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EUROPAPRESS/Albacete* : El Juzgado nº2 de lo Contencioso - Administrativo de Albacete ha anulado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hellín, de 15 de marzo de 2007, por el que se concedió la licencia urbanística para realizar obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de construcción de 105 viviendas unifamiliares de lujo en la Fase 1 de la urbanización "Las Higuericas", por no "ajustarse a derecho".
Según informa el diario ABC y recoge Europa Press, grupos ecologistas habían denunciado que la edificación de los chalés tendría lugar en terrenos protegidos, ya que se trata de una zona de especial protección para las aves (ZEPA) incluida en la red Natura 2000.
A pesar de la denuncia de los ecologistas, continúa el diario, la propia Junta de Castilla-La Mancha negó en su día que el proyecto de urbanización de "Las Higuericas" afectara a terrenos protegidos. Así el entonces consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, afirmó que, tras los informes de su Consejería, este proyecto "se redujo considerablemente" y se restringió a terrenos agrícolas sin valor.
La urbanización proyectada en el municipio de Hellín preveía la construcción de 700 chalés con piscina. El proyecto de la urbanización comenzó después de la recalificación como urbanizable y correspondiente reparcelación de más de sesenta hectáreas, solicitada por el Pleno del Ayuntamiento de Hellín y aprobada en mayo de 2005 por la Mesa Provincial de Urbanismo.
Según el diario, en mayo de 2006, se iniciaron las obras del chalet piloto de la futura urbanización. Ecologistas en Acción, entre otros colectivos, presentó alegaciones a la aprobación de la recalificación, reparcelación, y al estudio preliminar de impacto ambiental, que según esta organización "fueron desestimadas sin ninguna respuesta", a pesar de que posteriormente, después de recabar su apoyo, la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha instara al Ayuntamiento de Hellín y a la Junta a contestar a las alegaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Hellín mantuvo durante todo el procedimiento que el suelo donde se ubicarían las viviendas "es un suelo urbano y que los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) no estaban determinados aún en el momento de la aprobación del proyecto".
Sin embargo, en su fundamente jurídico tercero, la sentencia señala que durante la tramitación de un PORN "no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan", lo que determina la anulación de la licencia.
* Europa Press - 23.11.2008
Foto: Hellin (Albacete) - hellin.net
Un juez anula la licencia que dio el alcalde de Hellín para construir chalés de lujo
La Axencia Urbanística logra los dos primeros derribos de edificios ilegales
FARODEVIGO* : Después de muchos meses insistiendo, incluso años en uno de los casos, de "reiteradas" multas coercitivas, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acaba de conseguir las dos primeras demoliciones de edificios ilegales en la comunidad. Hasta ahora, las únicas ejecuciones realizadas eran de obras menores, como muros o galpones.
El ente, que la Consellería de Política Territorial puso en marcha el pasado abril, certificó ya que los dueños de una nave industrial en Pontevedra y de una casa en la localidad coruñesa de Arteixo han llevado a cabo el derribo para cumplir con la orden del departamento que dirige María Xosé Caride. Las construcciones ocupaban suelo rústico no urbanizable.
Las obras, muy avanzadas, de la nave industrial en el concello de Pontevedra estaban vetadas desde el 23 de junio de 2005. Ocupaba una superficie de casi 2.900 metros cuadrados y sus propietarios estaban levatándola en terrenos clasificados como rústicos sin contar con la autorización del Gobierno gallego. Tras cumplirse el plazo establecido para la demolición en la orden emitida, Política Territorial inició el envío de sucesivas multas que, tres años y medio después han dado sus frutos, tal y como pudieron comprobar en su última visita a la zona los inspectores de la APLU.
Los inquilinos del chalet de planta baja construido en Arteixo tampoco contaban, según la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, con el correspodiente permiso autonómico. El inmueble, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, ya estaba habitado. La orden de derribo se remonta en este caso al mes de enero y fueron necesarias también varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Ambos son ejemplos de lo complicado que para una Administración resulta la resolución de las actas de infracción urbanística. Entre 2006 y 2007, la Consellería de Política Territorial ordenó la apertura de 238 expedientes ante los indicios de que se estaba incumpliento la ley. Desde construcciones de uso residencial -la mayoría, 106-, a naves industriales (36), pasando por movimientos de tierra (14) o pequeñas instalaciones y obras como cierres de fincas. El departamento resolvió 168 en los dos ejercicios.
Desde el pasado mes de abril, las competencias de inspección urbanística pasaron a manos de la Axencia, concebida como un consorcio de la Xunta, a través de Política Territorial, con los ayuntamientos de la comunidad que "libremente" se unan por falta de medios para vigilar lo que ocurre en su territorio. De momento, son 21 los concellos que se han unido al ente. Siete de ellos ya han firmado -A Baña, Cedeira y Sada, en la provincia de A Coruña; Carballeda de Avia, Castrelo de Val y Vilardevós, en Ourense; y en Pontevedra, el de A Guarda- y está previsto que la próxima semana lo hagan otros catorce: Abengondo, Oroso, Val do Dubra, Becerreá, Castroverde, Ribeira de Piquín, Castrelo de Miño, Gomesende, Maside, Piñor, Verín, Vilamarín, Moraña y Pontecesures.
Con un especial cuidado de lo que ocurre en la zona de litoral y el medio rural, las funciones de la APLU abarcan, entre otras, la inspección y vigilancia urbanística sobre la edificación, la imposición de todas las medidas cautelares que contempla la Lei do Solo, la instrucción de los expedientes de reposición de la legalidad o los que recogen sanciones muy graves y todas las competencias de control urbanísticos que cedan los ayuntamientos que se adhieran al consorcio. La intención del Gobierno gallego es doblar el número actual de inspectores, un total de 15.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 23.11.2008
Foto: Axencia de Protección da Legalidade Urbanística - farodevigo.es
El ex alcalde de Benalmádena, condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricar
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RTVE/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 20 euros durante 12 meses, por un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en la zona de La Leala en 2002.
El ex regidor benalmadense tiene la intención de recurrir esta sentencia y pretende, en el caso de que sea revocada, poder presentarse a las próximas elecciones municipales, según publican hoy los diarios 'Málaga Hoy' y 'El Mundo'.
Durante el juicio, la Fiscalía de Málaga mantuvo la acusación contra Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió la licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y una multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien ha asegurado al final de la vista que actuó "correctamente" y no había cometido "ningún delito".
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según ha dicho, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, ha asegurado que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que ah apuntado que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa ha insistido en que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que ha señalado que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado ha explicado que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, ha asegurado que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
* RTVE.es - Agencias - MÁLAGA 22.11.2008
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Los ingenieros vinculan falta de servicios con la ausencia de planificación urbanística
ELCORREOGALLEGO* : El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia abogó por "planificar los servicios que se prestan a los ciudadanos al tiempo que se hace el planeamiento urbanístico". Para Carlos Nárdiz "es algo que ha estado ausente en los últimos años en Galicia, en donde se han hecho planes urbanísticos sin pensar en el crecimiento futuro, lo que ha generado graves problemas que siempre están en los medios de comunicación".
Nárdiz puso como ejemplo el área metropolitana de Santiago, "donde se observan carencias de infraestructuras básicas que tendrían que estar recogidas en algún tipo de planificación urbanística que incluyese a varios municipios y los servicios que se podrían prestar, recogiendo incluso la reserva de suelos para nuevas infraestructuras viarias o para el transporte público por ferrocarril o autobús".
Estas declaraciones las realizó en la jornada técnica sobre urbanismo y servicios organizada por el Colegio de Ingenieros y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), que se celebró en Santiago, reuniendo a más de medio centenar de responsables municipales de urbanismo de Galicia.
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, apostó por ampliar el cuadro de ingenieros de Caminos en los ayuntamientos para facilitar su crecimiento.
* El Correo Gallego - SANTIAGO - 23.11.2008
