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ELMUNDO/Valladolid* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas del 4.10.2006 por el que se otorgó la autorización de uso excepcional en suelo rústico para la construcción de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro (Tordesillas), promovida por la Diputación de Valladolid a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, Sodeva.
La sentencia ratifica que se han vulnerado en la forma y en el fondo la normativa urbanística y la Ley de Montes, y reitera la ausencia de interés público en el proyecto de la Diputación, según informaron Ecologistas en Acción a través de un comunicado.
El TSJ ratifica punto por punto la argumentación de la Sentencia 58/08 de 22 de febrero de 2008, del Juez de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid. Así, se constata que en la tramitación del expediente administrativo no se respetó el trámite de información pública, practicándose la misma faltando "la documentación que permita conocer las características esenciales del emplazamiento y del uso propuestos y de las obras necesarias para su ejecución conservación y servicio, así como sus repercusiones ambientales".
La sentencia "confirma que no se ha acreditado la existencia de un interés público" en la obra, que faculte para su implantación en suelo rústico con protección, careciendo de validez la declaración realizada al respecto por Sodeva "desde su perspectiva obviamente interesada", constituyendo "el efecto dinamizador de la actuación" una explicación insuficiente para justificar su supuesto interés general, tal y como recoge el texto de Ecologistas en Acción.
Suelo rústico con protección natural forestal
Además, señalan que respecto al fondo del asunto, el TSJ deja claro que al estar clasificados los terrenos del emplazamiento elegido para la construcción de la pista de esquí como suelo rústico con protección natural forestal y paisajística por el Plan General de Ordenación Urbana de Tordesillas, "es innegable que el uso pretendido vulnera el planeamiento aplicable". Asimismo, se ratifica que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la disposición de la Ley de Montes que prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años es plenamente aplicable "de suerte que lo relevante no es cuándo se produjera el incendio sino el momento en que se persigue el cambio de uso".
El TSJ rechaza la personación de Sodeva en el recurso de apelación e impone las costas procesales al Ayuntamiento de Tordesillas, en la que constituye hasta el momento la cuarta sentencia y la octava resolución judicial sobre "la polémica" instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid. La sentencia no es recurrible.
La sentencia da la razón a Ecologistas en Acción
Se confirman así las críticas realizadas a esta obra por Ecologistas en Acción desde octubre de 2006. A las ilegalidades en la tramitación de los permisos, a los daños ambientales asociados a la conculcación de las normativas urbanística y de montes, se suma el nulo interés público del proyecto, que hay que recordar se financia con el dinero de todos, en especial de los vecinos de Villa del Prado, en Valladolid.
Este colectivo se "felicita una vez más" de que el "ánimo infractor" de la Administración no se beneficie de la lentitud de la Justicia, como ha ocurrido "en el caso de tantas y tantas obras y autorizaciones públicas, declaradas ilegales tras haberse ejecutado". Los ecologistas exigen responsabilidades a las "autoridades protagonistas de la promoción y autorización del fiasco de Meseta Ski, empezando por el presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno", y esperan que este precedente sirva de ejemplo para eventuales nuevas "aventuras" de la institución provincial y otras administraciones, "demasiado acostumbradas a la política de hechos consumados".
* El Mundo - Ical - 4.06.09
Foto: Tordesillas (Valladolid), pista de esquí anulada - nortecastilla.es
El TSJ confirma la anulación urbanística de la pista de esquí de Villavieja
Condenado por prevaricación Ignacio Galipienzo, ex alcalde de Eguesibar
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GARA/Navarra* : Ignacio Galipienzo, ex alcalde de UPN en Eguesibar, ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años por un delito de prevaricación por un caso de corrupción urbanística. Ha sido absuelto del cargo de cohecho.
El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Iruñea ha condenado a Ignacio Galipienzo, alcalde de Eguesibar por UPN entre 1999 y 2003, a un año de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho por un delito de prevaricación.
Además, ha sido condenado como autor de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, igual que en delito de prevaricación, a una multa de siete meses con una cuota diaria de 150 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como a la suspensión de empleo o cargo público por un año y tres meses.
En la sentencia, notificada hoy, el juez también condena al socio y amigo de Galipienzo José Luis Ruiz como cooperador necesario de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con igual concurrencia de atenuante, a una multa de cuatro meses con cuota diaria de 25 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y a la suspensión de empleo o cargo público por siete meses.
El juez ha absuelto tanto a Galipienzo como a José Luis Ruiz del delito de cohecho del que estaban acusados, e igualmente ha absuelto al resto de imputados en la causa: el asesor municipal, Jesús Marco; la arquitecta municipal, Nuria Alas; el director general de Aricam, Luis Galo, el consejero de este mismo grupo empresarial, Emilio Izquierdo; y Conchita Flores, propietaria de Construcciones Flores.
En el juicio, que comenzó el pasado 6 de mayo, cinco años después del caso de corrupción denunciado, el fiscal pidió para el ex alcalde de UPN 18 meses de prisión y una multa de 15.000 euros por prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas.
Los hechos se remontan a 2003, cuando Galipienzo compatibilizaba su cargo de alcalde con su actividad profesional relacionada con proyectos urbanísticos. El entonces primer edil autorizó la venta de una parcela destinada a uso escolar para la construcción de un aparthotel, una operación por la que se embolsó 138.233 euros.
* Gara - 4.08.09
Foto: Eguesibar (Navarra) - flickr.com
Derribadas 14 casetas ilegales de una playa protegida de Ibiza
ELPAÍS* : La piqueta no descansa en Ibiza contra las obras ilegales sentenciadas. Catorce casetas para guardar barcas, levantadas décadas atrás sin miramientos ni autorizaciones en plena zona de dominio público en la playa de Es Codolà, han sucumbido esta semana. Este área es una zona especialmente protegida del parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, que aún permanece a salvo del desarrollismo turístico a pesar de su cercanía al aeropuerto.
Se trata de un enclave casi virgen, abierto al mar del oeste, donde es tradicional ir a ver caer el sol en horizonte.
Las construcciones que interrumpían el paisaje y cegaban la perspectiva tenía 271 metros cuadrados. En su mayoría las casetas fueron alzadas como refugio de pequeñas barcas de recreo o pesca. Desde 1998, la dirección de Costas de Baleares, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, tenía un proyecto de demolición de la mitad de las edificaciones pero que se fue retrasando a causa de los materiales peligrosos con los que fueron construidas y que requerían un tratamiento especial.
Celestí Alomar, jefe de la demarcación de Costas y ex consejero de Turismo de Baleares, observa que en este caso y en otros previstos se actúa "con el objetivo recuperar el uso público de un tramo de costa y de su entorno". Los técnicos de Costas afirman que "se retiran casetas que privatizan el dominio público". "Limpiamos de materiales peligrosos la zona y eliminamos un impacto visual negativo que causan". El líder del PP, Miguel Jérez, intentó mediar a última hora a favor de los propietarios que construyeron las casetas.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 03/06/2009
Foto: Una excavadora derriba una de las 14 casetas para barcas construidas en una zona protegida de Ibiza.- EL PAÍS
Los partidos políticos, la institución más corrupta para los españoles
RTVE* : Los españoles no aprueban a sus partidos políticos en materia de corrupción. Lo pone de manifiesto el Barómetro Global de la Corrupción 2009, presentado este miércoles por la organización Transparency Internacional en Madrid, que indica que son, junto con la administración pública, la institución más corrupta para los encuestados.
Se trata de una de las conclusiones de este informe mundial que evalúa en qué grado se percibe a las instituciones y los servicios públicos como corruptos y las medidas de los gobiernos contra este mal, apartado en el que los españoles también creen, en su mayoría, que a España le queda mucho por hacer.
En su sexta edición, este barómetro, que recoge las opiniones de 73.132 personas en un total de 69 países, revela que a nivel global estas dos instituciones- los partidos y la administración- se perciben como los sectores más corruptos.
Los encuestados españoles puntuan con un 3,6 la corrupción en el seno de los partidos en un baremo de uno (nada corrupto) a cinco (corrupción extrema). Otros sectores no salen mejor parados ya que el poder judicial obtiene un 3; las empresas, un 3,5; los medios de comunicación, un 3,1% y los funcionarios, un 3.
Un 44% consideran inefectivas las medidas del gobierno español para combatir la corrupción, frente a un 29% que cree que son eficaces.
Creciente desconfianza en el sector privado
A pesar de que a nivel mundial los encuestados consideran los partidos políticos como la institución nacional más corrupta, existe una preocupación creciente por la corrupción en el sector privado. Más de la mitad de las 73.132 personas entrevistadas creen que utilizan el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y las reglamentaciones, lo que supone un incremento de 8 puntos porcentuales en comparación a 2004.
Es generalizada la petición de una mayor transparencia al sector privado Desde Transparency Internacional aseguran que es necesario que las compañías se esfuercen por aplicar códigos anticorrupción en sus estatutos y se alejen de las reglamentaciones deficientes y de la falta de responsabilidad corporativa.
Del estudio también se desprende que los ciudadanos están dispuestos a respaldar activamente a empresas más transparentes. En definitiva, este barómetro 2009 deja claro que tanto el sector público como el privado tienen un largo camino por recorrer si desean recuperar la confianza de la sociedad.
El soborno menor, el sufrimiento de los más pobres
Al considerar las experiencias cotidianas de las personas con respecto a la corrupción, el barómetro revela que más de una de cada 10 personas en el mundo confiesan haber pagado un soborno en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.
Las familias más pobres siguen siendo las principales víctimas de esta corrupción menor. Así, según el informe, Camerún, Liberia, Sierra Leona y Uganda son los países cuyos ciudadanos sufren más sobornos. Más del 50% de los habitantes de estos países reconocer haber pagado de forma irregular por algún servicio.
En Medio Oriente y África del Norte 4 de cada 10 personas han pagado un soborno en el último año, la cifra se rebaja a 3 de cada 10 en el África subsahariana y a 1 de cada 10 en Asia y América Latina.
La cifra se convierten en insignificante en Norteamérica y la Unión Europea. En España, sólo un 2% de la población reconoce haber hecho frente al pago de un soborno en este mismo período de tiempo.
* RTVE.es - MARÍA MENÉNDEZ MADRID 03.06.2009
Viñeta: J.R.Mora
Alicante: De mal en peor
RAMÓN MARTÍN MATEO* : La aprobación del Plan Rabasa supone la culminación de un periodo negro para Alicante, en el que la especulación urbanística ha primado sobre cualquier otra consideración, en que el valor de lo público ha cedido ante consideraciones fundadas en la codicia privada, poniendo a la ciudad al servicio de unos pocos. Esa dinámica, además, adopta un perfil especialmente perverso ante la crisis económica: la apuesta por la economía inmobiliaria, renunciando a una mayor diversificación en las inversiones, va a hacer que, en Alicante, la salida de esa crisis sea más complicada. Por otra parte, el modelo de crecimiento desordenado y fundado en el interés privado sobre el colectivo, está haciendo que las finanzas municipales se resientan especialmente: se ha alimentado una ciudad insostenible y con una gestión muy cara.
Todo ello se verá reforzado, absurdamente, con la hipotética construcción del Plan Rabasa.
Aún es mayor la burla a los intereses colectivos de la ciudad que se produce al aprobarse el Plan Rabasa antes que el PGOU: después de años de espera, es un trágala innecesario que la aprobación llegue ahora. Este hecho, junto al anuncio de la aprobación de importantes reformas en la legislación urbanística valenciana, nos dice mucho sobre la forma de gestionar el urbanismo, priorizando algunos intereses particulares aun a costa de destruir las ciudades y de generar inseguridad jurídica. De la misma manera, el empecinamiento de la Alcaldesa de Alicante en la aprobación del Plan Rabasa pone en evidencia que, pese a sus continuas campañas cosméticas, en las materias esenciales de la política local, las que afectan a la estructura urbana y a su sostenibilidad medioambiental y económica, sus planteamientos no se apartan en nada de la herencia de Luis Díaz Alperi.
Si el Plan Rabasa ha sido siempre un disparate desde el punto de vista urbanístico –lo que ha sido señalado por gran cantidad de especialistas–, ahora, además, es inviable por las circunstancias del mercado inmobiliario. Desde la aprobación inicial del plan se han ofrecido, por sus responsables políticos y empresariales, fechas para su desarrollo y venta de viviendas que, cada vez, se han revelado falsos e inviables. Se habla ahora de 2014: ésa es la fecha que desde la patronal española de la construcción se apunta como la más probable para que se normalice la edificación a una escala media, ya que, hasta entonces, es difícil que el mercado se equilibre por el «stock» de vivienda vacío, la crisis de las hipotecas, la reducción de la demanda que conllevarán los ajustes en la inmigración, etc. Todo ello nos deja con una situación extremadamente peligrosa: más de 3,5 millones de metros cuadrados a medio urbanizar durante más de un lustro. Ello, a su vez, supondrá costes importantes para las arcas municipales –seguridad, enlaces viarios, etc.– sin una clara perspectiva de ocupación de unas viviendas que, por años, no estarán sino en los planos. Por todo ello es muy dudoso que el Plan Rabasa proporcione en un tiempo prudente vivienda y empleo. Es más: es imposible saber cuáles serán las condiciones de las viviendas protegidas en el momento en el que, se supone, salgan a la venta las que ahora se dice querer construir. Por otra parte, el Plan Rabasa va a ser conocido en toda España como el contramodelo de la nueva política que preconizan los técnicos más solventes. Hay que concluir, pues, que de lo que se trata es de controlar una amplísima pieza urbana para negociar en el futuro diversos usos que no necesariamente serán residenciales.
Seguimos considerando que el Plan Rabasa, a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia acumulada, puede ser ilegal por varias razones, algunas de las cuales ya fueron señaladas por la resolución del Síndic de Greuges del 9 de enero de 2007 y, entre ellas:
* Ausencia del informe determinante de disponibilidad hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No basta con que haya un informe de Aguas de Alicante contando con agua procedente de desaladoras: es el organismo de cuenca quien ha de priorizar los usos y el destino de un recurso escaso, tal y como establece, entre otras normas, el art. 15 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. (Incidentalmente hay que destacar la inmensa hipocresía que supone que el PP atacara las desaladoras pero las use cuando favorecen sus decisiones).
* Quiebra de los principios de la libre competencia establecidos por la UE para la adjudicación de concesiones, incluidas las de la gestión urbanística e incumplimiento de las directivas europeas y legislación básica del Estado sobre contratación administrativa.
* La reciente aceptación por el Ayuntamiento de una alegación al PGOU del ministerio de Fomento que ha segregado del proyecto original del Plan Rabasa de varias decenas de miles de metros cuadrados para usos ferroviarios, supone una alteración fundamental del Plan y de los estándares de zonas verdes, por lo que debería haber vuelto a debate y aprobación municipal y de la Comisión Territorial de Urbanismo. Si no se hace podría incurrirse en nulidad a tenor del artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello, la PIC se reafirma en su decisión de, llegado el momento oportuno, llevar a los tribunales competentes el Plan Rabassa.
STOP AL PLAN RABASA o
(*) Firman, por la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS, además de Ramón Martín Mateo, José Ramón Navarro Vera, Jorge Olcina, Josep Bevià, Ángeles Cáceres, Carlos Arribas, Fernando Vera, Mar Esquembre, José María Asencio, Emilio La Parra, Ernest Blasco, Ramiro Muñoz, Isidoro Manteca, Juan Ángel Conca, Araceli Consuegra, Miguel Ángel Pérez Oca, Adrián Martínez Ramos, Rosana Arques, Olga Fuentes, Remedios Amat, José Carlos Rovira, Pere Miquel Campos, Rafael Bonet, Concepción Collado, Séfora Bou, Teresa de Nova.
* Información- Alicante - Opinión - 3.06.09
