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LAVOZ/Lanzarote* : El grupo de jóvenes que el pasado 25 de julio celebró una primera asamblea cívica en el Parque Islas Canarias para llegar a consensos mínimos sobre decencia política y exigir un nuevo rumbo para la isla, ya ha elaborado un decálogo denominado “Manifiesto Paralelo”.
La aprobación y difusión se llevará a cabo en una nueva reunión este viernes, 7 de agosto, a las 20:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Arrecife, más conocida como “La Plazuela”, bajo el lema “Hay otra Lanzarote, la de la dignidad”.
Además, desde ese momento se comenzará la recogida de firmas para una propuesta que incluye puntos como la transparencia, la necesaria participación ciudadana, la reducción de los sueldos de los cargos públicos, la ampliación de las investigaciones judiciales a todas las instituciones insulares, la depuración de responsabilidades y la defensa de las empresas públicas “que han sido saqueadas”. Posteriormente, el documento que sea refrendado se hará llegar a todas las instituciones de Lanzarote, Canarias y el Estado, “como evidencia de que hay otra Lanzarote más allá de la que sale en la prensa y que nos avergüenza, la Lanzarote de miles de ciudadanos honrados que queremos dejar claro que éste no es el modelo de isla que queremos”, afirman.
Este grupo de jóvenes, de entre 20 y 25 años, ha hecho un llamamiento a través de cadenas de correos electrónicos y de la red de Internet con el fin de que “los ciudadanos de Lanzarote comiencen a tomar conciencia, y poner así un granito de arena para que empiece a reactivarse una sociedad aparentemente dormida y pasota, a pesar de la crítica situación política, social, económica y judicial que padecemos, la peor de las últimas décadas”.
Por otra parte, aseguran haber entrado en contacto ya con el otro grupo de jóvenes que ha convocado para el viernes 14 de agosto una manifestación entre el Gran Hotel y el Cabildo, puesto que “coincidimos en muchísimos aspectos con ellos, en la defensa de la isla, de su territorio, contra la especulación y las malas formas que han llevado a los políticos a unos niveles de descrédito insuperables”, aseguran.
Por eso han decidido aunar esfuerzos, y afirman que “ellos estarán en nuestra concentración de este viernes y nosotros colaboraremos con ellos para la semana que viene, estamos ilusionados en que algo se empiece a mover, y que los jóvenes, al menos los más comprometidos, empecemos a hacer sentir nuestra voz”.
Diez puntos para cambiar el rumbo de Lanzarote
El decálogo del que se compone el “Manifiesto Paralelo”, y que será presentado este viernes en La Plazuela, incluye varias medidas que según los organizadores “cambiarían muchas cosas en beneficio de todos” y que fueron consensuadas en la primera reunión. En el apartado “por la decencia política” exigen la dimisión en bloque de todos los cargos públicos que han demostrado su incapacidad para gestionar las instituciones, así como la urgente dimisión de todos los imputados en casos de corrupción política y la apertura en el seno de los partidos de comisiones de investigación para depurar responsabilidades.“Excluir a los corruptos y dejar de “taparlos y excusarlos”, señala el manifiesto.
Destacan también la necesidad de mayor transparencia, que se haría posible publicando en red de Internet todos los “movimientos económicos y contratos sufragados con dinero público”, para que todos los medios de comunicación y ciudadanos tengan acceso libre a ellos y evitar “escándalos como el tristemente famoso kilo solidario o las contrataciones de empresas de manera oscura que hemos conocido en los últimos días”.
Otros asuntos destacables serían la exigencia del cese de todos los “enchufados en la administración pública por designación directa de los cargos públicos, sin concurso previo ni certificación de sus méritos”.
“Pedimos por tanto que se despida de manera inmediata a todos los asesores de concejales, alcaldes, consejeros o de presidencia y que su función la ocupen técnicos de las áreas correspondientes, evitando la sangría económica que suponen al dinero de todos estos individuos cuya formación o méritos se desconocen”.
También incorporan puntos pidiendo el fin de la parálisis institucional, la reducción de gastos superfluos, una mayor diversificación de la economía o la defensa del territorio y la idiosincrasia insular frente a “los señores del dinero que se saltaron el ordenamiento jurídico y urbanístico y mataron a la gallina de los huevos de oro con la complicidad de los políticos que desoyeron a la ciudadanía”.
* La Voz de Lanzarote - Paula Corujo • 7 de agosto de 2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
Invitan a los vecinos de la isla a elaborar “un documento reivindicativo que cambie el rumbo de Lanzarote”
Galicia: El Constitucional ordena paralizar de forma indefinida la edificación en núcleos costeros
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FARODEVIGO* : En el conflicto abierto entre la Xunta y el Estado sobre la ordenación del urbanismo en la costa, el Gobierno gallego perdió ayer una batalla: el Tribunal Constitucional decidió paralizar de forma indefinida la ley gallega que suaviza los efectos de la ley de costas, la norma estatal por la que cientos de casas situadas en el litoral pasan a ser propiedad del Estado y que prohíbe construir y hacer reformas en los primeros metros de la franja costera.
Miles de gallegos se han visto afectados por esta ley, bien porque sus viviendas o fincas están situadas en primera línea de playa –y por lo tanto, en terreno público– o porque lo están en los siguientes 100 metros de franja costera, en los que la ley estatal prohíbe levantar nuevas edificaciones y obliga a pedir autorizaciones para cualquier obra o mejora en la vivienda.
Ante esta situación y alegando su soberanía en materia urbanística, el Parlamento gallego aprobó el año pasado –todavía bajo el mandato del bipartito en la Xunta aunque por unanimidad de los tres partidos en la Cámara– una enmienda a la Lei de Vivenda que reducía a 20 metros la franja o servidumbre de protección aplicable a decenas de núcleos de casas situados en pueblos costeros como Fisterra, Muxía, A Pobra, Ribeira, Moaña o Marín. El Ministerio de Medio Ambiente consideró que esa modificación legislativa usurpaba sus competencias, así que en abril pasado el Estado denunció la norma ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y suspendió de forma cautelar el polémico artículo de la ley gallega. Ahora, el Constitucional ha decidido prolongar la paralización de la norma de forma indefinida, hasta que resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Estado hace casi cinco meses. Un plazo que, según fuentes jurídicas expertas en la materia, durará varios años dado el retraso que acumula el máximo tribunal español –el último recurso de constitucionalidad que resolvió había sido presentado en 2005–.
Según la ley de costas, aprobada en 1988, todo lo construido sobre el terreno que va desde la marea más baja hasta donde llegaran las olas más grandes de las que se tengan pruebas es dominio público, o lo que es lo mismo, propiedad del Estado. Hace dos años, el Ministerio de Medio Ambiente retomó los trabajos de deslinde, delimitando hasta dónde llega el dominio público en cada punto de la costa española, basándose en estudios técnicos y geológicos. Aunque en Galicia todavía no se ha completado el deslinde de todo el litoral, el proceso está obligando a cientos de gallegos a renunciar a la propiedad de sus viviendas y cederlas al Estado, convirtiéndose en simples concesionarios del terreno y la casa. Además de estos casos en los que los afectados dejan de ser dueños de sus casas sin indemnización alguna, la mayoría de los perjudicados por la ley de costas lo son porque sus viviendas, fincas o naves están situadas en la llamada servidumbre de protección, una franja de terreno en la que el Estado respeta la titularidad de los bienes pero donde prohíbe levantar nuevas construcciones e incluso hacer obras o pequeñas reformas en las existentes sin la autorización expresa de la Administración. La anchura de la servidumbre depende del tipo de suelo: por defecto es una franja de 100 metros paralela al deslinde, aunque esto se reduce a los 20 metros si el terreno estaba calificado como urbano antes de 1988, cuando se redactó la ley de costas.
Muchos ayuntamientos gallegos situados en A Costa da Morte o en O Barbanza no cumplen esta condición, por lo que las restricciones urbanísticas afectan a más de 100 metros de costa, lo que en muchos casos supone buena parte del pueblo o incluso sus cascos históricos y tradicionales. Además, estas prohibiciones condicionan, y mucho, el desarrollo urbanístico de los municipios. Para que esos concellos pudieran limitar las restricciones a sólo 20 metros, la Xunta estableció en la enmienda a la ley de Vivenda que los núcleos rurales también podían beneficiarse de las excepciones a la ley de costas, pero el Ministero la recurrió al considerar que "vulneraba" sus competencias.
Otro varapalo para los afectados de Marín y Moaña
La decisión del Constitucional de suspender de forma indefinida el artículo de la ley de Vivenda que suavizaba la ley de Costas no ha gustado nada a los afectados que, con todo, no se mostraron demasiado sorprendidos por la decisión del tribunal.
"Era previsible", aseguraba el portavoz de los afectados de Marín y Moaña, Enrique Méndez, quien defendió "que la Xunta es la única que tiene competencias sobre urbanismo, lo dice bien claro el Estatuto de Autonomía".
"Esto ya está llegando al absurdo", decía ayer José Luis Traba, alcalde de Fisterra y portavoz de los cientos de vecinos cuyas casas están dentro de la servidumbre de protección o dentro del dominio público, lo que les obliga a renunciar a su propiedad para cedérsela al Estado. "Buena parte del casco histórico pasará a ser propiedad estatal", dice Traba, para quien la ley de Costas "está hecha para los pueblos... ¿o acaso se dijo algo del muelle de San Pedro, o de los Jardines de Méndez Núñez, que fueron ganados al mar?".
* Faro de Vigo - 8.08.09
Foto: Vista parcial de Illa de Arousa, uno de los núcleos rurales que se encuentran en esta situación - sangiao, elcorreogallego.es
La Justicia, cuestionada por los casos de corrupción
LAPROVINCIA/Las Palmas* : Más de un centenar de jueces, abogados, funcionarios y operadores judiciales de la provincia de Las Palmas creen que la reiteración de resoluciones a favor de personas imputadas por presunta corrupción política está minando la credibilidad de la Justicia y piden a los poderes públicos que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de los ciudadanos en los tribunales.
Sin citar ningún proceso judicial en concreto, pero en evidente referencia a casos como el salmón o Gürtel, este grupo de profesionales señalan que diariamente constatan la "sorpresa" e "indignación" de la población "por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción".
En un manifiesto a la opinión pública titulado La Justicia en crisis, firmado, entre otros, por los magistrados Miguel Ángel Parramón y María Victoria Rosell, y por el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, se hace un llamamiento para que "se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía". Consideran que el pueblo está recibiendo el mensaje de que Justicia es "fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes", y por el contrario, "es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales 'de cuello blanco' que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos".
María Victoria Rosell confirmó a este periódico que cada día, al juzgar los casos que le llegan, recibe las quejas de ciudadanos que comparan su situación con la de los políticos y resaltó que los presuntos cohechos "deben llegar a juicio".
* La Provincia - 6.08.09
