ELPAÍS* : El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner, alegaron en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Gürtel abierta en el Ayuntamiento que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los técnicos municipales y que, únicamente, los avalaron con su rúbrica como responsables políticos. La comisión, que hoy debate sus conclusiones, investiga la relación del consistorio con Lubasa, Piaf y Facsa, tres de las cinco empresas que, según los informes policiales del caso Gürtel, están vinculadas con la presunta financiación ilegal del PP.
Las tres son adjudicatarias de distintos servicios municipales. Sin embargo, al margen de estos, las empresas han emitido, entre 2003 y 2009, facturas por otros trabajos encargados, a dedo, al margen de los contratos. La mayoría de las facturas correspondientes a este tipo de trabajos, realizados sin consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado, cuenta con el visto bueno del jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón, elegida en el congreso de 2008, en la que ocupa el cargo de secretario ejecutivo de Infraestructuras. El técnico también fue secretario general del PP de L'Alcora, donde ahora mantiene el puesto de secretario ejecutivo de Empleo.
Así, Badenes y Moliner comparten reuniones en el órgano de dirección del PP provincial de Castellón desde diciembre de 2008, fecha en la que el vicealcalde de Castellón fue nombrado adjunto a la presidencia del partido en la provincia. Sin embargo, su relación es anterior ya que Badenes fue uno de los ingenieros industriales que realizó las prácticas en la empresa de Javier Moliner en 2004, cuando este ya era concejal del Ayuntamiento de Castellón.
Cristóbal Badenes entró en el Ayuntamiento de Castellón, como funcionario y por oposición, en 2007. Desde ese momento, pasó a firmar la mayoría de las facturas emitidas sin contrato reglado de dos de las empresas a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP, Piaf y Lubasa. En el caso de las facturas de Facsa, su intervención es mínima.
El Ayuntamiento de Castellón adjudicó a dedo a las tres empresas, a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP valenciano, servicios por un valor de más de 26 millones de euros, tal como se desprende de las facturas emitidas entre 2003 y 2009. Piaf, Lubasa y Facsa tienen contratos suscritos con el consistorio como concesionarias para la realización de servicios que salieron a concurso de forma reglada. Sin embargo, las tres empresas han emitido infinidad de facturas, sobre todo en el caso de Lubasa y Piaf, por trabajos realizados sin consignación presupuestaria, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.
El informe policial realizado tras el análisis de la contabilidad de las empresas del caso Gürtel indica que una de las empresas de Francisco Correa, Orange Market, facturó a las tres mercantiles. Piaf, por ejemplo, aparece como una de las empresas a las que supuestamente se cobró por trabajos realizados al PP. En el caso de Facsa, Orange Market le facturó por trabajos que estaban contabilizados como cargos al PP.
El caso más voluminoso es el de Piaf. La empresa es actualmente adjudicataria del mantenimiento de los edificios públicos y colegios de la capital de La Plana, ya que resultó elegida tras un concurso en enero de 2007. Antes, la mercantil logró también el contrato, por cuatro años, en 1994 y el de 1999, que fue prorrogado hasta 2006. Este se firmó por 1,2 millones de euros, pero, al menos a partir de 2003, Piaf facturó alrededor de un millón más al año por trabajos realizados, también en edificios públicos, al margen del contrato. En 2007 se sacó a concurso de nuevo el servicio y, tras la experiencia del sobrecoste de estos trabajos, el Ayuntamiento no sólo no incrementó la cantidad presupuestada para tal fin, sino que la rebajó en, aproximadamente, 100.000 euros.
La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón ha destapado que, entre 2003 y 2009, Piaf facturó alrededor 19 millones de euros al margen de su contrato. En el caso de Lubasa, la facturación por trabajos realizados a dedo asciende, aproximadamente, a un millón de euros por año.
Las facturas emitidas al margen de contratos están incluidas en la ley bajo la figura del reconocimiento extrajudicial de deuda, aunque este se reserva a casos excepcionales y urgentes. La norma entiende que si se acredita la realización del trabajo facturado, la Administración debe proceder a su pago para evitar el enriquecimiento injusto de las arcas públicas. Para la aprobación del pago es necesario su paso por el servicio de Intervención. En el caso de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento, todas ellas cuentan con el informe negativo de este servicio, ya que las obras o servicios carecen de contrato. En cualquier caso, se procede a su pago si cuentan con la firma de un técnico y la del concejal que, como responsable político, avala el pago.
Desde 2008, las facturas presentadas por Piaf están firmadas por el jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón. El montante total de las facturas de Piaf que cuentan con el visto bueno de este técnico es de más de 11 millones de euros. En el caso de Lubasa, entre 2008 y 2009, la empresa facturó, al margen de cualquier tipo de contrato, 3 millones de euros al Ayuntamiento de Castellón.
La comisión de investigación del Ayuntamiento debatirá hoy sus conclusiones, tras seis meses de análisis de facturas. La intención es concluir con un dictamen que será debatido en el próximo pleno municipal, la semana que viene.
En el transcurso de la comisión los responsables de las tres empresas fueron preguntados si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer. Los tres contestaron negativamente a las tres cuestiones.
* ELPAIS.com - 19.05.10
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Un técnico del PP de Castellón avaló sobrecostes a firmas ligadas a Gürtel
Veintidós condenados por chalés ilegales en la zona de la Imora
IDEAL/Jaén* : Veintidós personas se han declarado culpables de delitos contra la ordenación del territorio por chalés construidos sin licencia en el paraje de Las Herrerías (cerca de la Imora, entre Jaén y Torredelcampo) del que los acusaba el Fiscal, que les pedía inicialmente ocho meses de prisión y demolición de lo construido al margen de la legalidad. Los acusados han aceptado su culpa, pero no que les tiren los chalés, cuestión que se discutió en el juicio celebrado esta semana en los juzgados de lo Penal de Jaén, según han informado fuentes de la sección de la Fiscalía especializada en delitos contra el Medio Ambiente.
La acusación del Fiscal se dirigía contra un constructor, 19 propietarios de chalés y dos personas que constituyeron dos sociedades y compraron fincas rústicas de unos 15.000 metros en total «para llevar a cabo una parcelación y posterior construcción de viviendas unifamiliares sin contar con licencia alguna por cuanto sabían que en atención del tipo de suelo no era posible lleva a cabo su proyecto», según el escrito de acusación. Fiscalía tenía constancia de que en ese terreno se habían hecho trabajos para hacerlo más llano, viales, alcantarillado, luz, agua y vallados. Se había ocupado además, decía el Ministerio Público, una vía pecuaria.
Fiscalía entiende que la única forma de restaurar la legalidad es demoler lo construido al margen de ordenamiento, por lo que pidió que ordenase derribos. Los afectados se han opuesto a la medida.
En La Imora y Las Herrerías hay varias urbanizaciones y zonas de chalés. Primeras y segundas residencias. Construcciones ya consolidadas en muchos casos. La pretensión de los propietarios de las zonas de viviendas sin licencia de las inmediaciones del casco urbano de Jaén es que sean legalizados cuando se reforme el Plan General de Ordenación Urbana.
Desde 2006
Según datos de la Guardia Civil, la investigación sobre delitos urbanísticos en la zona se puso en marcha en enero de 2006 a raíz de una denuncia de la asociación de canteros. Durante dos meses los agentes del Instituto Armado hicieron las averiguaciones pertinentes y pusieron a disposición de la Justicia en calidad de imputados a nada menos que 38 personas. Dieciséis de ellos quedaron fuera del proceso penal, que siguió contra los 22 restantes hasta llegar a la vista oral de esta semana.
Los agentes del Seprona, encargados de la investigación, aseguraron que se había comprobado que las edificaciones denunciadas carecían de licencia, y que había alguna de grandes dimensiones. Las había ya concluidas o otras que estaban aún en obras. La actuación, informó la Guardia Civil, se había desarrollada entre los términos municipales de Jaén y Torredelcampo.
La de Las Herrerías fue la segunda operación de importancia en el área metropolitana de Jaén contra los chalés ilegales, pues en 2005 se imputó a 47 personas por obras en el Megatín, de los que una docena aún están pendientes de juicio en un Penal.
* Ideal - 19.05.10
Foto: Un agente del Seprona precinta una obra ilegal en una imagen de archivo. :: IDEAL
Una empresa para la que trabaja un edil de Palma de Gandía erige una nave en suelo no urbanizable
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LASPROVINCIAS/Valencia* : La construcción de un almacén en terrenos no urbanizables en Palma de Gandia puede poner punto y final al pacto de gobierno entre el Partido Popular y el Bloc. Esta nave se encuentra detrás de un edificio en la avenida Sant Cristófol y, al parecer, se ha levantado sin la correspondiente licencia urbanística y con el conocimiento del concejal de Urbanismo, el popular Juan José Ortolá.
Además la «empresa encargada de las obras es la misma para la que trabaja el concejal del PP», así lo manifestaron ayer las regidoras del Bloc, y socias de gobierno, Charo Frasquet y Carmen Pastor, quienes añadieron estar «dispuestas» a dejar el gobierno si se prueba que el edil tenía conocimiento de que esta edificación no contaba con los permisos oportunos.
De hecho en este recinto la citada mercantil, una constructora, almacena material de trabajo. Ambas formaciones alcanzaron un pacto tras las elecciones de mayo de 2007 para impedir el tercer gobierno del PSPV.
Pero como señaló Frasquet, en los últimos meses las desavenencias han sido la tónica dominante: «Hemos intentado aguantar al máximo pero no ha sido posible. Todo era falta de información entre los miembros del gobierno y cambios en proyectos ya consensuados».
Quejas vecinales
La «gota que ha colmado el vaso» ha sido, como apuntó el secretario de organización del Bloc, David González, «esta posible ilegalidad». Como relataron las edilas, todo ha salido a la luz tras una pregunta que el concejal de la oposición y ex alcalde de Palma, Joan Sapena, formuló en el pleno del 14 de mayo. «El edil solicitó información al concejal de Urbanismo tras recibir quejas de vecinos sobre una nave que se había construido y que tenía dos ventanas».
Al parecer «nadie» conocía la existencia de este recinto al estar detrás de viviendas. Frasquet, que fue alcaldesa los dos primeros años de legislatura, afirmó ayer desconocer esta obra ni el periodo en el que fue construida. Y es que, apuntó, en el Ayuntamiento «no consta ningún permiso de obras».
La edila recordó que Ortolá ha sido edil de Urbanismo durante los tres años de legislatura. La regidora comentó que en el pleno Ortolà no dio una explicación contundente: «Señaló que el abogado de la empresa para la que trabaja le dijo que no pasaba nada por construir esta nave».
Estas afirmaciones no fueron suficientes para las nacionalistas. Por este motivo, este lunes solicitaron un escrito al arquitecto del Ayuntamiento para comprobar el estado de esta construcción: «Queremos que el técnico haga un informe y esperamos que sea positivo».
Si el documento es desfavorable Frasquet y Pastor están decididas a abandonar sus responsabilidades de gobierno. Las edilas afirmaron que en ese caso seguirán trabajando por los vecinos. González apoyó sus argumentos: «De un tiempo a esta parte, desde que Frasquet dejó la alcaldía, los populares sólo han puesto trabas al Bloc para obtener información». LAS PROVINCIAS intentó ponerse en contacto con Ortolà y con la alcaldesa Pepa Boscá, también del PP pero rechazaron hacer declaraciones.
* Las Provincias - 19.05.10
Foto: La nave se construyó junto a un bloque de viviendas en terreno no urbanizable. :: J.RIBES.- lasprovincias.es
El juez cree que la presunta trama corrupta del PNV de Álava manipuló un concurso en Miñano
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DIARIOVASCO* : El juez que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al PNV de Álava parece que ha empezado a desentrañar la compleja madeja. Y la gestión del parque tecnológico de Miñano durante el último mandato de Ibarretxe sigue siendo uno de los principales epicentros de la sospecha. De momento, el que aporta cifras económicas más importantes, aunque existen otros. Las indagaciones judiciales se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre.
La acusadora sostuvo -y aportó una grabación- que el ex número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y el también ex burukide Aitor Tellería le habían exigido el pago de comisiones ilegales por la contratación de su empresa, Urbanorma Consulting, para gestionar la compra al mejor precio posible de los terrenos necesarios para la ampliación del parque. De Miguel, que estaba llamado a ser el próximo presidente del Araba Buru Batzar del PNV cuando Iñaki Gerenabarrena acabe su actual mandato en un año, habría intentado cerrar la negociación del presunto chantaje desde su ordenador de diputado foral, cargo que tuvo que dejar tras estallar el escándalo.
Pues bien, según ha podido saber este periódico, hay un segundo contrato bajo sospecha judicial. Los responsables del parque tecnológico de Miñano convocaron en 2008 un concurso para contratar la redacción de los proyectos de urbanización de la ampliación del complejo alavés. Se presentaron seis empresas. El trabajo se adjudicó en enero de 2009 a Stoa (Studio Técnico de Obras y Arquitectura), la firma que presentó la oferta más barata, 343.000 euros. Otra de las empresas que aspiraban al trabajo, Lugarfive, cuyo 'staff' forman prestigiosos profesionales alaveses, recurrió el fallo. Sin éxito.
Según consta en el sumario del denominado caso De Miguel, cuyo secreto se levantó el viernes, la oferta de Stoa planteaba, por error, dos precios. En letra se ofrecía hacer el trabajo por 343.000 euros. En número, por 449.000. Finalmente el contrato se firmó por la cifra más baja, según estipula la ley.
Cambio de puntuaciones
El error y el recurso de Lugarfive debieron causar un importante revuelo en el parque, según pone de relieve la transcripción de los correos electrónicos que, según todos los indicios, se cruzaron desde sus ordenadores el entonces gerente del complejo, el peneuvista Alfonso Arriola, y la directora técnica, Miren Bilbao. Conclusión: según aparece en el sumario, Arriola habría sugerido a Bilbao cambiar las puntuaciones para mantener la adjudicación a Stoa, trabajo que habría realizado la técnica. Ésta sería una de las razones por la que ambos se hallan imputados.
Según el registro mercantil, Stoa es una empresa que se constituyó en octubre de 2005 con un capital social desembolsado de poco más de 3.006 euros. Como objeto social figura la redacción de todo tipo de documentos, expedientes e instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo. La realización de proyectos de ingeniería técnica y arquitectura. Y la construcción en general.
Este periódico habló ayer con quien se identificó como administrador único de la compañía. Sergio Fernández Oleaga confirmó que Stoa ganó el concurso de Miñano que investiga la Justicia, reconoció que su oferta contenía «un fallo» al plantear dos cantidades distintas para hacerse con el trabajo y dijo estar en condiciones de «garantizar que aquí no hay nada raro». Aseguró que ni él ni la firma están vinculados al PNV.
La firma de un peneuvista
Se da la curiosa circunstancia de que la empresa -en la que trabajan un total de ocho personas, según su portavoz- tiene su sede social en pleno centro de Vitoria. Comparte espacio con ARK Gasteiz, empresa de Jon Buesa, militante del PNV y hermano del ex dirigente del PSE y ex vicelehendakari, Fernando Buesa. En este sentido, Jon Buesa aseguró a este periódico que entre ARK y Stoa «no existe ninguna relación». «Simplemente les tengo alquilada una oficina por la que abonan un alquiler. Y punto». Pese a estas declaraciones, este periódico está en condiciones de asegurar que ayuntamientos que han contratado en los últimos años a Stoa realizaron las gestiones iniciales con Jon Buesa y pensaron cuando se hicieron con sus servicios que Stoa era otra de sus empresas.
En medios políticos locales se aseguró en su momento que ARK fue quien facilitó al PNV el arquitecto, navarro, que se ha encargado del diseño de la nueva sede central del PNV en Vitoria, que ocupa todo un edificio en la céntrica plaza de la Virgen Blanca, la antigua Casa Hueto. Jon Buesa lo negó también de plano. Estas dos conversaciones que este periódico mantuvo en la tarde de ayer fueron puestas de inmediato en conocimiento de otros imputados.
Aunque suele ser habitual que el presidente del Euzkadi Buru Batzar inaugure las nuevas sedes más emblemáticas en este caso no ha sido así. Los jeltzales no han realizado ningún acto de inauguración ni por supuesto ha aparecido Urkullu. Por ahora el 'caso De Miguel' suma once imputados. Todo apunta a que la cifra podría incrementarse.
* Diario Vasco - 18.05.10
Foto: El ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez, y el ex gerente del parque, Alfonso Arriola, en Miñano. ::ANDRADE, diariovasco.com
Santa Eulària: El fiscal pide más de cuatro años de prisión para Vicente Guasch
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DIARIODEIBIZA* : El juicio por la explotación ilegal de la cantera de ses Planes, en Santa Eulària, quedó hoy visto para sentencia en su segunda jornada. El ministerio fiscal se ratificó en sus conclusiones finales en la petición de una pena de cuatro años y tres meses de prisión por un delito de prevaricación y otro contra el medio ambiente para el ex alcalde de la Villa del Río, Vicente Guasch. También pidió su inhabilitación parta ejercer un cargo público durante siete años.
El fiscal consideró que queda probado que la cantera funcionó "sin ningún tipo de control de la Administración durante más de 26 años" y sin ninguna licencia de actividad. Y todo ello con la conformidad de Guasch quien, a pesar de los dos informes desfavorables que le presentaron técnicos municipales, "no tomó ninguna medida para clausurar la instalación".
La fiscalía señaló que tanto Guasch como los dueños de la cantera, también acusados, "despreciaron la normativa y las leyes". Por eso pidió la misma pena para los hermanos José y Manuel Parrot, propietarios de la instalación.
Por su parte, los abogados defensores pidieron una sentencia absolutoria para los tres acusados. En concreto, Rafael Perera, letrado del ex alcalde de Santa Eulària, señaló que "no se puede hacer víctima al señor Guasch" de la explotación de una cantera que ya estaba en funcionamiento cuando llegó a la alcaldía y cuyos permisos solicitaron los dueños antes de que el ex primer edil entrara en el gobierno en 1979.
Perera consideró que debe tenerse en cuenta que para la redacción del Plan Sectorial de Carreteras de 1997 el Ayuntamiento demandó toda la documentación pertinente a los propietarios de la cantera de ses Planes.
Así defendió Perera a Guasch del delito por prevaricación, mientras que en relación al delito contra el medio ambiente, el abogado concretó que "es cierto que una cantera significa un atentado ecológico, todas las canteras lo son". Y puntualizó: "¿Qué vamos a hacer, cerrar todas las canteras?".
Por su parte, el letrado de la acusación particular, Carlos Serrano, pidió para el ex alcalde dos años de prisión por un delito de prevaricación, pero no demandó ninguna pena por la acusación contra el medio ambiente.
Antes de las conclusiones finales declararon en la vista más testigos y peritos. El actual alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, reconoció que durante su mandato, que comenzó en la primavera de 2007, se aprobó la licencia de apertura y funcionamiento de la cantera de ses Planes, pero con la condición de que cesaran las explosiones para la extracción de áridos.
Asimismo un testigo aseguró que se puso en conocimiento del Ayuntamiento de la Villa del Río y del Defensor del Pueblo las molestias ocasionadas por la cantera. Exigieron en el Consistorio que les mostraran el expediente y tras negárselo en un primer momento, les dijeron que estaba en trámite.
Por último señaló que las molestias de la cantera aparecieron en el año 2000 coincidiendo con "el cierre de la cantera de Santa Bàrbara, las obras del dique de es Botafoc y la construcción de las carreteras. Así ses Planes incrementó su actividad".
* Diario de Ibiza - 18.05.10
Foto: Santa Eularia (Ibiza) - eivissaweb.com
La ruina de un símbolo de Écija
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ELPAÍS/Sevilla* : Écija es una de las grandes ciudades barrocas de Andalucía. Écija es también la localidad donde nació Luis Vélez de Guevara (1579-1644), autor de El diablo cojuelo (1641), una novela fundamental en la literatura española. El siglo XVIII fue una época clave para la historia de España con la llegada de los borbones al poder. Y fue también un siglo de oro para Écija, ya que fue un tiempo de auge para la ciudad. El poder eclesiástico se unió a la pujanza de la aristocracia. Por ello, el casco histórico de la localidad sevillana guarda algunos de los tesoros de la arquitectura y el arte barrocos de Andalucía.
Palacios, iglesias, conventos, edificios públicos y casas-palacio ofrecen un exquisito recorrido.
Entre las joyas más preciadas de esta sucesión de atractivas sorpresas está el palacio de Peñaflor. Quien lo ve por primera vez queda impactado. Si uno creyera en los procesos de inversión del tiempo y el espacio acuñados por las películas de ciencia ficción, pensaría que está en una pequeña ciudad monumental de Italia. Pero el palacio de Peñaflor está en Écija. Y, además, se encuentra en un estado de abandono deplorable.
El edificio es llamativo por su marcada tendencia a la horizontalidad, que se rompe con una portada enorme. Su largo balcón corrido sigue la curva de la calle. Las pinturas de paisajes dan intensidad al palacio. Y los trampantojos presentan juegos de imaginación y fantasía.
El alcalde de Écija, Juan Wic, es tajante: "El palacio de Peñaflor está muy deteriorado y muy sucio. El palacio lleva abandonado desde que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento hacia 1990. Ha estado, por tanto, 20 años abandonado", resume el primer edil, que reconoce que su mal estado impide las visitas. "No dejamos que la gente entre en el palacio", dice. Con todo, Wic matiza: "El palacio no se hunde". Y, sobre todo, insiste en que él se convirtió en alcalde en 2003 y que el abandono del edificio, que es Bien de Interés Cultural, viene de antes.
La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara ha dado la voz de alarma. Su corporación se reunió a finales de diciembre y acordó enviar un escrito al Ayuntamiento. Los académicos expresaron la "preocupación" que les produce el "enorme deterioro que afecta al monumento más emblemático de Écija". Los académicos pidieron al Ayuntamiento que "emprenda todas las gestiones y actuaciones posibles y necesarias para asegurar su futuro". La institución astigitana reúne a 24 académicos, entre los que hay arquitectos, arqueólogos, profesores, médicos, abogados, historiadores y científicos.
La presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, Concepción Ortega, es una defensora del edificio barroco. "Me gustaría que el palacio estuviera con su mobiliario y en las mismas condiciones que cuando vivían los marqueses de Peñaflor. También me gustaría que estuviera abierto al público y que tuviera salas de exposiciones", afirma Ortega.
Por su parte, el alcalde de Écija sostiene: "En 2003 me encontré el problema del palacio de Peñaflor y lo voy a resolver". Wic pone un plazo: "Mi horizonte es que cualquier gobierno responsable tiene que darle una solución al palacio en los próximos cuatro años".
"En 2005 se aprobó un proyecto de restauración y adaptación a hotel. La empresa iba a iniciar las obras. Tuvo problemas económicos y nos dejó tirados", añade Wic. "Si yo me presento a las elecciones, diré qué es lo que voy a hacer con el palacio, cuánto va a costar y de dónde voy a sacar la financiación", resume el alcalde.
El Ayuntamiento y la academia astigitana quieren que el edificio vuelva a lucir toda su belleza. Pero, de momento, el palacio de Peñaflor da pena.
* ELPAIS.com - 18.05.10
Foto: Un aspecto del palacio de Peñaflor, en Écija (Sevilla).- GARCÍA CORDERO, elpais.com
