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D.Narváez.- El País/Málaga* : "Un juez de Coín (Málaga) ha imputado cinco delitos urbanísticos al alcalde de Tolox, el independiente Juan Vera, por autorizar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, y uno contra la administración pública por no tomar medidas para reestablecer la legalidad. En cuatro casos el propio alcalde vendió las parcelas en las que se construyeron las casas, que segregó de una finca de su propiedad, la Loma del Esparragal, lo que contraviene la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El juez, que abrió diligencias en marzo de 2005 por una denuncia de la Fiscalía, ha dictado un auto para que continúe la instrucción por el procedimiento abreviado y mantiene imputadas a otras 18 personas.
El Ministerio Público remitió entonces al juzgado de Coín siete casos de construcciones de viviendas unifamiliares con piscina en suelo no urbanizable que habían sido autorizadas por el Ayuntamiento de Tolox, pese a que en la mayoría de los casos la licencia otorgada era para una casa de labor o para la supuesta ampliación de alguna construcción de este tipo ya existente.
Los informes periciales han constado que el alcalde sabía que en realidad no se iba a construir una casa de aperos, sino una vivienda, porque además no existe ninguna explotación agrícola o ganadera que lo justificara. Y en los casos de las reformas, los peritos y las ortofotos han comprobado que no existía construcción previa. Al menos en dos casos, la concesión de la licencia contaba con informe jurídico desfavorable de la secretaria municipal.
El juez ha encontrado indicios para imputar en cinco casos un presunto delito contra la ordenación del territorio a Juan Vera, en otro una prevaricación porque la licencia se otorgó en 2001, cuando aún no era alcalde, pero no tomó medidas para impedir la construcción ilegal cuando, según su propietario, "se veía desde los balcones del Ayuntamiento", y en un séptimo no mantiene imputación porque la licencia municipal era igualmente anterior.
Juan Vera accedió a la alcaldía en 2003 como candidato del PA, que este año le dio de baja, por lo que formó un grupo independiente con el que volvió a ganar las elecciones del pasado mayo. Vera ya está imputado en anteriores casos por dar licencias para urbanizaciones en suelo no urbanizable.
En uno de los casos en los que el propio Vera vendió la parcela, dio licencia para un almacén de aperos de una planta, pero en realidad se emprendió la construcción de una vivienda de 100 metros cuadrados con dos pisos. Según el juez, nunca se acreditó la necesidad del almacén porque no existe explotación en la finca, y además, la compradora ha declarado que la obra se encargó "para subir con los hijos y los nietos los fines de semana". El juez concluye que Vera "conocía la intención de construir una vivienda, y no una casa de aperos, pese a lo cual concedió la pertinente licencia de obras". La ejecución del proyecto se encargó a la arquitecta Noelia Peña, que figura como autora de otras cuatro de las viviendas ilegales, por lo que el juez le imputa cinco presuntos delitos urbanísticos.
En tres casos está también imputada la promotora Isaura Serón Martín, que según el juez mantiene una "estrecha relación con el alcalde" y que intervino en la construcción de tres viviendas, una para ella y otras dos en las fincas vendidas por Juan Vera.
* ELPAIS.com - Málaga - 22/07/2007
Foto: Tolox (Málaga) /J.Rojas, ELPAIS.com
Un juez imputa cinco delitos urbanísticos al alcalde de Tolox
Tarragona se une para salvar la playa Llarga del cemento
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F.Gerhard/ElPeriódico* : "Más de 2.000 personas formaron ayer una cadena humana en la playa Llarga de Tarragona para denunciar el proyecto de paseo marítimo, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que consideran una agresión a uno de los pocos tramos del litoral libre de la presencia de cemento. Bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia, prácticamente se logró cubrir los tres kilómetros de playa, lo que fue calificado de "éxito" por la plataforma Salvem la Platja Llarga, organizadora del acto.
Lola Paniagua, su portavoz, explicó que el cambio en el gobierno municipal, ahora regido por PSC y ERC, que se impusieron a CiU y PP en las pasadas elecciones locales, "no garantiza que se retire el proyecto". "Socialistas y republicanos solo nos han dicho que podrían estudiar alguna modificación", explica.
Paniagua ha avanzado que se encargará a un equipo de especialistas la redacción de una propuesta alternativa que respete la playa, que permita reforzar la vegetación autóctona, que contemple corredores naturales para la fauna y que elimine cualquier posibilidad de urbanizar el litoral. "En septiembre ya la tendremos lista", aseguró.
REVUELTA
Toni Bara, del grupo ecologista Gepec, destacó el sentido de "revuelta social" que denotaba la acción reivindicativa, sobre todo cuando en Tarragona "es muy difícil movilizar a la gente". El Gepec defiende que la playa Llarga se incluya en una gran área de protección medioambiental que abarcaría toda la desembocadura del río Gaià, territorio amenazado por la cada vez mayor presión inmobiliaria.
El paseo aprobado por el Ministerio, presupuestado en 6,6 millones de euros, medirá 2,7 kilómetros. En el primer tramo se diseña un espacio para peatones, mientras que en el otro extremo, junto al paraje protegido del bosque de la Marquesa, se reduce la intervención. Habrá también un carril bici, pavimentación de piedra y una pasarela de madera. Se habilitará un aparcamiento para 360 vehículos para concentrar los coches en un único lugar y evitar un impacto negativo sobre la playa.
La mayoría de usuarios de la Llarga son contrarios al proyecto. Anna, una bañista habitual, pide "que la dejen como está". La plataforma ha recibido miles de adhesiones, algunas del extranjero. Franck Lesteven, un francés que acude a Tarragona con la familia desde hace 30 años, comenta que "la playa es magnífica y todo el mundo la ama, por eso hay que defenderla".
* El Periódico - Tarragona - 22/7/2007
Foto: Cadena humana contra la construcción del paseo marítimo en la playa Llarga de Tarragona, ayer /Joan Puig (El Periódico)
La república independiente de los 'okupas'
R.Cuevas.- El País/Madrid* : "Los problemas urbanísticos e inmobiliarios tienen muchos ángulos y diferentes respuestas. El movimiento okupa, inmerso en un intenso debate en Madrid, ha decidido dar un viraje "social". Una decisión que ha hecho que, pese al goteo continuo de desalojos, el fenómeno sea estable e incluso crezca, aunque lejos del de Barcelona. Con la creación de una Oficina de la Okupación y la instauración de un centro en un viejo colegio de la calle del Acuerdo, aumenta el desafío a las autoridades. Mientras, un grupo de desarraigados se cuela por las rendijas en viejas casas derruidas por el Ivima y un racimo de resistentes se aferra a sus viviendas en los históricos poblados de absorción chabolista del franquismo.
El pasado mes de marzo, el Centro Social Seco ponía fin a su largo historial okupa. Tenía los días contados. Bajo el lema "Nos movemos para quedarnos", uno de los centros con más solera de la capital abandonaba su sede en un antiguo colegio de Retiro, para trasladarse a un edificio cercano alquilado al Ayuntamiento. Allí, las pancartas lucirían otra misiva: "Nos quedamos para movernos". Se abría un nuevo capítulo en la marcha de sus actividades, y se cerraba otro en la trayectoria de la okupación en Madrid.
En los últimos 16 años, el centro venía acogiendo a gran parte de los colectivos de la zona, un área marginal de casas bajas cercanas al Puente de Vallecas con escasas alternativas de ocio y la riqueza potencial de su solar para construir nuevas viviendas. La aprobación de un plan urbanístico y el pésimo estado de conservación de la escuela desembocaron en siete años de encuentros y desencuentros con el Ayuntamiento para pedir el realojo.
La nueva nave acoge hoy a una decena de colectivos, integrados por un centenar de miembros, con proyectos sobre inmigración, educación, vivienda, ecología o software libre. "Somos los primeros okupas que han luchado por su desalojo", asegura, contra todo pronóstico, José Luis Fernández Kois, sociólogo de 28 años y miembro de Seco, centro devenido en modelo de fusión vecinal con autogestión.
Desde que el fenómeno de la okupación hiciera aparición en España, a mediados de los ochenta, cientos de inmuebles inutilizados han sido habilitados y posteriormente desalojados, muchos de ellos con sus correspondientes capítulos de incidentes. Otros, como Seco, La Escuela Popular de Prosperidad o la asociación feminista La Eskalera Karakola, han ido regulando a la fuerza, y de forma pacífica, su situación con el fin de dar estabilidad a sus programas de actuación. El grueso de la okupación en Madrid se traduce en apenas una decena de centros sociales dispersos por la ciudad (además de un número indeterminado de casas vacías de las cerca de 300.000 en la Comunidad, según el INE).
A diferencia de ciudades como Barcelona, cuyo tejido la sitúa como referente en Europa, el fenómeno en Madrid carece de una Asamblea de Okupas, a modo de ente coordinador. Cada centro social es un mundo independiente en el que se desarrollan proyectos "de transformación social", ligados a causas ecologistas, antiglobalización, pacifistas, antisexistas, feministas, antifascistas... Pero también vecinales, urbanísticas, laborales, educacionales, artísticas. Su efectividad real, en algunos casos, es difícil de sopesar. Casi tanto como el número de colectivos afines que se dan citan en ellos: una multitudinaria, heterogénea y activa red que encuentra en Internet su principal herramienta, y que justifica la razón de ser de estos lugares de participación. Sus fines son distintos; su nexo, común: legitimar la okupación, considerada un delito de "usurpación" desde la última reforma del Código Penal, en 1995.
Los centros okupados en Madrid no se usan como vivienda, tan sólo esporádicamente para dormir. Eufemísticamente se han dado en llamar "espacios liberados" de la gestión pública, al margen de las instituciones. Nacen y crecen bajo denominaciones como CSOA (Centro Social Okupado Autogestionado), y se desarrollan mediante la autogestión, basada en la aportación económica de los asistentes a sus eventos (fiestas, conciertos...).
Se organizan en asambleas, donde sopesan las propuestas por consenso. El prototipo del punki okupa de los ochenta deviene con los tiempos en un nuevo perfil: joven urbanita de entre 20 y 35 años, con trabajo o estudios universitarios, de nivel social medio y un afán por considerar la okupación una herramienta alternativa y necesaria para cambiar la sociedad. Causas como la globalización o la guerra de Irak, que en los últimos años fueron motores de organizaciones sociales, el fenómeno se entiende hoy, más que nunca, ligado al encarecimiento de la vivienda. También, a la supuesta falta de espacios que cumplan demandas personales: desde la puesta en práctica de actos políticos o iniciativas sociales a fumar o beber alcohol. "Los fenómenos especulativos se han llevado por delante centros de reunión a golpe de excavadora. El modelo de urbanismo impide lugares de encuentro", cuenta Ramón Fernández, informático de 28 años y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Creada hace algo más de un año, el pasado marzo concurría en manifestaciones por todo el país. Entre ellos, una representación squatter [okupa].
La Alarma, en Embajadores, es uno de estos centros, autodenominado "político". Su estratégica ubicación y frenética actividad lo han convertido en referente en los últimos meses. Se trata de un antiguo centro comercial encajado entre edificios de viviendas que espera su inminente desalojo. Pancartas como "No podrán desalojar nuestras ideas" o "Las casas okupadas, los centros sociales y la lucha resisten" desafían desde la fachada que da a la calle de Bernardino Obregón, entre graffitis de guerrilleros del EZLN.
Estos días multiplicaba su actividad con conciertos, una marcha y la emisión de un comunicado en llamamiento a la "solidaridad y a la defensa los espacios liberados". "Esta orden es una más dentro de la campaña represiva en Madrid durante estos últimos meses", detalla el escrito.
La secuela del histórico El Labo
Revueltas, disturbios, detenciones, despliegues policiales... La historia okupa no se ha escrito, precisamente, con letra pequeña. En Madrid, desalojos de centros como Pacisa, Minuesa, La Guindalera o el primer Laboratorio (en 1998) serían dignos de un documental de acción. Este último, conocido como El Labo, hizo honor al lema okupa ("Un desalojo, otra okupación") en su máxima acepción. Durante seis años, entre 1997 y 2003, rondó por edificios de Lavapiés, reapareciendo en cuatro localizaciones distintas.
La reforma del Código Penal, llevada a cabo con el Gobierno socialista en 1995, pasaba a considerar la okupación un delito de "usurpación", con multas de tres a seis meses. Un año después, el PP endurece las actuaciones policiales, lo que conduce al sucesivo cierre de centros y edificios de viviendas. Entre ellos, los de El Laboratorio. En 2001, el desalojo de El Laboratorio 02, tras dos años y medio en activo, dividió a la clase política y artística. También a sus dos herederos.
Algo parecido ocurrió con el cine Princesa de Barcelona, en 1996. Ambos centros simbolizaron parte del "dinamismo contracultural" propio del movimiento okupa", un término recogido en el libro ¿Dónde están las llaves?, elaborado en 2004 por un grupo de investigadores que analiza el fenómeno en España. Jaume Asens, experto en okupación, presta en él especial atención a Madrid, País Vasco y Cataluña.
De las cenizas de El Labo surgió hace tres años El Solar, en Lavapiés, barrio emblemático del movimiento. Es un terreno sin edificar, conocido como Labo en el exilio. Ha despertado el interés de cientos de compromisarios con la causa social.
Junto a la plaza, queda oculto tras un muro. "Lo que rodea a la okupación es una experiencia fragmentada. Por ahora, no quiere dejar de serlo", asegura Carlos Vidania. Ciertamente, de puertas afuera, el mundo okupa resulta hermético, impreciso, desdibujado como una radiografía. Una foto difusa a la que le cuesta cobrar definición.
* ELPAIS.com - Madrid - 22/07/2007
Foto: Madrid 2006, okupacion_antiguo_cine_Bogart /EFE (El País)
