Viñetas de J.R.MORA y J.KALVELLIDO
27-M: Las elecciones del ladrillazo
¿Las elecciones de la corrupción?
BRAULIO Gómez* : "El próximo domingo se celebrarán las octavas elecciones de la España democrática. Tradicionalmente en este tipo de elecciones, la participación es más baja que en las elecciones generales, los dos partidos más grandes, PSOE y PP, reciben menos votos que en las legislativas y consiguen representación en los ayuntamientos algunos partidos muy pequeños que no tienen cabida en el sistema de partidos que disputa el gobierno central. Hay diversas circunstancias que dan personalidad propia a las elecciones municipales, como las de 1995 que sirvieron para castigar al gobierno central del PSOE y dar por primera vez en su historia la victoria al PP. Pero el contexto político que puede hacer de las elecciones del domingo unas elecciones especiales no tiene que ver con la agitada política nacional, sino con un problema local que ha calado de forma profunda y novedosa en la opinión pública, la complicidad de los ayuntamientos en la corrupción urbanística tanto en Andalucía, como en el resto de España.
En el Barómetro de Opinión Pública del IESA-CSIC, de enero de este año, la mayoría de los andaluces pensaba que su alcalde podría haber gestionado de forma irregular el desarrollo urbanístico de su municipio y más de 80% tenía la impresión de que la corrupción asociada a la planificación urbana afectaba a muchos o bastantes ayuntamientos de Andalucía. Esta percepción generalizada de que los ayuntamientos no han sido capaces de parar los pies a los promotores y a los constructores sin escrúpulos ha generado una desconfianza en la ciudadanía que según las encuestas podría influir en el resultado electoral del domingo. En el mismo Barómetro, los ciudadanos que percibían corrupción en la gestión del suelo de su ciudad tendrían más probabilidades de no apoyar a su alcalde que aquellos que desconocían cualquier relación entre sus representantes locales y la corrupción urbanística.
Los periódicos nacionales y locales han cubierto de forma extensa este nuevo fenómeno, sobre todo desde la disolución del ayuntamiento de Marbella. Incluso, alguno ha creado una nueva sección titulada escándalos urbanísticos. No es de extrañar que la campaña electoral de Zapatero haya elegido como tema transversal estrella que le sirve en todo el territorio nacional la tolerancia cero contra la corrupción urbanística. La pena es que ni su partido, ni el resto de partidos, se han tomado en serio su solemne firmeza y han colado en algunos municipios a candidatos sospechosos e imputados en casos de corrupción urbanística. Atrás quedaron los decálogos, promesas y buenas intenciones que surgieron tras el escándalo de Marbella.
Este domingo, por primera vez, la ciudadanía va a tener que decidir su voto no sólo contando con su ideología, con su simpatía partidista, con su valoración de la gestión local o de los candidatos, sino que tiene otra dimensión que podría prevalecer en su voto, políticos corruptos frente a políticos honrados. Ahora depende sólo de los ciudadanos demostrar que la tolerancia cero es una demanda intensa de la ciudadanía. Porque una vez que hay suficiente información sobre determinadas conductas ilícitas por parte de algunos representantes locales, no se podría explicar que renovara su mandato algún alcalde cuyas conexiones con los constructores corruptos son de dominio público. O sí que se podría explicar, todos los pueblos tendrían al alcalde que se merecen.
* Politólogo
* Diario Cordoba - 25/05/2007
Críticas: 21.000 viviendas en dos PAI y la permuta de Mestalla
L.B.- Levante* : "Sean muchos o pocos los planes urbanísticos aprobados en los dos últimos meses, algunos a los que se ha dado vía libre valen por diez. Es el caso de los macroproyectos reclasificatorios de Gran Manises y Nou Mil·lenni que promueve el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en compañía de dos grandes promotores: Enrique Ortiz y Llanera. En el caso de Catarroja la Conselleria de Territorio ha dado el visto bueno a la construcción de 11.459 viviendas (5.900 de VPO) en 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico que deben reclasificarse y que no estaban previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Similar esquema se ha seguido en Gran Manises, donde se prevén construir otras 9.400 viviendas en suelo rústico que debe reclasificarse y que tampoco estaba previsto en el PGOU de esta localidad de l'Horta. Tanto el proyecto de Manises como el de Catarroja ha sido duramente criticado desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, el Ministerio de Fomento o la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a los bestiales incrementos de población, la falta de garantías de agua o las conexiones para el incremento de circulaciones de vehículos privados que supondrán.
Territorio también ha aprobado durante este último mes la permuta de terrenos impulsada por el Valencia CF para construir el nuevo estadio y viviendas en el antiguo solar de Mestalla. También en Novelda se ha dado vía libre a otro PAI de 3.00 chalés y campo de golf.
De ahí que desde la Compromís pel Territori denuncien «las decisiones que los miembros del Consel toman en los últimos días con tal de dejar todo ligado bien ligado en plena campaña electoral, para satisfacción de los intereses particulares de a quienes sirven» .
Y añaden que estas decisiones «no sólo afectan a la política urbanística sino a las políticas sociales como la enseñanza pública y la sanidad ya que cabe recordar que la semana pasada el Consell aprobó los conciertos para los centros privados de bachillerato promoviendo la enseñanza mientras en los centros públicos los escolares han de estudiar en barracones. Y ayer mismo el actual Consell ha aprobado un decreto en el que da vía libre a la sustitución de la gestión pública de la sanidad por la gestión privada» .
Compromís pel Territori considera que esta precipitación «responde a la inseguridad del partido aún en el Gobierno autonómico en relación a su continuidad después de las elecciones del próximo domingo y conlas imputaciones cada vez más graves de presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos» .
Por eso solicitan «la anulación de las aprobaciones a última hora que hipotecan nuestro futuro y nuestro territorio» y denuncian la «perversión de los valores democráticos que ejercita el PP desde la Generalitat para favorecer los negocios especulativos a costa del territorio y los servicios públicos» .
* Levante-EMV - 26 de mayo de 2007
Murcia y Marbella
ANTONIO CAMPILLO* : "En los últimos años, el Gobierno regional murciano se ha dedicado a difundir machaconamente, con el dinero de todos los contribuyentes, una serie de eslóganes publicitarios («Agua para todos», «Murcia paraíso natural», etc.) destinados a ocultar las deficiencias de su propia gestión y a acallar las voces críticas de la oposición política y las organizaciones ciudadanas, que vienen exigiendo un cambio de rumbo en nuestro modelo de desarrollo (bajo el lema «Murcia no se vende»), y que recientemente han reclamado a todos los partidos políticos y al conjunto de la sociedad murciana un «compromiso por la Región».
En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional.
Pero la frase que refleja realmente la situación de nuestra Región no procede del Gobierno regional del PP, ni de las organizaciones ciudadanas, sino de un personaje que durante años compaginó con total impunidad la gestión pública y los negocios privados. Me refiero a la frase «Murcia es la hostia», pronunciada privadamente, en una conversación telefónica interceptada por la policía, por el empresario murciano Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción urbanística que tenía su centro en el Ayuntamiento de Marbella y extendía sus redes por otras ciudades y comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia. Recientemente, tras el levantamiento del secreto sumarial de la Operación Malaya, hemos comenzado a conocer su participación en el caso Lo Poyo.
El significado de la expresión de Roca se comprende muy bien por el contexto de la conversación y por el destinatario al que va dirigida, el promotor madrileño Ismael Pérez. El mensaje de Roca a su amigo es muy claro: la Región de Murcia es un verdadero paraíso para la especulación inmobiliaria y la corrupción política. Este mensaje refleja por sí solo la situación real de nuestra comunidad autónoma, con una claridad sin tapujos que contradice los mendaces discursos oficiales y con una gráfica concisión que condensa en cuatro palabras todos los estudios e informes (como el Informe 2003 y el Informe 2006 del Foro Ciudadano) que han denunciado la gravedad del problema.
Se ha escrito mucho sobre el cáncer de la especulación inmobiliaria y sobre los costes de todo tipo que está provocando: económicos, sociales, ambientales y políticos. La suma de todos estos costes es tal que la bomba inmobiliaria se ha convertido en el problema más grave de España. Lo han dicho numerosos expertos y organismos nacionales e internacionales, y lo han dicho también numerosos ciudadanos de a pié, a través de las 69 asociaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora La Región de Murcia no se Vende, y las 600 asociaciones agrupadas en la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, de ámbito estatal. En este artículo, me limitaré a subrayar los costes políticos.
En el caso paradigmático de Marbella, toda la atención pública se ha centrado en los protagonistas de la trama de corrupción dirigida por Roca, es decir, en las personas imputadas por el juez Torres: alcaldes, concejales, funcionarios, empresarios, abogados, notarios y una célebre cantante. Pero no se ha prestado la debida atención al hecho de que los cargos políticos actualmente imputados fueron elegidos por sus conciudadanos durante cuatro legislaturas consecutivas, a pesar de las muchas denuncias que pesaban sobre ellos. Esto quiere decir dos cosas: que la carrera política y el apoyo electoral se habían convertido en una vía para amparar el delito y eludir a la justicia; y que la tolerancia y connivencia con la corrupción estaban ampliamente extendidas entre los marbellíes. En otras palabras, que la democracia en Marbella se había colapsado por completo. Precisamente por eso, tuvo que ocurrir algo sin precedentes en la democracia española: la suspensión de toda la corporación municipal por parte del Gobierno central y su procesamiento por parte de la justicia penal. Esa es la gran virtud de la separación de poderes, los célebres contrapesos de los que hablaba Montesquieu, sin los cuales no hay verdadera democracia.
El caso de Marbella debería llevarnos a reconocer que la especulación inmobiliaria y la corrupción política son hoy el haz y el envés de un fenómeno que constituye el problema más grave de la democracia española, y que amenaza a sus instituciones más básicas: los municipios y las comunidades autónomas. El gobierno de Zapatero ha dado pasos importantes (nueva Ley del Suelo, nueva Ley de Financiación de los Partidos, más controles medioambientales, reforzamiento de la Fiscalía, etc.), pero son insuficientes. Además, hay que implicar también a las comunidades autónomas y a los municipios. Por eso, considero muy acertada la propuesta de Llamazares: es necesario un gran pacto de Estado para luchar de manera firme y coordinada contra la especulación y la corrupción.
Ahora que vamos a celebrar elecciones municipales y autonómicas, conviene recordar el ejemplo de Marbella. El PP, bajo la dirección del señor Rajoy, ha adoptado dos estrategias que pueden serle muy beneficiosas electoralmente, pero que van en sentido contrario a lo que España necesita. Por un lado, ha tratado de convertir estas elecciones en unas primarias de las generales, haciendo de la política antiterrorista contra ETA un arma arrojadiza contra Zapatero, y evitando así que se debata sobre los muchos problemas locales y autonómicos, y en particular sobre el grave problema de la especulación y la corrupción, que afecta sobre todo a varias comunidades gobernadas por el propio PP, como la Región de Murcia. Por otro lado, ha seguido la misma estrategia que utilizó el GIL en Marbella: presentar como candidatos a muchos cargos políticos imputados (entre ellos, varios alcaldes de la Región, pese a las promesas de Valcárcel), con el objetivo de que las urnas legitimen y socialicen la corrupción.
En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional. El cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, sabía muy bien de lo que hablaba cuando dijo que Murcia es la hostia. Si las próximas elecciones del 27-M convalidan de nuevo en el poder a la actual clase dirigente murciana, como pronostican las encuestas, habremos dado un paso más en la estrategia de legitimación y socialización de la corrupción política. Y entonces tendremos más motivos para exigir que vuelvan a funcionar, como en Marbella, los contrapesos democráticos del Estado de Derecho.
* Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.
* La Verdad - 25 de mayo de 2007
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