuerto de iniciativa privada en España, el de Ciudad Real.
Los enormes efectos territoriales y medioambientales de esta vorágine desarrollista se ponen de manifiesto igualmente en el informe ay que la actividad urbanística implica la completa destrucción del ecosistema en el espacio directamente ocupado por la misma. En Castilla-La Mancha, a razón de 3.500 hectáreas/año, se prevé que en los próximos 20 años esto ocurra en las 70.000 hectáreas se prevén recalificar como superficie destinada a viviendas.
Además, se generan otra serie de impactos indirectos que ha de soportar el entorno circundante, así, de las áreas urbanizadas parten conducciones de aguas residuales que van a contaminar los cursos de agua, incluso aunque haya depuración, y de éstas áreas también surgen nuevos focos de contaminación atmosférica ligados al tráfico. Por último, con la aprobación de los nuevos desarrollos urbanísticos ha crecido notablemente la preocupación por los negativos impactos que éstos puedan tener en el rico patrimonio cultural castellano-manchego y, en particular, en las dos localidades declaradas Patrimonio de la Humanidad, esto es, Toledo y Cuenca.
En cuanto al efecto sobre las demandas de agua, Castilla-La Mancha consume actualmente entre 175 y 200 hm3 al año en abastecimientos urbanos y 60-70 hm3 al año en industrias. Con las previsiones de desarrollo urbanístico actuales la demanda de agua para uso urbano podría llegar a triplicarse.
En definitiva, el gran crecimiento urbanístico que se está produciendo supone la ocupación de grandes superficies, la destrucción de una parte de las áreas naturales existentes y compromete la calidad de vida a medio-largo plazo, pero a la vez puede llegar a producir en Castilla-La Mancha una auténtica crisis medioambiental que pone en riesgo la propia viabilidad del modelo de desarrollo social.
Uno de los indicadores más significativos del impacto del desarrollo urbanístico lo encontramos en las afecciones a los espacios de la Red Natura 2000 europea en Castilla-La Mancha, a este respecto se ha comprobado que más del 50% de los Lugares de Interés Comunitario y el 75% de las Zonas de Especial Protección para Aves están afectadas de una u otra manera por planes urbanísticos.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción considera necesario afrontar este problema a partir de una toma de conciencia profunda sobre las causas y los efectos de lo que está pasando y de una voluntad real para tomar medidas que den lugar a una modificación sustancial de las normas legales, de los procedimientos administrativos y de los mecanismos económicos que operan en el mercado inmobiliario. Desenredando a su vez la trama que enlaza los potentes intereses económicos que mueve el urbanismo con las debilidades del control político, judicial y de los procedimientos administrativos que afectan a la gestión del suelo.
Para el caso de Castilla-La Mancha, donde llama la atención la escasa reacción de los Gobiernos Autonómico y Locales ante el fenómeno urbanístico, Ecologistas en Acción ha elaborado una serie de propuestas para hacer frente al problema, de todas ellas las más importantes son:
* Fijar límites absolutos y por ley al crecimiento urbanístico.
* Aumentar el control sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas en materia urbanística.
* Incrementar las investigaciones y las actuaciones judiciales.
* Facilitar la transparencia y la participación pública en las Comisiones de Urbanismo
* Aumentar la protección medio ambiental del suelo rústico y las competencias de medio ambiente para paralizar planes urbanísticos,
* Frenar la especulación mediante la asignación de las plusvalías de la recalificación del suelo a fondos públicos.
* Eliminar las figuras del convenio urbanístico y del agente urbanizador
* Racionalizar mediante planes de ordenación territorial rigurosos el crecimiento a escala regional,
* Hacer responsables económicos directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente.
*Ecologistas en Acción, Castilla-La Mancha 10 de abril
Encuesta electoral: el urbanismo y la gestión corrupta lo más grave para los mallorquines
Diario de Mallorca* : "Construcción y corrupción son los problemas de mayor gravedad a que se enfrenta Balears. La mitad de los habitantes de Mallorca colocan en cabeza de sus preocupaciones el "excesivo desarrollo urbanístico" y la gestión política corrupta. Ambos asuntos se sitúan a considerable distancia de clásicos como inmigración, terrorismo o paro. Así se desprende de la encuesta de Grup Marest para Diario de MALLORCA, que complementa la intención de voto con una radiografía del estado de opinión ciudadana.
A juzgar por el sondeo, cabe hablar en puridad de un auténtico clamor contra el urbanismo desenfrenado. El 82.6 por ciento de los mallorquines creen que la isla padece "un exceso de construcción". Esta percepción masiva desborda a cualquier sospecha de inducción mediática de una toma de postura, y sobrepasa también las posibilidades argumentales de una campaña política. Desde la oposición a la guerra de Irak no se obtenía un resultado tan unánime sobre un asunto de actualidad.
Sólo un 15.5 por ciento de los encuestados -uno de cada siete mallorquines- considera por el contrario que la invasión de cemento resulta asumible. Si se compara ese porcentaje con los apoyos electorales prometidos al PP, se concluye que dos de cada tres votantes de la marca conservadora se declaran también abrumados por el auge de la construcción, que ha convertido a Mallorca en la isla más poblada y con mayor número de viviendas del Mediterráneo.
Los casos de corrupción política -protagonizados mayoritariamente por el PP, aunque sólo sea por su preponderancia en las instituciones- también constituyen una preocupación transideológica. El fenómeno viene simbolizado por el caso Andratx, que no ha sido nombrado explícitamente en la encuesta. Sin embargo, el sesgo de la opción mayoritaria sirve como indicio, para calibrar el peso del escándalo en la localidad mallorquina sobre el resultado de las elecciones autonómicas.
En el ámbito mallorquín, tres de cada cinco encuestados consideran que ni el Govern ni el PP que lo sustenta han actuado correctamente frente a la corrupción. Dado que sólo un 26.9 por ciento se felicitan por la gestión de esos escándalos, resulta que la mitad de los votantes conservadores definidos como tales no aprueban explícitamente a su partido en este terreno.
A partir de estas consideraciones, no puede extrañar que uno de cada tres mallorquines señale al desarrollo urbanístico como el problema más acuciante de la isla, ni que uno de cada cinco apunten hacia la corrupción. Se observa aquí una dislocación con los asuntos que absorben al resto de España. El Govern obtiene otro suspenso estrepitoso en el campo de la inmigración. A cambio, los encuestados de Mallorca valoran positivamente su política sanitaria. También es aprobada, con un 56.4 por ciento, la política de carreteras "del Govern y el Consell".
*Diario de Mallorca - Palma, 10 de abril de 2007
Foto: Andratx /guides
