Kanarileaks publica en vídeo las declaraciones en el TSJC del 'caso Las Teresitas'

CANARIASAHORA* : Primera entrega del alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el secretario de la Gerencia de Urbanismo. Kanarileaks pone en manos de la sociedad las declaraciones judiciales de las personas implicadas en el conocido como caso Las Teresitas. Los primeros tres testimonios están incluidos en las diligencias previas 17/2006, declaradas secretas que, en febrero de 2008, levantó parcialmente la magistrada que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Kanarileaks hace públicos ahora, por primera vez, los vídeos de las declaraciones. Este material es de suma importancia para la investigación, como evidencia la jueza durante las declaraciones, llegando incluso a replicar a la fiscal y al declarante que “todas las preguntas seguidas y todas las respuestas seguidas, ni se puede coger y, lo peor, no se puede oír en la cinta… y entonces no tenemos nada”, indica Kanarileaks en su web.

Por la extensión del material, Kanarileaks añade resúmenes de cada grabación para facilitar su asimilación, aunque recomienda de forma encarecida que los usuarios de la información visualicen la totalidad de los vídeos, indispensable para una comprensión completa.

Las grabaciones íntegras también están colgadas en la web.

En próximas fechas, Kanarileaks publicará nuevas declaraciones y respetará el secreto de sumario, siempre y cuando, las grabaciones puedan dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación.

En esta primera entrega de grabaciones cuyos resúmenes figuran en vídeo en la columna de la derecha de esta información los protagonistas son Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.

Miguel Zerolo Aguilar es el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ocupa desde 1995 y que abandonará el próximo 22 de mayo, y diputado por CC en el Parlamento de Canarias desde el año 2003.

En 2001, el año en que el Ayuntamiento compró el frente de playa de Las Teresitas, Zerolo consumaba su segundo mandato como alcalde, una condición que le convierte en el máximo responsable político de las decisiones que se toman en el Consistorio de Santa Cruz.

Zerolo, además, es el principal impulsor de la adquisición del frente de playa, por el que la Administración municipal pagó 8.750 millones de pesetas a la sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y cuyos administradores mancomunados son sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González.

La operación fue anulada por el Tribunal Supremo el 3 de mayo de 2007. En la primera declaración de las Diligencias Previas 17/2006, Zerolo estaba imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Posteriormente, durante la instrucción, se le añadió una nueva imputación por cohecho.

Juan Víctor Reyes Delgado, funcionario de carrera y licenciado en Derecho, es el actual secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ya ostentaba en el momento en el que se tramitó la operación de compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas, que se hizo efectiva el 23 de julio de 2001.

En la pirámide del organigrama técnico del departamento capitalino, Reyes ocupa la cúspide por su condición de secretario delegado, lo que le convierte en el máximo responsable de las cuestiones jurídicas que se tramitan en la Gerencia.

En el año 2001, en orden jerárquico, por encima de Reyes sólo se encontraban el gerente de Urbanismo, José Tomás Zárate, el consejero director del ente, el concejal Manuel Parejo, y el alcalde del municipio, Miguel Zerolo.

Víctor Reyes emitió un informe favorable al convenio de la compraventa que fijaba el precio en 8.750 millones de pesetas.

Por su parte, la testigo Pía Oramas fue durante años arquitecta municipal, funcionaria de carrera, del Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo.

En cumplimiento de sus funciones, Oramas elaboró un informe en el que concluyó que el valor de las once parcelas era de 3.277 millones de pesetas. El documento no se tuvo en cuenta en el convenio.

El Tribunal Supremo, el 3 de mayo de 2007, anuló la operación de compraventa de las once parcelas del frente de Las Teresitas, por las que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña pagó 8.750 millones de pesetas. El motivo: la ausencia en el expediente de un informe pericial de un arquitecto municipal.

Poco después de la tramitación del expediente de Las Teresitas, Oramas abandonó su puesto en el Ayuntamiento y se incorporó a la Unidad del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Tenerife, un cargo que aún ocupa en la actualidad.



* Canarias Ahora - 14.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas

LEVANTE/Valencia* : El efecto pantalla. La ley de Costas de 1988 contemplaba en su art.30 una disposición destinada a evitar que en los primeros 500 metros urbanizables a contar desde el límite del dominio público marítimo concentraran "pantallas arquitectónicas". La norma ha sido ignorada en la Comunitat Valenciana, donde incluso han desaparecido informes que la sustentaban. El Gobierno valenciano se muestra preocupado en las últimas semanas por el impacto visual que supuestamente tendrían las plataformas petrolíferas marinas y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, reivindicó hace meses, en su oposición a que se busque el petróleo, el "derecho" de los valencianos a ver los eclipses de luna sobre el mar sin torres de perforación que se lo impidan. Sin embargo, y al menos de momento, lo único que aparta a muchos valencianos y turistas de la visión del mar son otras torres: las de los apartamentos y hoteles construidos en las dos últimas décadas y que han generado una pantalla insalvable incluso para quienes llegaron primero al paraíso costero.

El "apantallamiento" y el consiguiente desastre visual se ha consolidado en la mayoría de los municipios costeros valencianas pese a que existían instrumentos legales específicos y suficientes para evitarlo en el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988.
Ni la Conselleria de Obras Públicas, primero, ni la de Medio Ambiente, después, han puesto el menor interés en su cumplimiento y la Administración valenciana ha encontrado un aliado en la Jefatura de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que no en todos los casos ha elaborado el informe preceptivo que al menos hubiera señalado la ilegalidad, ni ha hecho valer el "Inventario de Usos Costeros" de 1988, una radiografía del planeamiento urbanístico de estos municipios en el momento de la entrada en vigor de la ley de Costas. Más aún, 19 de los 24 anexos correspondientes a la ficha de los municipios litorales de Valencia han sido arrancados del documento de consulta disponible en Costas, según asegura al abogado José Luis Ramos, autor de varios recursos presentados por la inaplicación de la norma.

Protección

La Ley de Costas no impide edificar en la franja de afección de 500 metros, que arranca donde acaba el deslinde del dominio público estrictamente protegido, aunque establece límites al planificador para "evitar la formación de pantallas arquitectónicas", explica José Luis Ramos. El artículo 30 prohíbe "la acumulación de volúmenes en la zona de afección, sin que a estos efectos la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar que exista en ese momento el término municipal. De ahí la importancia del Inventario de Usos", añade.
El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la norma en una sentencia de 1991 y existe, según el abogado, jurisprudencia que desmonta la supuesta "indeterminación" de la norma argumentada por la Generalitat para justificar que no aplicara el artículo en los casos que han llegado a los tribunales.
En este sentido, José Luis Ramos recuerda que el efecto de "pantalla arquitectónica" que la ley persigue se produce cuando la densidad de edificación en la zona de influencia es superior a la media de la que existe en el resto del municipio, por lo que la supuesta inconcreción es "solo una excusa, sobre todo si se disponía, como es el caso de un inventario con esos datos cuya existencia se me ha llegado a negar", apuntó.



* Levante - 13.03.11
Foto: El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas. Apantallamiento - levante


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Imputan a un cuarto ex directivo de la caja El Monte en una rama del caso Malaya

ELCONFIDENCIAL/Marbella* : Un cuarto ex directivo de la caja El Monte (ahora integrado en Banca Cívica) ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), por la concesión de un préstamo de 7,8 millones de euros a una empresa inmobiliaria. Fuentes del caso han informado a Efe de que A.A.L., exdirector general adjunto, declaró el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y, al igual que los restantes imputados, defendió que fue una operación normal que se concedió al empresario Luis Portillo porque era un buen cliente, de solvencia acreditada, y además se devolvió en su integridad.

El juez instruye esta rama desgajada de la causa principal por presunta corrupción urbanística y en diciembre pasado tomó declaración al exgerente de El Monte F.F.G., al exdirector general J.P.A.G. y al exsecretario de la caja sevillana J.M.G.F.

La operación investigada deriva de un suelo que había sido objeto de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Marbella que luego fue vendido a Portillo cuando Jesús Gil ocupaba la alcaldía.

Según las fuentes, los exdirectivos están imputados por, presuntamente, haber conocido estas circunstancias, haber actuado en perjuicio de los expropiados o conocer el destino de la operación para blanquear dinero.

La operación se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que los exdirectivos sostienen que no causó ningún perjuicio a la entidad bancaria y, además, el presunto delito estaría prescrito por haberse cometido hace doce años.

El juez debe tomar declaración aún al exdirector territorial, que ha sido citado para el próximo 28 de abril.



* El Confidencial - EFE - 13.03.11
Foto: Caja de ahorros el Monte, logo - google

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«Los especuladores ya pueden esperar sentados. La burbuja devoró los ahorros del país»

LEVANTE/Entrevista* : Economista y estadístico. J.M.Naredo (1942) fue uno de los primeros investigadores que habló en España de «economía ecológica». En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el «Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español». Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro coescrito con el valenciano Antonio Montiel.
-¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?
-No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria. La finalidad del libro «El modelo inmobiliario español» es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.

-¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?
-Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo, que han abundado en la Comunitat Valenciana. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores. Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.

-Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.
-La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado. Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.

-¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?
-Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.

-Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas. En la C. Valenciana sólo 52 municipios tramitan 718.106 nuevas.
-Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la Operación Chamartín en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria —del Grupo BBVA—, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia. Las financieras o inmobiliarias intentan lavar la cara a sus balances, apreciando más sus activos.

-¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?
-Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social, que prácticamente no existe.

-Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?
-Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas. No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación. Hay que exigir un replanteamiento. Y no se puede replantear la ciudad sin contar con la ciudadanía. Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.

«El urbanismo sigue en el franquismo y ha ido a peor»

­­-¿Seguimos anclados en el franquismo en materia urbanística?
-Sí, se sigue anclado pero hay cosas que han ido a peor. Se ha afianzado una refundación oligárquica del poder, en el que se unen los promotores y constructores y los políticos, que tienen la llave del negocio inmobiliario, que ha naturalizado la «cultura del pelotazo». Y se une una financiación potente con las instituciones financieras deseando hacer negocio. En época de Franco, los que tenían poder modificaban a su antojo el planeamiento, pero se calificaba como escándalo. Pero hoy se saluda como buen hacer político y empresarial que, de pronto, una operación meta un volumen impresionante en una zona que antes era verde o deportiva, como las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. O los numerosos PAI en Valencia. Esas operaciones dependen exclusivamente del poder de los que manejan esos contactos.
-Un efecto es que el urbanismo se relaciona con la corrupción.
-Todo se arrastra desde el franquismo: una administración parasitada por los grupos empresariales que mandan en cada sector, o los partidos políticos que mandan en cada municipio. Siguen manejando entre bastidores los grandes negocios de espaldas a la ciudadanía y al planeamiento. Es esa refundación oligárquica del poder, la que da manga ancha a los poderosos para ordenar la ciudad y el territorio a golpe de operaciones y megaproyectos. Al contar con una financiación barata y abundante se generó el cóctel explosivo para el urbanismo y el territorio que sacudió al país durante más de un decenio. El problema es que la burbuja especulativa es un juego de suma cero en el que unos sacan tajada y otros pagan los platos rotos. Mientras iba para arriba se pensaba que ganaban todos. Pero cuando se ha venido abajo, muchos tienen que pagar este akelarre de operaciones y megaproyectos. Y se produce un efecto pobreza. Durante el auge, a la ciudadanía se le revalorizaban sus pisos, pero ahora se genera liquidez: y para vender hay que rebajar.



* Levante - Entrevista - 13.03.11


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Marbella.- «Sean Connery es un imputado más en un caso más»

SUR/Entrevista* : Desde el pasado diciembre ejerce como titular del Juzgado de lo Penal nº4 de Málaga, un nuevo destino después de tres años y medio de trabajo en Marbella. Al frente del órgano de instrucción número 1 de la ciudad, Ricardo Puyol cerró el sumario del 'caso Minutas' e instruyó la mayor parte del 'caso Goldfinger', en el que se encuentran imputados, entre otros, el actor Sean Connery y su esposa.
-¿Por qué decidió dejar los juzgados de Marbella?
-Los Juzgados de Instrucción de Marbella son una plaza judicial complicada que requieren de una plena disposición de la persona que dirige los órganos judiciales. Yo la he tenido durante un número de años que estimo que es razonable y, cuando he comenzado a sentir cierto nivel de cansancio, he entendido que era el momento de efectuar el cambio. En cualquier caso, considero que un profesional no debe de eternizarse en este tipo de juzgados.

-¿Hay una carga excesiva de trabajo en estos órganos judiciales?
-Sí, pero en Instrucción no es tanta la cantidad de temas que se llevan en los órganos judiciales como la calidad de los mismos. Tienen una enorme trascendencia técnica, son muy complejos y requieren de una plena disposición y de un compromiso personal muy grande. El 'caso Minutas', por ejemplo, ha sido una causa que ha terminado con cerca de 140 tomos y unos 54.800 folios y que me ocupó prácticamente la instrucción de todo el año 2009.
-Marbella se ha convertido en una plaza de paso para los jueces.
-Sí, básicamente por los motivos que explicaba. Al implicarte tanto y con tanta profundidad en la instrucción de asuntos tan complejos, con una presión evidente, eso genera en quien ha pasado por este tipo de juzgados el deseo en un momento determinado de servir en juzgados un tanto mas tranquilos.
-Cuando habla de presión, supongo que también se refiere al interés mediático en algunos casos judiciales. ¿Ha sentido esa presión?
-Efectivamente. Hay mucha presión mediática, lo que supone un añadido a la calidad de los asuntos que en Marbella se tienen. Sí, sí la he sentido, sobre todo en el 'caso Minutas' y en la 'Operación Goldfinger'. He sentido una enorme presión, tanto mediática como por parte de la propia causa y de las representaciones procesales de las partes.
-El 'caso Minutas' se juzga en la actualidad en la Audiencia Provincial. ¿Sigue el desarrollo del juicio? ¿Tiene su propia quiniela?
-No. Trato de hacer mi labor instructora lo mejor que puedo, pero una vez que termino la instrucción, no acostumbro a seguir posteriormente la fase de enjuiciamiento. Pero no de este caso, sino de ninguno en mis ya nueve años de juez de instrucción.
-¿No siente curiosidad?
-No. Tengo una visión totalmente aséptica sobre cualquiera de las causas que he instruido.
-Recibió una prórroga para culminar la instrucción del 'caso Goldfinger'. ¿Le hubiera gustado poner el broche final?
-No, no tengo ningún tipo de inquietud al respecto. A falta de las últimas diligencias instructoras y de investigación, entiendo que el procedimiento a mi marcha quedo prácticamente encarrilado, con imputaciones bien perfiladas.
-¿Y poder tomar declaración a Sean Connery antes de su traslado?
-Tampoco. Para mí es un imputado más en un caso más.
-¿Le tiembla la mano a un juez al imputar a una personalidad?
-No, los profesionales de la administración de justicia en general tratan todos los asuntos con una total objetividad y desde un punto de vista profesional. No se mira el nombre de la persona. Evidentemente, hay determinadas personalidades que generan ciertos niveles de presión, pero tenemos que estar acostumbrados a soportarla y a saberlo llevar.
-¿Hasta dónde llegaría la supuesta participación del matrimonio Connery en las operaciones que se investigan en el 'caso Goldfinger'?
-Debe entender que no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre la instrucción del proceso. Por respeto a la propia instrucción, que sigue abierta, y por respeto a las partes procesales y al nuevo instructor del caso.
-Recibió una carta del embajador de Reino Unido en España que puso a disposición del CGPJ.
-Sí, pero me gustaría aclarar que yo en ningún momento pedí amparo al Consejo General del Poder Judicial. Me limité a dar traslado al órgano de Gobierno de los jueces de la comunicación del embajador británico en España, que se dirigía a mí de manera personal, un hecho que me sorprendió por entender que está fuera de las circunstancias ordinarias en las que se desarrolla un proceso. Y, desde esta perspectiva, sí podemos decir que el hecho es anormal, porque no es frecuente que el embajador de Reino Unido remita una carta a cada juez español que imputa a un ciudadano británico. En cualquier caso, el Consejo no podía entrar a resolver una petición de amparo cuando yo no solicité ningún amparo.
-¿Se sintió presionado por la carta del embajador británico?
-No, en ningún momento.
-¿Qué necesitan los Juzgados de Instrucción de Marbella para dejar de ser órganos judiciales de paso?
-La delincuencia en Marbella es básicamente económica. La instrucción de este tipo de causas es extraordinariamente compleja y el derecho Penal que se maneja en Marbella es de una enorme precisión técnica. Por eso los órganos de Marbella necesitan de una especialización en este tipo de materias y la Administración de Justicia debería de hacer un enorme esfuerzo por especializar a los jueces, primero, y a los órganos judiciales, después, en materia de delincuencia penal económica.



* SUR - 13.03.11
Foto: Marbella, urbanización Malibú, Sean Connery - tengonoticias

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Los valencianos no penalizan la corrupción y castigan que se cambie al alcalde bajo sospecha

LEVANTE* : Los valencianos no sólo no penalizan en las urnas a los partidos que llevan en sus listas a alcaldes salpicados por casos de corrupción sino que incluso castigan que se cambie al político bajo sospecha como cabeza de cartel. En algunos casos, la defenestración del alcalde supuestamente corrupto supone una pérdida de votos para su partido que en algunos casos puede llegar al 12%. Ésta es al menos una de las conclusiones principales a las que llega la Fundación Alternativas en un reciente estudio en el que se analiza las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal en la legislatura pasada. El informe de esta fundación cercana al PSOE hace un exhaustivo análisis del impacto en las urnas de los casos de corrupción en el ámbito municipal de Andalucía y la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007. La conclusión no puede ser más demoledora: "No existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales", aseguran los autores de este informe tras analizar los resultados obtenidos en los comicios de 2007.

Aunque el informe se circunscribe al ámbito local, sus conclusiones parecen perfectamente extrapolables al escenario actual con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con unas encuestas electorales que vaticinan al Partido Popular una victoria aplastante pese a que sus referentes políticos más importantes están envueltos en procesos judiciales relacionados con la corrupción.

El estudio, de 35 páginas, y que lleva la firma de Gonzalo Rivero, licenciado en Historia; y Pablo Fernández-Vázquez, licenciado en Ciencias Políticas -ambos son candidatos a doctor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York- no discrimina entre siglas. Es decir, la conclusión de que la corrupción no pasa factura electoral es idéntica en todos los casos y al margen de si el edil pertenece al PP, al PSPV o a otras formaciones. A diferencia de otros estudios ya publicados en este terreno, los autores precisan que para su investigación no han tenido en cuenta todos los escándalos sino aquellos más "claros y graves" y que no meramente pudieran partir de un medio de comunicación o de una denuncia del partido de la oposición. Así, precisan que los casos estudiados se ceñían a los siguientes criterios: la existencia de indicios de ilegalidad de tipo penal; que la responsabilidad del hecho recayera en el alcalde o algún otro miembro del equipo de gobierno municipal y que hubiera una intervención de la fiscalía o de un juzgado. Advierten también que sobre los casos analizados no existía una "demostración fehaciente" de su culpabilidad, aunque elementos suficientes para que fueran creíbles ante la opinión pública. En el caso de la Comunitat Valenciana, la lista negra engloba a veinte municipios.
Los expertos avisan también de las dificultades existentes para analizar el comportamiento electoral ya que admiten que cuando un elector decide su voto no sólo tiene en cuenta su percepción sobre la honestidad de los alcaldes sino otros factores que pueden "enmascarar el impacto negativo de las sospechas de corrupción en los resultados electorales". Cabe apuntar que el patrón de las localidades donde se concentra el mayor número de escándalos está muy definido. Se trata de municipios, generalmente costeros o con potencial turístico, más propicios a la especulación urbanística y donde "existen fuertes incentivos para que los promotores sobornen a los alcaldes para autorizar recalificaciones". Los autores llaman la atención sobre el hecho de que la burbuja inmobiliaria trae consigo resultados económicos que pueden mejorar las perspectivas electorales del alcalde. Dicho de otro modo, las mejoras del desarrollo urbanístico "compensan" el desagrado que el votante siente por la corrupción.
La diferencia "más llamativa" del estudio respecto a Andalucía y la Comunitat Valenciana es cuando se renuevan a los candidatos bajo sospecha. En la primera comunidad el partido puede llegar a mejorar sus resultados si "limpia sus filas". "En el caso de Valencia el reemplazo de candidatos corruptos por el partido está asociado a mayores pérdidas electorales, que pueden llegar al 12%; es decir, son castigados".
Dicho esto, los autores se muestran "pesimistas". La ausencia de castigo electoral "es un serio revés para el control de los políticos por las elecciones y pone en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar, no solo entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes", concluyen.



* Levante - 13.03.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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