ELPERIÓDICO* : El próximo verano el restaurante ilegal construido en el interior del Fortí de la Reina, situado en la playa del Miracle de Tarragona, pasará a la historia, ya que se hará efectivo el derribo del establecimiento en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Esta sentencia fue confirmada luego por el Tribunal Supremo, que determinó que se había levantado en una zona verde.
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde socialista de Tarragona, confirmó ayer este calendario y aseguró que las pocas esperanzas de salvar el edificio se han desvanecido. "No nos queda otra salida que acatar el veredicto judicial", dijo. Ayer se supo que el coste de la demolición oscilará entre los 535.500 y 654.700 euros, el montante de la oferta más baja y más alta realizada por las tres empresas que se han presentado al concurso para llevar a cabo los trabajos. Ballesteros insistió en que se ha seguido la hoja de ruta elaborada por el anterior gobierno municipal, formado por CiU y PP.
El litigio en torno a este baluarte del siglo XVIII se remonta a agosto de 1987 cuando el empresario Enric Catà solicitó su "reutilización" como restaurante. En abril de 1989, el ayuntamiento socialista otorgó la correspondiente licencia. En enero de 1990, Rosa Elías, vecina de Tarragona, recurrió la licencia y comenzó el periplo del caso por los juzgados. En 1992, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló la licencia. El 17 de mayo del 2007, es decir, tras más de 17 años de polémica, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de casación planteado por el ayuntamiento y que era la última carta que se podía jugar para evitar el derribo del restaurante, que en la actualidad sigue abierto.
* El Periódico - FERRAN GERHARD - 13.05.2008
Foto: Tarragona - musique09.free.fr
Tarragona derribará el restaurante del Fortí en verano
Benferri: El alcalde dio licencia para edificar adosados en zonas verdes
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INFORMACIÓN/Alicante* : El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, otorgó licencia para la construcción de 38 viviendas adosadas en la urbanización Benfis Park pese a que ésta invade dos zonas verdes, ubicadas a ambos lados de la carretera CV-870, según se desprende de un informe elaborado por el propio redactor de la Homologación de las Normas Subsidiarias de Benferri, así como del plano a escala de las mismas.
Las Normas Subsidiarias son la base de la normativa urbanística vigente en el municipio hasta que se elabore un Plan General de Ordenación Urbana, anunciado en varias ocasiones por el regidor de la localidad.
El redactor del informe, al que ha tenido acceso este diario, ex técnico municipal de este Ayuntamiento y redactor a su vez del Plan Parcial Benfis Park, especifica que en la urbanización de estas viviendas se han producido "dos graves" irregularidades. Por un lado, la edificación de viviendas "en zonas verdes así zonificadas en el planeamiento vigente" y, por otro, la "invasión de una propiedad privada" que afecta a una vecina que ha decidido denunciar este asunto ante los tribunales.
Asunción Mayoral presentó a principios de año una reclamación en el Ayuntamiento de Benferri solicitando el restablecimiento de la legalidad vigente y por tanto el derribo de las edificaciones sobre zonas verdes. Tras el silencio del Consistorio, esta vecina ha trasladado su denuncia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) donde ha pedido, a través de un recurso contencioso-administrativo, el derribo de las viviendas para reponer la legalidad. Asimismo, Asunción Mayoral indicó a este diario que trasladará los hechos al fiscal Anticorrupción para que investigue si existe un delito contra la ordenación del territorio u otros presuntos delitos, como trasfondo de esta actuación municipal. "Esto puede ser un delito muy grave, no hay procedimiento administrativo legal que haya supuesto un cambio del planeamiento urbanístico y por tanto esas Normas Subsidiarias demuestran que hay casas donde tiene que haber zonas verdes", indicó.
Según explicó Mayoral, la presunta infracción incurriría en una responsabilidad penal que afectaría al alcalde como responsable municipal, así como al conjunto de técnicos que dieron luz verde a la concesión de licencias a la empresa promotora Urbana Iberosol.
Asunción Mayoral dice estar avalada por el informe pericial del redactor de la homologación de las Normas Subsidiarias (que ha preferido no hacer público su nombre), antiguo técnico municipal del Ayuntamiento de Benferri, quien ha elaborado el documento a petición de la denunciante. En el texto, el redactor da fe de que en su oficina se ha redactado tanto la normativa vigente de Benferri como otra documentación relativa al Plan Parcial Benfis Park, siendo rotundo en afirmar que parte del residencial está en zona verde, contemplada así en la normativa urbanística vigente.
La denunciante asegura que en caso de haberse efectuado algún procedimiento administrativo para cambiar el planeamiento urbanístico por el que se rige Benferri, éste se ha hecho, asegura, sin cumplir con la legalidad "porque he investigado y no consta ninguna exposición pública, necesaria para este tipo de modificaciones de las normas subsidiarias o Planes Generales, sobre ninguna tramitación para modificar esas zonas verdes".
Por su parte, el alcalde explicó ayer que la normativa contemplaba esas zonas verdes, pero que estaban "dispersas" y que se reagruparon para habilitarlas en otra zona. Según Luis Vicente Mateo, el procedimiento administrativo para este mantenimiento de zonas verdes "reagrupadas" en otra ubicación "cumplió con toda la legalidad" y "se cumplieron todos los trámites". El regidor indicó que iba a solicitar un informe a los técnicos sobre la tramitación que se siguió para el cambio para dar su versión "con todos los detalles" ya que todo se hizo, dijo, "legalmente".
El presidente de Procosta figura como administrador
La promotora del residencial Benfis Park, Urbana Iberosol, tiene como uno de sus administradores a Antonio Navarro Ballester, presidente de la asociación de pequeños y medianos promotores de la Vega Baja, Procosta. Navarro sustituyó a Aurelio Murcia al frente de la entidad. Junto a otro administrador, consta también con ese cargo dentro de la empresa, según los datos que constan en el registro mercantil de la citada Sociedad Limitada. Preguntado por este diario, Navarro, que dijo que no era administrador sino accionista de la firma, contestó que la empresa cuenta con "todas las licencias concedidas por el Ayuntamiento" para la construcción de la urbanización.
* Información - S. LL. - 14 de mayo de 2008
Foto: Benferri (Alicante) - convega.com
La junta rectora de la Sierra de Grazalema se inhibe frente a las ilegalidades urbanísticas
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20MINUTOS/Cádiz* : Fuego cruzado en la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Pese a la insistencia de los ecologistas para que se constituyera una comisión de investigación sobre las ilegalidades urbanísticas en la zona, el presidente del ente gestor, Antonio Perales, se negó en redondo y afirmó que sólo se trataría el informe del director del parque, Miguel Maneiro, que excluye las actuaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable y los expedientes de ayuntamientos y Obras Públicas.
Los ecologistas acusan a Perales y a la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, de mentir cuando se escudan en un dictamen del gabinete jurídico que excluiría la materia urbanística de las competencias de la junta rectora.
"Tenemos ese dictamen jurídico y dice todo lo contrario. Y el gran problema en esta sierra no son los incendios, que son escasos, sino la especulación urbanística", apuntó el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero.
Así las cosas, los máximos responsables de la junta rectora se inhiben de investigar las presuntas ilegalidades urbanísticas que vienen denunciando los ecologistas y parecen querer limitar la intervención del ente a materias como la prevención de incendios forestales, la educación medio ambiental o el cuidado de las especies, por poner algunos ejemplos.
Los ecologistas están horrorizados con el argumento de Perales de que los cascos urbanos no pertenecen al parque natural, lo que excluiría del mismo a los pueblos de Grazalema, Benamahoma, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Montejaque, Benaoján y Villaluenga.
Los ánimos están muy caldeados porque los conservacionistas dicen que si la Consejería y la presidencia de la junta rectora tienen constancia de las ilegalidades urbanísticas y se niegan a abordar este tema, habrá que presentar contra ellos una denuncia en los juzgados por prevaricación por omisión.
* 20 Minutos - M.V.. 14.05.2008
Foto: Construcciones como ésta en Benaocaz son algunas de las 'monstruosidades' que irritan a los conservacionistas/ Ecologistas en Acción
Pego: Paralizan el plan de 1.372 casas que prevé comprar agua a los regantes
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INFORMACIÓN* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acordó el pasado 28 de abril "dejar sobre la mesa" el expediente sobre el Plan Parcial de Mejora del Sector Pego Golf, promovido por la mercantil Inversiones Patrimoniales de la Marina Alta. El proyecto supone la construcción de 1.372 casas y un campo de golf en la falda de la montaña de Penya Roja, en Pego, con la reclasificación como suelo urbanizable de más de 1,7 millones de metros cuadrados.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda reclama una subsanación de deficiencias cuantiosa en el documento que ha remitido al Consistorio y en el que destaca la necesidad de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre las necesidades hídricas del polémico PAI.
En el plan de mejora presentado ante los servicios territoriales de Urbanismo se incidía en el apartado de futuros abastecimientos hídricos a la opción de "adquisición de caudales de agua a la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) Riegos del Bullentó de Pego, aprovechando la actual posibilidad de suministro a los depósitos de cabecera del municipio desde sus instalaciones. Esta situación es posible debido a la existencia de una cláusula que lo permite en un contrato de compraventa de instalaciones de suministro de agua en esa fecha (Aguas Potables y Riegos S.A.)".
Pero la necesidad de agua también se ampliaba en ese supuesto a la utilización de caudales del pozo propiedad de la SAT Penya Roja afectada por "Pego Golf" y que cambiaría el uso de su agua de riego (390.000 m3 anuales) a uso de abastecimiento.
Tramitación correcta
La Conselleria considera correcta la tramitación del proyecto, pero sin embargo exige "que la Corporación municipal aporte texto refundido aprobado por el pleno, por mayoría absoluta de los miembros de la misma, que incorpore las modificaciones habidas como consecuencia de la tramitación y las que en su caso, resulten del cumplimiento de las observaciones a que se refieren las consideraciones siguientes".
Y esas consideraciones a las que apela la Conselleria son la clasificación legal de los suelos afectados por barrancos y vías pecuarias que no podrán computar a efectos de edificabilidad o aprovechamiento urbanístico.
Del mismo modo se exigen informes del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras para la zona, informe de la entidad pública de saneamiento de aguas, un "documento favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deportes en cuanto a las afecciones arqueológicas del sector y tratamiento que se propone para las mismas".
En la necesidad de recursos hídricos con carácter previo al desarrollo del sector se incide en que deberá obtenerse "informe favorable bien de la CHJ, bien de la entidad colaboradora autorizada para el suministro de agua potable al municipio, sobre la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para la previsión de consumos que se desprende del desarrollo de la actuación planteada".
También se deberá justificar la existencia de recursos hídricos, la concesión o derecho que amparará su consumo y la compatibilidad con la previsiones de la planificación hidrológica. La CHJ tendrá que pronunciarse sobre los suelos afectos a Dominio Público Hidráulico vinculados a la futura urbanización.
En resumen, la Conselleria formula hasta 12 consideraciones que deberán cumplir el Consistorio pegolino y la promotora, si quieren el visto bueno de Urbanismo.
* Información - V. X. C. R - 14 de mayo de 2008
Foto: Pego (Alicante), la Penya Roja - lasprovincias.es
Otras cuatro sentencias del Tribunal Superior anulan el plan de Ourense
ELPAÍS* : El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) no sólo es ilegal por haber aprobado una planimetría distinta a la expuesta al público, como se recoge en la primera sentencia que lo anula en su totalidad, emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El plan orensano incumple además diversos trámites y obvia informes preceptivos.
Así se desprende de cuatro nuevas sentencias emitidas por el alto tribunal gallego que anulan en su totalidad otras tantas veces el plan de ordenación de Ourense, que fue aprobado definitivamente en 2003 por la Consellería de Ordenación del Territorio presidida por Alberto Núñez Feijóo.
Con estas nuevas sentencias suman ya seis (de los 17 recursos presentados a la totalidad) las emitidas por el TSXG anulando el plan de urbanismo de la capital orensana ratificado en su día sólo por los votos del PP y recurrido judicialmente por el PSOE.
Entre las nuevas deficiencias consideradas relevantes por el tribunal superior para anular el plan figuran algunas como que éste se aprobó sin "presentar informe sobre las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones". Un hecho suficiente para el Tribunal Superior como para "no entrar a examinar otras cuestiones de fondo". El tribunal reitera la anterior sentencia, según la cual los planos, la memoria, el estudio económico financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello y firma" de autentificación.
Los cuatro autos que anulan el plan se pronuncian sobre los recursos presentados por dos empresas (Caracochas y ATL Urbanísticas) y por los particulares Manuel Valentín Álvarez y Olga Rodríguez González.
El grupo de gobierno del Ayuntamiento (ahora integrado por PSOE y BNG) decidió recurrir estas sentencias con las que están de acuerdo, pero cuya aplicación dejaría a la ciudad con el planeamiento de 1986 y con la consiguiente imposibilidad de ejecutar el desarrollo urbanístico y las inversiones previstas.
El alcalde orensano, el socialista Francisco Rodríguez, afirmó al conocer la primera sentencia de anulación del plan que con el recurso al Tribunal Supremo (ya se han enviado los correspondientes a las dos primeras sentencias) el gobierno local pretende ganar tiempo para ir realizando modificaciones puntuales en la planimetría que dejó el PP y, a la vez, ir redactando un nuevo documento que sustituya al anulado, que para PSOE y BNG era "claramente especulativo".
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, subrayó ayer que los informes de los que carece el plan "no son irrelevantes, como señala el grupo municipal del PP; ninguna tribunal tumba un planeamiento por cuestiones irrelevantes".
Socialistas y nacionalistas insisten en responsabilizar directamente al anterior grupo de gobierno, presidido por Manuel Cabezas, por imponer sin consenso una normativa "lesiva para los intereses colectivos y que marca el desarrollo de la ciudad para 20 años". Los dos socios de gobierno descartan por el momento presentar demanda judicial contra el PP por haber expuesto al público unos planos que no se correspondían con los aprobados en pleno, pero insisten en reclamar que la Fiscalía actúe de oficio.
El Fiscal jefe, Florentino Delgado, descarta esa posibilidad considerando que toda vez que ha habido un fallo judicial podría habérsele hecho esa recomendación, "pero ninguno de los jueces vio indicios de criminalidad". Además, sostiene que no recibe recado a través de los medios, aunque "la Fiscalía está abierta a cualquier denuncia".
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 14/05/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Un juez anula la licencia para 22 viviendas dada a uno de los promotores imputados de Zurgena
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IDEAL/Almería* : Mientras que el proceso judicial derivado de la 'Operación Costurero' desarrollada por el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil continúa abierto, empiezan a salir resoluciones judiciales que responden a los procedimientos abiertos por la Junta de Andalucía, a través de la vía contencioso-administrativa, para tratar de frenar la construcción de viviendas en suelos no urbanizables en la localidad de Zurgena.
Lo curioso es que los nombres de los imputados en la presunta trama urbanística de Zurgena -por delitos urbanísticos- empiezan a ser los mismos que los que protagonizan los procesos administrativos.
Es el caso de Antonio López, propietario de la mercantil 'Construcciones de la Jacinta'. Fue uno de los seis detenidos por la Guardia Civil cuando salió a la luz la 'Operación Costurero', puesta en marcha para dirimir la legalidad de un millar de viviendas construidas en suelos rústicos y no urbanizables.
En el caso de la sentencia dictada por Tomás Cobo, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería, aunque la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía va contra el Ayuntamiento de Zurgena, aparece como codemandado Antonio López.
Los mismos abogados
Los abogados también coinciden. De hecho, en este procedimiento en concreto, el letrado de Antonio López es Rafael Salinas, que también lleva su defensa en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa. Al Ayuntamiento de Zurgena lo defiende el abogado personal de Cándido Trabalón -alcalde de la localidad- y Manuel Tijeras -concejal de Urbanismo-. Se trata de Antonio Segura Asensio.
La sentencia del juez Tomás Cobo, a la que ha tenido acceso IDEAL, responde a un nuevo caso en el que el Ayuntamiento zurgenero trata de aducir silencio administrativo -que la Junta de Andalucía no se ha pronunciado dentro del plazo establecido- para conceder una licencia de obras a 'Construcciones Antonio de la Jacinta' para hacer 22 viviendas en el paraje de 'El Palacés', en el término municipal de Zurgena.
El 27 de febrero de 2007, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía interpuso un recurso contra la concesión de la citada licencia, después de recibir el 3 de enero del mismo año una notificación del Consistorio zurgenero en el que informaban de que habían dado luz verde a la promoción. El abogado del Ayuntamiento trata de defender que este recurso es «extemporáneo», es decir, que está presentado fuera de plazo, pero el magistrado rechaza esto, ya que aunque el pleno de la localidad adoptó el acuerdo para conceder la licencia el 17 de julio del año anterior, la Junta no tiene noticia de este acuerdo hasta que le llega la notificación.
Tomás Cobo no se queda ahí y en su sentencia entra a analizar el fondo del asunto. Para el magistrado, «es claro que el suelo en cuestión está clasificado como no urbanizable». No le sirven al juez las alegaciones del Ayuntamiento que «en su contestación a la demanda se limita a verter una serie de reflexiones generales sin aplicarlas al caso que nos ocupa, haciendo referencia a un informe de un catedrático de Derecho que no aportan».
Además, a Tomás Cobo le resulta «significativo» el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Junta en el que «pone de relieve la situación urbanística del suelo no urbanizable en Zurgena», acreditada por las ortofotografías que se acompañan. En definitiva, lo que viene a destapar este documento, según recoge la sentencia, es que se está produciendo una transformación del uso del suelo -de carácter rústico a residencial- sin instrumento de planeamiento preciso para su legitimación».
Bajo estas premisas y al desestimar la causa de inadmisibilidad que pedía la parte demandada, el juez estima el recurso y declara nula de pleno derecho la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Zurgena. Asimismo, Cobo precisa en el fallo que debe procederse a la restauración de la legalidad urbanística. Eso sí, no condena a costas en esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación.
* Ideal - 13.05.08 -ÁFRICA MATEO
Foto: ¿ILEGALES? Algunas de las viviendas construidas sobre suelo rústico/J. J. MULLOR, ideal.es
El informe denuncia pasividad de Consell y municipios ante ilegalidades urbanísticas
LEVANTE/Valencia* : La parálisis del sector inmobiliario en la Comunitat Valenciana no ha llegado acompañada de un mayor rigor en el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Un año más, el informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2007 está plagado de quejas ciudadanas referidas a cuestiones de esta índole, concretamente el 17% del conjunto de reclamaciones. Y de nuevo el órgano que dirige en funciones Emilia Caballero lanza una seria advertencia tanto a los ayuntamientos como la Generalitat valenciana.
«Hemos seguido constatando que los ciudadanos manifiestan su impotencia ante la pasividad de los ayuntamientos y, en algunos casos, de la Generalitat, a la hora de iniciar los expedientes sancionadores y ordenar, sobretodo, ejecutar la demolición de las construcciones ilegales».
La síndica considera que las autoridades locales y autonómicas no están actuando convenientemente ante las denuncias y recursos administrativos formulados a causa de la detección de irregularidades en los proyectos urbanísticos y ambientales. Caballero se hace eco de diversas quejas que señalan conflictos de indefensión ciudadana por parte de compradores a los que se les entregan viviendas sin estar acabadas las urbanizaciones de calles, la instalación del suministro eléctrico, la provisión de agua potable o las infraestructuras de recogida de aguas residuales y pluviales. La síndica recuerda la «obligación legal» que recae sobre las autoridades locales, y en algunos casos autonómicas, para reestablecer la legalidad urbanística vulnerada en el término legal de cuatro años desde la total terminación de las obras.
El asunto del agua vuelve a aparecer en los informes con una advertencia que suena a desesperada. «Esta institución no alcanza a entender como se puede aprobar, ni siquiera provisionalmente, un plan o proyecto urbanístico sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar haya acreditado la existencia de recursos hídricos suficientes y haya informado». La síndica insiste en que no pueden aprobarse planes urbanísticos sin el informe favorable de la Administración estatal de aguas.
Otro de los aspectos que señala la Defensora del Pueblo Valenciano es el de las trabas informativas que los ciudadanos encuentran cuando presentan alegaciones a determinadas actuaciones urbanísticas. Caballero reconoce la legitimidad de los ayuntamientos para impulsar y aprobar planes urbanísticos en aras del interés general. Pero señala también que los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones y los motivos que justifican las decisiones urbanísticas «con el fin de no generarles indefensión y disipar cualquier indicio de arbitrariedad administrativa».
Servicios Sociales
Especialmente duro es el capítulo del informe dedicado a investigar quejas ciudadanas sobre los servicios sociales de la Conselleria de Bienestar Social. El documento no se adentra con detalle en las quejas referidas a la Ley de Dependencia porque llegaron mayoritariamente a partir de septiembre de 2007, pues el texto legislativo fue aprobado en diciembre de 2006. Los casos más polémicos de retrasos en la percepción de ayudas, que la propia Caballero ha denunciado, se están produciendo este año, cuando el departamento que dirige Juan Cotino debe desplegar la ley.
Pero la síndica sí ha detectado graves deficiencias en los servicios de evaluación y calificación de minusvalías. No en balde las quejas en este apartado representan el 50% de los expedientes que tramita en materia de servicios sociales. Los retrasos en la emisión de las calificaciones de minusvalía son la estrella de las denuncias, hasta el punto de que Caballero advierte a Bienestar Social que está incumpliendo la legislación en materia de plazos y que comete una «actuación pública irregular».
«Hemos vuelto a recomendar a la Conselleria de Bienestar Social que adopte las medidas necesarias para los plazos se reduzcan al mínimo, con el fin de evitar importantes perjuicios a las personas afectadas». La Sindicatura de Greuges incluso señala que ha efectuado en sus resoluciones «un recordatorio de deberes legales» a Bienestar Social.
* Levante-EMV - V. R./ J. G. G. - 13 de mayo de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
El Tribunal Superior paraliza una promoción de 700 viviendas que se iba a levantar en Miño
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LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un auto de paralización de una urbanización de 700 viviendas en una zona del municipio coruñés de Miño llamada monte Piñeiro. El desarrollo de esta área, conocida ya como el nuevo Miño, fue impugnado por dos de las firmas que optaron al concurso, Vallehermoso y Areal, que perdieron frente a una UTE formada por tres empresas de Lugo.
Uno de los procesos iniciados por la empresa Vallehermoso es el que ha terminado en una paralización cautelar, que ha sido recurrida por el Concello, desde donde aseguran que no se les dio opción a presentar alegaciones. Por su parte, Vallehermoso pide la anulación del plan parcial para esta área por errores en su tramitación. El alcalde, el popular Juan Maceiras, defiende la transparencia del proceso y del concurso en contra de lo que afirman las empresas afectadas, el PSOE de Miño, una plataforma de afectados y varias asociaciones ecologistas.
Los socialistas consideran que la aprobación fue «cuando menos turbia», sobre todo en cuanto a las expropiaciones -las segundas más elevadas en el municipio después de las realizadas por Fadesa para la construcción de 1.500 viviendas- y a la sostenibilidad del proyecto, que incluye la construcción de más de 700 casas, un edificio municipal, además de zonas comerciales, aparcamientos y parques en una superficie total de 15 hectáreas.
La plataforma de afectados se queja del modo en el que se gestionó el proyecto y por eso se ha personado en parte de la decena de causas abiertas contra el mismo. Además, entidades ecologistas como Verdegaia o Alternativa Miñoterra alertan de que amenaza a la marisma de Baixoi, ya que el propio estudio medioambiental alerta de que «las repercusiones alcanzarían a los procesos de sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna». También dicen que el funcionamiento del sistema de drenaje artificial de pluviales implicará un cambio en la salinidad de la marisma. Por último, critican que se pretenda «urbanizar innecesariamente un dos escasos espazos verdes que quedan no municipio, susceptible de ser aproveitado como o grande pulmón verde da vila de Miño».
En fase de expropiaciones
El Concello de Miño logró aprobar el plan parcial el año pasado y ahora se estaban llevando a cabo las expropiaciones (el 60% de las 15 hectáreas). Curiosamente, además de algún particular, son dos firmas las afectadas y cobrarán un precio mucho menor al de otros propietarios, según denuncia la plataforma de afectados.
* La Voz de Galicia - Bea Abelairas - 13.05.2008
Foto: Imagen del monte en el que se prevé construir la urbanización, que tiene a sus pies una marisma/ CÉSAR DELGADO, lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: Los baches de la primera macrourbanización de la villa - La Voz de Galicia - 13.05.2008
Transparencia social y corrupción
JOSÉ LUIS POYAL* : En la era en la que el ladrillo ha sido oro, los salarios no han pasado de hojalata. Según el estudio del Barómetro Social de España, que ha sido presentado estos días, mientras el capital inmobiliario y financiero se ha más que duplicado (crecimiento anual del 8 por ciento), las rentas salariales se han estancado (reducción de salario medio del 2,4 por ciento en el conjunto del período analizado). Los más perjudicados, los jóvenes, los inmigrantes no comunitarios y las mujeres.
Entre 1994 y 2006 se triplicaron las deudas de los hogares y el ahorro ha descendido un tercio en el mismo período, de tal modo que la deuda ha aumentado seis veces más deprisa que su renta, debido principalmente a las hipotecas.
El Colectivo IOE, autor del informe y que utiliza datos estadísticos oficiales, afirma, además, que ha aumentado en más de un millón de personas el colectivo de pobreza severa (quienes no alcanzan el 40 por ciento de la renta media) y añade que el nivel de diferencia social se ha incrementado en un 23 por ciento. Entre las causas de los desajustes sociales hay un capítulo que merece especial atención: la necesidad de mejorar la «transparencia social» para lograr que administraciones públicas y privadas sean más eficaces y equilibradas.
La transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el «derecho a saber» como un factor realmente fundamental para la lucha contra la corrupción.
Durante el prolongado período de crecimiento económico debido al «ladrillo de oro», ha estado sobrevolando la percepción de que el factor corrupción ha estado presente y que todavía queda mucho por reformar para que la mayor transparencia social impida las prácticas que la fomentan.
El «Informe global 2007 sobre la corrupción en España» emitido por Transparency International España, señalaba el retroceso de nuestro país en cuanto al índice de percepción de la corrupción (CPI). quebrando una tendencia que era muy positiva. En una lista de 180 países figuramos en el puesto 25.º, que comienza en Finlandia con la mejor nota.
Los analistas señalan que han sido los escándalos urbanísticos los causantes de ese peor juicio y han focalizado en el ámbito local, urbanismo y especulación, la mayor incidencia. También informes oficiales, como el del Defensor del Pueblo, coinciden en indicar los mismos puntos. Se ha afirmado hasta la saciedad que la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción y convierten en sospechosos los llamados «convenios» en los que el titular de unos terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, independientemente de lo que está obligado por ley, e incluso pagos en metálico a favor de la Administración urbanística, para el caso que se apruebe o se modifique por parte de dicha Administración un plan con determinaciones concretas (clasificación, usos, volumetría...).
Los «convenios» y los planes urbanísticos, con continuas modificaciones, siguen siendo la fórmula de aumentar ingresos en los ayuntamientos, a la par que es evidente la escasa vigilancia sobre construcciones ilegales, multas en lugar de demoliciones, expropiaciones a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, han vendido a precios astronómicos y otros malos usos.
La corrupción urbanística no respeta institución alguna y hasta los Juzgados han sufrido las consecuencias, como bien sabe la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá que activar sus funciones para que la transparencia social pueda funcionar.
Y por favor que nadie toque las reservas de la Seguridad Social como medio de financiar crisis del «ladrillo de oro».
* La Nueva España - Opinión - 10 de mayo de 2008
