Imputan al ex alcalde y cinco ediles de Benamocarra por prevaricación

LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El Juzgado de Instrucción 4 de Vélez-Málaga investiga la concesión de 53 licencias presuntamente ilegales concedidas por el Ayuntamiento de Benamocarra entre los años 1997 y abril de 2003. En este caso, que se inició a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, figuran como imputados el ex alcalde socialista del municipio José Díaz García y otros cinco antiguos miembros de la corporación municipal, según consta en una providencia, a la que tuvo acceso este periódico.

Fuentes judiciales aseguraron que estarían implicados en un delito de prevaricación, por presuntamente otorgar permisos de obra a sabiendas de que no se ajustaban a la legalidad urbanística. Según la denuncia, el ex alcalde de este pequeño municipio ubicado en la comarca de la Axarquía habría concedido licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en contra de los informes de los arquitectos municipales y de los documentos de los servicios jurídicos del Consistorio.

Hasta la fecha ni el ex regidor ni el resto de concejales han sido citados a declarar. El juzgado que practica las diligencias ha requerido a la actual corporación municipal, que también ha denunciado el caso, para que remita los expedientes de licencia de obra con las presuntas irregularidades urbanísticas.

Viviendas diseminadas. Los permisos otorgados correspondían a la construcción de viviendas residenciales de carácter unifamiliar supuestamente en terreno no urbanizable.

Según fuentes cercanas al caso, las residencias carecerían de los controles medioambientales básicos en cuanto a tratamiento de aguas residuales y de basura. El suelo donde se ubican estaría calificado como agrícola, donde sólo se permite la construcción de aperos de labranza.

Por su parte, el ex alcalde manifestó a La Opinión que no le consta "ninguna citación del juzgado" sobre las diligencias que practica contra él y otros cinco cargos municipales. José Díaz indicó que está "muy tranquilo", pese a que reconoció que durante su gobierno "pasó por alto" actuaciones que podrían no ajustarse a la normativa. "Me culpo por haber pasado por encima algunas cuestiones y no haber paralizado obras", dijo. Sobre su implicación en el caso, señaló que si un juez considera que ha cometido un delito, pues asumirá las consecuencias, pero dejó claro que jamás se ha lucrado de nada.





* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 12 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de una vivienda en suelo agrícola que recoge la denuncia del GEMA. L.O. (laopiniondemalaga.es)

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"Pelotazo" en Benasque

ELPERIÓDICODEARAGÓN: Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés, ha multiplicado por 465 el precio de unos terrenos que acaba de vender en Cerler en relación con la valoración que tenían hace cuatro años, cuando los puso bajo su control al alcanzar la mayoría del capital social de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la empresa que gestiona el complejo invernal. La operación, cerrada hace unos meses, consiste en la venta de 18,3 hectáreas a un grupo de empresas zaragozanas y vascas que han pagado 120 millones de euros por ellas.

Algo más de dos terceras partes del suelo, 128.000 metros cuadrados, están calificadas para albergar viviendas, hoteles, aparcamientos y comercios. Mientras, 4,2 hectáreas quedan reservadas para viales y zonas verdes y 1,3, para equipamientos.

Sin embargo, los compradores no pueden inscribir las transacciones en el Registro de la Propiedad, ya que la titularidad del suelo se encuentra en tela de juicio en el Juzgado de Boltaña y el registrador ha anotado en sus fichas, a instancias del Ayuntamiento de Benasque, que se encuentran en una situación de litigiosidad. Los antiguos propietarios reclaman la devolución de las tierras que aportaron a Cerler en los años 60 al entender que la empresa, que lleva cuatro años bajo el control de Aramón, no ha cumplido los compromisos que había adquirido con ellos.

CESIÓN DE PARTICIPACIONES.
Los terrenos aportados por los vecinos del valle seguían valorados en el año 2002 en 241.361 euros --43,4 millones de pesetas-- en la contabilidad de Fomento del Valle de Benasque. En ese ejercicio era una de las empresas públicas de la DGA, ya que esta controlaba más del 50% de las acciones. Tras la ampliación de capital de febrero del 2003, el Instituto Aragonés de Fomento y el Gobierno de Aragón sumaban el 66,99% del accionariado. Ambas instituciones, no obstante, habían cedido esas participaciones a Aramón "a título oneroso", es decir, que el hólding --controlado al 50% por la DGA e Ibercaja-- debía entregar a cambio de ellas a la administración autonómica equivalente, como mínimo, al valor teórico de las acciones que aporta según el balance del 2002.

Sin embargo, el informe de la Intervención General de la DGA sobre el ejercicio del 2002 alertaba de varias circunstancias relacionadas con esos suelos. Una era "la falta de información relativa a la adquisición de terrenos contabilizada en ejercicios anteriores". Otra, que "el valor catastral del año 2002 correspondiente a esos terrenos es de 7.488.204 euros" y "no consta que se haya realizado ningún estudio sobre la posible valoración" de los mismos. Y, una más, que "algunos de los terrenos fueron adquiridos mediante el pago parcial en dinero y el compromiso de entrega posterior de terrenos ya urbanizados", por lo que "la total superficie pendiente de entrega sería de 23.522 metros cuadrados".

Una auditoría elaborada en 1996 por Arthur Andersen ya alertaba de esa carencia documental, lo que impedía tanto "verificar el coste contable" de la adquisición de los terrenos como "evaluar los compromisos que pudieran existir asociados a los mismos".

La Intervención de la DGA incluía en su informe una anotación en la que dejaba claro que las cuentas de Fomento del Valle de Benasque no reflejaban de forma correcta el valor de los suelos. "La sociedad tiene contabilizado en su balance terrenos por un valor muy inferior al valor catastral y por tanto previsiblemente también al real", indicaba. Y, paralelamente, recomendaba actualizar la valoración y tener en cuenta la influencia que podría tener en ella "la definitiva aprobación del plan parcial que se está tramitando y el resto de decisiones urbanísticas que sobre esta materia puedan tomarse".

Los balances depositados en el Registro Mercantil por Fomento del Valle de Benasque incluyen en el apartado del inmovilizado inmaterial del activo reservado para terrenos y construcciones una partida que asciende a 5.474.978 euros en su consignación más elevada. Se sitúa prácticamente dos millones por debajo del valor catastral que tenían hace cinco años los terrenos ahora vendidos y en litigio.





* El Periódico de Aragón - 10/09/2007 E. B. D.
Foto: Los terrenos albergarán viviendas, hoteles y comercios, además de distintos equipamientos /Servicio Especial (elperiodicodearagon.com)

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La especulación: una pesadilla para la democracia

CARME MASSANA* : En el marco de una Europa que quiere ser líder tanto en el desarrollo económico como en el bienestar de las personas, fomentando la innovación, la transparencia de los mercados y la preservación medioambiental, y que propugna la habitabilidad y la sostenibilidad del hábitat, no cabe el mercado inmobiliario español. La Eurocámara ha condenado de forma reiterada el urbanismo salvaje llevado a cabo en España. Puede parecer una pesadilla, pero sabemos que no lo es. Protagonistas (personas y gobiernos locales) de algunos de los mayores escándalos urbanísticos aflorados en los últimos años y meses fueron elegidos o reelegidos en las últimas elecciones democráticas municipales, y continúan formando parte del poder público local. Los ejemplos más sorprendentes son, quizá, los de Andratx (Baleares), Castellón de la Plana y Marbella.

Un análisis de estos hechos sugiere alternativas. Desvela su relación con el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario español, que atrae al capital, permite el blanqueo de dinero y ha ocasionado escasez de viviendas asequibles, derroche de patrimonio físico, cultural y ambiental, fraudes inmobiliarios y debilitamiento de la democracia.

Y ¿por qué este mercado es especulativo? Porque la propia naturaleza de los bienes urbanos -escasos y duraderos- ofrece al capital la posibilidad de comprar, acumular y retener terrenos y edificaciones, aumentando su escasez y su precio, en mercados como el español, con una demanda creciente de viviendas en las concentraciones urbanas, en áreas de segundas residencias y en zonas turísticas. Los especuladores tratan, además, de obtener rentabilidades extraordinarias de sus inversiones influyendo en los gobiernos que dictan o aplican las normativas respecto al uso del suelo, a la construcción de viviendas y a los planes de urbanismo. Pretenden que adapten dichas normativas a sus intereses o que simplemente toleren su no cumplimiento. Y lo han conseguido en demasiadas ocasiones, dado que la construcción supone ingresos para los ayuntamientos y que la avaricia de algunos alcaldes, ediles o funcionarios ha originado comportamientos corruptos.

Así, las viviendas de alquiler o de compra asequibles han ido desapareciendo del mercado. Proliferan, en cambio, las promociones inmobiliarias de tipo especulativo que no tienen en cuenta que la calidad y la preservación del patrimonio físico y ambiental tiene efectos positivos tanto sobre el bienestar de las personas como sobre el futuro de la economía; la calidad del entorno influye, por ejemplo, cada vez más en las decisiones personales y también corporativas respecto a viajes turísticos y localizaciones de empresas, en especial de las compañías más innovadoras y competitivas.

Pero ¿por qué una parte demasiado importante de la sociedad española tolera aún la especulación urbana? Primero: La escasez de viviendas asequibles ha motivado un continuo aumento de la compra de viviendas, tendencia favorecida por los bajos tipos de interés habidos en los últimos años. Estos propietarios-usuarios estiman positiva la revalorización de sus casas, aunque muchos sean, también, conscientes de que vender significaría quedarse sin techo y tener que migrar. Segundo: El pequeño ahorrador ha invertido a menudo en el mercado inmobiliario buscando seguridad y rentabilidad; para él ha sido también positivo el aumento de precios. Tercero: El sector de la construcción ha sido uno de los puntales del elevado y continuado crecimiento económico; ha creado riqueza y empleo. Casi todos, ciudadanos y administraciones públicas, temen que este sector entre en recesión, hecho muy visible en municipios pequeños donde la construcción y rehabilitación de viviendas es la principal actividad económica. Y vemos que el caciquismo, personificado en forma de promotores inmobiliarios, vuelve a imponerse en varios de estos municipios.

La mayor sensibilidad de los actuales gobiernos español y catalán respecto a los problemas de la vivienda, urbanísticos, medioambientales, de fraudes y comportamientos antidemocráticos, ha motivado la adopción de nuevas medidas legislativas. Pero la complejidad de la situación a la que se ha llegado, dejando funcionar libremente durante años el mercado inmobiliario de tipo oligopolístico, dificulta la eficacia de dichas medidas.

Quizá la vía del diálogo, la negociación y el pacto es la que puede obtener mejores resultados. Esta vía ha sido emprendida por el Gobierno catalán, no sin dificultades, con el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016, en el que participan administraciones públicas, economía privada y agentes sociales. Este pacto propone, por ejemplo, la construcción de viviendas nuevas, protegidas y de alquiler de acuerdo con las necesidades existentes y previstas; esta propuesta no parece desdeñable ni para los consumidores ni para la economía privada cuando los aumentos de los tipos de interés hacen temer una reducción sensible de la demanda.

Hay que ofrecer, también, a los municipios más recursos financieros así como asesoramiento sobre sus potencialidades económicas y de cómo desarrollarlas. De esta forma podrán diversificar sus economías y evitar que el negocio inmobiliario prevalezca, o que se produzcan emigraciones masivas que suponen, en ocasiones, la desaparición de pueblos. Los planes estratégicos tendrían que cubrir todo el territorio y aplicarse con eficacia.

Hay que actuar sin demora para garantizar un hábitat digno para todos los ciudadanos, cumpliendo tanto con el derecho constitucional refrendado en nuestro país hace casi 30 años como con el Estatuto de Cataluña.



* Carme Massana es profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona.




* ELPAIS.com - Tribuna Cataluña - 12/09/2007

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Cargos políticos exigieron un informe menos crítico sobre el PAI de Oropesa del Mar

ELPAÍS/Castellón* : La tramitación y dictamen del Plan de Actuación Integrada (PAI) de Oropesa que ha desembocado en la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias del anterior equipo de gobierno municipal del PP contó, en varias ocasiones, con la intervención directa de cargos políticos. Los técnicos que suscribieron algunos de los informes de acuerdo con los cuales se aprobó el PAI hicieron referencia a las "instrucciones" recibidas por parte del director territorial de Medio Ambiente en Castellón, Jorge Traver, que fueron transmitidas verbalmente.

Las "instrucciones" fueron remitidas por directores territoriales o directores generales cuya designación depende, directamente, del Consell. Es el caso de los técnicos de la Sección Forestal que informaron sobre la afección del programa urbanístico sobre vías pecuarias. En el escrito que figura en el expediente, los técnicos hablan, literalmente, de las "instrucciones" recibidas por el director territorial de Medio Ambiente, Jorge Traver.

El informe sostiene que "conforme a las instrucciones del director territorial, que el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente transmite verbalmente, respecto que considera excesivamente detallado el informe técnico sobre las deficiencias observadas...".

Los funcionarios, de acuerdo con la orden de sus superiores informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de que para poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible...". El estudio concluye señalando únicamente dos vías pecuarias afectadas por el PAI que "no son compatibles" con el tratamiento formulado en el programa, por lo que éste debía modificarse.

La celeridad exigida se refleja también en otro informe en el que el entonces director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, pide que "a la mayor brevedad posible" los técnicos remitan un informe sobre otro trámite.

Este diario trató ayer, sin éxito, de que la Consejería de Medio Ambiente diera una explicación sobre estas "instrucciones".

Precisamente la rapidez a la que hace referencia el técnico es uno de los argumentos en los que hace hincapié la querella presentada por particulares afectados por este desarrollo urbanístico, de alrededor de 350.000 metros cuadrados, ubicado en una zona de expansión del complejo Marina d'Or. "El procedimiento fue tramitado con inusitada celeridad y anormal fugacidad y su precipitación en decidir, y el alcance de la medida, no tienen base objetiva alguna", señala la denuncia que ha supuesto, también, la imputación del empresario Jesús Ger.

Las "prisas" a las que se refiere la denuncia se centran en las decisiones tomadas por el equipo de gobierno municipal y los dos funcionarios que también han sido imputados, la secretaria del Ayuntamiento y el arquitecto. Así, el escrito presentado en los juzgados esgrime, como ejemplo, que ambos informaron entre el lunes y el martes sobre la petición de aprobación definitiva formulada por el grupo de Jesús Ger el viernes anterior. El mismo día que informó la secretaria, el PP llevó el programa a pleno y se produjo la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico con los votos a favor de los cinco concejales populares y el del edil tránsfuga del PSPV. Sólo el edil del Bloc votó en contra. La aprobación tuvo lugar horas después de que Esteban González Pons sustituyera a Rafael Blasco al frente de la Consejería de Territorio y, con carácter de urgencia, el PP sometió a votación el controvertido desarrollo urbanístico para lo que, además, se basó en un informe aportado por la misma empresa, y firmado por un profesor de la Universidad Politécnica. Éste fue encargado para tratar de "solventar" los dos informes desfavorables que la dirección general de Costas había emitido al PAI. Pese a que la autorización por parte de la administración autonómica estaba condicionada a que dicho informe fuera favorable, el equipo de gobierno de Oropesa aceptó el informe de la empresa que dictaminaba que la consideración de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante.






* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 11/09/2007
Foto: Marina D'or (Oropesa del Mar - Castellón) - marina-dor.net

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Notas dispersas sobre hipotecas

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL* : UNO. No es cierto que los españoles no ahorren. Los españoles ahorran más que mucho: muchísimo. Se pasan buena parte de su vida ahorrando para pagar su vivienda y, si lo logran en un plazo no disuasorio, se embarcan a veces en la adquisición de una segunda residencia en la playa o en algún paraje que, con imaginación, pueda considerarse turístico. También es frecuente que, aprovechándose de la subida de los precios de los pisos, opten por vender su primera vivienda, para adquirir una segunda --más grande y mejor situada--, financiada en parte con el precio obtenido por la venta de aquella, más una segunda y mayor hipoteca.

Y también se da el caso heroico de parejas inasequibles al desaliento, que repiten la suerte mediante la venta de su segunda vivienda, para acceder mediante el mismo procedimiento (venta más nueva hipoteca) a una tercera fase que supone para ellos la gloria en forma de casa adosada. Total, que el españolito y la españolita que acceden al mundo laboral y quieren vivir en pareja se tienen que embarcar --si papá y mamá no se estiran, porque no pueden o porque no quieren-- en un dilatado y proceloso viaje hipotecario, que les absorbe buena parte de sus recursos. Las causas por las que se ha llegado a esta situación son varias y están estudiadas: escasez y carestía de los arrendamientos, desconfianza en otras formas de inversión, alguna modesta ventaja fiscal... En cualquier caso, lo cierto es que la pareja española media está hipotecada hasta las cachas. Ahorra en piedras; mejor dicho, en tochos.

DOS.Ha habido cierta alegría hipotecaria por parte de algunas entidades crediticias. No insinúo que hayan quebrantado la ley, pero sí que han llegado hasta el extremo, financiando al límite a personas con una situación laboral inestable y con avalistas cuya solvencia era pareja a la de los avalados. A estos efectos --lo digo porque así lo creo-- no todas las entidades crediticias españolas han funcionado con análogos criterios de prudencia. Las ha habido digamos que más alegres. Admito que el sistema financiero es, en su conjunto, de gran calidad técnica, pero en todas partes hay sus más y sus menos.

TRES. El problema grave en el mercado inmobiliario no se planteará, si surge, a consecuencia de la subida de los tipos de interés, sino del retroceso en el mercado laboral, de manera que uno de los miembros de la pareja hipotecada pierda su trabajo. Entonces sí que aflorará en muchos casos el problema, porque ya no habrá en el cinturón agujeros bastantes con que apretarse. Muchas familias españolas no podrán pagar la hipoteca y subsistir, si en casa entra un solo sueldo. Recuerdo, en este sentido, que el director de una agencia de una entidad financiera me dijo un día, al término de la firma de una escritura, que lo que mira más la gente, a la hora de embarcarse en un crédito hipotecario para comprar su vivienda, no es el tipo de interés ni las comisiones que se le cobran, sino la seguridad que tiene en la solidez de su puesto de trabajo. Tenga salud y trabajo, piensan los españoles de hoy al liarse la manta a la cabeza. El problema surge cuando falta el trabajo.

CUATRO. El precio desorbitado de la vivienda responde prioritariamente, entre otras causas, a la carestía del suelo urbano. En España no hay escasez de suelo; hay escasez administrativa de suelo, pues el sistema limita artificialmente la oferta y coloca en situación jurídica privilegiada a los titulares de suelo clasificado, lo que otorga a este mercado características de oligopolio. Pero ello no tiene que ser necesariamente así: es la consecuencia de un mal sistema que lleva en sí mismo el germen de la escasez y de la especulación. Un andaluz inteligente dijo que, en materia de suelo, los españoles hemos inventado el capitalismo sin mercado. ¿A quién beneficia esta situación? Primero --ya se ha dicho-- a los dueños de terrenos clasificados, y, en segundo lugar, a quienes tienen la llave de la clasificación. De lo que se deriva la necesidad de una nueva ley de financiación de las haciendas locales, para que el suelo deje de ser una de las principales --si no la principal-- fuente de financiación de los ayuntamientos. Digan lo que digan y se pongan como se pongan.

CINCO. Las parejas hipotecadas se asemejan a los antiguos siervos de la gleba medievales, es decir, a aquellos labradores que se ocupaban de las tierras de su señor y recibían de este una vivienda y protección, a cambio de entregarle en pago parte de su propia cosecha y satisfacerle otras gabelas. Asimismo, las parejas hipotecadas están amarradas de hecho --poco menos que de por vida-- a la finca donde viven, satisfacen mensualmente el canon de unos intereses periódicamente revisados y pagan comisiones por cualquier modificación de su relación con la entidad financiera (nueva disposición, amortización anticipada e, incluso, cancelación de hipoteca). Si bien se piensa, la posición de las entidades financieras se asemeja bastante --sin derecho de pernada-- a la de los antiguos señores feudales. Y, al igual que estos, extienden su influencia --basada en su supremacía económica-- a todos los ámbitos de negocio, de comunicación y políticos.

SEIS. Atisbar el futuro de una economía es tarea compleja, pero sí cabe señalar --con referencia a España-- algunos datos indiscutibles: desempleo ascendente, disminución de las afiliaciones a la Seguridad Social, merma de la recaudación por IVA (que implica una desaceleración del consumo) y deterioro de la confianza de los agentes económicos (según la última encuesta del Instituto de Crédito Oficial). Las conclusiones a extraer de estos datos son a gusto del consumidor.


* Notario




* El Periódico - Opinión - 11/9/2007

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