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FARODEVIGO* : Dos de los intermediarios que intervinieron en la venta de pisos protegidos en San Paio de Navia, por lo que supuestamente se cobraron sobreprecios en dinero negro de hasta 42.000 euros, reconocieron hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo que habían cobrado ciertas cantidades de dinero a mayores por esas viviendas "por orden de la constructora Construcuatro".
Así lo manifestó el abogado defensor de una veintena de afectados por este supuesto cobro, Antonio Salceda, quien explicó que los dos intermediarios que declararon hoy en los juzgados de Vigo, José Luis V., y Purificación J.P., admitieron haber gestionado el cobro de ese dinero que, según afirmaron, "iba destinado a sufragar una mejora en las calidades de la contrucción y que variaba según la altura de piso que se compraba".
En su declaración explicaron que, siguiendo las instrucciones de la empresa constructora de los pisos, Construcuatro --participada por el portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín--, cobraron diferentes cantidades a los compradores de los pisos, un dinero que "el mismo día venía a recoger un responsable de la constructora". Sin embargo, aseguraron no haber cobrado para sí mismos ninguna retribución por ese servicio de intermediación, salvo 600 euros, en el caso de la mujer, que no tiene acreditación oficial como agente inmobiliaria.
El abogado de la acusación, que representa a unos veinte compradores de pisos en el número 25 de la calle Teixugueiras, criticó la actitud de los intermediarios y recordó que, pese a que "tratan de eludir su responsabilidad", los propios afectados denunciantes declararon que la entrega de ese dinero a mayores "se hacía siempre en metálico, sin recibir facturas o justificantes a cambio, en reuniones muy extrañas, y con la advertencia de que no se dijera nada".
Además, también rechazó las explicaciones que dieron hoy en el juzgado los dos implicados porque, según recalcó, "se dice que cobraron por unas mejoras que nunca se hicieron". Asimismo, denunció que muchos compradores llegaron a pedir que se les devolviese el dinero al sospechar irregularidades, pero nunca pudieron recuperarlo.
Delito fiscal
La parte denunciada adjuntó como documentación en este proceso judicial facturas que acreditan el pago de esas cantidades en concepto de mejoras de calidad en la construcción, y por tanto, pruebas de que ese dinero fue declarado ante Hacienda.
Sin embargo, Antonio Salcedo expresó su escepticismo sobre la validez de estas pruebas ya que "los recibos aparecen ahora que estamos en proceso judicial, pero no antes, cuando los afectados los solicitaron como justificante de lo que habían pagado". "Además de la responsabilidad por el cobro irregular de ese dinero, también quieren eludir un posible delito fiscal", añadió.
Además, también calificó de "extraño" el hecho de que José Luis V. y Purificación J.P. afirmasen que era la "primera vez" que actuaban como intermediarios, y recordó que otra de las persona que fue llamada a declarar por el mismo motivo, José G.T., llegó a asegurar que no conocía de nada a los compradores de los pisos, a pesar de que existen grabaciones policiales autorizadas en las que se le escucha negociando con un comprador el pago de esos sobreprecios.
Expediente de la Xunta
Las primeras denuncias por el presunto cobro de sobreprecios en la compra de estos pisos fueron interpuestas en diciembre de 2006, y meses después se personaron en la causa varios afectados que, además, recurrieron a la delegación provincial de la Consellería de Vivenda para alertar a la Xunta de esas supuestas irregularidades.
Vivenda abrió un expediente sancionador a la empresa Construcuatro a finales del pasado verano ante los indicios de que existió un caso de fraude en la venta de vivienda protegida. No obstante, la vía penal tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Xunta no podrá aplicar ninguna sanción hasta que no se conozca la resolución judicial del caso.
La consellería entregó toda la documentación recabada, entre la que figuran tres denuncias y una veintena de declaraciones firmadas por otros tantos compradores, al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.
* Faro de Vigo - 10 de enero de 2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
Vigo: Dos intermediarios reconocen haber cobrado sobreprecios en Navia por orden de Construcuatro
C.Valenciana: Un centenar de colegios padecen defectos de construcción
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ELPAÍS* : Un centenar de centros educativos valencianos, colegios pero principalmente institutos, presentan deficiencias dotacionales, según los datos de un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CC OO. Los técnicos tienen sobre la mesa un centenar de expedientes que recogen deficiencias de todo tipo: Problemas de calidades de cubiertas y techumbres, goteras, climatizaciones defectuosas, deficiencias en el sistema de evacuación y emergencia, ínfimas calidades en revestimientos, puertas, ventanas o persianas.
El lunes se desplomó en horario lectivo parte del techo del pasillo del IES de Rojales que ha sido clausurado provisionalmente. El incidente, según la Consejería de Educación, podría estar relacionado "con el sobrepeso de los cristales" del tendido eléctrico. Ahora, Educación estudia emprender acciones legales contra Necso-Acciona, la empresa que en 1998 construyó el centro. Los 800 alumnos irán en siete autobuses en horario vespertino al IES de Guardamar del Segura a partir de mañana. El traslado provisional se prolongará durante al menos quince días. La Consejería anuncia un informe externo del Colegio de Aparejadores que certifique las medidas de seguridad.
El de Rojales no fue el único incidente. La Escuela para Adultos (EPA) de la localidad castellonense de Almassora volvió ayer a la normalidad después del derrumbe de parte del techo de un aula que provocó magulladuras a dos alumnos, informa María Fabra. Por causas que, de momento, se desconocen, el doble techo del aula cayó en la tarde del lunes cuando cinco alumnos recibían sus clases. El centro tiene cinco años de antigüedad.
Emerge el problema de la falta de medios de que dispone la Administración para detectar estas deficiencias. Alberto Parra, de CC OO, explica que el servicio de prevención actúa de oficio o bien a raíz de una queja presentada por padres o docentes. Los técnicos del sindicato elaboran un estudio que remiten a la delegación territorial de la Consejería, que a su vez emite un informe al servicio de Infraestructuras. "Pero en muchas ocasiones se queda en un cajón, no hay medios ni técnicos ni humanos en la consejería para reparar estos problemas", apunta Parra.
De los 1.638 centros educativos un centenar presentan problemas. El sindicato CC OO considera "extremadamente grave" los casos de los IES de Buñol, Requena, El Ravatxol, Rascanya, Cabanyal, Tavernes Blances, El Saler, Mislata o Almussafes por ser de obra nueva. Otros centros más antiguos que también requieren alguna reforma son los IES Barri del Carme, Lluís Vives, Tierno Galván de Montcada, La Patacona de Alboraya, los Sivera Font y Francesc Gil de Canals, José Maria Parra de Alzira, la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia o el colegio Blasco Ibáñez de Xest .
Miguel Soler, coordinador del programa electoral del PSOE en educación, admite que la falta de medios y los retrasos para poder solucionar estas pequeñas deficiencias obligan a los equipos directivos a destinar "parte del incremento conseguido para la partida de gastos de funcionamiento de los centros a acometer reparaciones ordinarias de pequeña índole". Soler aboga por que, al igual que ocurre en los colegios de Primaria, sean los Ayuntamientos los encargados de asumir el mantenimiento de los institutos.Los ayuntamientos disponen de las brigadas y medios para poder solucionar rápidamente estas deficiencias. Una medida que debería ir acompañada de la correspondiente previsión presupuestaria por parte de Educación, según Soler.
Para sindicatos y oposición, el problema surge por la "falta de personal y de medios" en las unidades técnicas de la Consejería, encargadas de reparar estos fallos técnicos. En la dirección territorial de Alicante sólo hay dos arquitectos y cinco aparejadores "sin presupuesto disponible", según Soler. Los medios en el servicio de prevención de riesgos laborales son "a todas luces insuficientes", según Alfonso Rodríguez, de CC OO, que cifra en dos médicos y un técnico en prevención laboral el personal disponible. Sin embargo, la consejería de Educación rechaza estas críticas y asegura que los medios son los adecuados y que funcionan "debidamente". Un portavoz explicó que cada Unidad Técnica Territorial elabora un informe y una memoria valorativa de cada incidencia y si la reparación supera los 30.000 euros se adjudica a "la empresa constructora la reforma". Si la obra está valorada en menos de 30.000 euros la reparación es más rápida y se encargan empresas especializadas. El informe de CC OO acusa a la Administración de "ir desmantelando cuando no eliminando los instrumentos de fiscalización e inspección tanto presupuestaria como de ejecución de las obras".
El consejero de Educación, Alejandro Font del Mora, se refirió por fin ayer, tres días después del desplome, a la situación del IES de Rojales y confirmó el traslado de estos alumnos a Guardamar. El consejero presentó una encuesta sobre el grado de inserción laboral del alumnado de Formación Profesional (FP) entre 2001 y 2006 que a su juicio "constata la mejora de la valoración social" de esta vía. El sondeo revela que el 90% de los alumnos encuentra su primer trabajo antes de seis meses, y el 69% lo hace en un empleo relacionado con sus estudios.
Font de Mora subrayó que tanto empresas como alumnos están satisfechos con la FP, que gana estudiantes. No obstante, la consejería ve necesario aumentar el número de empresas que permitan prácticas al alumnado, y se introducirán estancias en la UE.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/01/2008
Foto: Rojales (Alicante), instituto - diarioinformacion.com
El Supremo ratifica la anulación del Plan de Ares y deja a la villa con normas urbanísticas de los setenta
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LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el 2003 que anula el plan de ordenación urbana de Ares, aprobado en 1999. La medida supone la vuelta del municipio costero coruñés a las normas subsidiarias por las que se regía con anterioridad, de mediados de los años setenta.
El polémico plan, aprobado antes de las elecciones locales de 1999 por el bipartito formado por PSOE y BNG, fue llevado ante el Valedor do Pobo y el TSXG por la desaparecida asociación Pro Urbanismo de Ares. Esta entidad respondía a la presión popular generada entonces como respuesta a ciertos puntos polémicos contenidos en el plan de ordenación.
El descontento vecinal por la planificación de un vial de circunvalación que ocupaba varias fincas privadas fue uno de los detonantes de que la corporación de entonces tuviera que salir escoltada por la Guardia Civil del pleno en el que se aprobó. Sin embargo, el TSXG ordenó, en su sentencia del 2003, la anulación del plan de urbanismo atendiendo a dos razones: la reducción de la proporción de zonas verdes y la errónea ordenación de algunas calles del casco urbano.
Ante esto, el posterior gobierno local del PP planteó el pertinente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ratifica la misma sentencia y considera ilegal el plan de 1999. No obstante, la totalidad de la corporación, presidida por el socialista Julio Iglesias, anterior director xeral de Xustiza, ha acordado ya presentar un recurso ante el Constitucional. Se trata de una estrategia dilatoria con la que mantener en vigencia el texto rector del urbanismo mientras no se elabore otro plan ajustado a la nueva ley del suelo. Esto se debe a que se puede pedir la nulidad de la sentencia mientras no concluye el proceso. De no realizarse este trámite, el municipio costero se vería obligado a retomar las normas subsidiarias de los setenta. La corporación también ha pactado solicitar la mediación de Política Territorial para elaborar unas normas subsidiarias más adecuadas para esta época.
El mismo gobierno del PP había remitido a la Xunta el borrador de un nuevo plan antes de perder las pasadas elecciones.
* La Voz de Galicia - 10/1/2008
Foto: Ares (A Coruña) - mma.es
El juez imputa al ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias tráfico de influencias
CANARIASAHORA* : El ex diputado y ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, prestará declaración en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias el próximo martes ante el juez Javier García, dentro del caso Faycán. Jorge Rodríguez es el principal contacto político de la empresa Grupo Europa, según la denuncia de su ex gerente que dio pie a la pieza separada número 38 del caso en Telde, y abierto otros procedimientos en Pájara, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.
La denuncia de Francisco Benítez Cambreleng, ex gerente en Canarias de Gestión de Cooperativas Europa SAU, coloca a Jorge Rodríguez Pérez en la cúspide política de los contactos establecidos por el administrador único de la empresa, José Manuel Antón Marín, imputado por cohecho tanto en Telde como en Mogán, para abrir relaciones con los ayuntamientos canarios gobernados por el Partido Popular.
El fin de la empresa era promocionar viviendas sociales sin coste alguno para las arcas municipales, pero con un supuesto fraude que consistía en imputar un gasto ficiticio al suelo gratuito que cedían los ayuntamientos, repercutiendo ese gasto inventado en el coste final de la vivienda para cada adjudicatario, que presuntamente servía para repartir ese dinero entre políticos y funcionarios.
Antón Marín, imputado por cohecho por supuestos pagos ilícitos de 240.000 euros en Telde y otros 95.000 euros en Mogán, incluida la financiación de un mitin de Mariano Rajoy, reconoció a la Policía Nacional el día de su detención que Jorge Rodríguez ejerció como contacto político de Grupo Europa, aunque el empresario madrileño limitó las relaciones del político del PP con su mercantil hasta 2002, justo un año antes de que fuera elegido diputado y nombrado portavoz del PP en el Parlamento, en 2003.
Aún así, la denuncia que ha dado pie a esta citación como imputado por tráfico de influencias aporta documentación que relaciona a Jorge Rodríguez con Grupo Europa tanto en 2003 como en 2006, la primera por medio de la contabilidad de la empresa que refleja pagos al ya por entonces diputado del PP por servicios de asesoría, y en el segundo caso por una factura de 2006, también por servicios de asesoría relacionados con unos terrenos en el municipio de Moya.
El denunciante aseguró también hace siete meses que Jorge Rodríguez cobraba regularmente dinero negro, traído de promociones de la Península de Antón Marín, precisamente entre los años 2003 y 2006, cuando aparentemente desaparece cualquier rastro de relación económica entre el actual número 3 del PP canario y la mercantil radicada en la Plaza de Castilla de la capital de España.
Este extremo ha llevado al juez del caso a solicitar a la Agencia Tributaria española datos bancarios del ex diputado y ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, y a los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía a indagar en nuevas pruebas físicas de las relaciones económicas de Jorge Rodríguez y Grupo Europa en ese supuesto periodo de dinero negro, entre 2003 y 2006.
Los contactos de Jorge Rodríguez con Grupo Europa tienen un factor clave, al menos en el caso concreto de Telde, que se produjo a raíz de la detención de la ex concejal de Vías y Obras y ex consejera delegada de la empresa municipal de vivienda y suelo de Telde (Urvitel), María Antonia Torres, al estallar el 1 de marzo de 2006 la Operación Faycán.
Según consta en la denuncia, ratificada por otros testigos presenciales, Jorge Rodríguez intercedió ante el ex alcalde Francisco Valido en favor de Grupo Europa, ya con Toñi Torres en prisión. El motivo fue el bloqueo que sufría la empresa y la propia Urvitel, con la que había firmado para llevar a cabo sus promociones de viviendas sociales, por parte del propietario del suelo, el Ayuntamiento de Telde a través de la concejalía de Urbanismo que dirigía Guillermo Reyes (AFV-Ciuca).
Este conflicto supuestamente se había desbloqueado meses antes, en diciembre de 2005, con el cobro de 30.000 euros por parte del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, también imputado por cohecho, al igual que el jefe de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, y el gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra.
La citación como imputado por tráfico de influencias en Telde a Jorge Rodríguez se prevé que no sea la única, ya que en la Operación Góndola contra la corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, también figura su persona como introductor de Grupo Europa con los mismos fines ilícitos, además de otros municipios en que no cuajó la operación, como Arucas y Santa Brígida.
* Canarias Ahora - A.G. Las Palmas de Gran Canaria - 09/01/2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
País Vasco: Todavía a tiempo de salvar la costa
ELPAÍS/Reportaje* : En Euskadi la presión sobre el litoral crece, aunque todavía no haya operaciones urbanísticas masivas como en el Mediterráneo. Un informe del Gobierno vasco constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005. Gracias a la férrea oposición de los ecologistas, los tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika (Vizcaya) y en la reserva de la biosfera de Urdaibai, curiosamente avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.
Greenpeace, en su último informe sobre la destrucción de la costa sitúa la mayor presión en el litoral vasco en Vizcaya, donde hay proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas. Además, los proyectos de ordenación supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco permiten la edificación en Vizcaya de cerca de 20.000 viviendas junto al mar a lo largo de los próximos ocho años, una cifra que se duplicará previsiblemente cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa. La Diputación vizcaína ha minimizado esta cifra asegurando que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que finalmente serán edificadas.
Pero alguno ha seguido fielmente el proyecto de ordenación elaborado. Barrika, con menos de 1.400 habitantes y enclavado en un privilegiado paraje a 10 kilómetros de Getxo, ha elaborado un avance urbanístico que contempla 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.
En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la recalificación de 18 hectáreas para erigir 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para entonces ya estaban finalizados y habitados 14 chalés.
Ahora está pendiente el recurso presentado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Barrika ante el Tribunal Supremo y, si se confirma el fallo, el municipio se enfrenta a una indemnización de varios millones de euros para los promotores de la urbanización, los dueños de los chalets construidos y los que compraron el terreno con licencia.
El otro asunto en los tribunales afecta a la única reserva de la biosfera de Euskadi, la de Urdaibai. En este caso fue el Gobierno vasco el que impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El Tribunal Superior vasco la anuló al estimar que la consejería de Medio Ambiente actuó con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente" con la ley de protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y de otros servicios en ese barrio.
En esta misma zona se ubica el chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que construyó un 38% más de lo autorizado, y fue multado con 25.000 euros por incumplir la ley de Urdaibai, la misma en la que aparece su firma como el entonces máximo responsable del Gobierno. Pero también está en los tribunales porque Ardanza se niega a derribar parte del tejado.
El conflicto de más calado se sitúa en Bakio, de poco más de 2.100 habitantes, donde existen planes para construir 1.900 viviendas. Aquí, el proyecto más polémico incluye 436 pisos y la posible inclusión de un campo de golf a pocos metros de un biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño). En este caso, el Gobierno vasco sí ha mostrado su rechazo; hace ya seis años que solicitó la "la suspensión cautelar" de este proyecto por el impacto sobre la bahía de Bakio y la falta de datos sobre la afección del campo de golf "en un terreno de orografía accidentada". En los otros planes urbanísticos de Bakio han saltado, además, otras polémicas con empresas vinculadas al ex viceconsejero del Gobierno vasco Javier Goirigolzarri, del PNV, beneficiándose de las recalificaciones.
El mejor aliado de la costa guipuzcoana frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, la línea de acantilados que forma un enorme farallón en prácticamente toda su longitud, han impedido la invasión urbanística que han conocido otras vertientes costeras de España. "La costa guipuzcoana ha crecido a un ritmo de seis viviendas anuales por cada 1.000 habitantes, cuando en otros lugares la media ha superado la veintena", afirman el arquitecto Santiago Peñalba y el abogado Mikel Iriondo, expertos en Urbanismo y redactores del planeamiento urbanístico de San Sebastián.
Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más cuidadosa de la ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco. Ana Oregi, viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, explica que Euskadi se ha dotado de otras "herramientas" legales "muy eficientes" para "proteger la costa", y cita entre otras la ley vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial de Protección del Litoral, aprobado en marzo de 2007. "Estos instrumentos ya no permitirán construir más puertos de forma unilateral y tampoco se autorizarán los planeamientos municipales sin una visión global y ambientalista del litoral", asegura la viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco.
Los ecologistas encuentran varios borrones en la costa. El informe de Greenpeace advierte de que la ocupación del suelo se ha "disparado" en las dos últimas décadas en Euskadi y sitúan cuatro "puntos negros" en la franja costera guipuzcoana: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de macropuerto a mar abierto de Pasajes, aprobados antes de que se publicara el Plan Territorial de Protección del Litoral.
"Aunque la situación no es comparable con otros puntos de España, y admitiendo que la costa se ha conservado bastante bien porque tiene zonas inaccesibles, el riesgo es que se pueden cometer graves daños con los proyectos de puertos en Mutriku y Pasajes", sostiene Estela Beteta, técnico medioambiental y miembro del grupo ecologista Jaizkibel Bizirik. "El gran olvidado del litoral guipuzcoano es el mar", sentencia.
Hay una coincidencia general en que la urbanización de la primera línea de playa de Orio es una "mancha" que chirría en el plan de protección costero. Bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje y enfadado a los ecologistas. Del mismo modo, la ampliación del puerto pesquero de Mutriku -el actual quedará para usos deportivos-, impulsado por el Gobierno autonómico, tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.
De todos los impactos que podría sufrir el litoral, el más agresivo sería el del puerto exterior de Pasajes, un proyecto de dársena a mar abierto, adosada al monte Jaizkibel -incluido en la Red Natura 2000- que está levantando muchas ampollas. Lo apoyan abiertamente los socialistas y el PNV, es reticente Eusko Alkartasuna y se oponen frontalmente Ezker Batua, Aralar y ANV. Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020.
A pesar de que en las últimas tres décadas ha existido una tendencia por parte de la población a asentarse en los municipios costeros, lo que se ha traducido en "una fuerte presión urbanística en la primera línea", admite Oregi, "todas las actuaciones realizadas en esta zona han sido bastante moderadas". Considera "muy alentador" que el Gobierno impulse la recuperación de la costa. "Las intenciones de Narbona [ministra de Medio Ambiente] son muy interesantes, porque van en la misma línea que las del Gobierno vasco. Ahora bien, nos chocaría que ese mismo gobierno que plantea la defensa del litoral luego pudiese dar vía libre a proyectos a gran escala como el de Pasajes. No va de acuerdo con el plan de protección del litoral", concluye la viceconsejera de Ordenación del Territorio.
* ELPAIS.com - A. URIONA / M. ORMAZABAL - Bilbao / San Sebastián - 10/01/2008
Foto: Ampliación del puerto de Mutriku, y abajo, zona de la reserva de la biosfera en Urdaibai, donde Ardanza tiene un chalé con irregularidades- P. J. P. - elpais.com
FACUA denuncia que el Gobierno contenta a bancos y promotoras con la subida de VPO
TERRA* : La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado hoy que el Gobierno 'satisface y contenta únicamente' las exigencias de las entidades bancarias y promotoras inmobiliarias al incrementar el precio de la vivienda de protección oficial (VPO). Esta federación se ha referido así al anuncio hecho hoy por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, de una subida del precio de la vivienda protegida y del tipo de interés de referencia para estas hipotecas, que se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros.
'Lo que debería hacer el Gobierno es intervenir en el mercado de la vivienda bajando el precio de la vivienda libre a través de la creación de viviendas protegidas a precio bajo', ha asegurado a Efe el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que considera la subida del precio de las VPO una 'concesión inaceptable' a las entidades financieras y las promotoras privadas.
El incremento del precio de la VPO afecta tanto al precio del metro cuadrado, que pasa de 728 a 760 euros, lo que supone una subida del 4,4 por ciento, y del tipo de interés para estas hipotecas, del 4,35 por ciento actual al 5,09 por ciento.
En opinión de FACUA, estos cambios suponen aumentar aún más los beneficios de las empresas del sector, las cuales, señala Sánchez, 'quieren hacernos creer que no les resulta rentable entrar en el mercado de la vivienda protegida'.
No obstante, Sánchez propone que, si a las promotoras privadas no les interesa este mercado, sean las promotoras públicas y las sociedades municipales las que construyan VPO.
* Terra Actualidad - EFE - 09-01-2008
Foto: casa-euro - eleconomista.es
Sant Cugat aprueba "por imperativo legal" el plan urbanístico de Torre Negra
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha aprobado "por imperativo legal" el plan urbanístico de Núñez i Navarro para Torre Negra, siguiendo una orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), según ha informado el consistorio. El ayuntamiento afirma que esta acción no implica la urbanización de la zona, cercana al parque de Collserola, declarada no urbanizable.
La aprobación inicial del proyecto prevé la construcción de 2.800 viviendas donde podrían habitar 12.000 personas, pero antes de ejecutarla el ayuntamiento debe corroborarla en una aprobación provisional y, más adelante, debe ser votada en el Parlament.
Según fuentes municipales, todos los portavoces de los partidos han manifestado en un pleno extraordinario su "rechazo" al programa de actuación urbanística (PAU) de Núñez i Navarro. Sin embargo, todos han votado a favor cumpliendo el dictado del TSJC que obliga a tramitar el plan de la constructora y aprobarlo inicialmente en un plazo de cinco días.
El alcalde pide la conservación del paraje
El alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha leído una declaración institucional donde ha recalcado que Torre Negra es "un espacio singular que merece ser conservado y mejorado para goce de la ciudadanía". Según ha añadido, la aprobación "no es un paso atrás", sino "un trámite" al que se ven "obligados" a cumplir.
"Ahora se abrirá un periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones que nos llevará a debatir el proyecto en fase provisional, donde el pleno municipal sí que será soberano para decidir aquello que más le conviene al municipio, o sea, la protección de Torre Negra, un espacio no urbanizable desde el 2003", ha confiado Recoder.
Dispuestos a acudir al Supremo
El consistorio ha anunciado que presentará un recurso contra la sentencia del TSJC, pese a que esto no le exime de cumplirla. Si el alto tribunal catalán desestima este recurso de súplica, el consistorio acudirá entonces al Tribunal Supremo, donde presentará un recurso de casación.
En septiembre del 2007, el consistorio ya se reunió para tramitar la aprobación inicial del programa --cumpliendo un auto anterior del TSJC--, aunque en aquella ocasión fue rechazado por todos los grupos al alegar que se trata de suelo no urbanizable. Sin embargo, el auto de diciembre del TSJC dio la "nulidad" a este acto municipal y obligó a volver a tramitar el plan.
* El Periódico - EUROPA PRESS - 9/1/2008
Foto: La zona de Torre Negra, en Sant Cugat/ LAURA GUERRERO, elperiodico.com
Un juez anula la eliminación de 47 viviendas protegidas para financiar la piscina climatizada
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un juez ha anulado el acuerdo del pleno de El Campello de suprimir 47 viviendas protegidas de un plan parcial para financiar con su venta la construcción de la piscina climatizada. Según consta en la sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, ésta deja sin efecto el acuerdo plenario de 29 de marzo de 2007 por el que se aprobó la enajenación mediante subasta pública de la parcela municipal que le correspondía al Ayuntamiento en el plan parcial Sup-6.
Tras este pleno PSOE, Bloc y EU, que votaron en contra de la venta, llevaron el caso a los tribunales al considerar que la enajenación es ilegal al no destinarse los ingresos a ampliar el Patrimonio Municipal del Suelo. En esa parcela, ubicada junto a la avenida Ausias March, debían levantarse 47 VPO en virtud del 10 % de aprovechamiento urbanístico que le pertenece por Ley al Ayuntamiento en todo plan parcial, pero el equipo de gobierno del PP, con el visto bueno de la Conselleria, vendió el pasado mes de mayo por 5,1 millones de euros la parcela para financiar la piscina cubierta.
Ocho meses después del pleno recurrido, el titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso ha dado la razón a PSOE, Bloc y EU con una sentencia que, pese a que es recurrible, supone un varapalo para el equipo de gobierno del PP, que tenía en la piscina climatizada uno de sus proyectos estrella. El magistrado basa su decisión en varios artículos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación de Territorio, que cuando se realizó la aprobación estaban en vigor aunque han sido posteriormente derogados. En uno de ellos se señala que «los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico».
El juez apunta que la cuestión controvertida se concreta en la diferente interpretación que estos preceptos. «Así, los demandantes entienden que los ingresos que puedan obtenerse de la enajenación de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo deben ser destinados a la conservación y aplicación del referido patrimonio, mientras que los demandados -el Ayuntamiento y la mercantil Proinsur Mediterráneo- entienden que dichos ingresos pueden destinarse a financiar las obras de ejecución de la piscina municipal». La sentencia se basa en que el TSJ de la Comunidad Valenciana de forma reiterada se ha manifestado sobre esta cuestión optando por la tesis de la oposición, considerando que «el producto de las enajenaciones de terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo se deben destinar no a cualquier fin, por loable y razonable que sea, sino al específico de la conservación y ampliación del propio Patrimonio Municipal del Suelo».
El juez no ordena sólo la nulidad del punto del pliego de condiciones donde se especifica que los ingresos de la venta se destinan al plan de la piscina, sino que lo amplía a todo el acuerdo plenario, ya que el objetivo del mismo de la enajenación es financiar esta obra. Esto implica la anulación de la posterior subasta que vendió la parcela por 5,1 millones, acuerdo que incluía la opción de que, en el concurso de licitación que está actualmente abierto para construir el complejo, una empresa se hiciera cargo del 100% del coste a cambio de su explotación, y poder así invertir el dinero obtenido del Sup-6 a su destino inicial, que era promover VPO. La piscina se proyecta construirla entre el pabellón deportivo y el centro social, con un coste de unos 4 millones. En cuanto al plan Sup-6, ya se ha urbanizado la zona y en breve se empezarán a levantar las 470 viviendas que contempla.
* Información - JOSE ANTONIO RICO - 09 de enero de 2008
Foto: La parcela que subastó el Ayuntamiento renunciando a 47 VPO se ubicaba en el Sup-6, venta que ahora ha anulado un juez/ J. A. R. - diarioinformacion.com
No caerá esa breva
JOSÉ BADA* : Hablemos del agua, si os parece, que es el tema de la Expo, del año que comienza, de la década incluso. ¿No hay en Zaragoza una Oficina de N.U. para la Década del Agua?. Pues eso. Pero si hablamos del agua, ¿por qué no de la sed? Y si hablamos de la sed, habrá que hablar aquí de los Monegros. Y entonces ¿cómo evitar el tema de Gran Scala, de eso, de lo que se habla hoy en todas partes: en Castejón, en Bujaraloz, en Valfarta, y hasta en Barcelona, de donde acabo de venir y donde todos te preguntan por eso, por la cosa, si saben que eres aragonés y de donde llegas.
En Barcelona me preguntó un catalán de Gironella, que había estado en Las Vegas, donde --me dijo-- hay máquinas tragaperras hasta en los servicios. Y allí informé de lo que sé, muy poco, a un amigo de Castejón de Monegros: a Jesús Vived para satisfacer lo mucho que quería saber. Y como él es músico y cura, organista y monegrino, al hablar del agua y de la sed hablamos de los Monegros, de las antífonas de María de la O, de la Expectación del Parto y de la Virgen de la Sabina (en Farlete), de la sequía, del vacío y del vacivo --el ganado de carne, que no cría-- del fruto de la tierra y del fruto del vientre, de la fertilidad, del silencio, del gregoriano y de otras músicas celestiales. Y quedó en el aire esta pregunta allá en una cafetería no lejos de la Plaza de España: ¿Es posible organizar un recital de gregoriano con todos esos motivos litúrgicos sobre el agua, la sed y la fertilidad en algún lugar de los Monegros? ¿No habrá un alcalde, un cura quizás, el pabellón del Vaticano acaso y por qué no alguna institución o funcionario de la cultura que coja la pregunta al vuelo? Confieso que al poner los pies en tierra, en esta tierra dura y seca de Aragón comprendí que una pregunta como esa se quede volando por otras regiones más templadas.
A poco que uno se fije, lea o escuche los comentarios que se hacen en Aragón sobre Gran Scala, convendrá conmigo que la gran mayoría de los que opinan se dividen en dos mitades: los "cenizos" a un lado y los optimistas al otro. Aquellos dicen: "¡No caerá esa breva!" Y éstos responden: "¡Ya están aquí los aguafiestas de siempre!" No obstante unos y otros están de acuerdo en que la cosa es una breva. Y así sucede que unos y otros están en la higuera, enfrascados en un debate sobre la posibilidad o no de que les caiga esa breva. ¿No es eso precisamente lo que querían los promotores de Gran Scala?
Los problemas culturales, ecológicos y morales no entran directamente en el tema, son inconvenientes, no vienen a cuento y si los hubiere ya se resolverán sobre la marcha imparable hacia la meta que es la que manda; es decir, mandan los que lo tienen claro y saben --ellos sabrán-- por qué se empeñan en tal proyecto. La decisión tomada y el modo como se ha tomado contaminan el clima del debate, el medio ambiente o contexto cultural y social para debatirlo a fondo. El estado de la cuestión viene definido en los términos que interesa a los promotores, el contexto de la discusión viene dado, tramado sigilosamente por los que tienen prisa y quieren que los ciudadanos aplaudan. Pero sea lo que fuere después de todo: boda o funeral, una breva o un ladrillo, los ciudadanos llegan a misas dichas. No obstante, parece que los promotores ya tienen de entrada un buen proyecto. Si no se realiza no será porque no lo intenten. Y si lo intentan puede que muchos vivan de ilusión y otros, menos ilusos, puede que vivan de algo mucho más tangible aunque no se realice.
Lo que contamina el ambiente social y cultural son los prejuicios, engendro de los intereses particulares que mueven la voluntad, el deseo, y nublan la mente y la opinión pública. Los prejuicios no se piensan, es lo que se da por pensado porque se da por querido. O no se piensan por segunda vez y esta vez con otros, en público, y no se les somete a un juez imparcial no sea que se pierda el juicio; es decir, el prejuicio y algo más. Los prejuicios anidan en la cabeza, pero nacen en el corazón y los engendra el interés particular y la ambición a corto plazo. Los prejuicios son también como la boira que sale y se nos echa encima, que se pega a la tierra y nos envuelve, que tapa la luz del sol y no nos deja ver más allá de lo que alcanza la mano.
* Filósofo
* El Periódico de Aragón - 05/01/2008
