MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este viernes en Pleno el Plan Parcial para remodelar el ámbito de San Francisco el Grande. Una vecina del distrito de Centro irrumpió en la sala de Plenos al grito de "No queremos cemento en la Cornisa".
La corporación municipal aprobó con los votos del PP esta operación, gestada en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla la construcción de cinco edificios propiedad del Arzobispado, varios equipamientos y más zonas verdes, a la espera del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el movimiento vecinal.
La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió que el equipo de Ruiz-Gallardón no estaba al frente del Gobierno de Madrid cuando se iniciaron las negociaciones del plan de reforma de la Cornisa, cuyas bases, aseguró, vienen de 1997. Martínez argumentó que el actual Gobierno municipal no ha conferido derechos al Arzobispado que no tuviera adquiridos ya y que sólo ha podido establecer limitaciones y condiciones en beneficio de los madrileños.
Los dos grupos de la oposición acusaron al Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón de "complicidad" con el Arzobispado de Madrid, a quien "han autorizado a destruir" la Cornisa de San Francisco el Grande "al otorgarle 25.500 metros cuadrados de edificabilidad para levantar cinco edificios en un talud asociado históricamente a la imagen de la capital".
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, subrayó que una vez aprobada esta "fechoría urbanística y atropello histórico" Alberto Ruiz-Gallardón será recordado como "el alcalde que tapó la Cornisa de Madrid". Lucas espetó al alcalde si es que "no se da cuenta de que está destruyendo un espacio histórico y unas zonas verdes a cuya alteración se oponen tajantemente los vecinos, como están demostrando hoy en la Plaza de la Villa".
Tropelía
En nombre de IU, el concejal Ángel Lara, acusó al Gobierno de "destruir la configuración de una zona emblemática" y de no tener en cuenta "jamás" la opinión de los vecinos y de los grupos de la oposición, "que llevan diez años oponiéndose con pasión y sin desmayo a esta tropelía", agregó. Lara calificó el Plan Parcial de "atentado irremediable" contra la Cornisa y dijo que el Gobierno municipal no ha dudado en ceder "a la voracidad insaciable del Arzobispado, a pesar del expolio de zonas verdes que supone para los vecinos".
En la votación final, una vecina comenzó a gritar contra la decisión, una protesta que viene a sumarse a la de decenas de vecinos que se manifestaban desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Villa. Medio centenar de vecinos del distrito Centro se concentraban, mientras tanto, en la Plaza de la Villa para reclamar que el Plan Parcial no siguiera adelante.
'Clero y Gallardón roban un montón', 'Vaticano dos en Madrid no', 'Las calles y los parques son nuestros, ¿por qué no nos preguntan?' fueron algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban.
* Madridiario - 27-02-2009 - Enrique Villalba / Agencias
Foto: Juan Luis Jaén / Enrique Villalba, madridiario.es
La Cornisa de San Francisco el Grande se transformará a pesar de los vecinos
El juez ve indicios de criminalidad por un caso urbanístico en la líder del PP jerezano
LAVOZDIGITAL* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Jerez ha dictado un auto por el que determina que han surgido «indicios racionales de criminalidad» en el caso de los huertos de ocio contra la popular y por entonces alcaldesa de Jerez María José García Pelayo. En el escrito fechado el 25 de febrero se alude a un presunto delito de prevaricación administrativa relativo a ella y a «otras personas», al tiempo que se recuerda la condición de parlamentaria andaluza de la imputada, por lo que el procedimiento a partir de ahora tendrá que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El auto apunta a que tanto el 7 de agosto de 2003 como el 18 de noviembre del mismo año García Pelayo no sólo ostentaba el cargo de alcaldesa de la ciudad, sino también el de presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que la relaciona directa e inexorablemente con los hechos juzgados. Las fechas citadas anteriormente corresponden a los días en los que se adoptaron resoluciones presuntamente prevaricadoras en relación al desalojo de las parcelas de los huertos de ocio.
En concreto, el 7 de agosto de 2003 se dictó un acuerdo para proceder a la expropiación de unos terrenos de los que los afectados disponían por contrato de cesión, prescindiendo de la tramitación del correspondiente expediente de resolución de estos contratos, como consta en el dictamen judicial. La intención de esta operación no era otra que la transmisión en el mes de octubre del mismo año de dicha finca a la empresa Xera Promociones mediante una permuta, con el fin de destinar este suelo a la construcción de viviendas.
El 18 de noviembre de 2003 el Consejo de Gestión de la GMU dictó un nuevo acuerdo desestimando el escrito de alegaciones de los perjudicados y aprobando definitivamente el expediente anterior. De esta forma, según el auto se resolvieron anticipadamente los contratos administrativos y de cesión del uso de las parcelas y se requirió el desalojo en 20 días, aún cuando la Gerencia «no era propietaria del suelo y por tanto no tenía potestad para dictar el acuerdo». De hecho, una sentencia del 14 de julio de 2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez decretó la nulidad del desalojo, algo que luego fue ratificado por el TSJA en enero del presente año.
En el auto del Juzgado de Instrucción número 2 se incide en que todas estas operaciones contaron necesariamente con el beneplácito en forma de firma de la entonces alcaldesa, «con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones con la disponibilidad inmediata de dicha parcela». Dada su condición de aforada al pertenecer al Parlamento de Andalucía, las diligencias tendrán que ser remitidas al TSJA en el plazo más breve posible, «que en ningún caso podrá exceder de tres días».
Así, el órgano jerezano no podrá continuar la instrucción de la causa no sólo en lo que respecta a la aforada sino también al resto de imputados, ante el riesgo de que los trámites que se pudieran practicar de ahora en adelante resultaran nulos de pleno derecho. El documento concluye con la puntualización de que contra esa resolución no cabe recurso alguno, pues ya será la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJA la que deberá fijar su propia competencia, como órgano superior jerárquico del de Instrucción.
El abogado de los 35 parcelistas afectados, Francisco Pérez Vera, mostró ayer su satisfacción por que el procedimiento se desarrolla según lo previsto, confiando en que el futuro a nivel judicial siga siendo favorable para sus representados. «Yo creo que estamos por el buen camino», sentenció. No obstante, el letrado quiso aclarar que la inculpación de Pelayo no exime de responsabilidad al resto de los imputados, cuyo número supera la veintena. «El auto se refiere exclusivamente a ella por su condición de aforada, para justificar por qué el procedimiento será remitido al TSJA, pero todo se hará extensivo a los demás e incluso habrá algunos casos en los el delito estará mucho más claro».
Imputados de renombre
Entre los nombres, Pérez Vera volvió a recordar la especial implicación de Pedro Pacheco, que por aquel entonces era el delegado de Urbanismo y fue quien negoció las permutas con Xera Promociones, sin olvidar a personas del actual equipo de Gobierno como el delegado de Fomento, Francisco Lebrero, o la propia alcaldesa, Pilar Sánchez. «Ellos estaban en la oposición, pero habrá que analizar las actas que se dictaron desde órganos colegiados de los que ellos formaban parte y donde de hecho todos votaron a favor, excepto el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle».
El abogado destacó que Pilar Sánchez «ocultó siempre el expediente y la escritura de la operación, porque se opuso desde un principio a esta demanda». No obstante, pretendió tirarle el guante a la regidora jerezana cuando se refirió a que en la actualidad puede tener una segunda oportunidad si facilita los trámites para obtener la nulidad de la permuta.
«Ahora puede demostrar de qué lado está en términos de legalidad, si quiere que se hagan las cosas bien o si prefiere cerrar los ojos. Nosotros tenemos ya los expedientes, pero pediremos que sea el Ayuntamiento el órgano que inicie el procedimiento de nulidad de la permuta. De no ser así, lo solicitaremos por la vía judicial».
* La Voz Digital - 28.02.09 -ALMUDENA DOÑA
Foto: INICIATIVA. Protesta de los parcelistas afectados. / LA VOZ
La trama de Alcaucín vendía viviendas en suelo no urbanizable a extranjeros
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía. La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.
Eso es lo que constatan las investigaciones de la Guardia Civil, que además del alcalde de Alcaucín ha arrestado en la denominada 'operación Arcos' a otras doce personas por diversos delitos de corrupción relacionados con el urbanismo, según informa el instituto armado.
Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, según han informado a Efe las fuentes consultadas.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
“Pepe, te queremos”
El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, salió a las 12.10 de su casa del pueblo entre gritos de apoyo de una treintena de vecinos: “Pepe, te queremos”. Efectivos de la Guardia Civil han trasladado a Martín Alba al Ayuntamiento, donde desde las ocho de la mañana se registra diversa documentación.
En Málaga, tres vehículos del Instituto Armado continúan en la puerta de la sede de la Diputación Provincial, mientras se investigan ordenadores del Servicio de Arquitectura.
El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha resaltado que la corrupción de la Costa del Sol se ha trasladado al interior de la provincia. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha llegado más lejos y dice que resulta “un escándalo” que la Diputación pueda estar “implicada” en el caso Arcos.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, en Málaga en un acto institucional con motivo de la celebración mañana del Día de Andalucía, ha expresado su “sosegada preocupación” ante la operación contra la corrupción urbanística en Alcaucín.
El PSOE expulsa del partido al alcalde
El PSOE ha iniciado los trámites de expulsión para el alcalde de Alcaucín, José Martín Alba, según confirmó a El Confidencial un portavoz del PSOE de Málaga. "Es un asunto privado del alcalde y no afecta a la Diputación Provincial", destacó el portavoz a este diario.
La Operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez (Málaga), informaron en fuentes de la investigación. En la misma participan también la fiscalía especial contra la corrupción y la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.
* El Confidencial - A. Rivera.- .- 27/02/2009
Foto: Agentes de la Guardia Civil durante el registro de la Diputación Provincial de Málaga en el marco de la "operación Arcos" (Efe)
