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Ideal* : "Las televisiones europeas lo utilizan como imagen de recurso cada vez que realizan un reportaje o cuentan una noticia relacionada con el urbanismo desaforado en las costas españolas. El Hotel El Algarrobico es una mole de cemento que ensombrece y amenaza al parque natural del Cabo de Gata. Los responsables de los gobiernos central y autonómico han reaccionado -sin que aún haya quedado claro por qué la empresa pudo llegar tan lejos en la construcción-, consciente de que se trata de un inmenso borrón que empaña una de sus banderas políticas, el respeto por el medido ambiente. Un error al que se le ha buscado la solución más rotunda: demoler la estructura principal de un complejo que ocupa 16 hectáreas y que llega hasta unos 50 metros del agua de una playa que se había mantenido virgen, pese a estar a tan solo a 4 kilómetros del casco urbano de la localidad almeriense de Carboneras.
Los directivos de Azata -la empresa constructora- ven lagunas en este plan de derribo. Recuerdan que iniciaron la obra con todos los permisos municipales en regla.
El pleito, que se antoja árduo debido a la complejidad que supone retrotraer un expediente en el que están involucradas tres administraciones, comenzó en noviembre de 2005. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, ordenó entonces que se iniciase de inmediato un expediente de expropiación de la parte del hotel que se construye sobre la zona de servidumbre de la playa.
El siguiente paso lo debía dar la Junta de Andalucía, responsable última del planeamiento en el resto del complejo, aunque fue el Ayuntamiento de Carboneras quien dio la licencia para acometer esta obra, ejerciendo sus competencias urbanísticas.
De novela policiaca
Los técnicos de la Junta de Andalucía bucearon en todos los informes posibles para buscar una vía que les permitiera salir del atolladero. Fue en el mes de mayo de 2006, cuando el propio presidente andaluz, Manuel Chaves, anunció que que la Junta de Andalucía iba a ejercer el derecho de retracto sobre el solar donde se levanta este monstruo de hormigón de 20 plantas y 411 habitaciones y cuya apertura estaba prevista para el verano del año pasado.
Como en una novela policiaca, los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente se desplazaron de forma sigilosa a una notaría de Madrid y al registro de la propiedad de Vera -donde se anotan las operaciones de Carboneras- e iniciaron una minuciosa investigación que les llevó a descubrir que la compraventa de este terreno incumplió en 1999 un precepto legal básico: el vendedor tenía la obligación de comunicar a la administración ambiental competente -en este caso a la Junta de Andalucía- su decisión por si estaba interesada en emprender su derecho de adquisición preferente. Una presunta trampa que le va a costar muy caro a Azata que, de momento, no se da por aludida. Pese a que su sueño especulativo tiene los días contados, saca pecho y amenaza con que esta jugada le va a costar a la Junta más de 300 millones de euros. Una cifra que el Ejecutivo andaluz rebaja de forma considerable, hasta dejarla en 2,3 millones de euros, que es el precio del suelo que consta en la escritura.
Desobediencia
La consignación de estos 2,3 millones -1,41 millones por la finca del hotel y 0,9, por la de un terreno colindante- supuso la anulación de cualquier posibilidad de inauguración de este establecimiento.
Chaves ya advirtió el año pasado de que la imagen de la estructura desmoronándose y la playa del Algarrobico recuperando su perfil anterior podría tardar meses o años. Sobre todo tras conocerse que la empresa Azata del Sol había recurrido ante los tribunales, lo que supuso el inicio de este largo proceso judicial que acabará, según es previsible, en el Tribunal Supremo.
Pero Azata parece que ha ido más allá. Los responsables en España de la organización ecologista Greenpeace, que han protagonizado dos movilizaciones de protesta a los pies de la estructura del Algarrobico, han entregado a la Junta de Andalucía diverso material audiovisual en el que se observa como las obras han continuado, pese a que hace más de un año que fueron paralizadas de forma cautelar por el Juzgado número 2 de los Contencioso-Administrativo de Almería.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han señalado que la promotora solicitó al Juzgado permiso para realizar obras que impidiesen el deterioro de las instalaciones. Esta solicitud habría sido rechazada por el juez, que sólo autorizaba obras de emergencia para evitar derrumbes.
Justiprecio
Pese a la encrucijada judicial, la alarma social que ha provocado este caso debería ser razón suficiente para que se aceleren los pasos de esta demolición, según los colectivos ecologistas y ciudadanos que reclaman la desaparición de esta mole.
La última novedad se anunció en el mes de julio, cuando la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, adelantó que en los próximos días se iba a publicar el edicto del justiprecio del Ministerio de Medio Ambiente sobre el hotel Algarrobico, lo que acortaría los plazos para esa ansiada y esperada demolición del edificio.
Un mes después, sin embargo, se sigue sin tener noticia del mencionado justiprecio. Septiembre puede ser un mes clave para el desenlace y resolución de este culebrón urbanístico del verano.
* Ideal Digital - 6 de agosto de 2007
Foto: hotel El Algarrobico (Almería) /andaluciajunta.es
El Algarrobico: Un réquiem que se retrasa
5.000 madrileños viven en chabolas
F.J.Barroso/ElPaís* : "Lucía Pardo, una mujer de 20 años con los ojos oscuros llenos de tristeza, no sabía dónde iba a dormir. Una enorme excavadora cumplió a primera hora de la mañana del miércoles una orden judicial y derribó la chabola que tenía con su marido y su hijo de 16 meses en el poblado de El Salobral, en el distrito de Villaverde. "¿Por qué nos hacen esto? No tenemos familia y nos tocará dormir en la furgoneta. No hay derecho a esto", protestaba Lucía, mientras su marido cargaba el aparato de aire acondicionado que había en la infravivienda.
La jornada del miércoles fue "tranquila", según reconocieron los técnicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y agentes de policía. Algunos miércoles (día en el que se hacen los derribos) han llegado a tirar hasta 14 chabolas. El pasado, sólo tres. Dos por orden judicial y la tercera, por el realojo de la familia en un piso de Leganés, tras recibir un curso de cómo integrarse en una comunidad de vecinos. Este colectivo cumplía los requisitos del Instituto de Realojo e Inserción Social (IRIS, dependiente de la Comunidad de Madrid) de residir en El Salobral en enero de 2005, cuando se hizo el censo de población de esta zona marginal de la capital, situada a escasos 10 metros de la autovía de Andalucía (A-4) y de la M-45.
Lucía se dedica junto con su marido a la recogida de chatarra por la región. Vive en el poblado chabolista de Villaverde desde julio de 2004. Ayer no paraba de quejarse. "Hemos puesto muchos recursos pero nadie nos ha hecho caso. No sabía que era necesario empadronarse. Por eso no me tienen en cuenta esos meses. Si lo hubiera hecho, ahora me habrían dado una casa", añadía molesta.
La excavadora entra en la parcela de Lucía y empieza a destrozar la chabola. Las paredes de madera caen a la vez como las piezas de un dominó. Se levanta una gran polvareda. En las proximidades seis agentes de la comisaría de Villaverde y otros cuatro de la Policía Municipal vigilan junto a responsables de la EMVS el derribo. El operario de la excavadora no escatima trabajo. Tras caer el mecano de madera, la emprende con el depósito de agua. Después, derriba las verjas y construye zanjas en medio del terreno. "Es la única manera de que la gente no vuelva a levantar más chabolas", concluye un técnico municipal.
La visión de El Salobral llama la atención, sobre todo, para los que lo conocieron hace un lustro. Ya no existe el trasiego intermitente de toxicómanos en busca de su dosis diaria. Antes era frecuente que la policía montara vigilancia continua. Pedía la documentación a todos los transeúntes y comprobaba las matrículas de los vehículos que intentaban acceder a esta zona marginal. "Como ahora va mucha menos gente, la delincuencia en el distrito ha bajado. También se pueden dedicar más agentes a otras tareas", explica un responsable policial.
Y es que hasta hace un par de años El Salobral era el poblado chabolista más grande de Europa. Un título de dudoso honor. Lo formaban cerca de 500 chabolas que aumentaban continuamente. La parte más cercana a las vías y a la avenida de Andalucía estaba poblada por familias que se dedicaban al trapicheo de droga. Sobre todo, cocaína. En la parte baja, más pegada a la autovía de Andalucía, residían inmigrantes rumanos que fueron expulsados de otras zonas de la capital, como en Malmea, en el norte de Madrid.
El panorama de ahora es muy distinto. Las casi 500 chabolas han dado paso a poco más de un centenar. Las previsiones del IRIS son que este poblado haya desaparecido en marzo de 2008. Los realojos deberían de estar concluidos en noviembre de este año. El resto de chabolas irá poco a poco en función de las órdenes judiciales de derribo. "El compromiso es que en esa fecha haya concluido el proceso y esté todo terminado", señala un portavoz del IRIS.
Los habitantes que aún quedan en El Salobral tienen bastante miedo. A principios de la semana pasada se desencadenó un incendio por la noche y fueron necesarias cinco dotaciones de bomberos para extinguir el fuego de los pastos y evitar que las llamas llegaran a las chabolas. Como se quemaron los cables de la electricidad, llevan varios días sin luz. "Ahora estamos como en la mili. Todas las noches se tiene que quedar alguien despierto para ver si hay algo. Como somos tan pocos, tenemos miedo de que nos despertemos ya con un incendio muy avanzado", explica Belén, una de las residentes de esta zona marginal que ha presentado varios recursos para evitar que derriben su chabola sin una vivienda donde meterse.
"Las ratas son aquí como gatos. Son enormes y salen por la noche a buscar todo lo que hay. Da mucho miedo, sobre todo, cuando hay niños pequeños", añade.
El último censo del IRIS regional, cerrado a 31 de diciembre de 2006, recoge que hay 1.084 familias en la Comunidad de Madrid que viven en chabolas, lo que supone unas 5.000 personas. Están repartidos en 11 núcleos de infraviviendas y nueve asentamientos. La tipología del residente siempre es la misma. Familia de bajo sustrato social, generalmente de etnia gitana. Son grupos con varios hijos (cuatro o cinco) que no acuden a centros escolares. Se dedican a la recogida de chatarra y a la venta ambulante en mercadillos de la región. Esa es al menos la versión oficial, ya que también los hay que trapichean con drogas. Muchos de éstos se han trasladado al nuevo hipermercado de la droga, la Cañada Real Galiana, en el distrito de Villa de Vallecas. Se trata de una enorme calle de más de tres kilómetros de longitud a cuyos lados hay casas que carecen de licencia municipal. Flamantes coches aparcados en las puertas son el signo de este narcotráfico.
Las condiciones de salubridad en todos los poblados son nefastas. Carecen de alcantarillado, aceras, siquiera asfalto en las calles... Eso hace que cada vez que llueva se conviertan en un barrizal y que sea imposible entrar y salir salvo en todoterrenos. Éstos son los vehículos que abundan en estas zonas, pese a la supuesta falta de recursos de sus habitantes.
Las infraviviendas también disponen de los electrodomésticos de última generación. No les falta el aire acondicionado en la mayoría de los casos y muchos chabolistas han enlosado la zona con modernas plaquetas. Sin embargo, la miseria es patente. Coches robados abandonados, escombros por doquier y basura hacinada en cualquier lugar del recorrido es la estampa habitual en estas infraviviendas.
El Salobral ya ha dejado heredero. Según el censo del IRIS, el poblado de Santa Catalina, en Puente de Vallecas, es el más grande de la región, con 182 chabolas. Le siguen El Cañaveral (Vicálvaro), con 148, y Las Mimbreras (Latina), con 132.
Uno de los poblados que también han pasado a la historia, o casi, es el de La Quinta, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ahora sólo quedan 10 infraviviendas. Lejos quedan ya el centenar de las casas que alcanzó esta zona marginal en el verano de 1992, poco después de su formación. El entonces Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada (el actual IRIS) lo levantó para alojar a las 83 familias chabolistas procedentes de los poblados de la Cruz del Cura y Ricote, en Fuencarral, y de la avenida de Aster, en Chamartín.
Las previsiones municipales ya recogían en 2006 que este poblado estuviera derruido antes del final del verano de ese año, es decir, hace 12 meses. Pero fallaron. Y aún quedan nueve familias en esa zona marginal a la que acuden decenas de yonquis para comprar sus dosis. Es de hecho donde más se trafica con heroína de toda la región.
* ELPAIS.com - Madrid - 06/08/2007
Foto: Poblado chabolista de El Salobral- ULY MARTÍN /ELPAIS.com
