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EFE* : La presión urbanística que afecta a la costa mediterránea durante las últimas décadas ha propiciado que el 40% de la franja costera esté ya urbanizada, y que el 16% sea en la actualidad una costa artificial. Así lo refleja la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, que la ministra de Medio Ambiente presentó hoy al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), un órgano consultivo en el que están representadas las organizaciones ecologistas, los sindicatos, organizaciones patronales y consumidores. El documento elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente mantiene que la costa se urbaniza siguiendo el ritmo de los constructores, y no la demanda turística real.
La Estrategia hace un diagnóstico de la situación actual de la costa, y concluye que el 32% del litoral mediterráneo necesita actuaciones de restauración o de mejora ambiental, y que el 51% de las playas (más de 500 kilómetros) requieren una intervención.
En algunas comunidades del arco mediterráneo, más del 75% de los terrenos colindantes con el mar son urbanos o urbanizables, apunta el documento elaborado por el Gobierno, que subraya también que el 57% de las playas se encuentran ya en entornos urbanizables.
Los retos que se ha fijado el Ministerio de Medio Ambiente en la Estrategia son frenar la ocupación masiva de la franja costera, recuperar la funcionalidad física y natural del litoral, adaptarse al cambio climático y finalmente cambiar el modelo de gestión de la costa.
El documento radiografía los casi 8.000 kilómetros de litoral: 4.000 son acantilados, 2.000 playas, 1.000 costa baja, y unos 600 km se han transformado con obras artificiales.
La Estrategia advierte de que la reciente ocupación del territorio por los usos urbanos es uno de los elementos clave de la dinámica espacial de muchos territorios, lo que repercute en el aumento del consumo de recursos ambientales como el suelo o el agua.
Advierte además la Estrategia que la proliferación de puertos, diques, espigones o muros de contención provoca la interrupción de la dinámica propia del litoral, con acumulaciones excesivas en determinados lugares y fuertes erosiones en otros.
Se ha detectado también un déficit de aporte sedimentario a las costas debido a las actuaciones realizadas en las cuencas fluviales (encauzamientos o embalses), añade el documento.
Respecto al reto de adaptarse al cambio climático, el documento recuerda que "en pocas décadas" se reducirá la anchura de las playas debido al aumento del nivel del mar, y que los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas situadas en el arco mediterráneo, Andalucía occidental y en los archipiélagos, están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar.
* El Mundo - Su Vivienda - 31/10/2007
Foto: Benidorm (Alicante), icono del urbanismo mediterráneo - J.Jordán (El Mundo)
El 40% de la costa mediterránea está ya urbanizada
Casas ilegales a la venta en Marbella
ELPAÍS* : La compra de viviendas de buena fe adquiere una nueva dimensión en Marbella. A pesar de los escándalos urbanísticos, la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín mantiene que la inmobiliaria Cristina Szkely, una de las más reconocidas de la ciudad, trata de vender apartamentos de la Urbanización Jardines del Príncipe, sobre los que pesa una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando su ilegalidad y decretando su derribo.
Cristina Szkely, propietaria de la empresa, asegura que no ofrecen estas viviendas desde hace al menos dos años.
El Plan General de Marbella, no incluye la urbanización Jardines del Príncipe en el proceso de regularización. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios de siete plantas con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.
La asociación Arroyo Guadalpín teme que la venta de estos pisos sea una "argucia" del promotor para intentar regularizarlos por la vía de los compradores de buena fe, es decir que los compradores ignoraban que la casa estaba en situación irregular. Su portavoz, Mercedes Vázquez, dice contar con testimonios de personas a los que la empresa inmobiliaria ha ofertado la promoción en los últimos meses. Una de estas personas, que pidió ocultar su nombre, dice que hace dos semanas le ofrecieron un apartamento de dos habitaciones por 647.000 euros. "Me dijeron que me podía ahorrar hasta 100.000 euros si lo compraba antes de que lo legalizaran ya que el promotor lo pensaba subir a partir de esta fecha", contó. "Incluso me aseguraron que había un pacto con el Ayuntamiento que lo regularizará de forma inmediata en cuando se apruebe el Plan General", añadió.
La dueña de la inmobiliaria Cristina Szkely insiste que "hace mucho tiempo" que no se ofertan estas viviendas. "La constructora me decía que estaba todo bien, que tenían los permisos, pero lo retiramos hace dos años, cuando empezaron a decir que había problemas.", declaró.
A pesar de que el complejo residencial no está habitado, ya tiene una veintena de propietarios, constituidos en asociación, que han alegado contra la situación que prevé para ellos el nuevo documento de ordenación urbana. En el escrito, redactado por el letrado José Carlos Aguilera, mantienen que el promotor llegó a un acuerdo con el equipo redactor para regularizarlo a cambio de una compensación, pero que, por motivos que desconocen, no aparece reflejado en PGOU.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Moratoria para salvar La Manga
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ELPAÍS/Murcia* : La Manga del Mar Menor está amenazada. La subida prevista del nivel del mar (15 centímetros en 2050, según Medio Ambiente) desaconseja seguir cementando la lengua de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo. Por eso la Estrategia española para la sostenibilidad de la costa quiere "promover una moratoria urbanística con las Administraciones competentes ante el riesgo de inundación por el cambio climático".
Impulsar una moratoria urbanística en La Manga es como pretender que la Cruz Roja invada Irak. Y que lo haga además una vez que el país está destruido. Desde que en los años 60 el promotor Tomás Maestre compró la lengua de tierra que delimita la mayor laguna salada del Mediterráneo, constructores y ayuntamientos no han hecho otra cosa que edificar.
En sus 36 kilómetros apenas queda terreno libre. Según la citada Estrategia, hay "numerosas actuaciones, edificaciones sobre la playa, paseos marítimos, terrazas y jardines dentro del dominio público marítimo terrestre". Esta es la primera línea de litoral que, según la Ley de Costas de 1988, es de uso público.
Hay tanto cemento que el Gobierno regional, del PP, lanzó como idea construir un túnel para que los coches pudieran salir por el norte y autorizó, en contra de sus servicios jurídicos, un puerto deportivo, Puerto Mayor, y un complejo en terreno ganado al mar.
La moratoria debería afectar principalmente a una zona al norte de La Manga, justo donde está prevista -y ya parcialmente construida- una gran urbanización con un lago artificial llamada Veneziola, donde hay aprobadas tres torres de 24 plantas.
El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, recuerda que hace una década el ex director general de Costas del PP Fernando Marín ya advirtió por carta al Gobierno regional de las consecuencias que la subida del nivel del mar tendría sobre La Manga y le recomendó que pensase en trasladar algunos edificios. Desde entonces, y aunque oficialmente el Ejecutivo de Murcia no permite construir a menos de 500 metros del mar, se han levantado más de medio centenar de bloques de entre ocho y diez plantas.
El ministerio propondrá a la Comunidad de Murcia expropiar edificios y casas que ocupan el dominio público y terminar el deslinde (la delimitación de la zona pública y privada de costa). Además, planteará "recuperar la concesión de Puerto Mayor", hoy paralizado cautelarmente por un tribunal tras el recurso de Gobierno y ecologistas.
El plan también incluye comprar "las parcelas urbanizables de El Vivero", de las pocas que quedan, para "preservarlas de la urbanización masiva que se da en La Manga". Sin estas medidas, según el plan, "no tiene ningún sentido acometer la recuperación de playas" que ultima el Gobierno regional.
La estrategia para salvar la costa del ladrillo incluye más actuaciones polémicas. El plan apuesta por "eliminar el puerto de San Pedro del Pinatar, que está provocando la erosión de las dunas de San Pedro", un espacio protegido.
Uno de los empeños de Medio Ambiente con la Estrategia -elaborada por consultoras independientes durante dos años- es limitar la construcción de puertos. Los espigones alteran el flujo natural de la arena: la retiran de un lado y la acumulan en otro. Como explicó ayer el secretario general para el Territorio del ministerio, Antonio Serrano, "hay puertos mal utilizados, con barcos pequeños que podría ir en dársenas terrestres antes que construir nuevos". El plan pretende reubicar el puerto de Águilas y frenar la ampliación del de Casica Verde.
El cambio en los puertos es sólo uno de los muchos que introduce la Estrategia, con la que el ministerio pretende recuperar el uso público de los 8.000 kilómetros de costa española. Serrano insiste en que esta estrategia es un cambio radical en la política de costas y que tardará en cumplirse. Medio Ambiente quiere que en 2012 todo el litoral se pueda transitar a pie.
El Gobierno ha caracterizado el Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva como primer paso. Hoy presenta el texto al Consejo Asesor de Medio Ambiente y ya se lo ha enviado a las autonomías. El plan incluye un diagnóstico, ya cerrado, y propuestas, como la moratoria en La Manga, que el Gobierno intentará consensuar con alcaldes y presidente autonómicos.
Aunque el ladrillo es la principal amenaza, aborda también la contaminación. En el Mar Menor, con deficiencias de depuración para los dos millones de personas que acoge en verano, el plan apuesta por minimizar el uso de fertilizantes en los invernaderos que lo rodean.
La contaminación por aguas fecales y nitratos ha producido en los últimos 10 años una proliferación de medusas sin precedentes en Europa. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, de cómo la masificación es a largo plazo mala para el turismo.
Otro de los puntos más polémicos para Murcia es el intento de frenar la urbanización Marina de Cope -11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf, marina interior con 2.000 amarres y una inversión de 3.800 millones de euros-. Se trata de una especie de Marina d'Or que el Gobierno regional promueve en un parque natural que desprotegió por ley en 2001.
Esa ley está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que lleva seis años con el tema, y sus desarrollos han sido recurridos por los ecologistas y el Gobierno. Pese a que su consejo jurídico le pidió esperar al fallo del Constitucional, el Gobierno de Murcia sigue adelante con su plan para construir en 11.000 hectáreas de costa virgen.
Sobre Marina de Cope, la Estrategia del Gobierno central afirma: "En el terreno actualmente clasificado como no urbanizable de uso general y antes del cambio de clasificación urbanística, adquirir una franja de 500 metros a partir del dominio público marítimo terrestre". Y establece que el ministerio tendrá que emitir un informe preceptivo sobre la urbanización.
Serrano insiste en que la Estrategia está completa en el diagnóstico y que la parte de propuestas para mejorarlo está abierta a acuerdos con las comunidades. Preguntado por casos como éste, en el que el acuerdo es altamente improbable, advierte: "El Gobierno quiere pactar pero, si no, actuará en consecuencia, tomará sus medidas legales y hará sus reservas" de terreno. La ley permite al Gobierno extender la franja de dominio público comprando o expropiando terrenos para proteger el litoral. Murcia es especialmente importante en el plan ya que tiene uno de los litorales mejor conservados (excepto La Manga).
Además, Medio Ambiente pretende impedir la construcción "de un nuevo puerto para tráfico de contenedores" en el espacio protegido de El Gorguel (Cartagena). Al menos hasta que se haya "optimizado la gestión de los existentes". Esta es una de las grandes reclamaciones de los ecologistas, que se oponen al plan del Gobierno autonómico y del ministerio.
En Cabo de Palos o Mazarrón, donde hay centenares de casas bajas en primera línea de playa, muchas anteriores a la Ley de Costas, el ministerio pretende ir derribándolas, pero "a largo plazo". Los autores del plan han detectado en Mazarrón mojones "en dudosa ubicación", presumiblemente movidos por los promotores para dar apariencia de legalidad a sus urbanizaciones. El movimiento de mojones era una especie de leyenda urbana en la costa, pero pocas veces había aparecido en un texto oficial. El de la rambla del Alamillo, en Mazarrón, "está en lugar inadecuado".
En gran parte del litoral murciano se extiende la recomendación de comprar los primeros 500 metros de costa, como hizo con las antiguas baterías de Defensa en Cabo Tiñoso, que quedan como uno de los grandes tramos vírgenes del Mediterráneo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 31/10/2007
Foto: La Manga del Mar Menor 1963/2005 - PAISAJES ESPAÑOLES (El País)
La CCDT exige al Gobierno recortes masivos en la planificación urbanística
Hoy el gobierno ha anunciado un plan de actuación y un pacto de estado para frenar el urbanismo salvaje, que consistirá en la demolición de edificios, la finalización de los deslindes de costas y la compra de terrenos, con un presupuesto de 5.000 millones de euros. Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* (CCDT) denunciamos que por un lado el plan resulta poco creible un función de actuaciones recientes del ministerio y por otro que sería netamente insuficiente para frenar significativamente el urbanismo salvaje, ya que no se atacan las causas principales ni se aportan las soluciones necesarias.
Por un lado hay que destacar que solo teniendo en cuenta las promociones ya comprometidas en la actualidad se triplicará el número de viviendas en la costa, con un numero de viviendas previstas de cerca de 20 millones, según se ha publicado recientemente en diferentes medios.
Si a esto añadimos los desarrollos pendientes de tramitación en la actualidad, podría superarse la inaudita cifra de 40 millones de viviendas nuevas, que triplicarían todas las existentes en España en la actualidad.
Frente a semejantes cifras las actuaciones propuestas por el gobierno hoy son insignificantes y van a afectar poco al contingente grueso de promociones en curso o pendientes de tramitación.
Por ello lo primero que ha de exigirse al gobierno es un pacto de estado con autonomías y ayuntamiento que pase en primer lugar por moratorias y recortes drásticos en la recalificación de suelo y en todas las fases de planificación, y por la elaboración inmediata de instrumentos rigurosos de ordenación territorial, que deben destinarse al crecimiento "hacia adentro" y a dotar los núcleos existentes de infraestructuras más adecuadas y sostenibles (saneamiento, evitar el transporte motorizado individual, moderar el consumo de agua, etc).
Tampoco resulta creible la toma de iniciativa drástica en materia de urbanismo sin plantearse una alternativa económica y laboral para España, especialmente teniendo en cuenta que el ejecutivo no deja de hablar de la construcción como fuente de riqueza.
Por otro lado son necesarias reformas legales y del sistema judicial y administrativo que impidan la especulación y agilicen los procesos de denuncia y sanción.
El caso del Algarrobico
La actuación del ministerio resulta poco creible a la luz de recientes intervenciones, como en el caso del hotel del Algarrobico, paralizado en los tribunales por un recurso interpuesto por la asociación Salvemos Mojácar, y del que ahora el ministerio pretende expropiar solo la mitad del edificio, la que está en la servidumbre de protección marítimo terrestre que marca el deslinde de costas, mientras que pretende dejar indemne la otra mitad, igualmente ilegal, que se ubica en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y en habitat Prioritario.
Si este es el "buque insignia" y el ejemplo de las actuaciones ministeriales, desde esta organización consideramos que se trata de farsas y de mascaradas electoralistas intolerables.
Si el ejecutivo quiere marcar diferencias con la retórica execrable del desarrollismo y la ignorancia medioambiental del PP, deben hacerlo con acciones y no solo con discursos y pasos e falso.
Desde la ciudadanía exigimos al gobierno una toma de responsabilidad definitiva en esta problema, el más grave del país por sus múltiples ramificaciones, entre las que se encuentran las problemáticas medioambientales del cambio climático y las sociales de la vivienda.
El territorio es un recurso limitado y el daño que se está causando, mientras el gobierno lanza sus insuficientes planes, es irreversible.
* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
* Portalmería - 30/10/07
Blindados ante el alquiler
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ELPAÍS* : Vivir de alquiler es una opción minoritaria en España, sólo un 11,25% de los hogares españoles optaba por hacerlo en 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. La cultura de la propiedad y una reducida oferta dificultan el despegue de una opción que el Gobierno se ha marcado como objetivo. El Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler pone el acento con ayudas destinadas a uno y a otro lado: la demanda, 210 euros mensuales a partir del próximo 1 de enero; y a la oferta, la agilización de los procesos de desahucio o la ampliación de ayudas para propietarios.
En la cara de la oferta, el objetivo es que se saquen más pisos al mercado de alquiler con "todas las garantías". Un muro, las garantías, con el que chocan muchos de los que quieren sumarse a esta opción. Dos piezas de un mercado que cuesta encajar.
Es el caso de Aitor R. que lleva dos meses buscando un piso de alquiler en Madrid junto a una amiga. Cerca de la treintena, licenciados y mileuristas, la única opción viable para independizarse es, por ahora, compartir vivienda. Pero, la tarea no es fácil. Además de los elevados precios y una oferta no demasiado amplia, chocan con el exceso de celo de muchos propietarios que, desprotegidos ante los largos trámites en caso de impago, exigen fianzas de varios meses, avales bancarios o el pago de meses por adelantado.
"Muchas veces las condiciones suponen un desembolso cercano a los 6.000 euros, todos mis ahorros, explica Aitor. Hay casos en los que nos han pedido, además de nómina y contrato indefinido, tres meses de renta por adelantado, avales bancarios por el importe de un año o fianzas de varios meses. Eso en alquileres que rondan los 900 euros", explica.
Al otro lado de estas peticiones, propietarios que, en muchos casos, han vivido ya malas experiencias con el arrendamiento, y quieren alquilar su casa pero arriesgando lo mínimo. "Te sientes desprotegido. Pueden destrozarte la casa, dejar de pagar. Necesitas muchos meses para recuperar el piso. Con esas garantías te aseguras perder menos dinero", explica Javier M., dueño de un piso en alquiler en Madrid. "Los propietarios, expone Carlos Mateu, abogado de Promein, necesitan de modo urgente que les abonen las rentas impagadas y que el inquilino moroso, profesional o no, desaloje su vivienda. El proceso actual de desahucio es excesivamente largo".
Ante esto, argumenta Fernando Encinar, de Idealista, "se ha generalizado pedir varios meses de fianza y aval bancario". A juicio de Encinar, en su portal hay cerca de 2.700 anuncios en alquiler frente a más de 21.000 en venta en la ciudad de Madrid, estas medidas dificultan el acceso de algunos colectivos y "estrangulan el mercado".
Un mes de fianza por ley
Con la Ley de Arrendamientos Urbanos en la mano, lo único obligatorio es un mes de fianza en metálico en el caso de viviendas y de dos si el uso es distinto. Isabel Cámara, abogada de Ausbanc, considera que este punto es preceptivo y no se puede alterar. Desde la asociación se recomienda evitar avales o fianzas excesivas. Asimismo Cámara recuerda la obligatoriedad de que ese mes de fianza se deposite en el organismo designado en cada comunidad. En caso de no hacerlo hay sanciones estipuladas.
Pero, ya sin carácter obligatorio, la norma deja la puerta abierta a más blindajes. "Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía [] adicional a la fianza en metálico", añade la normativa. Al otro lado, el inquilino es libre de decidir si las acepta. "Sabemos que si no lo hacemos nosotros, lo aceptará otro y perderemos el piso, pero nos parecen abusos en toda regla", se resigna Aitor.
Entre depósitos y avales
¿Qué diferencias hay en cada una de las restantes garantías que se suelen exigir? Los meses de renta por adelantado o los depósitos por determinadas mensualidades 'sólo' suponen un desembolso extra de dinero que se da al arrendador.
Para el aval se necesita la intermediación de una entidad bancaria. Normalmente lo que hace la entidad es, una vez que ha comprobado que se tiene el dinero requerido, inmovilizarlo y emitir el aval. Los gastos, aunque varían entre entidades, incluyen una comisión por formalización (ronda el 0,5%) y otra trimestral por riesgo de entre el 1 y el 1,5%.
A juicio de Carlos Mateu, de Promein, esta herramienta es una de las mejores garantías que existen para protegerse ante el impago de la renta (pese a no cubrir ni los destrozos ni los costes de un juicio), aunque reconoce que presenta inconvenientes para el inquilino. "El dinero se queda retenido y no puede disponer de él", explica, además del coste que conlleva. El propietario puede ejecutar el aval "a primer requerimiento" en caso de impago y el banco está obligado a abonarle las cantidades avaladas tras demostrar con pruebas documentales ese incumplimiento.
Al amparo del Estado
Ante esta situación, el Gobierno ofrece opciones, que ahora va a reforzar con el Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler, para dar "tranquilidad" al propietario. Una, existente desde abril de 2005, es recurrir a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda. Si el propietario inscribe su vivienda en el programa, la SPA le garantiza que va a recibir la renta, independientemente de que el inquilino las abone, hasta la resolución del contrato. Además, garantiza la devolución de la vivienda en las mismas condiciones en las que se entrego.
En esta línea, el nuevo plan incluye un epígrafe denominado 'Alquiler Seguro' que, según técnicos del ministerio de Chacón, viene a reforzar este punto de las garantías y se suma a la creación de nuevos juzgados y al desarrollo de 'juicios rápidos' para desahucios. Unas medidas, que en opinión de Mateu, van a ayudar a "que disminuya el temor del propietario en convertirse en arrendador".
En todo caso, en el sector inmobiliario, el anuncio de estas medidas se recibe con expectación. Desde una de las principales agencias del país creen que será el mercado y no estos impulsos gubernamentales los que dicten el futuro del alquiler. Las subidas de tipos y las crecientes dificultades para vender, explican fuentes del sector, "pueden hacer que la gente saque casas y se opte más por alquilar, no serán las medidas del Gobierno, será el mercado".
Recurrir al arbitraje
Otra de las opciones a la que recurren cada vez más arrendadores para intentar protegerse ante el inquilino es el arbitraje. Algunas entidades, como la Corte de Arbitraje, ofrecen lo que denominan 'Garantía de Alquiler', un documento que se adquiere, el coste es de 42 euros, y se adjunta al contrato. Lo que garantiza es que, en el caso de que haya algún incumplimiento por cualquiera de las dos partes, se puede recurrir al arbitraje para solucionar el conflicto (impagos de renta, problemas con los suministros, daños en la vivienda). Las partes remiten a la entidad las pruebas documentales que se requieran y el árbitro resuelve un laudo o sentencia arbitral en unos 45 días. "Si no se cumple con esta primera notificación, pasa a justicia ordinaria, donde el juez debe darle cumplimiento lo más rápido posible", explica Mario Navarro Rubio, máximo responsable de la Corte de Arbitraje que añade que la primera notificación tiene un carácter fuertemente disuasorio. "Muchos inquilinos que no abonan las mensualidades abandonan la casa en ese momento". El arbitraje no garantiza el pago de la renta, pero sí logra que el propietario recupere su casa en menos tiempo -unos tres meses- y con menos costes -alrededor de 150 euros-, explica Navarro. Desde que iniciaron estos servicios, en 2004, han vendido 240.000 garantías.
* ELPAIS.com - N. CANO - Madrid - 30/10/2007
Foto: Cartel de piso en alquiler- Alejandro Ruesga (El País)
«Los Ayuntamientos se lucran de las irregularidades urbanísticas que están consintiendo»
ABC/Valencia* : Integrante de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia desde que se creó, Joaquín Baños asume ahora su coordinación. Responsabiliza a los ayuntamientos de muchos de los excesos urbanísticos y apuesta por mermarles las competencias. Entrevista...
-Cuando el hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo Antonio Vercher formaba parte de la plantilla de la Fiscalía de Valencia y se especializó en Medio Ambiente, le llamaban, despectivamente, el fiscal de los pajaritos. ¿Qué ha cambiado en esta casa desde entonces?
-Hay que partir de un dato puramente legislativo y objetivo: hasta 1983 no existía en el Código Penal ningún precepto que regulara el delito ecológico. Nos puede parecer lejano pero desde el punto de vista legislativo eso es antesdeayer. Había que perseguir los atentados al medio ambiente como daños, pero se castigaban con penas ridículas. Cuando Antonio Vercher empieza a llevar estos temas era novedoso, no existía ninguna otra Fiscalía que tuviera a nadie especializado en materia medioambiental y no había respuesta jurisprudencial porque no había dado tiempo a que lo hubiera.
-Cómo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ¿qué le pesa más, el primer apellido o el segundo?
-El urbanismo se castiga penalmente en la medida en que la desordenación atenta contra el medio ambiente. En la Comunidad Autonóma son más las diligencias que se incoan por delitos urbanísticos porque hay un importante problema de edificaciones ilegales que las que se incoan po medio ambiente entendido como vertidos y emisiones. Además, los delitos urbanísticos son más fáciles de perseguir porque el vestigio queda, está la edificación; pero un tema de vertidos es algo puntual y cuando aparece el vestigio, a veces el vertido ya ha cesado y hay que descubrir de dónde procede. Eso implica una dificultad mayor.
-¿Es más fácil detectarlos pero más difícil perseguirlos y sancionarlos?
-El problema es la falta de conciencia de que las agresiones urbanística son delito; y es un problema achacable no sólo al ciudadano sino también a las administraciones. ¿Por qué se introduce en el Código Penal el delito urbanístico? El problema de las urbanizaciones ilegales estaba resuelto con la Ley del Suelo; los ayuntamientos, que son los competentes en esta materia, ante la existencia de un chalé ilegal, deberían incoar un expediente sancionador y proceder a imponer una sanción por haber edificado sin licencia y si luego además resulta que no es posible legalizarlo, instar el procedimiento pertienente hasta llegar a la demolición de lo construido. Pero no lo hacen.
-¿A qué atribuye esa tolerancia administrativa?
-Es algo poco amable con los ciudadanos, es incómodo, impopular y cuanto más pequeño es el municipio y en zonas de interior bien conservadas es más patente. Ante un chalé ilegal e ilegalizable, los Ayuntamiento no hacían nada y encima les cobraban contribución urbana porque dicen que una cosa es la sección de Hacienda y otra la de Urbanismo y como hay un hecho mponible, había que tributar. Esto es tanto como que el narcotraficante que viene en el vuelo con un paquete de cocaína, primero pasa por la aduana, paga las tasas de importación por el paquete de cocaína y una vez abonadas, le está esperando la Guardia Civil para llevárselo detenido por traficar con droga. Los Ayuntamientos se lucran de las ilegalidades que están consintiendo. Uno lleva a juicio a este señor que ha levantado un chalé ilegal y nos enfrentamos por un lado, a unas normas urbanísticas complicadas, y por otro, al hecho de que en muchas ocasiones esos particulares son llevados a engaño por los propios ayuntamientos, que no actúan y les cobran contribución, les facilita la luz y a veces hasta les asfalta el camino. Entonces, cuando llega a juicio el individuo acusado de un delito de urbanismo nos encontramos con que el elemento objetivo del delito está claro, es decir la construcción el ilegal, el sujeto reconoce que nunca pidió licencia, la normativa, según los técnicos está clara, no se puede legalizar, pero sin embargo falta la conciencia de haber cometido un hecho ilícito. Él no sabía que eso no se podía hacer y no lo sabía porque no se ha informado pero también porque le ha llevado a engaño la propia inactividad de la administración.
-¿Que ocurre cuando no existe conciencia de un hecho ilícito?
-Pues se produce un problema porque los jueces son reacios a castigar aquello de lo que no hay conciencia de ilicitud. Si uno cree estar obrando lícitamente, hay un error que puede dar lugar a la impunidad.Los tribunales son reacios a condenar a personas que no son delincuentes; que son ciudadanos honrados y que construyen un chalecito en su propiedad con vulneración de las normas urbanísticas pero sin conciencia de que estaban vulnerando la ley y llevados a engaño por el propio ayuntamiento. El legislador en el 95 constató un hecho: la legislación no se cumple por quienes tienen que hacerla cumplir y decidió pasarle la patata caliente al Poder Judicial.
-¿Y eso no conduce a una excesiva penalización de asuntos que podrían resolverse en vía contencioso administrativo?
-Pese a que hay compañeros que opinan lo contrario, como el propio Vercher, yo creo que únicamente debían estar en el Código Penal los atentados más graves. Las construcciones en suelo no urbanizable común, que no tenga ninguna protección especial, yo no las hubiera sacado nunca del ámbito administrativo.
-¿Y muchos casos llegan a la vía penal por la mera instrumentalización política?
-En los delitos urbanísticos tendríamos que distinguir dos supuestos: la corrupción urbanística en base a las posibles connivencias de un Ayuntamiento con una constructora para obtener pingües beneficios y luego, los delitos urbanísticos cometidos por particulares. En la provincia de Valencia, los que más abundan son los segundos. Aunque se están investigando posibles casos de corrupción urbanística, esto no es Marbella ni Alicante. Aquí no hay un clima generalizado de corrupción de las administraciones en materia de urbanismo. Se siguen diligencias, entran denuncias, algunas no tienen ningún contenido penal... porque lo que sí detectamos es que se intenta utilizar a la Fiscalía con fines políticos y electoralistas. Y eso nosotros lo rechazamos. Llega época de elecciones y empiezan a llegarnos denuncias, que a lo mejor no están formuladas por el partido político pero sí por personas o asociaciones vinculadas a un partido y pretenden hacer daño al contrincante mediante una denuncia, que a lo mejor luego no tiene ninguna trascendencia pero el daño ya está hecho.
-¿Hay que meter mucha excavadora?
- El Código Penal prevé el derribo de la edificación, pero no lo establece como preceptivo, sino como algo potestativo del Tribunal. Y a veces, cuando hay condena, el Tribunal no ordena el derribo y le pasa la patata a la administración. Hay veces que llevas al juzgado una edificación ilegal que está incluida en una urbanización también ilegal pero en la que al resto de chalés no se les puede perseguir porque han pasado tres años y el delito está prescrito. El último chalé es tan ilegal como los demás pero como para ellos ha prescrito, por la vía penal no se les puede tocar y derribar el último es un poco exagerado e injusto. Si aparece un único chalé en una zona de alta protección, es lógico, razonable y necesario ordenar el derribo.
-¿Quién le da más quebraderos de cabeza, las administraciones o los particulares?
-Los delitos, la acción, la cometen los particulares pero la responsabilidad es de las administraciones por tolerarlo. Hay casos de 2.000 chalés ilegales, en una zona sin alcantarillado, con pozos ciegos...Los residuos orgánicos de un chalé pueden no contaminar un acuíferos pero los de 2.000 sí; no hay planes de prevención de incendios forestales y luego llegan los problemas de evacuaciones. ¿Quién es el responsable de que en una zona no urbanizable florezca una urbanización de muchos chalés? La administración. La solución pasa por limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Quizá no habría que generalitat, porque no es lo mismo los grandes ayuntamientos, que tienen sus servicios técnicos y sus funcionarios de carrera, que los ayuntamientos pequeños, donde ellos se lo comen y se lo guisan,con un término extensísimo, mucho para proteger y mucho para ganar. Sin embargo la ley no distingue.
-¿Pero el urbanismo es su principal fuente de financiación?
-Ese es el problema. Pero si los Ayuntamientos se financian con el urbanismo, apaga y vámonos.
-En vísperas de elecciones, ¿Le preocupa que sus decisiones se interpreten sólo desde una óptica política?
-Nuestras decisiones están sometidas al imperio de la ley y a lo que luego resuelvan los tribunales, que son los que deciden si condenan o no. No nos vamos a someter ni a la presión mediática ni a la política; actuaremos con indiferencia absoluta respecto al momento en que estemos actuando. Me da igual que sean elecciones o no, porque la mejor forma de que no se nos utilice es demostrar que es inútil intentarlo; no acomodarnos al tempo electoral sino al nuestro, dependiente de la carga de trabajo y de la urgencia del tema.
-¿Hay que aplicar el Código Penal con más dureza o modificarlo?
-El Código que tenemos es suficiente; en temas de prevaricación ambiental o urbanística podría haber algún retoque pero la protección del Medio Ambiente no se soluciona con la aplicación del Código Penal, porque actúa como reacción, cuando el delito se ha cometido. En ese sentido, no es preventivo. ¿Quién puede prevenir?. Las Administraciones.
* ABC Valencia - ISABEL RGUEZ. DE LA TORRE - 29 de octubre de 2007
Muñoz y Roca declaran ante el juez por un nuevo delito urbanístico
EFE/Marbella* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico del Consistorio Juan Antonio Roca han sido trasladados hoy a los juzgados de la ciudad para que declaren por una causa urbanística. Muñoz llegó a las dependencias judiciales procedente de la prisión provincial de Jaén, donde se encuentra en cumplimiento de dos condenas de un año de prisión por otros delitos urbanísticos. Veinte minutos antes fue trasladado hasta los juzgados marbellíes Juan Antonio Roca, quien está ingresado en la cárcel de Albolote (Granada) en prisión preventiva por el 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella.
Está previsto que ambos comparezcan ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 del municipio malagueño, Carmen Rodríguez Medel, por una causa en la que se les imputa los delitos prevaricación y contra la ordenación del territorio, han señalado fuentes judiciales. De estos mismos delitos están acusados el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el consejero delegado de Divertilandia Marbella SL, Antonio García Barrios, que también han sido citados a declarar hoy ante la juez.
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2006 por la comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento marbellí tras la disolución de la Corporación, órgano que tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de la compañía Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
Según la denuncia, en mayo de 1995 el Ayuntamiento firmó un convenio con Repsol en virtud del cual la compañía autorizaba al Consistorio a tramitar la reparcelación de unos terrenos propiedad de la compañía en el entorno de Puerto Banús y en el que se establecía la apertura de una nueva parcela apta para desarrollar la actividad de estación de servicio.
La denuncia presentada por el órgano rector señala que, a pesar de que la propietaria de la parcela se vio obligada a ceder ésta al Consistorio para convertirse en un bien de dominio público, el Ayuntamiento transmitió la propiedad en marzo de 1998 a la sociedad Marbella Divertilandia SL. Posteriormente, en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 por parte del Ejecutivo local -plan que posteriormente fue anulado por la Junta de Andalucía- la calificación de la citada parcela pasó a uso comercial.
Además de esta causa, Roca está citado para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Óscar Pérez, sobre las investigaciones que aún continúan abiertas en relación al 'caso Malaya'. En este procedimiento además se encuentran imputadas al menos doce personas, de las que no ha trascendido su identidad ni los cargos que se les atribuyen y sobre las que el juez deberá decidir si son procesadas en la causa principal o encausadas en una pieza separada.
* SUR - 30.10.07
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Lanzarote: La Justicia frena la construcción de 38 villas en Playa Blanca
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LAVOZDELANZAROTE* : Los Tribunales de Justicia han dado la razón al Cabildo de Lanzarote al suspender la construcción de 38 villas unifamiliares en el plan parcial Playa Blanca. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas dictó el pasado 19 de octubre un auto por el que se instan medidas cautelares, que fue notificado a la primera Corporación el 25 del mismo mes.
La decisión de la Sala paraliza la construcción de un complejo de 38 chaléts en la parcela R-21 del plan parcial Playa Blanca, cuya licencia fue concedida el 7 de septiembre de 2005 por el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la empresa Luna de Oro, S.L.
Se trata de la primera suspensión cautelar que se ha resuelto en el plan parcial Playa Blanca. El Cabildo inició procedimientos contra las 14 licencias concedidas en esta zona en 2006, que autorizan unas 400 viviendas. Ha sido este año, tras la entrada de la nueva Corporación, cuando se han solicitado medidas cautelares en tanto se resuelven todos los pleitos.
Además de los recursos a las licencias de construcción, el departamento legal de la primera Corporación ha recurrido el propio plan parcial, al entender que está extinguido por inejecución desde 2001, tras la aprobación de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes, previa a la Ley de Directrices.
Las medidas cautelares impedirán la construcción de 150 plazas residenciales en el sur, en tanto los Tribunales se manifiestan en relación con la legalidad o no de sus licencias.
* La Voz de Lanzarote - 30 de octubre de 2007
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
La Coordinadora en Defensa del Territorio denuncia que la corrupción urbanística es la primera causa del cambio climático
EUROPAPRESS* : La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) denunció este viernes que la corrupción urbanística es la principal causa del cambio climático y su "problema más grave" tanto por "la destrucción" que supone como por "el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos" que implica. La organización ha difundido un manifiesto que afirma que "España es Marbella" porque la localidad malagueña "no es la excepción, sino el paradigma" de "la precariedad democrática" que se deriva de la especulación urbanística.
"La causa de esta situación única en el mundo es que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano" mediante "plusvalías a los propietarios, convenios urbanísticos y la aplicación de la ley de suelo de 1998", reza el manifiesto.
Según la coordinadora, "es imprescindible para frenar la corrupción eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación" mediante "una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales" y la imposición de "sentencias ejemplares".
La organización reclama además, una "moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitación del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje".
* Europa Press - MADRID, 26 Oct.
Foto: Urbanismo salvaje - Ecologistas en Acción
España: Terapia de choque para la costa
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ELPAÍS* : En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas. Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pulpí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...
Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.
Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.
Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.
"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.
Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.
Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.
La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.
Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.
Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.
El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.
* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / R. MÉNDEZ - Madrid - 29/10/2007
Foto: El Sauzal (Tenerife), derribo de 418 viviendas - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (El País)
Madrid: Un informe reconoce que las viviendas de la Cañada no son chabolas
MADRIDIARIO* : Un informe del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo reconoce que las construcciones de la Cañada Real no son "chabolas" o "infraviviendas" sino una serie de "viviendas unifamiliares de dos o tres plantas (con servicios anexos tales como barbacoas, granjas, etc...) todo ello sin licencia municipal".
La categoría de edificación es trascendental para el tratamiento que deben recibir para el desalojo y derribo, y para determinar la responsabilidad sobre este macroasentamiento en el que se calculan que habitan 40.000 personas.
Así, este informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones, del departamento de Urbanismo que dirige Pilar Martínez, apunta que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera el chabolismo como un fenómeno alegal no urbanístico que puede resolverse con desalojo y demolición "por razones constatadas de seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública, por obstaculizar la ejecución del planeamiento urbanístico o atendiendo a razones sociales derivadas del posible realojo de los ocupantes".
Sin embargo, el informe subraya que las edificaciones de la Cañada "no son propiamente chabolas o infraviviendas". "Aún existiendo una tipología edificatoria muy diversa se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo, que ocupan una o dos plantas (a veces más) con distribuciones de piezas habitables, materiales, servicios y acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas", y añade: "precisamente los informes policiales denuncian la construcción de auténticos 'búnkeres' de hormigón y puertas acorazadas casi inexpugnables".
El informe "no cambia nada"
El Ayuntamiento de Madrid restó este lunes importancia al estudio que determina que muchas de las edificaciones de la Cañada Real Galiana tienen la catalogación urbanística de viviendas unifamiliares, ya que "no cambia nada" porque estas construcciones "continúan siendo ilegales".
Así, fuentes municipales confirmaron que los procesos abiertos para el desalojo y derribo de algunas edificaciones de la Cañada Real no se verán afectados aunque se traten de viviendas unifamiliares y no chabolas. Éstas últimas, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge el informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones del Área de Gobierno de Urbanismo, sí pueden someterse a procesos de desalojo y derribo.
Las mismas fuentes indicaron que si las construcciones que actualmente se levantan en la Cañada Real Galiana se consolidasen, dejarían de ser ilegales, pero esta situación no se ha producido, por lo que la mayoría de las viviendas no cuentan con las licencias municipales oportunas.
Además, desde el Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se insistió en que la solución a los problemas de este asentamiento que se extiende desde la incineradora de Valdemingómez hasta la A-3 (autovía de Valencia) pasa por que la Comunidad de Madrid convoque una reunión con todos las administraciones implicadas.
* Madridiario - 29-10-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, casa Cañada Real - madridiario.es
Ronda: Cuenca Mediterránea vuelve a denegar el agua a Los Merinos
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ELPAÍS/Málaga* : La Cuenca Mediterránea Andaluza ha negado ya en dos ocasiones autorización para que la urbanización Los Merinos Norte, que contempla 781 viviendas y dos campos de golf en un paraje próximo a Ronda, pueda abastecerse de los acuíferos de la zona al considerar que las necesidades de consumo son "incompatibles" con el plan hidrológico de la cuenca, que se caracteriza por sus recursos deficitarios.
En el último informe se descarta además la posibilidad de que la urbanización pudiera recibir agua reciclada de la nueva depuradora de Ronda para el riego de los campos de golf, como han pactado la promotora y el Ayuntamiento pese a que éste carece de competencias para disponer del caudal.
En noviembre de 2005 la Cuenca Mediterránea Andaluza negó la concesión de caudales a Club de Campo y Golf, sociedad promotora del polémico complejo de Los Merinos Norte, cuyo proyecto de urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de Ronda en febrero de 2006 está impugnado por la Consejería de Obras Públicas ante un juzgado que ha negado la suspensión cautelar de los trabajos. Meses después de aquella negativa, la promotora presentó a la Cuenca un nuevo esquema de aprovechamiento de agua que a su juicio no rompería el equilibrio hídrico. En la primera ocasión, la promotora pidió extraer del acuífero del que se abastecen las poblaciones de Arriate y Cuevas del Becerro un caudal de 595.570 metros cúbicos anuales, que la Cuenca consideró "desproporcionado" porque suponía una dotación anual por habitante y día de 520 litros, cuando el plan hidrológico sólo permite un máximo de 350 en la zona. En la nueva petición se solicitaba un caudal menor, 198.377 metros cúbicos anuales, y se proponían una serie de pruebas sobre el acuífero que la Cuenca rechazó también.
Aunque en esta segunda solicitud se pedía menos agua, se reconocía una necesidad de abastecimiento total para la urbanización mayor a la pretendida en la primera, 880.745 metros cúbicos anuales, aunque 682.368 metros cúbicos serían obtenidos de la depuradora de Ronda y de la que se construirá en la urbanización para el riego de los campos de golf, zonas verdes y baldeo de calles.
Uno de los motivos de la denegación es la falta de justificación de este caudal. La promotora invocó un convenio con el Ayuntamiento de Ronda para obtener 4.000 metros cúbicos diarios de la nueva depuradora de la ciudad. Pero, según el informe de los técnicos de la Cuenca Mediterránea, la planta de Ronda no tendrá tratamiento terciario que es el que permite la reutilización del agua, y además el Ayuntamiento no tiene la concesión ni el derecho de cesión del agua de la depuradora, que pertenece a la Agencia Andaluza del Agua. Además, la Cuenca adujo también que detraer 4.000 metros cúbicos del río Guadalevín provocaría un "inevitable impacto", que impediría los regadíos del bajo Guadiaro y aumentaría el riesgo de mortandad de peces.
Efectos irreversibles
Las obras de urbanización previas al inicio de la construcción del complejo urbanístico continúan en Los Merinos y han afectado ya a varios centenares de encinas, según denuncian las asociaciones ecologistas que se oponen al proyecto. Silvema lamenta que la juez de lo contencioso argumentara que las posibles afecciones se pueden restituir para denegar la suspensión cautelar de los trabajos. Para los ecologistas, los efectos ecológicos son irreversibles. La licencia está impugnada porque según la Junta el proyecto autorizado por el Ayuntamiento de Ronda incumple el informe de impacto ambiental y produce una transformación de más del 25% del territorio.
En los últimos días también ha habido novedades en el procedimiento penal. El fiscal ha remitido las diligencias que abrió a los juzgados de Ronda para que investiguen la comisión de un posible delito contra la ordenación del territorio o contra los recursos naturales y el medio ambiente. El fiscal ha pedido que se elabore un informe sobre el impacto de los trabajos realizados y que el Ayuntamiento de Ronda informe sobre si se están ejecutando las obras para la conducción del agua reciclada.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 29/10/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
'La expansión urbanística es la responsable de las inundaciones alicantinas de la semana pasada'
EUROPAPRESS* : WWF/Adena afirmó este lunes que "la expansión urbanística es la responsable de las inundaciones que se produjeron la semana pasada en el litoral alicantino", tras las lluvias torrenciales que azotaron al litoral alicantino la semana pasada. Por otro lado, la entidad hizo hoy un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que "revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas o crecidas".
"Las dramáticas consecuencias de las intensas precipitaciones que asolaron el litoral alicantino durante la pasada semana ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas de ordenación territorial que minimicen el impacto de las lluvias torrenciales", añaden.
Asimismo, desde WWF/Adena explican que "la ocupación del litoral, de los barrancos y ramblas sufrida en los últimos años para la construcción de viviendas o infraestructuras, ha destruido los ecosistemas naturales capaces de paliar los efectos de las avenidas, como riberas, humedales, saladares o llanuras de inundación. Los Planes Generales de Ordenación Urbana que aprueban los Ayuntamientos y, en última instancia la Generalitat Valenciana, así como la insuficiente aplicación de la Ley de Regulación de Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, han llevado a la Generalitat Valenciana a ser un mal ejemplo para toda la Unión Europea, contando con numerosas denuncias de grupos conservacionistas y de la propia Comisión Europea".
Según la organización ecologista, "la Generalitat Valenciana reconoce la existencia de cientos de miles de viviendas construidas en zonas calificadas como 'inundables'. Sin embargo, no sólo no asume su responsabilidad si no que ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente como responsable de la catástrofe por no mantener los 'cauces limpios'".
WWF/Adena recuerda que " tal y como se ha puesto de manifiesto en el II Seminario Internacional de Restauración de Ríos, celebrado esta semana en Madrid, la vegetación natural asociada a los cauces constituyen un elemento esencial de protección y no es, en ningún modo, la responsable de los efectos de las inundaciones".
Por su parte, la portavoz del Grupo de Alicante de WWF/Adena, Nuria Moreno, señala que "la única manera de revertir esta situación es impulsar un profundo cambio en la política de ordenación territorial, diseñando estrategias para proteger y conservar el dominio público hidráulico y el costero. La Generalitat Valenciana no puede continuar anunciando planes millonarios para paliar los efectos de posibles avenidas, mientras continúa permitiendo la construcción en zonas inundables".
Por último, WWF/Adena insiste en que "la Generalitat Valenciana invierta mayores esfuerzos en la aplicación efectiva con criterio de sostenibilidad de la legislación vigente y en la necesidad de que las administraciones locales no se comprometan a legalizar, con fines electorales, en los próximos Planes Generales de ordenación Urbanística las viviendas construidas en el dominio público hidráulico o costero".
Este tipo de lluvias son habituales en esta época del año debido al fenómeno de carácter natural de la llamada 'gota fría' que afecta principalmente, a la costa mediterránea. Los ecosistemas naturales asociados al litoral y a los ríos y barrancos mediterráneos constituyen un elemento fundamental de protección frente a inundaciones ya que cumplen una función amortiguadora por su elevada capacidad de infiltración de las aguas.
* Europa Press - MADRID, 29 Oct
Foto: Alicante, inundaciones - Europa Press
País Vasco: 40.000 pisos amenazan el litoral
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ELPAÍS* : Euskadi no es Marbella ni la costa del Mediterráneo, pero la presión urbanística sobre el litoral crece con claridad. En Vizcaya existen proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas, mientras que en Guipuzcoa sólo en Orio ya está prácticamente culminado el plan de levantar 300 pisos junto a la costa. Los proyectos de ordenamiento supramunicipales (los planes territoriales parciales, o PTP) ya aprobados por el Gobierno permiten la edificación de cerca de 20.000 viviendas junto al mar, sólo en la costa vizcaína, a lo largo de los próximos ocho años, cifra que previsiblemente se duplicará cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa.
La organización ecologista Greenpeace ha alertado de los peligros de urbanización en la costa, aunque aplaude la aprobación definitiva, en marzo pasado, del Plan Territorial Litoral, que protege una franja de 500 metros de ancho a partir de la ribera del mar.
La mayor presión se localiza, según han constatado los colectivos ecologistas, en la costa vizcaína y, en concreto, en la franja más cercana a Bilbao, entre las localidades de Bakio y Getxo.
En Guipúzcoa, la principal polémica se ha centrado en Orio, una localidad de menos de 5.000 vecinos, donde la revisión el pasado año de las normas subsidiarias va a permitir edificar más de 700 nuevas viviendas. De ellas, 300 ya están prácticamente construidas y un centenar se edificaron casi al límite de lo establecido por la ley de Costas, que fija una protección de 100 metros.
La otra zona más apetecible urbanísticamente en territorio guipuzcoano, la de Donostialdea, tiene aún pendiente de aprobación su Plan Territorial Parcial, uno de los 15 en que se dividió hace 17 años todo el País Vasco, de los que ocho todavía se hallan sin elaborar. Estos documentos, que resultan vitales para la ordenación urbanística, nacieron de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada en 1990. Su objetivo es dibujar las líneas maestras de lo que debe ser el futuro del territorio para un área determinada.
Los ecologistas alertan de que en las dos últimas décadas la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005, según un informe del Departamento de Vivienda. "Los mayores peligros de urbanización se centran en la franja costera. Getxo, Bakio, Lezama, Gatika, Sopelana y Berango ven cómo cada año aumenta la construcción de viviendas", señala el último informe de Greenpeace que analiza la situación del litoral vasco.
En este caso el conflicto de más calado se registra en Bakio (poco más de 2.100 habitantes), donde existen planes para construir 1.900 viviendas, incluyendo un campo de golf. El Departamento de Medio Ambiente ya ha cuestionado este plan. Otro ejemplo: en Ondarroa (9.200 vecinos) el Ayuntamiento promueve construir 500 viviendas sobre una marisma.
Ha habido casos que se han topado con los tribunales. El Tribunal Superior vasco anuló hace tres años la recalificación, ahora pendiente de recurso en el Supremo, de 18 hectáreas en un zona protegida de Barrika, donde los intentos de edificar se remontan 20 años. Pese a ello, 14 de las 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo, ya están finalizadas y habitadas. En Urdaibai, los tribunales también han parado la recalificación impulsada por el Gobierno para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27,8 hectáreas en Ibarrangelu, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera.
Los planes territoriales parciales prevén "una mancha urbanística" mayor. El principal de todos los elaborados, el del área metropolitana de Bilbao que afecta a la mitad de la población vasca, junto a una extrapolación del aún pendiente de Gernika-Markina, permiten la edificación de más de 20.000 viviendas en zonas costeras de Vizcaya. Faltan todavía por aprobar los de Donostialdea y el resto del litoral guipuzcoana, con lo que esa cifra se duplicará.
La Diputación de Vizcaya, que ha elaborado el proyecto del área metropolitana ya aprobado, señala que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que se edificarán.
Los efectos de la "redensificación"
Los planes territoriales parciales de los últimos años inciden en una filosofía: aprovechar mejor el escaso suelo disponible. La idea se llama "redensificación" y busca evitar la construcción de chalés, que además de ocupar más terreno complican la movilidad. Así, de los 88.000 pisos propuestos en el área metropolitana de Bilbao, casi 25.000 provendrían de esa redensificación de áreas de chalés, principalmente cercanas al metro o al ferrocarril.
Los cambios se centrarán en Getxo, donde ahora la densidad se eleva a de cinco a seis viviendas por hectárea. El documento plantea que ese ratio se eleve a una horquilla de 50 a 75 viviendas por hectárea. La Diputación vizcaína asegura que los ayuntamientos se han concienciado de la necesidad de evitar el consumo de suelo.
Los ecologistas ven la "trampa" en este planteamiento: "Ahora en una hectárea haces 10 viviendas unifamiliares. Con esto pueden meter cuatro veces más, pero no se genera espacio libre, porque tienes que hacer la urbanización, con sus calles y zonas de tránsito".
Lo que les suena bien a los ecologistas es el Plan Territorial Litoral, aprobado en marzo. Afecta a una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados (el 15,5% de Euskadi, donde vive el 60% de la población en 63 municipios). El plan no permitirá, salvo excepciones, nuevas edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Es una buena noticia, pero se trata ahora de comprobar que no se quede sólo en el papel", dicen los ecologistas. Medio Ambiente admite que no afectará a recalificaciones aprobadas antes de marzo, pero sí a cambios significativos que se quieran hacer.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 28/10/2007
Foto: Pisos construidos junto a la costa- SANTOS CIRILO (El País)
La Síndica rechaza las 1.200 casas en l´Atzúvia al no garantizarse el agua ni el desarrollo sostenible
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LEVANTE-EMV/Alacant* : Varapalo a los contundentes planes urbanísticos de l'Atzúvia. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha redactado un informe en el que advierte de las graves deficiencias de las que adolecen los tres planes parciales contemplados por ese ayuntamiento y que supondrían, según datos del propio consistorio, la construcción de 1.200 viviendas para una población de unos 600 habitantes.
Por este motivo, Caballero rechaza la aprobación de esos tres PAI y su suspensión provisional, y atiende así una petición del grupo Gelibre, que eleva el número total de casas a construir a 1.958 y que desde hace tiempo viene oponiéndose a las pretensiones urbanísticas del gobierno local, del PP.
Para avalar su decisión, la Síndica advierte en primer lugar de que l'Atzúvia ha aprobado esos tres planes parciales, que urbanizarían un mínimo de 818.000 m2, basándose en unas normas subsidiarias de 1981 y sin haber redactado antes un Plan General que racionalice el futuro urbanístico de la población. El organismo advierte de que ya desde 1994 los municipios valencianos tienen la obligación de redactar sus PGOU, precepto que ahora ha sido incumplido por el ayuntamiento con el consentimiento, por cierto, de la propia Conselleria de Medio Ambiente y Agua. Sólo un Plan General asegura, «un desarrollo sostenible, equilibrado y racional» del municipio.
El Ayuntamiento de l'Atzúvia advirtió ante la propia Síndica que había aprobado provisionalmente esos PAI por la necesidad de buscar alternativas económicas para evitar que «la población desaparezca como tal debido a que su economía agrícola cae año tras año».
Sin embargo, la Síndica señala que primero es necesario proyectar «unas políticas urbanísticas dirigidas a compatibilizar crecimiento y dinamismo económico con cohesión social sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones». Un objetivo imposible de cumplir con unas normas subsidiarias de hace más de 25 años que «no reflejan los numerosos cambios legislativos que han habido desde entonces en normativa urbanística». La Síndica recuerda que esa necesidad de un planeamiento global está recogida por la actual ley urbanística valenciana (la LOTPP), por el nuevo Estatut Autnómic, por la Unión Europea y por jurisprudencia del TSJ .
El ayuntamiento también se comprometió a construir esas 1.200 viviendas «a lo largo de muchos años, de forma progresiva». Pero la Síndica advierte de que con la aprobación de los PAI «el consistorio queda obligado frente al promotor a autorizar las futuras casas».
Por otro lado, la Síndica exige la suspensión del procedimiento de aprobación definitiva de lo que califica como «macroproyecto urbanístico» hasta que el ayuntamiento no obtenga un permiso favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este sentido, Caballero es muy dura: «esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación local de l'Atzúvia aprobaron provisionalmente este ambicioso proyecto urbanístico sin conocer una cuestión tras trascendental como es si existe agua suficiente para abastecer las necesidades derivadas de las 1.200 futuras viviendas».
La Síndica insta tanto al consistorio como a la conselleria a que no aprueben los planes parciales sin que la CHJ acredite «la existencia de recursos hídricos suficientes»; e informa de que enviará copia de su resolución a la Confederación, cuyo veredicto «es insustituible».
L'Atzúvia tampoco contempla una evaluación del impacto ambiental que tendrá la actuación urbanística proyectada sobre el régimen hídrico del parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Al respecto, recuerda que uno de los PAI, el de la Moleta, se encuentra en la zona de amortiguación del PORN del Marjal. Este estudio tampoco ha sido reclamado por la conselleria.
Al proyecto municipal también le faltan un estudio de paisaje - en cambio sí reclamado por Medio Ambiente - y otro sobre la afección del desarrollo urbanístico al Plan General de Ordenación Forestal.
* Levante-EMV - A. Ruiz/V. X. C, L'Atzúvia - 28 de octubre de 2007
Foto: L'Atzúvia (Alacant) - ernest weber (Levante)
Tenerife: Anticorrupción advierte de que "nada va a frenar la investigación de Las Teresitas"
LAPROVINCIA* : No es un caso cualquiera. La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (Anticorrupción) considera “un asunto prioritario” la investigación que tiene abierta en Canarias por el ‘casoLas Teresitas´ y advierte que “nada va a frenar la investigación”. Según aseguran fuentes oficiales de la oficina del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, la trascendencia e importancia de la investigación de la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, que tiene en la figura del alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo al principal imputado, ha obligado a Anticorrupción a poner en marcha a todo su operativo profesional disponible para investigar a fondo unos hechos que, tras lo que se ha podido averiguar hasta el momento, son considerados “muy graves”.
De hecho, los dos fiscales delegados que trabajan en Canarias están dedicados al caso en una investigación que podría prolongarse durante “mucho tiempo”, debido a la complejidad de la segunda parte de la misma, es decir, la recopilación de datos relacionados con el patrimonio de los imputados. Y todo se dirige desde Madrid.
Antes de que Anticorrupción presentara la querella por el ‘caso Las Teresitas´ en la Sala de lo Civil y Penal delTribunal Superior de Justicia de Canarias, en diciembre pasado, se llevó a cabo un escrupuloso trabajo por parte de la delegada de la Fiscalía enTenerife,María Farnés, que contó con el apoyo de varios funcionarios adscritos al del fiscal jefe, Antonio Salinas, así como de todos los mecanismos colaterales con los que cuenta este órgano. Después de diecisiete meses de trabajo en los que se tuvieron que conceder dos prórrogas a la investigación, el fruto fue una querella en la que se imputan los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a la espera de que la investigación pueda corroborar si también existe el cohecho.
FRENOS. Las fuentes oficiales de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este periódico insisten en que “nada va a frenar la investigación de Las Teresitas”, sobre todo tras las presiones que parten desde el Archipiélago con un caso que está considerado “entre los más importantes” que se investigan en la actualidad a nivel nacional.
Las mismas fuentes consideran que el ‘caso Las Teresitas´ ya tiene acreditada la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que son “bastante optimistas” con que el asunto termine en la celebración de un juicio.
Sin embargo, todos los esfuerzos se centran ahora en la investigación patrimonial de los imputados, así como de otras personas que no aparecen por el momento en la querella de la Fiscalía. Tras diez meses de investigación, en los que se han producido importantes avances, como la incautación de documentos importantes en un piso de Santa Cruz de Tenerife, Anticorrupción ha solicitado al Ministerio de Justicia la tramitación de varias comisiones rogatorias a países del extranjero, entre ellos a Isla de Man, un paraíso fiscal donde la policía sospecha que se ha podido mover dinero procedente de presuntas comisiones ilegales por ‘Las Teresitas´. “La investigación es larga, pero va muy bien”, aseguran las fuentes.
* La Provincia - PEDRO GUERRA / MADRID - 28 de octubre de 2007
Baleares: El salto del escenario político al judicial
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DIARIODEMALLORCA* : Los escándalos han marcado la historia política de Balears y en los últimos años se han convertido en una constante. En manos de los tribunales están una decena de casos que afectan a importantes dirigentes políticos... Son Oms, Can Domenge, Andratx, Caballistas, Ayudas, Estrategia Local, Solar de Santa Ponça, Ibiza Centro, Licencias, Rabasco, Rent a Car, Varadero.
* Caso Son Oms. La fiscalía anticorrupción investiga quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms y si tras esta operación existió algún delito por corrupción. Políticos imputados: Bartomeu Vicens, portavoz parlamentario de UM, y Maximilià Morales, dirigente de UM y ex presidente del Parlament, por su participación en este asunto como abogado (Vicens) y asesor financiero (Morales) a principios de los 90.
* Caso Can Domenge. El empresario catalán Josep Lluís Núñez se querella contra todos los consellers del PP y de UM del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, encabezados por la líder de UM y actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge. Núñez imputa a los querellados los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. La Audiencia de Palma ha ordenado que se siga investigando este asunto. Políticos querellados de UM: Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Políticos querellados del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafael Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carmen Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Cànaves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles.
* Caso Andratx. La fiscalía anticorrupción de Balears, en unión con la Agencia Tributaria, ponen en marcha el 27 de noviembre del pasado año una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx La macrooperación se traduce en dos políticos del PP imputados, ambos detenidos el mismo día 27: el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, quien ocupaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas
* Caso Caballistas. Los tribunales investigan una supuesta trama para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, del PP. Están imputados once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura: Sebastià Vidal (Ses Salines), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Gabriel Matas (Montuïri), Andreu Prohens (Campos), Catalina Soler (Felanitx), Antoni Serra (sa Pobla), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume Ramis (Lloret), Joan Rotger (Selva) y el entonces teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el edil de Inca Joan Rubert.
* Caso Ayudas. Un grupo de ciudadanos particulares denunció a principios de 2006 el presunto desvío de subvenciones concedidos por el Consell de Mallorca a distintas entidades y personas vinculadas a UM. Los denunciantes apuntan a la cúpula de UM en la institución insular en la pasada legislatura, aunque por ahora no se ha imputado a ninguno de los cargos políticos. Los políticos presuntamente implicados son: Maria Antònia Munar, Dolça Mulet y Guillem Ginard.
* Caso Estrategia Local. El ayuntamiento de Calvià, siendo alcaldesa la actual portavoz del Govern, la socialista Margarita Nájera, contrató a la empresa Estrategia Local, que elaboró el llamado ´Documento Maquiavelo´ en el que se diseñaba la estrategia que debía seguir el PSOE en Calvià para ganar las elecciones. El PP, con el actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado, a la cabeza, es el promotor de la querella en la que los políticos a los que imputa delitos son: Margarita Nájera y el también socialista Antoni Manchado, actual director general de Innovación del Govern.
* Caso Solar de Santa Ponça. El actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), presentó una denuncia en 2002 contra la entonces alcaldesa y actual portavoz del Govern, Margarita Nájera, a la que acusaba de haber dado un supuesto trato de favor al recaudador municipal Jaime Riera, en junio de 2000, quien le habría recompensado vendiendo a bajo precio un solar edificable en Santa Ponça al ex marido de Nájera, Manuel Barajas. El juzgado de instrucción 2 de Palma archivó el caso por segunda vez el pasado mes de febrero, pero el archivo fue recurrido por Delgado y se volvió a reabrir. Política imputada: Margarita Nájera.
* Caso Ibiza Centro. Los tribunales investigan un supuesto cobro de comisiones de cargos del PSOE por la ejecución del proyecto de reforma del centro de la ciudad de Eivissa. El caso se abrió por la denuncia del ex secretario general de la Federación Socialista Pitiüsa, Roque López, en cuya querella pide la imputación de altos cargos del partido, entre ellos el actual presidente del Consell pitiuso, Xicu Tarrés y el secretario de organización del PSOE balear, Miquel Mestre. No obstante, por ahora los políticos imputados son dos: el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo.
* Caso Licencias. La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), está imputada en este caso denunciado por la oposición en el que se le acusa de "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva, lo que habría permitido la concesión de 30 licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Política Imputada: Catalina Soler (PP).
* Caso Rabasco. El informe de la fiscalía del TSJB destaca que el alcalde de Llucmajor, Lluc Thomàs (PP), dió el visto bueno a los pagos por valor de un millón de euros que el Ayuntamiento realizó a empresas vinculadas con el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco. Políticos imputados: Lluc Thomàs (PP) y Joaquín Rabasco (líder de ASI).
* Caso ´Rent a Car´. Se investiga una trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades que habrían defraudado a Hacienda decenas de millones de euros mediante operaciones realizadas en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas. Político imputado: Gabriel Matas, alcalde de Montuïri por el PP.
* Caso Varadero. La empresa Boat Yard Palma acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión del varadero del Puerto de Palma. Político imputado: Joan Verger (PP) .
* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Ibiza vila - Forbfruit (Wikipedia)
Alcoi: Manifestación en bicicleta contra el urbanismo
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LEVANTE-EMV* : Cerca de 50 personas recorrieron ayer en bicicleta las calles de Alcoi en protesta contra la política urbanística del gobierno municipal. El lema de la marcha convocada por el colectivo l'Altra Campanya era «Frente a la especulación, aporta tu granito de arena» y con pancartas, panfletos y gritos pedían a la ciudadanía que «abriera los ojos» a los proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Alcoi como los campos de golf, el polígono industrial de La Canal o el hotel de la Font Roja, entre otros. A la iniciativa se sumaron otros grupos y asociaciones de vecinos, como los afectados por la construcción del nuevo edificio de la Estambrera.
La «bicifestación» salió de la plaza España pasadas las 10 de la mañana y recorrió los puntos más conflictivos en cuanto a materia urbanística. Hicieron paradas en la Estambrera, en la Rosaleda, en el punto donde está prevista la ubicación de un restaurante McDonalds y finalizaron en Serelles, donde está prevista una urbanización muy cerca de la Sierra de Mariola.
Miembros del colectivo l'Altra Campanya manifestaron a este diario que su intención era reivindicar un espacio propio, en primer lugar en la calzada, donde la bicicleta «pierde un espacio que ganan los coches» y en segundo lugar, protestaban contra los problemas graves que «está ocasionando la política urbanística del PP, que especula cada vez más en Alcoy y que arrebata el espacio de los ciudadanos» .
* Levante-EMV - C. Chordi, Alcoi - 28 de octubre de 2007
Foto: Imagen de la manifestación celebrada ayer en Alcoi - rubén cervera (Levante-EMV)
Madrid: 'Jacuzzi' y barbacoa en la Cañada Real
ELPAÍS* : "Una habitación con confort, ducha y tele, 40 euros. Y con mucho confort, lo mismo, pero en más espacio, 50". Son los precios de La Mancheguita, un hotel de Coslada situado junto a la M-45 que se anuncia con un inmenso letrero rojo en la azotea. Alrededor, en la calle de Santiago, hay casas, bares, naves industriales, alguna empresa. Gente paseando y tomando el sol en sus patios y jardines. Un barrio normal, aparentemente. Pero todo es ilegal. La calle forma parte de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria en la que a pesar de que está prohibido construir, se calcula que viven unas 40.000 personas y en la que el derribo de la casa del marroquí Abdul Ghailan hace 10 días desembocó en una batalla campal. Saldo: 41 vecinos y 30 policías heridos.
Esta zona de la Cañada, que pasa por Coslada, Vicálvaro y llega hasta Rivas, no tiene nada que ver con las otras. Son casi todos españoles -con algún portugués y un par de familias rumanas que viven de alquiler- y viven en chalés de dos, tres y cuatro plantas con amplios jardines, perros que vigilan y lujosas puertas y verjas. No hay vendedores de droga ni yonquis espectrales pinchándose en la ingle junto a la basura, como en el camino a Valdemingómez. Tampoco trabajadores marroquíes y españoles viviendo en casas humildes, como en el tramo de la casa derruida, el llamado sector V. La Cañada es muy heterogénea, y ésta, la rica, es muy distinta, aunque toda la vía comparte lo más básico y esencial: nadie tiene derecho a vivir donde vive. Pero a los habitantes de esta zona, por ahora, no les echan.
A lo largo de esta vía, las lujosas casas tienen incluso nombre: Casa Itziar, Villa Nuño.... Como en cualquier pueblo español, hay varias tabernas a ambos lados de la calle, mal asfaltada a veces y sin asfaltar la mayoría, siempre llena de baches. En la asociación de vecinos tienen contadas 315 parcelas. Nadie diría que no es un barrio más de algún municipio sino fuera porque son ilegales la electricidad que alimenta enormes televisores con cable y el agua que beben. Usan enganches clandestinos a Unión Fenosa y el Canal de Isabel II y el alcantarillado lo han hecho y pagado entre los vecinos. En esto coinciden con sus conciudadanos de las otras cañadas.
La ilegalidad baja los precios. Mientras un chalé de 300 metros cuadrados en la cercana Rivas-Vaciamadrid ronda los 600.000 euros en el mercado, en la Cañada rica "se cede" (casi nunca se utiliza el término "se vende" porque no hay escrituras públicas ni derechos legales de propiedad) una casa parecida por apenas 120.000 euros. "Tres plantas, 700 metros de terreno, huerto, barbacoa, fuente... ¡y tiene hidromasaje en el primer piso y el segundo!", anuncia el dueño de uno de los chalets del barrio. Los rumanos Rares y Juliana viven en una casa de unos 40 metros por la que pagan 200 euros al mes de alquiler. Se vive bien por poco dinero, pero siempre con el riesgo del desalojo.
Los vecinos están más que asentados en la zona. Los huertos empezaron a plantarse y las casas a construirse hace 40 años, y nadie se toma muy en serio que les vayan a echar de allí. Piden coherencia al Estado y señalan que no puede cambiar de criterio de la noche a la mañana. Las casas están catastradas y la mayoría de los vecinos paga religiosamente cada año el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
"Llevamos aquí más de 30 años", señala el dueño de uno de los restaurantes de la calle de Santiago, con menú del día a nueve euros entre semana y 10, sábados y domingos. "La Comunidad y el municipio lo saben y nos cobran impuestos, así que ahora no nos pueden echar a la calle. Tendremos que negociar".
Aunque las condiciones vitales de estos vecinos de la Cañada son diferentes de las del resto, las reivindicaciones coinciden. "¿Cuál es el problema de que cambien el trazado de la vía pecuaria y nos vendan estos terrenos?", se pregunta el presidente de la asociación de vecinos. "Queremos pagar el suelo, la luz y el agua. No queremos seguir siendo ilegales. Grandes partes de Coslada y también de Rivas eran antes Cañada Real y se han legalizado. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo y tenemos más derecho que nadie", dice este hombre, que viste con ropa de marca y trabaja con un camión enorme y reluciente. Los vecinos aseguran estar negociando la legalización del suelo con la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, titular del terreno, y que les han pedido que presenten una propuesta por escrito.
Los recientes derribos del sector V han metido miedo a la gente: hay muchos carteles de "se vende" o "se cede". ¿Cuál es el método de pago del chalé? "De la mejor manera", responde escueto un vendedor. Hay que hacerlo todo a través de contratos privados y sin hipoteca de por medio, claro. En su voz se nota la urgencia. "¿Te interesa? ¿Cuándo quedamos para que lo veáis? ¿Ahora?", pregunta nervioso. Al día siguiente vuelve a llamar y a preguntar lo mismo.
El concejal de Urbanismo de Coslada, Antonio Murillo, critica, precisamente, a aquellas personas que alquilan sus viviendas o pabellones y a las que tienen algún negocio en La Cañada (como La Mancheguita, hay decenas de bares o naves de ferretería y chatarrería). "Están ocupando un suelo ilegal y habrá que dar alguna solución. La ciudad debe tener cierto orden", explica. Para dar solución al lío (Murillo reconoce que es complicado porque hay centenares de casas y negocios en la Cañada), él cree que hay que ver los casos uno a uno: "No es lo mismo el que se está lucrando que el que tiene allí su única vivienda. A esos habrá que realojarlos".
La Cañada, en su conjunto, se ha convertido en un problema -con un inmenso hipermercado de droga como telón de fondo- del que nadie se hace responsable. Municipios, Gobierno regional y Estado central se echan la culpa de este desaguisado consentido. El suelo es dominio público y la Comunidad tiene la titularidad. Los municipios, las competencias urbanísticas y la Delegación del Gobierno en Madrid es la encargada de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas. Los Ayuntamientos de Madrid y Rivas han pedido al Ejecutivo regional que se cree una comisión sobre la Cañada Real. Coslada se ha sumado a la propuesta. De momento, sin respuesta.
"Al final, como siempre, acaban echando a la calle a los más débiles", señala una de las vecinas de Rivas que se manifestaba ayer a favor del derecho a la vivienda de los habitantes de la Cañada. "Tiran la casa de un albañil marroquí. Y seguro que no para salvar una vía pecuaria que no usa ni una oveja, sino para construir en esos terrenos. No se atreven con los grandes vendedores de droga ni tampoco van donde sólo hay españoles. Siempre pringan los mismos".
Mientras, en la Cañada rica la vida pasa tranquila y un par de coches descansan en el aparcamiento de La Mancheguita. Los dueños estarán pasando la noche en alguna de sus habitaciones. Con su confort ilegal, normal o superior.
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA / MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 28/10/2007
