Bollullos.- El ex alcalde admite que no hubo concurso público para las obras del recinto ferial

HUELVAINFORMACIÓN* : El ex alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, ha prestado declaración en calidad de imputado a raíz de las diligencias previas abiertas por su actuación en la urbanización de los terrenos que hoy ocupan el Recinto Ferial. El edil socialista compareció durante más de tres horas en el Juzgado de Instrucción nº2 de La Palma del Condado en las que descartó los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y desobediencia a los que se enfrenta por la urbanización. La génesis de estos hechos se remontan al año 2006, cuando el Ayuntamiento comienza las labores de urbanización y los trámites para hacerse con la titularidad de unos terrenos rústicos de 60.000 metros cuadrados de superficie que hoy conforman el recinto ferial y que continúan teniendo titularidad privada.

Bajo estos elementos de partida, las discrepancias surgieron a raíz del vehículo jurídico para materializar esta infraestructura. Sánchez sostuvo en su defensa que la actuación se circunscribió a un proyecto que tenía por fin el interés general, aunque reconoce que las obras de urbanización se desarrollaron sin que mediase concurso público.

José Carlos Hernández Casino, que ejerce como letrado del Ayuntamiento, personado como acusación particular, asegura que las declaraciones de Sánchez y la entonces primera teniente de alcalde, Chari Rosado, son enormemente clarificadoras y desmontan de facto cualquier intento por sortear el delito de prevaricación, al reconocer la titular de Urbanismo que "conocía los informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento y la Intervención en los que se dice que las permutas (acuerdo mediante el cual se trato de lograr la titularidad de los terrenos privados) no son acordes a la ley".

Las contradicciones, según la acusación, se hacen extensibles al hecho de que Rosado afirmase tener conocimiento de los compromisos de permuta de las fincas 446, 447, 449, 450, 451, 452 del polígono 19 y 323 del polígono 33 en los que se asentaría dicho espacio público y que "tiene conocimiento de que el Ayuntamiento entrega a cambio el 16% de la superficie aportada en parcelas edificables una vez aprobado el PGOU".

Sánchez trató de corregir las afirmaciones de su compañera y afirmó a este periódico que el acuerdo con los propietarios de los terrenos hablaba meramente de "autorizaciones para el uso del suelo". Más novedades arrojaron su declaración. El edil mantuvo que cumplió la paralización de obras que en junio de 2006 le reclamaba la delegada provincial de Obras Pública, Rocío Allepuz. En concreto, la institución andaluza le instaba a paralizar las obras por ejecutarse sin proyecto y sobre suelo "no urbanizable y especialmente protegido" por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, lo que le llevaba a exigir la restauración del suelo en las mismas condiciones anteriores a la actuación.

Petición que finalmente no se produjo. Sánchez se aferró a este punto para mantener que los fastos de septiembre han continuado celebrándose en el mismo emplazamiento y cuestiona el por qué si la infraestructura es ilegal ha seguido siendo utilizada por populares y no adscritos.

Una vez fuera de las dependencias judiciales, el alcaldable socialista insistió en que las conclusiones de las comisiones informativas, que dieron cuerpo y sentido a la denuncia, fueron "redactadas por el propio Hernández Cansino", quien a la postre se convertiría en el letrado de la acusación particular.

Independiente de ello, para Sánchez todo el proceso nace viciado desde el mismo instante en que las subrayadas comisiones son "presididas por un edil tránsfuga, que no pueden ejercer estas atribuciones, por lo que sus conclusiones no tienen validez alguna".

El edil aseguró que mantiene la conciencia tranquila y confía en el archivo de las diligencias previas. "Sería el primer alcalde que sin llevarme un duro a casa es condenado por un delito penal", afirmó, a la par que sostuvo que se trata de un problema de índole administrativo pues recuerda que el Pleno pudo darle curso legal a la actuación mediante la aprobación de la figura del Interés Público, si bien adolecía de mayoría plenaria para ello.

Las diligencias continuarán con las comparecencias en calidad de testigos de los técnicos y propietarios.



* Huelva Información - 24.11.10
Foto: El recinto ferial de Bollullos del Condado, objeto de la denuncia.- HuelvaInformación

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Mérida.- Urbanismo advierte que las casas de campo ilegales "desaparecerán"

ELPERIÓDICO* : Las viviendas construidas en suelo no urbanizable, es decir, las casas de campo ilegales que no puedan regularizar su situación serán derribadas. La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Estrella Gordillo, advirtió ayer que cuando finalice el proceso de legalización que acaba de iniciarse en el término municipal emeritense tras la reciente aprobación de la nueva Ley del Suelo de Extremadura, y de que se identifiquen las que estén en zonas que no puedan ser reguladas, "habrá que plantearse la forma de proceder. Lo normal es que esas viviendas desaparezcan".

La portavoz municipal compareció ayer ante los medios de comunicación para detallar los pasos que deben seguir los propietarios de viviendas en suelo rústico, y para aclarar algunos aspectos de su complicada tramitación. Como ya adelantó EL PERIODICO el pasado lunes, los vecinos afectados deben constituirse en una Agrupación de Interés Urbanístico para desarrollar la tramitación y superar varios informes para conocer si el suelo que ocupa la vivienda en cuestión está afectada por alguna figura de protección que impida su legalización. De esta forma, las viviendas en zonas protegidas por las leyes medioambientales, o las afectadas por vías pecuarias o cañadas reales, no podrán obtener la licencia municipal "bajo ningún concepto" y, por tanto, podrían tener los días contados.

No obstante, Gordillo no avanzó fechas para que esto ocurra, ya que ni siquiera se tiene constancia de cuantas viviendas se encuentran en esta situación, aunque si se tienen localizadas algunas algunas de ellas, como por ejemplo en la Sierra de Calamonte, que cuenta con protección medioambiental.

Otros núcleos, que aún debe estudiarse la situación en la que se encuentra el suelo, se encuentran localizados en la Sierra de Arroyo, Las Calabrias y La Ronquilla, cerca de San Andrés, algunas de ellas con más de medio centenar de asociados, o la Barriada Carrión.

Gordillo reconoce que el procedimiento (ver la edición del 22 de noviembre) es complicado, pero también que estas exigencias establecen las "garantías" para evitar que quien tenga una de estas viviendas en suelo rústico "se convierta de la noche a la mañana en urbanizable". "La gente entendía que una vez que se aprobaba la ley del suelo, aquello iba a ser un camino de rosas, y no es tan sencillo. El urbanismo es un asunto complicado, que tiene una serie de trámites y plazos", añade Gordillo.

Para facilitar todos los trámites y resolver las posibles dudas, la Delegación de Urbanismo pone sus técnicos a disposición de todos los afectados para resolverlo.




* El Periódico - 24.11.10
Foto: Viviendas en suelo rústico cerca de la carretera de Don Alvaro.- ElPeriódico

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Vigo.- Espadas en alto sobre el derribo de cinco edificios cercanos

LAVOZ/Vigo* : Diez días después de que el Concello diera vía al derribo de los cinco apartoteles construidos por Casal Carreiro en la avenida de Samil se mantiene la situación inicial: Urbanismo sigue adelante con la redacción del proyecto de demolición y los abogados de los afectados (compradores y promotor) insisten en su estrategia para evitar que entre la piqueta sin que ello implique el desalojo de las familias que allí residen. El concejal José Mariño ha vuelto a repetir que cumplirán los plazos para concluir el proyecto, que había comprometido para finales de mes. Por su parte, los letrados intentarán en los próximos días hacer confluir los intereses del centenar largo de familias que compró allí un piso con el promotor, que sigue siendo titular de otros setenta.

Por el momento las diferencias entre los responsables municipales de urbanismo y los afectados son importantes. El Concello insiste en que la demolición, que el Tribunal Superior ordenó a primeros de mes en un plazo de diez días, solo pueden pararla los jueces. A juicio de Mariño para ello será necesario demostrar que los inmuebles van a convertirse en apartoteles, único uso autorizado por el Plan Xeral, tanto el actual como el vigente en 1994 cuando se concedió la licencia de obras.

Sin embargo, la realidad es que los inmuebles fueron vendidos como pisos y que alrededor de setenta familias ocupan varios de los inmuebles como residencia habitual. Estas personas aducen que compraron de buena fe y que pensaron que no había problemas legales para hacerlo. Por su parte, el Concello mantiene que muchos de los afectados sabían que lo que adquirían.

La fecha tope que Urbanismo ha puesto para ejecutar el derribo es el mes de febrero, aunque en Vigo nunca se ha tirado un edificio colectivo de viviendas en toda su historia.



* La Voz de Galicia - 24.11.10
Foto: Vigo, apartoteles a derribar en Samil - farodevigo

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Zaragoza.- Los bancos no avalan la urbanización de los terrenos del campo de fútbol

ELPERIÓDICO* : La construcción del nuevo estadio de fútbol en San José generó ayer un nuevo encontronazo entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y CHA provocado por una circunstancia inesperada: que los bancos no han querido aportar el aval necesario para acometer las obras de urbanización del sector donde se incluye el campo (denominado 38/4). La Junta de Compensación se ha topado con la negativa de diferentes entidades a avalar el 10% de los costes de la urbanización (6,39 millones de un total de casi 64) y se ha visto obligada a solicitar al consistorio que acepte parte de estos terrenos como garantía de que las obras se van a ejecutar con normalidad. No obstante, es significativo que los bancos no quieran asumir ese riesgo, teniendo claro que en estos terrenos va uno de los proyectos estrella de la ciudad.

Los nacionalistas, que cuestionaron la legalidad de esta solución a pesar de que los técnicos y servicios jurídicos municipales aseguraron que la nueva Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) admite esta fórmula, rechazaron esta opción porque consideran que supone asumir demasiado riesgo por las consecuencias que podría tener la paralización de los trabajos. Entienden que un aval bancario se puede cobrar fácilmente en caso de complicaciones, recurriendo al banco o ante los tribunales, pero no tanto el suelo que ofrezca como garantía.

Según el portavoz de CHA, Juan Martín, "no se puede pretender que el ayuntamiento haga de hermanita de la caridad de los promotores", ya que entiende que "si se les exime ahora de este aval bancario, no lo va a presentar nadie". "Se trata de salvaguardar los intereses económicos y urbanísticos de la ciudad", añadió.

CONTUNDENTE La respuesta de Urbanismo al respecto fue contundente. "CHA ha manifestado un total desconocimiento de la nueva normativa, la LUA, que ya lleva un año en vigor y que, por responsabilidad, debería conocer, aunque fuera someramente, y no lanzar acusaciones gratuitas, motivadas más por su oposición a un equipamiento como el campo de fútbol que a otra razón. En ningún caso ha habido por su parte una defensa de los intereses municipales, aunque sí una interpretación errónea y malintencionada", señalaron fuentes oficiales de Urbanismo.

La ley lo permite y en absoluto se estaría cometiendo ninguna irregularidad, pero sí supone un "varapalo", como lo calificó Martín, para el desarrollo del proyecto que la Junta de Compensación admita, después de la reunión del consejo rector celebrada el pasado 3 de noviembre, que "la imposibilidad, en el contexto económico actual, y tras las múltiples gestiones previas efectuadas, de aportar un aval bancario" y el acuerdo por unanimidad de pedir al consistorio su conformidad para que "se cumplimente y formalice la garantía de la correcta ejecución de las obras de urbanización por importe del 10% de las cargas mediante la afección registral de las fincas aportadas del sector y de sistemas generales adscritos pertenecientes a los propietarios". "Si los bancos no quieren presentar aval ya está dicho todo", destacó Martín.



* El Periódico Aragón - 24.11.10
Foto: Zaragoza, ayuntamiento - universitariosenvanguardia

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El 'Pocero' pierde otra batalla en los tribunales

PÚBLICO* : El constructor Antonio Hernando, El Pocero, sufrió un nuevo revés judicial después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara definitivamente la querella presentada contra tres dirigentes de Izquierda Unida a quienes el empresario había acusado de un delito de denuncia falsa. Entre 2006 y 2008, Hernando presentó una quincena de querellas contra el coordinador federal de la organización, Cayo Lara, el actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y el ex secretario de organización de IU Manuel Cámara. Ese aluvión de procedimientos fue la respuesta del empresario a la denuncia presentada por los dirigentes de IU ante la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas irregularidades cometidas por su empresa, Onde 2000, en la construcción de una macrourbanización en Seseña (Toledo), en 2003.

La querella desestimada por la Audiencia madrileña la había presentado Hernando en julio de 2008 ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. El constructor acusó entonces a Lara, Fuentes y Cámara de haber formulado su acusación ante la fiscalía "a través de los medios de comunicación, con grave daño y perjuicio y descrédito personal y empresarial" contra su figura.

El juzgado madrileño archivó esa acusación en dos ocasiones, la última de ellas en agosto de este mismo año, pero Hernando volvió a recurrir. Y en esta ocasión ha sido la Audiencia Provincial la que ha rechazado la querella, una decisión contra la que no cabe recurso alguno.

En su auto, los tres magistrados que componen la SecciónDecimoquinta señalan que las imputaciones realizadas por los dirigentes de IU contra El Pocero no recogían "hechos manifiestamente falsos". "Para los denunciantes, los hechos eran ciertos y actuaron en la firme creencia de que se habían producido irregularidades en la actuación urbanística de Seseña", apuntan.

Los magistrados ahondan en esta misma idea cuando afirman que los hechos que denunciaron Fuentes, Lara y Cámara "no fueron inventados", sino que "había indicios suficientes para sospechar de una actuación delictiva". Agregan, además, que los denunciantes "no obraron de forma dolosa", ya que "nada apunta a que denunciaran con voluntario desprecio a la verdad".

El coordinador federal de IU mostró su satisfacción ante una nueva victoria de su formación. "Ni todo el dinero del mundo ni las legiones de abogados que se utilicen contra nosotros nos van a desviar de nuestra defensa, con escrupuloso respeto a la ley, de los valores y principios democráticos en los que creemos", recalcó Lara a través de un comunicado.

IU, agregó su líder, mantendrá una "posición ética" en la política, en un momento en el que "el ejercicio de lo público está bastante cuestionado por la actuación de algunos desaprensivos y la falta de respuestas contundentes desde algunas formaciones políticas".

Este diario intentó sin éxito obtener la reacción de El Pocero ante este nuevo varapalo judicial.
Siete procesos contra IU

Todavía hay abiertos otros siete procesos contra los dirigentes de IU que destaparon la supuestas corruptelas en Seseña. El Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas prosigue su investigación para esclarecer si hubo irregularidades en la construcción de la macrourbanización en la localidad toledana.




* Público - 23.11.10
Foto: Seseña (Toledo), pocerolandia - burbuja.info

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La Habana: Urbanismo e higiene

MIGUEL CRISPÍN SOTOMAYOR* : El estudio y discusión del “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social”, es por estos días el asunto que más nos interesa a la mayoría de los cubanos, pues del debate popular saldrá el proyecto final que debe ser aprobado, en abril del 2011, por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Lineamientos que servirán de guía para al perfeccionamiento de nuestro socialismo. Dada la importancia que para todos tiene ese proceso, otros asuntos preocupan o interesan menos en la actualidad, pero no por ello dejan de ser importantes. Y es urgente impedir que La Habana continúe siendo dañada por el desorden urbanístico y sanitario. No es un secreto que nuestra capital ha sido y en gran medida aún lo es, una de las ciudades más bonita de América Latina, pero esa belleza va desapareciendo cuando se deja detrás el casco histórico y se penetra en ella. Nada de lo que mencionaré está fuera de la vista de todos los que vivimos o nos visitan y por supuesto, tampoco de quienes debían velar por las normas de urbanismo e higiene. Pueden entenderse algunas de las justificaciones, en cuanto a la suciedad de muchas calles y parques y el descuido de áreas verdes, por carencia de personal, de equipos idóneos para la limpieza e inspectores, y por indisciplinas sociales que agravan la higiene.

Se sabe, que son difíciles de solucionar las cicatrices dejadas en la vía pública durante la ejecución masiva y con premura de obras de gran utilidad social, como la instalación y/o reparación de conductoras de agua, de gas manufacturado y otras, así como los provocados al ornato por la colocación de tuberías de gas en fachadas de casas y edificios. Y que es prácticamente imposible, en estos momentos, el mantenimiento, reparación y pintura de muchísimas edificaciones que lo requieren, debido a los problemas económicos que atravesamos, cuyas causas son bien conocidas.

Sin embargo, una situación que sigue contribuyendo al deterioro de la imagen e higiene de la ciudad y que nada o poco tiene que ver con el estado de la economía, es la indiscriminada ubicación en plazas, calles, aceras, parques, parqueos y en cuanto espacio o hueco lo permite, de los contenedores de las Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), los quioscos y carritos para la venta de alimentos cocinados, cigarros , bebidas y de otros productos en Peso Cubano Convertible ( CUC) y en Moneda Nacional ( CUP) ; y la práctica casi generalizada de los establecimientos de la “gastronomía popular” de situar en las aceras o portales mesas, asadores y cocinas para la elaboración y venta de alimentos que quedan expuestos al sol, el polvo de la calle y al humo de los vehículos que transitan. Además de estantes y carretillas de vendedores ambulantes, de algunas bodegas y de cuantos así lo disponen.

Desde el inicio de la venta de productos con precios en divisas, las diversas entidades encargadas de ello comenzaron atropelladamente a construir, adecuar y a ejecutar otras “iniciativas” para abrir nuevas instalaciones con ese fin, muchas de ellas sin justificación en esos momentos ni en la actualidad. Lo que ha provocado que en una misma zona haya un conglomerado de grandes tiendas, medianas y vendutas para vender los mismos o casi los mismos productos (la rentabilidad pudiera ser un tema aparte).

¿Faltaban o eran insuficientes los establecimientos disponibles?

Seguramente, en algunos lugares. Pero, también a la vista de todos ha estado la inmensa zona comercial de Centro Habana, donde tradicionalmente hacían sus compras los capitalinos y visitantes, con numerosas instalaciones especializadas, es decir tiendas. ¿La rehabilitación de esa zona no pudo habernos ahorrado muchísimas nuevas y costosas inversiones para la venta de productos en divisas? La realidad es otra, esas antiguas tiendas sólo muestran la suciedad acumulada por varios años de abandono y falta de mantenimiento; han sido clausuradas o se usan con otros propósitos, y muchas son subutilizadas para la venta de productos que no están en correspondencia con el valor e importancia de ellas.

Esa zona era una de la más bonita que teníamos, como también lo eran otras: la del Parque Central, la Rampa y otros lugares del Vedado y la Copa en Miramar. En esta última, desapareció la belleza de antaño. Agravada, a partir del inicio del verano pasado en que llegaron las “iniciativas” locales para agregarse a las ya existentes y con ellas las aceras se han convertido en las consabidas mesas-vendutas para elaborar y vender alimentos, productos cárnicos ahumados, bisuterías, etc., etc. que bien pudieran venderse dentro de los establecimientos que existen a unos pasos. Y como ya es natural, el churre y la basura pululan.

Tampoco, las ferias agropecuarias y de productos industriales de fin de semana contribuyen al ornato. Es cierto que facilitan a la población adquirir variados productos del agro y a precios relativamente más bajo, pero convierten la parte de las avenidas donde se sitúan en un inmenso basurero y son un infierno para quienes residen en ella, por el ruido, la suciedad y provocan dificultades hasta para acceder a sus respectivas viviendas.

¿No existe otra solución? ¿No es posible hacer ferias en sitios apropiados, en que agreguen a la actividad comercial otros beneficios como la recreación y el embellecimiento de los mismos?

Es comprensible, que en todo ello ha habido esfuerzo, dificultades que vencer y buenas intenciones. Pero también poca creatividad, facilismo y falta de control e indiferencia por parte de entidades que tienen la responsabilidad de velar por la salud de la población y la belleza de la Capital.

¿Qué sucederá cuando cientos o miles de nuevos cuentapropistas, previstos en los “Lineamentos de la Política Económica y Social”, comiencen a montar sus negocios? ¿Cómo y quién hará cumplir las normas urbanísticas y sanitarias que hoy no se cumplen, incluso por algunas entidades que debieran velar por su cumplimiento?

No creo que sea justo que esas cosas se relacionen con el “comercio popular” y menos con el Socialismo. “La calidad es respeto al pueblo”, sentenció el Ché; y la belleza y la higiene forman parte importante de la calidad de vida.

La Habana es la capital de todos los cubanos y tenemos la obligación de cuidarla y de exigir porque no llegue a convertirse en la capital del timbiriche, del desorden urbanístico y sanitario.



* Rebelión - Opinión - 21.11.10

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