ELPAÍS/Galicia* : La Xunta se arriesga a una sanción de la Unión Europea por no presentar a tiempo los planes de conservación de los espacios que integran la Red Natura. El Ejecutivo autónomo tuvo un plazo de seis años para aprobarlos que acaba en diciembre, pero hasta esa fecha solo tiene previsto diponer de "un documento de base" con el que iniciar su tramitación "con una gran participación pública", según la Consellería de Medio Rural, por lo que no llegará a tiempo de cumplir con las directrices europeas.
La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios naturales a nivel europeo creado para proteger los hábitats y especies silvestres más importantes del continente. La lista de parques incluidos fue aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 2004, y desde ese momento se abrió un plazo de seis años para presentar los planes de conservación de las diferentes zonas protegidas. Además, la Lei de Conservación da Natureza de Galicia, aprobada en 2001, obliga a redactar los planes de conservación de estos espacios dos años después de su designación, plazo que finalizó en 2006.
Si la Comisión Europea no inicia de oficio los trámites para sancionar a la Xunta, la Federación Ecoloxista Galega (FEG) está dispuesta a emprender acciones legales. Pero el trámite es largo y complejo. La Comisión da un máximo de dos avisos a las administraciones, y si las respuestas no convencen a Bruselas puede llevar el caso a los tribunales y pedir que se le imponga una multa.
En la actualidad, la Comisión mantiene varias causas abiertas contra España por incumplir las normas de protección de la Red Natura. Es el caso de las minas del Valle de Laciana en Castilla y León, que ya ha llegado a los tribunales, o el de 174 parajes de las Islas Canarias, que la Comisión Europea entiende que no se han protegido lo suficiente, por lo que ya ha avisado dos veces de que o se soluciona el problema o el asunto llegará a los tribunales.
La demora en la protección de la Red Natura de Galicia se debe a la negativa de la actual Xunta a dar luz verde a un Plan Director de Conservación redactado por el bipartito y ya en trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. Este documento de cuatro tomos recogía los objetivos de conservación, las especies y hábitats a proteger, las actividades permitidas en cada zona en las que se dividían los espacios incluidos en la Red Natura y las herramientas de planificación y gestión.
El Plan Director fue presentado en 2007 por el entonces conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Pachi Vázquez, al Consello Galego de Medio Ambiente y ante el público. Estaba previsto aprobarlo en diciembre de ese año, pero nunca llegó al Consello de la Xunta. Según Carmen Gallego, ahora portavoz de medio ambiente del PSdeG, simplemente "no dio tiempo". Sin embargo, los ecologistas apuntan al intento de la consellería de solucionar al mismo tiempo el conflicto de Os Ancares y O Courel. El bipartito pretendía convertir estas zonas de la Red Natura en parques naturales, pero los conflictos entre vecinos y alcaldes impidieron una solución de consenso. El cambio de gobierno en la Xunta interrumpió todos los planes de los socialistas.
En un primer momento, el nuevo Ejecutivo del PP intentó escudarse en que "hubo que partir de cero para redactar un nuevo plan", pero preguntada por la existencia del documento del bipartito cambió la versión para asegurar que "en función de ese documento se está trabajando en una nueva propuesta que permita combinar mejor la conservación de la naturaleza con las actividades humanas".
Los ecologistas ven detrás de esta frase la intención de la Xunta de adaptar el Plan Director a los intereses urbanísticos de los alcaldes del PP, ya que los planes de conservación prevalecen sobre los planes de ordenación municipal. Una de las directrices del documento del bipartito era "considerar incompatibles con los objetivos de conservación los nuevos proyectos que puedan atentar de forma significativa contra los valores naturales que motivaron la inclusión de la zona en la Red Natura".
La carencia de los planes de conservación impide la correcta administración de los espacios protegidos. No están determinados los usos de las diferentes zonas, lo que provoca conflictos como las canteras de O Courel. Además, impide conocer el estado actual de las especies amenazadas o en peligro de extinción o los efectos sobre ellas de los incendios forestales, como ocurrió este verano en el Macizo Central de Ourense.
La Consellería de Medio Rural también renunció a ampliar la Red Natura gallega, con lo que Galicia seguirá siendo el territorio con menor porcentaje de parajes protegidos, solo después de Ceuta.
* El País - 25.10.10
Foto: Galicia, parque - lavozdegalicia.es
La Xunta desoye la directiva europea para regular espacios protegidos
El 'caso Brugal' salpica a los negocios de Ortiz con Bancaja
ELPAÍS/Alicante* : El informe policial del sumario del caso Brugal sobre las supuestas operaciones ilegales en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante revela que el contratista Enrique Ortiz tuvo la "cooperación" de un alto cargo de Bancaja. El informe policial asegura que el contratista se valió de la financiación de la entidad Bancaja y en especial de uno de sus máximos responsables, José Cortina Orrios, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL. En este punto el documento considera al ejecutivo de Bancaja como "cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares".
La supuesta implicación del ejecutivo de Bancaja está relacionada con las operaciones realizadas por el promotor para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar luego los aprovechamientos a otras áreas urbanizables. Según el informe, el vehículo utilizado por ello fue la mercantil Deprominmed, SL, presidida por Ortiz y en cuyo consejo están representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat, SL. El informe señala que esta mercantil, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan [el PGOU]".
La operación de mayor calado en este apartado que recoge el informe policial se habría desarrollado en el humedal de Agua Amarga. Las diligencias concluyen que Ortiz dirigió "una operación prolongada en el tiempo para que por parte de la entidad financiera Bancaja, a través de uno de sus subdirectores José Cortina Orrios, se adquiera la mayor parte de terreno y se integre en la citada mercantil Deproinmed, SL. Mientras tanto, Ortiz procuraría que la redacción final del citado plan le confiera el máximo valor posible al terreno aportado", señala el informe. Bancaja declinó ayer comentar la implicación de su subdirector en el caso.
El informe sostiene que Ortiz tuvo "información privilegiada" del PGOU proporcionada por "altos cargos del Ayuntamiento de Alicante".El informe policial sobre las supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante destapadas como consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal constata un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Las diligencias policiales apuntan a la posibilidad de modificaciones del documento "a su voluntad [la de Ortiz]".
Las supuestas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante forman parte de una pieza separada del sumario del caso Brugal. El instructor se inhibió de esa parte. La causa recayó en el Jugado número 5 de Alicante. Su titular ha asumido la competencia, pero aún no ha dictado ninguna resolución.
Sobre la base del informe policial, el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, anunció ayer la posibilidad de "impugnar judicialmente" el documento. El PGOU de Alicante, tras una segunda exposición pública, fue aprobado provisionalmente el pasado mes de mayo. En un comunicado oficial, el dirigente de EU resaltó que la larga tramitación del PGOU ha estado "salpicada" de irregularidades desde la rescisión del contrato al primer equipo redactor, dirigido por el arquitecto Lluís Cantallops, a principios de 2007. En esa fecha la alcaldía estaba en manos de Luis Díaz Alperi, del PP. Sonia Castedo, su sucesora desde septiembre de 2008, culminó la redacción final del documento.
Pavón denunció "el carácter opaco del proceso de redacción de un PGOU que se ha definido sobre la base de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía". El candidato de la coalición de izquierdas exigió "explicaciones inmediatas tanto "a la ex concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, como al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, en relación con las graves acusaciones contenidas en los informes policiales".
Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez exigió ayer al equipo de gobierno que aclare los motivos por los que no se ha personado en la causa abierta al concejal Francisco Sánchez Luna, del PP, por supuesto cohecho y tráfico de influencias.
* El País - 25.10.10
Foto: Alicante, oficina bancaja - google
Valdemoro y Rivas, las ciudades que más han crecido de toda España
20MINUTOS* : Ladrillo, inmigración, buenas comunicaciones con la capital y una oferta de servicios atractiva. Son las principales razones que han colocado a Valdemoro (PP) y Rivas-Vaciamadrid (IU) como los dos municipios de más de 50.000 habitantes de España que más han crecido en los últimos años, según el último anuario económico de La Caixa. En el periodo que va desde 2004 a 2009, Valdemoro, la ciudad que más ha aumentado su población en términos porcentuales, extendió su urbe un 53,7%, con 21.911 pobladores más, alcanzando los 62.750 vecinos. Por su parte, Rivas-Vaciamadrid, la segunda localidad en este ranking, creció un 51,7%: 23.906 habitantes más, hasta llegar a los 68.405 en 2009.
En los últimos puestos se sitúan Móstoles (PP) y Fuenlabrada (PSOE), que son los que menos progresión poblacional han experimentado, con un pequeño aumento del 2% y del 2,8% cada uno.
Esta aparente diferencia entre el primero y el segundo cinturón industrial de Madrid tiene una explicación bastante lógica: «En los años sesenta las localidades que más crecieron fueron Getafe, Leganés, Móstoles..., pero en este último lustro la gente ha empezado a mudarse al segundo cinturón, con mejores precios y todavía muy cerca de la capital», explica un portavoz del Ayuntamiento de Valdemoro.
Ambas ciudades, además, han tenido su mayor progresión con el auge inmobiliario de estos últimos años. Las dos firmaron sus últimos Planes Generales de Urbanismo en 2004: «Pero gran parte de este aumento se debe también a nuestra red de comunicaciones. Por la A-3 te puedes plantar en El Retiro en menos de 11 minutos» explica un portavoz del Consistorio ripense, opinión que comparte Carmen Calvete, vecina de Rivas de 21 años: «Nos mudamos en 2002 desde Vallecas. La distancia al trabajo era la misma y la casa salía muy barata».
Desde ambos ayuntamientos también se hace hincapié en la variada oferta de servicios que ofrecen. Rivas, por ejemplo, es la población con mayor extensión Wi-Fi de todo el país (más de 220 hectáreas). Aunque el anuario económico de La Caixa también señala a la inmigración como otra de las causas de este auge poblacional. En Valdemoro se ha pasado de tener 3.569 extranjeros empadronados en 2004 a 9.356 en 2009, mientras que en Rivas ya son el 12,8% del total de vecinos (8.770. En 2004 eran 2.983).
Otras grandes ciudades de la región
* Bancos: Rivas y Valdemoro son los dos municipios de Madrid en los que más ha crecido el número de oficinas de bancos y cajas. Han subido un 90% y un 118%, respectivamente. Aranjuez (PSOE) es la tercera, con un 62,5% más de oficinas bancarias.
* Telefonía: Las Rozas (PP) es la ciudad de la comunidad con más teléfonos fijos: 561 por cada 1.000 habitantes.
* Banda ancha: Las Rozas también es la localidad de la región con más penetración de la banda ancha: 316 por cada 1.000 habitantes. Parla (PSOE) es la que menos, con 131 por cada 1.000 habitantes.
* Automóviles: el aumento de la población también ha hecho que Rivas y Valdemoro sean las dos localidades con más coches matriculados desde 2004 en España. Arganda (PP) es la cuarta con un 37,6% más de automóviles.
* Camiones: Rivas (IU) y Majadahonda (PP) son las dos en las que más ha subido el número de camiones: un 74,5% y un 71,7%.
* 20 Minutos - 25.10.10
Foto: Gente paseando en Madrid - 20minutos
El precio de la vivienda está sobrevalorado en un 47,6%
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INFORMACIÓN* : El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%, pese a los descensos registrados en los precios en los últimos meses, según el semanario británico 'The Economist', que constata que el ratio que compara el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres es más elevado en España que en el resto de las principales economías mundiales y europeas. Tras España, Francia es, entre las principales economías del mundo, el país con el precio de la vivienda más sobrevalorado, en concreto un 42,5%. Por debajo, se encuentran el Reino Unido (32%), Canadá (23,9%), China (18,1%) e Italia (-10,5%). Incluso en Japón, Alemania y Estados Unidos el valor de la vivienda está por debajo del precio ideal: un -34,6%, un -12,9% y un -2,1% respectivamente.
Entre el resto de los 20 mercados analizados por el semanario económico británico, tan sólo Hong Kong, con un ratio entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres del 58,1%, y Australia, con un 63,2%, superan el dato registrado por el sector inmobiliario español.
Por otra parte, el semanario económico también analiza la evolución de los precios de la vivienda registrada en los últimos años en estos 20 mercados clave y constata que, a diferencia del "mar de porcentajes negativos" de 2009, sólo cuatro países registraron descensos en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2010.
En concreto, los precios de la vivienda descendieron en Italia (-2,8%), España (-3,4%), Japón (-4,9%) e Irlanda (-17%). Sin embargo, 'The Economist' también resalta que únicamente ha empeorado en este periodo "la catástrofe inmobiliaria de Irlanda", ya que España e Italia han visto moderarse estos descensos con respecto a las cifras de hace un año, cuando los precios bajaron un 8,3% y un 3,8% respectivamente.
En este sentido, considera que los datos muestran una "separación habitual" entre los países más fuertes de Europa y los periféricos, ya que, frente a los descensos de Irlanda, España e Italia, Alemania y Francia han cambiado ya de tendencia y los precios de la vivienda comienzan de nuevo a subir, en concreto un 4,8% y un 6%, respectivamente.
En el caso del Reino Unido, destaca que el ritmo anual de apreciación de los precios en el mercado inmobiliario del país se ha ralentizado desde el verano, lo que hace temer nuevos descensos, dado que el precio de la vivienda británica está bastante sobrevalorado.
Los mayores aumentos en los precios de la vivienda, al igual que en el informe publicado en julio, se produjeron en Asia, con Singapur (+23,1%), Hong Kong (+20,6%) y China (+9,1%) a la cabeza, junto con Australia (+18,4%). Además, la publicación muestra su sorpresa por que China subiera el pasado mes de octubre los tipos de interés y no hiciera lo mismo Australia, donde la vivienda está mucho más sobrevalorada.
* Información - EP. - 24.10.10
Foto: Se vende o alquila (Seseña archivo) - elpais.com
Los Verdes exigen a Aguilar la "demolición total" del Algarrobico y que demuestre "sus intenciones verdes"
EUROPAPRESS/Almería* : El portavoz de los Verdes de Andalucía, Mario Ortega, ha exigido este domingo a la nueva ministra de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, "que de muestras objetivas de un cambio de posición en materia de ecología política", empezando por la "demolición total" del Algarrobico. Asimismo, entre las medidas planteadas por Los Verdes en un comunicado le piden que proponga "un plan de cierre de las centrales nucleares así como el bloqueo al crecimiento de la superficie de transgénicos en España, si dice ser verde que lo demuestre", sentencia Ortega.
En este sentido, ha calificado el nombramiento de Aguilar como "una huída hacia adelante de Zapatero para dañar las posibilidades de crecimiento de una alternativa política verde en España".
Y es que Ortega "no se fía" de las verdaderas intenciones de Rosa Aguilar, ya que considera que quiere "desactivar el crecimiento del proyecto Equo, liderado por Juantxo López de Uralde, con palabritas dulces, aquí en Andalucía hubo siempre mucha distancia entre lo que decía y lo que hacía, en Córdoba siempre estuvo próxima a constructores como Sandocan y a la cúpula eclesial que llevó a la catástrofe a CajaSur".
Por ello, Ortega ha criticado el pasado político de la nueva ministra del MARM pues "durante su breve etapa de consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha seguido potenciando actuaciones insostenibles en materia de movilidad y ha consentido sin oponerse los decretos de campos de golf y de parques naturales que desactivan la posibilidad de caminar hacia un modelo sostenible sin depredar el territorio, con esas alforjas nada podemos esperar de Rosa Aguilar."
* Europa Press - 24.10.10
Foto: Almería, conferencia EQUO - europapress
Valencia.- El comprador del solar de las torres de Calatrava está obligado a construir 450 VPO
LEVANTE* : El futuro comprador del solar donde Calatrava preveía construir los tres rascacielos y que ahora el Consell quiere vender estará obligado a construir 450 VPO, según marca el planeamiento de la zona y obligan varias sentencias que se han dictado. Si no se incluyeran esta casas baratas en el futuro desarrollo del solar, los antiguos propietarios de estos terrenos que se expropiaron para construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrían reclamar la reversión del suelo por vía judicial. La exigencia de VPO tiene su origen en una sentencia que ganó la Asociación de Promotores en 1998.
Como se recordará, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se inició durante la etapa socialista con una torre de telecomunicaciones, l'Hemisfèric, el Museo de las Ciencias y un área urbanizable de 119.883 m2 de techo con suelo para colegios, servicios públicos y zonas verdes. Los suelos se obtuvieron por expropiación. La Generalitat quiso incluir usos terciarios (comercios y restaurantes) en la torre, cambio que recurrió la Asociación de Promotores en 1993. El TSJ les dio la razón en 1998, confirmada en 2000 por el Supremo, porque "no se pueden autorizar un cúmulo de usos privados (las tiendas) totalmente incompatibles con el carácter de servicio público" del proyecto. La Generalitat, ya con el PP, redactó un nuevo plan parcial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para sustituir la torre por el Palau de las Arts, introducir l'Oceanogràfic y eliminar las reservas dotacionales que existían (los colegios y servicios públicos). La única justificación de interés social que se hizo, para cumplir la sentencia del Supremo, fue incluir en el total de la edificabilidad residencial y terciario 45.000 m2 de techo unas 450 viviendas de protección oficial.
De hecho, una sentencia del TSJ de 2003 denegó a un propietario expropiado la reversión de los terrenos en Cacsa porque "se justifica el interés social" en la zona "porque se construirán 450 viviendas protegidas".
Por otra parte, la mayor parte de los edificios que la Generalitat pondrá a la venta para cuadrar sus cuentas se adquirieron todos durante la etapa del gobierno socialista de Joan Lerma en la Generalitat. El antiguo hospital de La Cigüeña lo compró la Generalitat a mediados de los años 80 a la Caja de Ahorros de Valencia. El de la calle Colón se adquirió a finales de los 80 y sufrió una profunda remodelación, con sobreelevado incluido, que se inauguró a principios de los 90. El local de la calle Nàquera es el que alberga el Instituto de la Dona.
"Venden patrimonio para pagar facturas de la corrupción"
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró ayer que la Comunitat Valenciana "vive en un estado de alarma" y que el Consell "pone en venta el patrimonio de los valencianos para pagar las facturas de la corrupción". Para Alarte, "este estado de alarma por el futuro de la Comunitat tiene un culpable claro: un gobierno que decide vender las sedes de sus conselleries para pagar las facturas de la corrupción". Según un comunicado del PSPV-PSOE, Alarte recordó en su intervención en el comité federal del PSOE en Madrid que la C. Valenciana cuenta "por cien los imputados y son innumerables los casos de corrupción". A su juicio, está en juego "la democracia", y ha asegurado que "el cambio será posible", y se hará "desde la humildad, el convencimiento, el compromiso y la decisión colectiva de los socialistas valencianos de dar la batalla" y no amilanarse "ante tanta desvergüenza e indecencia".
* Levante - 24.10.10
Foto: Las tres torres proyectadas por Calatrava junto a la Ciudad de las Artes, en una recreación.- levante
La dualidad del urbanismo sostenible
RAMÓN IGLESIAS PÉREZ* : A raíz de las declaraciones de la entonces ministra Corredor -hoy secretaria de Estado- sobre la supresión de ayudas, es necesario reflexionar sobre la VPO y el urbanismo en Andalucía más allá de los efectos inmediatos que tales medidas traerán consigo. Desde la promulgación de la famosa Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía hasta la reciente aprobación por el Parlamento andaluz del Reglamento de Disciplina Urbanística se ha trabajado en una doble dirección: conseguir un desarrollo sostenible respondiendo a la realidad territorial, económica y social de Andalucía, y regularizar el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y dar respuesta al artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Muchas veces el deseo no encuentra acomodo en la contumaz realidad que nos ha sobrevenido.
Paralela y contradictoriamente a la avalancha normativa, se implantan una serie de medidas que conducen a un callejón sin salida e impiden dar cumplimiento a uno de los objetivos centrales de la política urbanística: la disposición de suelo a precio apropiado para vivienda protegida.
Las distintas consejerías y organismos de la Administración (Medio Ambiente, Vías Pecuarias, Agencia Andaluza del Agua...) han exigido medidas desorbitadas que han incrementado considerablemente los costes de urbanización.
Respecto a las compañías eléctricas, se legisla mediante R.D 1995/2000 para compensar el ya entonces déficit tarifario y que el promotor, público o privado, ejecute a su costa toda la infraestructura en todo tipo de suelos. Además, se consiente que las compañías de agua y saneamiento impongan sus exigencias sin dar opción a contrapropuestas razonables.
Continúan en este festín de incremento de costes muchos PGOU, cuyos redactores, contagiados por la alegría de la década prodigiosa, no han sido conscientes de la realidad económica de Andalucía, ni del poder adquisitivo de su población. Han diseñado, sobrepasando las exigencias del planeamiento vigente, unos sistemas generales constituidos por reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que, a veces, no responden al más común de los sentidos, disparando con una pólvora que, una vez aprobados definitivamente, es difícil desactivar.
Muchos ayuntamientos se han financiado con el "urbanismo sostenible" y han negociado con los promotores, en función de las ayudas y las expectativas creadas, porcentajes de VPO mayores que los que fijaba la propia ley.
La anunciada derogación de las ayudas a la urbanización de suelo es un problema añadido al promotor que, por imposición legal, ha de tener fijada fecha para su ejecución bajo amenaza de expropiación por incumplimiento.
Todo lo anterior se ha gestado durante años en el autoengaño de que éramos un país rico, que los precios de la vivienda libre podían financiar todo tipo de sobrecostes y además -la cuadratura del círculo- obtener suelo para vivienda protegida cuya repercusión no podía exceder el 15% del precio de las mismas, según el art. 15 del Plan de Vivienda. Pero llegó la crisis y mandó parar.
Al mismo tiempo, se produce una dualidad difícil de comprender y que sitúa a los ciudadanos en desigualdad ante el Estado de Derecho. Los instrumentos de disciplina urbanística se muestran ineficaces ante las múltiples infracciones producidas que deterioran el territorio de manera irreversible. Los promotores que acatan la maraña legislativa soportan sobrecostes inusitados y años de tramitación. Si es difícil entender la tolerancia del pasado, más descorazonador es, si cabe, lo que nos espera con el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística que, en aras del reconocimiento de una situación de facto, intenta normalizar generosamente la situación de desaguisado existente; desde Ayamonte hasta Carboneras, pasando por Chiclana, donde quedarán fuera de ordenación sólo 94 de las más de 15.000 viviendas ilegales, y Marbella con su renombrado caso Malaya, tenemos sobrada muestra de que la excesiva regulación no impide la especulación ni conduce a un desarrollo urbanístico sostenible.
Ante este inimaginable escenario se impone una reflexión sobre los excesivos condicionantes urbanísticos, jurídicos y técnicos pensados en el momento del boom y que ahora hacen inviables algunos de los planeamientos. Es necesario desregular todo lo que no aporte valor y simplificar los procedimientos administrativos. Suprimir las ayudas para la transformación de suelo para VPO es una temeridad, ya que hace aún más inviable los sectores dedicados a la vivienda protegida. Y, por último, es imprescindible acabar con la inseguridad jurídica que conllevan los cambios de normativa, producidos con inusitada frecuencia, para reconstruir un clima de confianza tan necesario en estos momentos.
* Diario de Sevilla - Opinión - 22.10.10
