LAVOZDEGALICIA* : La Xunta reclamó ayer el gobierno local que asuma «por unha vez» sus competencias en materia urbanística para evitar poner en peligro la catalogación de la torre de Hércules como patrimonio de la humanidad. La amenaza de los propietarios de los aprovechamientos urbanísticos de la parcela del Agra de San Amaro dejaron entrever su intención de reclamar judicialmente la compensación económica de sus proyectos fallidos y previamente recogidos y aprobados dentro del plan general de 1998 y el estudio de detalle del año 2002, por un importe que, según sus propias estimaciones, podría alcanzar los sesenta millones de euros». A juicio del Gobierno autonómico recordó al Ayuntamiento que el veto a la urbanización del Agra de San Amaro responde a las recomendaciones fijadas por la Unesco y que desde María Pita, «no exercicio das súas competencias en materia de planeamento urbanístico, debe solucionar este problema atopando unha ubicación alternativa para estas construcións e así non incumprir as recomendacións que antes se comprometeron a cumprir».
La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, admitió ayer la existencia de conversaciones con los propietarios, pero quiso dejar claro que «non se plantexa o pago de indemnizacións, pero en todo caso non non somos os responsables da decisión. Nós consideramos que a responsable é a Xunta». Taboadela indicó que en ningún caso supondrá merma económica para las arcas municipales, «más allá de no ingresar las cuantías económicas previstas previstas en el apartado de concesión de licencias de obra».
El delegado del Ejecutivo autonómico en A Coruña, Diego Calvo, rechazó la imputación de Taboadela y pidió «que o Concello asuma de unha vez as súas responsabilidades, xa que a competencia exclusiva de outorgar licenzas en só urbano é una competencia exclusivamente municipal».
* La Voz de Galicia - 24.02.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
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DIARIODEMALLORCA* : Tres personas han sido detenidas en las últimas horas en relación con la operación anticorrupción que ha posibilitado el registro a la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, informaron a Efe fuentes de la investigación. A las detenciones de Catalina Payeras, ex gerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación), y de Paula Cortés, "número dos" de Cristina Cerdó (UM) en la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, se ha sumado el arresto de un tercer implicado en el caso, alvador Maimó, asesor de medio ambiente del Ayuntamiento. Todos ellos han sido acusados como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos, según las fuentes. El juez, la fiscalía anticorrupción y la Policía prolongan durante más de seis horas el registro a la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, en una operación que deriva de diversos casos de corrupción ya abiertos en los últimos meses relacionados con este partido político.
El titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, ha ordenado el registro de UM, que comenzó a las 8:30 horas, y se encuentra en el interior de la sede política.
Tan solo un dirigente de UM ha podido acceder a su sede. Se trata del secretario general del partido Joan Monjo.
En relación con este caso, la policía detuvo también anoche e interrogó a la exgerente del IMFOF del Ayuntamiento de Palma Catalina Palleras, han informado fuentes jurídicas.
Tras su declaración ante la policía, que la preguntó sobre la supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por Unió Mallorquina, Palleras quedó en libertad con cargos, indicaron las fuentes.
La Policía ha detenido hoy a Paula Cortés, que fue coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y supervisaba funciones de los informadores medioambientales del Ayuntamiento (IMAS), que eran contratados a través del IMFOF.
Un tercer implicado ha sido detenido a lo largo del día de hoy, según fuentes de la investigación.
* Diario de Mallorca - 25.02.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, que hoy mismo ha sido condenado a año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación urbanística, acaba de anunciar su intención de no presentarse a las elecciones del mes de mayo aunque sí agotará la legislatura. Asegura que ha tomado esta decisión "por una cuestión personal" y de la que ya está al corriente el presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego. Una decisión irrelevante porque desde el mismo momento en que se ha anunciado esta sentencia, Pacheco quedaba excluido por ley para poder presentarse a las elecciones. Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
Pacheco ha lamentado que su despedida de la política sea "tan manifiestamente injusta" como, a su juicio, resulta con la sentencia que le condena a año y medio de cárcel por prevaricación urbanística y le inhabilita por otros nueve. El alcalde subraya que su decisión de abandonar la política no se debe a esta resolución judicial, sino a una decisión "personal". "Quien me ha apuntado con una escopeta, no solo ha fallado sino que se lo podía haber ahorrado".
Terminará su mandato
No obstante, ha dejado claro que terminará su mandato, y ha recalcado que la decisión de no presentarse a las elecciones la tenía "tomada y medida", porque su edad y "alguna" situación personal (fue operado del corazón recientemente) le aconsejaban que era "momento" de "dejar la vida política".
En una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que estuvo acompañado de su abogado, Andrés de Diego, y del resto del equipo de Gobierno, el alcalde ha hecho una "valoración positiva" de la sentencia conocida este viernes, en la medida en que le ha "herido" a él, pero no afecta a las alrededor de 200 familias propietarias de las viviendas.
Pacheco ha reiterado que recurrirá la sentencia y confía en que la Audiencia Provincial "aclare definitivamente su actuación" ya que, según dice, si se aplicara el mismo criterio seguido con él, "todos los alcaldes de España deberían ser condenados".
Lo que ocurre, a su juicio, es que en este país ser alcalde del PP con mayoría es "un riesgo" frente a "aquellas instituciones que dependen del poder político". De hecho, ha cuestionado la "curiosa utilización de los tiempos" en este proceso judicial, porque la sentencia se conoce a tres meses de las elecciones y transcurridos ya nueve meses desde la celebración del juicio.
De todas maneras, tiene la "absoluta certeza" de que el PP volverá a obtener mayoría absoluta en Piélagos en las elecciones del próximo 22 de mayo y los votos del municipio contribuirán también a la victoria de Ignacio Diego a nivel autonómico. "Si algunos pretendían pinchar el globo electoral de Piélagos, se confunden", ha apostillado.
"Completa tranquilidad"
Pacheco ha manifestado su "completa tranquilidad" al respecto, asegurando que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, ante la que cabe recurso de apelación. Pacheco ha calificado esta decisión judicial como una "estrategia política de cara a las próximas elecciones, repetida hace cuatro años con el tema del Cuco". De esta forma, el regidor explica que "sólo hay que ver que han tardado nueve meses en emitir esta sentencia, comunicada ahora, a apenas varios meses de los próximos comicios".
Respecto al contenido de la sentencia, ha asegurado que "no deja de ser sorprendente en muchos aspectos", que se argumentarán en el recurso de apelación del que el abogado no ha adelantado detalles porque es "prematuro".
En cualquier caso, lo que sí ha señalado el alcalde es que aplicando el mismo criterio por el que se le condena a él, "la totalidad de los alcaldes de España deberían ser condenados" e incluso algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo.
Así, ha puesto el ejemplo de otras dos licencias en el municipio que denegó el Ayuntamiento por falta de servicios --que es lo que faltaba también en las licencias por las que se le condena--, y en aquellos casos un Juzgado de lo Contencioso concedió las licencias.
Además, ha hecho hincapié en que no se le condena por un "enriquecimiento personal" o por un "perjuicio" al patrimonio municipal, sino por "infracciones del procedimiento"; y ha afirmado que actuó con "todos los informes favorables". Es más, ha opinado que si no hubiera dado las licencias se habría tenido que sentar igualmente ante la justicia porque los propietarios de los terrenos "tenían sus derechos".
La condena
El Juzgado de lo Penal número 3 comunicó esta mañana que ha condenado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), a un año y medio de cárcel y a no poder desempeñar cargos públicos durante nueve años como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística.
La sentencia considera probado que Pacheco concedió entre 2004 y 2005 quince licencias de construcción a sabiendas de que "vulneraban la normativa urbanística vigente, por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", algo de lo que le advirtieron "expresamente", el arquitecto municipal y los servicios jurídicos.
El Ayuntamiento de Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ponen en cuestión su gestión del urbanismo y que han ordenado la demolición de varias urbanizaciones en Liencres y el Alto del Cuco.
* El Diario Montañés - 25.02.11
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
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ELPAÍS* : El barrio valenciano de Campanar, una zona de fuerte crecimiento urbanístico, se queda sin otra parcela de uso escolar pese al déficit de plazas educativas que arrastra el distrito. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia informó favorablemente el lunes del cambio de uso de una parcela de 12.965 metros cuadrados, calificada de escolar, a petición de la sociedad Inversiones Sociosanitarias (Inverso), participada por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir. Esta universidad quiere construir en esa parcela, donde en principio iba un instituto, un hospital y una facultad privada. Este cambio de uso irá al pleno municipal de mañana, luego se expondrá al público y, salvo complicaciones, se aprobará definitivamente.
No es la primera vez que se pide un cambio de uso de esta parcela situada entre las calles de Rafael Alberti, Sierra Calderona, Jorge Comín y Pío Baroja, pero antes no se ha autorizado. El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, aseguró ayer que el cambio de uso cuenta con el informe favorable de la Consejería de Educación.
Pero el concejal de la oposición Juan Soto enseñó un informe de este mismo departamento y fechado en 2009 que consideraba todo lo contrario. Es decir, esa parcela era imprescindible que conservase su destino escolar por la falta de plazas.
En su último informe, Educación dice que existen otras parcelas en el distrito -aunque algunas están a dos y tres kilómetros de varios sectores nuevos de viviendas, en los que edificar posibles centros escolares. Ninguno de ellos reúne, replicó Soto, las medidas estándar para su construcción -son más pequeñas- y se han "trampeado" los cálculos.
Los socialistas urgirán en este pleno a que se amplíe la remodelación del colegio público Giner de los Ríos, un centro saturado y donde proliferan los barracones.
* El País - 24.02.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
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DIARIOLASAMÉRICAS/Ecuador* : Quito tiene casi 500 barrios ilegales, construidos en terrenos no urbanizables, cuyos habitantes luchan para que el Ayuntamiento regule su situación y les proporcione servicios básicos como luz, agua o alcantarillado. El fenómeno es fruto de la codicia de traficantes de tierras y afecta a miles de familias desde hace décadas, pero ha cobrado especial interés tras las recientes invasiones de terrenos en Guayaquil. El Gobierno de Rafael Correa respondió con el despliegue de las fuerzas armadas en la zona para frenar las invasiones. Los traficantes de tierras, conocidos como “lotizadores”, se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de los más pobres para vender terrenos sin permiso de urbanización y que en ocasiones tan siquiera son de su propiedad.
“El traficante nos engañó y nos vendió unos terrenos sin legalizar, cobrándonos plata para la apertura de vías y el alcantarillado”, dijo Leonor Chela, vicepresidenta del Comité de La Garzota, un barrio ilegal de Quito, quien se negó a dejarse fotografiar “por miedo a represalias”.
Y es que estos estafadores usan la extorsión para cobrar la deuda.
“Un grupo de gente está siempre cobrando a los habitantes bajo formas de violencia bastante altas. Si no puedes pagar, trabajas para el traficante: ayudándole en el tráfico de tierras, mejorando los servicios del barrio, e incluso vinculándote al sicariato”, explicó Fernando Carrión, profesor de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Unas 150 familias compraron a un traficante en los años 90 una parcela en la Garzota, barrio asentado en las laderas del volcán Pichincha, pensando que dispondrían de asfalto, luz y agua en poco tiempo.
Hace nueve años, el lotizador desapareció tras cobrar la deuda a sus moradores, dejando el barrio con graves deficiencias, que incluso causaron la muerte de una familia el pasado diciembre cuando un alud de tierra sepultó su casa.
La Garzota sigue con las calles sin pavimentar y tanto el agua como la luz la toman del barrio colindante y legal de Cristo Rey.
En la Garzota hay desde casitas de adobe donde viven familias numerosas, hasta viviendas de dos plantas y con mejores infraestructuras, todas construidas por sus moradores sin planos ni conocimientos de urbanismo.
El fenómeno de las invasiones no es nuevo en Ecuador. Hubo dos oleadas en los 40 y los 70, marcadas por el éxodo rural, y ... una tercera en el 2000, fruto del encarecimiento del centro de la ciudad, que obligó a los más pobres a desplazarse a la periferia.
Consciente de la problemática, el Ayuntamiento de Quito en 2010 regularizó 86 barrios y reubicó a decenas de familias que vivían en zonas declaradas de peligro ecológico.
“Este año esperamos relocalizar a por lo menos 500 familias de barrios en peligro inminente, por vulnerabilidad física o social”, dijo a Efe la secretaria de Seguridad de Quito, Lourdes Rodríguez.
La alcaldía dispone de un plan para reubicar a las familias, que implica el desalojo de la vivienda actual, un bono de 200 dólares al mes para alquiler y una ayuda económica para comprar una nueva casa.
Para 2011 tiene prevista la regularización de 106 barrios, frente a los 20 barrios por año de la primera década del 2000, según datos del consistorio.
Los vecinos de estos barrios esperan con ansia, aunque algunos achacan a la municipalidad lentitud en las obras y permisividad con los lotizadores.
“El alcalde brilla por su ausencia tras muchas promesas. Estamos desamparados de todo. La luz y el agua potable se nos va a ratos, con el pretexto de que el barrio no está legalizado”, denunció Gonzalo Vargas, albañil y poblador de la Garzota, mientras colocaba bloques de adobe, a 23 centavos la pieza, para ampliar su casa.
La reubicación, sin embargo, no es del agrado de estas familias, las cuales han invertido en la construcción de su vivienda gran parte de su vida y su pequeño salario, que en la mayoría de casos ronda los 300 dólares mensuales.
“No aceptaríamos que nos cambiaran de casa porque somos pobres y tenemos muchos hijos. ¿A dónde vamos a ir? El señor alcalde no nos va a dar lo que hemos gastado en esta casa”, sentenció Blanca Usiña, mientras preparaba a sus seis hijos para ir a la escuela.
* Diario Las Américas - EFE - 23.02.11
Foto: Quito (Ecuador), vista - estoesquitopapito
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REBELIÓN* : Asociaciones de vecinos de diez distritos de la ciudad de Madrid (Arganzuela, Centro, Hortaleza, Fuencarral, Ciudad Lineal, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Latina) han hecho público un balance de la gestión llevada a cabo por el PP en la ciudad de Madrid durante 8 años de gobierno del equipo del actual alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que accedió “prometiendo descentralización, participación ciudadana en la gestión, democratización de la gestión pública, etc. Transcurrido ese tiempo, Madrid es una ciudad prácticamente en quiebra económica, los distritos de la ciudad han sido olvidados, los impuestos han subido indiscriminadamente y el modelo de ciudad para el ciudadano ha sido sustituido por el modelo autoritario de ciudad para los negocios”. Critica el comunicado la “nefasta gestión presupuestaria”, con derroche en inversiones y gastos innecesarios, y el castigo a los ciudadanos con abusivas e injustas tasas e impuestos. “Los vecinos de Madrid sufrimos las consecuencias de esta gestión que se puede resumir como una situación de quiebra técnica y presupuestaria, un deterioro y recorte de los servicios más importantes, la ruina de pequeños proveedores de bienes y servicios, la destrucción de empleo directo e indirecto, el abandono de las inversiones necesarias en barrios desfavorecidos o la gestión hipotecada para las próximas décadas”.
Las AAVV denuncian también “la política liberal, que subordina el bienestar de los ciudadanos a los intereses de las grandes empresas”. “Esta política –afirman- ha llevado a una eliminación y precarización del empleo generado por el Ayuntamiento y a un deterioro de los servicios, que ahora son de peor calidad por la degradación de las condiciones de trabajo, y más caros porque se trata de garantizar los beneficios a las empresas antes que el servicio a los vecinos”. El urbanismo especulativo y la política de agresión medioambiental ha convertido a la ciudad en un espacio hostil a los ciudadanos.
Denuncia también el comunicado la “centralización y falta absoluta de participación”, vaciando absolutamente a las Juntas Municipales de competencias y presupuesto.
Finalizan las Asociaciones de Vecinos con la apuesta “por una ciudad habitable, fiscalmente más justa, solidaria, descentralizada y participativa”, en la que existan unos “ayuntamientos de distrito” que puedan establecer una verdadera democracia participativa y de manera directa.
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Además estas Asociaciones de Vecinos llaman a los madrileños a participar en la manifestación convocada por los bomberos de la capital de este domingo 27, para apoyar su lucha por unas mejores condiciones laborales y de los medios, lo que redundará en una mejora del servicio y la seguridad de los ciudadanos.
* Rebelión - 25.02.11
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