ELPAÍS* : José Manuel Carlos Llorca, fugitivo sobre el que pesan tres órdenes de busca y captura, como cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y presunto implicado en la Operación Malaya, ha transformado su cara con operaciones de cirugía estética para seguir huyendo. La revista Interviú publica esta semana las fotografías de Llorca con su nuevo aspecto. Llorca, que el próximo mes cumplirá 61 años, está divorciado, tiene dos hijos y es catalán de la Seu d'Urgell, en Lleida. Debería estar sentado en el banquillo de los acusados del juicio de la Operación Malaya, el caso de corrupción de Marbella, que comenzó la semana pasada en Málaga. Francisco Javier Lendinez, el que fuera concejal en el ayuntamiento de Marbella con Julián Muñoz como alcalde y Carlos Fernández, del Partido Andalucista, que participó en la moción de censura de Marisol Yagüe, completan la terna de fugados relacionados con Malaya.
Precisamente, la policía española acaba de embargar un apartamento de Llorca en Puerto Banús, valorado en tres millones y medio de euros. En Mayala, está acusado de pagar cuatro millones de euros a la trama coordinada por el que fuera jefe de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, para poder edificar allí varios inmuebles de Fórum Filatélico. También el juez Garzón ordenó investigar si una sociedad controlada por este fugitivo pagó dinero al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y a la autoridad portuaria a cambio de favores urbanísticos.
Llorca también debería responder ante la Audiencia Nacional por la Operación Ballena Blanca, de blanqueo de dinero. En el caso de Fórum Filatélico, más de 400.000 personas perdieron su dinero y el presidente de la entidad Francisco Briones está acusado de estafa y blanqueo de dinero. A Juan Manuel Carlos Llorca se le acusa de manejar el dinero de Fórum, lavando dinero de traficantes de droga y armas, según señala Interviú.
El semanario informa que la policía española desconoce cuántos millones mueve, aunque según las investigaciones del Banco de España ha blanqueado dinero en Bolsa. Asegura también que no se sabe a ciencia cierta cuándo llegó a Venezuela, aunque apuntan al verano de 2006 pero un abogado que cita la revista indica que ya en 2005 tenía casa en isla Margarita. De hecho las imágenes que ilustran el reportaje son de fiestas celebradas en una mansión de la urbanización Juan Griego, a las que el letrado asegura haber asistido. En algunas de las fotografías se puede ver a Llorca bailando con su entonces novia, una venezolana llamada Andreína y en otras, en bañador con su nueva acompañante.
Llorca luce ahora abundante caballera, bigote, no lleva las gafas que antes usaba y las facciones de su cara están notablemente alteradas por las operaciones de cirugía estética a las que se ha sometido. Sin embargo, cuando el juez español Oscar Pérez llegó a Venezuela en marzo de 2008 para detenerle, se encontró con que estaba custodiado por policías venezolanos y consiguió huir. Ahora se desconoce su paradero, pero en isla Margarita dejó la citada mansión, dos furgonetas Mercedes y un avión privado.
El abogado consultado por la revista le califica de "Banco suizo con piernas" y asegura que tiene seis pasaportes, uno español, varios venezolanos, uno árabe y varias caras.
* El País - EP. - 4.10.10
Foto: José Manuel Carlos Llorca Rodríguez - elpais
El cambio de imagen del banquero del crimen
"El sector inmobiliario debe habituarse a que no volverá a ganar un 200%"
ELALMERÍA/Entrevista* : El urbanista Fustegueras analiza las razones del estallido de la 'burbuja' y defiende el papel de lo público para suplir a la iniciativa privada. -Ha llegado a redactar 18 planes generales al mismo tiempo. ¿En cuántos trabaja ahora?
-El paquete de trabajo es similar, aunque en fases distintas. Trabajamos en Madrid, Valencia, Extremadura y Cataluña, además de en Andalucía.
-¿Los ayuntamientos le pagan?
-Nuestro déficit de cobro es importante. No se atisban trabajos nuevos. Existe cierto parón. Y no lo entiendo: en tiempos de crisis es justo cuando habría que reflexionar sin presión.
-¿Arquitectura?
Estamos haciendo la Escuela de Enfermería de Granada en el Campus de la Salud.
-¿Cómo afecta el cambio de ciclo económico al urbanismo?
-Las cosas nunca serán ya como antes. Los promotores compraban suelo incitados por el crédito bancario. La promoción volverá a la situación previa: habrá que ser dueño del suelo y que éste sea apto para ser edificado. Estos años hemos asistido a la paradoja de que los constructores compraban terrenos rústicos, para cultivar, por razones financieras. La crisis inmobiliaria está provocada por estos lodos. La ley del suelo cambia el sistema de valoraciones, lo que provocará que los activos de las inmobiliarias se modifiquen.
-¿Y eso es algo bueno?
-Con independencia de que algunos tendrán una situación complicada, atemperará el precio de las cosas. Se dice que el precio de la vivienda no va a bajar más. En mi opinión en algunos sitios, no; pero en otros, sí. Parte del excedente de viviendas no se podrá digerir. Irán a las amortizaciones empresariales.
-Algunos creen que esto será una cosa temporal.
-Nadie piensa que esto vaya a ser un paréntesis. La crisis se produce porque la producción inmobiliaria se entiende como un valor de cambio, no de uso. Se construía sólo para especular. Era el juego de la silla. Al final hay quien se ha quedado sin sentarse y otros que han ganado mucho dinero. Se han llevado varias sillas a su casa. La banca también habrá sacado sus lecciones.
-Hay quien piensa que en Andalucía mientras más leyes urbanísticas existen menos se respetan.
-Ha existido mucha efervescencia normativa. Tras la nueva ley del suelo del Estado, con el cuerpo normativo existente, y con independencia de la necesidad de desarrollar los reglamentos, deberíamos entrar en una etapa de tranquilidad. Los ayuntamientos deben planificar sus ciudades sin presión, pensando en los intereses generales. Hay que culminar procesos de ordenación territorial, que ahora sufren un parón. Debemos aprovechar estos años de digestión para tener todos los papeles hechos y las decisiones tomadas para cuando se reactive el ciclo económico.
-Andalucía sufre cierto retraso en ordenación territorial.
-Los problemas están concentrados en las áreas metropolitanas y en el litoral. Hay zonas sin abordar, como Córdoba, el Campo de Gibraltar, Almería o Jaén. También la red de ciudades medias, donde empieza a ser preocupante la pérdida de población. Debemos reflexionar sobre el papel de estos territorios. Si uno mira una fotografía área verá que en Andalucía está encendida la costa y apagado el interior, lo que causa desequilibrios que hay que evitar con planificación territorial, no sectorial.
-¿Cómo se financia el urbanismo en tiempos de crisis?
-Las inversiones de las administraciones son y serán las territoriales. Las urbanísticas dice la legislación que deben pagarlas aquellos que se benefician del desarrollo urbano. En el Plan de Sevilla, por ejemplo, aseguramos las inversiones para las infraestructuras. Si el ciclo económico no permite que la inversión privada lo haga, habrá que entrar en los procesos públicos para resolver las necesidades de VPO y de equipamiento. No es deficitario.
-Pero si el ladrillo no es negocio...
-Hombre, ya no se podrán cubrir las expectativas de la transacción inmobiliaria especulativa. Los planes generales tardarán más en realizarse, pero cubrir las necesidades generará plusvalía económica, no con 400.000 viviendas, sino con 100.000. El negocio inmobiliario tendrá que habituarse a tener menos beneficios. Los promotores y los banqueros antes ni se planteaban operaciones inmobiliarias que no dieran el 200% de beneficio sobre una inversión que, además, nunca hacían. Cualquier industrial trabaja con márgenes del orden del 7 o el 10% del dinero que invierte. Los fondos de inversión hacen operaciones en las que se garantizan el 6%. Tenemos que ir a ese tipo de urbanismo. Todo será más estricto, pero si existen necesidades habrá producción inmobiliaria.
-¿Cómo se interviene?
-Usando los mecanismos legales. En mi época en Jerez los aplicamos con contundencia. Desarrollamos proyectos inmobiliarios para suelo residencial y económico que pasábamos al sector privado. Cierto tipo de vivienda las hacíamos nosotros. La alianza estratégica fundamental debe ser entre la administración y la banca. En cualquier negocio es más confiable prestarle a una administración que a un particular. Hay más garantías de cobro. La colaboración pública-privada no debería limitarse a las infraestructuras. Se puede usar para las viviendas y los equipamientos. Si las cosas se ajustan a la demanda habrá beneficios razonables.
-¿Qué culpa tiene la administración en el estallido de la 'burbuja'?
-La administración casi siempre responde tarde. Pero no seamos ilusos. La sociedad en la que hemos estado embarcados era especulativa. La gente compraba los pisos para venderlos y ganar dinero. Su responsabilidad es idéntica a la de todos. Era difícil resistirse. El pensamiento general era que todo valía. No se entendía que esta forma de hacer las cosas era pan para hoy y hambre para mañana. No sólo ha ocurrido en Andalucía. En otros sitios aún no se dan por enterados.
-¿La VPO está muerta?
-En España no existe la estructura empresarial de Europa. No hay corporaciones con propiedades inmobiliarias que vivan del alquiler. Aquí todo ha sido promoción para la venta. Es bueno derivar parte de los recursos al alquiler. Pero a medio y largo plazo. No puedes quitar la subvenciones a la venta de VPO de golpe. No estamos preparados. Supondrá un parón. Y no es coherente. Hasta hace nada el discurso oficial era justo el opuesto.
* El Almería - 3.10.10
Foto: Urbanista Fustegueras - el almeria
El juzgado anula el acuerdo por el que se aprueba el proyecto para construir 350 viviendas en Cangas
FARODEVIGO* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso /Administrativo de Pontevedra asestó otro duro varapalo a la Unidad de Actuación nº5, al anular el acuerdo de la Junta de Gobierno del 16.07.2008 por el que se aprobaba el proyecto de compensación de una actuación urbanística en Altamira que pretendía la construcción de 350 viviendas en una superficie de 35.000 metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de euros.La denuncia fue interpuesta por cuatro vecinos con propiedades en polígono donde se pretendía actuar.
El fallo judicial es recurrible y según fuentes municipales se ejercerá ese derecho, lo mismo que se hizo con el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de mayo de este año, que anulaba el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado por el gobierno del Partido Popular en el pleno de 26.01.2007, poco antes de las elecciones municipales. El alto tribunal había tirado el PERI porque no figuraba ninguna reserva de vivienda protegida.
La aprobación del proyecto de compensación de la citada urbanización provocó uno de los graves enfrentamientos del tripartito. Fueron los votos de los concejales socialistas quienes hicieron posible sacar adelante este proyecto. El BNG se abstuvo y ACE votó en contra. Los nacionalistas mencionaron que no podían votar a favor de un proyecto que tenía dos informes técnicos contradictorios. El arquitecto municipal Alfonso Lage, en la época del gobierno del PP, había elaborado un informe técnico favorable respecto al proyecto de urbanización, que se considera más fundamental que el de compensación, pero ya con Mariano Abalo como concejal de Urbanismo, el mismo arquitecto firmó otro informe contrario al proyecto de compensación, por entender que incumplía algunas obligaciones legales: "Se advierte de una merma sustancial de los derechos municipales en relación con la equidistribución del polígono 1, afectado al interés general. A la que era en aquel momento secretaria del Concello de Cangas se le pidió también un informe por parte del ex edil de Urbanismo, pero renunció a pronunciarse. También existía un informe favorable del por aquel entonces Jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes, el mismo que respaldó la aprobación del PERI. Cabe recordar que Mariano Abalo presentó recurso de reposición contra el citado acuerdo y que con posterioridad presentó recurso de contencioso contra el acuerdo, proceso judicial que más tarde paralizó. La demanda entró en Pontevedra el día 12 de marzo de 2008 y en diciembre se archiva la causa al no formalizar el edil de ACE la denuncia.
Tampoco extraña demasiado el fallo del juzgado de Pontevedra si se tiene en cuenta lo dictado por el TSXG respecto al PERI. Era lógico que si el PERI incumplía la ley al no reservar espacio para vivienda protegida, que el posterior proyecto de compensación fuese también anulado. Lo que extraña es que los mismos que denunciaron la aprobación del PERI y la aprobación del proyecto de compensación no denunciaran el proyecto de urbanización, que es el que concreta más el diseño de la actuación urbanística.
Los socialistas, al término de aquella polémica Junta de Gobierno de julio de 2008, dijeron que habían actuado en conciencia y estando siempre respaldados por informes jurídicos favorables, tanto municipales como de la Xunta de Galicia, que también había dado visto bueno proyecto.
Sobre este proyecto de compensación hubo más informes. Los encargados por el aquel entonces concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que eran externo y los demás miembros del gobierno no los quisieron tener en cuenta. El Bloque esgrimió en su explicación de voto la inseguridad jurídica que provocaba la existencia de informes contradictorios sobre un mismo tema.
* Faro de Vigo - 3.10.10
Foto: Cangas - turismogalicia
El equilibrio inestable de Malaya
ELPAÍS/Marbella* : Malaya es una locomotora que puede parar en cualquier momento. El macrojuicio que sienta en el banquillo a 95 procesados por la gran trama de corrupción de Marbella (Málaga) arrancó el lunes para sorpresa de los más escépticos. A pesar de ello, la fiscalía malagueña conserva el temor de que cualquier incidente, como la renuncia de un letrado, hay 77 designados, lo haga parar. "Cualquier desacuerdo con el cliente sobre la línea de defensa puede desencadenarlo", aseguran.
Los abogados no están obligados a dar grandes explicaciones de su salida de un proceso. La retirada de cualquiera de ellos llevaría aparejada la suspensión temporal del juicio hasta la designación de otro, que suele reclamar tiempo para estudiar el caso. Un caso con 200.000 folios de sumario. Ya en julio, la renuncia del abogado de Juan Antonio Roca, el principal imputado, hizo temer lo peor. Sin embargo, su nueva letrada, Rocío Amigo, retomó la defensa en tiempo récord. Amigo cuenta con la colaboración de Yolanda Terciado, abogada del anterior equipo y que ya conoce en detalle el macrosumario.
La primera sesión del juicio esquivó situaciones como la enfermedad de dos procesados, que podrían haberlo aplazado sin fecha. Se consiguió gracias a la colaboración de las partes y al sistema de grabación de las sesiones. A los que no han asistido se les facilita una copia en vídeo de lo ocurrido y así se evita que se produzca una situación de indefensión.
El papel de José Godino, presidente del tribunal, es clave. El magistrado tiene fama de conciliador y dialogante, algo muy necesario en un proceso en el que hay que poner a tanta gente de acuerdo. En la segunda sesión, trató de frenar los ataques contra el juez Miguel Ángel Torres, principal instructor de la causa, al que uno de los procesados llamó "inquisidor" y acusó de hacer detenciones ilegales.
Godino pidió a los abogados que centraran sus intervenciones en "cuestiones estrictamente jurídicas". Los abogados, todo un plantel de catedráticos y juristas, suavizaron las formas pero no el fondo. "Es curioso que las defensas centren sus ataques en Torres, cuando fue el segundo instructor, el juez Óscar Pérez, quien jurídicamente censuró y fue más duro con sus peticiones", observan fuentes judiciales.
Las primeras jornadas, en las que los abogados plantean las cuestiones previas a la celebración del juicio, han transcurrido de forma ágil. Un tercio de los procesados ha expuesto sus reparos a la instrucción sin aportar grandes novedades. Han repetido los mismos argumentos de sus recursos: que el juez Torres no era el predeterminado por la Ley o la nulidad de las escuchas telefónicas, las detenciones y los registros. Atacar a la base, la estrategia clásica para derribar cualquier procedimiento.
El abogado Horacio Oliva, uno de los penalistas más reputados de España, aportó una novedad al poner sobre la mesa la falta de 5.000 folios del sumario. Oliva, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense, participa en otro de los grandes juicios que celebra la Audiencia de Málaga: el caso de blanqueo de capitales Ballena Blanca. Lleva la defensa del principal procesado, el abogado chileno Fernando del Valle. En esta causa también se han extraviado 17 legajos de documentos.
Todavía es pronto para adivinar las líneas de defensa. El plantel de abogados defensores se ciñen al guión y no han mostrado aún sus cartas. El mayor esfuerzo radica en hacer posible que el juicio, que coincide en el tiempo con otros dos grandes procesos -los casos Minutas y Ballena Blanca- no sufra grandes interrupciones.
Los enjuiciados también tienen numerosas citas judiciales. El próximo jueves, la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revisará el despido de Juan Antonio Roca del Ayuntamiento de Marbella. El equipo de gobierno marbellí le echó por no acudir a su puesto de trabajo. Roca, que pide que le readmitan o le indemnicen, alega que no han tenido en cuenta que todo el tiempo estuvo en prisión preventiva por el caso Malaya.
* El País - 3.10.10
Foto: Juicio Malaya - lavozlibre.com
El Superior de Madrid mantiene la fianza de 85 millones para Correa
ELPAÍS* : La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la decisión del magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, de imponer una fianza de 85 millones de euros al cabecilla de la mayor red de corrupción de la democracia, Francisco Correa, recluido en la cárcel de Soto del Real junto a sus dos máximos colaboradores, Pablo Crespo (ex secretario general del PP de Galicia) y su primo y testaferro, Antoine Sánchez.
Correa presentó un recurso ante la Sala para que se anulase la fianza que le impuso Pedreira hasta que se aclare qué parte de las escuchas que mantuvo en la cárcel con su abogado quedan anuladas. Y, además, hasta tanto pueda contradecir en presencia judicial el informe de la Agencia Tributaria que le atribuye una fortuna valorada en 85 millones de euros.
Otro de los motivos que alegaba para que le eliminaran la fianza es que el caso sigue bajo secreteo sumarial por lo que no ha tenido oportunidad de defenderse de las imputaciones que hay contra él.
La Sala del TSJ, en un auto del que ha sido ponente Francisco Viera, rechaza los argumentos de Correa e indica que el objetivo del mantenimiento del secreto de sumario es asegurar el resultado de la investigación que desarrolla el instructor. El tribunal asegura que ello no imposibilita la adopción de medidas cautelares como la imposición de una fianza cuyo objetivo es satisfacer eventuales responsabilidades pecuniarias.
El auto también alega que la nulidad de las escuchas decretada en su día no elimina los indicios que se tuvieron en cuenta para adoptar, incluso, otras medidas cautelares más graves como fue su encarcelamiento.
* El País - 2.10.10
Foto: Correa-elpais.com
Prisión por montar una explotación agrícola en Doñana
ElPAÍS* : La Audiencia de Huelva ha condenado a tres empresarios y a un funcionario por una explotación fresera montada en la finca Avispero, situada en un espacio de máxima protección de Doñana, en el término de Bonares (Huelva). El funcionario, adscrito a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, ha sido inhabilitado por hacer la vista gorda ante las irregularidades. Los empresarios han sido condenados a penas que suman algo más de cinco años de cárcel.
Uno de los acusados, Juan Márquez, dueño de la finca, queda condenado a dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la Autoridad (la Junta avisó por escrito en varias ocasiones sobre la ilegalidad de la finca y los pozos y naves agrícolas que se construían). Además, deberá abonar en concepto de indemnización 587.498 euros y se acuerda la demolición de la nave y el desmantelamiento de los pozos y las balsas.
Al empresario Manuel Martínez y a Antonio Conejo se les condena a un año y seis meses de prisión por el mismo delito contra la ordenación del territorio.
Al funcionario de la Junta, Francisco Bueno, se le condena a un año de inhabilitación por omisión del deber de denunciar delitos y el empresario D.M.J., constructor de una de las naves, se le absuelve de todas las acusaciones.
Por el delito de cohecho queda absuelto Juan Márquez (supuesto pagador de las cantidades) y Francisco Bueno (supuesto receptor) por considerarse insuficiente las pruebas.
Los hechos se habrían llevado a cabo después de 2004, fecha en la que el área fue calificada de máxima protección de Doñana. La denuncia fue interpuesta por Ecologistas en Acción en 2006. El fiscal solicitó un total de 17 años.
El País - 1.10.10
Foto: Doñana - 20minutos
