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PÚBLICO* : El plan que diseña el Gobierno de Cantabria para sortear las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas es contrario a los criterios que inspiraron la Ley del Suelo, la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas, así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Las urbanizaciones, pendientes de demolición desde hace más de diez años, se construyeron de forma ilegal en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante sobre suelos que, posteriormente, quedaron en su mayor parte bajo la protección de leyes medioambientales menos permisivas con el urbanismo descontrolado.
Ahora, el Ejecutivo cántabro, los cinco ayuntamientos y los propietarios de las casas preparan un plan con el propósito de evitar los derribos. Es el segundo intento después de que la propuesta inicial del Gobierno de Revilla fuera rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Encinar protegido
Entre la veintena de resoluciones que ordenan tirar más de 500 casas [todas están ratificadas por el Tribunal Supremo], sólo se ha cumplido una, parcialmente, en Arnuero. El TSJ cántabro ordenó la demolición de 144 viviendas por su construcción en un terreno que no reunía los requisitos para ser clasificado como urbano. Se trataba de un encinar, en parte ya destruido, que ahora está protegido por la Ley del Plan de Ordenación del Litoral. En otra localidad, Piélagos, su ayuntamiento, el Ejecutivo y los propietarios estudian también cómo sortear cuatro sentencias firmes que afectan a otras tantas urbanizaciones con 65 casas. En todos los casos, el TSJ cántabro determinó que el consistorio calificó el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias. Dos de las cuatro urbanizaciones (24 casas) están construidas además dentro de la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas.
El ayuntamiento que más veces ha pasado por los tribunales es Argoños, que suma hasta 12 resoluciones que ordenan el derribo de 240 chalés y tres bloques de pisos. El Ejecutivo de Revilla también pretende su legalización. En siete de las sentencias, que pesan sobre 28 casas, el TSJ cántabro consideró que estas vulneraban la Ley del Suelo sobre la protección del paisaje. Pero hay más. En otra causa, el mismo tribunal determinó que otras dos urbanizaciones, de 22 y 12 casas, invadieron suelo no urbanizable y rústico de protección forestal. Otra, de 78 casas, está pendiente de derribo porque el estudio de detalle del ayuntamiento invadía a otros dos municipios, sobre suelos además protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural de las marismas de Santoña. El TSJ de Cantabria se amparó en este mismo plan para ordenar el derribo en Argoños de otras dos urbanizaciones, de 91 y 8 casas. El juez reprobó al ayuntamiento que no debió "permitir actuaciones urbanísticas" sobre suelos protegidos.
El Gobierno cántabro también colabora con otro ayuntamiento, Miengo, para evitar el derribo de 20 casas que vulneran la Ley de Costas, según la sentencia. La última causa se sitúa en Escalante. El Tribunal Supremo ratificó la orden de demolición de 32 chalés por exceso de ocupación.
La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todos los casos en los tribunales, denuncia que el plan del Gobierno, los ayuntamientos y los afectados es una "aberración". "En lugar de que las irregularidades se ajusten a la ley, pretenden ajustar la ley a las irregularidades", dicen.
El Gobierno cántabro no llevará el plan contra los derribos al Parlamento como proyecto de ley. Serán los grupos PRC, PSOE y PP, que lo avalan, quienes lo presenten como proposición de ley. Esta vía permite su tramitación sin informe jurídico.
* Público - 1.06.10
Foto: Vista de la urbanización Cerrias, en el municipio de Piélagos.- Humberto Bilbao, publico.es
Ley 'a la carta' en Cantabria
Málaga: La ITE desenmascara la 'ruina' del centro
MÁLAGAHOY* : La Inspección Técnica de Edificios (ITE), ordenanza con la que el Ayuntamiento de Málaga busca examinar el estado de los inmuebles más antiguos y colaborar con ello a su conservación, está causando un efecto colateral que muchos ya atisbaban: sacar a la luz la ruina, especialmente, del centro histórico de la urbe. Sólo en los primeros peldaños de aplicación de la citada normativa, aplicable inicialmente a las construcciones de cien o más años y aquellas protegidas, ha conllevado la apertura de 31 expedientes que podrían culminar con la declaración de ruina de las mismas.
Para dar buena cuenta de lo que supone este dato, hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años la cifra total de declaraciones ha sido de 39, según explicaron a este periódico desde el departamento de Conservación de la Gerencia de Urbanismo. "La inspección técnica ha hecho aflorar muchos casos en los que los propietarios de ciertos edificios, que se habían despreocupado de su conservación, se encuentran con la obligación de pasar examen al inmueble y que cuando lo ven se dan cuenta de que no pueden arreglarlo porque está en muy malas condiciones", expusieron desde el organismo municipal.
Si bien la casuística origen de la ruina de un edificio puede ser muy variada, los técnicos apuntan a que la mayoría de los casos se produce porque "son bloques antiguos, que pasan a múltiples herederos, donde los inquilinos se van yendo y cuyos propietarios viven fuera y normalmente cuesta trabajo ponerlos de acuerdo". Conforme a este planteamiento, el número de episodios en el que la propiedad trata de expulsar a los inquilinos, supuestos conocidos como asustaviejas, no es mayoritario.
El balance aportado a este periódico por Urbanismo constata que de las 39 ruinas ya declaradas, 28 han sido solicitadas directamente por la propiedad, mientras que en los 11 casos restantes es la propia Administración local la que, tras denuncias de vecinos o del Cuerpo de Bomberos, ante situaciones de emergencia, opta por esta medida.
¿Pero, cuándo se llega a la ruina? La respuesta es clara: cuando el valor de las obras que hay que hacer en el edificio para devolverlo a sus condiciones supera la mitad del valor que tiene construir de nueva planta. "Cuando se inicia el procedimiento, los propietarios traen la valoración de las reparaciones, la contrastamos y si vemos que supera la cifra, lo declaramos en ruina", explican los técnicos, que apostillan que una vez se llega a esa conclusión la propiedad dispone de un año, bien para demoler la construcción, bien para impulsar las actuaciones necesarias que permitan la recuperación de la misma.
"La ruina es un arma legal para favorecer la recuperación del inmueble", precisan. Sin embargo, si la respuesta de los dueños sobrepasa este plazo temporal, la construcción pasaría a ser subastada en el registro de solares, un proceso "lento" y que, dadas las actuales condiciones económicas, no acaba de dar el resultado deseado. Cabe recordar que una de las últimas enajenaciones forzosas fue la de Mariscal, 3 y 5, inmuebles en un lamentable estado de conservación. La subasta quedó desierta.
Otro efecto que trae la crisis es que el número de expedientes sobre el que trabajan los técnicos municipales ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Sumando los casos de ruina al resto de informes sobre órdenes de actuación en las edificaciones en mal estado y los solares, la cifra alcanza los 1.200, "un 50% más que antes de la crisis". "Antes de declarar la ruina solemos reclamar a los propietarios la realización de una serie de obras de mejora, de medidas cautelares, lo que en este momento representa unos 650 expedientes". Aunque no siempre la orden llega a buen fin. "De todas las que mandamos solemos tener un éxito del 75% porque siempre hay algunos recalcitrantes", señalan.
* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Trabajos de demolición de un inmueble declarado en ruina, en la calle Calvo.- malagahoy.es
Pontevedra: El cargo de Medio Ambiente se enriqueció especulando con concesiones
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ELPAÍS* : El jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal Carreira, que vendió tres de sus empresas a colaboradores o socios de narcotraficantes, es conocido en Caldas de Reis, el municipio donde es presidente del PP, por gestionar las bodegas Lagar da Condesa. Este negocio de viñedos de albariño, emplazado a la entrada del ayuntamiento en un pazo de rotundas almenas, a escasa distancia de las gasolineras que Juncal vendió a un presunto testaferro del capo Marcial Dorado, es el elemento más tangible de su actividad empresarial.
Desde los años noventa, este ingeniero técnico, funcionario de la Xunta en el departamento de carreteras y en Augas de Galicia, ha sido propietario de al menos una decena de sociedades que ha ido comprando y vendiendo, a veces con apenas un mes de diferencia. Con dos de estas firmas ha logrado autorizaciones para abrir gasolineras. La primera la obtuvo de la Administración central para una estación de servicio en Caldas, que luego vendió al presunto testaferro de Marcial Dorado, Manuel Cruz López. "Cuando aún no tenía los permisos ya había gente que me quería comprar las opciones de compra [de los terrenos]. Era algo normal", explica.
Gracias al dinero obtenido en esta operación en 1995, y según relata el propio Evaristo Juncal, compró una finca en la parroquia de Lérez, en la ciudad de Pontevedra, y logró una autorización de la Dirección Xeral de Obras Públicas y del Ayuntamiento para levantar otra gasolinera.
Según el ahora jefe territorial de la Xunta en Pontevedra, esta operación no es incompatible con su condición de funcionario de la Administración autonómica. "En estas sociedades siempre he actuado como socio, la administradora es mi mujer", explica Evaristo Juncal. "Patrimonialmente puedo tener lo que quiera. No compro ni vendo gasolina a la Administración".
Juncal Carreira también ha picoteado en el negocio acuícola e hidroeléctrico. En 1995 cuando, según su testimonio, era ingeniero de Augas de Galicia, logró de la Consellería de Pesca una concesión para abrir una depuradora de mariscos y cetárea en Punta Preguntoiro. Lo hizo en una vieja nave que rehabilitó. "Pero ya está vendida", afirma el jefe territorial de la Xunta. Luego intentó abrir una piscifactoría de rodaballo en Punta Cabalo, en A Illa de Arousa, pero el negocio no fructificó.
Además de las bodegas Lagar da Condesa, el presidente local del PP posee actualmente una inmobiliaria Juncal-Froján, SL, a la que él califica como "empresa patrimonial". "Se creó como una inmobiliaria pero vino el mal momento", afirma refiriéndose al pinchazo de la burbuja, "y no llegó a actuar". La sociedad poseía unas parcelas en Sanxenxo para levantar chalés, pero Evaristo Juncal ya se ha deshecho de ellas "perdiendo mucho dinero", puntualiza.
* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Caldas de Reis (Pontevedra) - denuncia-social.com
Conflicto social por el acceso a la vivienda: «Siento vergüenza»
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Con 436 euros mensuales, Manuel Torres tiene que mantener a su esposa, desempleada como él, y a sus tres hijos. ¿Cómo puede hacerlo? Se ahorra el alquiler porque ha vivido los últimos años en pisos vacíos de Adigsa de El Gornal. No paga electricidad porque el piso tiene cortado el servicio, y el agua la obtiene de la fuente. Y cada noche acude a los contenedores a recoger la comida a punto de caducar que lanzan los supermercados a la basura. Hace algunos meses, lo hacía casi en solitario. Ahora, según cuenta, siempre va acompañado de otros vecinos en su misma situación: parados de larga duración y dependientes de las ayudas del gobierno.
«A veces siento vergüenza por hacer esto, pero algo tengo que hacer para sacar adelante a mi familia. La gente se te queda mirando cuando recoges la comida de la basura, pero no me queda otra opción con los ingresos que tengo», explica Manuel, con cierta impotencia, en el piso que habita desde abril de forma ilegal en El Gornal, en L'Hospitalet.
Manuel ha hecho de «la patada» su forma de vida en los últimos cuatro años. Ha pasado por tres pisos diferentes. Del último que invadió se marchó de forma voluntaria porque los técnicos le explicaron que esa vivienda estaba reservada para una familia muy necesitada. Lo convencieron y decidió marcharse antes del desalojo fijado por los tribunales.
Su mujer va cada mañana a una fuente pública. En su cocina acumula decenas de botellas de agua que necesita para los cuidados de la casa. Para calentar agua para el baño y cocinar, usa un pequeño hornillo de gas propio de los cámpings. «Aunque no sea mi casa, limpio todos los días porque soy maniática de la limpieza», dice. Después de haber trabajado 25 años en la construcción, Manuel lleva 20 meses parado y no tiene demasiadas esperanzas de conseguir trabajo pronto, en vista de la situación económica. Mientras espera un nuevo trabajo, sigue descubriendo pisos oficiales vacíos de El Gornal. «Joncs, 6, 9º 2º: tapiado, Joncs, 21-23 2º 2º: tres años vacío, Aprestadora, 162: seis pisos vacíos desde hace seis años, Juan de Juanes, 33-35: siete vecinos 'de patada'...» La lista parece interminable.
* El Periódico - L'HOSPITALET - 1.06.10
Foto: En casa Manuel Torres y su esposa, en un piso de Adigsa. GUILLERMO MOLINER, elperiodico.es
Dos de los acusados por la trama de Gondomar admiten haber cobrado 540.000 euros por apoyar convenios
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LAVOZ/Pontevedra* : El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, apunta a que el dinero se destinaba a financiar la campaña del PP en Uruguay y actos de Move Gondomar. Dos de los acusados por la trama destapada hace tres años en Gondomar han reconocido haber cobrado más de medio millón de euros por apoyar tres convenios urbanísticos. El arquitecto vigués, que al parecer ejercía como intermediario, y el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, se han declarado culpables y han mostrado su disposición a colaborar con la justicia para reducir su condena.
El juicio ha arrancado esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo y en el banco de los acusados se han sentado los dos ex concejales del PP de Gondomar -ya sin cargos públicos-, la ex pareja de uno de ellos y un arquitecto, a los que se ha pedido explicaciones por pedir 960.000 euros por apoyar tres proyectos urbanísticos en el municipio pontevedrés, tal y como los acusa el Ministerio Fiscal.
El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, ha reconocido que cobraron dinero a tres promotores urbanísticos para financiar la campaña del PP en Uruguay y el partido independiente Move Gondomar, aunque dijo que las cifras eran menores a las que apuntaba la fiscalía, 540.000 euros. Acusó de ser el cabecilla de la trama al ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, quien no asumió los hechos y su abogado mantuvo su petición de absolución. Del mismo modo, la defensa de la ex pareja de Mosquera pidió su absolución ya que simplemente acompañaba al ex concejal en una de las citas con los promotores.
La vista no finalizará hasta el viernes y en ella se decidirá si los imputados son merecedores de ser multados en total con 4,6 millones de euros, además de diversas penas de suspensión de empleo o cargo público. La cárcel no figura como posibilidad ni en los planes del fiscal.
Pruebas grabadas
El caso de la trama urbanística de Gondomar fue desvelado por un empresario vigués, intermediario de una de las urbanizaciones que se pretendían llevar a cabo en la villa, quien se prestó, tras presentar la denuncia, a grabar en vídeo de forma secreta algunas de las reuniones llevadas a cabo con los ediles y el arquitecto en las que estos le habrían solicitado dinero a cambio de allanar el camino en el Concello a uno de dichos proyectos inmobiliarios.
Una sucesión de llamadas intervenidas judicialmente y la grabación de la petición del cohecho desde una cámara oculta en un botón de una chaqueta desencadenaron las detenciones el 14 de febrero del 2007. Dos de los inculpados fueron cogidos con las manos en la masa. El entonces concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y su pareja, Belén Fernández, recibían aquella noche en la cafetería de un céntrico hotel de Vigo un paquete con 60.000 euros en concepto del primer pago por incluir en el nuevo Plan Xeral de la localidad el permiso para construir en una finca de 33.335 metros cuadrados. El segundo pago se libraría con la aprobación por parte de la Xunta del PXOM.
Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil concluyeron que el citado concejal junto con el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, habían pedido con la «intermediación» del arquitecto Borja Ramilo casi un millón de euros a tres empresas por incorporar sus proyectos urbanísticos al Plan Xeral.
Pinchazos recurridos
Gran parte del caso se fundamenta en las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por los ediles y el arquitecto, así como por las declaraciones prestadas por los promotores a los que les fue reclamado el pago del presunto cohecho. Por eso, la defensa de los imputados ha tratado hasta en seis ocasiones de que se declaren nulas dichas grabaciones, al estimar que no fueron autorizadas correctamente y que además las conversaciones en ellas registradas fueron inducidas por el intermediario que destapó el caso. Los socios del empresario que se prestó a hacer de gancho para detener a los cuatro implicados niegan tal versión, como también la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las defensas auguran en todo caso nuevos recursos si sus defendidos son condenados.
* La Voz de Galicia - 31.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es
'Pretorianos' de alcantarilla
FRANCESC VALLS* : La proximidad al poder es el nexo entre los pretorianos de la Roma imperial y los de la Cataluña posestatutaria, es decir, la colección de imputados en el caso instruido por el juez Baltasar Garzón por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación a la hacienda pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento y encubrimiento. Las vidas de los viejos y nuevos pretorianos son paralelas. Los integrantes de estas cohortes romanas cobraban el doble que los demás soldados y gozaban de numerosos privilegios. Los modernos pretorianos también. Luis García Sáez, Luigi; Bartomeu Muñoz; Macià Alavedra, y Lluís Prenafeta han percibido buenas comisiones -algunas veces legalmente- y han gozado de privilegios. Y al igual que sus ancestros, viven sometidos a tentaciones.
Al calor del poder, como los guardias imperiales de Heliogábalo, acaban transgrediendo la legalidad que les ha tendido la mano. Más de 32 millones de euros han dejado de recibir en plusvalías los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres gracias a las habilidades de los pretorianos comisionistas. Son prepotentes, tienen un buen círculo de contactos y conocen los resortes del poder, de hecho viven en las "alcantarillas del poder, que es donde se hace la política", recordaba Alavedra en una conversación registrada por la Guardia Civil y que forma parte del sumario del caso Pretoria.
En Cataluña, desde el fin del franquismo, estar cerca del poder pasa por dos grandes familias políticas: CiU y el PSC. Los primeros han administrado la Cataluña ancestral y los segundos la nueva, articulada sobre el área metropolitana de Barcelona. Los pretorianos, que han tratado de extender sus tentáculos corruptos en ejemplar división social del trabajo, son excrecencias del poder sociovergente. Desde CiU, por la familiaridad de algunos dirigentes con los negocios, se ha visto exceso de celo en la fiscalización de actividades. El PSC ha querido ser ejemplarizante. La honestidad, ese valor que la izquierda blande como elemento de superioridad moral frente a la derecha, está maltrecha. El relevo de la interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma y la reubicación de dos imputados en el caso Pretoria por parte del nuevo equipo municipal descontaminado y regenerado no ejemplifican las virtudes de las que la izquierda presume. Se sabía que el ex diputado socialista Luigi era un comisionista que trabajaba con ayuntamientos y que frecuentaba el lado oscuro de los negocios. Pero no pasó nada. Tampoco sonaron las alarmas en el caso del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz. Y había motivos cuando menos estéticos: no es frecuente que el alcalde de izquierdas de una localidad del cinturón golpeada por la crisis viva en el selecto Turó Park de Barcelona. Respecto a Macià Alavedra y a Lluís Prenafeta, era conocida su relación con el llamado "sector negocios" de CiU. Prenafeta se movió entre sombras algo más que de sospecha. Estuvo imputado en algunos casos, aunque todo acabó en agua de borrajas. Alavedra se limitó a pasar la maroma de la legalidad sin caer. Tuvo el papel de testigo cuando se sentó en el banquillo al juez Luis Pascual Estevill, un extorsionador al que CiU, se supone que por razones de sano ostracismo, envió de vocal al Consejo General del Poder Judicial.
Cuando Pujol era presidente de la Generalitat y saltaba algún caso de supuesta corrupción de alto cargo, amonestaba a la prensa: "Ustedes siempre dictan sentencia sin esperar a que se celebre el juicio". Por el lado socialista, el consejero Joaquim Nadal ponía hace unas semanas "la mano en el fuego" por el gerente director del Incasòl, Emili Mas. Luego, fue imputado en el caso Pretoria.
Puede que la prensa se precipite sin que haya sentencia, pero también es uno de los mecanismos críticos y de control, frente al corporativismo que se instala en los partidos y en los poderes. Ni todos los políticos son iguales ni lo son todos los periódicos o medios de comunicación. Hay que congratularse de que la corrupción pretoriana no haya salpicado al emperador ni a sus próximos. El presidente de la Generalitat ha superado con nota la prueba, y también el jefe de la oposición, Artur Mas. Informar no debilita la democracia, sino que sencillamente señala de dónde cojea.
* ELPAIS.com - Opinión - 30.05.10
