FARODEVIGO* : "Es hora de respetar el medioambiente, el paisaje, el marisqueo, y la forma de vida de miles de personas". La marcha organizada por la red "A Ría non se vende" congregó ayer a medio millar de personas, según los datos de la Policía, para exigir "el fin de la destrucción del litoral". Grupos ecologistas y numerosos marineros y mariscadores recorrieron el centro desde Plaza de España hasta las inmediaciones de la sede de la Autoridad Portuaria, y leyeron un manifiesto en el que proclamaron que "llegó el momento de decir basta a los rellenos, los puertos deportivos y las macrodepuradoras".
La protesta provocó atascos durante una hora y media.
Los manifestantes reclaman el fin de las obras en los dos márgenes de la ría desde Baiona a Cangas. Entre otras se oponen a las ampliaciones de Areal, Bouzas y el muelle de trasatlánticos; la construcción de la macrodepuradora proyectada en el Lagares; y los puertos deportivos en la ETEA y Massó (Cangas); además de exigir la paralización de la construcción del silo para vehículos de Bouzas. Bajo el lema "Os recheos matan a Ría", y con cánticos como "Goberne quen goberne, a Ría non se vende", descendieron por el centro, en algunos momentos con una intensa lluvia, para terminar haciendo un alegato en defensa de la Ría. "Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, fuente de vida y sustento para siempre. Están destruyendo un tesoro común de una forma irresponsable", explicó una de las lectoras del manifiesto.
Los participantes mostraron su satisfacción además por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de 300.000 metros cuadrados de Marín, y defienden que "es válida para Vigo y cualquier lugar". Ya han iniciado trámites para recurrir las ampliaciones previstas en el puerto en base al fallo judicial. Sus críticas se extendieron desde a la presidenta del Puerto, Corina Porro, a la que acusan de "creer que es dueña de la Ría", hasta el alcalde, Abel Caballero; los demás regidores de los municipios del litoral; y las empresas que proyectan obras a pie de mar. Por la noche se celebró un concierto solidario en un local de Churruca.
* Faro de Vigo - 15.11.09
Foto: Los manifestantes bajaron por Gran Vía hacia la sede de la Autoridad Portuaria. // Jesús de Arcos, farodevigo.es
Vigo: Medio millar de personas salen a la calle para reclamar "el fin de la destrucción de la ría"
El Defensor del Pueblo dice que los costes recaigan en los dueños de casas ilegales
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EUROPASUR/Cádiz* : Las consideraciones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las parcelaciones ilegales, a través de un informe presentado el pasado 10 de noviembre en el Parlamento de Andalucía, fueron contundentes a la hora de definirse sobre quién debería afrontar los costes de urbanización en cualquier proceso de regularización de viviendas.
Así, en ese informe se deja claro que los gastos deben soportarlos los propios beneficiarios de la parcelación "que, además, es frecuente que adquieran sus parcelas a un precio menor porque las parcelaciones ilegales no habían asumido las obligaciones que deben abordar los promotores privados, e incluso es probable que muchos participaran como promotores en la propia edificación de las viviendas, evitando unos costes muy diferentes de los que tendrían que asumir si hubieran realizado la construcción en una urbanización legal", dice literalmente.
Estas observaciones engloban a todo el conjunto de la Comunidad andaluza, aunque cabe precisar que a nivel provincial e incluso nacional, Chiclana es la población donde se ha puesto en marcha uno de los procesos más ambiciosos y controvertidos sobre la legalización de viviendas, ya que la aplicación de unas nuevas ordenanzas en este municipio afectarán a 10.500 parcelaciones.
El reseñado informe del Defensor del Pueblo incide en la idea de que son los propios vecinos los que tienen que enfrentarse a los pagos de urbanización, al considerar esta institución que los propietarios de esas viviendas serían los beneficiarios, sin que el Ayuntamiento tenga que desembolsar importe alguno. En este sentido, destaca que "a la hora de abordar esa regularización y sin perjuicio de la cooperación pública a la hora de redactar proyectos técnicos, asesoramiento, mediación ante los residentes, etc., se evite que los costes de la regularización de las parcelaciones ilegales se trasladen a las arcas municipales, debiéndola afrontar los promotores y los residentes en ellas".
Este punto de vista se ve reforzado al entender la institución que se cometería un agravio comparativo con aquellos vecinos que aportaron sus correspondientes pagos en conceptos de licencias y otras exigencias administrativas cuando construyeron o adquirieron sus viviendas de manera legal. Es por ello que en el documento se hace hincapié en el concepto de que "el resto del vecindario no tiene por qué asumir los costes de regularización, por vía indirecta con cargo a sus impuestos, o dejando de recibir servicios de calidad que no se podrían atender por destinar recursos públicos a aquella finalidad".
Según el Defensor otra de las causas que tal vez esté presente en los referidos procesos de urbanización es la relativa a la "escasa cultura urbanística existente en la población, donde el Urbanismo y las consecuencias de la regulación no se han asumido por los ciudadanos como una garantía de calidad de vida, de bienestar a medio y corto plazo, sino como una injerencia en su patrimonio. Y es que la función social de la propiedad no ha sido asumida por muchos ciudadanos como límite y condicionamiento de su utilización". En esa línea, cree que no resulta extraño que algunos ayuntamientos "hayan propuesto que se realicen campañas de información para hacer comprender el significado del concepto de función social de la propiedad", indica.
Chiclana no es el único municipio que se enfrenta a un proceso de regularización de viviendas, sino que también se aplicará en otros de la provincia, como, por ejemplo, puede ser el caso de El Palmar (Vejer). Esta medida acarrea polémica, impopularidad y disputas entre los ayuntamientos y los vecinos afectados. Sin embargo, el Defensor del Pueblo se inclina por la regularización "siempre que las circunstancias lo permitan y lo aconsejen, porque estamos convencidos de que la clandestinidad y, en general, la ilegalidad o la simple irregularidad, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolla, si no es afrontada termina por generar graves problemas".
* Europa Sur - F. M. / Chiclana - 15.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona diseminados - lavozdigital.es
Las medidas anticorrupción se quedan en el papel
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PÚBLICO* : No basta con tomar medidas si luego no se llevan a la práctica. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sida la más prolífica de la democracia en medidas contra la corrupción pero, como subrayan unánimemente los expertos en derecho consultados por Público, también han resultado ser (con muy pocos matices) absolutamente ineficaces.
Entre las más destacadas se cuentan la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos, la nueva regulación de los contratos del sector público, la reforma de la Ley del Suelo, las creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías, la aprobación del Código del Buen Gobierno, la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, o el Estatuto Básico del Empleado Público.
Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de la sección española de Transparencia Internacional (TI), destaca en la lista de actuaciones positivas la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de la OCDE contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, así como la firma (pendiente de ratificación) de la Convención Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa. Pero "el problema es que estas convenciones y las normas españolas deben implementarse para que sirvan para algo y muchas de ellas no se implantan adecuadamente. Parece como si una vez aprobada la norma ya todo se olvidara", lamenta Villoria. Y "la norma hay que desarrollarla, cumplirla, ejecutarla".
Sin informe anual
Un buen ejemplo, razona, es el Código de Buen Gobierno, que "no lo conocen ni los ministros, ni los altos cargos", del que nunca "se ha redactado el informe anual" estipulado y para el que no existe ningún órgano independiente encargado de vigilar su cumplimiento.
Algo parecido pasa con la reforma de la Ley del Suelo que introdujo la exigencia de dar publicidad a los registros de patrimonio e intereses de los alcaldes y concejales. "No llega al 10% el número de ayuntamientos donde eso se ha hecho", denuncia. "Sí ha mejorado", admite Villoria, "el trabajo de la Guardia Civil, de la Unidad de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía o de la Fiscalía, pero estas instituciones trabajan ya cuando el mal se ha producido".
Lo que mejor ha funcionando es el refuerzo de la investigación
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Rafael Bustos coincide con esta opinión ("lo que mejor está funcionando es el reforzamiento de las unidades especializadas de represión de la corrupción", asegura) pero Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, echa en falta más medios materiales y humanos al servicio de la fiscalía anticorrupción y de los distintos organismos policiales encargados de luchar contra "la delincuencia político-económica".
Sin comparación
Entre lo que no está funcionando Bustos incluye también el Código de Buen Gobierno. "Si lo comparamos con otros códigos parecidos, por ejemplo el del gobierno británico, resulta un poco ridículo". Y "la nueva ley de financiación de los partidos, sinceramente, me parece que no cambia los aspectos esenciales y problemáticos de la financiación".
El profesor salmantino es más benévolo a la hora de juzgar la Ley del Suelo. "Lo cierto es que la gestión del urbanismo es tan compleja que sólo la ley no puede evitar la aparición de fenómenos de corrupción", expone. Y es que, como señala Francisco Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, las medidas adoptadas no atajan las verdaderas causas del problema: un modelo de crecimiento económico basado en "el todo vale de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible", y unos partidos políticos que insisten en hacer listas electorales sin atender al interés público y en jugar a la falta de transparencia.
En parecidos términos se expresa el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada Rafael Vázquez, según el cual los fallos en la puesta en marcha de muchas medidas anticorrupción son consecuencia de que la cultura política de los ciudadanos "se acerca mucho más a los parámetros de la cultura de súbdito (aquel que asume y hasta legitima cualquier actuación de los poderes públicos) y cultura política parroquial (propia de los individuos preocupados por el entorno privado más inmediato) que a una verdadera cultura cívica, el modelo ideal de ciudadano respetuoso con los valores democráticos".
Un problema al que hay que sumar, añade, "la tradicional forma de hacer política y de gestionar cualquier asunto público", que "se ha venido basando en la maximización del beneficio propio a cualquier precio". Es "la cultura del pelotazo, que ya existía en el franquismo y que ha seguido desarrollándose", explica.
Entre los fallos de las medidas anticorrupción Vázquez, como muchos de los expertos consultados, destaca el escaso éxito cosechado por la reforma de la Ley del Suelo. Puesto que la gestión urbanística corresponde por lo general a los ámbitos municipales, donde menor control ha existido hasta el momento, los gobiernos autonómicos "aún no han sido capaces de atajar los excesos urbanísticos existentes", muchas veces por imposibilidad normativa de actuación y en otras ocasiones por connivencia con los propios consistorios municipales, asegura.
La complejidad urbanística
En opinión de Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en España "conviven problemas de naturaleza normativa (una regulación deficiente que introduce incentivos para la corrupción) con problemas de aplicación efectiva de las normas". A veces se regula "más o menos bien un tema (por ejemplo las incompatibilidades), pero fallan los mecanismos para que tales normas se apliquen en la práctica y se sancionen adecuadamente los incumplimientos". En su opinión, "quizás el campo que tenga una mejor regulación es el de la contratación pública, pero tiene una aplicación ciertamente mejorable: habría que mejorar la transparencia de las adjudicaciones y la aplicación de sanciones a las desviaciones".
La ley de financiación de los partidos, que debería ser la clave de bóveda de la lucha contra la corrupción, ha seguido siendo un coladero incapaz de cortar el flujo irregular de fondos del sector privado hacia las arcas de las organizaciones políticas. Aunque Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, se distancia de las críticas a la nueva ley de financiación de los partidos polítcios. "No sabemos cómo está funcionando en la práctica debido a que no disponemos de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades de los partidos. La ley entró en vigor en enero de 2008 y el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas corresponde al año 2005. Por tanto, desconocemos si los partidos están aplicando la nueva ley o si van a ser sancionados por las infracciones que cometan. Mientras estuvo en vigor la ley de financiación de los partidos anterior, la de 1987, no se hizo ninguna de ambas cosas", asegura.
* Público - FERNANDO VARELA - MADRID - 15/11/2009
Foto: Funcionarios policiales registran las dependencias del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, centro de la última gran operación contra la corrupción. - EFE
Quinientos vecinos protestan contra el centro de residuos de Alcazarén
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ELNORTE/Valladolid* : Medio millar de personas se manifestaron ayer por las calles de la capital en contra del proyecto del Centro de Transferencia de Residuos que se pretende instalar en Alcazarén (726 habitantes). Entre pitos y al grito de 'Alcazarén unido jamás será vencido' y 'Tengo un burro muy inteligente que no se parece nada a los de Medio Ambiente', los asistentes, muchos de ellos ataviados con mascarillas y batas blancas, llevaron un burro con una pancarta que rezaba: 'Soy técnico de Medio Ambiente'.
La pancarta que encabezó la protesta, con el lema 'Alcazarén por una comarca limpia. Residuos tóxicos y peligrosos no', era portada por vecinos de pueblos de la comarca como Cogeces, Megeces, Hornillos, Mojados, Olmedo, Íscar, Pedrajas y Matapozuelos. Junto a la cabecera unos niños llevaban otro cartel en el que se podía leer: 'Comisión de Urbanismo. Nuestro futuro depende de vosotros'.
Con más de una hora de retraso sobre el horario previsto -los asistentes fueron llegando en distintos autobuses-, la marcha partió de la plaza de Zorrilla para recorrer la calle Santiago y llegar a la Plaza Mayor, donde un vecino de Alcazarén, Justino Yastas, leyó un manifiesto en el que advirtió de que aún no han leído ni un sólo informe sobre los riesgos de la futura planta.
El regidor del municipio, Alfonso García, criticó que los políticos «no hagan ni caso» a los vecinos que se manifiestan para evitar posibles problemas de salud y les acusó de interesarse por los vecinos tan sólo en época electoral. «Eso me duele muchísimo», dijo.
«Prefieren ponerse a favor de intereses de empresas privadas que de los vecinos», destacó el regidor, quien vaticinó que la Comisión de Urbanismo, tras la licencia concedida por Medio Ambiente, dictaminará en favor del proyecto, informa Europa Press.
Sobre un acuífero
Tras reiterar que el centro se ubicaría junto a la carretera, sobre un acuífero, en medio de dos empresas agroalimentarias y a 800 metros del casco urbano, García acusó a la Junta de decir «verdades maliciosas», ya que, aunque la decisión final tendrá que tomarla el Consistorio, cuando éste deniegue el permiso, la empresa acudirá a los tribunales.
«Que se mentalicen de que abren la puerta a que decida un juez cuando ellos lo podrían parar», criticó el regidor antes de calificar de «irónica» la postura de la Junta, a la que pidió que «no engañe a la gente».
«No vamos a dejar nunca que nos lo coloquen», defendió Alfonso García antes de calificar el proyecto de «barbaridad», apostar por que el pueblo decida sobre las empresas que quiere que se asienten allí, pedir que les dejen «vivir en paz» y reclamar información sobre las consecuencias en caso de un accidente en el centro.
* El Norte de Castilla - 15.11.09
Foto: Los vecinos de Alcazarén llevaron a la protesta un burro con una pancarta. / RICARDO OTAZO, nortecastilla.es
Cómo garantizar el derecho a la vivienda
RAFAEL PLA LÓPEZ* : Para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado Español desde un marco de viviendas vacías e hipotecas fallidas se plantea en primer lugar estimar el coste asumible por cada persona en función de sus ingresos, en segundo lugar resolver los impagos de hipotecas evitando desahucios y inmovilización de viviendas y en tercer lugar articular un parque público de viviendas en alquiler de gestión pública. Para ello es necesario establecer un salario social que garantice unos ingresos mínimos y asegurar su financiación pública, contemplándose un impuesto adicional sobre los ingresos elevados que puede suponer un tope superior variable de los ingresos netos.
Introducción
La conjunción de miles de personas sin hogar y miles de viviendas vacías a fecha de hoy, en mayo de 2009, revela una clara ineficiencia del sistema de gestión de viviendas en el Estado Español, que por un lado genera insatisfacción de necesidades sociales, y por otro lado inmovilización de activos inmobiliarios con consecuencias negativas para la actividad económica del país.
Señalemos que de acuerdo con el artículo 47 de la vigente Constitución Española "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". En lo que sigue se plantean una serie de criterios para el cumplimiento de esta norma constitucional.
Señalemos no obstante que lo que se expone es un modelo matemático genérico, cuya aplicación debería hacerse a partir de los datos de que los mismos poderes públicos pueden disponer. Cuando se planteen concreciones numéricas será únicamente a guisa de ejemplo.
Por otra parte, dado que los procesos sociales están sistémicamente inter-relacionados, para conseguir el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda se hace imprescindible abordar otras cuestiones, como la garantía de unos ingresos mínimos y la fiscalidad.
El coste asumible de la vivienda
En ocasiones se plantea limitar tanto el eventual pago de un alquiler como el de las cuotas de una hipoteca por un porcentaje de los ingresos. Pero ello no parece razonable, dado que alguien con ingresos suficientemente elevados podría optar por dedicar una parte mayor de los mismos a sufragar una vivienda de mayor valor, siempre que con la parte restante pueda subvenir al pago de sus demás necesidades. Será por tanto preferible determinar el máximo dedicable a sufragar la vivienda con un criterio sustractivo y no de proporcionalidad.
Así, si tenemos
1. = ingresos netos
2. = coste mínimo de la satisfacción de las necesidades independientes de la vivienda
3. = proporción estimada del coste de la vivienda para sufragar gastos de mantenimiento y uso de la misma (luz, agua, limpieza, etc.)
entonces, si se dedica una cantidad D' a sufragar la vivienda, D'+D'·C=D'·(1+C) no podrá ser mayor que A-B, y por tanto la cantidad máxima que podrá dedicarse a sufragar la vivienda, bien por el pago de un alquiler, bien por el pago de una cuota hipotecaria, será
4. = (A-B)/(1+C)
Señalemos que ese tipo de cálculo lo realiza normalmente un banco solvente previamente a la concesión de un crédito, y los poderes públicos para estimar el coste de la vida en que se habría de basar la fijación del salario mínimo interprofesional. Señalemos también que el coste mínimo D de necesidades será menor si los poderes públicos aseguran la gratuidad de servicios públicos como la sanidad y la educación.
Así por ejemplo, si se estimara mensualmente B=600€ y C=1/3, alguien cuyos ingresos netos fueran de 1000€ podría dedicar al pago de la vivienda
D = (1000-600)/(1+1/3) = 400/(4/3) = 300€
Por tanto, con un salario mínimo interprofesional neto de 1000€ al mes los poderes públicos deberían garantizar la existencia en número suficiente de viviendas en alquiler con un precio no superior a 300€ . Si por el contrario el salario mínimo interprofesional neto es de 800€ deberían garantizarse viviendas con un alquiler mensual no superior a
D = (800-600)/(1+1/3) = 200·3/4 = 150€
Naturalmente, los cálculos hacen referencia al coste asumible por una persona. En caso de que una vivienda fuera compartida por un determinado número de personas, deberíamos multiplicar por dicho número el valor de D correspondiente a los ingresos netos medios de las mismas. Así, dos personas con un ingreso neto medio de 800€ podrían compartir una vivienda con coste de 300€ mensuales.
En todo caso, los poderes públicos habrían de optar o bien por aumentar los ingresos mínimos (correspondientes al salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas o un salario social) o bien por garantizar viviendas de un coste inferior. Ambas políticas serían compatibles con el modelo aquí expuesto.
Evitar los desahucios
Evitar los deshaucios por impago de hipotecas debe ser una prioridad, dado que dichos deshaucios agravan por partida doble el problema de la vivienda, generando por una parte más personas sin hogar y cargando por otra parte a los bancos con viviendas que tienen muy difícil rentabilizar.
En las actuales circunstancias no parece razonable pretender una solución en la que todos ganen, por lo que deberíamos conformarnos con una solución que minimice las pérdidas de las distintas partes.
Para ello habría que regular debidamente las condiciones en que puede darse la ejecución de las hipotecas fallidas, y en segundo lugar dar a los bancos la opción de optar entre dicha ejecución o renegociar el pago de las mismas.
En primer lugar, habría que establecer que la ejecución de una hipoteca cancele la deuda correspondiente. Si de alguna manera el establecimiento de una hipoteca supone una apuesta por ambas partes, quien la solicita y quien la concede, si las circunstancias económicas de los hipotecados les impiden seguir pagando las cuotas y la desvalorización de la vivienda lleva a que su valor tasado sea inferior a la deuda pendiente, la ejecución de la hipoteca debe implicar que ambas parten pierdan: el hipotecado la propiedad de la vivienda, y el prestatario el resto de la deuda. Por otra parte, si se trata del domicilio habitual y no de una segunda vivienda, habría que garantizar que el hipotecado pueda seguir ocupándolo durante un período de tiempo adecuado (por ejemplo, de un año) desde la ejecución de la hipoteca hasta que los poderes públicos puedan proporcionarle en su caso una vivienda alternativa. Durante ese período, el hipotecado debería pagar un alquiler igual al coste asumible D de la vivienda en función de sus ingresos.
En caso de que el banco o entidad prestataria quisiera evitar dichas condiciones para la ejecución de la hipoteca, debería renegociarla a su costa, con una cuota no superior al coste asumible D de la vivienda en función de los ingresos de los hipotecados, hasta la cancelación de la misma. En caso de que una ulterior disminución de los ingresos de los hipotecados hiciera también inasumible dicha cuota, la entidad prestataria podría optar de nuevo entre la ejecución de la hipoteca en las condiciones anteriormente indicadas o una nueva renegociación adaptando de nuevo la cuota al coste asumible D en función de los nuevos ingresos.
Al mismo tiempo, para las futuras hipotecas habría que regular sus condiciones para evitar que devengan en fallidas. Se han hecho propuestas de limitar las cuotas por un porcentaje fijo de los ingresos y fijar también de modo general un período de tiempo máximo para su amortización. Pero ello no parece razonable por los mismos motivos aducidos en relación al coste asumible de la vivienda. Se trataría, por el contrario, de establecer que la cuota no fuera superior a dicho coste asumible D en función de los ingresos de los hipotecados, práctica por otra parte normal en bancos solventes que no concedan hipotecas "subprime" o basura. Por lo que se refiere al tiempo de amortización, parece razonable que éste no supere el tiempo pendiente hasta la edad de jubilación obligatoria, a no ser que se garantice que las pensiones de jubilación no sean inferiores a los ingresos previamente percibidos, en cuyo caso la referencia podría ser la esperanza de vida. En todo caso, habría que establecer que la defunción conllevara la anulación de la deuda pendiente, salvo en caso de suicidio doloso, que la causa de la muerte conllevara una indemnización que permitiera el pago de la misma, o la existencia de otras propiedades cuyo valor pudiera compensarla.
Asimismo, y para que las proyecciones fueran fiables, habría que establecer que el interés con el que se calcula el tiempo de amortización de una hipoteca no pudiera sufrir un incremento superior al del coste de la vida.
Es claro que esta regulación dificultaría en determinados casos la concesión de hipotecas para acceder a la propiedad de una vivienda, por lo que debería acompañarse de una actuación de los poderes públicos para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
Alquilar bajo gestión pública
Se han hecho propuestas para la adquisición con fondos públicos de las viviendas invendibles. Pero no parece razonable incrementar el déficit público para garantizar beneficios a quienes impulsando la burbuja inmobiliaria han obtenido beneficios desmesurados y sido detonantes de la crisis. Otra opción es que los poderes públicos asuman la gestión de dichas viviendas, sin alteración de su propiedad, poniéndolas en alquiler a precios asequibles y entregando a sus propietarios el importe del alquiler (descontando, en su caso, gastos de gestión). Ello permitiría por un lado atender a las necesidades sociales de vivienda y por otro lado proporcionar a las empresas inmobiliarias, o en su caso a las entidades bancarias propietarias de las viviendas, unos ingresos que faciliten su actividad, respectivamente inmobiliaria o financiera, aunque dichos ingresos sean inferiores a sus expectativas previas en el contexto del boom inmobiliario. Y todo ello sin coste para el erario público.
En caso de que se optara por la expropiación de viviendas para pasarlas a propiedad pública, su indemnización debería abonarse también con el importe obtenido de su alquiler, hasta cubrir su valor tasado en el momento de la expropiación.
En todo caso, debería regularse la intervención pública forzosa de las viviendas que hubieran permanecido deshabitadas durante un año, excluyendo así las que tuvieran una ocupación estacional, bien como segunda residencia de sus propietarios, bien en alquiler durante períodos de vacaciones.
En el caso de viviendas transferidas a entidades bancarias por ejecución de hipoteca, dichas entidades podrían optar por solicitar la intervención pública una vez transcurrido una vez transcurrido el período adicional garantizado de ocupación por el hipotecado. En caso contrario, pasarían a intervención forzosa al año de estar deshabitadas. Naturalmente, en caso de prorrogarse el alquiler al anterior hipotecado no procedería la intervención.
El alquiler de las viviendas bajo gestión pública debería regularse de forma precisa.
En primer lugar, deberían catalogarse dichas viviendas en una escala de alquileres.
En segundo lugar, debería calcularse el coste asumible F del alquiler de una vivienda por quienes tuvieran un puesto de trabajo predeterminado, que sería su coste asumible D de vivienda menos
5. = coste estimado del transporte mensual entre la vivienda y el puesto de trabajo
6. = D - E
En ausencia de un puesto de trabajo predeterminado sería E=0, y por tanto F=D . En todo caso, únicamente podría optarse al alquiler de una vivienda en caso de que el importe del mismo no fuera superior al del coste asumible F del alquiler en función de los ingresos y en su caso el puesto de trabajo.
En tercer lugar, tendría preferencia en su caso el anterior hipotecado que estuviera ocupando la vivienda, siempre que su alquiler catalogado no fuera superior a su coste asumible F del alquiler. En tal caso, se estipularía el alquiler por una cantidad igual a dicho coste F. Ahora bien, si el alquiler catalogado fuera inferior, tendría opción a la recompra de la vivienda, recuperando su propiedad sin cargos en el momento en amortizara el resto de su valor, tasado en el momento en que adopte dicha opción, con una tasa de interés igual al incremento del coste de la vida, con el fin de que la entidad bancaria propietaria de la vivienda, aunque no se lucre por ella, no tenga nuevas pérdidas por la misma.
En su defecto, y entre quienes pudieran optar a ella, tendrían preferencia para el alquiler de una vivienda aquéllos cuyo coste estimado D de vivienda estuviera dentro de una franja inferior de la escala de alquileres, dado que quienes tuvieran ingresos superiores podrían tener la posibilidad de optar a una vivienda con un alquiler superior. Y dentro de la misma franja, deberían tener preferencia quienes tuvieran un menor coste estimado E de transporte entre dicha vivienda y su eventual puesto de trabajo, a fin de minimizar los costes globales de transporte con sus consiguientes efectos nocivos para el medio ambiente.
En cuarto lugar, y para garantizar que todo solicitante sin hogar pueda acceder a una vivienda en tanto haya viviendas disponibles, el sistema debe funcionar a medio plazo a modo de una subasta inversa, como corresponde a un mercado bien regulado en el que los precios bajan cuando la oferta excede de la demanda solvente. Así, si hubiera solicitantes que no pudieran optar a ninguna vivienda con un alquiler no superior a su coste asumible F del alquiler de la misma, se procedería a rebajar la catalogación de tantas viviendas como fuera necesario, escogiéndolas de modo que se hiciera mínimo el coste estimado E de transporte entre las viviendas en cuestión y los eventuales puestos de trabajo predeterminados de dichos solicitantes, es decir, de modo que su ubicación fuera próxima al correspondiente puesto de trabajo, minimizando así los costes globales de transporte.
Señalemos que, en tanto que los solicitantes sin un puesto de trabajo predeterminado tendrían un coste estimado de transporte E=0, podrían optar a cualquier vivienda cuyo alquiler no fuera superior al coste estimado D de vivienda de dichos solicitantes. Por tanto, solamente sería necesario rebajar la catalogación de viviendas para ellos cuando se hubieran agotado todas las viviendas de catalogación inferior. En tal caso no se podría recurrir al coste estimado E de transporte para escogerlas, y deberían utilizarse otros criterios, como el arraigo familiar o las tareas socialmente necesarias que pudieran realizar en una zona determinada.
Garantizar unos ingresos mínimos
Para que todo lo anterior sea viable es necesario garantizar unos ingresos mínimos. En caso contrario, si los ingresos mínimos fueran A=0, incluso en el caso de que se subviniera públicamente a cubrir las necesidades independientes de la vivienda (y por tanto B=0), la cantidad que podría dedicarse a sufragar la vivienda sería D=0, es decir, habría que garantizar la gratuidad de la vivienda para quienes no tuvieran ingresos. Esta es también una opción posible, pero que no resulta compatible con el modelo aquí propuesto de alquiler bajo gestión pública con un efecto reactivador de la economía.
La opción alternativa es que los poderes públicos garanticen unos ingresos mínimos que permitan subvenir a las necesidades, incluyendo el pago de la vivienda. Tal como se explicaba en el coste asumible de la vivienda, el establecimiento de dichos ingresos mínimos condiciona el alquiler mínimo de las viviendas (por ejemplo, 300€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 1000€, o 150€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 800€).
La propuesta sería establecer un
G. = salario social
para quien no tuviera otros ingresos, en principio equiparable al salario mínimo interprofesional neto. Dicho salario social no tendría un carácter de "beneficiencia", sino que estaría sujeto a la contraprestación de la realización de actividades de interés comunitario o de formación para la adquisición de capacidades profesionales socialmente necesarias. El conjunto de dichas actividades supondría un tiempo de dedicación equivalente al de la jornada laboral máxima ordinaria legalmente regulada (por ejemplo, de 35 horas a la semana). El coste del alquiler se establecería en
H. = (G-B)/(1+C)
Recordemos que es este caso se estimaría un coste de transporte E=0, en tanto que se asegure la proximidad de las actividades a realizar y la ubicación de la vivienda concedida. El coste H del alquiler podría abonarse directamente por los poderes públicos a la entidad propietaria de la vivienda, previniendo así posibles impagos del mismo, de modo que la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H
Alternativamente, y de forma subsidiaria en caso de impago de las mismas, podría establecerse también el pago directo de las necesidades vinculadas a la vivienda (luz, agua...) para evitar la interrupción de su suministro, en cuyo caso la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H(1+C) = B
Naturalmente, en caso de incumplimiento de las actividades de contraprestación del salario social, se dejaría de abonar éste, y en su caso se procedería al desahucio de la vivienda concedida (a menos, naturalmente, que el abandono de dichas actividades se produjera por la incorporación a un puesto de trabajo en el mercado laboral). En este caso, la satisfacción de las necesidades de alojamiento, como las de manutención u otras, se situaría en el marco de la beneficiencia o del sistema sanitario en caso de incapacidad psicológica de trabajar o estudiar, en albergues, residencias o centros hospitalarios en condiciones estrictamente controladas. Ésta, naturalmente, es una situación indeseable a la que habría que recurrir únicamente en última instancia para la preservación de la vida. El sistema de contraprestaciones vinculadas al salario social debe permitir que, salvo casos patológicos, todo el mundo pueda realizar actividades socialmente útiles, adaptando éstas a las capacidades de cada persona o alternativamente proporcionando una formación adecuada.
Debe entenderse que el sistema de salario social correspondería a personas en edad laboral, en tanto que complementariamente habría que asegurar una pensión mínima por una cantidad equivalente a las personas en edad de jubilación.
La financiación pública del salario social
Señalemos que en el modelo propuesto para garantizar el derecho a la vivienda el único gasto público directo es el correspondiente al abono del salario social, dado que en éste se incluye el coste del alquiler. Suponiendo
J. = número de personas perceptoras del salario social
el gasto público necesario será
K. = J·G
Por ejemplo, si (tal como se estima actualmente) hay un millón de personas en España sin ninguna fuente de ingresos, y se fijara el salario social en G=1000€ mensuales, el gasto público necesario sería de K=1000 millones de euros mensuales.
Si se opta por impulsar un fuerte sector público productivo, dicho gasto público, junto a otros gastos sociales, podría financiarse con los beneficios de dicho sector público. Para ello no bastaría con nacionalizar sectores estratégicos como la energía o las comunicaciones, no tanto para obtener beneficios como para garantizar su suministro a precios asequibles a la ciudadanía y a las empresas, sino que se requeriría hacer descansar en buena medida los presupuestos del Estado sobre los beneficios de las empresas públicas, más que sobre los impuestos, siguiendo así una vía socialista como la de Venezuela, donde se utilizan los beneficios del petróleo para financiar gastos sociales.
Si por el contrario se opta por mantenerse, aunque sea temporalmente, en el marco de un sistema económico capitalista, los gastos sociales deberán financiarse mediante impuestos. Y para cubrir el gasto correspondiente al salario social podría establecerse un impuesto especial fuertemente progresivo a las personas con ingresos elevados. Para ello habría que sumar todos los ingresos de cada persona, y añadir un porcentaje (calculado por ejemplo a partir del Euríbor) de su patrimonio inactivo, es decir aquél que no genera renta directamente pero supone una acumulación de anteriores ingresos.
A tal efecto habría que decidir la cantidad
L.= ingreso mínimo a partir del cual aplicar el impuesto adicional
de modo que, siendo
M. = ingreso neto después de deducir los otros impuestos
se calcularía
N. = (M-L)/L
fijándose una cuota diferencial
P. = (exp(N)-Q)/(exp(N)+Q)
de modo que con
R(N). = integral de P desde 0 a N = 2·ln((exp(N)+Q)/(1+Q)) - N
(que naturalmente vale cero si N=0, es decir, si M=L) el monto del impuesto adicional fuera
S(M).= R·L
De este modo, el ingreso neto resultante sería
T(M). = M-S = L·[1+2·ln((1+Q)·exp(N)/(exp(N)+Q))]
representa gráficamente el cálculo del impuesto adicional en el caso particular de Q=1 y L=renta media (estos valores no estaban pensados para este problema, sino para la devolución de un préstamo-renta), de modo que el área más oscura correspondería al valor de R(N) con N=3 (para M=4L), y el área más clara al ingreso neto relativo, T/L.
El parámetro Q deberá fijarse de modo que la recaudación total cubriera el gasto público total K necesario para pagar el salario social.
De este modo, si la distribución de los ingresos M viene dada por una función
U(M). = número de personas con ingresos M
deberá cumplirse
K = sumatorio de U(M)·S(M) desde L a infinito
Supongamos, por ejemplo, que tomamos L=5000€ mensuales y que la distribución de los ingresos M superiores L, calculados por tramos de un euro, es U(M)=1'5·1013/M3 , lo que supondría un número total de 300000 personas con ingresos M superiores a L (para hacer los cálculos podemos aproximar el sumatorio por la integral, de modo que obtendríamos 300000 al integrar U(M) entre 5000 e infinito). De modo que, suponiendo K=109=1000 millones de euros, debería cumplirse que la integral de
U(M)·S(M) = U(M)·L·R(N) = U(M)·L·R((M-L)/L) = U(M)·L·[2·ln((exp((M-L)/L)+Q)/(1+Q)) - (M-L)/L] =
= 1'5·1013/M3·5000·[2·ln((exp((M-5000)/5000)+Q)/(1+Q)) - (M-5000)/5000] entre 5000 e infinito valga 109.
A través de un proceso iterativo podemos encontrar que ello ocurre cuando Q=0'56831, a lo que correspondería un impuesto adicional
S(M) = 100000·ln((exp((M-5000)/5000)+0'56831)/1'56831) - M - 5000
y el ingreso neto resultante sería
T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831·exp(N)/(exp(N)+0'56831)] con N=(M-5000)/5000
En estas condiciones el ingreso neto resultante máximo mensual sería
V. = lim (M tiende a infinito) T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831)] = 9500€
En general, sería
T(M) < v =" L·[1+2·ln(1+Q)]" q="0," v="L,">1 el impuesto adicional sólo se aplicaría a quienes tuvieran un ingreso neto después de deducir los otros impuestos mayor que
W. = L·(1+2·ln(Q))
dado que para ingresos M comprendidos entre L y W daría S(M)<0 k =" sumatorio" q="1," g="1000€," l="5000€" k="1000·J">
* FUENTE:http://www.uv.es/pla/models/derevivi.htm
* Rafael Pla López Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València
