Jueces y fiscales se acusan del error que causó la prescripción de los 4 delitos fiscales de Fabra

LEVANTE/Castelló* : Jueces y fiscales se acusaron ayer mutuamente del error judicial que ha dado al traste con siete años de investigación y de diligencias del caso Fabra. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) asumen ahora la responsabilidad de que ninguna de las partes en el proceso se haya planteado paralizar el plazo de prescripción de al menos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. La Agencia Tributaria denunció por escrito el supuesto fraude cometido por el mandatario del PP en el año 1999, lo que según ellos interrumpió la prescripción, pero nadie se preocupó de formalizar las restantes denuncias por los delitos contra la Hacienda Pública detectados entre los años 2000 y 2003. Y este defecto de forma provocó, a juicio de la Audiencia, la indefensión de Fabra. Fuentes autorizadas del CGPJ aseguraron ayer que "es el fiscal quien impulsa la investigación y no corresponde a los jueces poner denuncias para paralizar la prescripción".

Las mismas fuentes insisten en que el máximo organismo de gobierno de los jueces españoles no tiene competencias para llevar a cabo un acto de interposición, como una denuncia o una querella, que evite la prescripción de los delitos. "Nosotros no vamos a abrir ninguna investigación para saber lo que ha pasado. Habría que preguntarle a la Fiscalía", asegura el portavoz del Consejo.

Tras recabar la versión del CGPJ, Levante-EMV se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado, quien a través de uno de sus portavoces confirmó que "desde aquí no hay intención de abrir ninguna investigación ni de buscar responsabilidades".
Las fuentes de la Fiscalía recordaron que en este tipo de casos, cuando se comete algún tipo de deficiencia judicial, "todos quieren escurrir el bulto", y añadieron que "el fiscal ha hecho su trabajo y todo lo que nos queda es recurrir ante el Supremo el auto de la Audiencia Provincial de Castelló".
A pesar de que el tribunal castellonense ha dado un duro varapalo a la instrucción del caso Fabra, la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo la misma tesis. "Nosotros creemos que la decisión de la Audiencia no es correcta, ella sabrá por qué toma esa decisión". Desde que estalló el caso Fabra, a finales del año 2003, el fiscal Anticorrupción siempre ha defendido la misma posición sobre la caducidad de los delitos contra Hacienda. "Consideramos que con la denuncia por el fraude del año 99 basta para interrumpir la prescripción de todos los delitos de años posteriores. Y eso fue lo que hicimos", insisten las fuentes de la FGE. El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, ya ha interpuesto el escrito que anuncia la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Lo hemos hecho antes de los cinco días que establece la ley para que no corra el plazo", añade el portavoz.
Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia se asegura que "no podemos hacer nada porque el ministerio no toca asuntos judiciales", añade una portavoz.

La causa queda parada durante un año

La causa de Carlos Fabra quedará paralizada por completo durante un año, según ha admitido la UCE -personada como acusación particular en el proceso-, hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
De cualquier manera, un año más se celebrarán unas elecciones sin que se aclare en los juzgados si el presidente de la diputación es culpable o inocente. La próxima primavera se celebran comicios locales y aunque Fabra ha anunciado que no se presentará como candidato, la ciudadanía irá a votar, como desde hace 7 años, bajo la sombra de la corrupción, un tiempo en el que hasta nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Nules, favoreciendo la dilación del proceso.



* Levante - 30.12.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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El cambio de la Ley de Suelo permite a Aguirre vender la Ciudad de la Justicia

ELPAÍS/Madrid* : Era la Ciudad de la Justicia y ha acabado de ciudad fantasma. La falta de fondos y el cálculo a la baja de los costes llevaron al destierro a este macroproyecto del Gobierno regional de Esperanza Aguirre cuando tenía en pie solo uno de los 15 majestuosos edificios dibujados sobre plano. Pero un año después de entrar en vía muerta ha encontrado una nueva salida. La modificación de la Ley de Suelo, que la Comunidad ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos recién aprobada, le permite vender esos terrenos situados en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, La Moraleja y la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas. La parcela ocupa unos 202.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 300.000, el equivalente a 300 campos de fútbol. El suelo proviene de las cesiones del 20% de terrenos para redes supramunicipales (parques, vivienda pública, equipamientos...) que los propietarios de terreno debían entregar a la Comunidad de Madrid por ley.

Los cambios introducidos en la Ley de Suelo y aprobados en el último pleno del año permiten al Ejecutivo de Aguirre comerciar con esos terrenos. La clave está en una coletilla del artículo 91.3 que convierte los terrenos cedidos para redes supramunicipales en "bienes patrimoniales", es decir, vendibles.

Otro cambio, el del artículo 67.1, permite a la Comunidad de Madrid aplicarse una excepción en el tormentoso proceso de cambiar planes urbanísticos. Es decir, que la nueva Ley de Suelo ha abierto todo un abanico de posibilidades. El Gobierno regional puede recalificar los terrenos mediante una tramitación interna para la que solo necesita su propio visto bueno y vender el nuevo suelo con nuevos usos a quien quiera comprarlo.El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, admitió ayer a EL PAÍS que la nueva normativa permite al Gobierno regional vender los terrenos de la Ciudad de la Justicia, aunque aseguró que el Gobierno regional "no se ha planteado" hacerlo hasta la fecha. Para el cambio de la Ley de Suelo, la Comunidad de Madrid aprovechó la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que permite incluir modificaciones normativas evitando el debate y la tramitación.

La modificación fue criticada por alcaldes de los grandes municipios (las cesiones de terreno provienen de propietarios privados y también de Ayuntamientos) que tildaron de "robo" la posibilidad de que la Comunidad de Madrid negocie con sus cesiones y cambie la planificación urbanística que prevé que una red supramunicipal se destine a servicios públicos y no a otro tipo de construcciones. La oposición (PSOE e IU) amenazó con llevar el cambio de normativa hasta el Tribunal Constitucional para frenarlo. El Ejecutivo de Aguirre, que defendía que las modificaciones reactivarían el mercado inmobiliario, añadió una enmienda posterior en la que renunciaba a futuras cesiones de suelo.

La idea de la Ciudad de la Justicia, barajada desde 1996, ha cambiado de ubicación durante los últimos 15 años hasta quedar desterrada. Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, anunció primero que la llevaría a las cocheras de Metro de plaza de Castilla. Después mudó el proyecto a los antiguos cuarteles de Campamento y acabó ubicándolo en el marco de la Operación Chamartín.

Fue la presidenta Aguirre quien aprobó finalmente llevarlo a la parcela de Valdebebas en 2004, cuando se comprometió a que el primer edificio estaría en funcionamiento para 2007. El gran proyecto judicial incluía 15 inmuebles circulares para los trabajadores de la judicatura, unas 5.000 personas. El concurso de ideas costó un millón de euros con la previsión de atraer a arquitectos de renombre, como Norman Foster o Zaha Hadid. El cálculo era sufragar su construcción con la venta de 23 locales e inmuebles judiciales dispersos por la ciudad, como los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el distrito de Centro, o los juzgados de la plaza de Castilla.

En enero de 2007 se colocó la primera piedra en un acto que costó 1,4 milones de euros sufragados por las empresas encargadas de la urbanización de la parcela. El vídeo promocional supuso más de 900.000 euros. Era un audiovisual en tres dimensiones de una hora de duración, que fue presentado en ferias y congresos de todo el mundo para promocionar el proyecto. Quedó paralizado hace un año cuando ya estaba construido el edificio previsto para el Instituto de Medicina Legal. El arquitecto que lo ideó, Alejandro Zaera-Polo, renunció a la autoría de su edificio a mitad de construcción al considerar que el presupuesto era insuficiente y que iba a suponer una edificación "de muy baja calidad".
El proyecto que cayó en el olvido

- La Ciudad de la Justicia comenzó a gestarse en 1996. La ubicación del proyecto bailó entre distintos terrenos, como las cocheras de Metro de plaza de Castilla o las inmediaciones de la estación de Chamartín.

- En 2004 se decidió su ubicación actual en Valdebebas. Y en enero de 2007 se colocó la primera piedra en una ceremonia que costó 1,4 millones de euros.

- En 2008 desertó un arquitecto del proyecto por "presupuesto insuficiente". Hace un año quedó aparcado por falta de fondos.



* El País - 30.12.10
Foto: Madrid, maqueta Ciudad Justicia - publiarq

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El fiscal pide que 'El paloma' no pueda edificar en 12 años por el 'caso Ávila'

LAVERDAD* : El promotor inmobiliario Paco Gómez, más conocido por ser el presidente del Fútbol Club Cartagena, se sentará en el banquillo de los acusados como presunto impulsor de una trama de corrupción municipal en Las Navas del Marqués (Ávila) que tenía como objetivo allanarle el camino para construir una macrourbanización de 1.500 viviendas y un campo de golf en unos terrenos protegidos. El fiscal jefe abulense, Juan Miguel Gómez, ha solicitado para Gómez, alias 'El paloma', una pena de doce años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión (aunque también tiene negocios en el vino) por un delito continuado de prevaricación genérica. El juez instructor ya ha trasladado el caso a la Audiencia Provincial para fijar el juicio oral, y le ha impuesto una fianza de 6.000 euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, como administrador de Residencial Aguas Nuevas S.A. Gómez cometió una infracción penal al empujar al alcalde del municipio, Gerardo Pérez, y el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega, a saltarse la ley con el impulso de un doble proceso en que se valieron de su condición simultánea e irregular de servidores públicos y directivos de una sociedad inmobiliaria, Montes de las Navas S. A.

Tala de pinos

Pérez (presidente del consejo de administración) y De la Vega (director general) consiguieron la recalificación urbanística de los terrenos en el Ayuntamiento y con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; y, de forma paralela, bajo un supuesto «interés municipal» lograron una permuta de terreno municipal por otro de su empresa pantalla, que a su vez se los vendió a Gómez.
En concreto, en 2002 el constructor de Jacarilla (Alicante) pagó 9,95 millones de euros por 192 hectáreas protegidas, entre otras cosas, por la presencia de especies en peligro de extinción como la cigüeña negra y el águila imperial.
Según el fiscal, las operaciones tuvieron «una apariencia de legalidad», como un concurso público, pero estuvieron viciadas por resoluciones arbitrarias y un afán especulativo. Por eso, ha solicitado para el alcalde y el secretario doce años de inhabilitación especial para sus empleos y cargos públicos. La recalificación fue anulada en marzo de 2010 por el Tribunal Supremo, dentro de una batalla judicial iniciada por varios colectivos ecologistas y sindicales y que ha motivado la división del caso en cuatro piezas. La más polémica, ya archivada, fue la posible responsabilidad penal del promotor en la tala, en 2006, de unos 3.000 árboles en un pinar donde quería edificar. Sin embargo, no pudo determinarse si el promotor tomó la decisión después de una sentencia judicial contraria a la recalificación.

«Duermo muy tranquilo»

En todo caso, Gómez manifestó ayer a 'La Verdad' que está muy tranquilo respecto a su situación judicial y profesional, si bien afirmó no enfrentarse a ningún juicio ni haber tenido que pagar ninguna fianza.
«Yo duermo tranquilo todas las noches y lo seguiré haciendo. No hay ningún problema», aseguró, y subrayó que este caso no afectará a su continuidad al frente del FC Cartagena ni al futuro del club.


* La Verdad - 31.12.10
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com

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Málaga.- Una chapuza por estrenar

MÁLAGAHOY* : Conseguir una vivienda de protección oficial no siempre es una buena noticia. En los tiempos que corren cualquier ayuda es buena para hacer frente a una hipoteca, pero en Campanillas más de un centenar de vecinos se han encontrado con una chapuza por estrenar más que con una casa, según denuncian. La mayoría ya tienen las llaves y han empezado a habitarla, pero por ahora se han estrellado con numerosos problemas en forma de desperfectos: filtraciones y goteras, principalmente. Según ha podido comprobar este periódico, no se trata de simples deficiencias, sino de carencias estructurales en los inmuebles que, como dicen las propias víctimas, "hacen imposible habitarlos". La promoción afectada se encuentra en la zona conocida como Hacienda Segovia del barrio de Campanillas. Son los edificios Alcázar, que suman 119 viviendas protegidas plurifamiliares en régimen especial, algunas aún sin entregar, y han supuesto una inversión de unos 8 millones de euros.

La empresa promotora es Hexa VPO y las viviendas fueron comercializadas por Dolmen Consulting Inmobiliario, tal y como anuncian en su página web (www.dolmen.es). La metodología del sorteo fue aprobada por la Junta de Andalucía. En total había 10.565 solicitantes para 116 viviendas y hubo otro sorteo especial reservado para personas discapacitadas con capacidad reducida permanente donde se sortearon tres viviendas entre 16 solicitantes. El precio promedio de venta fue de 77.612,44 euros (sin IVA). Vecinos aseguran que la Junta ya les ha abonado la ayuda prometida, pero ahora quieren que alguien les arregle los problemas de sus casas.

"La promotora no responde, pero el inmueble fue subvencionado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento aprobó la licencia de primera ocupación y a la vista está que no está en condiciones de ser habitado. Algo también tendrán que decir", afirma uno de los afectados, Alberto Gálvez. Este hombre es uno de los vecinos que acudieron al sorteo por la vía de las personas discapacitadas, pues su mujer necesita de una silla de ruedas para desplazarse. En este caso, a los problemas comunes, denuncia deficiencias "graves" de accesibilidad. "Durante la obra estuve pendiente e incluso facilité a la promotora las leyes y normativa sobre discapacidad, pero no han tenido nada en cuenta", lamenta.

El inventario de desperfectos es innumerable, tanto en zonas exteriores como interiores. Las últimas lluvias han inundado los aparcamientos, que no evacuan correctamente el agua por mala instalación de los desagües, y en numerosas viviendas tienen problemas de humedad. Los edificios están diseñados para albergar un ascensor, en caso de que los vecinos decidan realizar la inversión, pero el hueco previsto ha sido ocupado por el sistema de ventilación del inmueble. Los trasteros no se pueden utilizar porque tienen problemas de filtraciones y las cubiertas presentan deficiencias que ha provocado humedades por todos sitios. "Hemos consultado a especialistas y nos aseguran que se han utilizado materiales inapropiados para el aislamiento y se han cometido muchas irregularidades", añade Gálvez. Los vecinos se han unido para canalizar las quejas de forma conjunta pero por ahora sólo encuentran el silencio por respuesta. Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con algún representante de Dolmen.



* Málaga Hoy - 28.12.10
Foto: La promoción luce el 'sello' de la Junta de Andalucía y ya está en el callejero municipal.- malagahoy

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Lo que contamina un tren de alta velocidad

ECOLAB* : Si para desplazarse entre los puntos A y B, un viajero se sube a un tren de alta velocidad, ¿cuánto habrá contaminado comparado con otro que haga el mismo recorrido en coche, en autobús, en avión o en ferrocarril convencional? Ahora que España se ha convertido en el país europeo con más kilómetros de líneas de alta velocidad, se vuelve a discutir sobre el impacto de este sistema de transporte con trenes que se mueven a más de 200 kilómetros por hora. ¿Es tan eficiente la alta velocidad española como se pregona? Lo cierto es que no existe una única respuesta a la pregunta de partida. Depende mucho de cada caso. Si el viajero se desplaza de Madrid a Barcelona, sí puede haber escogido la opción más eficiente subiéndose a un AVE: se supone que habrá emitido cuatro veces menos CO2 que otro que haya volado en avión, tres veces menos que el haya ido en coche y algo menos que el que fuera en tren convencional o en autobús. Pero si se trata de ir de Madrid a Alicante, puede que hubiese contaminado menos si se hubiera subido a un tren convencional.

O así lo asegura un estudio de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), publicado de forma reciente en la revista Transportation Research Record, que analiza diez corredores españoles con alta velocidad. ¿Su conclusión?: en siete de los casos el pasajero que emite menos CO2 es el que viaja en AVE y en los otros tres ganaría el del tren convencional.

Está claro que cuánto más rápido pase el paisaje por la ventana del tren más aumentará el consumo de energía. Sin embargo, como explica Alberto García Álvarez, investigador de la FFE y autor del estudio anterior, existen otros factores propios de la alta velocidad en España que reducen a la vez el gasto de energía (y la generación de emisiones de CO2). Uno de ellos es la distancia a recorrer. Cuando se usan datos reales para comparar los distintos modos de transporte se constata que los puntos A y B no están siempre separados por los mismos kilómetros, pues la ruta puede ser más o menos directa. Entre Barcelona y Madrid, por ejemplo, hay 612 kilómetros si uno va por carretera, pero 528 si se coge un avión. En ferrocarril, la distancia será de 707 km en un tren convencional o de 627 en el de alta velocidad.

Como destaca el estudio publicado en Transportation Research Record, en España la distancia media de las líneas de AVE es un 12% más corta que los mismos trayectos del tren convencional. Esto es bueno para reducir el consumo de energía, aunque el construir líneas más directas ha supuesto también un importante impacto ambiental (en movimiento de tierras y en gasto de energía) que no es tenido en cuenta en este tipo de comparativas, siendo este uno de los puntos más criticados por detractores ambientales de la alta velocidad.

Otras teóricas ventajas en eficiencia para los trenes de alta velocidad son que realizan menos paradas, que siguen una velocidad más homogénea, que tienen un diseño más aerodinámico, que suelen contar con una maquinaria más avanzada, que al ser más corto el viaje gastan menos en servicios auxiliares (calefacción, aire acondicionado…), que pueden usar el freno regenerativo para devolver energía a la red eléctrica(1)… “Esto es así ahora en España, pero si un país tiene trenes convencionales más modernos, con trayectos más directos y cortos (porque tienen una orografía menos complicada que la nuestra), el resultado puede ser distinto, hay que estudiar cada caso”, asegura García Álvarez, que investiga desde hace 16 años la eficiencia de estas máquinas.

Cuando lo que se compara son los trenes eléctricos (ya sea los de alta velocidad o la mayoría de los convencionales) con los otros modos de transporte, entonces uno de los factores más determinantes es la procedencia de la electricidad utilizada. Como ocurre con el coche eléctrico, el que contamine más o menos dependerá de cómo se genere la electricidad en el país (con energías renovables, con centrales de gas, carbón, nucleares…).

Si volvemos al viajero del principio y utilizamos los cálculos del investigador de la FFE, las diferencias que salen son importantes. Un pasajero de avión(2) que vuele de Madrid a Sevilla puede emitir 61 kilos de CO2 y, de Madrid a Barcelona, 70 kilos (lo que incluye ya casi 4 kilos del viaje en coche al aeropuerto). Un viajero que coja un coche(3) para ir hasta Sevilla generaría unos 54 kilos y, si es a Barcelona, unos 63. Otro que utilizara un autobús(4) habría contribuido a emitir al llegar a Sevilla unos 13,9 kilos y, en el caso de Barcelona, unos 14,5.

Del mismo modo, el viajero que se hubiese desplazado hasta Sevilla en un tren convencional(5) habría emitido 12,7 kilos de CO2 y el que hubiese comprado billete a Barcelona 17,1 kilos (lo que incluye cerca de 1 kilo del trayecto hasta la estación). Mientras que el que hubiese optado por el AVE(6) habría dejado, siempre según las estimaciones de García Álvarez, unos 9,4 kilos hasta Sevilla y 13,8 hasta Barcelona (lo que lleva también añadido el coche o el taxi hasta la estación).

Claro que todos estos cálculos hacen referencia a un solo viajero, distribuyéndose el impacto del conjunto de la máquina entre todos los pasajeros. Esto hace que en la comparativa resulte determinante la estimación de la gente que va dentro del coche y del autobús, de las plazas ocupadas entre las 170 contabilizadas en el avión o de los viajeros sentados en los 351-367 asientos de un AVE. De hecho, el tren de alta velocidad en su conjunto habría emitido 2.247 kilos de CO2 hasta Sevilla y 3.222 kilos hasta Barcelona. Esto es más que los 2.180 y 2.398 kilos, respectivamente, del convencional (que suele ser más pequeño y que contaba con 282 y 228 plazas en el estudio). Y menos que los 7.402 y 7.377 kilos del avión. Aunque el AVE tiene más plazas y puede llevar a más gente, su eficiencia depende realmente de los sitios que vayan ocupados.

Según el trabajo de García Álvarez, un coche en el que viajen cinco personas puede llegar a igualar las emisiones del tren de alta velocidad, del convencional o del autobús cuando éstos tienen una ocupación muy baja (aunque los trenes o el autobús regular van a salir de todas formas). Sin embargo, el avión, aunque vuele lleno, no llega a igualar las emisiones de trenes de alta velocidad, convencionales y autobuses, ni siquiera cuando éstos vayan sólo con el 20% de sus asientos ocupados.

Con todo, lo que puede ser más eficiente en términos de pasajeros, no significa tampoco que vaya a producir un ahorro del consumo de energía en valores absolutos del transporte. Puede haber menos emisiones por viajero en los trenes y a la vez seguir aumentando las emisiones totales del transporte en España. ¿Merece la pena invertir en la alta velocidad en lugar de mejorar el ferrocarril convencional y apostar aún más en energías renovables para reducir las emisiones del sistema eléctrico?

El investigador de la FFE cree que sí, pues considera que la clave está justamente en la velocidad. Según incide, las diferencias entre el tren de alta velocidad y el convencional, o incluso entre el autobús, son pequeñas, pero sí se pueden producir reducciones importantes si salen menos coches a las carreteras o si despegan menos aviones. “Si queremos quitar viajeros al coche y al avión, los trenes tienen que ser más rápidos, en los trayectos largos hay que conseguir bajar de la cuota de las tres horas para ser competitivos”.

De momento, esto se confirma en el corredor ferroviario en el que hace más tiempo que circulan trenes de alta velocidad en el país: en el trayecto Madrid-Sevilla, el AVE tiene una cuota de mercado del 86% frente al 14% del avión (aunque se constata que en verano las diferencias se reducen). Sin embargo, en la línea Madrid-Barcelona todavía el avión mantiene el 51% de la cuota de mercado, frente al 49% del tren de alta velocidad (según los datos de septiembre de 2010).

La geógrafa Carmen Bellet, profesora de la Universidad de Lleida que estudia las consecuencias socioeconómicas del AVE en el territorio, está de acuerdo en que la velocidad es un factor determinante para conseguir más viajeros. Sin embargo, también incide en que la cultura ferroviaria de España es inferior al de otros países como Alemania, Francia, Holanda… “Esto tiene que ver con políticas históricas, quizá si hubiera existido un servicio más eficiente del tren convencional no hablaríamos tanto de la alta velocidad”, comenta Bellet, que llama la atención sobre la necesidad de llevar a cabo una política ferroviaria más amplia y de conectar las estaciones de AVE con transporte público, no sólo con las ciudades en las que para, sino con un territorio más amplio.

(1) En los trenes convencionales (que usan corriente continua, en lugar de alterna como el AVE) la energía del freno regenerativo sólo se puede devolver a la red ferroviaria, por lo que únicamente se aprovecha si hay otro tren detrás.
(2) Para las estimaciones de los aviones se ha considerado un mix de 15% de aviones antiguos (MD80) y un 95% de aviones nuevos más eficientes (A320). También se ha considera un factor de ocupación (cociciente entre los viajeros.kilómetro y las plazas.kilómetro) del 0,75.
(3) Para las estimaciones de los coches se han utilizado vehículos modernos de distintos segmentos a la venta a finales de 2007. Como los datos homologados no tienen en cuenta el consumo de energía para los servicios auxiliares (calefacción, aire acondicionado…) se ha sumado una cantidad fija de 0,4 l/100 en el caso del ciclo interurbano y 0,8 l/100 en el del ciclo urbano. El factor de ocupación del vehículo usado es de 0,30.
(4) Para las estimaciones de los autobuses el factor de ocupación empleado ha sido de 0,55 en el viaje a Sevilla y de 0,59 en el de Barcelona.
(5) Para las estimaciones del tren convencional se ha aplicado el consumo por tonelada kilómetro deducido de las tarifas aplicadas por Adif en 2007 para la facturación del coste de energía de los operadores. Para deducir las emisiones de la electricidad empleada se han utilizado datos del mix de generación de 2006 (emisiones de 337 gramos de CO2/kWh). El factor de ocupación usado ha sido de 0,64.
(6) Para las estimaciones del tren de alta velocidad se han utilizado datos de las series 100 y 103 (Madrid-Sevilla) y de las series 102 y 103 (Madrid-Barcelona). El factor de ocupación usado ha sido de 0,70.


* El País - Blog - 28.12.10
Foto: AVE - elpais

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Palma.- Anticorrupción registra por segunda vez la sede de la Autoritat Portuària

DIARIODEMALLORCA* : Una comisión judicial visitó ayer, por segunda vez en este mes, la sede central de la Autoritat Portuària de Balears (APB), investigada dentro del llamado caso Mar Blau por un presunto trato de favor, cobro de sobornos, estafa y otros delitos relacionados con dos importantes concesiones públicas en los puertos de Maó e Eivissa. La fiscalía anticorrupción y el juzgado de instrucción 8 de Palma coordinaron el registro de ayer, que, policialmente, fue definida como "un fleco" de la operación desatada el pasado 15 del actual. El caso se inició en 2008. Una de las piezas separadas del sumario se encuentra bajo secreto para tratar de garantizar el éxito de las pesquisas. En esa pieza se han producido los registros e interrogatorios efectuados en este mes. Mar Blau ha salpicado a Francesc Triay, actual presidente de la APB, y a su número dos, Ángel Matías, director de la entidad dependiente del Estado central. Otros encausados son: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE y propietario entre 2006 y 2008 del Grupo Marsans; gestores y jefes de empresas del citado holding, como Trapsa Yates, adjudicatarias en la última década de codiciados y lucrativos servicios en los principales puertos de Balears; y Joan Verger, presidente de la ATB en la pasada legislatura y ex presidente del Consell de Mallorca.

Varias comisiones judiciales registraron el día 15 la sede central de la Autoritat Portuària en Palma, situada en el Moll Vell; así como locales de la empresa Trapsa Yates en Mallorca y Maó. También se visitó el domicilio particular de uno de los encartados y ubicado en Santa María. En este registro se habrían localizado algunos documentos importantes.
En las pesquisas están colaborando el Grupo de Delitos Económicos de la Policía, la fiscalía anticorrupción y la Agencia Tributaria. El primer registro en la APB se centró en algunos expedientes concretos y duró más de 12 horas. Aparentemente, los expedientes que fueron revisados concienzudamente durante ese tiempo no contenían irregularidades.
Ayer agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía y una secretaria del juzgado de guardia regresaron al edificio de la APB para cotejar otros datos en los mismos expedientes. El día 15, por falta de tiempo, se dejó precintado el despacho de un alto funcionario integrante de las comisiones técnicas que evaluaron las ofertas de los dos concursos. Esta dependencia fue revisada ayer.
Los investigadores están rastreando también el patrimonio de los principales encartados. Se sospecha que la presunta trama podía haber movido importantes cantidades de dinero negro u opaco a Hacienda.
Ayer la visita duró mucho menos tiempo que el día 15. La comisión judicial abandonó el Moll Vell pasadas las dos de la tarde. En el registro también participó el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que investiga los hechos junto a sus compañeros Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán.
Antes de Navidad prestaron declaración ante los investigadores cerca de diez imputados.
Tanto Triay, como su predecesor en el cargo, Joan Verger, defendieron la limpieza de los concursos para explotar unos valiosos amarres en el Club Marítimo de Maó y en Ibiza Nueva (puerto de Eivissa).



* Diario de Mallorca - 30.12.10
Foto: La comisión judicial abandona la Autoritat Portuària con una caja - diariomallorca

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Quince años de lucha para salvar el Jardín Botánico de Valencia de los negocios hoteleros

ENRIC LLOPIS* : “Tres tristes torres”. Esta consigna resumía hace quince años las primeras movilizaciones para salvar el Jardín Botánico de Valencia de la amenaza representada por los negocios hoteleros. Quince años después, el movimiento cívico y vecinal de Valencia, encabezado por la plataforma “Salvem el Botànic”, continúa en la lucha para recuperar el entorno del jardín como equipamiento público para toda la ciudad. La historia no ha de resultar extraña para cualquier vecino de Valencia. Los proyectos especulativos han proliferado durante los últimos años en la capital del Turia, con la connivencia del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Sólo la oposición frontal de reductos de la sociedad civil organizados en forma de “Salvem”, han impedido un desastre mayor. En el caso del Jardín Botánico, la resistencia viene de lejos. La historia comienza en el año 1995, cuando el Ayuntamiento aprueba una figura urbanística denominada Estudio de Detalle, que prevé tres edificaciones de 20 alturas (para viviendas y hotel) en los terrenos del antiguo patio de entrada al colegio de Jesuitas, junto al Jardín Botánico de Valencia. Ante la amenaza que suponía esta iniciativa municipal, nace la plataforma “Salvem el Botánic” y se organiza una manifestación que congrega a 100.000 personas en el cauce del río Turia. Los objetivos se fijan con contundencia: preservar el entorno del jardín –joya científica reconocida internacionalmente- y conservar el perfil urbano del centro histórico.

Pero el enemigo da pocas facilidades. Antonio Mestre, propietario de un emporio hotelero con negocios en todo el estado español, ha insistido durante muchos años en ejecutar sus derechos de edificabilidad en el solar de la discordia. El hecho de contar ya con un hotel muy cerca del solar de Jesuitas, al otro costado del río, le genera suculentas expectativas.

¿Qué se trata de conservar? El Jardín Botanico de Valencia se funda en 1567 pero el emplazamiento actual data de hace dos siglos. En sus orígenes funcionó como un huerto de plantas curativas y medicinales; actualmente, se ha convertido en un ámbito para el conocimiento de la diversidad vegetal y la conservación de las especies amenazadas. Destaca, de hecho, por la colección de palmeras, cactus y plantas crasas.

El conflicto ha estado atravesado, desde sus inicios, por una historia judicial de sentencias y recursos, en los que “Salvem el Botánic” ha invertido gran parte de sus energías. En 2006 la Generalitat Valenciana declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el jardín botánico y su entorno, lo que supuso una reducción de las plantas inicialmente previstas en el hotel.

Tres años después, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) dio la razón a Antonio Mestre, que había presentado un recurso contra la disminución de las alturas establecida en el BIC. De esta manera el hotelero podía ejecutar su idea: una lujosa edificación de once plantas y 44 metros de altura.

“Esta decisión judicial supuso un palo muy duro”, afirma Pascual Requena, de la coordinadora “Salvem el Botànic”. El caso está, después de un recurso de la organización vecinal, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte finalmente sentencia. Este interminable litigio no ha impedido, sin embargo, la protesta y las movilizaciones en la calle.

Julián de Marcelo, un veterano de las luchas vecinales en Valencia, califica de “milagro” que no se haya construido junto al Botánico, “sobre todo porque otros espacios de la ciudad han sido devastados”. “Se ha conseguido la transferencia de dos tercios de la edificabilidad de Jesuitas a otros solares de la ciudad, lo que implica un rescate parcial pero también que, gracias a la permuta, el hotelero conserve sus ganancias en otras parcelas de Valencia”, explica.

De la misma opinión es Pascual Requena. “Ha sido un éxito colectivo preservar de la construcción el entorno del Botánico en quince años”. Y recuerda algunas pequeñas victorias, como la apertura del Jardín de las Hespérides junto al Botánico o la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Después de años de litigio, ¿En qué punto se encuentra actualmente el conflicto? “Salvem el Botànic” habla de “parálisis”. Continúa en fase de redacción el Plan de Protección del Entorno del Botánico y el nuevo Plan General de Valencia, que se tramita en estos momentos, tampoco introduce ninguna novedad que apunte hacia un rescate definitivo del solar de Jesuitas. Por si fuera poco, se eterniza la sentencia definitiva del Tribunal Supremo.

Entretanto, Antonio Mestre juega a diferentes bandes, sin ningún escrúpulo. Negocia con el Ayuntamiento de Valencia, después de muchos años de negarse al diálogo, una solución definitiva y pactada que le beneficie, al tiempo que ha pedido una compensación de 40 millones de euros a la Generalitat en concepto de “lucro cesante”.

Lo que parece innegable en esta coyuntura es la buena predisposición de los movimientos sociales. El urbanista y miembro de “Salvem el Botànic”, Carles Dolç, señala uno de los rasgos que caracterizan a los colectivos vecinales de la ciudad de Valencia: “Hacemos siempre propuestas en positivo; hace doce años que el Ayuntamiento conoce nueve iniciativas alternativas a la edificación del Botánico, impulsadas desde la sociedad civil”.

La última, resulta beneficiosa para el conjunto de la ciudad e, incluso, para el hotelero. Consiste en pasar la edificabilidad del solar de Jesuitas a la otra parte del río, donde se halla un edificio de El Corte Inglés, el centro comercial Nuevo Centro y un hotel de Expogrupo, cuyo titular es Antonio Mestre. Un lugar inmejorable para que el empresario continúe lucrándose.

Dolç señala que lo fundamental de estas propuestas es que no planteen “problemas sociales, humanos o territoriales en otros lugares de la ciudad y que, en ningún caso, supongan un gasto para las arcas públicas”. Numerosos abogados, arquitectos y estudiantes, entre otros colectivos, se han implicado en la elaboración técnica de los proyectos.

Antonio Mestre, un visionario en busca del “Happy Making”

La página web de Expo Hoteles & Resorts, cadena hotelera propiedad de Antonio Mestre, califica al gran patrón como el “hombre visionario” que, después de un viaje a Las Vegas, recreó esta ciudad en el sur de Tenerife. “Fue uno de los primeros en edificar hoteles de lujo en la isla y el único auditorio privado con capacidad para 1.876 personas de toda Europa”, se vanagloria.

Después de la construcción de su primer hotel en Barcelona, en el año 1976, con un modelo que imitaría más tarde en Expo Hotel Valencia, Antonio Mestre ha edificado un emporio. Sus tres hoteles de Barcelona concentran 1.200 habitaciones en la ciudad. En el conjunto del estado español, Expo Hoteles & Resorts gestiona 8 hoteles con 2.800 habitaciones, y para la empresa trabajan 1.700 personas.

La compañía se define como “flexible, creativa, dinámica y versátil”, unos epítetos que no casan demasiado bien con la obstinada negativa del propietario a que la ciudad de Valencia pueda disfrutar del entorno del Botánico. De hecho, durante muchos años Mestre se ha opuesto taxativamente a cualquier tipo de negociación. Cuentan incluso que el hotelero amenazó con desheredar a sus hijos si accedían a dialogar con el Ayuntamiento.

Expo Hoteles & Resorts, según afirma, ha iniciado un “cambio de cultura corporativa”, “centrada en las personas”. Es lo que llaman el “happy making”. Esta idea remite a la “creación de experiencias” a partir de una serie de rasgos que caracterizan a la empresa: estima, jovialidad, buen gusto y cultura del destino. Todo con la intención de brindar a los huéspedes “momentos que los hagan felices”.



Fuente: http://www.laccent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1445:quinze-anys-de-lluita-per-salvar-el-botanic-de-valencia&catid=51:societat&Itemid=88


* Rebelión - 28.12.10


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Tarragona.- Los jueces ordenan derruir un complejo de lujo valorado en 50 millones

ELPAÍS* : La falta de la licencia de obras en la construcción del ambicioso complejo para yates de lujo del puerto de Tarragona ha condenado a la demolición el flamante centro que el Ayuntamiento consideró clave para impulsar la zona portuaria. Los edificios tienen un valor de mercado de 50 millones de euros. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exige el derribo del complejo porque este se construyó sin la licencia municipal, señala un fallo firme emitido el pasado noviembre y notificado esta semana después de un vía crucis judicial que arrancó en 2005 con el centro Marina Tarraco todavía en construcción. Tras años de recursos y apelaciones, los jueces ordenan al Ayuntamiento que inicie los trámites para derribar el recinto en los próximos tres meses. El Consistorio achaca el error a la Autoridad Portuaria de Tarragona y pide que esta asuma los gastos de demolición y las correspondientes indemnizaciones.

La Autoridad Portuaria y los gestores de Marina Tarraco han declinado por ahora hacer declaraciones al respecto.

La sentencia afecta a seis edificios acristalados de baja altura y con una superficie conjunta de 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, establecimientos comerciales, restaurantes y una oficina bancaria, entre otros. Es una zona concebida como espacio exclusivo para atraer al centenar de yates de lujo que pueden atracar en las dársenas contiguas al complejo. Los edificios fueron inaugurados en 2006 tras una inversión privada superior a los 30 millones de euros y cuya concesión pretendía adquirir ahora una sociedad de Qatar que ya había firmado un precontrato por unos 50 millones.

El Consistorio y la Autoridad Portuaria de Tarragona, que llevaban meses manifestando públicamente su confianza en que el TSJC evitaría el derribo, anunciaron ayer que aún aspiran a salvar el complejo pese a que el fallo apenas deja margen para esa vía. "Intentaremos conservar Marina Tarraco. Tomaremos decisiones en los próximos días", señaló el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El fallo exige al Ayuntamiento que "en cinco días hábiles" designe a un funcionario responsable de ejecutar la sentencia y establece un margen de tres meses para iniciar los trámites para el derribo. Si se incumplen los plazos, el propio Ballesteros podría quedar imputado en la causa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El proceso judicial lo inició un constructor al que se le adeudaba parte de las obras realizadas en el complejo, Roberto Pérez. Como medida de protesta, denunció al Ayuntamiento y a la empresa responsable de los trabajos, International Marina Tarragona, por carecer de los permisos municipales para acometer la obra. Meses después, el centro se inauguró con una fiesta de gala a la que asistió alguna celebridad, el entonces alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josep Anton Burgasé. Un año más tarde, en 2007, un juzgado contencioso-administrativo dio la razón a Pérez, con lo que inició la cascada de apelaciones por parte de la empresa afectada y del Ayuntamiento, que el año pasado incluso modificó los usos portuarios de los muelles en los que se halla el complejo para legalizar el centro. Tras otras dos sentencias favorables al denunciante, este recurrió de nuevo para exigir que el centro construido de forma ilegal fuera derribado.

"Es una herencia maldita del pasado", lamentó Ballesteros sobre el caso Marina Tarraco. "Es evidente que nosotros no tomamos esas decisiones", dijo en una crítica velada al ex alcalde Nadal y al director del puerto de Tarragona entre 1996 y 2004, Lluís Badia, quien luego fue senador por Tarragona por CiU.



* El País - 29.12.10
Foto: Dos de los edificios que el TSJC exige derribar en el puerto de Tarragona.- elpais

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Los ecobarrios, el reto del urbanismo sostenible

YAENCONTRÉ* : El desarrollo de los ecobarrios es uno de los pilares del gran reto que supone la implantación del urbanismo sostenible. Felipe Pich-Aguilera, arquitecto y presidente del Green Building Council Spain explicaba el concepto a la perfección en una entrevista reciente: "supone cambiar de raíz nuestro planeamiento y empezar a hablar de huella ecológica de nuestras ciudades, de metabolismo urbano, de mezcla de usos… conceptos que no significan más que generar en el barrio la energía que se consume, reciclar y no exportar nuestros propios residuos, reconsiderar el uso racional del agua potable...". Efectivamente la mayoría de expertos coinciden en la necesidad ineludible de cambiar nuestro modelo de ciudad con la mejora tanto de la habitabilidad del espacio público como la del tejido residencial. En este camino hacia un modelo de ciudad más sostenible y amable con el medio ambiente, nuestras viviendas y nuestros barrios necesitan ponerse al día no sólo desde el punto de vista estrictamente ecológico, sino también desde la óptica social y económica.

En España se encuentran algunos ejemplos de ecobarrios, con proyectos de edificación de viviendas bioclimáticas y zonas verdes en las colonias de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles (Vallecas, Madrid), en el barrio sevillano de Santa Bárbara, en Bernuy de Porreros (Segovia) o en Motril (Granada), por citar algunos ejemplos.

Sin ir más lejos, la semana pasada en la sede de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) se presentaba el proyecto del primer ecobarrio de Catalunya que se desarrollará en el sector Levante del municipio de Figueres, en Girona. La experiencia destaca por ser la primera vez que un barrio estará pensado íntegramente desde la perspectiva de la sostenibilidad, desde el planeamiento hasta la construcción de los edificios.

Un largo camino por recorrer

El proyecto de Figueras, casi futurista en nuestro país pero con sólidos referentes en distintas iniciativas europeas, plantea un barrio al que se accederá por calles periféricas, sin coches, con aparcamientos agrupados en edificios concretos y sin plantas de aparcamiento subterráneo, con calles con carril bici y para peatones, con edificios con instalaciones de suministro energético centralizadadas y el uso de sistemas energéticos eficientes como la cogeneración o la biomasa.

Un barrio donde la recogida de basuras será mediante un sistema puerta a puerta, con horario y puntos de recogida estratégicos y donde la edificación tendrá en cuenta la orientación de las viviendas para permitir la ventilación cruzada y el máximo aprovechamiento de la luz solar. Un barrio, en definitiva, pensado por y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y que respete al máximo el medio ambiente.

Todas estas experiencias nos llevan a pensar que, aunque muy despacio, vamos por buen camino. Nos queda, sin embargo, mucho por andar si nos comparamos con iniciativas de ecobarrios que llevan años desarrollándose en el mundo. De todos ellos, destacan especialmente los llevados a cabo en la ciudad de Freiburg, al suroeste de Alemania, donde apostaron por este modelo urbano con la creación de los dos primeros ecobarrios del mundo: Vauban y Riesefeld. Detrás de ellos han venido muchas otras iniciativas en ciudades como Londres, Estocolmo y en países como Japón o EE. UU.



* Yaencontré - 7.10.10
Foto: Ecobarrio en la ciudad de Freiburg (Alemania) - wikimedia

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Borriana.- Vaersa solivianta al sector privado al optar a concursos urbanísticos

LEVANTE/Castelló* : La empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de Residuos SA), que depende de la Conselleria de Medio Ambiente, ha soliviantado a las empresas consultoras y despachos de arquitectos al optar a concursos urbanísticos públicos como si fuera una empresa privada. Así ha sucedido en Borriana, donde Vaersa compite con otras catorce empresas privadas para redactar el documento de evaluación ambiental estratégica del plan general que va a revisar este ayuntamiento de la Plana Baixa. Ayer se abrieron las plicas técnicas (las económicas se conocerán a principios de enero) y se pudo saber que la oferta de Vaersa fue la primera en presentarse de todas las propuestas que han llegado hasta el Ayuntamiento de Borriana. El municipio de la Plana Baixa tiene el plan general en vigor desde 1995 pero quiere revisarlo para incorporar desarrollos como Santa Bárbara Golf o Pedrera Port, las dos apuestas urbanísticas del equipo de gobierno del PP.

La entrada de Vaersa en el concurso de Borriana ha caído como un jarro de agua fría en el sector de la consultoría urbanística, muy castigado por la crisis. Consideran "injusta y desleal" la participación de la empresa pública en el concurso urbanístico porque será juez y parte. Vaersa está presidida por el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Juan Cotino, que es, finalmente, quien ha de dar el último visto bueno a cualquier documento urbanístico de calado, como es el caso de la tramitación de un plan general.

Conflicto y destrucción de empleo

El Colegio de Ingenieros de Caminos de la C. Valenciana ya alertó en sus alegaciones al decreto ley de medidas urgentes urbanísticas, aprobado en mayo, que el nuevo régimen jurídico de Vaersa "es inadecuado ya que su ámbito de actuación entra en conflicto con el trabajo de los profesionales y las empresas de consultoría, lo que generará destrucción de empleo".
Fuentes de la Conselleria de Urbanismo defendieron que Vaersa pueda presentarse a este tipo de concursos "porque no es parte interesada". No opinan lo mismo el Síndic de Comptes y el de Greuges, Intersindical Valenciana y CGT, quienes han coincidido en denunciar que los trabajadores de Vaersa acaban realizando trabajos para la conselleria "que corresponde realizar a funcionarios público".



* Levante - 29.12.10
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es


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Palma.- Massot no será condenado a más pena de cárcel por una doctrina del Supremo

DIARIODEMALLORCA* : Jaume Massot, el exdirector general de Ordenación del Territorio en el anterior Govern del PP, y uno de los principales encartados en el sumario por presunta corrupción urbanística del caso Andratx, ya no podrá ser condenado a ninguna pena más de prisión, a pesar de su imputación en varias piezas separadas pendientes de enjuiciamiento, y en aplicación de una doctrina del Tribunal Supremo. La fiscalía anticorrupción ha estimado las tesis de Fernando Mateas, abogado del ex alto cargo del Govern de Jaume Matas, respecto a la limitación de las condenas para su representado, que ascienden a 9 años de prisión. Mateas alegó la existencia de varias sentencias del Tribunal Supremo en casos de sumarios divididos en piezas separadas, pero donde los delitos atribuidos a los condenados eran continuados en el tiempo. La fiscalía anticorrupción ha estimado las tesis del penalista y ha aceptado no solicitar más pena de cárcel para el exalto cargo de Matas.

Jaume Massot, en la mayoría de las piezas separadas del caso Andratx donde ha sido condenado, y en las que están pendientes de juicio, o en fase de instrucción, ha sido investigado por prevaricación administrativa en expedientes urbanísticos.
Massot, que ayer cumplió un año desde su ingreso en prisión por esta causa, fue hasta 2003 el jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx. Gracias a ese cargo se convirtió en el factótum del urbanismo de Andratx, que experimentó en unos años un enorme crecimiento en sus áreas litorales y en las zonas de la Serra de la Tramontana.
De Andratx, Massot dio el salto, en el verano del 2003, al núcleo central del Urbanismo balear: la dirección general de Ordenación del Territorio en el Govern de Matas. El también aparejador de profesión, básicamente, se halla en prisión por emitir informes, certificados o conceder licencias para edificar en fincas calificadas de zonas protegidas por su riqueza medioambiental o paisajística. De esta forma, el delito más imputado a Massot ha sido, y será, el de prevaricación administrativa en expedientes urbanísticos.
Mateas argumentó que la doctrina del Supremo en este tipo de asuntos no permite la acumulación de condenas por cada actuación administrativa prevaricadora, sino que, y a pesar de la multiplicidad de supuestos, establece el tope del triple de la condena mayor. No obstante, Massot, que no se ha declarado culpable de nada, acumula una condena de 9 años de cárcel.
El exalto cargo ahora piensa en lograr el tercer grado.



* Diario de Mallorca - 29.12.10
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es

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Marbella.- El Ayuntamiento regulariza una de las promociones más polémicas de la 'era GIL'

SUR* : De cero a 400 en cinco semanas. Ésta es la velocidad que ha alcanzado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella en cuanto a la regularización de viviendas ilegales. Desde que arrancó la aprobación de expedientes de normalización, a finales del pasado noviembre, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la legalización de cuatro promociones inmobiliarias, levantadas en su día de forma irregular, mediante el sistema de compensaciones que establece el nuevo planeamiento. La Junta de Gobierno Local acordó ayer la última de ellas, que se corresponde con los 81 inmuebles del complejo residencial Jardines del Príncipe y que se suman a las 316 casas regularizadas hasta el momento por el Consistorio. No se trata, sin embargo, de un expediente más. Sobre la promoción que cierra los procesos de normalización de 2010 recae el dudoso honor de ser una de las edificaciones más polémicas de la 'era GIL', especialmente por las ampollas levantadas entre los vecinos afectados por su construcción, que siguen reclamando ante los tribunales que se ejecute la sentencia dictada por el Tribunal Sup. de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2005 que anulaba la licencia de obras y obligaba a la restitución de la legalidad.

El proceso de normalización de Jardines del Príncipe establece que la empresa promotora, Coepro Marbella SA, cede al Ayuntamiento una parcela de 2.221 metros cuadrados cercana al complejo residencial, así como siete viviendas en el propio edificio cuya superficie conjunta alcanza los 1.000 metros cuadrados. Ambos espacios estarán destinados a equipamiento público, según explicó el delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro.
Cargas económicas
Las cargas a las que ha tenido que hacer frente la empresa para legalizar la promoción, según señaló el concejal, contemplan además el pago de unos 2 millones de euros en metálico correspondientes a tres partidas: 1.541.000 euros en concepto del 10 por ciento del incremento de aprovechamiento urbanístico, 90.600 euros para ejecutar las obras de urbanización pendientes en los viales perimetrales del complejo residencial y 370.000 euros para garantizar la adecuación de los siete inmuebles cedidos como equipamiento.
El Ayuntamiento estudiará ahora los posibles usos de los suelos cedidos por la promotora, tanto en lo que respecta a las viviendas de la promoción inmobiliaria como a la parcela, que no permanece diáfana sino que incluye también una edificación. Los terrenos, junto con la villa levantada en sus lindes, han sido valorados a efectos tributarios en más de 2,4 millones de euros, según apuntó el concejal de Urbanismo.
Sobre la resolución judicial que decretaba la anulación de la licencia de obras, el edil explicó que, al igual que en el resto de los casos, el Consistorio marbellí remitirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga un incidente de ejecución de sentencia en el que se recoge, entre otras cuestiones, un «informe pormenorizado» sobre la situación de los 81 inmuebles tras su normalización al amparo del nuevo PGOU. «Hay que explicarle a la Sala el nuevo escenario que hay que manejar con respecto a esta promoción», apuntó el delegado municipal.

900 sentencias

El nuevo Plan, que entró en vigor la pasada primavera, fija sobre el papel las pautas para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en el municipio durante la 'era GIL'. Los tribunales han anulado las licencias de construcción de casi todas ellas, según apuntó Moro. «Hay que tener en cuenta que tenemos sobre la mesa 900 sentencias», destacó el concejal, que indicó que en algunas de ellas se establece de manera específica la demolición de los inmuebles.
El edil recordó que el nuevo ordenamiento, aprobado por la Junta de Andalucía, plantea un sistema de compensaciones para normalizar las edificaciones irregulares sin que la ciudad pierda los suelos para equipamiento y zonas verdes y sin castigar a los compradores de buena fe. El modelo choca de lleno con las resoluciones judiciales. Según explicó Moro, el Ayuntamiento está «a la espera de que la Sala se pronuncie, pero somos optimistas y confiamos en que al final impere el sentido común. El PGOU también es ley», añadió.




* Sur - 29.12.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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Incultos y sin vergüenza

EDUARDO MANGADA* : Aprovechando la tramitación de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre formula unas modificaciones de la Ley del Suelo aprobada por su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón. Modificaciones, todas ellas perversas y retrógradas, que vienen a anular algunos de los principios políticos y culturales de nuestro marco urbanístico, conquistados en una larga batalla desde Franco hasta nuestros días. Destaquemos aquí, en aras de la brevedad de un artículo periodístico, la más dañina para los intereses públicos. En el art.12 de la citada ley de acompañamiento, titulada pomposamente Ley de Medidas Fiscales Administrativas y de Racionalización del Sector Público, se dice: "Los suelos integrantes de las redes supramunicipales cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales", en lugar de la condición de bienes demaniales que les otorga la vigente Ley del Suelo de 2001. Bajo este cambio de "condición", lo que se está habilitando es que los suelos cedidos por Ayuntamientos y/o privados para instalaciones de interés público (redes de equipamientos y servicios) puedan considerarse como meros suelos edificables, sin uso determinado, permitiendo con ello su venta al mejor postor como mecanismo para nutrir las arcas de la CAM o favorecer determinadas, aunque inconfesables operaciones inmobiliarias al servicio de los intereses próximos al PP. Modificación que viene a explicitar como entiende el Gobierno de Esperanza Aguirre la "racionalización del sector público": pura y dura privatización.

Pero si es grave la modificación antes señalada, más grave es la propuesta sobre este mismo tema formulada en la enmienda de adición (nueva disposición transitoria) presentada por el propio Grupo Popular en la que se dice, llana y descaradamente, que en el desarrollo de los instrumentos de planeamiento, de nueva formación o en tramitación, "no será necesaria la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales" es decir, se legaliza la desaparición de unas necesarias y legítimas reservas de suelo para instalaciones de interés público, entregando todo el poder y el lucro del desarrollo urbano a los operadores privados.

Pero merece la pena descubrir cuáles han podido ser las razones técnico-ideológicas que han inspirado estas perversas modificaciones a la vigente Ley del Suelo de la CAM.

En la exposición de motivos, se pretende justificar las referidas propuestas de modificación con la finalidad de "agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos". Justificación insustancial ya que el simple cambio de "condición" de unos suelos no elimina ningún obstáculo relevante en dicha tramitación. Unas líneas más adelante se concreta el meollo de esta apetecida agilización, afirmando: "Se introducen medidas que tienen por objeto facilitar la implantación de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la Comunidad de Madrid para alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de dichos suelos, flexibilizando el procedimiento para la modificación de los usos asignados a los mismos y limitando el carácter demanial de los bienes sobre los que se asientan los supuestos expresamente previstos en la ley". Un bla, bla, bla, farragoso, ambiguo y mal redactado.

Cuando la derecha utiliza los mantra, "agilizar" y "flexibilizar" para conquistar una mayor "eficiencia" está anunciando un serio y prolongado programa de privatizaciones.

Para mayor claridad y contundencia interviene la señora consejera para anunciar (o amenazar), con fervoroso convencimiento de defensora del bien público lo siguiente: "Vamos a eliminar las cesiones de redes supramunicipales (léanse, carreteras, parques, hospitales, viviendas públicas, etcétera), el impuesto del 20% que poníamos al suelo y que había provocado la subida de las viviendas (¡suspenso en primero de economía!), que es el producto final del suelo, porque venimos diciendo hace mucho tiempo que vamos a eliminar cargas al suelo, y nosotros no vamos a perjudicar a los Ayuntamientos, es que desaparezca ese impuesto revolucionario que nosotros habíamos impuesto a los promotores y al suelo". Cita literal del Diario de sesiones sin introducir corrección gramatical alguna.

Este transparente discurso sí merece la titulación que encabeza estas líneas: inculto y sin vergüenza, además de grosero intelectualmente y demagógico.

Un mínimo de cultura urbanística, de política urbanística, debería enseñar a la señora consejera que más allá de las explotaciones en suelo rústico, el aprovechamiento urbanístico del suelo nace y se acota en las leyes e instrumentos de planeamiento, como una concesión de los poderes públicos, únicos titulares de los aprovechamientos generados por el desarrollo urbano. A los propietarios y promotores se les otorga un máximo aprovechamiento que pueden patrimonializar, nunca al 100%, ya que el 10% o el 15% de dichos aprovechamientos pertenece a las Administraciones públicas, amén de las cesiones de suelo para redes de servicios públicos que deben formalizarse como obligaciones previas a la apropiación privada de los aprovechamientos que se establezcan en los distintos instrumentos urbanísticos. No cabe hablar de cesiones de los propietarios como una sustracción de derechos que nacieran de la titularidad del suelo (Romay Becaría porfiaba por romper la aporía entre el derecho de propiedad y el ius edificandi), y mucho menos usar esa denominación grosera de "impuesto revolucionario". Lo siento, pero se ha ganado sobradamente el calificativo de inculto.

Modificación sustancial toda ella, que afecta a la cultura urbanística que se ha ido afirmando y depurando a lo largo de muchos años, y que se va a imponer por la simple prepotencia de una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, siguiendo un procedimiento que ha hurtado la posibilidad de un debate en profundidad, unas enmiendas articuladas y una participación democrática. En resumen: sin vergüenza.

Una pequeña duda me asalta al releer estas líneas: ¿cuántos Ayuntamientos, propietarios o promotores inmobiliarios se rebelarán cuando sean conscientes de que los suelos que cedieron gratuitamente para fines y usos de interés público se transforman en pura mercancía inmobiliaria en manos de doña Esperanza Aguirre? Sin duda estarían legitimados para pedir la reversión de dichos suelos una vez prostituida la finalidad que justificó su cesión gratuita. Yo lo haría.

* Eduardo Mangada es arquitecto.



* El País - Opinión - 26.12.10


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El juez del 'caso Gürtel' investiga adjudicaciones del Gobierno de Aznar

ELPAÍS* : La investigación del caso Gürtel , la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda ; al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Logroño , Zaragoza y Ador (Valencia) y la Junta de Castilla y León. El juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban como Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente.

La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.

El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.

Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.

Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%.

Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.

Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".

La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.



* El País - 29.12.10
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais

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La clase media retrocede a niveles de los 60, estrangulada por la crisis

LAVOZ* : Aunque la sangría se arrastra desde la década de los setenta, la crisis está acabando de ahogar a la clase media. Y es que, según los últimos datos disponibles, recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y la consultora Ernst&Young, solo un 42,9% de los españoles pueden considerarse clase media, frente al 56% que se encuadraban dentro de esa definición en el año 1975, que marcó el inicio de la transición a la democracia. Son cuatro décadas en las que la sociedad española ha ido polarizándose hasta llegar a la situación actual, cuando más de la mitad de los ciudadanos son de clase baja (30,4%) o, sencillamente, pobres (20%), rozando ya los datos de la década de los sesenta, «cuando empezaba a despegar el desarrollo», según apuntaba ayer el presidente del Banco Pastor, José María Arias, que remarcó también, durante la inauguración de la jornada sobre El declive de la clase media y la sociedad low cost organizada por la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié, que «las perspectivas no son halagüeñas».

Estado del bienestar

En esa jornada tomaron parte también la escritora y empresaria Espido Freire, y el consultor Ángel Bonet, que hizo hincapié en la importancia de la clase media como pegamento social y garante del Estado del bienestar. «¿Quién va a pagar nuestras pensiones y sostener este modelo, que está basado precisamente en la clase media?», se preguntaba para apuntar, a renglón seguido, otro dato preocupante: hasta el 80% de los hogares han visto mermados su poder adquisitivo, según los datos del Banco de España.

Bonet subrayó que, junto a la bipolarización de la sociedad, «que está engordando el grupo de los más ricos y otro con dificultades económicas», el otro factor que ha contribuido a limar la clase media es la crisis, que ha dinamitado el paradigma del consumo. Así, en los últimos tres años, a la expansión del fenómeno del low cost habría que sumarle lo que denominó lowxury o, traducido, lujo a precios bajos. Y, es que, según explicó Ángel Bonet, «no queremos prescindir del lujo que hemos tocado con la punta de los dedos, pero a precios razonables».

Seis de cada diez, mileuristas

Pero ¿qué se considera clase media? Según la definición más extendida, a aquellos ciudadanos que cobran entre 20.000 y 60.000 euros, un tope cada vez más alejado por el auge del mileurismo.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el 65% de los contribuyentes que presentaron su renta el año pasado declararon menos de 21.000 euros anuales por rendimientos del trabajo. Y, en el conjunto de la sociedad (presenten la declaración del IRPF o no, por no sobrepasar el mínimo exento) se estima que los mileuristas suponen el 59% de los trabajadores en activo.




* La Voz de Galicia - 28.12.10
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com

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El Guadalquivir enseña las escrituras

SUR* : Las inundaciones consecuencia de las intensas lluvias en Andalucía han aguado las fiestas navideñas a cientos de familias con sus casas anegadas y enfangadas. Algunas de ellas no han podido volver a sus hogares todavía. Han sido las riadas en poblaciones y zonas ribereñas del Guadalquivir de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, ya inundadas en febrero y que han actualizado las críticas sobre el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos de 2002. Este incluye un mapa de riesgos y actuaciones en los puntos más conflictivos, entre ellos Écija, con cuatro inundaciones en un mes. Las avenidas y riadas han sacado a flote polémicas como la construcción de viviendas ilegales en zonas inundables, los criterios para el desembalse de los pantanos o las obras que no se han hecho en los puntos de riesgo. Tres casos, Écija yLora del Río, en Sevilla, y la zona del aeropuerto de Córdoba, sirven a continuación de ejemplo.

Desembalses Lora del Río
Las inundaciones se han producido en el tronco del Guadalquivir, donde las precipitaciones de los últimos días han caído con más intensidad, hasta recogerse 300 litros en un mes, según informó a este periódico Juan Paniagua, director gerente de la Agencia Andaluza del Agua. La intensidad en poco tiempo ha sido espectacular en algunas zonas, donde se ha pasado de cuarenta y tantos a 1.130 metros cúbicos por segundo. Los 74 embalses andaluces se encontraban el pasado jueves (último de intensas lluvias hasta hoy) al 86,23% de su capacidad, con 10.280 hectómetros cúbicos, «un acopio histórico», según califica el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Casi la mitad de los pantanos se hallan en la cuenca del Guadalquivir, algunos al cien por cien de capacidad. El desembalse de estos (en torno a 50 fueron aliviados) ha originado protestas de alcaldes, agricultores y vecinos, ya que ha provocado que el cauce se desborde y, como dicen los antiguos, enseñe sus escrituras, es decir sus dominios.
La situación ha sido crítica en poblaciones asentadas donde el cauce del río Guadalquivir es más estrecho, como Lora del Río y Tocina, donde la crecida anegó más dos centenares de casas en dos avenidas en diciembre y otra en febrero. Los alcaldes de estas poblaciones han reclamado a la Junta que los desembalses se planifiquen antes de que llegue la tromba de agua.
Tanto Díaz Trillo como Juan Paniagua han defendido la política de desembalses, que gestiona dos centenares de profesionales. «Siempre se hacen por criterios técnicos y para garantizar la seguridad de las personas y de las presas», reitera Paniagua. Más de doscientas personas, entre ellas 60 técnicos, vigilan los pantanos vía satélite para decidir cómo y cuándo desembalsar.

Obras pendientes Écija
El plan de prevención de avenidas estaba dotado con 1.250 millones de euros para realizar obras en aquellos puntos de riesgo con fecha tope de 2015. En Lora esperan desde hace años la construcción de un muro de contención. Lo mismo que en Écija, donde el arroyo Argamasilla ha provocado hasta cuatro inundaciones de calles y hogares, era una obra prometida desde febrero.
El plan de prevención dispuso que la administración hidráulica aportara hasta 2015 un total de 351,6 millones de euros. Paniagua recuerda que se han gastado 342, el 97% de lo «que teníamos que acometer». En Écija, la obra para evitar que el arroyo Argamasilla anegue el casco histórico está presupuestada en 30 millones y estaba previsto iniciarse en noviembre.

Ilegales Córdoba
El asunto que más polvareda mediática ha despertado es el de las construcciones en zonas inundables. Especialmente polémica ha sido descubrir que el aeropuerto de Córdoba y su ampliación puede estar construido en zona inundable, como se demostró tanto en febrero como en diciembre. La Ley del Suelo de 2007 advierte claramente de que los planeamientos urbanos deben incluir un mapa de riesgos naturales, como recordó Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos de España.
La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ha explicado que los planes urbanísticos anteriores a esta ley y a la andaluza LOUA no incumplen la normativa. Cruz señaló a los ayuntamientos como «responsables» tanto del cumplimiento de esta norma como de vigilar por las construcciones ilegales en zonas proclives a riadas. Junto al aeropuerto cordobés de Aena hay varias urbanizaciones que han sido inundadas, varias de ellas ilegales. Josefina Cruz critica en este sentido al PP, que antes de las inundaciones abogaba por estudiar la posible legalización de urbanizaciones fuera del planeamiento. «Es una irresponsabilidad». Entonces, qué hacer, ¿ordenar su demolición? En este sentido, Cruz, bastante beligerante con las edificaciones ilegales, fue prudente: «Habrá que ver cada municipio y cada caso», respondió a este periódico.
¿Y qué hacer con las urbanizaciones que sí son legales y se inundan? La Junta tiene previsto protegerlas con infraestructuras. El arquitecto y presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos, Luis Cano, ha abogado por «expropiar y recalificar suelos urbanizados con riesgo de inundación si no es viable ni posible su protección o si esta es muy costosa», según declaró a Europa Press. Una teoría en parte defendida por los geólogos.
Por lo pronto, el Ejecutivo andaluz, Gobierno y ayuntamientos han creado una mesa de trabajo que trabajará a escala provincial para analizar los problemas de cada punto conflictivo y estrategias para su solución, sean urbanísticas o de construcción de infraestructuras.



* Sur - 26.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones aeropuerto - elpais

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Ferrol.- Una cuestión de forma entierra la batalla ambiental contra Reganosa

ELPAÍS/A Coruña* : El Tribunal Supremo respalda la tramitación ambiental de Reganosa y da por buena la Declaración de Efectos Ambientales (DEA) de la Xunta de Fraga, que en 2001, informó favorablemente a la construcción de una planta de gas en el interior de la ría de Ferrol. La sentencia, fechada el 26 de noviembre y notificada estos días a las partes, estima el recurso de casación de la Xunta y Reganosa, y declara inadmisible el recurso de los vecinos de la parroquia mugardesa de Mehá, por una cuestión de forma, aunque no entra a juzgar la validez de los permisos ambientales. Hace nueve años, los opositores a la planta, agrupados en el Comité Cidadán de Emerxencia, cuestionaron la validez de la declaración ambiental (DEA) de la Xunta y reclamaron un pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con una tramitación más exigente. Presentaron un recurso de alzada contra el informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que la Consellería de Medio Ambiente rechazó en marzo de 2002. Entonces, acudieron al juzgado.

Cuatro años después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón a los vecinos, y anuló la decisión de la Xunta de inadmitir su recurso. Sin embargo, el último fallo del Supremo revoca la sentencia dictada por el alto tribunal gallego en 2006, que ahora queda "anulada y sin efecto", y zanja la polémica sobre la tramitación ambiental de la planta, validando la declaración ambiental (DEA) de la Xunta para Reganosa.

Los magistrados de la Sala Tercera del Supremo no entran a valorar si los trámites fueron los correctos, y se remiten a una sentencia anterior de 2008. Señalan que el recurso vecinal era inadmisible "porque estaba dirigido a un acto de trámite -la Declaración de Efectos Ambientales- no susceptible de recurso". Uno de los magistrados hizo valer su voto particular para mostrar su desacuerdo con el fallo, como ya hizo dos años atrás.

La compañía sostiene que esta sentencia confirma la "plena legalidad de los trámites y permisos" ambientales de la regasificadora gallega, y cierra "todas las impugnaciones abiertas". "Todos los procedimientos judiciales con sentencia firme indican que la tramitación administrativa realizada es correcta", destacó Reganosa en un comunicado. La empresa recalca que la validez de la declaración ambiental ya ha sido confirmada por dos sentencias firmes del Supremo -en 2008 y 2010-, y surte, por tanto, "plenos efectos".

Para el Comité Cidadán de Emerxencia, este último fallo no es más que la respuesta a un recurso "que no entra a valorar el fondo del asunto" y que "evita pronunciarse sobre lo fundamental". Bloqueado el frente judicial contra la tramitación ambiental de la planta, la plataforma recuerda que el Supremo tiene todavía que pronunciarse sobre la modificación urbanística que permitió la construcción de la terminal. Una sentencia del TSXG anuló el cambio, pero Reganosa y la Xunta recurrieron el fallo. Calculan que el fallo tardará otros dos años en pronunciarse.



* El País - 28.12.10
Foto: Ferrol, mural Reganosa - K.Delgado - elcorreogallego.es

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El ex alcalde de Xàbia vende pisos de una firma que ganó una contrata municipal

LEVANTE/Alicante* : El ex alcalde de Xàbia y actual concejal de Turismo y Servicios Sociales, Juan Moragues, del PP, reconoció en el pleno del jueves que la empresa promotora e inmobiliaria que dirige vende los apartamentos de la urbanización Residencial Mármara, que ha promovido Ecisa en la playa de l'Arenal. Ecisa es también la mercantil que construyó y ha explotado durante apenas tres años los aparcamientos subterráneos del centro histórico. Esos garajes han resultado un negocio ruinoso. Pero la concesionaria tampoco se ha esforzado mucho en hacerlos funcionar, ya que una dudosa cláusula del contrato le garantizaba indemnizaciones si los aparcamientos no eran rentables. Además, ahora el gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) todavía se lo ha puesto más fácil. En ese pleno del jueves, dio luz verde al rescate por 13,2 millones de los dos parkings. La empresa ha aceptado el dinero sin rechistar.

El actual alcalde, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes, aseguró que con el rescate la mercantil desistirá de las demandas por responsabilidad patrimonial que tiene presentadas contra el ayuntamiento. Monfort reveló que la constructora exige tres millones de euros.
Ecisa fue la única empresa que se presentó al concurso para construir los aparcamientos y reurbanizar las rondas del centro histórico. El consistorio le abonó por esas obras 18 millones de euros. El rescate libera ahora a la mercantil de un negocio deficitario. Uno de los aparcamientos, el del Portal del Clot, tiene 425 plazas, pero sólo ocho abonados y una rotación de 1,5 vehículos al día. Una ruina.
El actual concejal de Turismo, Juan Moragues, que era alcalde cuando se convocó el concurso de los aparcamientos (el contrato ya lo firmó Monfort), no ocultó en el pleno que su empresa inmobiliaria comercializa los pisos de Residencial Mármara. Explicó que esa promoción tiene entre sus socios a una empresa de Alicante que él pensaba que era Ecisa. En la página web de la empresa Moragues Pons, S. L., se especifica claramente que esa urbanización de la playa de l'Arenal la ha promovido Ecisa.
Fue un vecino el que preguntó en el pleno sobre esa vinculación empresarial del ex alcalde y la concesionaria de los aparcamientos subterráneos. El mismo vecino dejó claro que no tenía ninguna duda de que Moragues actuaba amparado por la ley.
En el pleno, el gobierno local aprobó todo el entramado financiero que hace posible el rescate. Además de la compra por 13,2 millones de los dos aparcamientos, dio luz verde a concertar un préstamo de 12 millones con tres entidades bancarias y recalificar nueve parcelas del sector del Rafalet con cuya subasta se esperan obtener los 1,2 millones para completar la operación. Otro acuerdo fue el de abaratar las tarifas. La hora de aparcamiento valdrá 60 céntimos frente al 1,20 ? que se pagaba hasta ahora.
La viabilidad de los parkings sigue, sin embargo, planteando muchas dudas. El portavoz del PSPV, José Chulvi, ya advirtió en el pleno de que no se ha realizado un estudio de mercado y que, por contra, todos los números que apoyan la futura rentabilidad del negocio proceden del erróneo estudio de viabilidad que se usó para sacar las obras y la concesión a concurso.




* Levante - 27.12.10
Foto: Xabia - lasprovincias.es

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´El descrédito de la política es uno de los efectos más negativos de la corrupción´

LAOPINIÓN/Málaga/Entrevista* : Se expresa con una precisión tal que obliga al entrevistador a estar muy pendiente de lo que dice; quizás, la meticulosidad, su santo y seña, le ha permitido liderar dos de las investigaciones más importantes del país: «Ballena Blanca» y «Malaya». Ahora toca hacer balance. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero analiza en esta entrevista la situación actual de la lucha contra los fenómenos de corrupción administrativa y política.
-«Ballena Blanca» ya está visto para sentencia y «Malaya» en fase de enjuiciamiento. El inicio de ambas investigaciones debió ser difícil...
-Como toda investigación de delincuencia económica vinculada al blanqueo de capitales. Son complejas por la propia naturaleza de los hechos. Se trata de hacer aflorar determinados patrimonios que se mantienen ocultos y eso lleva implícito una gran dificultad.

-¿Ha servido «Malaya» para atajar la corrupción en la provincia? ¿Qué mensaje se ha lanzando con la operación?
-No, no. Para acabar con la delincuencia ninguna investigación es capaz de tener esa virtualidad. Lo cierto es que, hombre, manifiesta el cumplimiento del Estado de Derecho y de las instituciones en general. Como todo en la vida, todo es mejorable, y me refiero a la lucha contra el fenómeno delictivo, en general, y, en particular, a las conductas relativas a la corrupción.

-¿Pero se puede decir que Málaga, gracias a «Malaya», está mejor vacunada que otras provincias contra la corrupción?
-Yo soy muy escéptico en cuanto a las posibilidades que una determinada investigación puede tener en el conjunto de la criminalidad. En general, y en particular en este campo. El único mensaje que se saca de una investigación de esta naturaleza y de someter a juicio estos hechos es que, en la medida en que seamos capaces de ponerlos de manifiesto, también somos capaces de perseguirlos y de llevarlos a juicio. Esa faceta, aunque sea más limitada en cuanto a lo eficaz, es lo que hay que destacar.

-¿Ha fallado en algo la operación «Malaya» o se han cumplido sus objetivos con solvencia?
-Bueno, está mal que yo aluda a una investigación que está siendo sometida a juicio. Ya veremos a ver qué dice el tribunal cuando decida sobre los hechos que se han sometido a su consideración. Yo repito: se trata de investigaciones complejas, en algunos casos difíciles, y, desde mi punto de vista, es suficiente para someter a juicio una serie de hechos.

-¿Qué mejoras habría que introducir en estas pesquisas tan ambiciosas?
-Cuando me refiero a las herramientas con las que hay que contar lo hago desde una perspectiva egoísta. Estoy centrándome en las necesidades que la Fiscalía tiene como órgano de acusación pública, en este caso, para ser más eficaz en los contenidos de nuestra propia actuación. Lo cual no implica o no es óbice para que se dote de determinados medios personales específicos también a los jueces de instrucción, que son quienes deben investigar los hechos criminales. A nadie se le oculta que en los ámbitos en los que nos movemos y en los tiempos actuales, hay que tener una serie de conocimientos muy específicos sobre determinadas materias que no siempre están al alcance de los operadores jurídicos, y con frecuencia tenemos que acudir al auxilio que nos puedan prestar otras instituciones del Estado. A ello me refiero. Sería muy importante que hubiera órganos de apoyo de estos profesionales cualificados tanto a los jueces de instrucción, que se encargan de realizar investigaciones de esta naturaleza compleja, como a la propia Fiscalía, que, en definitiva, somos los que sostenemos la acusación en el juicio.

-Usted llegó a hablar de que, por ejemplo, se podría premiar penalmente al delator...
-Me parece que serían situaciones atendibles, porque hay que ser prácticos en esta vida, y el concurso de los llamados arrepentidos en la lucha contra esta delincuencia es una práctica que está incluso recomendada en convenios internacionales que ha suscrito España, o sea que no estamos hablando de un invento que se le haya ocurrido a una persona sin preparación. Son instrumentos de política criminal procesal aplicables a esta delincuencia.

-¿Qué piensa de quienes dicen que con estas macrocausas se inflige un severo daño a las garantías constitucionales de quienes las sufren?
Insisto en que eso pueden ser alegaciones desde el punto de vista del derecho de defensa. Desde mi punto de vista, el adjetivo de macrocausa va referido a la existencia de numerosas personas a las que se les imputa un hecho delictivo. A veces no hay más remedio que hacer un enjuiciamiento conjunto, porque la magnitud del hecho delictivo así lo pone de manifiesto. Compartimentar una investigación pues a veces encierra la posibilidad de crear disfunciones, en el propio enjuiciamiento de unos hechos que aparecen como aislados cuando la prueba o el indicio revelan la existencia de comunicación entre más personas. El ideal de enjuiciamiento de una persona un hecho delictivo no deja de ser un ideal. La codelincuencia implica a varias personas. Y la organización criminal a veces determina la existencia de multiplicidad de personas.

-¿Qué debería cambiar en las herramientas de control urbanístico y político para que no ocurra otra vez lo mismo?
Eso me supera. Porque confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico donde se podría ejercitar la acción preventiva. Mi impresión es que, desde fuera, cuando uno analiza la normativa existente del sector, del derecho urbanístico en general, parece que esas herramientas son suficientes. Es un sector donde confluyen distintas administraciones: la local, la autonómica, con una función primordial de control de la legalidad, ya incluso en el planeamiento; y finalmente confluyen también decisiones estatales. Otros instrumentos como dar publicidad a los convenios o que el dinero obtenido en los mismos no se pueda usar y se aplique al patrimonio municipal actual son soluciones correctas y que debieran producir el efecto deseado. El que existan conductas de corrupción vinculadas al urbanismo... ha estado muy ligado también a la expectativa de lucro, en plena burbuja, que era muy importante. Pero no sé qué otras medidas preventivas se podrían arbitrar. Quizás porque no soy especialista, tampoco soy capaz de establecer otras soluciones, porque lo que es evidente es que en la materia urbanística, que es competencia municipal, básicamente, la oportunidad política, el criterio de conveniencia en estricto sentido político es el adecuado. Es decir, cambiar la configuración de un suelo es voluntad municipal. ¿Que eso genera plusvalías? Bien. Habría que establecer en todo caso mecanismos de transparencia y de control y en la normativa actual existen.

-¿La corrupción urbanística ha sido definitiva en el descrédito de la política?
-Eso sí que está estudiado y no aporto nada nuevo. Es una de las graves consecuencias que provocan los fenómenos de la corrupción en el sector público. El descrédito, la deslegitimación de la clase política. Eso está muy estudiado, lo ha puesto de manifiesto la criminología. Los textos internacionales insisten en este particular, y efectivamente es una de las consecuencias más negativas que produce la corrupción en el sector público.

-¿Cómo se puede recuperar la confianza ciudadana?
-No se pueden permitir bolsas de impunidad o de comportamiento delictivo. En la medida en que las instituciones sean capaces de responder al fenómeno delictivo, ésa es la mejor política preventivo-penal, una política de prevención general positiva, que se dice, que es reafirmar al ciudadano normal, porque las instituciones funcionan, y al que se aprovecha de la situación y comete delitos se le persigue y se le castiga.

-Muchos imputados se escudan en la riqueza que generan sus empresas o en el número de empleados para defender su absolución...
-Prescindiendo de los casos concretos, ha habido muchas críticas en la doctrina penal española sobre el castigo del delito de blanqueo de capitales, entendiendo que, en definitiva, casi sería mejor olvidarse de castigar estas conductas porque permiten el afloramiento y la inserción en el circuito legal del dinero de fondos aunque hayan sido obtenidos ilícitamente. No me parecen situaciones justas el permitir que un dinero obtenido ilícitamente se disfrute. Esto, el no perseguir el beneficio del delito, tiene la importante consecuencia de alentar la comisión de delitos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la delincuencia económica por su propia definición sustituye a un medio tradicional de obtener rendimientos, se opta por la vía delictiva. Si no perseguimos el beneficio del delito alentamos que se produzcan más actividades de tráfico de armas, de prostitución, de corrupción, etcétera...

Hacen falta más fiscales Anticorrupción?
-La respuesta es muy clara: por supuesto.



* La Opinión de Málaga - 26.12.10
Foto: López Caballero reclama más medios personales y materiales para luchar contra la corrupción urbanística. En la imagen, un instante de la entrevista celebrada en su despacho de la Ciudad de la Justicia - laopinion

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