ELPAÍS/A Coruña* : Los vecinos de Ferrol Vello iniciaron una cruzada contra los planes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil de construir el tanque de tormentas de la depuradora de la ría sobre el jardín de La Ranita, junto al puerto interior de Curuxeiras. Cada viernes, desde hace un mes, padres, abuelos y nietos invaden el parque a última hora de la tarde con una protesta lúdica de juegos tradicionales, cánticos y pancartas en oposición al proyecto ambiental para limpiar la ría que, paradójicamente, supondrá la destrucción de la única zona verde del muelle. Le exigen al Ministerio de Medio Ambiente, que acomete la obra, el traslado del contenedor a unos terrenos desocupados a pocos metros a fin de preservar La Ranita, el corazón verde de un barrio pendiente de rehabilitar y protegido por la Xunta como Bien de Interés Cultural.
La obra pasa por construir un gran recipiente hormigonado para almacenar aguas pluviales y fecales sobre la parcela que ocupan los jardines desde principios del siglo XX. El tanque quedaría soterrado y se cubriría con un edificio de mantenimiento de 180 metros cuadrados y cuatro metros de altura que borraría el césped y la popular fuente de delfines y ranitas que da nombre al jardín. La vecindad cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la cofradía de mariscadores.
El tanque forma parte del macroproyecto del Gobierno central para construir la primera depuradora de la ría de Ferrol, para tratar los vertidos de los 125.000 habitantes de Ferrol, Narón y Neda. La Confederación ya ha finalizado la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Prioriño y la planta de bombeo de A Cabana y acomete la obra del colector general desde el fondo de la ría hasta la bocana, mediante un sistema de tuberías que peina la ribera norte atravesando la ensenada de Caranza hasta el puerto interior, junto al jardín.
El gran cubo soterrado funcionaría como aliviadero en los días lluviosos, para evitar el colapso de las tuberías que llevan el agua fecal a la depuradora. Para construirlo en el emplazamiento previsto, Medio Ambiente tendría que talar, al menos, media docena de palmeras canarias con más de 80 años, acacias y otros arbustos y plantas exóticas como evónimos y drácenas.
"Es nuestro pequeño jardín botánico y el escaparate de entrada a la ciudad para casi todos los visitantes", destaca Anxo Vilariño, que habita Ferrol Vello desde 1985. La intención del ministerio es iniciar esta última fase (el tramo A Gándara-A Malata) en septiembre, pero antes deberá responder al aluvión de alegaciones formuladas por el puerto, la cofradía y los propietarios de un chiringuito de madera en La Ranita. El presidente del puerto de Ferrol, Ángel del Real, rebate la futura ubicación del tanque en La Ranita en un documento de 12 páginas que alerta de la posible contaminación de la lámina de agua próxima al muelle por los vertidos sólidos que rebosen del contenedor cuando arrecie la lluvia y la pérdida de calado en el fondo que "afectaría a la seguridad de la navegación".
Además, el puerto ferrolano alega que la obra conllevaría la innecesaria destrucción de los jardines de La Ranita, que define como "un pequeño jardín botánico con árboles de gran porte" y plantea hasta cuatro ubicaciones alternativas en tres parcelas próximas cedidas por la Autoridad Portuaria y una cuarta en la factoría de subsistencias de la Armada, en terrenos de Defensa.
El proyecto tampoco gusta a los mariscadores, que tienen su centro de operaciones en una lonja próxima, y mucho menos a los dueños de la pequeña cafetería de madera con gran terraza entre el puerto y los jardines, que hace caja verano e invierno por su privilegiada ubicación.
Manuel Zapata, portavoz vecinal, cuenta que Medio Ambiente publicó el proyecto en el Boletín Oficial del Estado el 23 de febrero del 2011. Sin embargo, pasó desapercibido tres meses hasta que un vecino se interesó "casualmente" por el tema. La noticia corrió por Ferrol Vello de boca en boca y se montó una primera protesta "espontánea" a la que siguieron otras cuatro.
Las quejas llegaron al pleno municipal. Los portavoces vecinales critican que la anterior corporación socialista "tapó" la ubicación. Luego fue demasiado tarde para las alegaciones.
El PP llevó al primer pleno de su mandato una moción en defensa de los jardines que logró el respaldo de los cinco grupos de la corporación. El alcalde, José Manuel Rey Varela, presume de haberle arrancado al presidente de la Confederación, Félix Fernández, la promesa de estudiar una alternativa. Los vecinos han recabado 4.775 firmas contra la ubicación. Si las máquinas aparcan en La Ranita, acamparan en el jardín para evitar su destrucción.
* El País - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 25/07/2011
Foto: Ferrol (A Coruña), barrio antiguo - lavozdegalicia.es
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ELPAÍS* : Los 40.000 metros cuadrados de naves ilegales levantados en Córdoba por Arenal 2000, la empresa constructora de Rafael Gómez, Sandokán, no han encontrado respaldo judicial en el Tribunal Supremo. Un fallo ha desestimado el recurso de Gómez contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) que anulaba el plan urbanístico especial de la carretera de Palma del Río que, en 2006, iba a dar cobertura legal a esa enorme construcción, levantada por el hoy concejal y presidente del segundo partido en la ciudad, Unión Cordobesa. Un segundo plan, que legalizaría más de la mitad de las naves, espera su aprobación en el pleno municipal.
Sin ahondar en la ilegalidad o no de las naves de Sandokán, el TSJA cimentaba su nulidad en el hecho de que el primer plan urbanístico que las iba a legalizar había surgido de la iniciativa privada, concretamente de la propia empresa interesada: Arenal 2000. El plan llegó a aprobarse en el Ayuntamiento de Córdoba con los votos a favor de IU, que gobernaba con Rosa Aguilar como alcaldesa, y del PP. El PSOE se opuso de lleno a aquel documento, alineándose con la Consejería de Obras Públicas, que ya anunciaba el recurso ante el máximo tribunal andaluz.
Una vez que el TSJA ratificó la nulidad del plan del Ayuntamiento cordobés, fue Sandokán quien respondió con su último cartucho: recurrir ante el Supremo. Pero en su argumentación, el Tribunal Supremo recuerda que para rechazar el Plan Especial, el TSJA se ciñó a la legislación urbanística autonómica y que contra ésta no se puede recurrir ante el Supremo. "No cabe revisar aquí la interpretación que hace la sala de instancia de la normativa autonómica aplicable al caso, debiendo ser desestimado el motivo de casación", señala la sentencia.
El fallo del Supremo devuelve el turno de jugada al Ayuntamiento, que no se había personado en este recurso. Pero que tampoco se ha estado quieto. En estos tres años ha tenido tiempo de redactar un nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, que reordene el caso de la naves de Sandokán. De hecho, el veredicto del Supremo era la señal que se estaba esperando para poder aprobarlo definitivamente en el pleno. Este segundo documento contempla la demolición de solo 15.000 metros cuadrados, lo que dejaría en pie y legalizados el 62,5% de los inmuebles.
Después de que el primer plan para regularizar las naves de Sandokán fuese anulado por ser de iniciativa privada, el Ayuntamiento se aseguró de que el nuevo documento partiese desde lo público. Y de que contase con el consenso de los partidos y de la Junta. El momento no podía ser mejor. Cuando se redactó, Rosa Aguilar, la exalcaldesa que había protagonizado ásperos debates con el PSOE por este asunto, se había pasado al Gobierno autonómico del PSOE de José Antonio Griñán. Y no a una cartera cualquiera, era la consejera de Obras Públicas, la misma área que había recurrido su primer plan. De esta manera, la tesis tradicional mantenida por la Junta de demoler al menos el 50% de las naves se volvió más flexible, aceptando finalmente el 37,5%. Cuando salió aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la espera de la próxima votación en el pleno, contó con el apoyo de IU y PSOE. El PP se abstuvo.
El PP pide garantías a la Junta de que no habrá problemas
El Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado de color. La mayoría absoluta del PP ha sustituido a la coalición de IU y PSOE, la misma que alcanzó un acuerdo para ultimar el nuevo plan de la carretera de Palma del Río y que legalizaría más de la mitad de las naves ilegales. Pero el PP tiene dudas. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, pidió ayer que se resolviesen varias cuestiones con la Consejería de Obras Públicas. "Queremos que se aclare aspectos sobre el tamaño final de las naves y los usos que se permiten", explicó.
Estos detalles no son casuales. Coinciden en lo básico con las críticas aparecidas el año pasado en un informe de la propia Delegación de Obras Públicas en Córdoba. El delegado, entonces y ahora, es Francisco García, quien recientemente protagonizó una sonora dimisión como responsable del PSOE local en Córdoba, abriendo una brecha a Juan Pablo Durán, secretario provincial de los socialistas. Ambos ya habían chocado por culpa del problema de las naves.
En este sentido, el alcalde, José Antonio Nieto, pidió ayer garantías. El regidor no habló de la posible aprobación del nuevo plan de la carretera de Palma del Río ni tampoco del limitado volumen de derribo que plantea. Sí consideró que es "obligatorio poner fin y terminar con el debate" en torno a la legalización de las naves. Este acuerdo quiere hacerlo "por la vía de la transparencia y la legalidad". Y con tal fin ve "preciso alcanzar un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, para que la decisión que se adopte no sea controvertida y no sigamos con el espectáculo en torno a algo que comenzó mal, siguió mal y acaba mal".
* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 26/07/2011
Foto: Córdoba, naves Arenal 2000 - eldiadecordoba.es
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ALBA CASANOVAS /KAOSENLARED* : El desahucio de ayer en El Clot acabó con 40 denunciados, 10 heridos y la familia en la calle desamparada.
"Esto es una vergüenza", lamentaron "indignados" ayer Verónica y Eliseo en la calle, después de que los Mossos d'Esquadra abrieran paso a la comitiva que tenía que ejecutar su orden de desahucio. La familia tuvo que salir a la fuerza del piso que habitaba desde hacía 26 años en el barrio de El Clot de Barcelona. Y lo hizo con lo puesto. La policía no les permitió coger sus enseres, apenas un par de bolsas llenas hasta los topes.
Más de 200 personas se plantaron a primera hora de la mañana ante el nº22 de la calle de Andrade para evitar el desahucio de la pareja y sus tres hijos. Formaron un cordón humano, pero no consiguieron su propósito. El desalojo derivó en enfrentamientos entre la policía y los vecinos que trataron de impedirlo. Los Mossos denunciaron a 34 personas: 13 por desobediencia leve a la autoridad, 17 por desobediencia grave y 4 por atentado contra la autoridad.
La refriega acabó con 10 heridas leves (siete de ellos, mossos), según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los vecinos denunciaron brutalidad policial. Un portavoz del cuerpo aseguró que en ningún momento hubo cargas contra los manifestantes, que, en cambio, sí pudieron observar los allí presentes.
Una decena de furgones y una treintena de agentes cercaron el edificio. La policía sacó a la fuerza, con golpes, empujones y porrazos, a todos los allí reunidos. "Lo que están haciendo no tiene perdón", gritaba incrédula Verónica desde su balcón. Uno a uno, los Mossos sacaron a quienes se encontraban en el portal, en la escalera y en el interior del piso. Uno de ellos, Jorge Sánchez, explicó que "resistían pacíficamente", pero la policía los "arrancó" del cordón "con insultos despreciativos y golpes".
Luego, una decena de agentes accedieron al inmueble por el balcón y por la parte trasera mediante dos escaleras, mientras la inquilina intentaba evitarlo. Una hora después, a las tres de la tarde, los Mossos desalojaron a la familia. "No son personas, son mercenarios", gritaban el centenar de personas que quedaban en la zona. Los Mossos recibieron una cascada de insultos.
"Los jueces y la policía han traspasado la línea roja", denunció ayer el presidente de la Asociación 500 x 20 contra los desahucios, Salvador Porta. La familia tenía un contrato de renta antigua e indefinido desde que entraron en el piso. Pagaban 270 euros de alquiler. Hace cuatro años, sin embargo, el propietario les pidió renovar el contrato, como a muchos otros inquilinos de la finca. Se negaron. Y ahí empezaron sus problemas. "No nos dejaron dialogar, el propietario del piso nos llevó directamente ante la justicia", explicó Verónica. Aseguró que nunca han dejado de pagar el alquiler "ni un mes". Pero no abonaron el sobreprecio que, según vecinos con el nuevo contrato, es tres veces superior.
Es la segunda vez que un desalojo acaba con denunciados en Cataluña. En Vic, 13 personas fueron juzgadas por desobedecer a los Mossos y tratar de impedir que echasen de su piso a una mujer embarazada y a su familia, el pasado 9 de febrero.
50 antidisturbios para desahuciar a una familia
Un matrimonio de Barcelona con tres hijos, a la calle pese a pagar el alquiler
ROSA FERNÁNDEZ
La concentración de vecinos e indignados no impidió el desahucio de una familia en la calle de Andrade de Barcelona, en El Clot, un barrio obrero de la ciudad. Un matrimonio de origen senegalés y sus tres hijos se quedaron sin vivienda después de que efectivos de los Mossos d’Esquadra se encaramaran a una escalera y entraran al piso por el balcón. La madre, Verónica, acabó inmovilizada en el suelo y su hijo de 12 años, el único que en esos momentos estaba en el hogar, reducido con las dos manos en la espalda sujetadas por un agente.
La acción policial generó un intenso clima de tensión en la calle, donde se habían reunido unas 300 personas convocadas por la asamblea social del barrio y la asociación 500x20. Las porras volvieron a ser usadas con contundencia con quienes se negaban al desalojo o reprochaban la acción de los 50 mossos desplegados, que acudieron al barrio con una decena de furgones.
La actuación se saldó con tres heridos leves –un hombre de 52 años con una brecha en la cabeza abierta por un golpe de porra, y dos agentes– y cuarenta denunciados a los que la Policía autonómica acusa de desobediencia a la autoridad. Quince de ellos se habían encerrado en la vivienda junto a la familia y el resto estaban dispersos entre la portería y la puerta del piso para impedir el acceso a la comisión judicial que tenía que ejecutar el desahucio.
Tras la entrada de los Mossos, los manifestantes fueron obligados a salir uno a uno para instruir las denuncias. Poco después abandonaban la vivienda los miembros de la familia portando algunas bolsas con enseres personales. También se pudo ver a operarios transportando muebles y electrodomésticos de la vivienda.
Inquilinos durante 26 años
La familia residía en el piso desde hace 26 años gracias a un contrato de alquiler y estaban al corriente del pago de las mensualidades, según explicaron. El origen del litigio se debe a que el propietario de la finca, Alberto Viñas Tous –que formó parte de órganos vinculados al Ministerio de Cultura durante el franquismo–, quiere encarecer de forma significativa el precio del alquiler. Su intención es situarlo en torno a los 800 euros, al considerar que el contrato no era indefinido.
El matrimonio se negó a asumir el incremento y llevó el caso a los tribunales. Vencieron en primera instancia, pero las posteriores apelaciones acabaron dándole la razón al propietario. Hasta la dura jornada que tuvieron que aguantar ayer.
La contundencia de los Mossos volvió a generar un aluvión de protestas. En un comunicado, cuatro entidades –entre ellas la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca– reclamaron la dimisión del conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, a quien acusaron de “intentar resolver los problemas sociales de Catalunya a través de la represión policial”.
* Kaos en la Red - 26.07.11
Foto: Barcelona, desnonament con policía al Clot - kaosenlared
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20MINUTOS* : El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales.
En un auto publicado este martes, el Tribunal Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Sabadell, que consideró que estos procesos podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una vivienda digna porque impiden analizar el posible "carácter abusivo" de las hipotecas. Los magistrados consideran "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad porque la actual regulación de las ejecuciones hipotecarias ya fue respaldada por una sentencia del 18 de diciembre de 1981, que consideraba que las limitaciones que tienen los afectados para lograr la suspensión del proceso no son inconstitucionales.
Los afectados "no quedan indefensos"
El máximo garante de la Constitución explicó en aquella sentencia que los afectados no quedaban "indefensos" porque podían suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo, en el que un juez puede dictaminar sobre los hechos controvertidos.
"Porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa", dijeron los magistrados en otra sentencia de junio de 1993 que también citan en el auto publicado este martes.
Asimismo, critican que la cuestión de inconstitucionalidad no puede servir para cuestionar "de modo genérico o abstracto" el actual modelo de ejecución hipotecaria, cuyo diseño es "de la exclusiva competencia" del Gobierno en su calidad de legislador.
* 20 Minutos - EFE - 26.07.11
Foto: Integrantes de asociaciones vecinales y el Movimiento 15-M durante una concentración para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija menor de una vivienda en Madrid. (Juan Carlos Hidalgo / EFE)
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ELPAÍS/Lugo* : Han pasado tres años, pero las prometidas ayudas no llegan. Los vecinos del barrio de O Celeiriño, en Viveiro, las llevan desde el otoño de 2008, cuando sus pequeñas y frágiles casas comenzaron a derrumbarse a medida que crecía el gran agujero para la cimentación de un bloque de viviendas, a escasos 20 metros de la playa urbana de Celeiro. La Xunta de socialistas y nacionalistas compró siete viviendas para las familias que ya no pudieron recuperar sus casas, y se comprometió a subvencionar con hasta 30.000 euros las casas afectadas. Pero el dinero no ha llegado.
Las viviendas que no están aptas para ser habitadas ya son más de siete, puesto que se le han sumado otras nueve, a cuyos antiguos habitantes les paga el alquiler el Ayuntamiento de Viveiro. El alcalde, el socialista Melchor Roel, pide para ellas el mismo acuerdo que para las primeras en deteriorarse: la compra de un piso alternativo por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). El edificio señalado como culpable, mientras, sigue creciendo, a pesar de que dos sentencias culparon a la promotora y al arquitecto de los daños y condenaron a la aseguradora a indemnizar a los afectados. Pero los fallos están recurridos, y los vecinos no han cobrado.
Durante el bipartito, la Xunta desembolsó 890.680 euros para la compra de siete viviendas. Es un fondo de adelanto, a la espera de que se agote la vía judicial. En cambio, las ayudas económicas para las reparaciones no se hacen efectivas. La Xunta se desentiende, alegando el tipo de hábitat y la inexistencia de una figura de protección en O Celeiriño. El alcalde discrepa de la interpretación del IGVS, y los vecinos lamentan que lo único que avance sea el edificio al que culpan.
Tres años llevan los vecinos de O Celeiriño (Viveiro) entre grúas, edificios apuntalados, cascotes y promesas de indemnizaciones y reformas que no acaban de llegar. Los edificios de otras tres calles de nombre sugerente ?Atalaia, Golondrina y Amargura? se agrietaron, en el mejor de los casos, o quedaron inutilizables por alto riesgo de derrumbe, en el peor, en el otoño de 2008, y así siguen. La perforación del subsuelo para levantar un bloque de pisos fue letal para los frágiles cimientos del barrio, ubicado a escasos 20 metros de la playa urbana de Celeiro. La Xunta del bipartito compró entonces siete viviendas para las familias que no podrían volver a las suyas y se comprometió a subvencionar con un máximo de 30.000 euros la reforma de cada casa afectada.
De la segunda promesa los vecinos no han vuelto a saber nada y la primera se cumplió a medias, porque durante los tres años que han transcurrido desde la crisis de 2008, algunas viviendas que en principio no habían sufrido daños irreparables se han deteriorado tanto que el Gobierno municipal, en manos del socialista Melchor Roel, ya pide para las familias perjudicadas el mismo trato que las siete primeras: la compra por parte del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de un piso alternativo para nueve familias que ahora mismo viven de alquiler, pagado por el Ayuntamiento. Al principio eran 22, pero 12 de ellos han vuelto a sus casas. Mientras, el edificio de 37 viviendas al que todos señalaron como culpable del desastre sigue creciendo en la parte baja de O Celeiriño, a pesar de las dos sentencias que culpan a la promotora y al arquitecto de los daños en el barrio y condenan a la aseguradora a indemnizar a los afectados. Ambas están recurridas por la empresa.
En su día, la Xunta bipartita adelantó 890.680 euros para la compra de las siete viviendas, a la espera de que se dilucidase la responsabilidad de la empresa constructora y, por lo tanto, las compensaciones económicas. Pero del resto, las subvenciones para reformas, Vivenda se desentiende alegando el tipo de hábitat y la inexistencia de una figura de protección en O Celeiriño. "La anterior Consellería de Vivenda indicó que esas viviendas podrían rehabilitarse a través de las ayudas de Cédula de Rehabilitación, creando una expectativa que no podría cumplir, ya que esas ayudas van dirigidas exclusivamente a viviendas rurales y viviendas situadas en conjuntos históricos", sostienen fuentes del departamento. Tal argumento no conforma en absoluto al alcalde, que recuerda que la clasificación de O Celeiriño era la misma cuando la Administración autonómica contrajo el compromiso y que el único error achacable al convenio es que la cantidad máxima de la subvención, de 30.000 euros por vivienda, es la fijada para casco histórico, condición que no cumple el barrio.
"Aquí lo único que continuó fue la obra". La que habla es Dolores Prieto, que regresó a la vivienda de la calle Golondrina, propiedad de la familia de su marido, pocos días después de ser desalojada, a pesar de que los daños en las viviendas contiguas dejaron la suya sin agua ni luz. En febrero, una sentencia del juzgado de instrucción número 1 de Viveiro daba la razón a su familia y fijaba en 77.000 euros la indemnización que la promotora Inmo Xerión, el arquitecto director de la obra y la aseguradora debían pagar por los desperfectos ocasionados en el inmueble. Según el fallo, la técnica para excavar el solar donde se iban a construir los garajes no fue la adecuada y la empresa asumía con la obra un riesgo previsible. O Celeiriño, un empinado enclave marinero, perdía el suelo que lo sostenía ?arena y materiales poco consistentes? desde hacía más de una década, pero eso no evitó que prosperara el proyecto de Inmo Xerión para construir en la base del barrio un edificio de 37 viviendas. Todo lo contrario, el inmueble fue concebido como una suerte de tapón que, acabado, aguantaría el barrio en peligro. Cuando las paredes empezaron a mostrar las primeras grietas y se ordenaron los primeros desalojos, la obra quedó paralizada durante 15 meses, pero en marzo de 2010 el Ayuntamiento dio de nuevo el visto bueno al proyecto y los trabajos continuaron. Con la condición, eso sí, de que al alcanzar el edificio la altura de la calle Atalaia, la principal de O Celeiriño, se derribaran las viviendas en ruinas, que serían cedidas al consistorio municipal para dotación de equipamientos públicos. Pero por el momento, con el inmueble levantado, las demoliciones solo han sido parciales.
Con la calle Atalaia cortada por las obras en el edificio, la vida en O Celeiriño no es fácil para los que continúan viviendo entre grietas, pero tampoco para el resto. Para salir del barrio hay que dar la vuelta por calles secundarias, siempre a pie, porque no puede entrar el tráfico rodado. Tampoco, claro, una ambulancia, aun en caso de urgencia. "El barrio está hecho un asco. No hay el mínimo progreso", se queja Dolores. Durante la campaña electoral, el alcalde denunció que la Xunta del PP había abandonado el barrio, aunque Medio Ambiente alega que "hizo todo lo que estaba en sus manos". "La responsabilidad es exclusivamente de la empresa que realizó los trabajos en una obra de carácter privado", señalan fuentes del departamento. El Ayuntamiento tiene hasta el 2 de octubre para presentar una denuncia contra los promotores por los perjuicios causados. Reclamará, adelanta Roel, dos millones de euros en compensación por los gastos provocados por el desastre. Mientras, O Celeiriño espera.
* El País - DIANA MANDIÁ - Santiago - 25/07/2011
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
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