ELPERIÓDICO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imputado al alcalde de Arenys de Mar, Ramon Vinyes (PSC), al exalcalde y ahora concejal de CiU en la oposición, Miquel Rubirola, y a los ediles Joaquim Ponsarnau (ERC), actual regidor de Urbanismo, Agustí Massuet (CiU), exconcejal, y Lluís Blanchar (Veïns Independents), que abandonó CiU por discrepancias con Rubirola.
El fiscal ha actuado tras no recibir respuesta sobre varios expedientes urbanísticos requeridos y que, al parecer, nadie encuentra. Por ello les imputa un delito de desobediencia y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos. El primero en declarar fue el alcalde Vinyes y, luego, Lluís Blanchar.
La denuncia motivo de la imputación se gestó en el año 2003 cuando un constructor local, Massimo Gala, cometió una presunta irregularidad en una finca de su propiedad que el entonces alcalde, Miquel Rubirola, sancionó tras llevarlo a juicio, obligándole a derribar la construcción. Gala, a cambio, exigió información sobre propiedades colindantes y los expedientes han desaparecido.
Vinyes se mostró sorprendido por la imputación y aseguró no haber hallado los expedientes. Admitió, no obstante, que los archivos se encuentran en un estado lamentable.
* El Periódico - Fede Cedó - 9.12.2008
Foto: Arenys de Mar - flickr
La Fiscalía Anticorrupción imputa a 5 ediles de Arenys
La invasión urbanística alcanza el Alto Segura y el río Mundo
VEGAMEDIA* : La plaga de la especulación y el pelotazo urbanístico no sólo arrasa toda la costa y los secarrales y regadíos del campo de Cartagena, y las vegas del Guadalentín y del Segura y valle de Ricote hasta alcanzar el noroeste murciano, sino que ha osado con su inmundicia traspasar la raya fronteriza de la vecina provincia de Albacete hasta inocular su enfermedad en el norte de la Cuenca del Segura y río Mundo, su principal afluente, a escasos quinientos metros de Camarillas. Se trata de una operación macro urbanística promovida por un murciano.
El embalse de Camarillas regula los caudales del río Mundo a su paso por Almadenes y, aunque había empezado a construirse entre 1932 y 1935, fue inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1963, el mismo día en el que inauguró el pantano del Cenajo, construido por 7.747 obreros (presos políticos que redimían así parte de las condenas impuestas por los jueces del régimen) y que el socialista Indalecio Prieto había proyectado ya en 1933.
Pero sobre Camarillas, la propia web de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con sede en la capital murciana, informa que está incluido en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de ‘Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones de Segura y del Mundo’, en aplicación de las directivas europeas de aves y de hábitats, que contribuyen de manera apreciable a mantener el entorno natural en un estado de conservación favorable dentro de la región biogeográfica a la que pertenece. Los LIC están integrados en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, atestigua la CHS, que añade que el LIC de Camarillas tiene una superficie de 1.750 kilómetros cuadrados e integra alineaciones montañosas que conforman un paisaje de singular belleza. Entre las numerosas actuaciones de repoblación de las márgenes del embalse promovidas por la CHS desde decenios se encuentra, entre otros, el paraje de Las Higuericas, en la falda de la Sierra de Los Donceles, que lo fue por el ingeniero de la CHS Luis Aycart Benzo.
Pues, precisamente, en una vasta extensión, entre sesenta y setenta hectáreas, del paraje de Las Higuericas pusieron sus garras los “depredadores” y para ello convinieron la “colaboración” del Ayuntamiento de Hellín, al frente del cual había una recién elegida corporación socialista, al frente de la cual sigue Diego García Caro.
La misma demagogia suicida de progreso sin importar los medios de quienes hinchaban la burbuja inmobiliaria en la comunidad murciana, las mismas maneras de comprar las voluntades de la vecindad con pan, circo e ideología del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel y su banda, se contemplan con meridiana claridad al otro lado de la administrativa raya fronteriza, en Hellín (Albacete), en la misma Cuenca del Segura y del río Mundo, por quienes en este caso del Partido Socialista han tomado sus sayos. Y en uno y en otro, y en todos, la misma sociedad civil enfrentada a quienes hacen pingües negocios destruyendo el patrimonio natural protegido: Ecologistas en Acción y, por extensión, quienes no toleran las ilegalidades e injusticias manifiestas. La misma basura huele aquí, en Murcia, que allí, en Castilla – La Mancha. El mismo “plan” en La Zerrichera del PP de Valcárcel y en Las Higuericas en la Castilla – La Mancha del PSOE de Bono antes y de Barreda ahora.
Ahora, cuando ha estallado la “burbuja inmobiliaria” y la crisis de las hipotecas basura hace estragos y después de que la sociedad haya quedado aborregada con el enriquecimiento de unos pocos, el apalancamiento del dinero negro, la corrupción política manifiesta y el destrozo de los valiosos entornos naturales –España, Irlanda y Estados Unidos son los que, precisamente, más paro están registrando-, ahora, un juez de lo contencioso-administrativo de Albacete dicta la primera sentencia con la que anula el acuerdo del Ayuntamiento de Hellín, de 15 de marzo de 2007, por el que concedió la licencia urbanística para la primera fase (105 viviendas, chalets o villas o hasta “cortijos” como venden los promotores a sus ignorantes compradores del “mercado” inglés), de la macro urbanización de las Higuericas, en una zona que las propias leyes de Castilla – La Mancha tienen especialmente protegidas. Los mismos políticos que hacen la ley son los mismos que la incumplen por espurios intereses en connivencia con extraños promotores.
Veamos este ejemplar espécimen de la historia de la infamia del mapa de la corrupción. La alarma la dio el Grupo Naturalista ‘El Abejaruco’, en diciembre de 2003, cuando su coordinador, David Flores, emitió un comunicado en el que daba cuenta de que el Ayuntamiento de Hellín, al sur de la provincia de Albacete, acababa de publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 24 de noviembre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que recalificaba en urbano una extensa superficie de más de cincuenta hectáreas del Paraje ‘La Herrada de las Higuericas’, entre las pedanías de Agramón (750 habitantes) y Las Minas (340 habitantes), dos de las trece de las que se compone este municipio de 30.000 habitantes, y a escasos kilómetros de la autovía A30 (antigua N-301), en la linde fronteriza con los municipios de Cieza y Calasparra, al norte de la comunidad murciana.
Sin embargo, esos terrenos están especialmente protegidos, precisamente, por la ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha promulgada cuatro años antes, en 1999. Es una zona sensible de alto valor ecológico, propuesta por la propia Junta de Comunidades como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) y Zona de Especial Protección de las Aves (Z.E.P.A.), integrada en la red europea de zonas especiales de conservación Red Natura 2000. La macro urbanización quedaría así como una isla rodeada de parajes naturales protegidos, en una zona de campeo de avifauna en peligro de extinción, vulnerable y amenazada, como el águila perdicera, el águila real, el águila culebrera, el aguilucho lagunero, el halcón peregrino y el búho real, así como la nutria, y lugar de paso de especies como la cabra montés, la comadreja, el gato montés, la gineta, la ardilla y el jabalí, entre otras.
Tal modificación se lleva a cabo para la construcción de una macro urbanización de 820 viviendas de lujo con sus correspondientes 820 piscinas dirigidas al mercado inglés a través de un convenio urbanístico entre el ayuntamiento y la promotora murciana Cleyton-Ges, de fecha cuatro de noviembre de 2003, lo que conllevará no sólo la destrucción irreversible de hábitats de alta importancia sino que repercutirá en toda una gran área de influencia por sus negativos efectos ambientales.
Ecologistas en Acción, el Grupo Naturalista ‘El Abejaruco’ y la Sociedad Albacetense de Ornitología (S.A.O.), presentarán alegaciones ha dicho plan de recalificación, reparcelación y al estudio preliminar de impacto ambiental, y criticarán la pretensión de “llevar la ciudad al campo”, sólo que aquí será “el colmo de los despropósitos”, porque “las zonas protegidas están sirviendo para que promotores sin escrúpulos sepan donde encontrar atractivos lugares”. Apuestan los ecologistas por que las nuevas construcciones se hagan junto a los núcleos de población, evitando así la invasión de zonas naturales que obligan al trazado de conducciones eléctricas, agua, alcantarillado y viales que suponen otro impacto ambiental añadido.
Las alegaciones de Ecologistas son desestimadas sin respuesta administrativa alguna, a pesar de que acuden a la Defensora del Pueblo regional, que instó a las autoridades locales y autonómicas a contestarlas en cumplimiento de la Constitución Española.
La tramitación y ejecución de la actuación en Las Higuericas serán posteriormente detalladas en el convenio urbanístico que Cleyton-Ges entrega al ayuntamiento el 19 de noviembre de 2004 y cuya redacción definitiva la aprueba el pleno municipal diez días después, el 29 de noviembre de 2004.
En mayo de 2006, se inician las obras con el chalet piloto y Ecologistas en Acción piden a las autoridades de la Junta en Albacete la paralización cautelar de unas obras que carecen de licencias. Pero el plan sigue en marcha, y un mes después, el delegado provincial de Medio Ambiente del gobierno castellano-manchego, Antonio Mompó, publica una resolución en el Diario Oficial en la que afirma no ser necesario someter a evaluación de impacto ambiental este proyecto de construcción de una macro urbanización en una zona de alto valor ecológico. El recurso administrativo de Ecologistas a esta resolución tampoco será atendido.
En septiembre de ese año 2006 aparecerá de nuevo en la escena pública Antonio José Veas Arteseros, el socio único de la promotora Cleyton-Ges, para convocar a los periodistas en Hellín y leerles un extenso comunicado con el que arremete contra el concejal del PP, Antonio Callejas Gallar, que días antes había denunciado que Cleyton-Gesr había llegado al pueblo “repartiendo dinero con maletines, un hecho que todo el pueblo conoce”. Veas Arteseros convocó a la prensa para decir que lo denunciado por el concejal de la oposición era una provocación de “escándalo social” y para amenazarle con llevarle a los tribunales si no rectificaba y se disculpaba en menos de 24 horas.
Veas Arteseros, sin embargo, confirma en esta su visita a Hellín que, en virtud del primer convenio, el del cuatro de noviembre de 2003, Cleyton-Ges había repartido en el pueblo cheques que sumaban 150.000 euros. El hecho de que la oposición lo hubiera ventilado a través de la prensa no sólo era “un insulto” para el promotor inmobiliario, sino que también lo era “para todas aquellas asociaciones beneficiarias de las ayudas y para la propia corporación local, en su extensión más institucional” [sic]. Atreviéndose a exigir Veas Arteseros, incluso, “la condena institucional” [sic] para el concejal de la oposición.
Cuando el caso llega a las Cortes regionales, para el consejero de Medio Ambiente de Castilla- La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, hombre “clave” del proyecto de Francisco Hernando ‘El Pocero’, en Seseña (Toledo), “lo ideal es que no se hubiera construido nada en ese lugar… Pero eso sería una utopía”. Sin embargo, para José Julio del Olmo, de Ecologistas en Acción, “se especula y se buscan ganancias con unos terrenos rústicos que un ciudadano corriente no tiene capacidad de modificar a urbanizable por ley y esto es un delito”.
A finales de octubre de 2006, Ecologistas en Acción presentarán denuncia contra el Ayuntamiento, la Junta de Castilla – La Mancha y el promotor por daños ambientales y presunta prevaricación, cohecho y malversación ante la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ de Castilla-La Mancha y ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, que son admitidas a trámite. Para Ecologistas se está frente a una “trama empresarial y política”, siendo lo más sustancial el hecho de que el Delegado de Medio Ambiente de Albacete , Antonio Mompó, resolviera contra la evaluación de impacto ambiental, “cuando se le exige, aunque sea simplificado, a cualquier obra o promoción menor”.
Año y medio antes de que la Comisión Provincial de Urbanismo aprobara la recalificación, la propia Cleyton-Ges ya había admitido, el 16 de abril 2004, la entrega de los talones que sumaban 150.000 euros en concepto de “licencias municipales o impuestos que no existen y que nunca han sido devengados, destinados a comprar el apoyo de la corporación”, según los opositores al proyecto.
“Cuando les interesa lo llaman atentado al medio ambiente, como sucede en Ávila. Pero cuando son otros los que lo hacen es desarrollo sostenible o un proyecto compatible con el medio ambiente”, evidencian con meridiana claridad Ecologistas en Acción, que exigen al fiscal la paralización preventiva de la macro urbanización.
Evidencian también que el senador socialista y alcalde de Hellín, Diego García Caro, “habla de Murcia como del diablo, pero a la hora de firmar convenios urbanísticos lo hace con empresas de allí y copiando el mismo modelo que critica”, es decir, la creación de una isla urbanística similar al modelo que se practica en la costa, una macro urbanización para extranjeros, que viven al margen del resto de la población.
A finales de 2006, los trabajos previos de urbanización y reparcelación se paralizan momentáneamente, por problemas financieros de la empresa promotora, dice Antonio Beas, que aparece como abogado de Clyeton-Ges, y a la espera de que la Oficina Técnica Municipal dé la licencia para el suministro eléctrico y el alcantarillado (conducción, depuración y vertidos de aguas), a través de la red de abastecimiento urbano de Hellín, a 19 kilómetros de distancia, servicios nada coyunturales sino básicos, que habían sido obviados en el proyecto para un complejo de segundas residencias para más de 2.300 personas y de mayores proporciones que muchísimos municipios albaceteños.
En enero de 2007, el fiscal jefe del TSJ aprecia supuestos penales y remite diligencias informativas al juzgado de Instrucción de Hellín. Ecologistas en Acción se personan en el procedimiento judicial, a la vez que continúan la vía que abrieron en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero muestran su desilusión por el hecho de que el fiscal-jefe no hubiera entrado a fondo en las cuestiones ambientales y urbanísticas, y haberse centrado sólo en los 150.000 euros graciosamente donados por la promotora. Los chalets se encuentran ya en estos momentos en plena construcción y el daño se considera ya difícilmente reparable. En abril de 2007 el Juzgado número 1 de Hellín archivará “provisionalmente” el caso.
En mayo de 2008, el nuevo concejal de Urbanismo, Ramón García Rodríguez, anuncia la aprobación definitiva para las necesarias expropiaciones forzosas de terrenos para las obras de abastecimiento de agua a la Urbanización Las Higuericas y para contar “con un caudal de apoyo en caso necesario”para abastecer a las pedanías de Agramón y Las Minas. También en este mes una resolución de la Delegación Provincial de Industria otorga a Repsol la autorización para el suministro de gas propano canalizado para usos domésticos de la macrourbanización.
A finales de noviembre pasado quedará anulado judicialmente el acuerdo, de marzo de 2007, por el que el Ayuntamiento de Hellín concede la licencia de las obras de la primera fase de La Higuericas por “no ajustarse a derecho”. El titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, Guillermo Palenciano Osma, señala que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) “no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos” del PORN. Ante la difusión de esta resolución judicial por la agencia EFE, no se le ocurre otra cosa al alcalde de Hellín y senador por Albacete, Diego García Caro, que anunciar que presentará una queja formal ante la dirección nacional de dicha agencia estatal de noticias.
Para el PP de Hellín y Albacete este “es un primer paso que viene a confirmar que Las Higuericas huelen que apestan como ejemplo de urbanismo salvaje al modo de Seseña”, en el que son utilizados los trabajadores y se compra a un pueblo.
* VegaMedia Press - F.M.M- 10.12.2008
Foto: vegamediapress.es
Trece autonomías desoyen el plan de contratos públicos
EXPANSIÓN* : Sólo cuatro comunidades autónomas contemplan de forma clara la posibilidad de adjudicar mediante licitación pública las obras de urbanización. La Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Es decir, hay 13 regiones que no lo consideran o que lo hacen de forma subsidiaria.
La Unión Europea considera, de forma general, que la adjudicación de las edificación urbanística de las parcelas urbanizables debe someterse a concurso público con las características fundamentales de la propia publicidad y la libre concurrencia comunitaria. Y no a la posible discrecionalidad de la adjudicación a cargo de una junta de compensación compuesta de propietarios.
De hecho, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de Luxemburgo, precisó, en su sentencia de 12 de julio de 2001, cuál debe ser el ámbito de actuación normativo del urbanismo, «incluyéndola en parte dentro de la actividad sometida al régimen de contratos de las Administraciones Públicas», según señaló Marta Lora-Tamayo, directora del departamento de Derecho Administrativo de la UNED, en un estudio sobre este famoso fallo del TJCE, conocido como La sentencia del Teatro la Escala.
Ésta provocó «el efecto de obligar a la celebración de concurso público para la adjudicación de las obras de urbanización y edificación», añadió Lora-Tamayo.
El Derecho Comunitario determina «la sumisión de toda la contratación pública, cuando menos, a los principios de publicidad y concurrencia», según hace constar la propia Ley española de Contratos del Sector Público.
Pero cabe recordar lo obvio: el TJCE sólo actúa en caso de denuncia, y son contados los casos en los que los contribuyentes se enfrentan a las leyes regionales por la vía europea.
El caso más sonado ocurrió en Valencia, precisamente la comunidad con la normativa más avanzada en este aspecto: la Ley de Urbanismo de Valencia (LUV). Ésta contempla de forma más explícita que las 16 autonomías restantes el carácter público de determinadas obras.
Pero ello se combina con grandes aristas sin pulir, por lo que la Comisión europea ha «denunciado» irregularidades de la norma. Entre otras, dar preferencia a los propietarios en licitaciones que debieran ser totalmente de libre concurrencia, como se estipula en la Directiva 93/37/CEE, piedra angular del plan contra la discrecionalidad de Bruselas. Más allá de esto, tampoco han sido baladíes los excesos de los agentes urbanizadores en dicha comunidad.
Madrid se acercó a las pautas de la UE en 2001, pero luego dejó sin efecto la normativa
Pero, en cuanto a la concepción concurrencial del urbanismo, la LUV «es la punta de lanza de todo el urbanismo de España», según señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista.
A esta región le han seguido Castilla-La Mancha, que «se ha quedado a medias» en la adaptación de estas pautas europeas, Extremadura (un ejemplo similar) y Canarias, que se ajusta parcialmente. Madrid legisló la figura del agente urbanizador a este efecto en 2001, pero una modificación posterior dejó sin efecto.
El resto de legislaciones urbanísticas parten de los principios que marcaba el Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal de 1992, que establecía como principio base que las obras de urbanización constituían una actividad en la que participaban los particulares en iniciativa privada.
La Ley estatal de Contratos Públicos abre la vía a la licitación ‘a dedo’ Mientras las empresas continúan asistiendo a cursos para aprender a adaptarse a la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP), los juristas han puesto la lupa sobre las innovaciones más conflictivas. La más criticada se refiere a la adjudicación de los contratos y a una nueva figura denominada «diálogo competitivo», para contratos complejos.
Éste es un procedimiento en el que «el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta», señala el artículo 163 de la LCSP (ver EXPANSIÓN del 8 de julio).
Es decir, que las prestaciones no se encuentran completamente definidas desde el comienzo, sino que son progresivamente precisadas a través de un intercambio de información con los operadores económicos. «Esto, en la práctica, puede provocar una clara discrecionalidad por parte del órgano de contratación para la adjudicación», señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista. La norma establece, además, que «los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo».
Acto seguido, la LCSP hace un llamamiento a la objetividad: «El órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores. En el día a día, esto es muy difícil de evitar, según los expertos.
* Expansión - J. M. Lamet - 10.12.2008
Foto: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - europa.eu
El urbanismo choca con la muralla
ELPAÍS/A Coruña* : La antigua fortificación que protegía A Coruña ha puesto en jaque la modernización del corazón de la ciudad. En la explanada del Parrote, a los pies de la dársena que acoge pequeños pesqueros, yates de recreo y grandes cruceros, y en un lateral de las galerías de la Marina que conforman la postal típica de A Coruña, yacen desde hace meses al aire libre enormes socavones.
Son las obras ahora paralizadas para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Las excavadoras pusieron al descubierto parte de la antigua muralla de la ciudad, unos vestigios de alto valor histórico cuya conservación amenaza con invalidar, por no resultar rentable, el proyecto de la Autoridad Portuaria.
Pero no es el único. El resurgimiento de la vieja fortificación enterrada afecta también a los planes del ayuntamiento para remodelar la zona más noble de la ciudad, la Marina, y recuperar para el paseo y el ocio, con otro gran aparcamiento subterráneo, una avenida ahora completamente asfixiada por el tráfico. La Autoridad Portuaria tiene previsto reunirse esta semana con la empresa concesionaria del aparcamiento, Copasa, para decidir si continúa el proyecto, situado entre la dársena de la Marina y el castillo de San Antón. Los técnicos del puerto elaborarán distintas alternativas para someterlas a la decisión de la Xunta y del Ayuntamiento.
Al reaparecer el pasado verano al aire libre vestigios de la antigua defensa militar de A Coruña, un baluarte del siglo XVIII, las obras, ya muy retrasadas, fueron paralizadas. Finalmente, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta ordenó la conservación en su lugar de origen de esos restos de la antigua muralla, por considerar que es de gran valor arqueológico e histórico, al explicar la evolución de la ciudad marítima que nació y creció en torno al puerto.
La decisión obliga a reducir a la mitad las 548 plazas subterráneas previstas, por lo que la construcción del aparcamiento, con un coste de 6,6 millones de euros, ya no resultaría rentable, según admitió el presidente de la Autoridad Portuaria, Macario Fernández. "Habría que seguir adelante porque es una necesidad municipal, pero tenemos que valorar si es viable económicamente", dijo.
Copasa, adjudicataria tanto de la construcción como de la explotación del futuro subterráneo, no cree poder conseguir, al reducirse considerablemente, suficientes ingresos con la venta y alquiler de plazas para sufragar el sobrecoste que implica redimensionar el proyecto. Y la constructora estudia pedir una indemnización por el perjuicio.
Se trata de una obra difícil al pie de la ría de A Coruña que pareció gafada desde su licitación, hace seis años. Distintas vicisitudes, entre ellas una reclamación judicial de los vecinos, finalmente, desestimada, retrasaron hasta marzo de 2007 el inicio de las excavaciones para ese aparcamiento de dos plantas. La aparición de balsas de agua y filtraciones que anegaban las obras al ritmo de la marea complicó los trabajos, que tenían que estar terminados el pasado mes de abril. Pero el descubrimiento de la muralla dio el jaque.
El alcalde de A Coruña, Javier Losada, anunció que está también amenazada la remodelación de la emblemática dársena de la Marina, la estampa de la ciudad. En los presupuestos municipales de 2009, sigue sin figurar un euro para un proyecto que, bajo la dirección del arquitecto José González-Cebrián, ganador del concurso de ideas, el ayuntamiento y el puerto pretendían iniciar ya. En enero, los técnicos municipales se reunirán con el arquitecto y el puerto para evaluar la viabilidad de este proyecto. A la vista de lo ocurrido con el aparcamiento y "de las decisiones que unas personas han tomado bajo la denominación de arqueólogos", aseveró el alcalde, "la ciudad tiene que replantearse sus actuaciones". "A nadie se le escapa que pueden aparecer durante la excavación otras murallas, que los ciudadanos tengamos otra vez que soportar un agujero y no podamos seguir adelante", apuntó.
Y es que nadie duda que bajo la Marina está la antigua muralla. El propio González-Cebrián planteaba que el futuro aparcamiento incorpore en la acera lucernarios que, mediante un sistema de espejos y pantallas, reflejasen la imagen de la secular muralla hoy escondida. Pero ahora, todo está en el alero.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 10/12/2008
Foto: Dársena la Marina - molineli, panoramio.com
El Ayuntamiento de Alcorcón miente: la Comunidad aún no ha aprobado el Distrito Norte
Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid* advierte a los ciudadanos que el Ayuntamiento de Alcorcón miente cuando en el pleno del pasado viernes 28 de noviembre afirmó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había aprobado el jueves 27 de noviembre el planeamiento urbanístico que permitiría la construcción del Distrito Norte, ya que según la página oficial de la Comunidad de Madrid en la que se publican los Acuerdos de Gobierno, aún no se ha aprobado la Rectificación para la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón de 1987.
Para los ecologistas esta es una lamentable muestra más del interés del Ayuntamiento por recalificar los terrenos del norte de Alcorcón a toda costa con el fin de financiar el Ayuntamiento, sin importar los costes sociales y ambientales que supondría la urbanización de todo el municipio. En este sentido señalan que “apostar por basar nuestro crecimiento económico en la construcción supone seguir defendiendo el uso de la vivienda como inversión y no como un derecho y supone fomentar la destrucción del territorio y un elevado consumo energético como ha denunciado el Observatorio de la Sostenibilidad en España”.
Ecologistas en Acción cree que las prisas y el nerviosismo que denota la afirmación de que el Distrito Norte ya se ha aprobado sólo se explican por el ansia del Ayuntamiento de vender el proyecto de instalación de RTVE en estos terrenos, que el Plan General de Ordenación Urbana de 1987 aún vigente en la zona califica en su mayoría como protegidos (por afección de cauces, interés ecológico, valores forestales,…).
Para los ecologistas, esta actitud del Ayuntamiento de Alcorcón recuerda las prisas con las que el PP intentó aprobar el Ensanche Norte durante su gobierno municipal. Además, el grupo local ecologista recuerda cómo entonces el PSOE en la oposición, que tenía a José Miguel de la Torre como portavoz (que dimitió en 2004), pedía la “paralización del proyecto del Ensanche Norte por los enormes problemas de tráfico que conllevaría y que convertiría nuestra ciudad en una ciudad colapsada”, problema que a juicio de los ecologistas el proyecto de Distrito Norte del PSOE no ha resuelto. Y concluyen “Entonces el PSOE denunciaba que “el Alcalde de Alcorcón nuevamente intenta engañar a la población cuando manifiesta que el Ensanche Norte va a ponerse en marcha brevemente”, ahora se podría afirmar lo mismo, pero no existe oposición política en el Ayuntamiento que abra un debate al respecto”.
* Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid - 9.12.2008
Celorio denuncia irregularidades urbanísticas en 90 viviendas aprobadas desde 2002
ELCOMERCIO/Asturias* : La Asociación de Vecinos de Celorio 'La Hoguera' calcula que en los últimos seis años el Ayuntamiento de Llanes ha autorizado la construcción de un total de 90 viviendas en la localidad llanisca que «a nuestro juicio infringen e infringirán la ley» por ser, presuntamente, «casos constitutivos de infracciones administrativas y otras situaciones ilegales».
Además, entienden que el Ayuntamiento de Llanes tenía conocimiento de estas irregularidades por lo que, opinan, «han incurrido en un delito del código penal» que podría castigarse incluso con pena de cárcel. Según los cálculos de la agrupación vecinal, las infracciones urbanísticas desarrolladas en los últimos años en Celorio suponen unos ingresos por precio de venta «en torno a 21 millones de euros».
La agrupación que preside Alberto Álvarez detalla que de esas 90 viviendas 57 «ya están construidas o en construcción» y repartidas en seis promociones diferentes. Algunas de ellas, como la Urbanización Los Castros levantada por la empresa Balsan, con «un exceso de 32 viviendas sobre las 146 proyectadas al ocupar como ático retranqueado la última planta de los tres edificios» que conforman la urbanización, en contra de lo que permite la normativa urbanística de Llanes y pese a que la asociación notificó esta irregularidad al equipo de gobierno.
En general, explican desde la asociación, estas 57 viviendas incumplen presuntamente varias normas de ordenación del territorio en vigor «pudiendo ser constitutivas de distintas infracciones administrativas». Sólo con las «viviendas irregulares construidas o en construcción» calculan infracciones por valor de 14,5 millones de euros, según el precio de venta de estas viviendas
A esta cifra, la asociación vecinal añade otras supuestas irregularidades como la «ejecución de un aparcamiento de 42 plazas por parte de la empresa constructora de los edificios de Los Castros, que ocupa un tercio aproximadamente de una parcela de Celorio que consta en el PGOU como dotación deportiva»; así como la «concesión» por parte del Ayuntamiento de Llanes para que algunas construcciones «no se deslinden como marca el PGOU o no realicen presuntamente las cesiones y retranqueos obligatorios».
Otras, en camino
La asociación vecinal denuncia públicamente estos casos con la intención también de frenar otros que vienen en camino. Y es que, advierten, pronto deberá añadirse a esta lista negra otros «26 de los 30 apartamentos de la promoción turística Playas de Llanes» y siete más «de exceso» en el Palacio de Celorio que se pretenden realizar próximamente «pero que aún no tienen licencia». No obstante, los portavoces del colectivo vecinal saben que estas actuaciones han salido a información pública desde el Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias «por lo que presuntamente se harán». Si se añaden estas últimas, Celorio habrá sido testigo de la construcción de un total de 90 viviendas ejecutadas «de forma irregular» ya que «infringen el PGOU de Llanes, la Ley del Suelo, y las directrices subregionales de Ordenación del Territorio para la franja Costera de Asturias y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA)», consideran.
Desde la agrupación vecinal no sólo denuncian públicamente estos diez casos, sino que en la mayoría de las situaciones ya han presentado sus quejas ante el Ayuntamiento de Llanes. En algunas promociones, lamentan, el equipo de gobierno continuó entregando licencias de obra pese a la presión vecinal. Por ello, entienden que también se está «incurriendo presuntamente en un delito del Código Penal», concretamente en el artículo 320 por el que se advierte que la autoridad que, ha sabiendas de su injusticia, informe favorablemente del proyecto de edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigente podrá ser castigado con prisión.
* El Comercio Digital - 10.12.08 -ANA MORIYÓN
Foto: elcomerciodigital.com
