LAVOZDEGALICIA* : Los depósitos de basura ilegales siguen proliferando por montes y parajes aislados de Galicia pese a la inversión de las Administraciones autonómica y local en materia de gestión de residuos sólidos y los esfuerzos de las campañas de concienciación ambiental. Desde que echó a andar Sogama -creada por la Xunta en 1992-, y sobre todo su planta incineradora en Cerceda, se fueron clausurando los vertederos municipales.
Con la ayuda de los fondos europeos, de aquellos más de 250 que funcionaban entonces hoy apenas quedan treinta por clausurar. El resto se han ido sellando y regenerando poco a poco. El Gobierno autónomo completará el programa con una inversión de 5 millones de euros destinada a ejecutar su cierre antes del año 2012.
Sin embargo, no será el fin del problema. Aunque estas grandes acumulaciones de residuos emblemáticas -de referencia para los vecinos- han sido eliminadas, siguen aflorando depósitos incontrolados por el paisaje, que casi siempre tienen que ver con residuos cuyo tratamiento está en pañales: restos de obra y desmontes, mobiliario y enseres, y neumáticos. Existen emplazamientos ya clásicos, de acumulación recurrente (canteras, taludes, lechos fluviales, rías, cunetas), aunque se limpien cada cierto tiempo, y otros que surgen por el simple efecto llamada: basta con que un desaprensivo deje allí un sillón desvencijado, una lavadora o unas sacas con escombro o despojo vegetal; enseguida encontrará adeptos.
El anuncio de Sogama de que dejará de retirar a partir de septiembre residuos voluminosos (mobiliario, electrodomésticos, colchones... enseres que no asume el contenedor) no parece que vaya a facilitar la desaparición de los verteros ilegales, sino al contrario. Unas 12.000 toneladas de este tipo de basura llegó en el 2008 a Cerceda, donde fueron incinerados o trasladados al vertedero de Areosa. Por el momento, la Xunta no se ha avenido a la petición de PSOE y Fegamp, que la instan a que financie las alternativas: gestores privados autorizados que encarecen el tratamiento. La Consellería de Medio Ambiente sí ofreció información y colaboración.
En Vilagarcía existen vertederos incontrolados en Trabanca, en Berdón, y dos en el monte Lobeira y, aunque han sido denunciados siguen almacenando basura. En O Grove y Cambados se organizan habitualmente retenes de limpieza para eliminar acumulaciones esporádicas.
La brigada ambiental del Concello de Ames eliminó nada menos que 210 vertederos entre el 2008 y lo que va de año.
En el sur de Lugo sigue habiendo pequeños puntos de vertido. Uno de los más llamativos se halla en la parroquia de Pombeiro (Pantón), en pleno cañón del Sil y a la vista de la presa de Santo Estevo, y que el Concello limpia, pero no logra erradicar.
Las canteras
En Ourense siguen quedando ejemplos, incluso en la capital. En el entorno de sus dos puntos limpios los vecinos depositan todo tipo de objetos cuando hallan el servicio cerrado. En el resto de la provincia destacan los lugares usados por las canteras para depositar escombro, un problema habitual en Toén o Xinzo, pero sobre todo en la zona pizarrera de Valdeorras. No obstante, allí está en marcha un programa para su eliminación.
Los vertederos son una constante en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, especialmente en carreteras en desuso y en las proximidades de los ríos, y que muchas veces desaparecen bajo la maleza. Uno de ellos se localiza en Pozo Negro (Lalín), a orillas del río Asneiro, donde el pasado año se retiraron tres toneladas de ruedas y residuos.
* La Voz de Galicia - H. J. Porto - 30.08.09
Foto: EL CUARTO DE BAÑO EN CULLEREDO. Los restos de obra aparecen esparcidos junto a un contenedor y cerca de una parada del bus escolar - lavozdegalicia.es
Los vertederos ilegales proliferan por montes y parajes aislados de Galicia
Otro monstruo urbanistico en la Vera
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Ecologistas en Acción de la Vera, consideramos que la construcción de 270 apartamentos es pura especulación ya que se basan en el cambio de uso del suelo rústico a turístico, con un futuro de uso residencial y la empresa promotora Raso del Arca S.L. y empresas constructoras que pretenden realizar ésta macro urbanización, solamente buscan beneficios propios y rápidos, sin considerar el desarrollo sostenible de la Comarca, con el deterioro faunístico y ambiental en la zona de Juan Rasero de Villanueva de la Vera, dónde se pretende realizar.
Por otra parte queremos que se considere la repercusión de los gastos en infraestructuras que se deben llevar a cabo para dar accesos a dicha urbanización a cargo de las arcas autonómicas, comarcales y locales, cuando se necesitan de otras mejoras que afecten directamente a los habitantes de la zona.
Desde nuestro punto de vistas, los procesos de ocupación del territorio por parte de la civilización humana deben estar necesariamente encuadrados en el marco de políticas globales, regionales y locales de respeto por el medio ambiente. Así lo puso de manifiesto un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad en España para el Ministerio de Medio Ambiente hecho público en 2006 y así se recoge repetidamente en la bibliografía especializada y en la legislación estatal.
En la actualidad hay un acuerdo generalizado en que, o nos esforzamos en cuidar el planeta que habitamos, ó tendremos problemas que afectarán gravemente a nuestra calidad de vida y que habremos generado con nuestro desmedido afán por consumir los recursos limitados de que disponemos. Este planteamiento debe estar presente en la práctica de la ordenación del territorio y del urbanismo, tanto a escala global como local y en todos y cada uno de los instrumentos de planificación y/o planeamiento que se elaboren para estructurar coherentemente la integración de nuestra especie y de su actividad en del territorio.
Este nuevo proyecto supondría un abuso de los recursos del suelo y agua por el incremento desproporcionado de suelo urbanizable propuesto, alejado de las necesidades del municipio y que responden a fenómenos coyunturales de expansión urbanística ligada en la mayoría de los casos a operaciones especulativas.
El enorme consumo de agua potable, que se captará de acuíferos subterráneos ó bien se detraerá de la red de distribución del Servicio Municipal de Aguas de Villanueva de la Vera. La contaminación del agua (superficial y subterránea), el suelo y el medio natural que suelen provocar los herbicidas, abonos y productos químicos que se emplean y por los posibles daños a la vegetación y a la avifauna y otras especies animales que abundan en la zona. La arbitraria e injustificable motivación de unas instalaciones cuya puesta en obra y mantenimiento atentará contra el verdadero “interés general” de la ciudadanía pues ni persiguen las satisfacción de necesidades esenciales de la población, ni garantizan la correcta conservación de los bienes de dominio público.
Que se pretendan desviar caudales de aguas depuradas ó pozos de perforación, cuando continuamente se habla de escasez en sectores como la agricultura, la ganadería y en el caso concreto de la Comarca de la Vera la escasa cantidad de agua como este año para satisfacer los consumos mínimos a los ciudadanos.
Un proyecto de éste tipo (y cualquier otro de éstas características, aunque sea de menos impacto) no es sostenible en los tres sentidos del término: No es sostenible porque no se puede mantener una población y unos usos que necesitan una cantidad de agua mayor que la capacidad de recarga de los acuíferos; No lo es porque no tiene en cuenta a las generaciones futuras a las que se les deja una hipoteca irreversible, y no lo es porque contamina el agua por encima de la capacidad auto regenerativa de la naturaleza.
Además no es sustentable porque priva a la comunidad local de su territorio tradicional, de su capacidad política, de parte de sus costumbres y modos de vida.
Los consumos estimados por persona y día es de 300 litros que por 270 apartamentos y 3 personas por cada uno constituyen 250 m3 diarios, 100.000.-m3 anuales aproximadamente.
Los consumos para un campo de golf de este tipo (9 hoyos) se establecen en 193.000.- m3/año. Es decir, consume los mismo que 3.846 hogares. Si se regara con aguas residuales, se necesita el agua residual de una población de al menos 6.000.- habitantes.
Hay muchas evidencias de que el cambio climático nos traerá cada vez menos agua y desde organizaciones internacionales nos alertan de la necesidad de regular el uso de este bien preciado y escaso. Un campo de golf supone un despilfarro para un lugar en el que el agua no sobra.
Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y pesticidas. Todos estos agros tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan en él Río Tiétar por lo que los campos que riegan sus vegas los harían con esta agua contaminada, con el deterioro que supondría a toda una Zona agrícola.
Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción de la Comarca de la Vera, SOLICITA A DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERITORIO DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO: DENIEGUE EL PROYECTO JARDIN BOTANICO GOLF, promovido por la empresa Raso del Arca S.l...
* Kaos en la Red - Manuel M. | Ecologistas en Acción de la Vera - 30.08.09
Foto: Kaos en la Red
Un rincón ´marbellí´ en A Coruña
LAOPINIÓN* : Los inquilinos del edificio Conde de Fenosa se mueven entre los que aseguran estar tranquilos ante la orden de demolición del Supremo, confían en que no se ejecutará jamás, y los que admiten cierta inquietud por la posibilidad de perder sus viviendas. "Esto es como Marbella", resume uno de los inquilinos del edificio Conde de Fenosa. Abogado, para más señas, lo que le ha convertido en blanco habitual de las consultas del resto de vecinos una vez que se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la demolición del inmueble de Fernando Macías.
Reconoce que existen personas "asustadas" repartidas entre el centenar de viviendas, a diferencia del clima de tranquilidad que se respira entre el resto de la comunidad de propietarios. Él ha intentado tranquilizarlas bajo un único punto de partida: la responsabilidad patrimonial pertenece al Ayuntamiento. Esto es, el Consistorio fue quien otorgó una licencia de construcción que ahora se ha revelado como "ilegal", según el Tribunal Supremo.
"Esto es como en Marbella -desliza el abogado-, los propietarios compraron bajo la presunción de la legalidad". Nada les hizo sospechar que, como en el caso de la popular población andaluza de la Costa del Sol, otro caso de naturaleza urbanística como el que monopolizó los informativos nacionales podría afectarles a ellos, a más de mil kilómetros de distancia. Las miradas, pues, se dirigen ahora hacia el Ayuntamiento, hacia la manera de afrontar los acontecimientos a partir de ahora.
Algunos vecinos plantean incluso la posibilidad de que el responsable último de otorgar la licencia de rehabilitación en el año 1997 responda también ante la Justicia. "Aunque actualmente ya no forme parte del equipo de gobierno municipal o ya no sea el responsable del área que la otorgó". El resto prefiere esperar a que las aguas se tranquilicen: saber qué es lo que pretende el particular que presentó la demanda, conocer cómo avanzan las negociaciones entre las partes y, sobre todo, dejarlo todo en manos de los abogados.
"Esto es un tema a otro nivel, entre abogados, no entre los vecinos", insiste una inquilina antes de cruzar el portal de uno de los edificios del conjunto arquitectónico que reúne cerca de un centenar de viviendas, oficinas y hasta un consulado perteneciente a un país africano.
Las conversaciones de portal oscilan entonces entre los que desconfían de que la orden de demolición se ejecute finalmente -"Es un auténtico disparate", sentencia una mujer de edad avanzada-; los que no alcanzan a entender el objeto de la sentencia del Supremo -"Es absurdo tirarlo para después volver a construirlo", opina otro vecino-; y los que, perdidos en un proceso judicial que se alarga desde 2001, cuestionan las razones de la orden -"Creo que hubo un problema de volumen de edificación", aventura un propietario-.
Problema que más bien otros vecinos achacan a enfrentamientos de carácter personal. Pese a todo afirman estar tranquilos, hasta el punto de que a alguno no le asustaría "dormir en tienda de campaña en la plaza. No en vano, éste es un "edificio muy particular".
* La Opinión Coruña - MARCOS OTERO - 29.08.09
Foto: nquilina saliendo de uno de los portales del edificio Fenosa de Fernando Macías. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es
Cultivos abandonados en decenas de PAI fallidos amenazan con arder
ELPAÍS/Valencia* : La crisis ha dejado la comunidad autónoma salpicada de proyectos urbanísticos fallidos. Unas veces por decisión o incapacidad empresarial: ¿quién quiere invertir y quién quiere financiar con un mercado saturado y una demanda a la baja? Otras, porque la falta de agua y de rigor en el planeamiento han eternizado su tramitación. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado una resaca imprevista y peligrosa. Un cordón de antiguos terrenos agrícolas en el borde de los núcleos urbanos. Donde debían ir urbanizaciones hay árboles y malas hierbas secándose al sol. Cada uno de ellos -y hay decenas- representa un riesgo de incendio.
Los propietarios ignoran masivamente las ordenanzas municipales para mantenerlos en buen estado: limpiarlos sale caro y la quema está prohibida. Los ayuntamientos desisten de adoptar medidas enérgicas. De la Generalitat no hay noticia. Y ya ha habido fuegos.
El fenómeno del abandono, agigantado por el desplome de los precios de los cítricos, es, sin embargo, general. A principios de verano, se registró un incendio en un campo abandonado de Tavernes de Valldigna (La Safor), donde el proceso de recalificación urbanística iniciado en 2004 -y que no ha concluido- afecta a ya cinco millones de metros cuadrados. Una enorme superficie que linda con los edificios de apartamentos de segunda línea de playa.
"Es un asunto serio por los incendios y también porque son un nido de ratas, de animales muertos y de basura. Es una cuestión de salud pública", sostiene tajante Jordi Juan Huguet, concejal del Bloc de Tavernes, que ha pedido al Gobierno local del PP que obligue a las promotoras a limpiar los terrenos.
En la primera semana de agosto se desató otro fuego al sur de la Pobla de Vallbona (Camp de Tùria), en una zona donde solían crecer naranjos y cebollas y que ahora integra la larga lista de los PAI (Programas de Acción Integrada, la polémica fórmula urbanizadora valenciana) empantanados.
Federico Gómez Pardo, un veraneante de Girona, ha relatado el impacto que le produjo encontrar grandes extensiones de naranjos dejados a su suerte en la comarca de La Ribera Alta, y el peligro que ello entrañaba."No fue grave porque no alcanzó a ninguna vivienda. Pero con un incendio nunca se sabe, sobre todo si hay poniente como aquel día", cuenta Jaume Cortina, edil oposición socialista.
"Ha habido decenas de incendios rurales en campos abandonados", señala una portavoz de la Consejería de Gobernación, "pero no tenemos un balance. A nosotros sólo nos llegan los más serios. Si no, se nos colapsarían los buscas".
Durante el boom del ladrillo el abandono se vio agravado por la fuerza del rumor y por un efecto indeseado de la normativa fiscal, afirma Ferran Gregori, encargado de Ordenación del Territorio en La Unió de Llauradors. "Al vender una finca se paga una plusvalía por haber desarrollado actividades agrícolas. Pero a los cinco años del cese de actividad ese sobrecargo expira.
En cuanto en un pueblo aparecía el rumor de que se iba a hacer un PAI, había muchos que cortaban los árboles para ahorrárselo. Yo creo que tendría que ser al revés y primar el mantenimiento de la actividad". Según Gregori, cerca del 50% de los cultivos de la franja costera de Castellón han sido abandonados. Y en las poblaciones donde la fiebre del ladrillo fue alta, como Moncofa o Xilxes, la pérdida se eleva al "60% o 70%".
"Los naranjos se defienden durante un tiempo. Algunos rebrotan. Pero si la cosa sigue así dentro de dos o tres años esto será un incendio global o un cementerio", opina el responsable de La Unió.
¿Quién está anticipándose a ese escenario? Todo indica que nadie. La Consejería de Gobernación ha tenido reuniones con las organizaciones agrarias para mentalizar a sus afiliados de la importancia de mantener limpios los campos. Y existe una línea de ayudas de las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente para poda y limpieza, pero sólo para aquellos propietarios de parcelas cercanas a parques naturales. Así que el peso de la prevención, o mejor dicho su ausencia, recae en los ayuntamientos.
Es habitual, afirma Francesc Signes, portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes valencianas y ex alcalde de L'Alcúdia, que en primavera el Consistorio envíe notificaciones a los propietarios recordándoles su deber de conservación. Y también es habitual que los propietarios hagan caso omiso. "Los ayuntamientos tienen que ser valientes y adoptar medidas contundentes, como encargarse de la limpieza y pasar la factura a los dueños", dice Signes.
Un propósito más difícil de lo que parece, como saben en Potries, un muy pequeño municipio (tiene menos de mil habitantes) próximo a Gandia. El equipo municipal, del Bloc, prepara una ordenanza para obligar a los propietarios a mantener los terrenos en buen estado. Entre otras cosas, porque las zarzas invaden las parcelas vecinas, multiplicando el coste de la poda, explica Mari Carme Almunia, edil de Cultura y alcaldesa en funciones.
El paso del Ayuntamiento de Potries ha levantado quejas. Un malestar que Ferran Gregori comprende. "Nosotros somos partidarios de que los campos abandonados se limpien. Pero hacer recaer esa obligación únicamente sobre los agricultores es complicado. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando lo que está abandonado es una fábrica o una casa, que también representan un peligro. Cuando un agricultor deja perder un campo es porque ya no le salía rentable. Y si poda, ¿qué hace luego con los restos?, porque está prohibido quemarlos. La única solución es contratar máquinas trituradoras, y son caras".
La Unió estima que el cortado, triturado y transporte de la leña que resulta demasiado grande para ser molida cuesta unos 1.000 euros por hectárea. Un coste respetable para alguien que ha abandonado el cultivo por la crisis del sector.
Así las cosas cuenta Gregori que hace unos días recibió la llamada de un propietario de Potries preocupado por la futura ordenanza: "Me dijo: '¿Y yo qué tengo que hacer? Pues podo y dejo las ramas amontonadas en los márgenes del campo'. O sea, un polvorín".
El técnico de La Unió opina que los agricultores deberían recibir ayudas para seguir siéndolo (aunque sólo sea para proteger el paisaje) y para limpiarlos en caso de cese de actividad. Los ayuntamientos (al menos el de Potries, cuyo presupuesto va más que justo) afirman que no tienen capacidad para prestarla. Y la Generalitat no parece haberse parado a pensar en ello.
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 30/08/2009
