COPE/Las Palmas* : El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha solicitado una reforma del codigo penal ante la desproporción que existe entre las penas y los delitos realizados. Javier Ródenas considera que no es logico que un robo en un supermercado tenga una pena mayor para una persona anonima que cometer trafico de influencias por un cargo público. Solicita además refozar la Agencia Tributaria y ampliar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que luchan contra la corrupción urbanística.
Javier Ródenas dice que si hacemos un calculo entre los delitos y los tiempos de las penas que se les aplican, hoy en dia en España, no sale demasiado caro ser un corrupto. Un analisis muy preocupante, señala Ródenas, quien asegura que estas practicas perjudican ante los ojos del ciudadano a la clase política. Destaca además el elevado numero de casos en los que estan vinculadas la especulación con la corrupción urbanistica.
Declaraciones de Ródenas en la presentación de las I Jornadas de Delincuencia Medioambiental en Canarias. Una iniciativa que pretende ofrecer un panorama de los distintos delitos que se cometen contra el medio ambiente ponendo especial enfasis en aquellos que tienen que ver con la especulación sobre el territorio y la corrupcion urbanistica. El fiscal solicitaba un cambio en el código penal porque con el actual marco legal las penas no guardan ninguna proporción con los delitos practicados, en especial con los relacionados con la corrupción urbanística.
Ródenas también considera necesario reforzar la Agencia Tributaria y aumentar los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que luchan contra la corrupción urbanística. Las jornadas tendrán lugar el jueves y el viernes de la próxima semana.
* Cope - 14.01.10
Foto: Ródenas señala que hay un alto numero de casos en los que la especulación y la corrupción urbanística se vinculan - Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
"Ser corrupto en España sale rentable"
"Tenemos que acabar con él", dijo un acusado de matar al alcalde de Polop
,+entierro+del+alcalde+Ponsoda+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : "Tenemos que acabar con él [Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop, del PP]". La frase la pronunció uno de los siete encarcelados por el asesinato del regidor, ocurrido la noche del 18 de octubre de 2007 a las puertas de su garaje particular. El comentario está recogido en el sumario y es fruto de la confesión del primer arrestado, Raúl Montero Trevijo, un narcotraficante.
Según el sumario, Montero desveló a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el asesinato de Ponsoda se fraguó en el reservado del prostíbulo Mesalina, a las afueras de Benidorm. En uno de esos encuentros, en los que también estuvo presente el sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, también en prisión, Montero declaró que oyó decir: "Tenemos que acabar con él". La aseveración, según Montero, la realizó Salvador García Ros, un empresario del calzado, igualmente encarcelado.
La trama que urdió el asesinato de Ponsoda contrató para ejecutar el crimen a dos pistoleros checos, después de contactar con otros sicarios que rechazaron por considerar muy caro "el trabajo". Éstos solicitaban unos 100.000 euros por el asesinato, mientras los checos lo aceptaron por la mitad.
Según el sumario, los dos pistoleros checos estuvieron apostados en el lugar de los hechos en un vehículo Renault Laguna. Nada más llegar Ponsoda a las puertas de su garaje, empezaron a disparar. Los sicarios efectuaron tres tiros con dos armas distintas. Sólo uno alcanzó de pleno en el cerebro del alcalde, los otros dos se estrellaron en la puerta y un cristal del coche.
* ELPAIS.com - 14.01.10
Foto: Polop (Alicante), entierro del alcalde Ponsoda - elpais.com
El Plan del Litoral veta edificar en un tercio del suelo urbanizable de las Rías Baixas
,+derribo+chalet+en+Diciembre+-+farodevigo.es.jpg)
FARODEVIGO* : Edificar en la costa de Pontevedra va a resultar bastante más difícil cuando entre en vigor el Plan de Ordenación del Litoral (POL), cuyo documento previo ha sido evaluado la pasada semana por el Consello de la Xunta. Según las primeras aproximaciones, con cifras provisionales, unas 3.700 hectáreas de suelo urbanizable previsto en las Rías Baixas en los planes municipales en vigor quedarán sometidas a la regulación el POL, que prohibirá totalmente la construcción en unas 1.200 hectáreas, lo que supondrá reducir en un tercio la expansión urbanística planificada por los concellos.
El Plan del Litoral establecerá la ordenación y los usos de 212.000 hectáreas de la franja costera de Galicia. Del total, 56.000 hectáreas pertenecen a la provincia de Pontevedra, lo que representa el 26,3% del territorio afectado por el nuevo modelo de urbanismo que la Xunta quiere implantar para limitar la presión urbanística en la costa.
El ámbito de gestión del POL abarcará unas 3.700 hectáreas de suelo urbanizable que los ayuntamientos tiene calificado como tal en las Rías Baixas. Pero mientras en unas 2.000 se dejará totalmente vía libre a los ayuntamientos para que continúen con su planificación urbanística por encontrarse dentro de los entornos ya urbanizados o en las zonas más alejadas de la costa, en otras 1.200 no se podrá levantar construcción alguna. La prohibición de edificar será total, bien por estar ubicadas en la parte más próxima a la línea de playa y ser objeto de una protección especial o porque pertenecen a los llamados corredores medioambientales, que son las áreas conformadas por las cuencas fluviales a las que la Xunta quiere dar también la máxima protección.
Esto supone recortar en un 32% la superficie urbanizable actual que tiene aprobado el conjunto de los ayuntamientos de las Rías Baixas.
En el resto de la superficie urbanizable, otras 600 hectáreas, la actividad constructiva se podrá seguir desarrollando, pero con fuertes restricciones para preservar el medio natural y la fisonomía de los núcleos, lo que impedirá la aparición, por ejemplo, de urbanizaciones aisladas.
Al margen de esas limitaciones quedan los núcleos urbanos y rurales existentes, para los que las condiciones las marcan los respectivos planes municipales y la Lei do Solo.
No obstante, estas cifras, como advierten en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, son provisionales y el número de hectáreas podría sufrir variaciones porque ahora hay que ajustar al detalle la planificación del Plan del Litoral con la información que faciliten los concellos, pues puede haber suelo urbanizable con algún tipo ya de actuación que no figura en la cartografía del POL.
En el conjunto de las Rías Baixas, el Plan del Litoral establece un área de protección especial de 17.000 hectáreas, incluyendo la primera línea de mar y las cuencas fluviales. Esta medida, que afecta al 30% del ámbito de gestión del POL, tiene por objeto evitar en el futuro que la expansión urbanística y los planes de ordenación municipal alcancen a zonas que se quieren preservar por sus valores paisajísticos, medioambientales o patrimoniales. En estas 17.000 hectáreas están incorporadas las 3.700 calificadas como urbanizables por los ayuntamientos.
En otras 11.000, si algún día los concellos deciden ocuparlas, la Xunta fijará duras restricciones para la edificación, mientras que en las restantes 28.000 hectáreas no habrá más regulaciones que las que establezcan los concellos, estando éstas en la zona más interior de los términos municipales.
En el conjunto de Galicia, la prohibición total de construir afecta a 66.000 hectáreas, de las que 45.746 están encima del mar y otras 20.000 en las cuencas fluviales. En otras 46.242 se podrá edificar, pero con limitaciones para preservar el entorno natural y causar el menor impacto.
* Faro de Vigo - 14.01.10
Foto: Derribo de un chalé situado en A Guarda, el pasado diciembre - J. Lores, farodevigo.es
Salvem el Cabanyal planta cara al Consell
LEVANTE/Valencia* : El Ateneu Marìtim del Cabanyal fue escenario ayer de una de las asambleas de Salvem el Cabanyal más multitudinarias que se recuerdan tras una década de batalla judicial y travesía del desierto. La plataforma vecinal contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez se reunía por primera tras la orden de paralización del plan especial del Cabanyal dictada por el Ministerio de Cultura para firmar un manifiesto exigiendo "un plan de rehabilitación sin derribos".
La convocatoria logró una amplia adhesión de colectivos cívicos, vecinales y grupos políticos (salvo el PP, que no fue invitado).
Los vecinos pidieron "un nuevo plan basado en la rehabilitación sin destrucción, respetuoso con los valores patrimoniales y la vida social del barrio" declarado Bien de Interés Cultural. El Cabanyal -o al menos una parte- reclamó ayer "un plan realista, equilibrado y sostenible". La degradación que sufre el barrio tras años de pleitos con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat ha abierto una fractura entre los vecinos, divididos entre partidarios y detractores de la gran avenida.
Tras la lectura del manifiesto, las abogadas de Salvem el Cabanyal, Blanca Blanquer y Adelina Serna, anunciaron que la plataforma contraataca judicialmente. Blanquer -que fue directora general de Urbanismo con el gobierno de Lerma- explicó que habían tenido que "actuar de forma urgente" ante las medidas adoptadas por el Consell. Por eso, hoy mismo interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consell que aprueba el decreto ley que blinda el plan especial del Cabanyal. Las abogadas solicitarán la paralización de los derribos como medida cautelar.
Este nuevo recurso de los salvem se presentará el mismo día en que la Diputación Permanente de las Corts se reúne para convalidar el citado decreto ley sobre el Cabanyal. La plataforma también ha remitido una denuncia al Ministerio de Cultura alertando del riesgo de expolio que corre el barrio ante la intención manifiesta del ayuntamiento y la Generalitat de continuar con los derribos y las expropiaciones.
Entre los colectivos que se adhirieron al manifiesto por la rehabilitación del barrio figuran Acciò Ecologista Agró, Acciò i Reflexiò, Escola Valenciana, Ca Revolta, Salvem el Botànic y Xúquer Viu. También suscribió el manifiesto la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, así como representantes sindicales y políticos.
Salvem el Cabanyal acordó ayer nuevas movilizaciones, entre ellas, una manifestación que recorrerá el barrio el próximo 30 de enero. Los responsables de la plataforma reiteraron que se opondrán en la calle a los derribos anunciados por el ayuntamiento. Las máquinas "¡no pasarán!", coreó el público asistente en varios momentos.
En la asamblea, donde no faltaron proclamas políticas y peticiones de dimisión para Rita Barberá,Carmen Alborch, reclamó al ayuntamiento "que acabe con el sufrimiento de los vecinos del Cabanyal" y vaticinó que "el día de la victoria está cerca".
La diputada autonómica Mónica Oltra (Compromís) censuró el modelo urbanístico de PP de "creación a partir de la destrucción" y Amadeu Sanchis (EU) recordó al gobierno local que "tiene delante al Estado y a la sociedad civil". Por su parte, la dirigente vecinal María José Broseta invocó al "consenso para rehabilitar el barrio".
La Generalitat actúa y Peralta critica las prisas
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, criticó ayer "las prisas" del ayuntamiento y la Generalitat por actuar en el Cabanyal después de la orden de paralización del Ministerio de Cultura. Introducir "prisas cuando nunca las ha habido, e incluso cuando la iniciativa privada se ha descolgado sólo responde a una estrategia política y no son estrategias políticas lo que necesita El Cabañal". Lo que el barrio requiere, añadió, es una rehabilitación que respete su carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) que le otorgó la Generalitat.
La Conselleria de Medio Ambiente informó ayer de la notificación de ocupación forzosa y pago de expropiación a los propietarios de 24 viviendas, casi todas en el futuro bulevar San Pedro, afectados por el primer proceso de expropiación urgente del plan especial. Las resoluciones, fechadas el pasado 29 de diciembre, ordenan proceder a la ocupación de las tasas previo pago de las valoraciones aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo. Los vecinos afectados recuerdan que las expropiaciones están recurridas. La conselleria ha convocado a los propietarios para el levantamiento de las actas de pago y ocupación, que tendrán lugar entre el 1 y el 5 de febrero en el salón de actos de la Junta Municipal del Marítimo.
* Levante-EMV - 14.01.10
Foto: Asamblea general de Salvem el Cabanyal donde se dio lectura al manifiesto por la rehabilitación del barrio marinero. josé aleixandre, levante-emv.com
El fracaso de una ley
JOAN OLMOS* : No es de extrañar que la presión urbanística de los últimos años sobre el litoral haya alcanzado intensamente a la franja de dominio público costero. Un concepto este último, bastante difuminado y sobre el que pesan, desde que el mar se convirtió en recurso de ocio, presiones de todo tipo. La Ley de Costas de 1988, que inició su trámite con fuerte oposición y amplia polémica, es ahora cuestionada de nuevo por motivos análogos a los de entonces. No creo que resulte muy arriesgado afirmar que la ley ha resultado, en su aplicación y gestión, un fracaso.
Para empezar, los sucesivos gobiernos han sido superados por la dificultad de aplicar una norma que afecta a competencias de 10 comunidades autónomas, 25 provincias y casi 500 municipios. Una norma compleja que incluía objetivos no solo sancionadores, sino también de planificación y gestión, que si bien ponía el acento en la defensa del dominio público, prestaba escaso cuidado a las cuestiones medioambientales.
En el plano urbanístico, la ley era -y sigue siendo- un elemento fraccionador del orden jurídico-administrativo, al establecer un territorio -la quinta provincia catalana gobernada desde Madrid, como lo calificó entonces el diputado Miquel Roca en el debate del Congreso- con unas particularidades difíciles de conjugar con la legislación del suelo, ya de por sí excesivamente compleja y cambiante.
Por si fuera poco, el ámbito de su aplicación, el dominio público litoral, estaba -y todavía lo está en algunos puntos- por delimitar, ya que la modorra administrativa y los conflictos jurídicos han impedido completar el preceptivo deslinde. Una delimitación que ponía el énfasis en la zona de tierra, olvidando que también la ley trataba de proteger el mar litoral.
La crítica de aquel momento al "excesivo afán proteccionista" de dicho dominio público, vistas las consecuencias de su aplicación, resulta hoy un sarcasmo, basta comprobar los desmanes que han salpicado nuestras costas. En este sentido, paradójicamente, una aplicación sesgada de la ley ha generado, por un lado, una absurda inseguridad jurídica sobre realizaciones que eran legales con anterioridad a 1988 (a causa, la mayor parte de las veces, de cambios en el deslinde ocasionados por obras promovidas o consentidas por la Administración) mientras ha consentido actuaciones posteriores claramente contrarias a la norma.
La protección se ha centrado, por otra parte, en garantizar el uso lúdico del litoral: construcción de paseos marítimos, no siempre acertados, y una pléyade de costosísimas obras de regeneración de playas que, en algunos casos, una y otra vez han sido arruinadas por los temporales. Otras atenciones y cuidados que requería el litoral han quedado inéditos.
Mientras tanto, el urbanismo depredador, desde el lado "privado" del litoral fue saltándose a la torera la ley, sus limitaciones, sus zonas de afección, creando, ante la confusión competencial y a río revuelto, barreras de hormigón y ladrillo, alterando el régimen de brisas y en definitiva el paisaje costero. En cuanto a los usos que la ley permitía para la zona de dominio público, se ha creado la sensación de que todo era posible en esa preciosa franja de territorio de todos.
La reciente crisis de los chiringuitos es una buena prueba de esto último. La permisividad de las administraciones y la impunidad con la que se ha actuado, han favorecido la proliferación de prácticas abusivas. Las presiones de los empresarios para mantener situaciones irregulares nos han deparado el lamentable espectáculo de unas administraciones locales incitando lisa y llanamente a incumplir la ley, utilizando el populismo y la demagogia hasta niveles insoportables. No es, por desgracia, el primer intento de desobediencia o boicot que nuestra Administración autonómica viene practicando en los últimos años contra leyes del Gobierno del Estado. Para completar el espectáculo, cabe lamentar la posición del líder de la oposición socialista valenciana sumándose al coro y pidiendo una reforma de la ley para consolidar los "excesos". No he podido evitar, al leer la noticia en este diario, mirar la página contigua (sálvense todas las distancias), donde se daba cuenta de la propuesta del Consell para desproteger El Cabanyal. No son los únicos casos en que aparece una regresión muy preocupante respecto de las leyes que en los años ochenta impulsaron la protección de nuestro patrimonio natural y arquitectónico. Véase, por citar una muestra, lo ocurrido en un valioso tramo virgen de la costa de Murcia, donde el Gobierno regional desprotegió 11.000 hectáreas de terreno en 2001 para permitir una urbanización. Y en cuyo caso, por cierto, el perezoso Tribunal Constitucional lleva ocho años sin resolver el conflicto planteado.
Probablemente la ley necesita una reforma a fondo, para simplificar su gestión, resolver de manera razonable el conflicto de competencias, acentuar su carácter proteccionista, ampliando ambientalmente los objetivos y también, cómo no, para garantizar un uso público democrático de la franja costera.
Los ciudadanos necesitamos acercarnos al mar con la seguridad de que unos servicios públicos en condiciones van a garantizar nuestro ocio, el disfrute o simplemente el paseo. Eso afecta no solo a los establecimientos hoteleros, tan respetables como los de tierra adentro, pero que han de entender que ocupan un suelo público de alto valor; también atañe a los servicios de seguridad, de transporte colectivo, de higiene o de simple capacidad para acoger otras actividades no mercantiles, tan escasas en nuestras costas, como por ejemplo, entre otras, la de favorecer instalaciones para muchas familias que no se pueden permitir acudir a los restaurantes. Todo ello, insisto, reforzando el carácter público, protegiendo los valores ambientales y paisajísticos, y admitiendo, por tanto, en algunos casos, restricciones al uso humano.
Al releer lo que escribí en este mismo diario hace 20 años, analizando las dificultades que presumía para la aplicación de la nueva ley por su complejidad (17-12-1988) compruebo que el mensaje que se difundió por aquellas fechas desde determinados sectores (que la nueva norma no respetaba los derechos adquiridos, y que iba a suponer un obstáculo al crecimiento del turismo costero), acabó calando en las sucesivas administraciones, y al mismo tiempo constato que mis temores de entonces, sobre el futuro de nuestras costas, lamentablemente, estaban fundados.
* Joan Olmos es ingeniero de caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 14.01.10
