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FARODEVIGO* : El magistrado del Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo ha condenado hoy al ex alcalde de Gondomar, José Carlos Silva (del PP), y a los cinco concejales que formaban su comisión de gobierno a una pena de año y medio de prisión por un delito de prevaricación urbanística, cometido de forma continuada.
Según la sentencia comunicada hoy, José Carlos Silva Mariño, José Luis Mosquera Veleiro, Angel Gregores Méndez, Jaime Rial González, Abelardo Meneses González e a José Misa Salgueiro, han sido condenados a pena de cárcel y a una inhabilitación para el ejercicio de cargo municipal durante 8 años.
La vista oral se desarrolló en tres jornadas, dos de ellas celebradas el pasado noviembre y una en diciembre, y en las que el Ministerio Fiscal acusaba a los seis de haber otorgado licencias entre el 7 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006 a pesar de que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) había sido anulado por los tribunales, lo que consideraba un delito continuado contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal.
La Fiscalía había pedido año y medio de prisión para cada uno de los acusados (pena que coincide con la reflejada en la sentencia), mientras que la solicitud de inhabilitación ascendía a los 10 años, dos más que los finalmente impuestos. Por su parte, la defensa planteó la libre absolución, puesto que el ex alcalde y sus entonces concejales aseguraron haber dado los permisos con informes favorables de los técnicos.
En la sentencia, que podrá ser recurrida en un plazo de 10 días desde su notificación, el juez considera que, una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía de forma cautelar el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gondomar con el que se pretendía adaptar el PGOM a la legalidad y "sin que dicho acuerdo fuese conocido por la señora secretaria del Ayuntamiento" ni por la técnica de la Administración que llevaba los asuntos urbanísticos, las juntas de gobierno local decidieron otorgar cerca de 40 licencias a pesar de que "sabían que las normas no eran aplicables".
OCULTACION
De esta forma, se considera constatada la "ocultación" de la resolución que advertía de la paralización, así como el hecho de que las personas responsables de aprobarlas, los componentes de la junta de gobierno, tenían conocimiento de la irregularidad.
En este sentido, la resolución judicial advierte de que, a pesar de que Silva aseguró no haber tenido conocimiento del contenido del auto de 21 de noviembre hasta el 16 de enero, cuando se lo entregó a la secretaria, el documento había sido remitido vía fax al Ayuntamiento el 30 de noviembre.
"No es de recibo pretender que desde esa fecha hasta el día 16 de enero no se tuvo conocimiento de la resolución", asegura, para añadir que esta falta de información es contradictoria con el hecho de que se recurriese la resolución el mismo día 21 de noviembre (el recurso fue desestimado el 22 de diciembre). Asimismo, también se alude a la "falta de explicaciones" de los acusados, especialmente del ex regidor, y la valora como un "contraindicio" fuerte de que tenían conocimiento de la resolución".
El magistrado afirma en su escrito que, "no se sostiene" la pretensión de la defensa de "amparar" la actuación de los acusados en el hecho de que las licencias las otorgaron en base a los informes técnicos de los funcionarios, dado que los técnicos desconocían el auto de suspensión. "La ocultación de información fue consciente con la clara finalidad de seguir otorgando licencias al amparo de la normativa ilegal".
Además, debido a que las irregularidades se sucedieron en varias juntas de gobierno, durante más de un mes, se ha tenido en cuenta la "continuidad delictiva" en los hechos.
* Faro de Vigo - EFE - 23.12.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Un año y medio de prisión para el ex alcalde de Gondomar
Piden una moratoria del Plan de Protección de la Huerta que suspenda licencias y PAI
LEVANTE/Valencia* : Per L'Horta (PLH), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Xúquer Viu i CCOO-PV pedirán una moratoria del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta Valenciana (PATPHV) que incluya la suspensión de licencias y de acuerdos de aprobación de Programas de Actuación Integrada (PAI), así como un estricto control de sobre todas las actuaciones que directa o indirectamente puedan suponer una disminución del suelo no urbanizable catalogado como de valor agrícola.
Así lo anunciaron hoy representantes de estos colectivos en rueda de prensa, después de que ayer concluyera el período de participación pública del Plan, al que han presentado 11 alegaciones, por considerarlo "insuficiente, limitado, sin ambición y carente de compromisos económicos concretos", que se conforma con una "visión paisajística".
De seguir así, "a la huerta le quedan entre 15 y 20 para desaparecer tal y como la conocemos ahora", advirtieron, ya que, según un estudio que están realizando, "se han perdido 12,5 millones de metros cuadrados de huerta desde el año 2000". Ante esta situación, consideraron que debe ampliarse el período de alegaciones, puesto que, según dijeron, el proceso de participación pública ya cerrado, ha resultado "corto", además de estar "manipulado y teledirigido".
Para Per L'Horta (PLH), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Xúquer Viu i CCOO-PV es necesario que el Plan incorpore un completo estudio sobre la movilidad e infraestructuras de transporte metropolitano de ciudadanos y mercancías, además de la creación de un ente supranacional con competencias efectivas de dirección y coordinación en materia territorial.
Asimismo, reclamaron un plan de viabilidad económico financiera para que el PATPHV incluya compromisos efectivos que sirva para asegurar e impulsar la agricultura, y para crear un Fondo Autonómico de Compensación Interterritorial que corrija los desequilibrios territoriales y socioeconómicos.
Solicitaron también que se hagan desaparecer las llamadas "reservas de estudio" para zonas en las que algunos ayuntamientos están haciendo o piensan hacer "actuaciones claramente contradictorias con el PATPHV". En este sentido, el presidente de Per L'Horta, Antonio Montiel, consideró con este Plan, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "reconoce su debilidad al dejar cosas para un futuro estudio".
"PRISIONERO DE INTERESES INMOBILIDARIOS Y ALCALDES"
En su opinión, el jefe del Consell "es prisionero de un puñado de intereses inmobiliarios y de un puñado de alcaldes de su propio partido que condicionan su política territorial". "Le falta voluntad", lamentó.
En este línea, Montiel apuntó que "más allá de la selección natural del mercado", propiciada por la recesión económica, "ahora es el momento en que el gobierno de la Generalitat podría hacer un acto real y ambicioso" y aplicar una moratoria al PATPHV. Además, "ahora encontrará menos resistencia por parte de la gente que lo condicionó en su momento", indicó.
"Creo que llevamos mucho tiempo conformándonos con aquello que es mejor que nada, y creo que ahora es un momento histórico, una oportunidad que no debemos perder porque estaríamos perdiendo algo más, la huerta", sentenció.
Por su parte, Joan Martínez de CCOO-PV puso de manifiesto las posibilidades que podría ofrecer un Plan mejorado "dinamizando aspectos que generen empleo, con una mejora de los usos del suelo, que genere actividades para la agricultura, por ejemplo agricultura especializada.
Martínez puso de manifiesto la "falta de coherencia de un Plan que no recoge aspectos como son el reto del desarrollo portuario y de infraestructuras, eludiendo así la oportunidad de mejorar la movilidad de los ciudadanos y las mercancías", lamentó.
Por su parte, el presidente de ACPV, Eliseu Climent, hizo hincapié en la "indefensión" en la que deja el texto actual a la huerta, donde "cada ayuntamiento hará lo que quiera" a través de los planes locales.
Ante esta situación, consideraron que "paralelamente" a la solicitud de la moratoria, la ciudadanía habría de movilizarse porque "además de pedir aspectos jurídicos, los ciudadanos también tenemos que demostrar que estamos en contra".
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 23.12.2008
Foto: Valencia, huerta - cma.gva.es
Vecinos del Nevada alzan su voz
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LAOPINIÓN/Granada* : Los vecinos de la urbanización colindante al centro comercial Nevada tienen miedo a quedar estrangulados y es por ello que no quieren permanecer ajenos al procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada. Hace unas semanas presentaron un escrito para personarse como perjudicados en el proceso, donde recogen los daños directos que, incluso antes de su apertura al público, les está ocasionando el centro comercial.
El problema derivado por la reducción del ancho de las calles de la urbanización, en concreto en Aristóteles y Darwin -por donde discurrirá el metro ligero-, la eliminación de los espacios verdes que se recogían en el POTAUG, el riesgo a inundaciones, la pérdida de movilidad en el residencial y el más que probable colapso de tráfico por la imprevisión de accesos son las principales razones que el vecindario ha trasladado al juez, quien deberá decidir si autoriza su personación en la causa.
A tenor del contenido del escrito, al que ha tenido acceso este diario, se observa la preocupación con la que los vecinos vienen siguiendo los acontecimientos del caso Nevada por el que se encuentran imputados, entre otros, el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor del centro, Tomás Olivo.
Los efectos negativos de su construcción ya son, en algunos casos, visibles como apuntan en su escrito los vecinos, que echan mano de los informes periciales y otros estudios que han ido incorporándose a la causa penal e incluso al contencioso administrativo que interpuso la Junta de Andalucía.
Los vecinos no entienden cómo se permitió destruir un vial transversal de 15 metros de anchura que cruzaba el centro comercial y que obligará a desviar el tráfico por Darwin y Aristóteles, calles que, a su vez, han pasado de tener un ancho de calzada de 20 metros a 15, precisamente una de las razones que esgrimió la Junta para presentar un contencioso ante el juez.
La situación se agrava con la construcción del metro ligero por ambas calles, con un ancho de doble vía, lo que dejará la calzada en 6,6 metros: dos carriles pegados a las viviendas de 3,30 metros de ancho, sin aceras y compartido por vehículos y peatones. Los vecinos temen que la reducción de este vial afecte a las situaciones de emergencia.
En este sentido, culpan al Ayuntamiento de Armilla de modificar, sin ajustarse a la normativa del POTAUG, el ancho del viario y permitir el paso del metro ligero, cuestiones que "pueden poner en peligro la integridad de las personas".
También solicitan que se restituyan los espacios verdes después de haber quedado constatado en los informes periciales que se ha invadido espacios libres y zonas destinadas al esparcimiento de los vecinos.
Otra de sus preocupaciones se refiere a la posibilidad, contemplada también en distintos informes, de que sus casas y garajes se puedan inundar por la incapacidad de los colectores de absorber el agua de lluvia.
Los vecinos temen que la impermeabilización de la cubierta del Nevada produzca un efecto ´paraguas´ que termine por desviar el agua e inundar sus casas, como así ocurrió en la primera lluvia torrencial que se produjo hace algunos meses. Es por ello que los residentes exigen que se hagan obras que garanticen el desalojo del agua.
Movilidad. En cuanto a la movilidad interna del residencial, los vecinos se sienten engañados. "Cada vecino de las calles Darwin y Aristóteles, para salir de su casa hacia Armilla, la capital o cualquier otro punto, deberán compartir viales colapsados por un centro comercial debido a la merma que en la movilidad de la zona se ha producido con la eliminación del vial y la reducción (más el metro) del supramunicipal", alegan los vecinos, molestos por haber pasado de "comprar casas con aparcamiento a que nos los quiten de un plumazo".
Por último, vaticinan el colapso de tráfico que se producirá una vez que el centro comercial abra las puertas y tras quedar acreditada la "falta de rigor y calidad técnica" del estudio de movilidad que se aportó al proyecto del Nevada. Los vecinos y los visitantes al centro deberán compartir a diario las mismas "estrechas calzadas".
A falta de lo que decida el juez de instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, la Fiscalía considera que no es el momento oportuno para que los vecinos se personan como perjudicados. Llegado el caso, el fiscal vería más factible que lo hicieran como acusación particular.
* La Opinión de Granada - Á. CALLEJA - 23.12.2008
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
Más de 8.000 pillados en la trampa del ladrillo
PÚBLICO* : Las históricas suspensiones de pagos sufridas por las inmobiliarias Martinsa Fadesa, Habitat y Tremón han creado una gran trampa para más de 8.000 compradores que adquirieron un piso sobre plano. Las tres promotoras presentaron concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) porque les asfixiaba una deuda conjunta de 10.000 millones de euros con la banca, los proveedores y los compradores, aunque esta última es la que menos pesaen el total.
El problema es que no hay seguridad de que, al final, los adquirentes reciban su vivienda porque depende de que la inmobiliaria en cuestión y los administradores concursales decidan qué promociones son viables para la empresa, explican los expertos. En ese caso, se finalizan las obras.
El mayor perjuicio lo ha provocado Martinsa Fadesa, hasta ahora la mayor suspensión de pagos española, con una deuda de 7.005 millones. La mayor parte de los 401 millones en créditos contigentes aquellos que aún no son considerados deuda, pero lo serán en el futuro si la promotora incumple su contrato con el cliente recogen los pagos a cuenta que han realizado los aproximadamente 4.000 adquirentes de piso, que confían en verloterminado.
Esta cifra la da la propia empresa y sólo incluye los de España, no los de las filiales de Europa del Este, pero pueden ser más porque esta cantidad significaría que cada comprador ha adelantado casi una media de 100.000 euros, algo imposible para un particular. Bien es cierto que algunos adquirentes son empresas que han podido comprar edificios para alquiler o venta y, en ese caso, sí pueden haber anticipado esos 100.000 euros.
Habitat sólo hablaba de 250
La catalana Habitat, la última en caer el pasado 28 de noviembre, ha protagonizado el segundo mayor concurso de acreedores del país. La empresa que preside Bruno Figueras ha asegurado que sólo 250 compradores estaban afectados. Sin embargo, el número se eleva a más de 2.000 atrapados que están pendientes de que se les entregue su vivienda, según fuentes implicadas en el concurso de acreedores.
Esos 250 adquirentes de los que hablaba Habitat son sólo aquellos que tienen preferencia a la hora de recibir su inmueble. La razón es que tienen la suerte de que sus pisos están incluidos en promociones bastante avanzadas que van a poder terminarse en un plazo de tiempo razonable, según las citadas fuentes.
De hecho, el trámite está siendo bastante rápido. El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Feijoo, ha dado la preceptiva autorización para poder continuar con la construcción de 90 pisos (también hay trasteros y garajes) desde que admitió el concurso de acreedores de la promotora, el pasado 4 de diciembre. La intención es que antes de fin de año se dé curso, si es posible, a las peticiones de los 250 compradores afectados. El juzgado ha puesto a disposición de éstos un correo electrónico.
Por su parte, Tremón también ha dejado unos 2.000 pisos por hacer, como confirmó la propia empresa en su día.
Cosmani tuvo un buen final
El caso de la inmobiliaria Cosmani, que suspendió pagos con una deuda de 350 millones, es esperanzador para los compradores atrapados, ya que todos los afectados (eran menos de 300) recibieron su piso, según fuentes próximas a la empresa. En los grandes concursos de acreedores podrá haber promociones que decidan no terminarse. Esto es una decisión que toman la empresa junto con la Administración concursal que supervisa la gestión de la compañía. En el caso de promociones que no van a finalizarse los compradores se convierten en acreedores, pero serían los últimos en cobrar si queda dinero, algo poco probable, según los expertos jurídicos.
* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 22/12/2008
Foto: Hay 4.000 compradores afectados por Martinsa. - M. riopa, publico.es
Málaga: sus errores urbanísticos
JOAQUÍN CESTINO* : La inconcebible demora en la efectiva y total depuración de las aguas residuales que vierten al mar. La antigua permisividad ante la masificación urbanística promovida por interesados promotores en distintas áreas de la ciudad. La imprevisión en el proyecto y ejecución de las infraestructuras viarias que el crecimiento demanda. La pasividad e incapacidad, quizás impotencia, para evitar el abandono y la marginalidad de nuestro viejo centro histórico. Estas son algunas de las graves irresponsabilidades en las que, durante muchos años, incurrieron los políticos malagueños que nos gobernaron.
Pero ya sabemos que de poco valen quejas y reproches.
Pudimos tener un litoral abierto, limpio, despejado, bien preparado para los requerimientos propios, y técnicamente perfecto para su incorporación a la gran demanda turística de la Costa del Sol. En su lugar tenemos cambiantes playas artificiales que los temporales de levante vacían de sus arenas todos los inviernos, y cuyas aguas, aún hoy, no suelen invitar al baño. Un litoral sin verdaderas instalaciones, hoteles e infraestructuras atractivas para un turismo aceptable. Tenemos un paseo marítimo hacia el este que en su primer tramo es de insuficiente anchura y está agobiado por altos edificios, y en su segundo y más prolongado tramo es una carretera con estrechas aceras. Y otro paseo marítimo hacia el oeste, más amplio y dotado, pero ocupado casi exclusivamente por bloques de viviendas. ¿Podremos esperar que, llegado el caso, la Diputación y el urbanismo municipal, en un ejercicio saludable de modestia ante la crisis, reconviertan en hoteles sus magníficos edificios en primera línea del litoral?
Pudimos tener áreas urbanas, barriadas, bien comunicadas, con pocas alturas y amplios espacios ajardinados, gratas a la vida y a la vista. Pero hemos heredado algunos barrios que ya fueron marginales desde su inauguración. Con la construcción de La Malagueta, se destruyó la zona mejor situada de la ciudad. Nunca se completó el tejido urbano entre los sectores incorporados a la ciudad. Nunca se pensó en la funcionalidad, comercios y servicios, tampoco en la cultura, el deporte o el ocio de esas barriadas. Poco se pensó en la arquitectura adecuada a la especificidad de los lugares que se urbanizaban. Poco se pensó en el paisaje o en la defensa de los montes litorales o interiores. Así creció esta gran conurbación que puede identificarse como una ciudad archipiélago. Es ahora cuando el Ayuntamiento desea obtener de los fondos Feder más de 4.000 millones de las antiguas pesetas para la recuperación de los barrios degradados.
Pudimos conservar el atractivo y acogedor centro antiguo de la ciudad. Sus valiosos edificios del siglo diecinueve, sus comercios y cafés, su vida intensa y amable. Pero sólo tenemos la calle Larios y algunas pocas más que puedan ser atractivas para el visitante. Amplias zonas, múltiples calles, abandonadas a su suerte. Gran parte de los inmuebles en evidente deterioro. Un centro impresentable, pleno de oscuridades, suciedades y pintadas. Donde el turista sólo puede hallar el desagrado o la inquietud.
También pudo proyectarse la reconversión adecuada de los muelles cercanos, el uno y el dos, de nuestro Puerto. Pudo promoverse la integración de ambos, formando un área única y singular, con los espacios monumentales y museísticos, Aduana, Teatro Romano, Alcazaba, Catedral, Museo Picasso. Sin embargo, tuvimos que oír, una vez tras otra, el inconsistente tópico de que había que abrir el Puerto a la ciudad, o la ciudad al mar. ¿Por qué abrirse al mar justamente por el Puerto, que es un importante centro de actividad económica para la ciudad, un espacio productivo de primer orden, y cuyo recinto está protegido por las leyes internacionales? Un recinto que limita con el mar en sólo un 15% de la longitud total del litoral municipal.
Desde el principio pudo verse que lo que sobre todo se buscaba era la comercialidad del lugar. Se impuso una vez más la obtención de fáciles plusvalías a partir del suelo público. Vialia y la antigua Fábrica de Tabacos son ejemplos de esa rechazable forma de administrar lo público con criterios privados. Lo ha dicho el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco San Martín, cuando ha escrito que la cultura urbana de la construcción de esta ciudad es ya en un puro ejercicio mercantilista.
Ahora parece que, como dice el reclamo publicitario del muelle uno, vamos a tener ocio, moda, arte y restauración. Puede ser. Setenta locales comerciales van a estar dispuestos para ello. Un nuevo centro comercial y de ocio, probablemente sin sentido en este lugar. Quioscos, pérgolas, marquesinas, terrazas, palmeras y huertos de frutales (?) completarán el escenario. Y es posible que si llega también a los muelles uno y dos la llamada movida, el temido botellón, algunos considerarán esto como un logro social y político. Ya hemos dicho que de nada vale quejarse. Sin embargo, el recuerdo y la anotación tal vez, de lo que se hizo mal, puede ayudar a que no se repitan nuevamente los errores pasados.
Málaga es una ciudad favorecida por su situación geográfica y su agradable clima. Málaga es ya casi una ciudad global. Pero ese necesario paso, ese difícil problema que supone la transformación de la ciudad local en ciudad global, que como ha dicho el arquitecto Thom Mayne, premio Pritzker en el año 2005, es compleja y prácticamente incontrolable, aún no se ha consumado. Esperemos que la actual crisis globalizada, económica y financiera, mueva a los ciudadanos y contribuya al menos a que la dormida sociedad civil reaccione contra la falta de control, de ideas y de sentido social de los políticos. Contra la sumisión de estos a las presiones económicas del capital. Contra la falta de perspectiva en el tiempo y en el espacio que aquellos evidencian.
* Málaga Hoy - Opinión - 23.12.2008
