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ELDÍA/Tenerife* : Malos tiempos para los vecinos de Las Chumberas, que cada día se sobresaltan con una noticia peor. Si aún no se habían repuesto de la confirmación de que la aluminosis estaba extendida en el 70% de los edificios (en 29 de los 42 existentes) y de que sólo la rehabilitación planteada cuesta más de diez millones de euros, ayer trascendió que 37 bloques están fuera de ordenación en el PGO vigente desde 2000, extremo que desconocían los propietarios e inquilinos y que ya ha despertado una polémica política de imprevisibles consecuencias y desarrollo.
La cifra de 37 edificios fue confirmada en la tarde de ayer por el concejal de zona, Domingo Galván (CC). Tras la ruptura desde el jueves del mutismo mantenido hasta ahora por el gobierno, el edil, así como el alcalde, intervino desde primera hora de ayer en diversos medios para explicar la situación de la aluminosis, pero no esperaba que, desde el mediodía, Las Chumberas se sumara a la polémica de Santa Cruz por los fuera de ordenación.
Una rueda de prensa del PSC desató la tormenta, al hacer público una carta remitida en los últimos días por Urbanismo a diversos bloques en la que, entre otras cosas, afirmaba de forma literal que "el conjunto de las edificaciones que conforman la urbanización Las Chumberas se encuentra en situación legal de fuera de ordenación".
En un primer contacto con este periódico, Galván negó que se tratara de toda la urbanización, pero no pudo concretar qué número de bloques estaban afectados, si bien se mostró convencido de que la mayoría estaban dentro de ordenación. No obstante, y tras depurar sus datos en Urbanismo, señaló horas más tarde que sólo cinco bloques (que, como los demás, no concretó) están dentro de ordenación desde el año 2000, que 17 quedaron fuera por superar las cinco plantas permitidas en la zona, que dos lo hicieron por situarse en el espacio de protección de la autopista, otro por afecciones de futuros viarios y el resto, por retranqueos.
A diferencia de la interpretación muy crítica de los socialistas, Galván relativiza las consecuencias de este cambio en la catalogación de los edificios, habla de "total normalidad" y que, en todo caso, tratarán de solventarlo incluyendo estas viviendas en la parte ordenada del nuevo PGO. Además, niega que se haya ocultado este cambio a los vecinos "porque existió un periodo de información del actual PGO" y afirmó que este dato no se ha apuntado en ninguna de las reuniones por la aluminosis ni en el informe de Intemac "porque no tenía nada que ver. La reposición obliga a cambiar el PGO y eso nunca se lo hemos ocultado a los vecinos".
Fuentes de la comisión vecinal mostraron ayer a EL DÍA su profunda sorpresa por esta novedad y, sin querer pronunciarse hasta tener más datos, aunque sin disimular su malestar, anunciaron que pedirán una reunión urgente.
Mucho más contundentes fueron Gustavo Matos y Javier Abreu, que acusan a CC de ocultar algo clave en múltiples reuniones a los vecinos y desde hace muchos años, "ya que un fuera de ordenación no se puede reponer y, por eso, CC apuesta sólo por la rehabilitación". Abreu cree que "se ha jugado" con algo muy delicado que afecta a la economía y propiedades de muchas familias y acusó directamente al alcalde, al que tildó de "irresponsable" y del que cree que "le queda el cargo muy grande". Según el edil, que data el cambio en 2004 y no en el año 2000, se dejó fuera para poder crecer en otras zonas, "algo que ocurre con otras urbanizaciones", aunque no quiso precisar.
Los socialistas piden una comisión con los partidos locales incluidos y defienden la demolición y reconstrucción de los bloques afectados, así como que entren de nuevo en ordenación y que haya una profunda reurbanización de la zona. "No se puede decir a estos vecinos que no cabe la reposición y lo contrario en la Cruz Chica", recalcó Abreu en alusión a los afectados por el tren y las promesas del alcalde.
* El Día - 30.01.10
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
La Laguna: 37 edificios de Las Chumberas están fuera de ordenación desde el año 2000
El cerebro del 'caso Llíber' extendió su negocio urbanístico en La Marina
ELPAÍS/Alicante* : El cerebro de la trama urbanística de Llíber, el empresario de Xàbia Miguel Muntaner, pugnó por establecer un imperio inmobiliario en La Marina Alta durante la última década, coleccionó varios expedientes de infracción urbanística y utilizó sus contactos con las agencias británicas para intentar trasladar sus actividades a otros países europeos.
Muntaner reconoció en diciembre ante la juez de Dénia que había sobornado al ex alcalde de Llíber entre 1999 y 2003, José Mas, del PP, y al ex aparejador municipal para que permitieran construir 300 chalés en suelo rústico. Los tres permanecen desde entonces en prisión.
Con su participación directa en al menos nueve empresas como administrador o socio, todas ubicadas en Xàbia y vinculadas en su gran mayoría a la promoción urbanística, Muntaner fue una figura representativa de los polémicos tiempos dorados del hormigón. Con una de las firmas más activas, Complejo Comercial Monty's, SA, de la que es administrador único, impulsó uno de los PAI de Parcent, el del Replà, como aparece en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 28 de octubre de 2004. Este plan, cuya tramitación fue después seguida por otra empresa y que preveía 1.496 viviendas, recibió la censura de la Unión Europea y acabó siendo rechazado por la Consejería de Territorio.
Además de su actuación en Llíber, en la que no sólo participó como constructor sino también como intermediario, y en la que admitió haber pagado 3.000 euros al ex alcalde por cada licencia ilegal y casi 100.000 euros por 15 de esos permisos al ex aparejador, también desarrolló actuaciones en otras zonas de gran belleza de poblaciones del interior de la comarca, como la Solana de Alcanalí, Benidoleig o Sagra. En esta última, actuó con otra de sus firmas, Urbanización Aitana, SL, que compartía con un socio inglés. La clientela británica fue uno de sus grandes objetivos, como se demuestra en Llíber, donde gran parte de los compradores estafados son de esa nacionalidad.
Muntaner tuvo que enfrentarse a varios expedientes por infracción urbanística: en Xàbia, tras tabicar un sótano para crear 14 minipisos de entre 30 y 60 metros cuadrados; en Benidoleig, por impulsar dos edificaciones que no se ajustaban a licencia, aunque en este caso adujo que no eran de su propiedad; y en Calp, Monty's, SA también aparece en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) en un expediente de infracción por ampliar de forma irregular un edificio.
Dos artículos publicados en la prensa británica y búlgara apuntaban además a este empresario como el máximo responsable de la promoción de un complejo residencial en Varna (Bulgaria) en una zona rústica en la que no se podía edificar. El complejo, Klement Hills, habría sido promovido por Muntaner a través de Monty Ltd. y debería haber estado concluido en 2007, pero allí jamás se realizó ninguna actividad urbanizadora.
Las firmas ligadas a Muntaner también se dedicaron a la actividad textil y a la hostelería. El empresario es propietario de un club de alterne en un sótano de la exclusiva zona de El Arenal de Xàbia donde la Guardia Civil grabó conversaciones del caso Llíber entre varios constructores, según el sumario del caso judicial. Muntaner también se embarcó en la política y en 2001 impulsó con otros socios Unión Democrática Europea, que pretendía apuntarse a la moda de los partidos de signo independiente con gran ascendiente en el voto europeo.
* ELPAIS.com - 31.01.10
Foto: Xabia - lasprovincias.es
Arteixo: Trabajar a la sombra de la piqueta
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LAOPINIÓN/A Coruña* : Fueron construidos al amparo de una licencia municipal que vulneraba la normativa urbanística. Ocupan terrenos rústicos y costeros y albergan, en total, a una veintena de empresas. Los trabajadores del polígono de Suevos y el complejo de Galán desarrollan desde hace años su actividad bajo la amenaza del derribo. En los últimos dos meses la Xunta y los tribunales han estrechado el cerco y realizado sendos requerimientos en los que ordenan su demolición. Para los empleados es "como vivir con la soga al cuello".
Un concesionario de vehículos de segunda mano, una tienda de artículos de ocasión, un taller de reparación y venta de neumáticos, un establecimiento de electrodomésticos.... Y hasta el depósito municipal de grúa. Son algunos de los negocios de Arteixo sobre los que se cierne la amenaza del derribo por infringir la normativa urbanística.
"Es como vivir con la soga al cuello", lamenta uno de los afectados, que regenta su negocio en una de las naves ilegalizadas de Galán, complejo que, junto al polígono de Suevos, se encuentra en el punto de mira de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
En los últimos tres meses, el cerco se ha estrechado sobre los dos complejos, construidos al amparo de una licencia municipal que fue anulada por infringir la normativa urbanística. Primero fue el turno del polígono de Suevos, un complejo industrial que ocupa los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa en el que desarrollan su actividad unas quince compañías. El pasado diciembre el Tribunal Supremo ratificó la orden de derribo de las obras ejecutadas en 2003 por vulnerar la ley de costas. La sentencia es firme.
Solo un mes después, la Xunta hizo pública una resolución en la que ordenaba el derrumbe de las naves de Galán, asentadas sobre suelo rústico y, que al igual que las de Suevos, no disponían de los preceptivos permisos autonómicos. A día de hoy, sólo cuatro naves acogen negocios, las otras dos ofertan con carteles su venta o alquiler.
Los afectados agotan todas las vías y el Concello de Arteixo apura las gestiones. Los primeros solicitan indemnizaciones y los segundos "que se depuren responsabilidades políticas".
* La Opinión A Coruña - 31.01.10
Foto: Polígono de Suevos, en las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa. / juan varela, laopinioncoruna.es
Vecinos de la Encarnación dicen que el tiempo les está "dando la razón" en su rechazo al "engendro" de Metropol
EUROPAPRESS/Sevilla* : Vecinos de la Encarnación afirmaron hoy que el tiempo les está "dando la razón" en su rechazo al "engendro" de Metropol Parasol, proyecto que "ya se pensaba que iba a dar problemas e iba a ser muy costoso, además de que no pega para nada"."Está pasando lo que esperábamos que pasara", afirmó en declaraciones a Europa Press el portavoz de la asociación de vecinos 'Entorno Regina', José Luis Cano, quien consideró que "se podría haber elegido otro tipo de proyecto en el concurso, que no fuera tan dañino ni tan costoso, y ya habría mercado y plaza pública".
Sin embargo, lamentó que "ahora sólo hay un engendro allí puesto", por lo que añadió que "muchos de los palmeros que estuvieron apoyando este proyecto, como fueron los comerciantes y placeros, se habrán venido un poco abajo, porque fueron de la mano del Ayuntamiento y en contra de los vecinos, por lo que también tienen su parte de responsabilidad".
"Tendremos que pagar más dinero todos los sevillanos y aquí no dimite nadie", sentenció Cano en referencia al incremento en 18 millones de euros más de la aportación municipal al proyecto, a lo que añadió que "dicen que no sabía, pues que dejen la política y se dediquen a otra cosa, porque se está hablando de dinero público".
Del mismo modo, lamentó que el Ayuntamiento "no habla con los vecinos, con la única asociación legalmente establecida en la zona, que es Entorno Regina, sino con varios que les ríen las gracias", por lo que consideró que "si no se han reunido antes, ahora con el rabo entre las piernas menos se van a reunir".
Asimismo, criticó el "cutrerío" con el que, a su juicio, se está llevando a cabo el proyecto, dado que "la plaza está siendo ocupada como un aparcamiento y los coches están reventando las losetas, ya hay algunas levantadas, cuando empiecen con lo demás van a tener que arreglar lo que ya está deteriorado".
"Es algo sin acabar, sin árboles, sin bancos ni nada y que están tomando los coches, nos hemos quedado sin plaza y sin nada, sólo el armatoste ahí puesto", insistió Cano, quien reiteró que "eligieron un proyecto faraónico que le va a costar el dinero a todos los sevillanos".
Por su parte, los comerciantes de la plaza de abastos de la Encarnación agradecieron a los ciudadanos de Sevilla que "sigan yendo al mercado" a pesar del estado en el que se encuentra y confiaron en que no surjan más problemas en la ejecución de Metropol Parasol.
El vipresidente de los placeros de la Encarnación, Domingo Alcantarilla, explicó a Europa Press que "no queda otra opción que tener paciencia" y reconoció la "buena voluntad" del Ayuntamiento de Sevilla para "solucionar el problema cuanto antes".
Por tanto, aseguró que están "contentos" ante el hecho de que "se han inyectado más dinero" al proyecto para su terminación, aunque admitió que están "más que desesperados, porque demasiado condescendiente y bueno es el público de Sevilla con el mercado de la Encarnación".
En este sentido, insistió en resaltar la importancia de que la gente "sigue yendo a comprar con todos los problemas que conlleva" y señaló el mal estado de las instalaciones, provisionales desde hace más de 30 años, a pesar de que "se intenta que esté lo más aseado posible".
"Vivimos con la ilusión de que vamos a tener un mercado digno y acorde con el siglo XXI", apuntó Alcantarilla, quien se refirió a la posibilidad planteada por el Consistorio hispalense de abrir el proyecto por parte, dando prioridad al mercado. "Parece que sería más factible, porque no habría tanto problema", añadió.
Además, reiteró que "no se puede decir que el Ayuntamiento no tenga ganas e interés en terminar la obra" y confió en que "no puede haber más problemas, porque no se pueden plantear ya más problemas en una obra".
Del mismo modo, el vicepresidente de los comerciantes de la Encarnación defendió el proyecto diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer, argumentando que "si se hubiera elegido otro, aunque hubiera sido más fácil, no sería de la envergadura de éste".
* Europa Press - 30.01.10
Foto: La reforma de la Plaza de la Encarnación, en Sevilla, mediante un proyecto del arquitecto Jurgen Mayer denominado Metropol Parasol. - flickr.com
El intento de privatización de la costa comienza en el parlamento gallego
REBELIÓN* : Ante la aprobación el pasado martes por el Parlamento Gallego de la proposición del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Costas, que permitiría la desprotección del litoral y su privatización, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife se unen para impedirlo y reclaman una mayor protección para la costa. La propuesta del PP para privatizar la costa se suma a la del Grupo Mixto que ya se está tramitando en el Congreso con el mismo objetivo.
WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han analizado ambas proposiciones de ley y denuncian que el texto presentado por el Grupo Mixto, a instancias del BNG, reclama que el deslinde del dominio público marítimo-terrestre se adapte al trazado urbanístico que marque la administración autonómica y que los núcleos rurales localizados en el dominio público marítimo-terrestre sean excluidos de éste y pasen a considerarse como suelo urbano.
La propuesta del PP pretende que las normas dictadas para las actuaciones anteriores a la Ley de Costas se apliquen a actuaciones posteriores a la misma, realizadas al amparo de licencias locales, que la servidumbre se reduzca de 100 a 20 metros y que en estos terrenos se permitan nuevos usos y nuevas construcciones.
Ante estas proposiciones de ley, las principales organizaciones conservacionistas reiteran su firme oposición a este nuevo atentado contra la Ley de Costas y recuerdan que semejante reforma ya fue intentada en diciembre de 2008 mediante la Ley 18/2008 de Vivienda de Galicia, que fue recurrida por inconstitucionalidad por el Gobierno. El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de esta ley declarando que la competencia para determinar el dominio público no es urbanística sino de protección del litoral, como defienden las organizaciones ecologistas.
Las propuestas de PP y BNG contrastan con las de otros partidos políticos, como el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que han presentado una propuesta que busca ampliar la servidumbre de protección de 100 a 200 metros, por entender que “la masiva ocupación que ya sufre el litoral español dota de gran valor las zonas que quedan por urbanizar y que debe ser objeto de una mayor protección, para defender tanto su integridad y conservación, como su uso público y gratuito.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF ha manifestado: Estas propuestas son claramente inconstitucionales, sólo benefician a intereses particulares y suponen un atentado contra la naturaleza y el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de ella.
Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace, ha declarado: Han pasado veintidos años desde la aprobación de la Ley de Costas y los ataques contra ella continúan, no tiene sentido mantener unas disposiciones transitorias que hoy son utilizadas para vulnerar la propia ley y sus principios, exigimos su derogación.
Alejandro Sánchez, Director Ejecutivo de SEO/BirdLife, ha declarado: La costa cumple una función esencial en la dinámica litoral, y a la vista de la evolución climática y su conservación será vital para frenar los impactos del cambio climático, por lo que, por nuestra seguridad, debemos protegerla en su integridad.
Jorge Sáez Coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción declaró: La costa es el principal núcleo generador de vida, destruirla es atentar contra la biodiversidad. Tramitar estas propuestas en el Año Internacional de la Biodiversidad sólo puede generar rechazo. Además esta propuesta de modificación de la ley de costas, sumada a éstas peligrosas enmiendas de los grupos parlamentarios gallegos, carece del necesario análisis global. Ya que, la ley de costas fue diseñada para garantizar el equilibrio de los frágiles ecosistemas costeros, así como, del acceso igualitario a sus recursos y, esta modificación atenta contra todo esto.
* Rebelión - 30.01.10
Santa Cruz: Las calles vuelven a clamar contra el PGO
CANARIASALDÍA* : Santa Cruz de Tenerife escuchó de nuevo este sábado en la mañana la protesta de miles de vecinos contra el Plan General de Ordenación aprobado el pasado 4 de enero por el Ayuntamiento capitalino. Una estampa similar a la del pasado 9 de enero deparó la salida de la manifestación, a las doce del mediodía, si cabe más ruidosa que en la primera de las ocasiones que los ciudadanos salieron a al calle.
Sin embargo, la afluencia de gente fue algo menor respecto a la marcha de primeros de mes, cuando se congregaron unas siete mil personas. En los momentos más álgidos de ésta segunda protesta en menos de veinte días se alcanzaron al menos las 5000 personas.
La paradoja se dio por cuanto fuentes policiales sostuvieron que el respaldo del a manifestación fue prácticamente el mismo, entre las 2500 y las 3000 personas.
Mientras el pasado día 9 se señaló con el dedo a todos los concejales que votaron a favor del PGO, además de los tres representantes socialistas ausentes del polémico pleno, durante la marcha de esta mañana, tanto Miguel Zerolo como Luz Reverón, alcalde y concejal de Urbanismo respectivamente, se convirtieron en el principal blanco de las críticas.
“Ahí está la cueva de Alí Baba”, “Coalición Canaria es una inmobiliaria”, “Esto nos pasa por un Gobierno facha” o “Zerolo dimisión”, destacaron entre los cánticos más entonados. Un Zerolo que fue visto en el interior de su coche municipal en el entorno del Ayuntamiento justo ala hora en que se acercaba la manifestación.
La protesta culminó, de forma análoga, con varias intervenciones frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acordonado por agentes de policía desde casi una hora antes de que la marcha arrancara. Fue ese el momento en que se notó la pérdida de afluencia, algo a lo que se ha restado importancia desde la Plataforma contra el PGO, que volvió a valorar como un éxito la manifestación.
La intención inicial de los convocantes era terminar la protesta frente a la sede de la Cotmac, organismo dependiente del Gobierno de Canarias que aún debe dar el visto bueno definitivo para que el Plan entre en vigor. Pero la Subdelegación del Gobierno negó tal posibilidad al no consentir que la manifestación atravesara las vías del tranvía.
El lema volvió a ser no al PGO, tal y como establece la pancarta que abre y tras la cual se sitúa el portavoz y abogado de la Plataforma contra el PGO, Felipe Campos.
De nuevo repitieron personas de toda clase y condición, numerosos profesores universitarios – entre ellos alguno de Economía que reconoce la depreciación de las viviendas – anónimos y destacados abanderados de otras luchas de Santa Cruz de Tenerife, como Dolores Rebrow.
También se han dejado ver multitud de personalidades de la política en la isla. Por parte del PSC, comparecieron el secretario general en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, el portavoz municipal José Ángel Martín, la concejal Marián Franquet, el senador Aurelio Abreu o Santiago Pérez, portavoz parlamentario, entre otros.
Repitió también visita Guillermo Guigou, concejal y presidente de Ciudadanos de Santa Cruz, y la ex militante de dicho partido, Odalys Padrón. Destacó también la presencia de Pedro Fernández Arcila, experto urbanista y portavoz de Alternativa Sí Se Puede, o de otro reconocido abogado, Juan Manuel Fernández Del Torco, presidente del Centro Independiente de Canarias.
* Canarias al Día - 30.01.10
Foto: Vista general de la manifestación convocada hoy por Asamblea por Tenerife, Coordinadora de Pueblos y Barrios y Plataforma de Defensa de El Toscal, contra el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ramónd e, canariasaldia.com
Laporta ya tiene su ‘pelotazo’: el Ayuntamiento recalifica el Miniestadi del Barça
ELCONFIDENCIAL* : Los cimientos del futuro FC Barcelona ya están puestos: el Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer la recalificación del Miniestadi del Barça, la última gran operación que emprende el presidente Joan Laporta, que en los próximos meses termina su mandato y no puede optar a la reelección. En total, es un negocio que puede suponer unos ingresos cercanos a los 250 millones de euros. “Dejamos para la próxima junta una perla, ya que hay una recalificación muy importante de los terrenos”, explica una fuente del Barça.
La misma fuente añade que “hasta hoy teníamos unos terrenos con un valor residual, pero mañana hay unos terrenos con un valor potencial enorme”. El Barça no se desprenderá de los terrenos de la noche a la mañana. “No tenemos necesidad de vender con urgencia. La operación dependerá de cómo esté el mercado inmobiliario. Pero de lo que no hay duda es de que el patrimonio del Barça ha mejorado”.
En los terrenos del Miniestadi, cercanos al Camp Nou, que ocupan alrededor de 130.000 metros cuadrados de extensión, se prevé la construcción de 1.625 viviendas, de las que más de la mitad son de renta libre y, el resto, de protección oficial. Además, en ellos se ubicará un Centro de Atención Primaria (CAP), una residencia de ancianos, un pabellón deportivo, más de 1.600 aparcamientos, una guardería, una escuela y un gran hotel. En la actualidad, alberga el campo donde juega el filial, con capacidad para 15.276 espectadores, y dos campos de entrenamiento.
Los vecinos califican la recalificación de “pelotazo”. “Rechazamos en su totalidad el plan. No puede haber ya principio de acuerdo con nosotros si no empezamos a negociar desde cero”, señala Alfonso Huéscar, portavoz de la coordinadora de las asociaciones de vecinos de Les Corts, barrio donde se ubica el complejo.
Desde el Barça niegan este extremo: “No es ningún pelotazo por una sencilla cuestión: en la mayoría de los casos, se realizan este tipo de operaciones para fichar a futbolistas o para reducir la deuda. Nosotros no. Ya hemos dejado por escrito que el dinero se destinará a reinvertirlo en el patrimonio, entre otras cosas a la remodelación del Camp Nou y a la construcción del nuevo Palau Blaugrana. No teníamos ninguna necesidad de dejarlo por escrito, pero lo hemos decidido así para despejar cualquier duda”.
La intención es utilizar el dinero en construir no sólo un nuevo Palau Blaugrana, sino también una nueva pista de hielo y en la remodelación del estadio que ha proyectado el arquitecto Norman Foster. Esta magna obra costará la friolera de unos 250 millones de euros, aunque el club no tiene decididos todavía los timings para sacar el mayor partido de la venta de los terrenos.
Los vecinos, sin embargo, están indignados. “Hace escasamente unos días, me entrevisté con la concejala de distrito, Montserrat Sánchez, y me dijo que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, no nos quiere recibir. Es más: ha tenido la desvergüenza de no recibirnos nunca. En este tema, hay tres patas: el Ayuntamiento, el Barça y los vecinos. Pero la Administración sólo habla con el club. A nosotros nos deja de lado. Es cierto que Laporta nos convocó hace tiempo a algunas reuniones, aunque ya hace tiempo que no hay contactos con el Barça. De todos modos, con quien tenemos que hablar del tema es con Hereu y si él no quiere relacionarse con nosotros... la impresión es que nos ningunea, nos ignora y nos teme. Para él, somos carne de cañón”, dice Huéscar, que conoce a Hereu casi desde la infancia.
Faltarán equipamientos
El problema, dice el portavoz de los vecinos, es que “con la construcción de las viviendas, el barrio tendrá unos 7.000 vecinos más. Y no tenemos infraestructuras para dar servicios. Nos dicen que construirán más de 1.600 aparcamientos, pero ya estarán cubiertos, y serán incluso insuficientes, para los nuevos vecinos que vendrán a vivir aquí. Y nos dicen que ganaremos infraestructuras, pero lo cierto es que el barrio de Les Corts pierde suelo, pierde equipamientos y pierde zona verde. Para poner un ejemplo, es una vergüenza que si alguien quiere ir a una piscina pública, tenga que desplazarse hasta Hospitalet de Llobregat, porque en el barrio no hay ninguna”.
Los vecinos han comenzado ya movilizaciones y han recogido 7.000 firmas contra el proyecto. “Lo malo es que el jefe de la oposición, Xavier Trias, de CiU, ha hecho frente común con Hereu e incluso es peor que él. Se critican mutuamente y se ponen verdes, pero cuando se trata de fastidiar a los vecinos, pactan enseguida”, continúa Huéscar. Y acusa al alcalde de prepotente. “Luego -continúa-, vienen a pedir nuestros votos, pero ya le hemos dicho a la concejal de distrito que no cuenten con ellos. Lo único que podemos hacer es votar al PP o a ICV, que son los únicos que nos han ayudado en esta guerra. Favor por favor. El PSC y CiU que se olviden de nosotros”.
El portavoz vecinal recuerda también que José Luis Núñez, cuando era presidente del club, ya intentó realizar una gran operación con el proyecto Barça 2000, que preveía la construcción de un gran complejo con áreas comerciales y de servicios e incluso con un campo de golf en la parte superior. “Ya lo habían firmado y aprobado, pero la oposición vecinal hizo que el entonces alcalde, Joan Clos, diese marcha atrás y lo parase. Que no se piensen que ahora vamos a quedarnos con los brazos cruzados, aunque Hereu es mucho más prepotente”.
Tras la aprobación municipal de ayer, se abre un paréntesis de dos meses, durante los cuales se pueden presentar alegaciones. “Es de risa que tengamos que presentar las alegaciones al ínclito señor alcalde, cuando sabemos ya de antemano que las va a rechazar”. A continuación, el proyecto ha de ser aprobado por la Generalitat en un término de cinco o seis meses. Y allí se pueden presentar también alegaciones.
* El Confidencial - 29.01.10
Foto: Barcelona, miniestadi barça - elperiodico.com
Sólo hay piqueta para casas pobres
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ELPAÍS/Lanzarote* : La casa donde vivía desde hace tres generaciones la familia de Santiago Medina Cáceres, carpintero jubilado de 73 años de edad, tiene los días contados. Se trata de una morada de pescadores de más de 100 años de antigüedad situada en la costa de Berrugo (Yaiza), al sur de Lanzarote, en una zona entre Papagayo y Playa Blanca. Esa casa es un bastión para los ciudadanos que llevan años defendiendo otro modelo turístico para Lanzarote. Será historia en cuestión de días, mientras decenas de hoteles ilegales siguen funcionando.
La casa ha sido ya desalojada por un auto dictado por la jueza María Dolores García Benítez, del Juzgado número 2 de Arrecife, que obliga a la ejecución provisional de una sentencia que exige la entrega de la casa a la Junta de Compensación de un plan urbanístico. En el auto figura la autorización expresa a la comisión judicial a que recabe el auxilio de la fuerza pública, si hubiera oposición.
En esta casa ha vivido la misma familia desde el tatarabuelo de Santiago Medina. Como otras construcciones tradicionales de la costa de Canarias, la propiedad nunca figuró en ningún registro. Según explican fuentes de la defensa de los Medina, en 1986 unos empresarios registraron el terreno fraudulentamente. Posteriormente, lo vendieron a los promotores del plan llamado Castillo del Águila, y a su alrededor la casa vio crecer apartamentos, hoteles, comercios y un puerto deportivo.
Sólo la casa, ejemplo de la arquitectura popular canaria, con 400 metros de inmueble en un solar de más de ochocientos metros, recuerda cómo fue aquel lugar. Hoy está retirada de la orilla por las diversas edificaciones. El centro comercial ni siquiera estaba contemplado en el proyecto inicial de la Marina Rubicón, ambos construidos en terreno ganado al mar. Al centro comercial se opuso la Dirección de Costas, pero nunca llegó a actuar, según afirma Pedro Hernández, portavoz del grupo ecologista El Guincho.
Ahora, la juez decide que la propiedad debe pasar a la Junta de Compensación del plan urbanístico. Y el derribo es inminente. La decisión es llamativa en una isla en la que hay sin ejecutar al menos 37 sentencias firmes desde hace tiempo que declaran ilegales las licencias de numerosos hoteles. Esas sentencias son firmes, pero los hoteles siguen en funcionamiento en esa misma costa sur de Lanzarote (según datos de la página web del propio Cabildo de Lanzarote, legalidadurbanistica.org).
La sentencia contra la familia Medina no es firme, ya que está recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Sin embargo, a su casa le quedan horas. Según piensan los propietarios, una vez desalojados el derribo será inminente, como ya sucedió en otros lugares de Lanzarote; "En Tías [otro municipio] no esperaron a que se viera el recurso, y luego resultó que se anuló la licencia del campo de golf".
La jueza ha declinado hacer declaraciones a EL PAÍS. Según la información recabada ante el Juzgado de Arrecife por el gabinete de prensa del Tribunal de Justicia de Canarias, el auto de ejecución provisional no se trata de un desahucio técnicamente, sino que se da posesión a su propietario según el artículo 41 de la Ley Hipotecaria.
Santiago Medina, el más pequeño de una familia de diez hermanos, de los que sólo quedan vivos seis propietarios del inmueble, dice que han decidido sacar sus enseres y no estar cuando llegue el agente judicial acompañado de la fuerza publica, "porque ya somos muy mayores y tenemos muchos achaques, y ni el corazón, ni el azúcar nos permite aguantar más este avasallar". En torno a este caso se articuló, hace aproximadamente diez años, por primera vez un movimiento popular para frenar la presión urbanística sobre la isla.
"Son muchos años de batalla", añade Medina, "pero estoy orgulloso y agradecido porque gracias a esta lucha, los vecinos de la isla se manifestaron masivamente y se consiguió que el Cabildo y la Fundación César Manrique recurrieran a la Justicia para poner freno a la terrible especulación del litoral que hay en Lanzarote".
De la casa de los Medina hasta hoy cuelga una pancarta con un lema: "Si luchamos podemos perder, si no lo hacemos estamos perdidos", una expresión que se ha hecho popular más allá de la isla.
Entre los vecinos relevantes que apoyan está causa se encuentra el Premio Nobel de Literatura, José Saramago. "Los turistas son como abejas, pero pican", suele decir Saramago. En varias conferencias públicas en la isla ha reclamado dignidad y que se cumplan las sentencias, sin buscar estratagemas para transigir con la especulación.
* ELPAÍS.com - 30.01.10
Foto: Vista trasera de la casa de Santiago Medina, en la que ha vivido su familia desde hace 100 años. Al otro lado de la carretera antes había una playa.- JAVIER FUENTES, elpais.com
Marbella: El nuevo PGOU deja 2.000 viviendas fuera del proceso legalizador
LAOPINIÓN/Málaga* : El Plan General de Marbella se aprobó ayer. Pero no estuvo exento de pegas. El polémico proceso de normalización de las 18.000 viviendas irregulares construidas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) ha sido un escollo para la tramitación del documento hasta el final. Finalmente, y en palabras de la propia regidora, Ángeles Muñoz, el nuevo texto legalizará más de 16.000 y se dejará "fuera de ordenación" a menos de 2.000.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) declaró ayer la suspensión de tres ámbitos del término municipal. "Son zonas urbanizables pero no se podrán ejecutar hasta que se haga el deslinde pertinente", explicó a este diario el propio redactor del documento, el arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras.
Un arroyo pasa por una de estas zonas, según explicó Fustegueras. Además, de los problemas derivados de la cercanía al mar de las otras dos. "Se trata de 30 ó 40 viviendas que la Junta ha detectado en el frente litoral", completó la alcaldesa.
En concreto, estas promociones son, tal y como confirmó el Gobierno autonómico, Jardines de la Costa, Alvarito Playa y Alcotanes, un área cercana al hotel Senator que afecta a los espacios libres de una vivienda unifamiliar. Asimismo, esta zona afecta también directamente a un centro comercial. Se trata de El Corte Inglés de la plaza del Mar, añadió la Junta en su resumen.
Banana Beach. El edificio ilegal Banana Beach, considerado símbolo de la etapa ´gilista´, se queda "como estaba", detalló el arquitecto. Esto significa que forma parte del grupo de las 2.000 viviendas que quedan fuera de ordenación y, por tanto, pendiente de la sentencia firme que ordena su demolición dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "Es la única que se encuentra en esta situación", recalcó la alcaldesa.
Sus 238 viviendas no son las únicas habitadas que quedan fuera del proceso legalizador. Muñoz recordó ayer que se mantienen también en esta mismas circunstancias las casas de dos promociones ubicadas en las zonas de Río Real y La Víbora, ambas situadas en el distrito marbellí de Las Chapas.
Junto a ellas, hay otras 1.100 "estructuras" que, desde el principio, "supimos que no tenían cabida en el modelo urbanístico establecido por el nuevo Plan General", explicó Muñoz. Fruto del proceso normalizador y en calidad de compensaciones, la ciudad recuperará 1,3 millones de metros cuadrados de equipamientos.
* La Opinión de Málaga - 30.01.10
Foto: Marbella, Banana beach - tourist
Granada: Manifiesto contra la especulación urbanística y en defensa de l@s vecin@s de la Casa del Aire
SOLIDARIOSCASADELAIRE* : El proceso especulativo que azota al barrio del Albayzín de Granada empezó (aproximadamente) hace un par de décadas, una situación que se vio fuertemente agravada después de que la UNESCO declarara la zona como Patrimonio de la Humanidad. Antes de que esto ocurriera, el Albayzín había sido un barrio sistemáticamente ignorado por las autoridades, que entregaron tanto el entorno como a sus vecinos al abandono.
Pero el enclave privilegiado en el que se sitúa el vecindario, así como su posicionamiento en el mapa mundial gracias a la declaración de la UNESCO, pronto llamaron la atención de “inversores”, que vieron oportunidades de negocio en un barrio que ha sabido conservar su identidad durante siglos. La inversión de dinero público (programas de rehabilitación) y privado para transformar el barrio, se está llevando a cabo al margen de los vecinos y vecinas con menos recursos, que se ven obligados a abandonar el Albayzín ante la imposibilidad de hacer frente a los costes que supone vivir en este nuevo enclave de lujo. La orientación del nuevo Albayzín a turistas y a gente con alto poder adquisitivo y la paulatina expulsión de sus habitantes de toda la vida no sólo están poniendo en peligro la idiosincracia de uno de los barrios más característicos de Granada, sino que se están realizando, en muchas ocasiones, mediante prácticas ilegales.
Una de las técnicas más utilizadas por las inmobiliarias que han comprado edificios con inquilinos es la de declarar la casa en ruinas. Si la casa está en ruinas, la inmobiliaria (o el casero/a) puede desalojar a los vecinos/as sin necesidad de otorgarles el derecho a realojo o indemnización y, además, puede permitirse derruir la casa entera y reconstruirla a su antojo, sin tener que respetar las pautas estipuladas para los edificios declarados protegidos. Así se pueden deshacer de inquilinos que pagaban alquileres corrientes y acoger a inquilinos que paguen el doble o el triple, primando el aspecto de la vivienda como negocio para el propietario antes que el de derecho para el arrendatario. Esta estrategia es la que ha llevado a transformar las tradicionales casas vecinales en apartamentos unifamiliares, albergues y hoteles; y los pequeños comercios, en tiendas de souvenirs, teterías... Se ha creado así una imagen idealizada del Albayzín puesta al servicio de la economía, donde las transformaciones se orientan más hacia los turistas que a los habitantes del barrio.
La Casa del Aire es una casa de vecin@s del bajo Albayzín, última casa de paso en el barrio. L@s vecin@s de la casa llevan seis años resistiendo el acoso inmobiliario ejercido por las inmobiliarias Arrendamientos Puerta Elvira, en un principio, y actualmente Edivara-Varasol. En este periodo se ha generado una alianza entre vecin@s, con la que se han retomado costumbres como el uso de espacios comunes donde encontrarse, compartir y organizarse frente a un problema que nos afecta a todos.
A lo largo del conflicto se han producido diferentes procesos judiciales en los que, hasta ahora, se había dado la razón a l@s vecin@s de la casa. A su vez, la Gerencia de Urbanismo declaró el incumplimiento del deber de mantenimiento por parte de los propietarios.
En esta situación, y teniendo en cuenta los procesos abiertos por las vías judicial y administrativa, se ejecutó un desalojo cautelar (es decir, antes de la celebración del juicio) el pasado martes, 19 de enero, a las 8 de la mañana, sin haber recibido ningún aviso previo que permitiera a l@s vecin@s que iban a ser desalojadas preparar la defensa jurídica ni recoger sus cosas. A su vez, desde el momento mismo del desalojo, se ha vulnerado la dignidad de l@s vecin@s de la Casa del Aire: tanto de las personas desalojadas (porque no se les permite recuperar sus pertenencias), como de las que continúan en la casa, que no tienen llaves de la puerta de entrada y no pueden recibir visitas, con lo que se restringe su libertad de movimientos.
El problema de la Casa del Aire es sólo un ejemplo más de un conflicto urbano de carácter estructural y social. Se trata de la especulación urbanística, de la que se benefician empresas, bancos, políticos… y que no es exclusivo de Granada, sino que se reproduce en otras ciudades del Estado y del mundo que funcionan según el mismo sistema económico. El desalojo de la Casa del Aire supone la destrucción de un raro ejemplo de solidaridad, resistencia y lucha en el Albayzín por el barrio y sus vecin@s.
En solidaridad con l@s vecin@s de la Casa del Aire y el mantenimiento de un Albayzín vivo, alegre y con sus gentes firmo este manifiesto.
http://solidarioscasadelaire.blogspot.com
* Solidarios Casa del Aire - 29.01.10
Foto: Granada, casa_del_aire - solidarioscasadelaire
Cantabria: ARCA denuncia que SICAN está "urbanizando" el Parque Empresarial Alto Asón "sin permiso de la CHC"
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EUROPAPRESS* : La asociación ecologista ARCA ha denunciado que Suelos Industriales de Cantabria (SICAN) está construyendo y urbanizando el Parque Empresarial Alto Asón "sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)" y, además, lo está haciendo "sobre una llanura de inundación del río Carranza a su paso por la extraordinaria mies agrícola de Riancho", en Ramales de la Victoria.
En un comunicado, la agrupación ecologista ha recordado que venía denunciando esta situación desde hace "mucho tiempo". A su juicio, "la prueba de que tenía razón" es que hasta el 15 de enero ha estado sometido a información pública el expediente denominado 'Solicitud de autorización para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de urbanización del parque Empresarial Alto-Asón', cuando las obras "comenzaron hace varios meses y están a punto de concluir".
Dichas obras consisten en la aportación de rellenos y la instalación de viales, alcantarillado y suministro eléctrico, explicó ARCA.
"Estamos, por tanto, ante un nuevo episodio de la política de hechos consumados que se practica habitualmente en Cantabria en materia urbanística y que viene amparada por la ausencia del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que tiene congelado por voluntad personal el consejero José María Mazón", titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
Según señala la asociación, SICAN "siempre ha sido consciente de que necesitaba con el permiso de la Confederación", debido, entre otras cuestiones, a que cuando se modificó el planeamiento urbanístico de Ramales y cuando se aprobó el Plan Parcial del citado polígono industrial, "la CHC evacuó sendos informes en los que requería que antes del inicio de las obras se tramitase la autorización preceptiva" de dicho organismo de cuenca.
"Pero SICAN ha hecho lo que le ha dado la gana y la CHC ha hecho la vista gorda durante todo este tiempo" asegura ARCA, para quien la "presión" que ha ejercido ha "obligado" a la iniciación de un expediente que, "como tantas veces se ve en Cantabria, es una pura pantomima sin el menor rigor técnico".
Frente a este "cúmulo de despropósitos" ARCA ha presentado ante la CHC una serie de alegaciones solicitando que deniegue la aprobación del citado expediente promovido por SICAN y que ordene la "inmediata paralización" de las obras que "está llevando acabo sin permiso, exactamente igual a como hacen cuando los infractores son personas a título particular".
ZONA INUNDABLE Y DE ALTO VALOR AGROLÓGICO
La asociación ecologista subraya que la mies de Riancho es una zona "inundable" del río Carranza. "Los periodos de grandes avenidas se han sucedido a lo largo de la historia reciente, con violentas inundaciones durante el siglo XX hasta alcanzar las viviendas del núcleo de Riancho y motivar costosas obras de restauración a cargo del desaparecido IRYDA", recuerda.
"Está realidad incómoda pretende ser desvirtuada por SICAN presentando para el cálculo de los niveles de inundación del terreno la situación topográfica posterior a los rellenos que están realizando sin permiso en la mies, cuando obviamente el estudio de inundaciones debe hacerse sobre las cotas del terreno anteriores al inicio de las obras", asegura ARCA.
Además, sostiene que los terrenos sobre los que se pretende construir el Parque Empresarial Alto Asón poseen "un gran valor ambiental y agroganadero", equivalente a la de la mies de Galizano y solo se encuentra en un 3% del territorio cántabro, por lo que, en su opinión, "debe orientarse a la producción agroganadera de calidad y a coadyuvar al desarrollo de empresas transformadoras y de turismo rural".
* Europa Press - 29.01.10
Foto: Ramales de la Victoria (Cantabria) - todopueblos.com
Valencia: Rus paga 1,4 millones a contratistas por adjudicar carreteras sin tener el terreno
LEVANTE* : La Diputación de Valencia licitó la construcción de dos variantes de carreteras comarcales y locales y el acondicionamiento de una tercera. Tenía el dinero, tenía los contratistas que ejecutarían los proyectos -adjudicados en noviembre de 2006- y la voluntad política de intentar llegar a inaugurar esas vías antes de las elecciones de 2007. Pero los planes no salieron porque, con las prisas, se concedieron los contratos antes de expropiar el suelo.
El olvido provocó un retraso de dos años en el inicio de las obras. Dos años y una indemnización por daños y perjuicios a las constructoras por valor de 1.411.558,35 euros. La institución que preside Alfonso Rus, concretamente el área de carreteras que gestiona el vicepresidente Enrique Crespo, tiene que compensar a Romefer (214.383 euros), Cyes (680.920 euros) y a la UTE formada por Obras Nuevo Milenio, Obremo y Deogracias Candel, a la que la diputación resarcirá con 516.254, 42 euros.
Sin informe ambiental
Tres decretos publicados el pasado 29 de diciembre consideran legítimas las reclamaciones. En el caso de la variante de Alpuente (CV345) de Casinos a Titaguas (ejecutada por la UTE), tampoco existía informe de impacto ambiental. La "negligencia" con resultado gravoso para las arcas públicas públicas fue denunciada ayer por el PSPV, a través del portavoz provincial, Rafael Rubio, y el diputado Emili Gregori. "Pedimos que el señor Rus y Crespo pongan el dinero de su bolsillo", exigió Rubio, para acusar a los populares de "manirrotos y despilfarradores con dinero que no es suyo". "Es intolerable que luego a Rus se le llene la boca quejándose de que el Gobierno no le paga", explicó el dirigente socialista, quien proclamó que en "un país normal la fiscalía actuaría en defensa del interés general", si bien después matizó que no hay delito, es que son "burros".
* Levante-EMV - 29.01.10
Foto: Valencia, huerta - cma.gva.es
30-31 Enero: Seseña, todo un símbolo, da el pistoletazo de salida a la ‘Marcha contra la corrupción’
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NUEVATRIBUNA/Toledo* : “El fenómeno de la corrupción está íntimamente ligado al modelo productivo dominante en España en estos últimos años, en donde algunas políticas desplegadas en los ámbitos municipales, autonómicos y central, no han hecho nada más que abonar este hecho, poniendo en grave peligro la democracia y alejando a los ciudadanos de las instituciones. Los costes sociales y medioambientales que conlleva son y serán soportados por la mayoría de la ciudadanía actual y futura”.
Este es el párrafo que encabeza el manifiesto para la ‘Marcha contra la corrupción’ que el sábado partirá de la ciudad de Seseña (Toledo) y finalizará el domingo en Madrid ante las puertas del Congreso de los Diputados.
La iniciativa, que se puede consultar en una página web, ha partido de Izquierda Unida y según destacó su coordinador general, Cayo Lara, pretende ser “una llamada de atención al conjunto de los ciudadanos sobre un cáncer que corroe a la democracia”. En la marcha participará el secretario general del PCE, José Luis Centella.
La elección de Seseña no es casual. Esta población toledana se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra la corrupción urbanística. Desde que gobierna IU no se ha clasificado ni un solo metro cuadrado que fuese rústico en este municipio o que albergue un PAU residencial –el más grande de España- tras hacerse reclasificaciones de suelo sin un plan de ordenación municipal.
El alcalde de esta localidad, Manuel Fuentes, se ha convertido en el enemigo número uno del constructor Francisco Hernando, conocido como el Pocero, promotor de la macrourbanización construida en un secarral.
El regidor de IU ha sido objeto de cerca de 14 querellas de toda índole, la mayoría de ellas ya archivadas, lo que le ha hecho padecer todo un “calvario” en palabras Cayo Lara. Fuentes también denunció la “asfixia económica” a la que el Pocero tiene sometido al Ayuntamiento de Seseña, al que debe más de cuatro millones de euros por el impago, entre otras obligaciones, de las cuotas de urbanización, del IAE o el IBI, “una cantidad muy importante para un presupuesto de 11 millones”, dijo.
DESARROLLO URBANÍSTICO SALVAJE
Para Cayo Lara, en España existen “dos problemas importantísimos: la crisis económica, más dura que hace un año, y la corrupción. Ésta es más grave si cabe, porque es un cáncer que corroe a la democracia en sí misma y desafecta a la gente de la vida política”, aseguró.
Lara denunció que la participación de cargos públicos en actividades delictivas lleva a que desde algunas instancias se potencia “el discurso de todos son iguales y, por eso, me abstengo de participar en la vida política. Eso es lo peor que le puede pasar a una democracia que se precie, desde el punto de vista de la participación ciudadana en la cosa pública”.
El máximo responsable de IU encuadró la corrupción en un entorno económico de “desarrollo urbanístico salvaje” que, en el caso de Castilla-La Mancha, “nos ha llevado a perder una caja de ahorros --en referencia a Caja Castilla-La Mancha (CCM)--, la primera que se pierde en España”, cuya grave situación que derivó en su intervención y posterior acuerdo de adquisición por otra entidad bancaria “ha tenido mucho que ver con los ‘pelotazos urbanísticos’ y con que unos cuantos caciques se han llevado los recursos de la CCM porque se les ha permitido”.
Asimismo criticó la inexistencia de una “eficiente financiación municipal” que ha llevado a muchos alcaldes a hacer “desarrollismo y propiciar actuaciones inmobiliarios innecesarias para lograr dinero. Todo ello con un Gobierno no ha cumplido con la tan cacareada y necesaria Ley de Financiación de los Ayuntamientos para que haya suficiencia financiera”.
Según Lara, la privatización de servicios públicos “también ayuda a determinadas concesiones que hacen que se puedan hacer transferencias irregulares de recursos públicos. Esto no es más que usar el poder para el beneficio de unos cuantos. Y no digamos las tramas organizadas para la financiación de algunos partidos políticos”, que ejemplificó con casos como Filesa, Gürtel o la trama Pretoria en Cataluña.
* Nueva Tribuna - 29.01.10
Foto: Seseña (Toledo), urbanización - bottup.com
Los arquitectos vetan la fiebre reurbanizadora del Ayuntamiento con un Plan Catedral «burdo y costoso»
ELCORREODEBURGOS* : Al Ayuntamiento de Burgos le ha salido un grano en el trasero con el Colegio Oficial de Arquitectos. Primero fueron las duras críticas por el proyecto de remodelación del Parque de La Isla, que obligó al equipo de Gobierno a dar marcha atrás y a optar por gestionar por separado el proyecto y la obra. Y ahora, este colectivo de profesionales pone sus ojos sobre el Plan Catedral XXI, que el mes pasado fue presentado por el alcalde Juan Carlos Aparicio y que pretende rehabilitar el entorno de la Seo burgalesa.
Una actuación urbanística que está llamada a ser una de las principales de la actual legislatura, al afectar a una superficie de 10.000 metros cuadrados y con una inversión que ronda los cuatro millones de euros. Pero la postura del Colegio de Arquitectos es clara y rotunda: «es una solución inadecuada, burda y muy costosa». Su presidente David Dobarco fue más allá y relacionó esta «fiebre reurbanizadora de dudosa urgencia» con la ausencia de sensibilidad hacia el paisaje urbano, como es la proliferación de esculturas en la calle y los diversos elementos ornamentales como fuentes y demás mobiliario.
Consciente de la dificultad para que el equipo de Gobierno municipal rectifique acerca de este Plan como sí ocurrió con La Isla, los arquitectos confían en que los responsables del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León protejan y expliquen al Ayuntamiento «la singularidad y trascendencia» de este proyecto junto a la Catedral.
El inicio de las obras del Plan Catedral XXI, previsto por el Ayuntamiento para la primavera, está pendiente del visto bueno de Patrimonio, que el concejal de Fomento, Javier Lacalle, urgió a que no fuera más allá de dos meses. Pese a todo, se mostraban proclives a subsanar los posibles cambios que propusiera la Junta.
El Colegio de Arquitectos recuerda que se trata de un espacio emblemático y, por ello, debería estar excluido de los habituales lotes de urbanizaciones que «acostumbra contratar la Corporación municipal» y apostar por un tratamiento más específico así como un estudio más pormenorizado. Afirma- ciones en clara referencia al trabajo firmado por la empresa de ingeniería Prointec.
Dobarco explicó, desde el punto de vista técnico, que la Catedral se asienta sobre una topografía muy compleja, en la ladera del Castillo, y en torno a ella se articulan diversos espacios de enorme singularidad y valiosos edificios históricos que contribuyen a configurar un «conjunto irrepetible». Un conjunto que, según la documentación, se uniformará con la sustitución del actual pavimento de granito por otro de piezas de calcita negra de gran formato, que «no guardan ninguna relación con el espacio medieval, de carácter orgánico e irregular». En definitiva, se pierde el contexto histórico porque «no se trata de embaldosar ni de alicatar la Catedral, aunque el gres sea un buen material», ironizó el presidente del Colegio de Arquitectos.
Pero ése fue, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por Aparicio para ejecutar el Plan Catedral XXI al mencionar la degradación de los materiales y la diversidad de los elementos que rodean al templo. De esta manera, apuntaba que se acabaría con el «desorden visual poco coherente» en las plazas del Rey San Fernando y Santa María y en las calles Felipe de Abajo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuño Rasura y el Arco de Santa María.
El Colegio de Arquitectos se muestra partidario de convocar un concurso para un plan de tan calado como es la mejora del entorno de la Catedral. El presidente del colectivo no mencionó las aportaciones del Consejo Asesor, formado por representantes de la Universidad, la hostelería, el Cabildo así como la cultura y el arte.
Escaso interés de fuentes y esculturas
Como en su día ya apuntó en relación al Paseo de La Isla, el Colegio Oficial de Arquitectos considera que el espacio público es el territorio de todos los ciudadanos y debe valorarse más allá de la pura acción urbanizadora. «El respeto a nuestro paisaje y su entorno natural implican un compromiso cultural esencial, porque la cultura es más que infraestructura», precisaron entonces.
En cuanto a la proliferación de elementos ornamentales como esculturas y fuentes en el centro histórico durante el último año, Dobarco mostró su «preocupación» por su «saturación, escaso interés y discutible ubicación». El presidente del colectivo de profesionales mostró su rechazo a las fuentes ornamentales -como la situada frente al Solar de la Evolución Humana-, que no están en un sitio adecuado al «estrangular» el paso de los peatones y colocada junto al río.
Recuperar el parking del Castillo
El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos, David Dobarco, instó al Ayuntamiento a recuperar el proyecto para la construcción de un aparcamiento en la ladera del Castillo, frente a la iglesia de San Esteban. A su juicio, es necesario «convencer» a la Junta de Castilla y León, después de que la Comisión de Patrimonio informara desfavorablemente en agosto sobre la modificación puntual del Plan Especial de Protección del Castillo y del Cerro de San Miguel.
Dobarco recordó que el Programa Integral de Regeneración del Centro Histórico contemplaba ese parking al aprovechar el desnivel de la ladera, aunque el equipo de Gobierno municipal modificó la idea al proyectar un aparcamiento de mayores dimensiones. «El Ayuntamiento debe reducir el fuerte impacto de esa infraestructura y renegociar el proyecto con la Junta», afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos. Sólo así -a su juicio- se recuperará la parte alta del centro histórico, en el entorno de San Esteban, con los vehículos particulares de los vecinos de la zona.
Encontronazos
David Dobarco lamentó los últimos ‘encontronazos’ con el Ayuntamiento puesto que el Colegio de Arquitectos siempre se ha distinguido por su colaboración con la administración local para la recuperación del centro histórico. A su juicio, el Ayuntamiento no se ajusta al documento básico que es el Programa de Regeneración Integral de esa zona y «tan sólo picotea». Una herramienta, que no está aprobada, aunque fue la base para solicitar la declaración del ARCH, el Plan Urban -del que el presidente dijo no «estar muy visible»- y la participación como jurado en el concurso del Consulado Joven.
* El Correo de Burgos - 29.01.10
Foto: Burgos aérea - diariodeburgos.es
La juez del 'caso Polop' abrirá otro sumario con la trama urbanística
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ELPAÍS/Alicante* : La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, acabará en dos sumarios. El primero, para investigar estrictamente el crimen, por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del complot para controlar sin oposición el urbanismo del municipio. Y el segundo indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área de urbanística del consistorio.
La magistrada del caso, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. Así que la juez María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Para esclarecer que el móvil fue urbanístico, la investigación de la policía se centró en la actividad que desarrolló la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio.
Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) La Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.Las diligencias policiales sobre la trama urbanística que dirigía el ex alcalde de Polop Juan Cano y por la que éste acabó ordenando a dos sicarios la ejecución de su antecesor, Alejandro Ponsoda, copan el grueso del sumario. Las diligencias del caso, miles y miles de folios, ocupan ya un total de 30 tomos.
La documentación más destacada en el apartado urbanístico recae sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet, en la falda de la montaña del término de Polop. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención, el pasado 23 de noviembre, apareció un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación.
El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL, y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto (en este caso de alrededor de 300.000 metros cuadrados) para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros cuadrados.
La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló en representación de Bahía y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores.
Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007.
La justificación dada por la responsable fue que con ese gesto intentaron limar asperezas con Cano, que aunque durante esos años no era concejal, mantenía su capacidad de influencia política en el pueblo.
* ELPAIS.com - 29.01.10
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com
El Consell ratifica el mismo PGOU de 2000 que el Supremo anuló diez años después
LEVANTE/Valencia* : La Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana ratificó ayer la nueva aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 2000 (PGOU) , un documento que el Tribunal Supremo anuló en diciembre de 2008 porque el ayuntamiento privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones. La resolución del alto tribunal invalidó el PGOU al tiempo que ordenaba un nuevo proceso de alegaciones.
Dicho periodo se abrió el pasado mes de julio después de más de seis meses de pugna del ayuntamiento para eludir la ejecución del fallo y tras una decisión definitiva del Tribunal Constitucional, que rechazó la admisión del recurso del consistorio.
El documento se expuso en su totalidad a los ciudadanos por orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la posibilidad de interponer alegaciones se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sin embargo, el gobierno local rechazó las 662 alegaciones. Un total de 617 escritos vecinales fueron declarados "improcedentes" al considerar que no se refieren a las modificaciones sustanciales que introdujo el PP y contra las cuales no permitió alegar a los vecinos. Además, se desestimaron por razones técnicas las 45 restantes que sí se admitieron a trámite.
Diez años después de la aprobación del primer plan, la Conselleria de Territorio y el ayuntamiento han aprobado un documento idéntico al de 1999 que finalmente fue anulado por los tribunales. El gobierno local argumenta que no fue el contenido del plan lo que el Supremo invalidó, sino un mero "error formal de procedimiento". No lo considera así el grupo municipal socialista, que pone en duda que se haya cumplido la sentencia del Supremo porque se ha expuesto al público un plan que no se ajusta a la realidad actual y obvia todos los cambios urbanísticos aprobados entre 2000 y 2009, algunos de los cuales hacen referencia a cuestiones tan polémicas como el PAI Mestrets, también anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).Además, los socialistas reclaman que el nuevo PGOU incremente las zonas protegidas y se adapte a la normativa vigente. Por su parte, el Bloc anunció ayer que no recurrirá el plan "porque es preferible tener un mal PGOU como este que no tener ninguno".
* Levante-EMV - 28.01.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Mallorca: Munar 'regaló' 12.000 m2 al promotor que le vendió oficinas a precio de saldo
ELMUNDO* : La promotora del edificio de oficinas Vipasima de Son Castelló que regaló unas oficinas a Bartomeu Vicens; consiguió chollos inmobiliarios al marido de Maria Antònia Munar; y vendió por sólo 3.000 euros una promotora con cuatro bloques de pisos a la secretaria de Munar, a Nadal y al propio Vicens, se convirtió en uno de los grandes beneficiarios por el aumento de edificabilidad que aprobó Unió Mallorquina (UM) desde el Consell de Mallorca a los polígonos industriales de Palma.
Estas operaciones constituyen precisamente el motivo por el cual declararan hoy como imputados en el marco de la denominada Operación Maquillaje el marido de Munar, el empresario Miquel Munar Munar, y el propietario de la promotora Vipasima en el Juzgado de Instrucción número de Palma.
La institución insular que presidía la actual presidenta del Parlament balear dio el visto bueno definitivo a que se disparara hasta cuatro veces la posibilidad edificatoria en las denominadas zonas M de los polígonos industriales. Concretamente lo hizo durante el pleno que se celebró el 5 de julio de 2004, en el que se autorizaba en estas parcelas que no hubiera más límites que los linderos con la vía pública y los metros de altura y se permitía compatibilizar el uso industrial con el comercial y el administrativo. Se daba vía libre a construir con las mínimas cortapisas.
Aquella medida, que modificaba de golpe en contra de los informes de los técnicos municipales la edificabilidad y los usos en las zonas industriales, fue gestada con la intención de beneficiar a Son Oms, donde la histórica cúpula de UM atesoraba la mayoría de metros tras cobrarlos como comisión por su recalificación.
* El Mundo - 28.01.10
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Zaragoza: Convocan una concentración en protesta por las obras del Parque Bruil
ADN* : La Asociación Vecinal de la Madalena "Calle y Libertad", la asociación de padres y madres Tenerías y la de vecinos "Arrebato" ha convocado para hoy una concentración-paseo para denunciar las obras que se han llevado a cabo en el Parque Bruil de Zaragoza.
En esta protesta, las organizaciones convocantes presentarán un informe sobre los resultados finales de unas obras "que nadie pidió" y en las que "ni tan siquiera se han solucionado algunas de las deficiencias que presentaba el entorno del espacio verde por excelencia de la Madalena", señalan en una nota de prensa.
Denuncian que en estas obras no se han tenido en cuenta los usos, los deseos, la opinión y la participación de sus usuarios.
Las organizaciones vecinales y escolares de Madalena-Tenerías convocaron el pasado verano varias movilizaciones por la llegada de la maquinaria "sin previo aviso" y una semana antes de iniciarse la Semana Cultural de la Madalena.
Informan de que se realizaron varias caceroladas y se mantuvieron contactos con Parques y Jardines, Urbanismo, con la Junta de Distrito, concejales, técnicos, jefe de obras, arquitectos e ingenieros, "sin que nadie supiera dar una explicación satisfactoria a las cuestiones planteadas", alguna, aseguran, "tan simple como responder quién había encargado la obra".
Las entidades vecinales critican que se haya "dilapidado" una cantidad de 997.000 euros en una obra "absurda", que "resta" espacio de juego y esparcimiento, "endurece" el aspecto del parque y "restringe" sus usos.
* ADN- EFE - 28.01.10
Foto: Zaragoza, Parque Bruil - pueblos-espana.org
El alcalde de Carratraca defenderá "a muerte" a los vecinos frente a las sanciones
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MÁLAGAHOY* : El pequeño pueblo de Carratraca, de apenas 900 habitantes, vuelve a tener alcalde. Francisco Duque, que hasta hace apenas una semana ocupaba el puesto de primer teniente de alcalde, sustituye en el cargo a su compañero de partido, IU, Óscar Román, quien dimitió del cargo alegando problemas morales para hacer cumplir la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La elección del candidato propuesto por la coalición de izquierdas pone fin al estado de desgobierno en el que estaba inmerso el Ayuntamiento desde el pasado día 19.
IU ha sido el único grupo de la corporación municipal que presentó alcaldable en el Pleno extraordinario celebrado ayer, tal y como anunció su coordinador provincial en Málaga, José Antonio Castro. El nuevo regidor recibió los votos favorables de los otros dos concejales de su grupo, de los dos miembros del PP y los dos del PSOE. Duque confió en que este apoyo mayoritario de las formaciones políticas continúe "como hasta ahora" y esperó sumarlo al de los colectivos sociales para solventar los problemas urbanísticos que tiene el pueblo.
El nuevo alcalde tomó posesión visiblemente emocionado y contento ante el gran número de vecinos que abarrotaba el salón de plenos y destacó que ahora comienza "un nuevo reto para Carratraca". "Me ha costado tomar la decisión, pero no podía dejar a los vecinos y al ayuntamiento solos", argumentó. Una nueva etapa que asume, según manifestó, con la misma "responsabilidad" que mostró su partido tras ser el más votado en las elecciones de 2007.
Tras coger la vara de mando, Francisco Duque, iniciará su trabajo como regidor abordando los problemas urbanísticos, motivo por el que dimitió Oscar Román (IU), quien dijo estar en desacuerdo con la LOUA y se negó a iniciar un centenar de expedientes sancionadores a construcciones irregulares levantadas en el campo y en el casco urbano.
Sobre este punto, Duque comunicó que pedirá "ayuda y asesoramiento" a la Junta de Andalucía para buscar una salida a la situación y mencionó el ofrecimiento de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, de reunirse con el regidor de Carratraca "al día siguiente" de ocupar el cargo. "Voy a recoger el guante de la Junta", aseguró, al tiempo que le pidió mayor "flexibilidad" para "desbloquear esta situación tan peculiar producida en los últimos años".
Para el nuevo regidor, el principal problema es la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), que pesa sobre el casco histórico de Carratraca y que impide cualquier construcción o reforma. Su intención es la de convencer a la Administración autonómica para que se reduzca esta protección, con el objetivo de que "el municipio pueda crecer". Tras su intervención en el Pleno, al ser preguntado sobre la intención de evitar las sanciones a los vecinos, afirmó: "Eso lo voy a defender a muerte".
Por su parte, Román, que se hizo esperar en la sesión plenaria, destacó que los aplausos y vítores de los vecinos ahora deben ir dirigidos a Duque, por haber tomado esta decisión "tan valiente" y asumir la Alcaldía. "Ha cogido el toro por los cuernos y se ha enfrentado a la realidad", concluyó el ex alcalde, que ha estado al frente del Consistorio desde hace once años.
La segunda fuerza política en el Ayuntamiento, el PP, a través de su concejal Juan Morales, brindó su apoyo al alcalde y al equipo de gobierno "en beneficio del pueblo", al tiempo que felicitó al regidor por la decisión tomada. En la misma línea se pronunció Ana María López, portavoz del PSOE, que afirmó que apoyan esta candidatura "para que gobierne la fuerza más votada".
* Málaga Hoy . 28.01.10
Foto: Los vecinos llenaron el salón de plenos con carteles y algunos incluso se disfrazaron. - malagahoy.es
La Iglesia pasa el cepillo al patrimonio
ALONSO MUÑOZ* : Según las estimaciones de los expertos, la Iglesia católica apostólica romana posee unos cien mil inmuebles (de los que los templos son sólo una cuarta parte) y al menos otras tantas hectáreas de fincas, que incluyen gran parte del suelo disponible de ciudades como Toledo, Burgos, Santiago de Compostela o Plasencia. La inexactitud de las cifras se debe a que la Conferencia Episcopal deja en manos de cada diócesis la contabilidad. Pero es que ni siquiera hay un inventario de los monumentos cuyo mantenimiento es sufragado por el Estado, a pesar de que en 1982 se firmó un acuerdo para hacer esa catalogación.
Lo que sí se está conociendo es que día a día, sigilosamente, los obispos están inscribiendo a su nombre edificios de todo tipo que hasta ahora eran de los municipios. La iglesia, que se construyó por cuestación popular y a manos de la gente del pueblo, o la casa del cura cuyos gastos durante siglos han corrido de parte del ayuntamiento, de pronto pasan a ser de titularidad eclesiástica.
Una ley insólita en Europa
Todo gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que otorga a la Iglesia católica, y sólo a ella, el derecho de inmatricular un inmueble declarando simplemente que le pertenece. Hasta 1998 este procedimiento no se podía aplicar a los templos. Una incongruencia que el Gobierno de Aznar se encargó de corregir alegando que negarle la propiedad de sus legítimos bienes era “inconstitucional”. Aunque el ex presidente obvió una irregularidad más llamativa de esa Ley, que otorga poder de fedatario público a una institución como la Iglesia. Algo “insólito” en un Estado moderno, según denuncia la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Sólo en esa comunidad, la Iglesia se ha apropiado así de más de mil inmuebles en una década. Pero en el conjunto del Estado puede hablarse de un expolio en toda regla: este procedimiento se hace sin ningún tipo de exposición pública y muchos municipios, especialmente los que cuentan con menos medios, no advierten el hecho hasta que ya han pasado dos años y el registro es definitivo. En Xàbia (Alicante), el Ayuntamiento sí se ha enterado de la maniobra y va a impugnar el registro de la iglesia gótica de San Bartolomé, fortificada en el siglo XIV por el pueblo y siempre conservada por los vecinos, según consta en numerosos documentos, algo que ha desatado la indignación en la localidad.
Otras corporaciones municipales son más generosas con la Iglesia mediante las permutas de terrenos. Es el caso de Madrid capital, que en diez años ha cedido 40 parcelas de suelo público valorado en 120 millones de euros a cambio de una finca en una zona protegida de la cuenca del Manzanares, cuya valoración no iría más allá de tres millones, según Izquierda Unida. “Pero lo que es aún más grave es que se cedan parcelas destinadas a necesidades vecinales”, afirma la formación, que recuerda el caso del barrio de Butarque (Madrid) donde la Iglesia tiene más de una docena de parroquias y obtuvo terrenos para una más cuando no había ambulatorio ni escuela infantil y sólo un colegio y un centro de mayores para 15.000 habitantes. “Si ha conseguido esas cesiones con una finca rústica, ¿qué beneficio obtendrá de sus posesiones en zonas como Valdebebas o El Bercial?”, se preguntan los promotores que se han encontrado en los planos de esas zonas de expansión de la capital con el nombre de la Iglesia como propietaria.
Pero hay casos más evidentes de pelotazos, como la recalificación de un colegio de las Carmelitas en Cáceres donde se levantará un Corte Inglés multiplicando la edificabilidad del área; o en Ávila, donde el Obispado va a ingresar 19 millones por la venta de unos terrenos recalificados en 2005 de rústicos a industriales a pesar de que el actual polígono de la ciudad todavía está al 60% de su desarrollo previsto.
A todo lo anterior hay que sumar el dinero que las distintas administraciones ceden a la Iglesia para la restauración y conservación de sus edificios. Un dinero que a menudo sale del 1% de los presupuestos que por ley cada municipio está obligado a destinar a bienes culturales y que, como comentan las asociaciones laicistas, no repercute en beneficios para la población: “La iglesia tiene derecho a construir y reformar las parroquias que quiera, pero que se lo paguen de su bolsillo, y si ya no pueden, que lo que se haga forme parte del patrimonio nacional”.
Privilegios fiscales
Capítulo aparte merece el trato fiscal al patrimonio inmobiliario de la Iglesia, que gracias a los acuerdos económicos del Concordato de 1979 es “francamente privilegiado”, como lo califica el catedrático de Derecho Alejandro Torres Gutiérrez, autor de varios informes exhaustivos sobre el tema, incluido uno encargado por la Fundación Alternativas, próxima al PSOE. Aunque estas recomendaciones duermen “en el suelo de los justos”, según comenta a DIAGONAL Torres Gutiérrez.
Hasta 2007, la Iglesia ha estado exenta de pagar el IVA, a pesar de que el derecho comunitario aplicable desde la adhesión de España en 1986 lo prohibía. “Han tenido que pasar 21 años hasta que se ha acabado con esta anomalía, con el consiguiente perjuicio para el erario”, recuerda este profesor. Para lograr otro pequeño avance han sido necesarias hasta cinco interpelaciones de la Comisión Europea por iniciativa de IU. Al fin, en octubre el Gobierno retiró la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los inmuebles de la Iglesia dedicados a “actividades económicas” como las emisoras de la Cope o los lucrativos hospitales privados, amén de los miles de colegios –donde el Estado subvenciona casi todo–. Pero el resto de edificios siguen sin pagar, ni ése ni el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto de Sucesiones. Estas exenciones incluyen las casas de los sacerdotes, algo que dota a éstos “de un estatuto privilegiado respecto al del resto de los ciudadanos, incluso mejor que el de los funcionarios públicos”, lamenta Torres. “Este privilegio choca con dos principios constitucionales, el de laicidad del Estado y el de igualdad”.
Y precisamente las herencias, pero en este caso de los fieles, se están convirtiendo en uno de los principales ingresos de algunas diócesis. No es de extrañar, así, que la de Valladolid se abalanzara sobre el legado de dos hermanas que en su primer testamento designaban a la Iglesia como heredera, aunque después se retractaran. Tras un largo proceso, ganó la familia y la diócesis perdió una donación que equivalía nada menos que a cuatro años de su presupuesto ordinario, el que cuenta con los donativos como principal fuente de ingresos y que día a día disminuye con la pérdida de fieles.
* Periódico Diagonal - Opinión - 26.01.10
Falta de transparencia y democracia para la ubicación del cementerio nuclear
Ecologistas en Acción de Castilla y León* denuncia la falta de transparencia y democracia para la ubicación del cementerio nuclear. Varios alcaldes de Castilla y León han recibido ofertas de ENRESA para albergar el ATC, y les han recomendado aprobarlo en Pleno antes de consultar a los vecinos.
ENRESA ha presentado ofertas a alcaldes de Castilla y León para que acojan el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos (ATC). Y en todos los casos, ha buscado el oscurantismo y la vulneración de la voluntad popular. Es lo que se ha podido comprobar tras todos los casos de candidaturas frustadas en nuestra Comunidad: Garoña y la Merindad de Cuesta Urría en Burgos, Bernuy de Porreros y Campo de San Pedro en Segovia, y Juzbado en Salamanca.
ENRESA, que es la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, era consciente del rechazo social que iba a generar el cementerio nuclear. Antes de la convocatoria, y para ir preparando posibles candidatos, ya se había reunido con bastantes alcaldes a espaldas de los vecinos, para convencerles de las “bondades” del cementerio nuclear. Esas reuniones se han realizado en Madrid, en la sede de ENRESA, y se llevan practicando, al menos, desde el verano.
En estas reuniones también se recomendaba a los alcaldes que aprobaran en el Pleno su convocatoria antes de consultar al pueblo, para evitar el debate. También se han organizado viajes al ATC de Holanda, mucho más pequeño que el que se quiere construir aquí. Incluso se les ofreció guardaespaldas, conscientes de la reacción contraria de los vecinos.
La instalación de un cementerio nuclear no lo llevaba ningún alcalde en su programa electoral, por lo que un acuerdo del Pleno antes de consultar con el pueblo sería una traición a la democracia. La alcaldesa de Bernuy de Porreros (Segovia) tuvo la decencia de consultar previamente a sus vecinos antes de dar un paso tan peligroso. Se saltó la recomendación de ENRESA -falta de transparencia-, y le salió mal.
A pesar de que el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que iban a salir multitud de municipios candidatos, la realidad es que hasta ahora sólo se conocen 2 candidaturas (Yebra y Ascó). Ambas han creado un fuerte malestar social e, incluso, divisiones en los partidos políticos. ENRESA sabía que si quería candidatos, los ayuntamientos tenían que evitar el debate de sus vecinos, y la repercusión de la prensa. Pero no ha sido así, y apenas tiene candidatos.
Cuanto más se conozca del proyecto del ATC, más oposición habrá al proyecto y a la energía nuclear. Ni municipios tan pro-nucleares como Garoña o Juzbado han querido la basura de su propia industria. Ecologistas en Acción desconoce cuantos alcaldes de Castilla y León pueden haber sido sondeados por ENRESA, pero creemos que bastantes más de los que lo han manifestado.
Ecologistas en Acción de Castilla y León, que forma parte de la Coordinadora Estatal Antinuclear, siempre se ha posicionado en contra del cementerio nuclear, independientemente de su ubicación. No podemos admitir la condena de un territorio a perpetuidad mientras que las centrales nucleares siguen generando toneladas de residuos radiactivos alegremente y de forma tan irresponsable.
Por eso, los vecinos afectados por el ATC en cualquier sitio contarán con el apoyo de Ecologistas en Acción.
* Ecologistas en Acción Castilla y León - 27.01.10
Foto: Manifestación Guadalajara 2009 - cementerionuclearno.blogspot.com
El ex alcalde de Seseña y el mafioso que le pagó comparten auditor
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PÚBLICO/Toledo* : José Luis Martín Jiménez, el alcalde que permitió a El Pocero construir su macrourbanización en Seseña, comparte asesoría fiscal en Málaga con Giovanni Montaldo, el presunto mafioso italiano que le pagó más de 700.000 euros coincidiendo con la autorización de las obras en El Quiñón. Pese a ello, el ex alcalde toledano asegura no conocer de nada a Giovanni Montaldo, vinculado con la mafia calabresa e imputado en la Operación Malaya.
Martín Jiménez es el único imputado en el proceso que instruye el juzgado número cuatro de Illescas (Toledo) por los delitos de prevaricación y cohecho durante la tramitación de los permisos para la construcción del Residencial Francisco Hernando en el secarral de Seseña. La Fiscalía Anticorrupción también acusa al ex alcalde socialista de un delito contra Hacienda, ya que entre 2002 y 2005, mientras El Pocero construía su soñada urbanización, José Luis Martín realizó inversiones cercanas al medio millón de euros pese a que su sueldo como alcalde era de 1.800 euros mensuales. Martín está imputado por poner el cazo, pero de momento las autoridades judiciales no han identificado a los pagadores de los sobornos.
Ingresos sospechosos
Los ingresos más sospechosos del ex alcalde son los algo más de 700.000 euros que las firmas Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, controladas por la familia Montaldo, pagaron a Servicios y Desarrollos Culturales Norte, una de las empresas del alcalde, entre 2002 y 2003 según publicó el diario El Mundo, coincidiendo con los permisos municipales para que El Pocero construyera 13.000 pisos en El Quiñón, de los que sólo terminó 5.000. Un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional vincula a Montaldo, imputado en la Operación Malaya, con la NDhrangueta, la poderosa mafia calabresa. La empresa del alcalde que cobró de Montaldo tenía un solo empleado y los únicos ingresos que registró en 2002 y 2003 fueron los de Montaldo.
El ex alcalde de Seseña afirmó en su declaración ante el juez el 27 de abril del pasado año, que fue él personalmente quien hizo los trabajos por los que cobró dichas cantidades, pero no recuerda "en qué concepto se hicieron las transferencias" a su empresa.
Según las facturas, los elevados ingresos responden a comisiones del alcalde como intermediario en una promoción de viviendas que el empresario italiano construyó en Estepona (Málaga). Martín aseguró en su día no conocer a Montaldo. Pero el ex alcalde dio un dato fundamental en su declaración ante los tribunales al asegurar que todas sus cuentas se las lleva "una gestoría de Málaga denominada Cruces Asociados".
Curiosidades
Resulta curioso que viviendo en Seseña tenga al contable en Málaga, pero es mucho más llamativo que Cruces y Asociados es el auditor de cuentas de una promotora inmobiliaria denominada Ponte Tresa SL. Como apoderados en esta firma encontramos a Tatiana Aneta Triacca y a Pier Paolo Montaldo, esposa y hermano de Gianni Montaldo, el verdadero líder del holding inmobiliario y turístico que opera en la Costa del Sol.
No le va a resultar fácil a José Luis Martín explicar estas coincidencias. Álvaro Cruces, administrador de Cruces Asociados, ha declarado a Público que "Ponte Tresa ya no pertenece a los Montaldo y sus nombres siguen figurando en el registro mercantil por error, porque no se inscribieron las bajas". Cruces asegura que ellos no pusieron en contacto al ex alcalde de Seseña con Gianni Montaldo.
"Nosotros llevábamos las cuentas de dos sociedades del alcalde de Seseña, que se dedicaba al trapicheo inmobiliario, en el buen sentido de la palabra, a poner en contacto a unos y otros y cobrar comisiones, pero siempre declarándolo a Hacienda. Cuando vimos los 700.000 euros que sacó nos dio envidia sana", explica Álvaro Cruces. El asesor fiscal reconoce que "una persona de los Montaldo" les llamó "cuando hicieron los pagos para asegurarse de que el alcalde los iba a declarar a Hacienda". Ni Martín ni Giovanni Montaldo han contestado a las llamadas de Público.
De momento, la estrategia de José Luis Martín ante el juez ha sido alegar lagunas mentales. El ex regidor dijo no recordar el origen de los varios cientos de miles de euros que invirtió durante 2002 y 2003 a su nombre y al de sus hijos. Por poner sólo dos ejemplos, no sabe de dónde salieron los 132.000 euros que invirtió en diciembre de 2002 ni tampoco el dinero en efectivo que ingresó en abril de 2003. Al final de su comparecencia, a preguntas de su abogada defensora, Martín asegura que tiene "dificultades para leer y escribir y por eso delegaba en los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento".
Pese a estas dificultades, José Luis Martín, ha progresado de forma espectacular. Cuando se hizo con la alcaldía de Seseña, en 1987, era un humilde taxista. Hoy, seis años después de ser derrotado en las urnas por Manuel Fuentes (IU), José Luis Martín Jiménez maneja varias empresas que le han permitido mover decenas de miles de euros cuyo origen ha de demostrar en el juzgado de instrucción número cuatro de Illescas. Intentó justificar su incremento patrimonial diciendo que le tocó un cupón de la ONCE de 144.000 euros, pero, según la Fiscalía Anticorrupción, ni así cuadran sus inversiones.
Martín permanece imputado por soborno desde que Anticorrupción lo denunció en 2008. La investigación marcha desde entonces a ritmo lento. La juez no ha recabado aún el testimonio de los responsables de la empresa de El Pocero que se benefició del plan urbanístico aprobado por Martín.
La conexión italiana de Juan Antonio Roca
Giovanni Piero Montaldo lidera un grupo de negocios urbanísticos y turísticos
Giovanni Piero Montaldo, al que sus amigos llaman Gianni, es un viejo conocido de los tribunales españoles. Está imputado en la operación Malaya acusado de haber pagado a Juan Antonio Roca entre 300.000 y 540.000 euros a cambio de favores urbanísticos. El italiano, en libertad bajo fianza, reconoció en su declaración ante el juez ser amigo de Roca, con el que comparte “aficiones comunes, como los caballos y los relojes”, dijo. Montaldo lidera un grupo de empresas dedicado a negocios urbanísticos y al sector turístico en la Costa del Sol. La UDYCO lo relacionó con la mafia calabresa y, según datos del registro mercantil recabados por Público, Montaldo mantiene relaciones comerciales con compatriotas de otro de los grandes grupos mafiosos, la Cosa Nostra siciliana. Se trata de Ugo Giovanni Gianino, socio del holding de Montaldo a través de la inmobiliaria marbellí Furistrada. En 1999, el entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, elaboró un informe en el que vinculaba a Gianino con el clan Benedetto Nitto Santapaola, afincado en Catania (Sicilia) y con un amplio historial criminal. El periodista Roberto Saviano asegura que la costa española es el lugar preferido por los clanes mafiosos italianos para blanquear sus ingresos.
* Público - 27.01.10
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
