EUROPAPRESS/Madrid* : El mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid tendrá a la vuelta de Semana Santa una nueva remesa de imputados y testigos que desfilarán por delante del juez Santiago Torres por su presunta implicación en la red ilegal de tráfico de licencias para locales, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Las comparecencias que se esperan se producen a propósito de las declaraciones realizadas por varios imputados ya en la causa que han citado a otras personas hasta entonces al margen de la investigación. Para no dejar flecos sueltos, el magistrado les llamará a declarar para aclarar las nuevas acusaciones.
Pese al carpetazo de la comisión municipal de investigación, el instructor de las diligencias judiciales sigue adelante con la causa, en la que se investiga a medio centenar de personas, entre funcionarios, empresarios que actuaban de intermediarios entre los clientes y los empleados municipales, y los dueños de los establecimientos que obran en la causa como sospechosos.
Aunque haya fracasado la investigación política para dilucidar las numerosas irregularidades detectadas y depurar responsabilidades políticas, Torres delimitará en los próximos meses la responsabilidad penal de aquellas personas que se hayan beneficiado de algún modo de la trama corrupta que llevaba años campando a sus anchas por la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y 17 de las 21 Juntas de Distrito que integran la capital.
Mientras que la Guardia Civil continúa analizando el contenido de la abundante documentación requisada en estos últimos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid está a la espera de conocer el contenido de la auditoría que encargó realizar a la empresa Tragsa sobre la tramitación de los casi 200 expedientes de licencias que están bajo la lupa de la investigación.
Los resultados de este informe pericial serán decisivos para que Torres resuelva a favor o en contra el recurso interpuesto por los socialistas madrileños contra la denegación de imputar a catorce cargos del Consistorio por su supuesta vinculación a la trama ilegal, en contra del criterio del fiscal César Estirado.
En primer término, el juez rechazó la petición del PSOE por "irrelevante" e "improcedente", si bien no descartó la posibilidad de imputar a alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios apuntados por los socialistas, supeditándolo a las conclusiones de la auditoría.
NO EXISTEN INDICIOS
Pese a ello, el juez se muestra en estos momentos contrario a implicarles de manera directa en el procedimiento, puesto que, según un auto que dictó al respecto, "lo cierto es que no existen aún indicios mínimamente serios que permitan dirigir una imputación contra las personas interesadas".
"La actuación de responsables administrativos y políticos procurando la agilización de expedientes de su competencia sin ninguna otra consideración no tiene relevancia penal, antes bien, parece que es el cumplimiento de un deber de exigencia y diligencia a sus subordinados", reza el auto.
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, solicitó al magistrado, a través de los abogados que defienden al PSOE, la declaración de los concejales y los cargos de Medio Ambiente por las declaraciones realizadas el pasado 4 de febrero por Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la red corrupta, durante el careo que mantuvo con su superior directo, Joaquín Fernández de Castro.
Ceballos aseguró al juez que los expedientes de licencia que tramitaba el Ayuntamiento de Madrid "sólo se adelantaban por orden de lo superiores", aludiendo al "director, al gerente, al concejal...". Tras esta afirmación, Ceballos se remitió a los notas de los expedientes en las que se indicaba que se adelantará la tramitación, asegurando que en esas notas "se ponía el nombre de la persona física que se había interesado por el expediente concreto".
* Europa Press - MADRID, 24 Mar.
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - madridiario.es
El 'caso Guateque' tendrá una nueva remesa de imputados
Las máquinas devoran un yacimiento prehistórico en Ulea
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VEGAMEDIA/Murcia* : La empresa que pretende construir una nave industrial en el paraje de Los Diegos de Ulea, ha reanudado el movimiento de tierras y las máquinas trabajan con mayor voracidad, destruyendo un yacimiento del Tortoniense de una importancia paleontológica de primer orden, como en su momento documentó el Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma.
A pesar de la intervención días pasados de los agentes de medio ambiente, (antiguos forestales) paralizando las obras, la empresa ha vuelto a la carga con el visto bueno de la consejería de Desarrollo Sostenible y el ayuntamiento de Ulea y ha aumentado el número de excavadoras que aceleran la desaparición del paraje, con un contenido fósil formado por abundantes ejemplares de Thalassinoides. El Plan General de Ordenación Urbano, recientemente aprobado, no autoriza estas construcciones en Los Diegos.
Para ello existen dos polígonos industriales aprobados, que es donde este empresario debería construir su nave, aunque le sea más costosa.
Pero las máquinas ya han llegado al segundo nivel, como se aprecia en la foto, haciendo desaparecer a marchas forzadas el yacimiento, sin que nadie lo impide. Ecologistas en Acción pide la intervención urgente de Patrimonio, y que se denuncie al alcalde de Ulea, José Bolarín, y al consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, por permitir este atentado medioambiental e histórico, dando el visto bueno a estas obras, aun sabiendo de su presunta irregularidad.
Fuentes solventes informan que la situación económica del consistorio de Ulea es crítica, y que el primer edil popular "está haciendo caja de la forma que sea para poder pagarse su sueldo de casi 5.000 euros y todas las liberaciones de sus concejales, 5 de 5. Un derroche millonario en un pueblecito de 700 habitantes". El alcalde concedió licencia de obras, a pesar de que toda la zona esta dentro de los límites especificados por Cultura al catalogar el paraje como zona de especial interés, recogido además en el PGOU de Ulea. Pero la cultura, y la historia, no dejan dinero, por lo que es más fácil visto lo visto llegar siempre al negocio del ladrillo, a costa de lo que sea y quien sea.
Según ecologistas, las autorizaciones que tiene la empresa por parte del consistorio y la consejería "son una forma inmoral de legalizar la destrucción de la zona".
Esta organización se entrevistó con el arquitecto municipal para que hiciera informe desfavorable a la concesión de licencia de obras, pero este indicó que al no estar delimitado este yacimiento por los servicios de Patrimonio Histórico y como el alcalde había dado autorización no podia parar las obras. Según el empleado municipal, debe ser la consejería quien lo hiciese.
Ecologistas considera que "hay que parar inmediatamente, que Cultura delimite la zona de protección, y si no afectase, haber reanudado las obras, pero una vez destruido el yacimiento, como se va a delimitar este".
Hasta el momento Cultura no ha intervenido. La consejería de Desarrollo Sostenible tampoco.
* Vegamedia Press - 18/03/2008
Foto: Arrasando el monte en el paraje de Los Diegos de Ulea/
Ana Retamales, vegamediapress.es
El Tribunal Supremo asesta un fuerte golpe al urbanismo salvaje en la costa
ELECONOMISTA/Almería* : El urbanismo salvaje en la costa ha dejado de ser un buen negocio. Los que estén pensando en construir grandes extensiones de edificios o adosados en zonas protegidas por normativas medioambientales deben saber que, a partir de ahora, tendrán que enfrentarse a la Justicia. El Tribunal Supremo impide que los planes urbanísticos se acomoden siempre a las declaraciones de impacto medioambiental.
El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a la promoción de viviendas sin control al prohibir que se construya en las zonas protegidas del Parque Natural del Cabo de Gata, en la provincia de Almería, y anteponer además las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) por encima de los planes municipales de urbanismo, que según manifiesta, deberán estar sujetos siempre a la aprobación de las primeras.
Para preservar el ecosistema
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 13 de octubre, el constructor Federico Echevarría quería construir una gran urbanización, de 48 hectáreas, en el paraje de Agua Amarga, una zona declarada Hábitat Prioritario y Exclusivo por la Unión Europea y catalogado en 1997 por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Aunque la Junta de Andalucía había paralizado sus planes, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma dio la razón en 2003 al entonces alcalde de Níjar, el socialista Joaquín García Fernández, en cuyo término se encuentra el parque, y que había presentado un recurso.
El arquitecto Luis Roldán
Con ello logró que Echevarría, que trabajó como arquitecto para Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil encarcelado por enriquecerse a costa del erario público, pudiera seguir adelante con sus planes. La gravedad del caso es tal que, aunque el constructor lo niega, algunas fuentes insisten en que fue él el que redactó para el alcalde los planes urbanísticos a los que después iba a sacar partido.
Pero la batalla no termino ahí. La Junta de Andalucía recurrió al Supremo y éste ha sido ahora contundente. La sentencia prohíbe de forma expresa edificar no sólo en Agua Amarga, sino también en otras zonas donde había proyectos similares como San José, Pozo de los Frailes y Hortichuelas. El Tribunal tan sólo autoriza las edificaciones en zonas urbanizables y que no tienen en ningún caso un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
La urbanización en Agua Amarga hubiera supuesto la construcción de 350 viviendas y un hotel de cuatro estrellas con más de 300 habitaciones en una pedanía de Níjar que tiene apenas 200 habitantes, por lo que hubiera triplicado la población. Y eso que Echevarría calificaba su proyecto como "una urbanización ecológica y respetuosa con el entorno".
El papel de Bruselas
La actuación del Tribunal Supremo ha llegado en esta ocasión antes que la de Bruselas, que también está vigilando el caso. Tras la presentación de una denuncia por parte de una plataforma ciudadana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, éste instó la apertura de una investigación.
La Comisión Europea solicitó entonces información al Gobierno español y exigió a la Junta de Andalucía que se presentara una de- claración de impacto ambiental, sin la cual no se hubiera podido hacer nada, lo que le sirvió además a la Junta de Andalucía para ganar tiempo.
La sentencia dictada por la sección cinco de la Sala de lo Contencioso del Supremo, a la que ha tenido acceso elEconomista, de hecho es contundente con la exigencia de este tipo de declaraciones antes de realizar cualquier modificación urbanística.
El Tribunal Supremo, cuyas decisiones sientan además jurisprudencia, asegura que "tanto los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales como las Declaraciones de Impacto Ambiental son herramientas jurídicas al servicio de la mejor protección del medio ambiente", aunque añade que mientras que en el primer caso se trata sólo de ordenar los espacios naturales y especies a proteger, en el segundo el objeto es más amplio. En su opinión, las llamadas DIA deben servir para "la entera ordenación de los asentamientos de población y los proyectos urbanísticos".
Para el Supremo, el hecho de que haya un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no impide que haya que realizar también de forma obligatoria una Declaración de Impacto Ambiental allí en donde se quiera construir.
Y es más, este tipo de informes pueden, ante un determinado proyecto de planeamiento urbanístico, "establecer una mayor protección incluyendo más suelo no urbanizable" del que inicialmente estaba previsto.
Aunque en el caso de Cabo de Gata el fallo del Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Andalucía, supone también paradójicamente un golpe para los planes del presidente andaluz, Manuel Chaves , que ha cambiado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado el año pasado, para permitir que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan crecer sin freno.
* El Economista - Javier Romera - 17/03/2008
Foto: Aguamarga (Almería) - parquenatural.com
La arquitectura condenada de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : Entrarán las excavadoras en el barrio de El Cabanyal de Valencia y llegará hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez. El Ayuntamiento que preside Rita Barberá logrará, así, ejecutar uno de sus proyectos de cabecera. La operación tendrá un precio. No sólo partirá en dos un barrio -lejos de integrarlo en la ciudad, simplemente lo desintegrará- sino que convertirá en escombros edificios singulares...
... como la Lonja de Pescadores o decenas de viviendas de la calle de Sant Pere, de la calle de la Barraca, de la del Progrés o de Amparo Guillem, reconocidas por ser ejemplos de un modernismo popular que en buena parte trasladaron a sus casas muchos de los que trabajaron con el arquitecto Demetrio Ribes en la construcción de la Estació del Nord de Valencia, inaugurada en 1917. No son las únicas pérdidas de patrimonio que se registrarán.
El Cabanyal es un barrio consolidado, con un tejido social perfectamente identificable, cuya trama urbana y cuya arquitectura han creado un patrimonio sociológico también de indudable valor. La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez supone un ejercicio de "urbanismo sin ética". Así lo definen, por ejemplo, los arquitectos Carlos Meri y Carmen Jordá. No son los únicos. Decenas de profesionales de la arquitectura, como Oriol Bohigas, Vicent Garcia, Marilda Azulay, Vicent Gallard y Luis Francisco Herrero han puesto en duda la idoneidad de una iniciativa que crea un problema donde no lo había y le da una solución traumática.
El Cabanyal, antiguo núcleo de pescadores, forma parte de Els Poblats Marítims. La avenida de Blasco Ibáñez nació de un jardín histórico, el de Viveros, como "avenida de Valencia al mar". Tenía en sus orígenes una amplitud superior a la de la Diagonal de Barcelona y la Castellana de Madrid, y estaba dominada por las áreas dotacionales que conforman los edificios de la Universidad. Entonces, a principios del siglo pasado, la avenida ofrecía una cierta armonía. Sus edificios tenían una altura proporcionada, dos o tres pisos, a la del barrio con el que tenía como objetivo llegar a conectar. Sin embargo, en los años del desarrollismo, irrumpieron en sus aceras torres por decenas a uno y otro lado, lo que rompió visualmente su configuración. ¿Necesitaba o necesita la avenida de Blasco Ibáñez llegar al mar? Carlos Meri, arquitecto que fundamenta sus trabajos en la dimensión humana y en la perspectiva de conjunto -y que reconoce que no siempre las actuaciones urbanísticas cuentan con el apoyo popular ni es siempre la oposición una garantía de acierto-, cree que no. "Si la avenida de Blasco Ibáñez hubiera seguido teniendo el carácter dotacional que tenía, tal vez hubiera tenido sentido. Hoy no lo tiene", prosigue, "Es mucho más importante, para conseguir una integración de los barrios, generar nuevas dinámicas de relación con el conjunto de la ciudad y entre ellos mismos: actuar desde El Saler hasta La Patacona, hacer realidad el conjunto de los Poblados Marítimos, vertebrar desde la calle de la Reina, integrar el puerto, romper barreras que han aislado, como el eje de Serrería, marcado por el tranvía". Su concepto de la arquitectura es más amplio que las piezas singulares. Meri añora los trabajos ligados al urbanismo como práctica sensata de hacer ciudades, rechaza la monumentalidad como signo inequívoco de modernidad y discute el reduccionismo interesado del concepto "patrimonio". En opinión de Carlos Meri, una pieza como la Lonja de Pescadores, que desaparecerá con la prolongación de Blasco Ibáñez, tiene, aisladamente, un valor relativo, pero ahí donde está, su valor es incalculable, en términos de equipamiento público. "Se podría rehabilitar, podría ser una magnífica escuela, un magnífico hospital", exclama.La Lonja de Pescadores está entre el mar y la calle de Eugenia Vinyes. Su fachada más vistosa, más emblemática, mira a la Plaça dels Homes del Mar. Fue proyectada por Juan Bautista Gosálvez Navarro, a instancias de una sociedad heredera de los antiguos gremios, la Marina Auxiliante. Se inauguró en 1909 y hasta 1936 cumplió su función de lonja de pescadores. Tal como ha recordado el arquitecto Carles Dolç, el edificio fue muchas otras cosas: hospital de heridos de la guerra de Marruecos, bloque de viviendas tras la Guerra Civil... Su planta es de 100 metros de largo por 25 metros de ancho. Se concibió en dos cuerpos longitudinales, con un espacio en medio, para el comercio. Cada uno de esos cuerpos longitudinales tiene dos alturas, y cada una de ellas 20 espacios idénticos. En realidad, cada uno de ellos tenía las características de cualquiera de las casas de dos plantas típicas de El Cabanyal. Se trata de una nave típica de la arquitectura industrial.
La arquitecta Carmen Jordá, con esa imagen en la retina, compara la obcecación por destruir la Lonja de Pescadores con lo que, por ejemplo, ocurre en Londres: "El restaurante más de moda ahora mismo está en una antigua fábrica cuya arquitectura es, también, un ejemplo claro de arquitectura industrial. ¿Qué hacen los alemanes? Recuperar, cuidar esos espacios". Carles Dolç ha definido así el edificio: "Se caracteriza por su racionalidad constructiva, la sobriedad, el escaso protagonismo de la ornamentación, y por el hecho de entroncar perfectamente con la arquitectura y la trama de El Cabanyal. Ahí radica también su interés".
Carlos Meri coincide: "El interés es del conjunto. Si quitas la Lonja de Pescadores, quitas un elemento fundamental para las casas de alrededor. Y sin las casas, la Lonja no tiene tampoco sentido. Es un todo". ¿Se puede eliminar? Poder, responde, se puede. La cuestión es si es lo más adecuado, si es el momento, si soluciona algo, si se puede actuar con una polarización tan extrema de la cuestión. Y su respuesta es no.
Carmen Jordà, miembro del registro ibérico del Docomomo (organismo que asesora a la Unesco en la documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno) y catedrática de Composición Arquitectónica, se siente "triste e indignada" ante la intervención en el Cabanyal. "Esta ciudad, su visión urbanística, es autodestructiva", afirma. Le cuesta entender que se puedan ignorar, derribar o esconder las decenas de muestras del modernismo popular o industrial que definen El Cabanyal, así como su propia trama urbana en forma de retícula. "Es un modernismo autóctono, singular, digno de ser conservado, protegido, valorado, mostrado, defendido. Pero no. Se pretende hacer lo mismo que con la piscina de Las Arenas, -y no admito que lo que ahora hay se defienda como rehabilitación porque no tiene nada que ver-, o con la fábrica Feicu de Xirivella, que se derribó". Defiende un concepto del patrimonio ligado a la sociología y a la cultura en su más extensiva acepción. "¿Dónde están las ventajas de que hoy, ahora, llegue hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez? ¿A qué precio?". Para Jordá, lo que no tiene precio es un barrio como no hay otro igual, "ni siquiera la Barceloneta, en Barcelona".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 23/03/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
La 'permanencia' histórica de los barrios desfavorecidos
FÉLIX ARIAS* : En las ciudades siempre ha habido bolsas de pobreza. Tienen su origen en los barrios en los que se sitúa la oferta de viviendas mas baratas del mercado, en alquiler o venta, y en las áreas en las que se alojan mediante autoconstrucción los nuevos hogares, en general inmigrantes a la ciudad, que no pueden acceder ni siquiera a dicha oferta. Se trata de barrios que nunca reunieron las condiciones mínimas de habitabilidad, barrios que fueron creados, desde sus orígenes, para la población de menos recursos, o terrenos que se ocuparon al margen del planeamiento e incluso de la urbanización.
La caracterización como barrio pobre, dentro del espacio social de la ciudad, se mantiene si no se producen actuaciones que revaloricen el área en el mercado inmobiliario, a través de la renovación de los edificios que suben de precio y son ocupados por grupos sociales o actividades económicas que pagan rentas mas elevadas.
Esta permanencia, en el espacio social de la ciudad, de los barrios desfavorecidos se mantiene incluso cuando se producen operaciones de realojo dando viviendas de calidad a los habitantes antes mal alojados, ya que la población sigue teniendo los mismos problemas sociales y económicos, eso si, en una vivienda habitable.
Muchos de estos barrios, que ocuparon los más pobres, se han mantenido a lo largo de las décadas como barrios desfavorecidos en los que vive población vulnerable.
Pongamos como ejemplo Madrid, pero ocurre análogamente en las demás ciudades españolas:
- En el casco, en los siglos XVIII-XIX, el barrio de Lavapies surgió y se mantiene como barrio desfavorecido.
- Con el cambio de siglo, la población inmigrante construyó sus casas rurales en los barrios exteriores al plan de la ciudad, y se mantienen en parte como áreas desfavorecidas (Tetuán, Puente de Vallecas, zonas de Carabanchel o Ventas del Espíritu Santo, etc.).
- En los años 50 el chabolismo, y después los polígonos públicos de realojo, se extendieron por San Blas, Vallecas, Villaverde, Carabanchel, y en poblados dispersos en otras zonas.
Finalmente se recrudecen, desde mediados de los 80, los problemas de integración de nuevos inmigrantes africanos (magrebies y subsaharianos), latinoamericanos y de países del este europeo, que se alojan en los barrios mas desfavorecidos en viviendas baratas de alquiler o se incorporan a núcleos de chabolismo junto a los que aun quedaban de chabolismo de etnia gitana.
En estos barrios desfavorecidos se acumulan diversos factores que, aparentemente, se refuerzan entre si, convirtiéndose en trampas para una gran parte de sus vecinos:
- se concentra población que acumula factores de vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, formación profesional obsoleta para el mercado laboral, y paro, o empleo precarizado, población que tiene por lo tanto escasos recursos económicos y una alta dependencia de las prestaciones sociales.
- en muchos casos las viviendas son inadecuadas cuando no se trata directamente de infravivienda, especialmente en cascos antiguos y áreas periurbanas o de ocupación de suelos no urbanizados.
- la vulnerabilidad se agrava también con las familias desestructruradas y monoparentales (muchas encabezadas por mujeres), así como con la existencia en el hogar de personas discapacitadas o socialmente inadaptadas. La falta de expectativas y estímulos de la juventud facilita el fracaso escolar y en ciertos casos la vinculación posterior a la droga y/o a algún tipo de marginalidad.
- en algunos casos se concentra población inmigrante con cultura y lengua, incluso de etnias distintas, que les dificulta su integración en la sociedad local.
- normalmente estos barrios suelen estar poco cuidados por las administraciones, con degradación ambiental, servicios deficientes, mala accesibilidad, y desde luego sin iniciativa económica local, abandono de los comercios y talleres, etc., es decir, con un imagen colectiva exterior e interior de abandono a lo "irremediable", que crea una situación de estancamiento, y a veces de marginalización, solo superada por las reivindicaciones vecinales cuando se organiza la parte mas activa de la población.
La vulnerabilidad es en sí un problema multidimensional, que requiere una actuación integrada para que las personas afectadas puedan superarlo, pero en los barrios desfavorecidos la actuación debe contemplar una intervención que, además, tenga en cuenta sus factores específicos: urbanísticos, ambientales, sociales, económicos y culturales.
Las actuaciones sectoriales apenas han conseguido aliviar alguna dimensión del problema (vivienda social, INEM, IMI, etc.), sin dar una alternativa a estas áreas en las que la población sigue estando formada por grupos vulnerables y los barrios en si siguen siendo desfavorecidos; los mismos barrios, incluso, después de ser remodelados con nuevas viviendas y equipamientos.
La dimensión espacial, de barrio, como factor de vulnerabilidad
La aplicación reduccionista de conceptos funcionalistas a la ciudad, ha producido: el aumento de la congestión y contaminación, "polígonos" de vivienda de poca calidad y escaso equipamiento, y una estructura de actividades de la ciudad muy segregada, con serias disfuncionalidades tanto globales como en sus barrios, que resultan monofuncionales y socialmente homogéneos, ignorando, los responsables técnicos y políticos del urbanismo, la necesaria diversidad funcional y social.
El urbanismo se apoyó en una lógica inmobiliaria (publica y privada), que ha impuesto un desarrollo urbano de fragmentación física, en muchos casos favorecida por una gestión de suelo que con pretensiones de eficacia se hace muy seguidista de la parcelación del suelo disponible o negociable, solo alterada por algunas iniciativas de actuaciones municipales surgidas en los gobiernos democráticos a partir de los 80.
Esta lógica de producir ciudad ha permitido, y permite, procesos paralelos que alteraron los barrios, reforzando, en los más vulnerables, las situaciones de declive:
- intervenciones públicas (obras, regulaciones) que aíslan y bloquean el barrio impidiendo su difícil regeneración.
- acumulación progresiva de vivienda pública para grupos vulnerables.
- concentración progresiva de grupos muy vulnerables (ej. inmigrantes extranjeros pobres) en infravivienda de alquiler, en áreas centrales o periféricas.
- desaparición de empresas locales (talleres, comercios, etc.) y rechazo de nuevas inversiones por cuestiones de entorno social, ambiente físico, inseguridad, etc.
- ambiente de economía informal, y tendencia de algunos sectores a la marginalización, etc.
- falta de recursos en el ambiente familiar y falta de apoyo suficiente de redes sociales
- dificultad de los residentes para plantearse, y acceder a, una nueva formación profesional y a los empleos.
- políticas inadecuadas con grupos especialmente vulnerables que entran en ciclo de marginalización, como jóvenes con fracaso escolar, pandillaje, etc., o parados de larga duración que terminan con problemas personales y familiares, etc.
- falta de apoyo a la vida cultural y asociativa de los barrios, y desatención de los afectados en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas a nivel local de barrio.
La interacción de estos factores crea procesos acumulativos. Aparece el efecto "barrio en crisis" que comporta nuevas desventajas a los vecinos, a través de complejos procesos culturales, sociales y familiares:
El medio urbano influye en el declive de los barrios desfavorecidos a través de elementos como: la degradación de edificios, falta de locales, escasa apropiación de los espacios públicos por la vida local (consecuente vandalización e inseguridad), contaminación de suelo, agua o aire, escasez de atractivo del espacio publico, difícil movimiento peatonal, falta de centralidades locales, mal acceso a la red de transporte publico de la ciudad, etc.
El medio social del vecindario también influye en el declive del barrio, a través de aspectos culturales que tienden a perpetuar el desfavorecimiento como: la alienación resignada (actitudes y comportamientos), la estructura familiar (relación con los hijos, educación, numero personas activas por familia, cargas familiares, etc.), la influencia de los modelos sociales que se extienden en los colectivos sociales del vecindario, etc. El papel de las instituciones y de los servicios a nivel local y la actitud ante las asociaciones cívicas es asimismo básica en la evolución de estos factores.
El declive de los barrios desfavorecidos en el momento actual
Las tendencias de los barrios desfavorecidos parecen evolucionar hacia un mayor declive con las nuevas situaciones de precariedad laboral y paro duradero, que afectan a grupos extensos cuasi excluidos del mercado laboral, y que se concentran en estos barrios especialmente.
Desde finales de los 70 los mercados laborales están cambiando y el paro ha aumentado sin que los ciclos económicos parezcan tener capacidad para crear suficiente empleo, especialmente para la población con estudios mínimos y escasa cualificación laboral.
La situación de inestabilidad económica y pobreza que se genera, en las personas y familias, unida a condicionantes sociales como la desestructuración familiar y el entorno social del barrio, crean círculos viciosos de declive y marginalización que pueden llegar a situaciones de exclusión. Estas situaciones son especialmente graves cuando las personas o familias están afectadas además por otros factores de vulnerabilidad derivados de alguna discriminación por motivo de edad, genero, etnia, discapacidad, etc.
Por otro lado, el crecimiento difuso de las ciudades parece estar polarizando la ciudad mas, si cabe, en barrios favorecidos y desfavorecidos, mostrando las desigualdades sociales y económicas en barrios muy definidos, incluso en recintos aislados. El aislamiento de las áreas de vivienda y las de empleo, o las de servicios, es cada vez mayor, y la dependencia del transporte, y del coche, es cada vez mas alta, con el consiguiente perjuicio para los mas desfavorecidos.
Las teorías neoliberales consideran que el aumento del paro en una ciudad o barrio, es un desequilibrio temporal que se va ajustando automáticamente; habrá parados que se irán a donde haya empleo y empresas que acudirán a donde haya oferta de trabajo. Pero estos mecanismos, independientemente de su ineficiencia social e injusticia personal, no funcionan de forma fluida en términos generales y además no son ciertos en los segmentos desfavorecidos de la sociedad, que tienen formación obsoleta, información insuficiente, dificultades para acceder a las nuevas viviendas inasequibles en precio y/o que se siguen produciendo en un espacio social muy segregado, y tienen escasa accesibilidad a empleos nuevos alejados.
La vulnerabilidad en los barrios desfavorecidos tiende por lo tanto a agravarse tanto en sus dimensiones económicas, como sociales y espaciales.
¿Qué políticas necesitan los barrios desfavorecidos?
Estamos señalando que el problema de los barrios desfavorecidos es multidimensional, producto de complejas interacciones entre factores espaciales, sociales y económicos, que actúan de forma acumulativa. Los foros internacionales (ONU, OCDE, UE, etc.) en los que se debaten estos temas han elaborado distintos informes en los que se parte de los siguientes presupuestos en base a la experiencia:
- inadecuación del mercado como mecanismo único de ajuste de los problemas de cohesión social y de sostenibilidad.
- pérdida de credibilidad de los gobiernos entre amplios sectores de la población, ante la falta de actuaciones correctoras focalizadas y eficaces.
El mantenimiento en los barrios desfavorecidos, y en el conjunto de la ciudad, de una intervención publica inadecuada a los intereses de los grupos vulnerables, muchas veces no-intervención, conduce inexorablemente al mantenimiento de estos barrios en sus procesos de declive.
Si no se promueven actuaciones especificas que permitan mejorar las estructuras sociales y económicas de los barrios desfavorecidos, se corre el riesgo de que la degradación de las áreas que aun no están en situaciones muy graves llegue hasta situaciones mas difíciles de resolver, ya que alcanzado un cierto umbral de declive la regeneración es mucho mas difícil, larga y costosa.
La desigualdad creada por el sistema de mercado se ha abordado en las sociedades europeas, sobre todo, mediante mecanismos de Estado de Bienestar, como fuerza equilibradora forzada por las luchas sociales, para la redistribución de recursos mediante transferencias fiscales que garanticen unos mínimos en determinados servicios y calidad de vida. En los barrios desfavorecidos son necesarias, como complemento del Estado de Bienestar, políticas urbanas integradas, cuyo fin sea introducir una dinámica positiva sobre un barrio desfavorecido.
Las Administraciones tienen unas delimitaciones territoriales y una distribución de competencias, que dificultan una actuación en favor de los mas desfavorecidos, y mas aun si se mantiene el crecimiento difuso, y segregado, actual de las ciudades:
La fragmentación municipal de las ciudades, por ejemplo, dificulta las transferencias fiscales entre barrios ricos y pobres a través de las actuaciones municipales, ya que la desigualdad espacial empieza a darse entre municipios de una metrópoli tanto o mas que en los barrios dentro de un mismo municipio.
Por otro lado, los gobiernos de escala superior, nacional y regional, no acaban de asumir en España que las transferencias fiscales para actuar en esta materia sean de su competencia, y apenas generan financiación para actuaciones publicas en barrios desfavorecidos, como hace la UE y muchos países (Francia, UK, Holanda, Dinamarca, USA, etc.).
Otro problema a resolver es el que se deriva de la estructura administrativa de los gobiernos de distintos niveles, que hace que las actuaciones para grupos vulnerables y barrios desfavorecidos se inicien por departamentos sectoriales que plantean medidas propias de su competencia, es decir verticalmente. La falta de efectividad de estas medidas sectoriales supone en muchos casos el mantenimiento del proceso de marginación (a veces con unos mínimos asistenciales cubiertos) y el aumento de las desigualdades.
Como ejemplo se puede tomar la política de vivienda. Durante los 50-60-70 se concibió esta política como el remedio para los desfavorecidos, bajo la hipótesis de que el problema era la escasez de vivienda, pero confiando en el desarrollismo para la creación de empleo y el aumento de los ingresos familiares.
Desde mediados de los 70 el crecimiento del paro ha cambiado la situación, pero la política de vivienda y urbanística no se ha adecuado prácticamente a la nueva situación, sin plantearse medidas especificas y focalizadas para los grupos vulnerables, ni en materia de vivienda, ni en las políticas urbanísticas para mejorar la integración y diversidad interna de los barrios, ni mediante políticas integradas que acometan las necesidades de los barrios desfavorecidos, que requieren, por motivos de cohesión y de sostenibilidad, políticas urbanísticas y de medio ambiente urbano integradas con políticas de desarrollo local y otras políticas sociales.
Las políticas tienen que tener una concepción dinámica para poderse adaptar a la diversidad de situaciones que surgen en el terreno, especialmente si se acepta que las actuaciones a desarrollar se tienen que consensuar y priorizar entre los agentes sociales, en su concepción y a lo largo de su ejecución. Los departamentos de las administraciones deben poner sus conocimientos y recursos a disposición de instrumentos de cooperación intersectorial orientados por objetivos, con la participación de los afectados (asociaciones, empresarios, profesionales, etc.).
Avanzar hacia una nueva política de barrios
Hay distintos procesos en curso que están en favor, o impulsan, el desarrollo de nuevas políticas en los barrios:
- la vuelta al territorio como lugar en el que potenciar el desarrollo económico y social dentro de los limites de la sostenibilidad local y global. Adquieren relevancia las iniciativas locales y su articulación espacial para la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida, considerándose cada vez mas importante para ello el ambiente natural, urbano, social, y productivo.
- la racionalización y la descentralización de la administración publica. El cambio de los problemas y la presión presupuestaria y fiscal, que supone el gasto social, están llevando a adaptar las estructuras administrativas y de definición y programación de políticas: subsidiariedad o proximidad, transferencias de competencias, cooperación entre competencias concurrentes, análisis de coste-efectividad, evaluación de impactos de las políticas, seguimiento y evaluación de la calidad de los resultados y su efectividad sobre los objetivos, etc.
- exigencia de la opinión publica y de los electores de una política de mayor corresponsabilidad cívica para abordar los problemas de creación de empleo, cohesión social y sostenibilidad, de forma que dejen de ser los eternos problemas irresueltos, como viene ocurriendo por la falta de adecuación de los enfoques actuales. Las políticas macro contra el paro, etc., son poco efectivas para los grupos vulnerables, y de difícil lectura por la opinión publica, que ve al mismo tiempo la permanencia de los barrios desfavorecidos.
En España, sin embargo, los gobiernos no han asumido aun la necesidad de financiar actuaciones integradas y de reajustar para ello sus programas inversores y su estructura administrativa. Estas políticas están apenas balbuceando en nuestro país, gracias a:
- Ayuntamientos que se enfrentan a sus problemas locales en base a las reivindicaciones vecinales, y poco a poco complejizan sus actuaciones coordinando departamentos y buscando financiación.
- Programas de la UE que exigen estos planteamientos para aportar financiación.
* Félix Arias - Arquitecto urbanista. Coordinador del Informe para la OCDE sobre Barrios Desfavorecidos en España
* Indymedia Estrecho - 21 mar 2008
