LEVANTE* : Con epicentro en Orihuela, Alicante y la diputación, un terremoto político y judicial de primera magnitud sacudió ayer de norte a sur la Comunitat. En el marco de la denominada «operación Brugal y en un despliegue sin precedentes, la policía detuvo ayer a 11 personas —entre ellas, el presidente de la institución provincial y del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, tres concejales de Orihuela y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll—, al tiempo que practicó sendos registros de la vivienda de Ripoll, de la Diputación y del consistorio oriolano.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también registraron los domicilios de Ortiz y Fenoll, así como las oficinas del Grupo Cívica y de Inusa, empresas propiedad de Ortiz, quien fue localizado en Pamplona en pleno San Fermín. En una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Número 3 de Orihuela, los detenidos están acusados, según los casos, de prevaricación, cohecho, fraude, encubrimiento y tráfico de influencias por el presunto pago de comisiones por la adjudicación al citado empresario alicantino del Plan Zonal de Residuos para 27 municipios de la Vega Baja, aprobado en enero de 2008. Después de 12 horas detenidos, la mayoría de los implicados fueron puestos en libertad con cargos y tendrán que comparecer ante la juez. Ripoll está citado mañana. Además de los siete citados también fueron detenidos el hijo de Fenoll, un empleado de Ortiz y un amigo de éste, que figuraban en la documentación policial pero no hay constancia de que prestaran declaración, y también un empresario de Valencia.
La noticia, de amplia repercusión nacional, conmocionó ayer todos los ámbitos públicos y sociales de Alicante y la Comunitat. Mientras Rajoy eludió la cuestión y el presidente Camps pedía «prudencia y responsabilidad», el PSPV se limitó —extrañamente— a expresar su confianza en la Justicia y EUPV y Compromís pidieron la dimisión de Ripoll, el azote interno del presidente de la Generalitat en el «caso Gürtel». «El presidente de la diputación está tranquilo y bien», señaló uno de sus representantes legales tras ser trasladado a primera hora de la tarde desde la institución a la Comisaría Provincial para prestar declaración.
Aunque en varios mentideros políticos de Alicante se especulaba desde hace semanas con el desarrollo de esta segunda fase de la «operación Brugal», fue ayer cuando estalló con toda la intensidad tras el análisis de horas de pinchazos telefónicos y otras pruebas de la adjudicación del Plan Zonal a la firma Cespa-Ortiz. Estalló con los registros simultáneos de la vivienda del presidente de la diputación y del Ayuntamiento de Orihuela sobre las 8 de la mañana. A esa misma hora, un amplio despliegue policial también custodiaba ya el Palacio de la avenida de la Estación, al que se impidió el acceso a toda persona ajena a la institución.
Unas cuatro horas duró el registro de la vivienda de Ripoll, que fue trasladado a la Diputación en un vehículo de la UDEF bien entrado el mediodía. Justo a las 12.45 llegaba al Palacio Provincial el abogado penalista y ex Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, llamado para defender al también presidente del PP. «Vengo como abogado», dijo el letrado a distancia a los más de 30 periodistas que aguardaban noticias extramuros del recinto. Tras más de dos horas, en las que los agentes intervinieron diferente documentación del área de Presidencia en presencia de Ripoll, éste fue trasladado a la Comisaría Provincial custodiado por los mismos vehículos.
«En el auto de la entrada de registro hay indicaciones genéricas, pero no nos han explicado todavía cuáles son los hechos que motivan las imputaciones», explicó Del Rosal tras salir del registro de la diputación. Otro de los representantes legales de Ripoll, Fernando Candela, destacó que tanto ellos dos como el político están «tranquilos y bien». Ambos resaltaron la predisposición de éste a colaborar «en todo momento» con la Policía.
La declaración de Ripoll ante la Policía, muy breve, se hizo coincidir con la llegada a la comisaría de los tres concejales de Orihuela detenidos: Ginés Sánchez, Manuel Abadía y Antonio Rodríguez Murcia, responsables respectivamente de Calidad Medioambiental, Servicios e Infraestructuras y Pedanías. Pasadas las ocho de la tarde también comparecieron Ortiz tras su viaje relámpago a Pamplona y Ángel Fenoll. Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos.
Calma tensa en el PP
La detención del presidente provincial del PP, abiertamente enfrentado al líder regional Francisco Camps, conmocionó a todo el partido en la Comunidad y añadió un nuevo quebradero de cabeza a su líder nacional Mariano Rajoy, que eludió la cuestión cuando fue preguntado. Mientras los consellers suspendían ayer tarde y apresuradamente sus agendas para hoy, la dirección provincial del PP salió en defensa de Ripoll y Camps pidió «prudencia y responsabilidad» a la espera de nuevos datos sobre esta segunda fase de la «operación Brugal».
Los agentes intervienen dinero, documentación y soportes informáticos
El operativo policial bautizado como «operación Brugal» se centró en Alicante, Orihuela y Valencia con un total de 19 registros en domicilios particulares y sedes de las empresas de varios de los implicados, según confirmó el Ministerio del Interior a través de un comunicado. También fueron registrados la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Orihuela, de donde los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal intervinieron «numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos», precisó la Dirección General de la Policía, que también hizo hincapié en que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas. El ministerio no precisó la cuantía del dinero en metálico intervenido, ni tampoco a quién pertenecía. Antes de que la Policía difundiera estos datos, la diputación publicó una nota en la que aseguraba que Ripoll salió en libertad «sin cargos».
* Levante-emv - 7.07.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
Alicante.- Ripoll sale en libertad tras doce horas detenido por una operación contra la corrupción
Barcelona.- Millet y Montull tenían trato asiduo con los dirigentes de la Trias Fargas
ELPERIÓDICO* : Fèlix Millet, el expresidente del Palau de la Música, mantuvo contactos de forma habitual y en ocasiones hasta mensuales con Carles Torrent, administrador de la Fundació Ramon Trias Fargas (ahora CatDem), vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y responsable de finanzas del partido nacionalista hasta su fallecimiento, en el 2005, según figura en el dietario del exdirectivo de la entidad cultural al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Y el sustituto de Torrent, Daniel Osàcar, conversaba de forma asidua con Jordi Montull, exjefe de administración del Palau y mano derecha de Millet. Existen anotaciones de las administrativas que lo corroboran. El trato con varios cargos de Ferrovial también eran constantes.
El dietario de Millet y su agenda ofrecen una visión panorámica de la copiosa actividad que desarrollaba el que fue máximo responsable del Orfeó Català-Palau de la Música. Reuniones internas de los directivos del auditorio y de sociedades donde el saqueador participaba como ejecutivo –como la filial inmobiliaria de Agrupació Mútua (AMCI)– y entrevistas con importantes empresarios, banqueros, altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y políticos de diferentes partidos (el PP, CiU, el PSC y ERC).
Los temas tratados en las entrevistas no se detallan en las agendas de Millet, que resumen un periodo que abarca desde 1999 hasta el 2009, cuando se produjo el registro del Palau y empezó el declive del que durante muchos años fue el máximo responsable de la institución. Sin embargo, esos documentos son una radiografía de cada uno de los polémicos asuntos tratados en la comisión de investigación del Parlament o en los dos procesos judiciales abiertos: el del saqueo de la entidad y el de la operación urbanística para construir un hotel de lujo en las cercanías del auditorio.
630.554 EUROS / En los dietarios aparecen una serie de apuntes (más de 30) sobre los supuestos contactos de Millet con Carles Torrent, cuando este era administrador de la Trias Fargas. El primero data de marzo de 1999. Desde septiembre del 2001 hasta octubre del 2003 fueron casi mensuales. Luego se distanciaron en el tiempo. El último es del 24 de febrero del 2005, días antes del fallecimiento de Torrent. La fundación vinculada a CDC recibió entre 1999 y el 2008, en la época Millet, un total de 630.554 euros del Orfeó. Los últimos convenios los firmó, por parte de la fundación convergente, Daniel Osàcar, que mantuvo varios contactos, según admitió en la comisión parlamentaria, con Montull. Las llamadas entre ellos, según las fuentes consultadas, eran regulares.
En las agendas figuran, además, más de una treintena de apuntes desde 1999 y hasta el 2005 sobre conversaciones de Millet con Pedro Buenaventura, directivo de Ferrovial, aunque el expresidente del Palau también aprovechaba sus viajes a Madrid para verse con otros cargos de la constructora, principal patrocinadora de la entidad musical.
RECALIFICACIÓN DE TERRENOS / Asimismo, en los dietarios se especifican las gestiones que realizaba Millet por sus negocios y proyectos particulares, como la recalificación de unos terrenos en L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). En la página del 5 de noviembre del 2002 se puede leer: «Dinar Felip Puig [conseller de Obres Públiques de CiU), Joan Llort [entonces director de Urbanismo], A. Calzada / C. Díaz [arquitecto]».
En los ordenadores del Palau se halló un documento, fechado al día siguiente, con la frase: «Informe según lo acordado con los señores Llort y Puig». El escrito detalla un proyecto sobre la urbanización Can Plandolit, propiedad de Millet. En otras anotaciones en poder de la justicia se habla de unas presuntas comisiones políticas por la recalificación.
* El Periódico - 7.07.10
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
Los dos 'euro-moscones' del urbanismo español
ELMUNDO* : El urbanismo español tiene dos puntos negros que escaman a los europarlamentarios de Estrasburgo, dos pesadillas que el ejecutivo de Zapatero arrastra desde la anterior legislatura, ambas de difícil solución: por un lado, el "urbanismo salvaje" del litoral, denunciado por ecologistas y partidos verdes de la cámara baja europea -con la eurodiputada danesa Magrette Auken al frente- y que amenaza seriamente con provocar la pérdida de los jugosos fondos que la UE destina a España.
Por otro, los derribos de viviendas irregulares que se suceden en zonas rústicas y protegidas del mismo litoral que afectan a miles de particulares -muchos de ellos británicos- a raíz de una política de estricta aplicación de la Ley de Costas de 1988 durante el periodo en que Cristina Narbona se hizo cargo del Ministerio de Medio Ambiente y de varios avisos procedentes de Europa. Al amparo de dicha Ley, se calcula que unas 300.000 viviendas ya construidas serían irregulares y podrían ser derruidas. Muchas ya han desaparecido del mapa.
En este farragoso capítulo, otra eurodiputada, la liberal británica Marta Andreasen, que representa al Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) desde 2009, se ha convertido en la nueva piedra en el zapato del Gobierno. Andreasen, que fue Jefa de Contabilidad de la Comisión Europea, no ha dudado en comparar las prácticas del gobierno de Zapatero con las del régimen Mugabe cuando derribaba las casas de los colonos británicos, en el pleno europeo en el que Zapatero decía adiós a la presidencia europea.
"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", espetó al presidente del Gobierno durante la clausura de la etapa española en la presidencia de la UE.
Hace un mes que Andreasen -argentina de nacimiento, que posa en su web bajo un retrato de Winston Churchill- se abrió una cuenta en Youtube para recopilar sus iracundos alegatos en favor de los ciudadanos británicos afincados en Andalucía y Murcia, víctimas -muchos ellos, al parecer- de constructores españoles sin escrúpulos que construyeron sus viviendas a pocos metros de la costa, en suelos rurales o en parques naturales como el Cabo de Gata.
Solución complicada
En Europa, mientras a un lado de la cámara se exige a Zapatero que limpie la costa de ladrillos, al otro, se pide justicia para los propietarios de unas edificaciones que han quedado al margen de la ley.
Los dos problemas, protección del litoral y viviendas irregulares, chocan entre sí y su resolución no es sencilla ni uniforme, pues en ellos intervienen muchos escalones institucionales del Estado y los tribunales.
Ambos, sin embargo, encuentran un documento de denuncia común en el Informe Auken, donde la diputada verde danesa recogió en marzo de 2009 los puntos en los que el ladrillo español incumplía las leyes medioambientales europeas, y que denunció la "destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente", básicamente la tesis que también defiende la eurodiputada británica. [Lea el informe]
Mientras, los propietarios de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, agrupados en decenas de colectivos, apelan a que son víctimas de la permisividad y la avaricia de los ayuntamientos durante la época del 'boom', como en el caso de los municipios de Almanzora o la Albox- y que las normas únicamente se ejecutan para las casas de los menos pudientes.
Además, denuncian que si se aplicara la ley en su totalidad los afectados ascenderían a 500.000 ciudadanos y equivaldría a tirar 50.00 millones de euros a la basura.
* El Mundo - 6.07.10
Foto: Las eurodiputadas Margrete Auken (Los Verdes) y Marta Adreansen (UKIP) | Elmundo.es
Cercle Obert pide al juzgado un informe "independiente" sobre Jardín Monforte
ABC/Valencia* : La asociación Cercle Obert solicitará al juzgado que investiga la construcción del aparcamiento que hay junto al Jardín de Monforte de Valencia un informe "independiente" sobre las condiciones fitosanitarias de este conjunto histórico. Así lo ha anunciado hoy este colectivo en un comunicado, en el que denuncia "la existencia de numerosos informes contradictorios, emitidos por los mismo técnicos y organismos municipales que controla y dirige el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver", que exhiben, a su juicio, una "evidente falta de rigor".
Ante esta situación, Cercle Obert remitirá "urgentemente" un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia para que reflexione sobre "la necesidad de encargar a verdaderos técnicos independientes y de reconocida solvencia la investigación y evaluación de la actual situación fitosanitaria del jardín" y la posible influencia del aparcamiento en la misma.
Este estudio, en su opinión, debería ser realizado por "técnicos y especialistas" "alejado de cualquier institución local y autonómica", y que tampoco tengan "contacto alguno con la Comunitat Valenciana, en aras de evitar presiones o manipulaciones".
La Fiscalía denunció a Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para construir, en 2004, el aparcamiento existente en el subsuelo de los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
Estas supuestas irregularidades fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal por la asociación Cercle Obert, que considera que se cometió "expolio" en esta actuación urbanística. EFE
* ABC- EFE - 5.07.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Chile.- Patrimonio Cultural y los Monumentos en Arica
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ELMORROCOTUDO* : Se tiende a confundir los términos “Patrimonio” y “Monumento”. Se suele entender al Patrimonio Cultural como un amplio concepto que involucra un conjunto de aspectos materiales e inmateriales que son valorados colectivamente como insumos que dan forma a nuestra identidad cultural. Más allá de un listado de cosas que todos deberíamos apreciar y cuidar, el Patrimonio Cultural consiste en un proceso social dinámico en que cada individuo identifica y tiene una particular relación con los hitos de su historia y su paisaje.
En este sentido, el Patrimonio Cultural y Natural regional ha sido frecuentemente nombrado como uno de los puntales de la identidad de nuestra administrativamente nueva, pero ya milenaria región de Arica y Parinacota. Además, el Patrimonio Cultural también es visto como un conjunto que puede servir para lograr el anhelado desarrollo económico y social.
En nuestra región el tema patrimonial se ha ido instalando de alguna forma en la comunidad. Así, lenta pero consistentemente la comunidad va exigiendo que los edificios, las plazas, las calles y los diversos lugares en donde reside la memoria y la historia local estén protegidos de intervenciones que no respeten esos valores. Incluso esta misma comunidad se pregunta por qué las autoridades y las leyes no logran impedir la pérdida de estos lugares que poseen un innegable valor cultural e histórico.
Es en este punto donde yace la diferencia con el concepto de Monumento. En términos legales, los Monumentos Nacionales, son aquellos lugares, construcciones o ruinas que gozan de la protección legal de la Ley Nº 17.288. A través de esta Ley, sólo se puede proteger una parte del Patrimonio Cultural, el patrimonio tangible y en lo posible de grandes dimensiones o “monumental”.
La Ley 17.288 señala cinco categorías de Monumentos Nacionales: Monumentos Históricos, Zonas Típicas, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Arqueológicos y Monumentos Públicos. Los tres primeros requieren de un decreto otorgado por el Ministerio de Educación para lograr esa protección, mientras que los dos últimos, lo son sin necesidad de decreto alguno.
En la ciudad de Arica han sido declarados como Monumentos Históricos un conjunto de edificios y lugares que por sus especiales características históricas y arquitectónicas deben resguardarse. Destacan los siguientes: El Morro de Arica, la Ex–Isla del Alacrán, el Regimiento “Rancagua”, la Antigua Aduana de Arica, el Edificio del Ferrocarril Arica-La Paz y la Catedral San Marcos de Arica. De esta forma, cualquier intervención que se requiera hacer en estos Monumentos Nacionales, incluso una conservación, debe ser autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, quien velará para que los valores patrimoniales por los cuales fue declarado se mantengan. En Arica, la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales está presente para orientar tanto a los privados como a los servicios que tengan dudas respecto a la intervención y manejo de los Monumentos Nacionales.
Sin duda, en la ciudad existen otros lugares y edificios que poseen las condiciones para lograr esta protección legal. Con tales declaraciones se evitaría el riesgo de deterioro e incluso pérdida de estos componentes de nuestro patrimonio. Entonces, no basta con ser reconocido como Patrimonio Cultural para que los lugares y edificios significativos se conserven, y sólo adquiriendo la calidad de Monumento Nacional, éstos pueden ser resguardados.
Además de la Ley 17.288, existe otra herramienta de protección para algunos inmuebles patrimoniales, dentro del Plan Regulador de la Comuna de Arica, sancionado el año pasado. En este Plan Regulador se reconoce un conjunto de Inmuebles de Conservación Histórica, los cuales sólo pueden ser intervenidos si cuenta con la autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). En la página “Patrimonio Urbano” del MINVU hay un listado de los inmuebles de la ciudad de Arica que posee esta protección.
Estamos claros que la actual legislación no es suficiente para salvaguardar este patrimonio urbano de Arica, principalmente porque no da los incentivos a los dueños privados, ni da los presupuestos al Estado para que se mantengan adecuadamente los Monumentos Nacionales. Esto ha resultado, ya muchas veces, en la pérdida de edificios o espacios públicos que se intervinieron o se perdieron irremediablemente.
Por ejemplo, hace menos de un mes la comunidad rechazó la destrucción del antiguo Lazareto en la calle 18 de Septiembre con Lautaro. Si bien estaba reconocido por la comunidad por su valor dentro de la historia de la salud ariqueña y como indicador de los antiguos límites de la ciudad, no se pudo evitar la pérdida, ya que este edificio no contaba con ningún tipo de resguardo. Actualmente en ese lugar se construye un establecimiento educacional. Hubiera sido fácil para arquitectos con sensibilidad patrimonial haber incorporado el antiguo edificio a las nuevas necesidades de espacio universitario.
Más dramático es el ejemplo del año pasado cuando se demolió el edificio del antiguo Colegio San Marcos (ahora Colegio Juan Pablo II) para dar paso a uno nuevo. Esto fue trágico pues ese edificio estaba considerado como Inmueble de Conservación Histórica en el Plano Regulador vigente, pero esto no bastó para evitar que fuera destruido. No sabemos exactamente cómo se permitió esto, si primó un anterior decreto municipal de demolición o si el mismo MINVU no estaba al tanto de sus atribuciones.
Además, con un potencial riesgo de pérdida irremediable están las casi únicas evidencias de la arquitectura colonial de Arica: Las ruinas monumentales de la antigua Iglesia de San Juan que ocupan gran parte de la manzana de Baquedano con Sotomayor. Una pequeña porción de su estructura se exhibe en el interior del Edificio Consistorial, pero la mayoría se encuentra en terrenos privados y en un avanzado grado de deterioro. Las ruinas han sido crecientemente presionadas por los modernos edificios colindantes y actualmente el terreno es ocupado para un estacionamiento vehicular. Los actuales dueños dicen estar obligados a destruir los muros coloniales, ya que ponen en riesgo la integridad de los vehículos de sus clientes.
Por otro lado, el actual Mercado Central, en la calle San Marcos entre Baquedano y Colón, se emplaza en el antiguo Convento de San Francisco, conservando en el subsuelo evidencias coloniales que constituyen Monumento Arqueológico. Tras los sismos del siglo XIX, un conjunto de elementos arquitectónicos de la época peruana de Arica, como los pilares de fierro forjado de la antigua Aduana, fueron habilitados en este lugar para dar forma a un Cuartel Militar y posteriormente al Mercado de Abastos.
Hoy en día, aunque el Mercado Central es considerado un Inmueble de Conservación Histórica por el Plan Regulador de Arica, cuenta con un decreto municipal de demolición y esta en permanente riesgo de que el Municipio destruya el edificio. Esto no sólo pone en riesgo el valor arquitectónico e histórico del inmueble, sino que además todo el valor social y la memoria colectiva que también forma parte de nuestra identidad ariqueña, que descansa en el Mercado Central y sus trabajadores.
Si los ariqueños queremos conservar los valores históricos y patrimoniales de la ciudad de Arica, en especial del casco antiguo, debemos identificar y solicitar la declaración de nuevos Monumentos Nacionales. Esta es una herramienta que no asegura una adecuada gestión, pero si protege de las eventuales destrucciones por razones inmobiliarias que se desentienden de nuestra historia. Es importante conservar estos edificios y lugares, con el objeto de reforzar nuestra identidad cultural y a partir de ella, también es posible desarrollar nuevas alternativas de Turismo Cultural, y encaminarnos en el esperado desarrollo regional.
* El Morrocotudo - Álvaro L. Romero G. - 6.07.10
Foto: Arica (Chile), monumentos - elmorrocotudo.cl
Funcas admite que el exceso de crédito agravó el 'boom' inmobiliario
MÁLAGAHOY* : El sector financiero admite que no sólo aportó la chispa, sino que además echó más madera a la hoguera de la construcción en España. "El sistema crediticio proporcionó el combustible que la burbuja inmobiliaria necesitaba para continuar el proceso de crecimiento de los precios". Ésta es una de las conclusiones de un estudio de la propia Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el boom de la construcción. El informe señala que entre 1995 y 2007 el crédito para comprar vivienda se multiplicó por nueve y la financiación para actividades de construcción por 6,7, mientras que el crédito para actividades inmobiliarias fue el que más creció, multiplicándose por 25.
El crecimiento del crédito derivó no sólo del aumento de las operaciones, sino también de las mejores condiciones para los demandantes de financiación. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española, el importe medio de una hipoteca en 1997 era 50.786 euros a un plazo de 19 años. En 2007, en plena cresta de la ola, la hipoteca media nueva ascendía a 149.000 euros y tenía un plazo de amortización de 28 años.
Pese al mayor importe medio de las hipotecas, el esfuerzo para pagar los préstamos fue menor por dos razones: el mayor plazo de devolución y los menores tipos de interés debido al proceso de integración de la economía española en el euro y la política monetaria laxa que mantuvo el Banco Central Europeo en sus primeros años.
El estudio resalta que el sector financiero agravó sus desequilibrios al concentrar su negocio en las actividades inmobiliarias. "Así, si en 1996 el crédito a este tipo de actividades representaba el 40% del total, en 2007 este porcentaje era del 61,4%". Para poder financiar el fuerte crecimiento del crédito, "las entidades financieras españolas tuvieron que acudir de forma masiva a la financiación exterior mediante la emisión de deuda o la titulización de activos".
El estudio destaca el "carácter especulativo de una inversión basada en las expectativas de que los intensos crecimientos de precios iban a ser sostenidos en el tiempo". "En concreto, la etapa expansiva que se inició en 1997 duró justo el doble que la anterior -entre 1985 y 1990-, por lo que aunque desde distintas instancia se alertaba de la formación de la burbuja, la realidad iba confirmando las expectativas de crecimiento de los precios ", narra el estudio. La respuesta a este crecimiento fue "muy superior a otras etapas expansivas, e incluso a la de la mayoría de los países desarrollados". El número de viviendas anuales iniciadas llegó incluso a doblar al de la creación de nuevos hogares, y aumentó el peso de la construcción en la economía, pasando el 7,5% del valor añadido bruto en 1995 a un máximo del 12% en 2006.
La fiesta comenzó a decaer con la subida de los tipos de interés a partir de 2005, en respuesta al encarecimiento del petróleo. Y se acabó en 2008 con la crisis financiera internacional, que secó "la abundante liquidez que había alimentado la burbuja".
* Málaga Hoy - 6.07.10
Foto: Burbuja inmobiliaria, evolución - malagahoy.es
