INFORMACIÓN* : Siete municipios de la provincia de Alicante más las ciudades de Valencia y Castellón destinaron el 65% del suelo o el dinero que recibieron de los planes urbanísticos a fines no previstos en la ley, según el informe de fiscalización del servicio de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo del Tribunal de Cuentas.
La Comunidad Valenciana es la autonomía con el porcentaje más elevado (el 65%) de destino impropio de los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y los municipios de la provincia que figuran en el documento son Alicante, Elche, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja, Dénia y Calpe, aunque se desconoce si todos incurrieron en este desvío y en qué cuantía.
¿A dónde va este dinero? Se supone que a fines confesables aunque no previstos en la ley, que pueden ser inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes o gastos financieros. Cataluña es la segunda comunidad en la que más irregularidades a este respecto (un 61,9% de desvío) y Asturias la tercera (58,5%).
El órgano fiscalizador estatal también ha detectado que sólo el 35% del dinero o del suelo de la actividad urbanística que reciben los ayuntamientos de la Comunidad se destinan a construir viviendas de protección oficial (VPO), que es el principal fin para que el que se creó esta figura legal.
El origen del patrimonio municipal de suelo se remonta a Ley del Suelo de 1958 y en la Comunidad se reguló por primera vez en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994. El Consell afinó su uso casi una década después, en una reforma aprobada en 2003. El patrimonio municipal de suelo tiene como principal objetivo garantizar el derecho a una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución) a través de los solares públicos en los que deberían construirse viviendas baratas.
Estos se obtienen de la fiscalización que el órgano auditor del Estado decidió realizar en 2006, en pleno boom urbanístico, y que han visto ahora la luz. Los ayuntamientos auditados a los que se requirió información, a través de la Sindicatura de Comptes, son las tres capitales de provincia más seis de los municipios con más de 20.000 habitantes que más crecieron entre 2000 y 2004, es decir Calpe, Dénia, Elche, Orihuela, Santa Pola y Torrevieja. La mayoría estaban gobernados en 2004, el año de estudio, por el PP a excepción de Dénia y Elche, cuyos consistorios estaban entonces dirigidos por el PSPV. Actualmente, sólo Elche sigue en manos socialistas.
Falta de colaboración
Sean de uno o de otro color, los consistorios auditados han mostrado un escaso interés por colaborar con el Tribunal de Cuentas y su interlocutor en la Comunidad, la Sindicatura de Comptes, ya que en algunos casos no han facilitado la información que se les exigía. Una actitud que esconde la escasa disposición por cumplir con las obligaciones legales en la materia auditada que es el patrimonio público de suelo. De los 9 ayuntamientos fiscalizados, siete no tienen formalmente constituido el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y de los otros dos el Tribunal de Cuentas carece de datos. La dinámica interna del examen del órgano fiscalizador impide conocer cuáles son los que cumple y los que no, ya que sólo se publican los datos generales, según el Tribunal.
El PMS es una especie de caja fuerte común en la que los gobiernos están obligados, por ley, a ingresar los terrenos que los dueños les ceden en todas las actuaciones urbanísticas (suele ser un 10% por plan), las expropiaciones "de todo tipo", las permutas o las cesiones de suelo. Aunque en esta caja fuerte también se han de ingresar el dinero que se obtenga por la venta de los anteriores terrenos o por el cobro en especie del citado 10% que obtiene cada ayuntamiento e, incluso, el dinero que recaudan por las sanciones urbanísticas. En estos casos, el Tribunal ha detectado que la única fuente de los PMS es ese 10% que cada promotor cede a los ayuntamientos (es decir, no se ingresan ni las permutas o expropiaciones ni el dinero).
* Información - L. BALLESTER BENEYTO - 9.03.09
Foto: Una manifestación en Elche por una vivienda digna, en una imagen de archivo DIEGO FOTÓGRAFOS, diarioinformacion.com
El Tribunal de Cuentas detecta el desvío de dinero y suelo de los PAI a fines no previstos
Lanzarote: Costas frena el derribo de un hotel ilegal que impide el acceso a la playa
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ELPAÍS* : El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias. El cabildo de Lanzarote lo califica como "el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico". No sólo su licencia vulneraba las normas urbanísticas de la isla sino que la construcción "impide el acceso público al mar y el tránsito por la costa", según admite el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la dirección general de Costas ha paralizado el expediente de expropiación forzosa que el equipo de Narbona aprobó en febrero de 2007 para derribar el hotel.
Lo llaman el Algarrobico canario y pertenece a la veintena de hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Su licencia es nula, según falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 18 de julio de 2007. Según un informe del aparejador citado en la sentencia, "el hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa", superaba el número de plantas autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar". El Ministerio de Medio Ambiente admite que "la estructura e instalaciones del hotel dificultan e impiden el acceso público al mar y el tránsito por la costa", algo prohibido por la Ley de Costas, de 1988.
El hotel, cuya licencia es de 1998, muy posterior a la Ley de Costas, está en la cala de las Coloradas (Yaiza), "en una playa natural encajada (de las mayores de la costa sur de Lanzarote)", según una nota que Medio Ambiente ha remitido a este diario. Tiene 747 camas y, según el cabildo, linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches. No es fácil encontrar un caso tan extremo.
El 23 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros declaró "de utilidad pública" el terreno del Papagayo "para su incorporación al dominio público". El objetivo era expropiarlo, demolerlo y recuperar el paisaje. El Gobierno destacó entonces que su objetivo era "ensanchar en lo posible la franja del dominio público para asegurar una mayor disponibilidad de terrenos libres junto al mar".
Dos años después poco queda de esas intenciones. El expediente está paralizado. El abogado de la empresa, José Luis de Tomás, asegura que no ha recibido noticias del Gobierno en más de un año y que por eso ha pedido la caducidad del expediente: "El expediente de expropiación ha caducado, ya que no han movido un papel ni nos han notificado nada desde entonces".
Una portavoz de Medio Ambiente considera que el expediente formalmente no está cerrado y que el ministerio aún "está estudiando los efectos" de la sentencia de ilegalidad, dictada hace más de un año y siete meses. En realidad, fuentes próximas al ministerio aseguran que el expediente está paralizado y que el hotel está, en la práctica, indultado.
El caso es similar al del hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). El mismo Consejo de Ministros que ordenó expropiar el Papagayo aprobó la del de Carboneras, que está paralizado por orden judicial, pero cuya sentencia está recurrida.
Tras las elecciones generales de hace un año, el equipo que dirige Elena Espinosa paralizó la expropiación. El ministerio afirmó el pasado 12 de febrero que lo hacía porque así se lo recomendó el abogado del Estado el 11 de noviembre. La abogacía consideraba que expropiar un hotel que podía ser declarado ilegal supondría malgastar dinero público, ya que se podría tirar sin dinero público. El argumento choca con la respuesta que el pasado 2 de febrero Medio Ambiente dio al diputado de ICV, Joan Herrera. En ella afirmaba que la expropiación "se seguía tramitando". En el caso del Papagayo, la sentencia sí es firme, pero Medio Ambiente no ha pedido la demolición.
En Lanzarote hay una veintena de hoteles en la misma situación, ilegales porque la licencia municipal incumple el plan insular para controlar el urbanismo. La Fundación César Manrique ha pedido la ejecución de siete de las sentencias que ha ganado. La fundación ha pedido que el juez aclare si hoteles de lujo como el Princesa Yaiza o el Meliá Volcán deben ser demolidos o pueden ser legalizados. El Papagayo no está en esa lista ya que en ese caso no está personada la fundación, según su portavoz, Carlos Meca.
Además, el Cabildo de Lanzarote anunció el jueves pasado que impulsará una ley para legalizar los hoteles, aunque su presidenta, la socialista Manuela Armas, aseguró que no todos los complejos podrían ser legalizados. El cabildo considera que el Papagayo es el que más incumple la ley y confiaba en que Costas lo derribara.
El bloqueo del expediente llega en plena presión sobre la Ley de Costas y después de que los grupos ecologistas criticasen que el Gobierno está suavizando esa norma y su aplicación. En Canarias, Costas tramita el derribo de Tufia, un poblado de pescadores, y en octubre pasado demolió Cho Vito. Coalición Canaria y el PP han respondido con una ley para salvar cientos de viviendas construidas en la playa por su "valor etnográfico".
Los socialistas sostienen que esta ley invade competencias, pero también esperaban del Ministerio de Medio Ambiente una actuación ejemplar sobre algún gran edificio para contrarestar la imagen de que Costas sólo actúa contra los pequeños propietarios. Ese edificio emblemático no parece que vaya a ser el Papagayo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/03/2009
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca, Hotel Papagayo Arena - panoramio.com
Un consejero de Camps dio 200 obras a una empresa con la que está vinculado
ELPAÍS/Valencia* : Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado. La empresa, que sigue trabajando para la Generalitat, ha facturado desde 2000 a la Administración valenciana siete millones de euros.
Castellano tiene una finca en el término municipal valenciano de Llíria de la que son copropietarias su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de Construcciones Taroncher, María Ángeles González García, que además tienen una cuenta bancaria común. La finca y el préstamo que solicitaron para adquirir los terrenos (82.600 euros) se escrituraron el 25 de abril de 2008. El consejero ha reconocido una estrecha amistad tanto con esta mujer como con su esposo y apoderado de la empresa, José Miguel Pérez Taroncher.
Castellano y Taroncher comparten partidos de pelota y cacerías, lo que choca frontalmente contra la ley, que establece que la autoridad que disfrute de la potestad de otorgar un contrato público "debe abstenerse" cuando concurra el supuesto de "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los aspirantes a obtener el contrato".
En 1996, el consejero contrató a la dueña de la empresa como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas, donde todavía trabaja por las mañanas. Fue cinco meses después de comenzar a trabajar en ese puesto, cuando María Ángeles González, creó la empresa, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación. En su primera comparecencia pública, éste reconoció haber otorgado obras a esta empresa por unos 600.000 euros. El consejero se ha negado a dimitir por este asunto y ha asegurado, tras admitir a este periódico su amistad con el apoderado y la dueña de la empresa, que cumple la ley "a rajatabla".
La constructora, con apenas cinco empleados, se benefició de adjudicaciones directas y sin concurso, de obras en el hospital universitario La Fe de Valencia por más de 1,6 millones de euros, según cálculos de este diario. Por otra parte, la mayoría de los más de 200 arreglos, contratos menores [inferiores a 50.000 euros y para los que no se requiere concurso público] y procedimientos negociados [inferiores a 100.000 euros] facturados por la empresa a la Generalitat van desde los 400 a los 60.000 euros y se llevaron a cabo entre el 22 de mayo de 2000 y el 21 de junio de 2003, cuando Castellano dirigía Sanidad.
Los contratos a dedo y por procedimiento negociado otorgados por el consejero durante su etapa en Sanidad incluyen toda clase de obras y reformas en el hospital valenciano: implantación de la unidad de psiquiatría infantil, acondicionamiento de habitaciones, laboratorio de hormonas en la Escuela de Enfermería. La constructora sigue realizando obras para el hospital La Fe, como el refuerzo de los pilares del pabellón general, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros.
Castellano fue nombrado consejero de Gobernación en junio de 2007. Desde entonces, el alto cargo ha encargado a Construcciones Taroncher varios contratos, incluyendo la remodelación de su propio despacho. Los trabajos han tenido lugar en la planta donde trabaja el consejero y en el Centro de Emergencias 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería.
A veces, las propuestas presentadas por la constructora, tanto en Sanidad como en Gobernación, concurrían con las de un albañil y un escayolista, que en ocasiones trabajan para esa empresa. Ambos aseguran que lo hicieron por su cuenta y al margen de Construcciones Taroncher y no para que figurase la concurrencia de tres ofertas.
El 17 de febrero, después de que EL PAÍS revelara la relación entre el consejero de Camps y la citada empresa, el primero se comprometió a facilitar la relación de contratos menores otorgados durante sus diez años como consejero de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas y al frente de Gobernación, pero todavía no lo ha hecho. Fuentes de su consejería aseguran que se trabaja en la búsqueda de ellos.
La celeridad con la que Taroncher cobra las obras contrasta con las reiteradas quejas de atrasos en los pagos que denuncian otros constructores valencianos.
Reforma de la casa de campo
La familias Castellano y Pérez Taroncher están unidas por una estrecha amistad y por unos terrenos de dos hectáreas y media adquiridos el 25 de abril de 2008 por las esposas de ambas en Liria (Valencia). El consejero de Camps paga junto a ellas un crédito de 82.000 euros con el que se adquirió la finca cuya propiedad es indivisa, según consta en las escrituras.
La finca de naranjos adquirida por la esposa del político y por la dueña de la constructora tiene una casa de campo que ha sido reformada por trabajadores de Construcciones Taroncher y en cuya mejora y acondicionamiento se han invertido más de 20.000 euros, según estimaciones de este periódico. En la finca hay instalado un arte tradicional de caza de pájaros con un parany, una modalidad cinegética prohibida por la ley de la Comunidad Valenciana. José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la constructora, y Serafín Castellano frecuentan juntos esta casa, pero el consejero asegura que nunca ha cazado con parany, que es una trampa para pájaros especialmente cruel, porque los animales se quedan pegados a las ramas de los árboles y son rematados cuando caen al suelo.
Los implicados
- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Desde que es consejero, la empresa ha facturado siete millones a la Generalitat.
- Nuria Rioja. Esposa del consejero. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.
- María Ángeles González. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.
- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la constructora. Amigo personal del consejero.
* ELPAIS.com - JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid - 09/03/2009
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Un informe de la ONU relaciona la crisis con malas políticas de vivienda de los estados
EUROPAPRESS* : La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) por el derecho a la vivienda, Raquel Rotnik, lamentó hoy las políticas públicas que han hecho los estados en vivienda, sobre todo durante los dos últimos años, y consideró que han contribuido a "desencadenar la crisis económica global".
"Han priorizado la atracción de capitales internacionales y se han olvidado de regular el mercado de la vivienda", criticó la relatora, en una rueda de prensa desde Barcelona, el día antes de que presente su informe en el consejo de la ONU.
Según Rotnik, "en vez de políticas de vivienda, se han dado políticas de capital financiero para los bancos". Por ello, emplazó a los estados a "cambiar" sus estrategias, aprovechando el contexto de crisis económica, ya que su política en vivienda "no ha funcionado".
El último informe sobre la vivienda que hizo la relatora de la ONU ya provocó una gran polémica en España, ya que diagnosticó la "especulación urbanística desenfrenada" de los últimos años. En este caso, la crítica que hace el informe no es únicamente al Estado español, sino a escala internacional.
VIDA COMO "BIEN DE CONSUMO"
"Vivir ha dejado de ser un derecho básico y se ha convertido en una inversión financiera, en un bien de consumo", lamentó Rotnik. Esto ha hecho que grupos sociales con pocas posibilidades "se hayan visto obligados a adquirir una casa por encima de sus posibilidades" y el mercado financiero haya creado productos financieros como las hipotecas 'subprime' en Estados Unidos, "casi impuestos a la gente", explicó.
La relatora criticó las decisiones de los estados porque "han dejado la responsabilidad de proveer la vivienda al mercado. El estado sólo se ha preocupado de crear un marco financiero", lo que ha provocado un gran agujero entre ingresos y precios de las viviendas, precisó.
La gente que "no puede pagar" sus hipotecas no es un problema sólo de España sino que es "una cuestión internacional", según ha podido constatar Rotnik a través de sus diferentes estudios sobre la materia durante el último año.
Los relatores son miembros nombrados por el consejo de las Naciones Unidas, pero con carácter independiente, y tienen que presentar un informe temático anual. Rotnik escogió el de la vivienda por "el gran impacto" que ha tenido en la crisis económica global.
"El origen --de la crisis-- está relacionado con malas políticas de vivienda", en referencia a las hipotecas concedidas a "gente que ya se sabía que no podría pagarlas", agregó.
* Europa Press - BARCELONA, 8 Mar 2009
Foto: Viviendas, bloques - EFE
