Teleprensa, Almería.- Diario Digital* : "Hace dos años y medio Salvemos Mojácar presentó e hizo pública una denuncia relativa a una macrocomplejo en construcción, promovido por La Solana de Mojácar S.A., con claros indicios de ilegalidad, al contar, entre otras cosas, con la construcción de hasta 8 plantas en vertical, en una zona en la que solo se permiten dos, y llegando así a construirse 214 viviendas edificadas sobre 30 hectáreas.
El complejo se ubica detrás del Pueblo Indalo y no es inmediatamente visible desde la playa, al estar medio oculto ocupando una rambla. Se lo puede observar al tomar la carretera que sube hacia La Paratá, de unas dimensiones colosales, que lo convierten en un nuevo "Algarrobico" en Mojácar.
El complejo alberga cerca de diez irregularidades urbanísticas, algunas de ellas graves o muy graves.
La Modificación del proyecto que se hizo es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
En el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
No existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
El proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega asumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
El espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
Salvemos Mojácar denunció ya en septiembre de 2004 la ilegalidad de la construcción. Posteriormente el ayuntamiento aprobó discrecionalmente en junta de gobierno local convocada de forma extraordinaria y urgente, siendo alcalde Carlos Cervantes, una modificación de licencia de obras en la que se aprobaba un modificado de proyecto ilegal también en el que se traban de camuflar las 8 alturas, siendo esto objeto de una nueva denuncia de la asociación.
La Asociación recurrió desde un principio al Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y la aparente inacción de la Junta de Andalucía frente a la denuncia que la asociación remitió en su día a dicha consejería y al consistorio. Gracias al Defensor del Pueblo Andaluz la asociación ha recibido copia de los informes y escritos que, a instancias del Defensor, han sido aportados por el Ayuntamiento de Mojácar y por la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía solo ha respondido en una ocasión a la asociación y el ayuntamiento jamás han remitido carta alguna respondiendo a la asociación sobre e caso denunciado. Finalmente la Consejería de Obras Públicas se ha visto forzada a tomar cartas en un asunto que es sin duda escandaloso.
Tal como solicitaba la asociación la junta de Andalucía procedió con el trámite habitual en un caso como este, que es solicitar la revisión de Licencia de obras del complejo al Ayuntamiento de Mojácar, un trámite que habia sido solicitado sin éxito por la Asociación. Y consiguientemente, al no haber respuesta del consistorio, ha procedido a emprender el recurso contencioso administrativo contra el complejo.
A fecha de hoy hemos recibido noticia a través de diversos medios que las obras están paralizadas desde hace semanas si bien no se ha recibido notificación alguna al respecto de la junta de Andalucía, por lo que estamos a la espera de confirmar oficialmente la información.
Salvemos Mojacar lamenta que se hallan tardado más de dos años en paralizar el complejo, cuando está practicamente terminado, y exige a la Consejería de Obras Públicas que por una vez actúe como debe, impida su apertura y proceda a la demolición del complejo en un tiempo lo más breve posible.
El calendario de las actuaciones ha sido el siguiente:
26 abril 2002 - Aprobación del PERI de la UA7 de Mojácar en Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Salvador Esparza. No se publica en el BOPA.
21 octubre 2002 - se concede licencia de Obras al proyecto de la mercantil La Solana de Mojacar SA
Durante 2003 - 2004 - inician las obras del proyecto, que en septiembre se encuentra ya muy avanzado.
17 de junio de 2004 - se presenta un nuevo proyecto básico con alteraciones sustanciales, redactado por otro arquitecto.
29 septiembre 2004 - Salvemos Mojácar presenta la primera denuncia contra el complejo en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
21 octubre 2004 - 1ª Visita de Técnicos de la Junta de Andalucía al complejo.
12 noviembre 2004 - La Junta de Andalucía requiere mediante escrito al ayuntamiento de Mojácar que remitan un informe en el plazo de diez días hábiles, con la documentacion relativa al proyecto, con acuse de recibo del 17 de noviembre. A dicho escrito el Ayuntamiento no responde jamás.
18 noviembre 2004 - El Ayuntamiento convoca de forma extraordinaria y urgente una Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Carlos Cervantes, en la que se aprueba un Acuerdo por el se paraliza las obras del complejo por no ajustarse este al proyecto original y al mismo tiempo se otorga Licencia de Obras al modificado de proyecto para la construcción de 214 apartamentos y garajes en la parcela P-4 de la UA-7 y colindante en Mojácar, con lo que las obras continuan inmediatamente.
4 julio 2005 - Salvemos Mojácar presenta 2º escrito de denuncia, esta vez contra la modificación de proyecto, presentado en el Ayuntamiento y la Consejería de Obras públicas, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
13 julio 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide un informe al ayuntamiento de Mojácar.
22 julio 2005 - 2ª Visita del Inspector de la Consejería de Obras Públicas. Se pone de manifiesto que no existe Estudio de Detalle en el expediente del proyecto, sin embargo este era preceptivo.
- El Defensor del Pueblo Andaluz pide informe a la Junta de Andalucía.
29 agosto 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe a la Junta de Andalucía.
5 octubre 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz insta al Ayuntamiento de Mojácar a la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
- La Junta de Andalucía envía informe al Defensor del Pueblo Andaluz, que es remitido por este a Salvemos Mojácar. El informe considera que:
Que la Modificación del proyecto es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
Que en el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Que al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
Que no existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
Que el proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega a sumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
Que el espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
11 octubre 2005 - La Consejería de Obras públicas requiere al Ayuntamiento de Mojácar la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
11 nov 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe al Ayuntamiento de Mojácar.
16 enero 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 3ª un informe al Ayuntamiento de Mojácar
24 marzo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio del deber legal de auxiliar a esta institución
24 mayo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio legal y recomendación de que proceda a la revisión de licencia y Advertencia de que su falta de colaboración puede ser consederada entorpecimiento de las labores de esa institución.
- El Defensor del Pueblo Andaluz manda a la Consejería de Obras Públicas Recomendacion de que se formule un requerimiento formal al ayunt. para que se proceda a la revisión de licencia y que se proceda a recurrir ante el órgano jursidiccional competente en caso de que el ayuntamiento no proceda con la revisión.
7 de julio 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz notifica a Salvemos Mojácar que dará cuenta del rechazo del alcalde de Mojácar a la solicitud de revisión de licencia en su Informe Anual.
18 julio 2006 - La Consejería de Obras Públicas interpone recurso Contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Mojácar pidiendo la revisión de licencia del complejo, siendo alcalde de Mojácar Gabriel Flores.
20 julio 2006 - admitido recurso - en el Juzgado 1 de Almería con el Ordinal 595/06
17 enero 2007 - El Defensor del Pueblo Andaluz informa a Salvemos Mojácar de que se ha emprendido recurso contencioso el pasado 17 de julio, según le ha dado a conocer, seis meses más tarde, la Junta de Andalucía.
28 de marzo 2007 - Medios locales anuncian que las viviendas están paralizadas. Desde el verano anterior no se observaban movimientos notables en la zona, si bien el complejo está prácticamente terminado. La noticia de la paralización está pendiente de confirmación está pendiente de confirmación.
Salvemos Mojácar se personará en los próximos días en el procedimiento para que le sean comunicadas todas las actuaciones y para conocer si realmente se ha dictaminado la paralización desde el juzgado o si el hecho de que las obras estén, aparentemente, paralizadas obedece a otras causas.
Salvemos Mojácar exige la paralización de obras, que se impida abrir el complejo y la demolición inmediata.
La Actuación del defensor del Pueblo sienta precedentes positivos en la lucha del ciudadano ante los abusos urbanísticos, que es acaso la peor y más extendida lacra de España y la de más graves consecuencias sociales y medioambientales, por lo que alentamos a las asociaciones a recurrir a su ayuda ante la sistemática dejacion de funciones de la Administración Autonómica y municipal.
*Teleprensa - Diario Digital - Almería 30/03/07
Foto: La Solana /Teleprensa
Salvemos Mojácar logra la paralización de un macrocomplejo ilegal
La promotora del alcalde de Salceda de Caselas construye obras ilegales
PrimitivoCARBAJO.- Vigo.- EL PAÍS* : "Viviendas Caselas, SL, promotora de la que es accionista el alcalde de Salceda de Caselas, José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, realiza obras ilegales en el municipio por exceso de alturas, vuelos y aprovechamientos bajo cubierta, más una invasión directa de la vía pública sin respetar las alineaciones. Las denuncias, en lugar de paralizar las obras, las aceleran. Es uno de los efectos paradójicos de la doble condición de alcalde y promotor que reúne Chicho, quien confía en renovar su mayoría absoluta en el ayuntamiento después de 31 años de regidor.
La denuncia por infracción urbanística en el edificio que se construye en la calle Rosalía de Castro para 32 viviendas fue presentada el pasado 5 de diciembre por un vecino, Ángel Vaqueiro Fandiño, contra la promotora y propietaria, Viviendas Caselas; contra las constructoras Excavaciones Ponteareas y Conran, y contra el técnico que redactó el proyecto, Rafael Fernández Vale.
El alcalde, Fernández Rodríguez Chicho, tomó nota de la denuncia, dio cuenta a sus socios en la promotora y decidió cumplir la ley. Pero sólo en lo de darse tiempo para tramitar la denuncia. El denunciante, Ángel Vaqueiro, volvía al ayuntamiento el 20 de enero para señalar que, lejos de paralizarlas, la denuncia había sido espuela para los constructores del edificio: más máquinas y operarios estaban dando un ritmo a la construcción que competía con las imágenes a cámara loca.
Hasta el 2 de marzo no tuvo sobre la mesa el informe del técnico municipal que confirmaba que las obras de Rosalía de Castro no se ajustaban a las condiciones de la licencia. El alcalde ya lo sabía, obviamente. Esperó al último minuto que le permite la ley para no incurrir en delito y el 5 de marzo, a los tres meses exactos, firmó la resolución para "suspender inmediatamente las obras que realiza Viviendas Caselas, SL". Daba un plazo de 24 horas para retirar todos los materiales y decidía "incoar el correspondiente expediente de reposición de la legalidad a Viviendas Caselas".
Asesores contrastados
Contundente, sin duda. Aunque la misma resolución indicaba al denunciado que podía "aducir alegaciones y adjuntar documentos u otros elementos de juicio". Tal vez fueran muchos, las alegaciones y documentos, y al alcalde no le dio tiempo a examinarlos. Las obras de ese edificio, pese a los aceleres precedentes, siguen aún activas. "Confiarán en que si consiguen llegar a dar las licencias de ocupación, ya nadie va a ejecutar después los derribos que supondría restablecer la legalidad urbanística", barrunta Vaqueiro.
La normativa urbanística local ha sido cambiada con los únicos votos, aunque suficientes, del grupo popular y no se ajusta a la legislación vigente en Galicia. Las invasiones de viales y espacios públicos son habituales en Salceda, como los convenios urbanísticos que contravienen la ley o los estudios de detalle que la revientan, "por no hablar de alturas o sótanos con volúmenes prohibidos", añade el denunciante.
El alcalde Chicho, sin embargo, ha demostrado que sabe bandearse con los códigos y su aplicación. Ha sorteado acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias y otras de más enjundia judicial.
Hace diez años, por ejemplo, logró evitar su inhabilitación como alcalde en el Tribunal Supremo al cargar un delito de usurpación de terrenos sobre su persona y no sobre el cargo, pese a ser máquinas municipales las que consumaron la usurpación en una obra pública; más recientemente convenció a un juzgado de Tui de que un aguacero con riada se había llevado por delante todo rastro de un campo de fútbol pagado con fondos europeos, aunque, según otros testimonios fehacientes, el campo nunca llegó a construirse. Ahora cuenta además con el asesoramiento de Juan Colón Garrido, abogado perejil por su facilidad para estar en todas las salsas.
Juan Colón es asesor jurídico municipal en Salceda de Caselas con dieta mensual fija y, a su vez, actúa como letrado de no menos de media docena de promotoras y constructoras que trabajan en la villa, incluida, naturalmente, Viviendas Caselas. También desempeña una función análoga de asesor en los ayuntamientos de Salvaterra y Baiona. En Mos actúa contra el Ayuntamiento defendiendo los intereses del concejal Angel Sío y de José Luis Álvarez Ríos, promotores ambos de ejecuciones urbanísticas de efectos atroces en el municipio.
Chicho también tiene contratado como técnico municipal, para realizar informes relacionados con el urbanismo, a Manuel Novás Medín, inhabilitado en Porriño tras ser condenado en los tribunales por negocios prohibidos a funcionarios. Antes Chicho pagaba más a la familia: los cursos de carpintería los daba su cuñado; los de peluquería, su hermana en un local alquilado a su mujer.
Chicho renueva y reta "en positivo"
El viernes de la semana pasada, el alcalde José María Fernández Rodríguez Chicho, fue visto por la noche, solo, arrancando carteles electorales del BNG. En las anteriores campañas lo hizo a primeras horas de la mañana y acompañado de su mujer. Los vecinos le disculpan esos gestos de arrebato porque no responden a su talante más común, humilde y afable con todos, incluso con la oposición, que se lo reconoce pero para tacharle de "cínico redomado".
Por saber escuchar a los vecinos ha conseguido mantenerse durante 31 años al frente de la alcaldía. Fue en su momento el alcalde más joven de la democracia española y, en condición de tal, fue recibido en audiencia por los Reyes de España, aunque ni siquiera había sido elegido. Hijo del practicante municipal, entró en el ayuntamiento como concejal en 1972. En 1976 consiguió la alcaldía sin necesidad de elecciones: fue el único candidato al cargo. En 1979 arrasó como independiente y luego en las siguientes consultas, como candidato sucesivo de Alianza Popular y del Partido Popular.
En 1995 aportó un millón de pesetas para compartir el capital de la promotora Viviendas Caselas, SL, con otros tres socios. Hasta esa fecha los permisos de obra estaban congelados en el municipio; a partir de ahí, se dispararon.
A las próximas elecciones de mayo, Chicho se presenta con una lista totalmente renovada, en la que sólo repite el que ha sido su concejal de Urbanismo, Manuel Barros, de oficio albañil y también con promotora propia, Promociones Siglo XXI; va de número seis de la lista y, por si acaso, prepara unas oposiciones para quedarse en el ayuntamiento como personal auxiliar.
La candidatura del PP, con el eslogan Salceda en positivo, fue presentada el domingo pasado, con el apoyo de Ana Pastor y el presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán. Ya en 1979 Chicho había prometido dotar al municipio de red de abastecimiento de agua; ahora promete acabarla en el próximo mandato. Ana Pastor le reconoció como "alcalde honrado y eficaz". Mariano Rajoy, su gran valedor y amigo, no pudo asistir.
*ELPAIS.com - Vigo - 30/03/2007
Foto: Igrexa de Parderrubias, no Concello de Salceda de Caselas / Albert galiza
Ver noticia: La inmobiliaria del alcalde de Salceda promovió 375 viviendas en una década
Codicia y avaricia
Emili PIERA.- Levante-EMV* : "Lo que han dicho los eurodiputados sobre nuestro romance sin fin (o hasta el fin) con el ladrillo es que alcaldes, concejales y demás gente de bastón y fajín no se conforman con hacer la vista gorda y recortar el cupón, sino que son ellos los primeros y más esforzados galeotos de la máquina de hacer dinero deprisa, deprisa, somos un pueblo-anfetamina, lanzado sobre la pista asfaltada y recalificada.
En términos casi bíblicos, sus señorías, caídas cual ángeles exterminadores del cielo de Bruselas, han hablado de «codicia y avaricia», nada menos, que son dos usos del mismo pecado capital: el uno busca, el otro acumula; tener uno es malo y tener los dos, peor, vicio de viejos.
Yo creí que, con ese lenguaje -«codicia y avaricia»-, los eurodiputados serían luteranos suecos o alemanes, pero los que rajaron eran un polaco, que será católico, y un británico, pero, se siente, nosotros no inventamos el capitalismo, pero como los chinos, nos sorprendió con hambres atrasadas, y con el tiempo, en muy poco tiempo, hemos devorado hasta la caseta del perro, con la que hacemos una bonita solución habitacional.
Como dicen pensadores tan distintos como Zizek o Vattimo, nuestra tolerancia es muy rara. Aceptamos la libertad de culto, el matrimonio homosexual o la críticas al primer ministro en televisión, qué bien, pero si a alguien se le ocurre decir que el capitalismo, al menos en su versión neocon, es suicida e inviable, le tachan de integrista totalitario. Y el capitalismo sigue a lo suyo, que consiste, paradójicamente, en acabar con la propiedad, ya sea de los chalés privilegiados (para hacer otros chalés), ya sea de los derechos de creación, pues uno se baja música y películas de internet por la cara.
La Constitución (la nuestra y las otras) no lo dice, pero puede resumirse en un solo precepto: si usted hace como que evita todo lo expresamente prohibido aquí, puede convertirse en un codiciador incesante de los bienes ajenos.
*Levante-EMV - 31 de marzo de 2007
El GOB reclama cupos de viviendas y que se penalicen las segundas residencias
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F.GUIJARRO.- Diario de Mallorca* : "El Grup Balear d´Ornitologia (GOB) reclamó ayer que se apliquen cupos en la concesión de licencias para la construcción de nuevas viviendas y que se penalice fiscalmente tanto las segundas residencias como los inmuebles vacíos, entre otras medidas destinadas a frenar la intensa actividad constructora que se está registrando en las islas. Estas propuestas han sido planteadas después de que el Colegio de Aparejadores de Mallorca hiciera público que el pasado año se alcanzó la cifra más alta en la historia de la isla por lo que a viviendas acabadas se refiere, con 8.955, y que se rozó el récord de 1999 por lo que a inmuebles proyectados, con 11.379.
Según el GOB, estas cifras demuestran que las medidas que se han tomado hasta ahora para controlar el desarrollo urbanístico han sido insuficientes, y ponen en evidencia el modelo desarrollista de los gobernantes isleños, de ahí la necesidad de promover un cambio.
Desde esta organización ecologista se considera imprescindible revisar las Directrices de Ordenación Territorial y el Plan Territorial de Mallorca para eliminar las áreas de reconversión, y aprobar una ley que fije cupos municipales en la concesión de licencias.
También se apuesta por la penalización fiscal de las segundas residencias y de las adquiridas con fines especulativos o para la promoción turística, junto a un gravamen para los inmuebles vacíos.
El GOB propone que se reduzca la edificabilidad en el suelo urbano, la reclasificación de los urbanizables que no tengan aprobado el proyecto de urbanización o la recalificación forzosa de los terrenos urbanos para la construcción de viviendas protegidas.
Frente a la postura defendida por el GOB, el presidente de la patronal de promotores de Balears, Gabriel Oliver, consideró que con el actual crecimiento de la población resulta inevitable que se mantenga una intensa edificación de viviendas, y recordó que el modelo económico balear se basa en la mano de obra, ya que tanto en la hostelería como en la propia construcción se necesitan plantillas muy numerosas, lo que hace necesaria la llegada de más trabajadores. Oliver destacó que nadie edifica viviendas sin la existencia de una demanda para su venta.
Además, rechazó la posibilidad de aplicar cupos en la concesión de licencias, al considerar que esta medida provocaría un mayor encarecimiento de los inmuebles, dado que su escasez favorecería la especulación.
*Diario de Mallorca - 31 de marzo de 2007
Foto: S.Llompart.- La fuerte actividad constructora de Balears es cuestionada desde el GOB /Diario de Mallorca
Urbanismo insostenible en España
Albert Gimpera.- EL PAÍS* : "El informe del Parlamento Europeo sobre la situación del urbanismo en España confirma lo que hace tiempo ya sabíamos, que la situación es insostenible. El fomento de la especulación urbanística es un cáncer que amenaza no sólo con deteriorar nuestro entorno, sino con erosionar la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Ni siquiera el nuevo Gobierno de izquierdas de Catalunya se libra de este vicio, dando luz verde a urbanizaciones en el Pirineo que contradicen los criterios de sostenibilidad que predica, para disgusto y decepción de sus votantes, como bien informa EL PAÍS.
Ignoro si el origen de este mal está en la famosa Ley del Suelo del PP de 1998, que consagra este disparate ultraliberal según el cual todo el suelo no protegido es potencialmente urbanizable.
No es posible continuar indefinidamente con este modelo. Hay que dar de una vez por todas por definitivamente cerrado este modelo nefasto basado en la construcción masiva de urbanizaciones de segundas residencias, que destruye el territorio y fomenta la corrupción local, y que amenaza con llevar ahora la degradación hacia zonas que se habían visto liberadas de la especulación urbanistica.
*ELPAIS.com - 31/03/2007
Cataluña y País Vasco son las más europeas en vivienda
MartaBELVER.- El Mundo* : "País Vasco y Cataluña están un paso más cerca de Europa que el resto de las comunidades autónomas españolas. Los gobiernos de estas dos regiones han planteado medidas para combatir la 'plaga' de los pisos vacíos (aplicar un canon y la expropiación temporal, respectivamente) similares a las que ya están operativas en algunos países del Viejo Continente. «Son soluciones muy variadas con una característica común: la intervención del Estado para buscar vías que favorezcan la salida al alquiler de las casas desocupadas o bien la aplicación de disposiciones punitivas», apunta Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda del Ejecutivo vasco. Y se pregunta: «Si España ha conseguido europeizarse en otras cosas, ¿por qué no lo hace también en esto?».
Francia. Los vecinos galos han elaborado al detalle su legislación sobre inmuebles que permanecen desiertos. Según explican en su Ministerio de Vivienda, la medida consiste en el pago de una tasa y afecta a las propiedades de municipios situados en las inmediaciones de las ciudades de París, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier, Niza y Cannes.
Los dueños de estos pisos tienen que abonar en concepto de multa un 10% de su valor catastral durante el primer año de desocupación, un 12% el segundo y un 15% el tercero y posteriores.
Reino Unido. La Agencia de Viviendas Vacías británica nació en 1992 con el objetivo de mediar entre las autoridades locales de unos 200 ayuntamientos y los propietarios privados. Los responsables de la asociación aseguran que como resultado de esta acción cada año entran en el mercado de alquiler «decenas de miles de casas vacías».
Asimismo, las autoridades de Reino Unido pueden forzar el arrendamiento o la venta de viviendas que hayan permanecido desocupadas durante un periodo de tiempo superior a seis meses salvo que tengan la categoría de segunda residencia, su titular se encuentre enfermo o haya fallecido y se esté tramitando la herencia o bien trabaje en otra ciudad, de acuerdo con la información de la página web 'www.vpo.info'.
Suecia. Este portal apunta también que el Gobierno de Estocolmo contempla la posibilidad de demoler los pisos deshabitados.
Alemania. La misma opción está vigente en suelo germano en aquellos municipios en los que más del 10% del parque de viviendas permanece desocupado. Los propietarios, además, pueden ser obligados a rehabilitar sus propiedades y, en caso de incumplimiento, la sanción se mueve en una amplia horquilla que va desde la multa hasta la expropiación, una realidad de la que se hacen eco en sus 'blogs' Javier Burón y Pablo Aretxabala, director general de Visesa (la empresa promotora de vivienda protegida del Gobierno Vasco).
Italia. En cuanto a la situación legal de esta península mediterránea, argumentan que las casas sin habitantes tienen allí una penalización fiscal del nueve por mil de su valor.
Dinamarca. En el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social exponen el caso danés, cuya ley data de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial: los dueños de inmuebles desocupados durante más de seis semanas pueden ser multados si no informan a las autoridades municipales pertinentes. Eso sí, la medida sólo es efectiva en las localidades más importantes.
Luxemburgo. Aunque todavía no existe penalización para los pisos vacíos de este país, en breve podría ser efectiva. El Ejecutivo luxemburgués ha elaborado un proyecto de ley que recoge sanciones para los inmuebles desocupados durante más de 18 meses, apuntan desde su Ministerio de Vivienda.
*El Mundo /Su Vivienda - 30 de marzo de 2007
Foto: En los Países Bajos es legal la ocupación de viviendas que están descupadas más de año y medio. / EL MUNDO
Los eurodiputados constatan una falta de voluntad política para luchar contra los abusos urbanísticos
ClaraPinar.- LEVANTE-EMV* : "Los eurodiputados que visitaron a principios de marzo la Comunitat denunciaron ayer que las autoridades valencianas no tienen «voluntad política» para solucionar los abusos relativos con el urbanismo. Asimismo, constataron que éstos persisten a pesar de que el Consell se comprometió a poner en práctica las recomendaciones del Informe Fourtou que adoptó la Eurocámara en diciembre de 2005.
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, presentaron ayer su informe con las observaciones que les merecieron sus reuniones con las autoridades y denunciantes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Almería, en la misión a España que realizaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
El informe alerta de los abusos que se dan en toda España pero la Comunitat Valenciana se cita repetidamente como ejemplo de las peores prácticas o de aquellas que aún perduran. Aunque el informe no se pudo discutir ayer por problemas de traducción, Cashman se refirió a una de las ideas que emanan del documento, relativa a «la gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia y lo que vimos en Madrid» . «A (el conseller de Territorio, Esteban González) Pons le hicimos preguntas directas que se quedaron sin respuesta , se nos dijo que las peticiones son ficticias, que ni existen en la realidad », añadió Cashman, que dijo haber vuelto a Bruselas con «la impresión de que había una total desatención de estos problemas y no existía voluntad política para buscar soluciones».
El informe recuerda las recomendaciones del Informe Fourtou a favor de la definición y reconocimiento del «interés público» en la ley del suelo, un «criterio para calcular las compensaciones» a los afectados por expropiaciones o la «revisión de las bases» de los contratos públicos. Recuerda también que estas competencias caían bajo «la responsabilidad de las autoridades del Gobierno regional valenciano» . Sin embargo, más de un año después, el informe critica que «la urbanización continúa imbatible en Valencia con nuevos proyectos que se aceleraron para beneficiarse de las ventajas de la vieja ley (LRAU) antes de que entrase en vigor la nueva en febrero de 2006» , en alusión a la LUV, también expedientada por la Comisión Europea.
Sesenta nuevas denuncias
Casham y Libicki conformaron la tercera delegación de la Eurocámara que estudió el urbanismo en la Comunitat y que, según el informe, tuvo una «considerable justificación. No sólo hay un procedimiento de infracción en camino, sino que hay nuevas peticiones» que se incrementaron este mismo mes, con 60 nuevas denuncias presentadas ante los diputados en su visita a las localidades valencianas.
De sus entrevistas con afectados y autoridades, los eurodiputados concluyeron que «de los 540 municipios que hay en la Región Valenciana, parece que entre el 25 y el 20%, concentrados esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas resultado de un urbanismo extensivo, muchos de ellos con denuncias de corrupción en los últimos años» . Añaden que «un número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan planes urbanísticos que no emanan de necesidades de crecimiento poblacional y turístico, sino por su avaricia y codicia» . Hablan también de «ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores» y de «ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable».
Por el contrario, afirman en su informe que Pons «se negó a reconocer que haya problemas con el urbanismo y, si los hubiera, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales» . El informe afirma que «en comparación con visitas previas, parece más claro que nunca que la ley del suelo se han inventado o al menos se ha interpretado en primer lugar teniendo en cuenta en interés de los promotores y urbanizadores y no con los derechos legítimos de los propietarios individuales o del entorno social o medioambiental» .
Por último, Libicki y Cashman hacen una mención especial a la actitud «arrogante» del conseller de Territorio, Esteban González Pons. El documento denuncia los «ataques» de que fueron objeto por parte de «eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial» y critica las condiciones en que se dio la reunión con González Pons, de manera que fue «más en confrontación que constructiva» . Así, denunciaron un cambió de escenario «en el último momento» de una reunión en la que finalmente el conseller se presentó «flanqueado por promotores urbanísticos y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la construcción» .
*Bruselas
*LEVANTE-EMV - 28 de marzo de 2007
Foto: Benidorm /losgenoveses
Marbella, un año después
EUROPA PRESS* : "Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco-Costa del Sol pusieron en marcha hace un año, y bajo la dirección del juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, un dispositivo policial por el que registraron las principales dependencias municipales marbellíes, especialmente las vinculadas con Urbanismo. Actualmente, sólo cuatro de los 94 imputados conocidos hasta el momento en el denominado caso 'Malaya', contra la corrupción, están en prisión.
Las primeras estimaciones fueron que la valoración de los bienes incautados superaba los 2.400 millones de euros. Cerca de 300 obras de arte, más de 100 caballos de pura raza, toros, armas de gran valor, importantes cantidades de dinero, más de 14 vehículos de lujo, un helicóptero, un barco y unas 1.000 cuentas bancarias bloqueadas son algunos de los datos de esta operación, que comenzó a instruirse en noviembre de 2005 tras la declaración del jefe del departamento jurídico del Ayuntamiento, Jorge González; y en la que se han decretado fianzas que superan los 6,5 millones de euros.
El ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca; y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, al que se le atribuye el diseño de toda la organización societaria del anterior están en prisión desde el comienzo de la operación, el primero en Albolote (Granada) y el segundo en Alhaurín de la Torre. A estos se añade el ex alcalde Julián Muñoz, que está encarcelado desde finales de julio, ahora en Jaén; y el abogado Juan Hoffmann.
Ese mismo día 29, fueron detenidas 20 personas, entre ellas, además de Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; varios empresarios como Ismael Pérez Peña; así como testaferros del ex asesor de Urbanismo y seis abogados del despacho Sánchez Zubizarreta.
De madrugada, fue arrestada la entonces primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, cuando llegaba del viaje de luna de miel; y en los días sucesivos otras personas presuntamente vinculadas a la trama, como el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo; hasta llegar a 29 detenidos en la primera fase de la operación policial, de los que 12 ingresaron en la cárcel.
El juez instructor envió a la prisión de Alhaurín de la Torre al presunto cerebro de la trama, a Yagüe, a García Marcos, a Pérez Peña, a la testaferro Monserrat Corulla, a Rodríguez, al empresario Rafael Llopis, a cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano y al también testaferro Oscar Benavente. De estos, sólo Roca y Sánchez Zubizarreta permanecen encarcelados.
Estas detenciones llevaron a la disolución del Ayuntamiento marbellí, cuyo decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 7 de abril, y a la constitución de una gestora, presidida desde finales de dicho mes por el abogado Diego Martín Reyes, hasta que se celebren, en mayo de este año, elecciones municipales.
SEGUNDA FASE
En la segunda fase de la operación 'Malaya', fueron detenidas 30 personas, entre ellas 13 ex concejales, además de constructores y personas relacionadas con el Consistorio marbellí. Tras las declaraciones, el juez decretó prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para once personas y libertad con cargos para otras once. Posteriormente, ingresaron en la cárcel de Alhaurín de la Torre otros dos empresarios.
Así, en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ingresaron los ex concejales del GIL Tomás Reñones, Vicente Manciles, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja y José Luis Fernández Garrosa; el expulsado del PSOE José Antonio Jaén, que en la primera fase quedó en libertad con fianza; la ex edil del PA María José Lanzat; el empresario de Las Ventas Fidel San Román y, posteriormente, los también constructores Carlos Sánchez y Andrés Liétor.
A finales de julio, se produjeron cinco detenciones más, dentro de esta fase; en concreto del ex alcalde de la localidad Julián Muñoz, acusado de malversación y cohecho; del ex concejal del Partido Andalucista Pedro Pérez; y tres directivos de la constructora Aifos, el presidente, Jesús Ruiz Casado; el director general, Jenaro Briales; y el director financiero, José Andrés León.
De éstos, sólo se decretó prisión para Pérez, que salió más adelante en libertad bajo fianza; y para Muñoz, que aún sigue en la cárcel. El balance fue 33 nuevos imputados en una causa que en noviembre de 2006, un año después del inicio de las investigaciones, acumulaba ya al menos 62 presuntos implicados.
TERCERA FASE
La tercera fase policial profundizó en la trama de blanqueo y cohecho, en concreto relacionado con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, ya que se detuvo en noviembre a 12 personas, entre las que estaba la ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar, el hermano de ésta, un funcionario judicial, un director de banco y varios empresarios, como José María González de Caldas. No hubo prisiones en esta ocasión, sino fianzas para eludirla.
Asimismo, el juez Torres llamó a declarar, también por blanqueo, a la hija de Muñoz y a la mujer de Roca, quien meses después, este mismo mes de marzo, sería detenida junto con su hija, su hermano y la empleada de una inmobiliaria, presuntamente relacionada con el ex asesor de Urbanismo y loterías premiadas.
En medio, la Policía detuvo a dos abogados, uno de ellos aún en prisión; y a un joyero; y también a varios policías locales, en relación con una trama de subastas ilegales de coches. En total, que se sepa por el momento, 94 imputados, contando una trabajadora municipal, dos agentes de la Policía Local, un policía nacional y un guardia civil, cuyas imputaciones se han conocido en los sucesivos levantamientos del secreto de sumario.
SUMARIO
El sumario, con al menos 73 tomos, ha puesto de manifiesto que, para el instructor, Roca ha sido el que controlaba y dirigía las decisiones municipales "por encima de la alcaldesa", que no era sino "una marioneta" en sus manos. El papel de éste en todo el entramado de corrupción municipal es "el del jefe que influye en los concejales, ordena la aprobación de actos administrativos injustos, percibe cantidades para aprobar convenios y exige dinero para mantener contratos".
Así, el juez estima, a través de las sucesivas declaraciones y de los archivos encontrados en la empresa Maras Asesores, que el ex asesor de Urbanismo recibía dinero de los empresarios, que, luego, repartía entre los concejales que votaban las resoluciones presuntamente ilegales. Además, se servía de una serie de testaferros para ocultar propiedades, así como de "una complejísima estructura societaria", supuestamente creada por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta.
Queda investigación por concluir, fundamentalmente relacionada con dinero en paraísos fiscales y con blanqueo de capitales. Además, queda pendiente localizar a dos imputados, como son el ex edil marbellí del PA Carlos Fernández y el empresario José Manuel Carlos Llorca, ambos con órdenes de detención.
*Diario Metro - Jueves 29 Marzo
Foto: Ayuntamiento Marbella /euroresidentes
La Operación Voramar dispara las denuncias por delitos urbanísticos ante la fiscalía de Palma
F.ARMENDÁRIZ.- Diario de Mallorca* : "El impulso que las fiscalías anticorrupción y de delitos medioambientales de Balears están dando, desde el pasado 27 de noviembre, al caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en dicha localidad, ha animado a numerosas personas particulares y a entidades a formular nuevas denuncias ante el ministerio público. Los casos de los que se ha informado al ministerio público versan sobre temas diversos, aunque predominan los de presunta corrupción y los de supuestas irregularidades urbanísticas.
La fiscalía de Palma decidió a principios del pasado verano unificar en una sola causa el aluvión de denuncias que había ido recibiendo con antelación por supuestos delitos contra la ordenación del territorio en Andratx. Estas denuncias habían sido interpuestas por personas particulares, entre ellas concejales o afiliados de Unió Mallorquina en la localidad, sindicatos como Comisiones Obreras, partidos políticos, como el PSOE, organizaciones ecologistas como el GOB, etc.
Estas diligencias fueron declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma y dieron lugar, el 27-N, a la operación Voramar, con la detención de tres de los principales implicados en la supuesta trama de corrupción.
Efecto mimético
El enorme eco que en los medios de comunicación de toda España, e incluso del extranjero, ha tenido el caso Andratx ha hecho que otras personas se animen a informar a la fiscalía de más presuntos casos de corrupción o de delitos contra el medio ambiente.
El llamado caso cintas, otro presunto entramado de corrupció en torno al Ayuntamiento de Santa Margalida y personificado en su ex alcalde, Antoni del Olmo, ha sido otra de las investigaciones desarrolladas por la fiscalía en los últimos meses que también ha suscitado la interposición de otras denuncias.
Varios de los casos denunciados en las últimas semanas han dado lugar a la apertura de diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal. Son temas que están en marchay en los que los fiscales están tratando de determinar si hay indicios delictivos.
*Diario de Mallorca - 28 de marzo de 2007
Foto: Andratx /guides
El Parlamento Europeo detecta abusos urbanísticos generalizados en España
EUROPA PRESS* : "Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.
Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.
El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".
La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
Negación de derechos
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia". Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".
También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
Directivas incumplidas
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
*El Mundo - 27/03/2007
Foto: Parlamento europeo /imanol
Los eurodiputados critican los planes urbanísticos aprobados por la "codicia"
CristinaVÁZQUEZ.- EL PAÍS* : "Los eurodiputados que el pasado febrero viajaron a España para investigar denuncias sobre abusos urbanísticos culpan a algunos ayuntamientos de aprobar planes urbanísticos sobredimensionados por "avaricia o codicia", según el informe que ayer presentaron al pleno del Comité de Peticiones en Bruselas. "Los residentes ven a menudo cómo la población de sus pueblos se multiplica fuera de toda proporción por la ambición de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores", dice el texto, que denuncia abusos generalizados en España.
El informe no puede ser más contundente: "Los ciudadanos europeos se han convertido en víctimas de ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable. Los ciudadanos se convierten en culpables; la autoridad municipal, en un intermediario pasivo; el gobierno regional se lava las manos y las autoridades nacionales dicen que no pueden interferir a pesar de las directivas europeas".
El documento critica abiertamente que estas administraciones no estén poniendo freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que multiplican la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los grandes perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. La peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, porque, según cita el informe, "a pesar de las promesas [del Gobierno autonómico] y la aprobación de nuevas leyes [como la LUV] se han conseguido pocas mejoras" después de tres visitas del PE y una batería de recomendaciones.
Según el informe, "de los 540 municipios valencianos, cerca del 15% ó 20%, concentrados sobre todo en la costa, han experimentado graves problemas derivados de una urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años".
El vicepresidente del Comité, el laborista inglés Michael Cashman presentó por la tarde al pleno de este organismo consultivo un resumen oral del informe, cuyo debate se aplaza al 11 de abril a petición del eurodiputado del PP Luis Herrero, que apeló a un artículo que exige que los informes se traduzcan a varias lenguas antes de ser debatidos. Libicki le dio la razón y estableció que el documento se discutirá en dos semanas.
Aplazado el debate del informe, los eurodiputados se centraron en el trato dado a la delegación por parte de las autoridades valencianas. David Hammerstein, de Los Verdes, denunció las "trabas y los insultos" a los que se enfrentaron los dos eurodiputados. El popular Luis Herrero pidió disculpas en nombre del PP por las ofensas personales que pudieran haber recibido ambos. "Disculpas si alguien se ha considerado maltratado", dijo Herrero. Willy Meyer (IU) expresó su solidaridad con la delegación y reprobó la conducta de la Generalitat. Carlos Carnero (PSOE) sugirió que se adjunten al informe los recortes de prensa y grabaciones audiovisuales sobre los insultos. La eurodiputada liberal italiana Luciana Sbarbati planteó incluso la posibilidad de presentar una resolución de condena porque el trato ofrecido a Libicki y a Cashman es un desprecio al conjunto de la Eurocámara. Cristina Gutiérrez (PP) precisó que sentía mucho los insultos, si bien excluía de los mismos las palabras "partidista" y "electoralista". Cashman agradeció las muestras de apoyo y reconoció el buen trato que brindaron a la delegación tanto las autoridades de Madrid como el conjunto de los peticionarios.
Hammerstein aseguró a la salida que el urbanismo valenciano "está muy enfermo y la receta europea exige cambios de envergadura". El socialista Joan Calabuig apostó por reconducir el modelo y calificó de "poco inteligente" la actitud de la Generalitat con los eurodiputados.
Un representante de la Comisión Europea, presente en el pleno, anunció que estudiarán el informe en profundidad.
*ELPAIS.com - Valencia - 28/03/2007
Foto: Atomium Bruselas /Lycos
Mallorca ¿balneario de asfalto?
JoanAmer.- REBELIÓN* : "Una isla sacrificada al turismo.- En la década de los sesenta, Mallorca se incorpora como periferia de placer en el circuito capitalista europeo. Es el inicio del turismo de masas de las clases medias y trabajadoras de los Estados de bienestar del norte de Europa, principalmente Gran Bretaña y Alemania. También es la época del boom económico español de los sesenta, en el marco de la dictadura franquista, que utiliza el turismo como fuente de divisas y de legitimación política. El modelo económico-turístico va muy ligado a la explotación del territorio.
En las primeras etapas del turismo (décadas de 1960 y 1970) se produce una ocupación intensiva del litoral de Mallorca mediante la construcción de hoteles. Es importante la construcción del aeropuerto de Son Sant Joan y la autovía desde el aeropuerto a la capital (Palma), financiados por el Banco Mundial.
En la década de los ochenta continúa el crecimiento turístico y urbanístico con la construcción de apartamentos, principalmente en el litoral. A mediados de la década de los noventa, una vez superada la crisis de la guerra del Golfo Pérsico, con la liberalización del sector aéreo y la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, Mallorca pasa a ser también un destino turístico residencial. Desde las instituciones políticas se apoya este modelo: el presidente autonómico, Gabriel Cañellas, manifiesta pocos años antes, en la sesión de investidura de 1991, que “Baleares tiene que convertirse en la segunda residencia de Europa”.
El turista residencial tiene o alquila una casa, y viene varias veces y en estancias más cortas (lo que supone un mayor uso del transporte aéreo). La gran oferta de vuelos (especialmente de bajo coste) desde Gran Bretaña y Alemania permite el aumento de los turistas residenciales. A ello hay que unir el auge de la construcción de segundas residencias, en parte inversión alemana antes de la entrada del euro. A su vez, el turismo hotelero mantiene un buen ritmo.
En el inicio del siglo actual, se produce una ralentización del crecimiento económico, ligada al descenso de los turistas provenientes de Alemania. El país germano vive una crisis económica y un desmantelamiento del Estado de bienestar, lo que impacta en las vacaciones de las clases medias y trabajadoras alemanas. El Gobierno autonómico, a partir de 2003, con el retorno al poder del Partido Popular, encabezado por el exministro Jaume Matas, después de un paréntesis de cuatro años, inicia una etapa desarrollista de construcción de infraestructuras, principalmente autovías.
El modelo económico-turístico mallorquín presenta serios síntomas de agotamiento: deslocalización empresarial, aumento de la competencia en el Mediterráneo, crecimiento de la desigualdad social... Ante esta situación, la receta desde el Gobierno autonómico es “más madera”. Con la construcción de más red viaria se persigue la constitución de toda la isla como una zona urbana residencial, que permita el rápido acceso desde el aeropuerto a las segundas residencias de toda Mallorca. Este mismo proceso se está viviendo con la misma intensidad en Eivissa –con una fuerte resistencia popular en los últimos meses–, mientras que en las otras islas, Menorca y Formentera, de momento no se produce del mismo modo.
La respuesta: el ecologismo como movimiento social
El movimiento social más significativo en la Mallorca contemporánea es el ecologismo, concretado principalmente en el movimiento por la defensa del territorio. Esto no es casual: como se ha dicho, uno de los aspectos más importantes del cambio socioeconómico que conlleva la aparición de la economía turística es la ocupación progresiva del territorio.
El ecologismo en Mallorca no es igual únicamente a GOB (Grup balear d’ornitologia i defensa de la naturalesa, principal entidad ecologista isleña), es toda una cultura política. El GOB, como organización, se ha constituido en un eje muy importante de este movimiento, pero la cultura política ecologista en Mallorca también se difunde ampliamente a través de múltiples plataformas y colectivos, así como a través de agentes de socialización como, por ejemplo, las escuelas y los grupos de tiempo libre.
El ecologismo, y el GOB en particular, es un actor público significado en el debate político insular, que tiene como uno de sus ejes principales el modelo territorial y turístico. El GOB es un referente de la izquierda social por el amplio calado de sus luchas contra las políticas urbanísticas impulsadas por el Partido Popular. Además, el movimiento de defensa del territorio en Mallorca tiene por delante un largo recorrido, porque aglutina personas, colectivos y agentes de muy diversas procedencias sociales; aunque, como en la mayoría de estos movimientos, las personas de las nuevas clases medias urbanas con capital cultural sean el principal grupo.
Ante la última etapa expansiva del Partido Popular con la construcción de una red viaria sobredimensionada, se han articulado una lucha en dos etapas. En la primera, se han organizado autónomamente distintas respuestas concretas a cada una de estas infraestructuras. Son los casos de la Plataforma contra el 2on Cinturó (contra una segunda ronda de circunvalación que incrementaría el perímetro urbano de Palma) y la plataforma Autovia No (contra una autovía que pretendía cruzar todo el centro de la isla, de Inca a Manacor). Esta primera etapa culminó con una manifestación de 50.000 personas por las calles de Palma, bajo el lema Estima’m. Qui estima Mallorca no la destrueix (Ámame. Quien ama Mallorca no la destruye).
En una segunda etapa, se ha lanzado la campaña Salvem Mallorca, que aglutina las distintas luchas y propugna una defensa conjunta del territorio de Mallorca. Esta campaña tiene como eje principal una iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve una ley para una mayor protección del territorio de las Illes Balears. La ILP* quiere hacer frente a las distintas agresiones al territorio, como el crecimiento urbanístico, y la construcción de autovías, campos de golf, y puertos deportivos.
* Joan Amer es sociólogo y miembro del GOB, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(*) Para más información ver www.gobmallorca.com y www.salvemmallorca.org
*El ecologista
*Rebelión.org - 28-03-2007
Los españoles están cada vez más hipotecados
Agencias* : "Los españoles están cada vez más hipotecados y expertos temen que algunas familias no puedan afrontar los pagos a medio plazo por lo que aumenta el número de clientes de bancos y cajas que renegocian sus condiciones sobre todo para mejorar el tipo de interés. Todo ello, en medio de una desaceleración del sector inmobiliario en España. El precio del metro cuadrado se incrementó un 11,47% de media entre el segundo semestre de 2005 y el segundo semestre de 2006, un dato sensiblemente inferior a la subida del 18,39% registrada entre los años 2004 y 2005.
Mientrastanto, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en España se ha incrementado un 13,15% en el último año situando el coste medio en 147.332 euros, más de 24 millones de las antiguas pesetas.
En el último año han aumentado más de un 33,3% el número de hipotecas que han decidido renegociarse. Actualmente la media se sitúa tanto para bancos como para cajas de ahorros en el 4,3% con un plazo medio de amortización de 26 años, según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística.
La Asociación de Profesionales Asesores de Independientes Financieros (AIF) ha advertido de que, debido a que muchas familias contrataron sus hipotecas sin tener en cuenta las posibles subidas del Euribor, ahora se encuentran endeudadas y no tienen margen de ingresos para afrontar las cuotas.
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, descartó una crisis hipotecaria como la que vive Estados Unidos e hizo hincapié en la baja tasa de morosidad de este tipo de créditos en España.
Solbes explicó que en España no existe el modelo de hipotecas de alto riesgo que está tan desarrollado en EE.UU. y que se sitúa en el centro del problema que vive su economía, al aumentar la tasa de impagos. Recordó que los créditos hipotecarios en España los conceden los bancos e insistió en que, en este ámbito, "nuestra preocupación es muy pequeña". El ministro recalcó la baja tasa de morosidad de estos préstamos, que ronda el 0,4 por ciento del total, por lo que constituye un "problema menor" para la economía española.
Durante el pasado mes de enero el importe medio por hipoteca constituida en España se situó en 166.626 euros, un 14,8% más que en el mismo mes de 2006 y un 1,5% superior al registrado en diciembre. En el primer mes del año, se hipotecaron un total de 181.296 fincas rústicas y urbanas, lo que supone un incremento del 5,20% respecto al mismo mes del año anterior, por valor de 30.208 millones de euros, un 20,8% más.
Las cajas de ahorro fueron las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios en enero de este año, con el 60,2% del total, seguidas de los bancos (31,5%) y de otras entidades financieras (8,3%).
En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 59,3% del total, los bancos el 33,4% y otras entidades, el 7,3%.
El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro fue del 4,33% y el plazo medio de 26 años, mientras que los bancos prestaron a un tipo de interés del 4,34% y un plazo medio de 26 años.
El 98,3% de las hipotecas constituidas en enero utilizó un tipo de interés variable, frente al 1,7% que se decidieron por el tipo fijo. Dentro de los variables, el Euribor fue el tipo de interés de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, ya que figuró en el 85,4% de los nuevos contratos.
Modificar para mejorar
Cada vez es más habitual realizar cambios en las condiciones hipotecarias con el objetivo de mejorarlas, sobre todo en lo referido a los tipos de interés. Así, el pasado mes de enero se modificó las condiciones de un total de 26.182 hipotecas, lo que supone un crecimiento interanual del 33,3%. En el caso de las viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones aumentó un 37%.
La mayoría de las modificaciones (19.466) fueron novaciones, es decir fueron mejoras en la misma entidad financiera, mientras que otras 4.445 fueron subrogaciones al acreedor con cambio de entidad. Además, un total de 2.271 hipotecas cambiaron de titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un incremento del 78,1% en tasa interanual.
De las 26.182 hipotecas que cambiaron sus condiciones en agosto, casi la mitad de ellas (13.354) llevaron a cabo modificaciones en los tipos de interés. De esta forma, el porcentaje de hipotecas a tipo fijo se redujo significativamente después del cambio de condiciones, pasando de representar el 7,6% a únicamente el 1,7% del total, ya que la mayoría de estos préstamos pasan a estar referenciados a un tipo de interés variable.
Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euribor es la referencia más importante. Además, su interés medio es el más bajo antes del cambio (3,87%) y después del cambio el interés medio más bajo es el referente a otros tipos de interés (3,54%). Tras las modificaciones, el interés medio de los préstamos se redujo 0,55 puntos en las hipotecas a tipo fijo y aumentó 0,17 puntos en las hipotecas a tipo variable.
Respecto a las cancelaciones, en enero se saldaron registralmente un total de 79.273 hipotecas, lo que supone un aumento interanual del 4,2%. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas aumentaron un 0,6%, mientras que las canceladas sobre fincas urbanas lo hicieron en un 4,3%. El número de cancelaciones sobre viviendas creció un 7,9% en tasa interanual. El 97,4% de las hipotecas canceladas correspondió a fincas urbanas y el 2,6% a fincas rústicas. Dentro de las urbanas, el 75% fueron viviendas.
Desaceleración del sector
Asimismo, el precio del metro cuadrado de vivienda se incrementó un 11,47% de media entre el segundo semestre de 2005 y el segundo semestre de 2006, un dato sensiblemente inferior a la subida del 18,39% registrada entre los años 2004 y 2005, lo que indica una desaceleración en el crecimiento de los precios. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio sobre el mercado de la vivienda elaborado por la franquicia inmobiliaria Tecnocasa juntamente con la Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona, con un precio de 4.487 euros por metro cuadrado, L'Hospitalet de Llobregat -Barcelona- (4.186 euros), Madrid (4.034 euros) y Bilbao (3.588 euros) son las cuatro ciudades estudiadas con mayores precios de España.
El director del informe, el catedrático de Economía Aplicada de la UPF Jaume García, ha apuntado que una de las consecuencias de la desaceleración de los precios de la vivienda es que la presión de la demanda en el mercado español ha disminuido.
Así, el dato de la media de jornadas transcurridas entre la salida al mercado de una vivienda y su venta ha aumentado 20 días en tan sólo un año, pasando de 88 en el segundo semestre de 2005 a 94 en la primera mitad de 2006, hasta los 108 días de promedio que requería en el segundo semestre de 2006.
El estudio de Tecnocasa indica que el perfil más habitual de comprador de una vivienda en el período estudiado es el de una persona de 33 años de media, con estudios primarios y contrato laboral indefinido, con nacionalidad española y soltero y cuya renta neta oscila entre los 1.400-1.500 euros mensuales.
El número más habitual de titulares de una vivienda es de dos personas y para sufragar la compra firman una hipoteca de 185.160 euros a unos 34 años de media, por lo que alcanza una proporción del 73,7% del total del coste del inmueble.
Los 185.160 euros de media por hipoteca suponen un crecimiento interanual del 13,46%, lo que implica un mantenimiento de la tendencia al incremento de precio de las hipotecas firmadas.
Los responsables del estudio han explicado que los consumidores compensan el aumento de la deuda contraída con el banco con un alargamiento del plazo para pagar ya que en el estudio se ha registrado que el 34,85% de las hipotecas que se firman son a 40 años, en contraposición al dato de anteriores estudios, en los que predominaba un plazo de 30 años.
Por nacionalidades, los españoles continúan siendo los principales compradores de vivienda (64,18% de las operaciones), aunque destaca la importancia de los ciudadanos del continente americano, que acumulan un 20,59% de las adquisiciones de vivienda que se realizan en España, con especial relevancia de los ecuatorianos (10,33% del total).
Jaume Garcia ha aseverado que la inmigración tiene un impacto significativo en el mercado inmobiliario español ya que las compras que realizan crecen cuatro puntos porcentuales anuales respecto a anteriores informes.
Por su parte, el presidente de Tecnocasa en España, Paolo Boarini, ha asegurado que para los ciudadanos "es el mejor momento para comprar" porque "la fiebre de comprar" vivida en los años anteriores ha cesado.
Boarini también ha asegurado que el sector de la intermediación vivirá una redefinición en los próximos años, ya que las pequeñas inmobiliarias que afloraron al calor del "boom" de precios desaparecerán por falta de eficiencia y tamaño.
Rebajas de hasta el 20%
La Asociación de Profesionales Asesores de Independientes Financieros (AIF) ha advertido de que, debido a que muchas familias contrataron sus hipotecas sin tener en cuenta las posibles subidas del Euribor, ahora se encuentran endeudadas y no tienen margen de ingresos para afrontar las cuotas. La AIF ha hecho pública su postura en un comunicado en el que además señala que el hecho de que los compradores no puedan pagar sus hipotecas ha motivado que estén saliendo a la venta viviendas "un 20% por debajo del precio que se solicitaba hace tres meses".
Para paliar las estrecheces económicas fruto del endeudamiento, las familias recurren cada vez más a los servicios de reagrupamiento de préstamos y a los créditos rápidos, muchas veces sin el asesoramiento de profesionales que les prevengan acerca de la prolongación de plazos de hipoteca que conlleva el primero, o los elevados costes que comporta el segundo.
La AIF ha insistido en la necesidad de que las familias recurran siempre a una entidad financiera y regulada, con la supervisión de un profesional de la asesoría, antes de embarcarse en una hipoteca sin conocer exactamente sus condiciones.
*La Vanguardia - 28 de marzo 2007
Viñeta: Idígoras y Pachi en El Mundo
Arona perdió 40 millones por las licencias que investiga la Justicia
R.PÉREZ ALMODÓVAR.- Canarias Ahora* : "La valoración económica aproximada de los daños al patrimonio público causado por la concesión de más de 200 licencias urbanísticas supuestamente ilegales en el municipio de Arona asciende a unos 42 millones de euros. No obstante, esta cantidad podría aumentar, ya que se trata de una primera estimación, y la Fiscalía, que ha elevado una querella criminal contra el alcalde, José Alberto Rodríguez Reverón (Coalición Canaria) y el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios (Centro Canario), está en proceso de practicar las pruebas necesarias para determinar con mayor exactitud el daño causado al erario público.
El propio alcalde reconoció en enero pasado, en una reunión con vecinos afectados por el Plan General, que su casa (casa de la familia) en el muncipio de Arona también es ilegal.
La Fiscalía delegada de Medio Ambiente interpuso una querella criminal contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Arona por un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la sistemática concesión de licencias urbanísticas (en la denuncia se contabilizan 213) y por delito continuado de prevaricación, por la contratación sistemática de contratos menores a 12.000 euros para evitar el concurso público (se denuncian 79 casos).
El juzgado de Instrucción número 8 de Arona, que lleva la causa, tuvo que enviar varios agentes judiciales al Ayuntamiento la semana pasada para impedir el acceso a los locales donde se encontraban los expedientes, antes de proceder posteriormente a su traslado al Juzgado.
Los primeros 213 casos investigados se refieren a concesión de licencias urbanísticas, de los que 191 son licencias de obra mayor, 9 por licencias de primera ocupación, 3 por licencias de segregación, 7 por licencias de obra menor y una por cambio de uso.
En el expediente se investigan 120 casos por sistemática concesión de licencias (la mayoría de obra mayor) por vulneración de las normas urbanísticas y con la advertencia de esta circunstancia (ya que la amplia mayoría tiene informes desfavorables de los servicios jurídicos municipales y del secretario municipal), lo que constituiría un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En un segundo grupo, hasta 93 casos, se agrupan los casos de licencias que infringen la normativa urbanística por causas diversas: ser contrarias a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, contravenir el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Arona (al estar el Plan en procedimiento de revisión han de ajustarse al planeamiento vigente) y sus normas urbanísticas y licencias contrarias al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Canarias.
También en este grupo figuran licencias contrarias a los artículos 170.4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2000, en cuando no han obtenido la autorización previa exigida por la legislación sectorial de aplicación o la calificación territorial, por ser contrarias al Plan General en revisión, por infringir las normas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad y licencias contrarias al reglamento de planeamiento, a un Estudio de Detalle y al mismo Decreto Legislativo 1/2000.
79 contratos a dedo
La segunda parte del expediente judicial incluye la investigación de 79 contratos adjudicados sin concurso público, a dedo, para lo que fue necesario su fraccionamiento. Es decir, para no sacar a concurso público un contrato de 60.000 euros, por ejemplo, se dividía cinco veces en contratos de 12.000 euros, otorgándose al mismo adjudicatario.
La mayor parte de estos contratos se adjudicaron a Félix Quemada Nieto, a quien fuentes de la investigación sitúan en la órbita de Manuel Barrios, y a las empresas Ferralla Santana SL, Construcciones Pepe de la Rosa, SL y Flores y Plantas del Noroeste SLU.
Por este motivo, se ha interpuesto la querella criminal por un delito continuado de prevaricación contra el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, y el alcalde, José Alberto González Reverón.
*Canarias Ahora - 26/03/2007
Foto: Las Américas (Arona) /hotspotz
Casas a 15 euros al mes
CUT-BAI.- Rebelión* : "El acceso a una vivienda se ha convertido en la mayor preocupación personal de los ciudadanos, según el barómetro del CIS, por delante incluso del desempleo, el terrorismo o la inmigración. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 34 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes. Marinaleda y El Coronil (Sevilla) demuestran que otra política de vivienda es posible.
Mientras la mayoría de la gente se las ve y se las desea para acceder a una vivienda a sabiendas de los altísismos precios de las viviendas, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo. Es decir, que la factura mensual de la vivienda -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina, azotea y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas. El mismo piso pero sin patio, de segunda mano, en Triana, uno de los barrios populares de Sevilla, supondría una hipoteca de unos 1.000 euros al mes durante 30 años.
Aplicando Constitución
El misterio de este milagro lo explica el Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo , portavoz nacional de la CUT, en cinco palabras: «Artículo 47 de la Constitución» . Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima.
El primer paso que dio Marinaleda fue hacerse con un buen trozo del suelo municipal y declararlo urbanizable y de titularidad pública. A todo vecino que necesite una casa, el Consistorio le facilita sin coste alguno el suelo. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda y el Ayuntamiento lo facilita gratis a los vecinos que quieran implicarse en la construcción de su propia casa, así reducimos el precio final más de la mitad», explica el Alcalde.
Fulminada la partida más cara, el suelo, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro. «También ponemos a su disposición los materiales mediante convenio con la Junta, el arquitecto que realiza el proyecto y los albañiles. Al final, la vivienda les sale por unos 36.000 euros, cuando el precio normal sería por lo menos el doble o el triple, que pueden ir pagando con cuotas de 15 euros al mes».
Los albañiles que levantan la estructura son contratados por el Ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos.
Al precio final de 36.000 euros, la cantidad que debe pagar la familia se le descuentan las jornadas (a 40 euros) que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Una familia que haya trabajado 400 peonadas se libra de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros. Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años en abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, esta familia no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y la vivienda.
Bajo esta fórmula se han construido 350 viviendas, otras 20 están en construcción y 100 más en proyecto. El único requisito es estar empadronado en el municipio y llevar allí como mínimo dos años.
Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 viviendas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006- cuando es imposible para los jóvenes acceder a ellas?.
Para la CUT está claro: Es la especulación. Muchas de las viviendas no se compran por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30. Algo que las estadísticas oficiales confirman: El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio.
Pero como Marinaleda o El Coronil demuestran otra política de vivienda es posible.
*Rebelión.org - 27-03-2007
Calp cambia el PGOU para situar un hotel de 24 pisos en la playa
NeusGÓMEZ.- El PAÍS* : "El alcalde de Calp, Javier Morató, del PP, ha facilitado la la construcción de un hotel a escasos seis metros del mar, mediante una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 1989. El edificio, promovido por la sociedad Ifach Mar SL, propiedad de Manuel Ferrando, intimo amigo del regidor, levantará 24 plantas y se convertirá en el edificio más alto de cuantos se hallan a primera línea de la playa, el resto son de 13 alturas.
Las modificaciones realizadas por el grupo popular en el PGOU han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1.000 metros cuadrados.
Este tipo de abusos urbanísticos promovidos por el grupo popular han favorecido que sea terreno urbanizable primerísima línea de playa, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a poder proyectar hasta tres plantas de sótano para aparcamientos a seis metros del mar, como es el caso del hotel que se ha empezado a construir.
El PGOU tampoco exige una altura máxima para las edificaciones en la playa, y deja "altura libre" a cualquier torre que un promotor desee proyectar, como es el caso del nuevo hotel, que superará los 100 metros de altura, y será el más alto de los que hasta ahora se encontraban próximos al mar y que estaban construidos hace más de 20 años.
Además, el planeamiento de Calp autoriza la división horizontal en sus edificios, por lo que se contempla que los proyectos destinados a uso hotelero también pueden obtener una licencia que les permita, en un futuro y en caso de finalizar la actividad de explotación hotelera, venderse como viviendas. El hotel, de cuatro estrellas, contará con las tres plantas de sótano, la planta baja y 24 alturas donde se habilitarán 294 habitaciones.
*ELPAIS.com - Xàbia - 26/03/2007
Foto: Calpe /gospain
Vivienda Digna - 24m
Fotos 24 de Marzo de 2007.- Manifestación por una Vivienda Digna: 1.Barcelona - 2.Sevilla
vdevivienda.megaslibres.com
10 metros cuadrados, 90.000 euros
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ClaudiPÉREZ.- EL PAÍS* : "Un piso en el centro de Barcelona por 90.000 euros. Es decir, 15 millones de pesetas, la moneda que aún predomina en los anuncios callejeros de viviendas. Otro piso en pleno corazón de Madrid, 83.000 euros. Son dos gangas en toda regla: es tremendamente difícil encontrar algo tan barato en las dos grandes ciudades españolas. Sólo hay un problema. De tamaño.
El piso de Barcelona -en Gràcia, un barrio con solera y, de paso, con un potente movimiento okupa- tiene 12 metros cuadrados construidos y 10 útiles; el de Madrid, 15 metros al pie del museo Reina Sofía.
A su lado parecen espaciosos los llamados minipisos de protección oficial de 30 metros cuadrados para jóvenes propuestos por la ministra María Antonia Trujillo. A pesar de la polémica mayúscula que causaron hace un año esas "soluciones habitacionales" de 30 metros, el mercado demuestra a diario que tiene sus particulares mecanismos para remediar los problemas más complejos.
La propietaria del piso de Gràcia abre una fina puerta y descubre un antiguo despacho situado en un semisótano, iluminado por un ventanuco que da a un patio interior. Y vestido con un sofá cama, una cocina eléctrica, un microondas, una pantalla plana de televisión, un armario y un ventilador en el techo. Es decir: salón, cocina y habitación, todo en uno. De una pared a otra, apenas tres zancadas. En el baño, separado por una puerta corredera, menos de dos metros cuadrados con un plato de ducha y un retrete. Eso es todo.
"Puedes poner estanterías para aprovechar el espacio", afirma la vendedora, que aún tiene otro as en la manga: el piso se vende junto con un trastero de ocho metros cuadrados. En total, piso más trastero por 100.000 euros. Pese a que puede surgir alguna dificultad, que la propietaria no esconde en ningún momento: "La Administración no concede la cédula de habitabilidad en un piso tan pequeño. Pero los bancos no ponen problemas para conceder un crédito sobre el 60% del importe". "Tengo varios pisos más así", aclara para disipar dudas. José Luis Gallego, experto en vivienda del Gobierno catalán, va un poco más lejos en lo relativo a las prácticas bancarias: "Me consta que algunos bancos no tienen problemas para financiar el 100% del importe aunque no haya cédula".
Gallego no tiene dudas a la hora de encontrar una definición para el piso de las fotos: "Es una infravivienda". "Las hay a montones en Barcelona, en Madrid y en todas las grandes ciudades. Para ser calificadas como viviendas deberían tener al menos 20 metros útiles", describe. Para la Administración es difícil impedir la venta de estos pisos. "La mayoría no están escriturados como viviendas, y por lo tanto no están sujetos a ningún régimen sancionador, ni siquiera se pueden perseguir por la vía civil", dice.
En Internet hay una gran variedad de pisos en oferta en condiciones parecidas: 11 metros cuadrados en Ciutat Vella, también en Barcelona, por 82.000 euros. Se trata de un antiguo cuarto de portería que vende una conocida inmobiliaria. Tampoco tiene cédula de habitabilidad. En Lavapiés (Madrid), la oferta por el piso de 15 metros cuadrados tiene también el sello de garantía de una inmobiliaria. "Por ese precio es una maravilla", asegura el vendedor, que abre la puerta y muestra un piso muy similar al de Barcelona pero sin amueblar: unos bajos con una ventana que da a un patio, un salón que incluye la cocina eléctrica y, a tres zancadas, un baño con media bañera. Eso sí, con la cédula en orden.
Con la polémica sobre los pisos de 30 metros se abrió un debate sobre cómo aprovechar ese espacio. La mitad de esa superficie es el más difícil todavía. "A esos pisos de poco más de 10 metros se les puede llamar cualquier cosa -cuchitril, cueva, trastero- menos hogar", sostiene el economista Julio Rodríguez.
*ELPAIS.com - Madrid - 24/03/2007
Foto: Piso de 12 metros cuadrados- JOAN SÁNCHEZ
Los responsables del urbanismo de Altea tienen negocios en proyectos que autorizan
SergiCASTILLO.- EL PAÍS* : "El jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea desde 1993, Ángel Pérez Iñesta, está vinculado a varias sociedades dedicadas a la compra, venta, promoción, construcción, urbanización, explotación y rehabilitación de fincas urbanas, industriales y terrenos con sede en Altea. Además el técnico realiza proyectos y asesora a empresas que operan en Altea desde su despacho en Sant Joan d'Alacant, donde ejerce como abogado. Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas y campo de golf de 18 hoyos).
La cúpula del departamento municipal de Urbanismo en Altea (Ayuntamiento gobernando por el PP con mayoría absoluta) comparte despacho privado en la localidad de Sant Joan d'Alacant, desde donde desarrollan proyectos y convenios urbanísticos de los que después tienen que informar jurídicamente y técnicamente. El equipo está conformado por el propio Pérez Iñesta, Ana Beltri, arquitecta municipal, y Alfonso Rodríguez, arquitecto técnico en contrato de prestación de servicios, aunque con ellos colaboran numerosos abogados y arquitectos vinculados a otros consistorios y empresas. Los dos primeros son socios en la sociedad Ciudades y Programas S.L. dedicada a prestar servicios de arquitectura, urbanismo y derecho.
El abogado Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y 20.000 nuevos habitantes) de la mercantil Altea Futura, perteneciente al grupo Ballester. El gerente de Altea Futura y Edificaciones Calpe hasta 2005 era José María Comín, socio de Pérez Iñesta en todos sus negocios radicados en Altea, en empresas como Medinvest Consult SL, Euro Home SL y Mediterránea Blue Gate SL, dedicadas a la promoción inmobiliaria con una oficina abierta en Altea.
Pese al interés manifiesto de su socio, el jefe de Urbanismo ha sustentado con sus informes toda la tramitación de este PAI. El Grupo Ballester, al que ha estado vinculado el socio de Pérez Iñesta como gerente y consejero, es el principal promotor de Altea, con varios planes parciales que suman decenas de miles de viviendas que han requerido de la aprobación municipal.
Pérez ocupa una plaza en régimen de dedicación exclusiva y en 2002 consiguió la compatibilidad con la creación de la Empresa Pública Municipal, una "barrera creada por el PP contra la transparencia para tapar el agujero económico", según argumenta la portavoz del Grupo Municipal del Bloc, Paca Sevila.
Un juzgado de Alicante que investigaba una denuncia entre promotoras que operan en Altea ordenó en 2002 la incautación del disco duro del ordenador particular de Pérez Iñesta en su despacho de San Juan como prueba en una denuncia de un promotor por una supuesta apropiación de suelo.
El documento, al que tuvo acceso la formación del Bloc por personarse como acusación particular y que hasta hoy no se ha hecho público, contiene centenares de documentos sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad costera. En aquel momento la cúpula del departamento de Urbanismo estuvo imputada en este proceso por el que la promotora Panorama SA acusaba a Arijan La Nucia de apropiarse de 27.000 metros cuadrados en el plan parcial Ulisa III. Esta mercantil estaba defendida por una persona del bufete de Pérez Iñesta. Antes de conocerse la resolución judicial ambas empresas llegaron a un acuerdo, extremo que llevó al juzgado a decretar el archivo de la denuncia.
En el disco duro del ordenador del responsable del Urbanismo figuran cerca de un centenar de documentos, la mayoría de los cuales son trámites privados que las empresas con intereses urbanísticos remitían al consistorio de Altea: propuestas de convenio, alegaciones, permutas, estudios de PAIs, reparcelaciones... Pérez Iñesta tenía que valorar las propuestas objetivamente para emitir el informe.
La edil del Bloc Paca Sevila considera que "el jefe de urbanismo actúa como un promotor privado y abogado, y eso comporta hipotecar la imagen de transparencia de la administración local. Los ciudadanos estamos desamparados porque no sabemos en beneficio de quién trabajan". El funcionario alegó en el juicio que se trataba de trabajo del ayuntamiento que se llevaba a casa.
*ELPAIS.com - Benidorm - 26/03/2007
Foto: costa altea /lasprovincias
