El Roto / El País
El suelo supone ya dos terceras partes del precio final de la vivienda
M. LARRAÑAGA : "A pesar de que los precios de la vivienda están experimentando el «aterrizaje suave» tan deseado por todos los involucrados en el sector de vivienda y, particularmente, por los compradores, lo cierto es que el suelo no está contribuyendo en absoluto al menor crecimiento de los precios. Bien al contrario, si hace quince años, el coste del suelo suponía aproximadamente una tercera parte del precio final de una vivienda -porcentaje que en algunos lugares muy específicos podía llegar a la mitad-, en la actualidad supone ya las dos terceras partes del precio de una casa, según se desprende de un informe del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).
El coordinador del estudio, José Antonio Pérez, señala que la tendencia al menor crecimiento del precio del producto final en conjunción con unas subidas en el precio del suelo que no experimentan la misma dinámica está produciendo un estrechamiento de los márgenes de los promotores, que «ya están invirtiendo en terreno en Polonia o Iberoamérica porque las ganancias obtenidas vendiendo 40 casas en España no les dan ya para comprar suelo para otras cuarenta, sino para bastantes menos».
Pero esta dinámica no parece que vaya a concluir a corto plazo. De hecho, la encuesta realizada por el IPE entre más de dos mil ex alumnos que ahora desarrollan su labor en el sector inmobiliario refleja que la opinión mayoritaria es que el precio del suelo va a seguir subiendo este año en mayor proporción que el de la vivienda final. De hecho, suponen que las casas subirán un 7,33% y que el suelo lo hará en un 8,55%.
A pesar de que el porcentaje de los que piensan que el suelo mantendrá su tendencia al alza exactamente igual que hasta ahora ha bajado, lo cierto es que los promotores estiman que los precios del suelo finalista no van a caer a corto plazo.
El 42% de las respuestas indican que los suelos urbanos consolidados seguirán encareciéndose como hasta ahora, y el 49% apunta a una subida más moderada, frente a sólo un 1% que piensan que pueden bajar.
«A medida que se van cumpliendo hitos en la transformación de un suelo, los promotores están dispuestos a pagar más por él», subraya José Antonio Pérez.
Por eso, las previsiones de subidas son mayores para el suelo urbano consolidado y para el urbanizable con plan parcial final aprobado, mientras que para el rústico sin protección los promotores son más proclives a prever subidas más moderadas en los precios.
Pero a estos datos se une una explicación de José Antonio Pérez que permite suponer que será muy complicado poner fin a la subida de los precios del suelo, a pesar de que se vaya a promulgar una nueva Ley para regularlo. «Los presupuestos de los ayuntamientos españoles suman 45.000 millones de euros», sentencia Pérez, que explica que «este es el dinero que necesitan para dar a los vecinos los servicios que demandan y está claro que no lo cubren ni de lejos con las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos municipales, por lo que el apartado de suelo va a seguir siendo una herramienta fundamental de financiación de los ayuntamientos».
El momento del comprador
No obstante, en el IPE se señala que «el proceso de estrechamiento de los márgenes de los promotores se va a mantener, porque no pueden trasladar al precio final mayores subidas». De hecho, en determinadas zonas, fundamentalmente en Madrid o Barcelona, ya comienza a existir «stock» de viviendas sin vender.
«Ya no se venden las casas nada más poner la caseta de ventas porque los precios han llegado a un límite en el que ha caído la demanda. En cambio, hay demanda de viviendas de hasta 300.000 euros, y hay poco producto así en el mercado. Por eso, hay lugares en los que ya empieza a ser complicado vender las promociones y ahí los precios no van a subir», indica José Antonio Pérez.
Y dando un paso más, apuesta porque «ha llegado el momento del comprador. Los vendedores tienen ahora que salir a buscar al comprador y éste es la parte fuerte de la negociación. Ya hay promotores regalando cocinas o asumiendo el coste de quitar el gotelé y pintar en liso un piso. Las rebajas, al menos en los pisos nuevos, no han llegado, pero sí un trato más favorable para el comprador, por fin».
Como en todo, la alegría va por barrios y quienes estén pensando en adquirir una segunda residencia en la costa son los que más fácil lo van a tener, según el IPE. «En la costa ha desaparecido la figura del «inversor». Ya nadie compra sobre planos para revender antes de escriturar», asegura Pérez, para quien, no obstante, la demanda extranjera garantiza a medio plazo el éxito de este tipo de oferta «siempre que llegue al mercado lo que se está demandando».
En cambio, de los datos del IPE se deduce que algunas zonas de Castilla-La Mancha cercanas a Madrid o más lejanas pero a las que la mejora de infraestructuras ha acercado a la capital, van a mantener su particular «boom» inmobiliario.
ABC.es: economía. 29/01
http://www.abc.es/20070129/economia-economia/suelo-supone-terceras-partes_200701290253.html
La nueva Ley del Suelo encarecerá la vivienda
Ignacio Mulas : "En febrero, el Congreso retomará la tramitación de la nueva Ley del Suelo con la que el Gobierno pretende cumplir uno de sus objetivos programáticos: conseguir un aumento sustancial de la cuota de mercado de la vivienda protegida e inducir el abaratamiento de cualquier suelo destinado a edificación de viviendas. Dado lo ambicioso del objetivo, su notoriedad social y el empeño puesto por el Ministerio de Vivienda en el mismo, cabe preguntarse sobre la bondad de los caminos que se plantean para conseguir ese objetivo, de los requisitos que se establecen y de los efectos que se pueden deducir de su aprobación.
Este proyecto de Ley establece un singular cambio de modelo respecto a la Ley vigente de 1998. La diferencia principal -y sustancial- es que la Ley anterior consideraba que las facultades de urbanización y edificación de un suelo estaban contenidas en el derecho a edificar. Por tanto, los ayuntamientos hasta ahora ejercían una función de policía, de controladores del cumplimiento de la norma. Al otorgar la licencia los ayuntamientos sólo debían comprobar si la propuesta del particular se ajusta a la normativa. La actuación de los entes locales en este asunto no era constitutiva de derecho.
Sin embargo, para la nueva Ley la aprobación del Plan es la que otorga el derecho a urbanizar y, luego, a edificar, como ya ocurría en la dictadura con la Ley del Suelo de 1956. Esta cuestión es muy importante porque de su aprobación se derivará que los poderes públicos puedan exigir prácticamente lo que quieran, sobre todo en lo que se refiere a cesiones o porcentaje de suelo de reserva para vivienda protegida y/o nuevos desarrollos. Hay que recordar, sin embargo, que la jurisprudencia ha sido hasta ahora unánime, habiendo declarado los Tribunales que los Planes Generales no tiene naturaleza de norma básica sino de "reglamentos", de acuerdo con lo que establece el artículo 35 del vigente Código Civil.
Así las cosas, ¿cómo se propone la nueva Ley del Suelo alcanzar estos objetivos de reducir el precio del suelo y aumentar sustancialmente el suelo disponible para vivienda protegida? Se explicitan en el texto legal varias vías, de las que nos centramos en la de aumentar sustantivamente las cesiones de suelo a los ayuntamientos, y en la de establecer un porcentaje fijo obligatorio de suelo destinado a construir nuevas viviendas protegidas mucho mayor que el actual.
En primer lugar, la norma pretende aumentar las cesiones de suelo desde los niveles actuales -una horquilla entre el 0 y el 10%, en el entendimiento de que prácticamente todos los ayuntamientos están exigiendo el tope máximo- a un horquilla muy superior entre el 5 y el 20%, con el objetivo declarado de aumentar el suelo para vivienda protegida. Esta obligación encarecerá directamente el suelo para viviendas libres -que son la mayoría de las que demandan los ciudadanos-, pero también lo hará con el suelo destinado a vivienda protegida porque el promotor, si le cuesta más un suelo porque tendrá que repercutir en el total la parte cedida, aumentará el precio final del producto inmobiliario. Además es público y notorio que la inmensa mayoría de los ayuntamientos no destinan los terrenos producto de las cesiones obligatorias a la construcción de vivienda protegida, o al menos no lo hacen con una parte importante, sino que lo destinan a su posterior enajenación a precios de mercado para financiar sus gastos corrientes, al no disponer de suficiente financiación por los impuestos y las transferencias de capital públicas. Parece que la Ley se hace para ayudar a los Ayuntamientos, sobre todo a financiarse. Al no haber sanción prevista si el suelo de cesión no se dedica a vivienda protegida, no cabe esperar que la práctica de venderlo para obtener financiación desaparezca o, al menos, se atenúe.
En segundo lugar el establecimiento de un porcentaje fijo de suelo para VPO -el 25%- es una cuestión que ya hacen la mayoría de las Comunidades Autónomas. Pero mientras se ve el efecto real en el mercado de este precepto, habrá una disminución de la actividad inmobiliaria hasta ver qué pasa, cómo se comportan las administraciones concernidas y cómo reacciona el mercado. con la previsible consecuencia de una menor actividad, y por ello, de menor empleo.
Otro efecto directo de la aplicación de esta iniciativa será sin duda un aumento del precio del suelo y de la vivienda porque los urbanizadores compensarán el menor precio del suelo para VPO con un mayor precio en la vivienda libre. Como consecuencia, la clase media -que es la que en mayor medida demanda vivienda nueva porque sobrepasa, aunque sea por la mínima, las condiciones para acceder a vivienda protegida- verá mermada su capacidad de compra, como por ejemplo viene pasando en el País Vasco que, en teoría, debería ser el lugar en el que más viviendas protegidas se deberían promover, porque si el porcentaje de reserva de suelo para este fin antes ya era muy alto -el 65- actualmente es del 75%. Sin embargo, mientras en España se edifican, de media, 17,83 viviendas por cada mil habitantes, en el País Vasco se edifican 8, menos de la mitad, porque a los empresarios les disuade el alto coste de repercusión del suelo sobre la vivienda libre.
Otra cuestión a la que tendrá que atender el Gobierno ante la aplicación de la nueva Ley es a la de la posible merma -tanto para la Administración central, como para la autonómica y local- de ingresos fiscales derivados del mercado inmobiliario. Un reciente informe del BBVA señala que en 2004 estos ingresos fiscales han alcanzado los 27.000 millones de euros, el 9,5% del total de estos ingresos, equivalente al 3,2% del PIB, lo cual indica el extremo cuidado con el que se deben tratar cuantas iniciativas puedan afectar a este importante capítulo de las finanzas públicas.
CapitalMadrid.info, 29/01
Marinaleda: Donde poseer un adosado cuesta 15 euros al mes
Ana María Ortiz : "Un paso más en el camino a la utopía". Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio de una casa -220.000 euros de segunda mano- equivale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian con el problema adoptando medidas tan polémicas como la expropiación temporal de los pisos vacíos para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en Cataluña-, en Marinaleda (Sevilla) comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo.
El ayuntamiento sevillano de Marinaleda regala el terreno a quien necesita casa, concede una subvención y exige al propietario que trabaje en la obra o pague a un sustituto.
Con el brazo izquierdo completamente extendido y el dedo índice apuntado a la columna de casitas deslumbrantes por el encalado de las fachadas, el alcalde de Marinaleda parece Cristóbal Colón señalando el nuevo mundo. «Ahí están. Ésas son», dice sin mucha ceremonia Juan Manuel Sánchez Gordillo presentando su obra maestra.
Los periodistas han acudido a esta localidad sevillana de 2.650 habitantes para comprobar in situ si es cierto que sus vecinos, como si de los miembros de la aldea gala de Astérix y Obélix se trataran, poseen el secreto de la pócima mágica capaz de resolver el problema que más inquietud personal causa a los españoles: la vivienda, según el barómetro del CIS del pasado noviembre, por delante del desempleo.
Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio de una casa -220.000 euros de segunda mano- equivale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian con el problema adoptando medidas tan polémicas como la expropiación temporal de los pisos vacíos para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en Cataluña-, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo.
Es decir, que la factura mensual de los adosados que muestra a CRONICA el alcalde -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas, una clase de canto de una hora o un billete de autobús de Madrid a Salamanca sólo de ida. El mismo piso pero con la mitad de patio, en Villaverde, el barrio más barato de Madrid, costaría 435.000 euros y supondría una hipoteca de unos 2.100 euros al mes a pagar en 30 años.
«Artículo 47 de la Constitución». Sánchez Gordillo cree preciso recordar su contenido antes de desvelar el misterio de las casas a precio de saldo y lo recita de memoria sentado en su despacho del Ayuntamiento. Hay colgado un retrato del Che Guevara y preside la estancia la bandera republicana. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
En estas 60 palabras, a decir del primer edil de Marinaleda, se cimienta la política urbanística de la localidad. Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima. «El suelo para edificar es una necesidad, un derecho, y debe ser un bien común como el agua o el aire», explica su visión sobre la propiedad. Prácticamente la misma proclama enarbolada en Francia por los llamados Los Hijos de Don Quijote, un movimiento popular nacido para denunciar que un millón de franceses no tienen casa y que ha logrado arrancarle al Gobierno galo un rosario de promesas entre las que destaca el reconocimiento de que la vivienda es un derecho, como la educación o la sanidad, y la posibilidad de querellarse contra las autoridades que no faciliten un techo a quien lo precise.
El primer paso que dio Marinaleda camino de la utopía «casas para todos por 15 euros», por tanto, fue hacerse con un buen trozo del territorio municipal, bien comprándolo bien expropiándolo, y declararlo urbanizable y de titularidad pública. «Todo este terreno de aquí es del Ayuntamiento», dice Sánchez Gordillo señalando en una foto aérea de la localidad una superficie equivalente a 400.000 metros cuadrados -40 campos de fútbol- que daría para construir al menos 1.000 viviendas.
A todo hijo de vecino que necesite una casa el Consistorio le facilita el terreno para edificarla gratis. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda, así que regalándolo ya hemos reducido su precio más de la mitad», dice quien lleva el bastón de mando de Marinaleda desde las primeras elecciones municipales de la democracia (1979) y gobierna con la veneración popular que se le presupone a quien ha ganado siete citas consecutivas con las urnas siempre por mayoría absoluta. Militante del Colectivo Unidad de Trabajadores (CUT), corriente de IU, se autodefine como «de izquierdas, anticapitalista, utópico, ecologista y pacifista».
Fulminada la partida más cara, el terreno, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro -los financia la Junta de Andalucía a razón de unos 12.000 euros por vivienda- y se planteó y aprobó que fueran los propios propietarios quienes pusieran desde el primer ladrillo hasta la última teja. En Marinaleda, quien quiere una casa barata sabe que tiene que sudarla en el tajo, hacer que su padre o su hermano -no se admiten parentescos más lejanos- lo sustituya a pie de obra o contratar a un especialista -a 40 euros la peonada- que se remangue por él o ella. Los propietarios son autoconstructores.
350 CASAS EN 20 AÑOS
El día que CRONICA visita Marinaleda, un puñado de albañiles dibuja sobre la tierra las líneas que marcan los lugares donde emergerán los cimientos. Las excavaciones dejan ya vislumbrar el trazado que tendrá la próxima promoción de la factoría construcciones Marinaleda, un complejo de 20 viviendas que comienza a gestarse ahora. Desde que a mediados de los 80 se implantó la fórmula de una casa por 15 euros al mes -2.500 pesetas entonces- se han levantado 350 viviendas con estas peculiares condiciones.
Los obreros que levantan la estructura son profesionales de la construcción, albañiles contratados por el ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos. Éstos comenzarán a dar el callo unos días después. Ninguno de ellos sabrá cuál de los 20 adosados será el suyo hasta el final, un sistema que garantiza que todos trabajen con el mismo ahínco y la misma exigencia en todas las casas.
En esta ocasión, entre los futuros propietarios hay muchos solteros. Está Mari Carmen Gómez, por ejemplo, 29 años, nacida y criada en Marinaleda. La asistente social del ayuntamiento, mileurista, llevaba más de una década esperando turno para edificar su casa y salir de la de sus padres sin mucha suerte. A los desparejados se le exigen los mismos requisitos que al resto -llevar dos años empadronado en la localidad y no tener vivienda propia- pero siempre se habían quedado fuera porque se daba prioridad a los casados. «Hasta que cuatro o cinco dimos las quejas. "Oye, que tenemos una edad, que queremos independizarnos, que se nos pasa el arroz"...», dice ansiosa porque le den las llaves.
Lo que a Mari Carmen le parece una estancia excesivamente dilatada en el nido paterno por culpa de la vivienda es el mal endémico de la mayoría de los jóvenes españoles. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 32 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes.
Las contradicciones no quedan ahí. ¿Cómo se entiende que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 casas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006...- cuando es imposible que la generación de supuestos compradores, bautizada como mileruista por su escaso poder adquisitivo, pueda acceder a ellas? «Es la puta especulación», responde sin mayor diplomacia Sánchez Gordillo, «la vivienda no se compra por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30». [El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio].
CONTRA LA ESPECULACION
Marinaleda, a simple vista, parece blindada al lucro a costa del urbanismo. No sólo se despacha a las constructoras que llaman al ayuntamiento pidiendo suelo para edificar ante la enorme demanda de los ciudadanos británicos que buscan la cercanía de la costa malagueña, a sólo 100 kilómetros. «Aquí no hay suelo, suelo cero», se les responde sin más detalle.
Aunque el terreno es gratis, y los materiales, y la mano de obra y hasta proyecto, realizado por el arquitecto municipal, a la vivienda se le fija un precio final de 36.000 euros. Es la cantidad que, en teoría, debe pagar el propietario por el adosado.
A esta cifra total se le descuentan las jornadas que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Los Carmona, por ejemplo, que posan sonrientes frente a su casa haciendo tintinear las llaves que recibieron hace ahora dos años, dieron 400 peonadas. A 40 euros el día de trabajo, se libraron de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros.
Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, los Carmona no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y el adosado.
Con un salario de 1.500 euros, los Carmona, José Antonio, albañil de 34 años, y María Dolores, ama de casa de 31, padres de una niña de seis años y a punto de dar a luz al segundo, viven con un desahogo difícilmente imaginable en otro lugar. Que se lo digan a Juanjo y a Mercedes, una pareja madrileña de 38 y 35 años. Informático él, administrativa ella, los 3.000 euros que ganan entre los dos daban para pagar los 500 euros de hipoteca por un piso de 60 metros comprado en 2001 y mantenerse ellos y el niño. Pero ahora que acaban de tener gemelas y ella se ve abocada a dejar de trabajar no les queda otra que hacer las maletas en busca de alguna Marinaleda.
A Ana, 31 años, empleada por el ayuntamiento como auxiliar de ayuda a domicilio, madre soltera, 500 euros de sueldo, las cuentas ni siquiera le salen en el pueblo donde la vivienda es una ganga. No puede trabajarse su casa, ni tiene quien lo haga por ella, ni dinero para pagar a un sustituto. El alcalde la ha tranquilizado: «No te preocupes, ya veremos cómo arreglamos lo tuyo».
De su chistera siempre sale una solución adaptada a las circunstancias de cada uno. De otro modo, Jesús Díaz, 48 años, casado y padre de dos hijos, no tendría casa. Cojo de la pierna izquierda por una poliomielitis sufrida en la infancia y con 298 euros de pensión, tampoco podía trabajar ni le daba para pagar. Así que resolvió que diera sus peonadas vigilando la obra por las noches. Hoy, es el orgulloso propietario del número 52 de la barriada Pepe el Gallo. «Yo creo que aquí no valoramos lo que tenemos, cuando nos falte...», dice mostrando su casa. Sánchez Gordillo hace de guía camino de las viviendas de los autoconstructores.
- Tuerce ahí, vamos a tirar por la plaza del Che Guevara.
- ¿A la izquierda?
- Sí, claro, a la izquierda. Si estuviera a la derecha no le hubiéramos puesto ese nombre, -bromea.
Todas las calles de Marinaleda cambiaron de denominación en 1979. La calle de General Mola pasó a llamarse Boabdil; la General Sanjurjo, Federico García Lorca; la plaza de Franco, Salvador Allende... Un militante de Fuerza Nueva, ofendido, se presentó en el pueblo y pegó unos tiros. Las fachadas del pueblo están jalonadas de pintadas y carteles con proclamas como «Marinaleda en lucha por la paz», «Apaga la TV, enciende tu mente» o un «Te quiero libre» dentro del símbolo que representa a la mujer.
Para comprender el milagro de las casas a 15 euros es preciso saber de las peculiaridades de la política municipal, cuya piedra angular son las asambleas. Todos los asuntos -presupuestos, vivienda, empleo- son sometidos al veredicto del pueblo que vota a mano alzada en las 100 asambleas generales que se celebran cada año. Gran parte de la economía local gira en torno a la cooperativa popular, instalada en una finca de la localidad, donde se cultivan y envasan alcachofas, pimientos y otras verduras. La finca, en realidad, es propiedad del duque del infantado pero los de Marinaleda se hicieron con su explotación tras años de huelgas y ocupaciones.
Con todo, la renta per cápita de la localidad no llega a los 7.200 euros por persona al año y 800 de sus 2.650 habitantes cobran el PER, el subsidio para los trabajadores eventuales del campo. Es precisamente en la dependencia de los fondos públicos donde los expertos ven el punto flaco de Marinaleda y la imposibilidad de exportar su modelo urbanístico al resto de España. «La experiencia de estos sitios hay que mirarlas con mucha cautela. Normalmente son sociedades que sobreviven de modo artificial gracias a las subvenciones. Su bienestar es ficticio», explica Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. «En realidad es el propietario original del suelo, a quien le fue expropiado por un valor inferior al de mercado, el que está subvencionando la adquisición de vivienda del resto».
«El modelo no se exporta porque no hay voluntad política, no interesa», responde el alcalde.
El Mundo
Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción
ALEJANDRO NIETO, catedrático UCM : "Me remito a los hechos y a las consecuencias. La corrupción existe prácticamente en todos los municipios de España, y es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo.
Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua.
Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
Lucía S. NAVEROS - La Nueva España, 27/01
Don Quijote busca piso
J.C.ESCUDIER : "La propuesta de establecer un canon para las viviendas vacías no es perfecta. Más efectivo sería lo contrario: elevar significativamente el impuesto sobre bienes inmuebles y establecer las deducciones correspondientes a quienes acrediten su uso como primera o segunda vivienda o exhiban un contrato de alquiler.
La vivienda es un derecho que en Francia, tras la protesta de los llamados ‘hijos de Don Quijote’ a favor de los ‘sin techo’, podrá ser exigido ante los tribunales. En España, es el ingenioso hidalgo el que busca piso barato o en alquiler.
Como los españoles somos de natural risueños, ha causado hilaridad la propuesta del Gobierno vasco de establecer un canon de nueve euros diarios a los pisos vacíos que no se pongan en alquiler, una fórmula que trata de atenuar las necesidades de vivienda de una parte importante de la población. La idea ha prendido en el Ejecutivo catalán, que ha avanzado que estudiará hacerla suya, y ha sido contemplada con interés desde Galicia, lugares en los que, según parece, abunda menos el sentido del humor. Está claro que no vivimos en la Francia de finales del XVIII, cuando, triunfante la Revolución, se cortaba la cabeza a los acaparadores; tampoco nos parecemos al México actual, cuyo gobierno se propone meter en la cárcel a quienes, acumulando maíz, han provocado la subida de los precios y una grave crisis alimentaria. Aquí a los especuladores de suelo y a los acaparadores de viviendas les llamamos promotores e inversores. De risa, ¿verdad?
En un país en el que entre un 20 y un 25% de la población ha sido excluida del mercado por los precios abusivos, la iniciativa merecería alguna reflexión, antes de ser arrojada al foso de los leones por quienes defienden las bondades de un mercado libre, que si de algo carece es de libertad, y que entonan sin desmayo la vieja cantinela de que el intervencionismo es nefasto, salvo si hablamos de subvenciones a fondo perdido o de sacar las castañas del fuego a nuestros probos emprendedores. Lo público ni verlo, salvo si se trata de dinero.
La primera pregunta que deberíamos plantearnos es por qué uno de los parques de viviendas más grande de Europa –con cifras de 2001 tocamos a más de una por cada dos españoles- tiene un tercio del mismo inutilizado, de manera que sólo el 70% de las viviendas está destinado a residencia habitual. Los datos, contenidos en un estudio de la arquitecta e investigadora Raquel Rodríguez Alonso, son elocuentes: en 2001 -fecha del último censo sobre población y viviendas del INE, que se realiza cada 10 años- el 16% de las viviendas eran segunda residencia y un 14% estaban vacías. Este último porcentaje era en Holanda del 2,3% (en 1999), en Suecia del 3,3% (1998), en Reino Unido del 3,4% (1999), en Alemania, del 3,6% (1998) y en Francia, del 6,9% (1999).
Sobran viviendas, pero ello no ha impedido que el ritmo de construcción haya sido frenético, superior incluso al del baby boom de los años 60, y todo ello mientras el crecimiento demográfico se estancaba. Simultáneamente, la salvaje especulación del suelo ha engordado la burbuja inmobiliaria hasta expulsar del mercado a jóvenes y familias con menos recursos, que vieron como se extinguía prácticamente la construcción de viviendas sociales. A diferencia de Francia, Holanda o Alemania, tampoco ha sido posible recurrir a un parque público de viviendas de alquiler, que hubiera contenido los precios.
Del trabajo de Rodríguez Alonso se concluye que el 10% de las viviendas construidas a partir de los años 80 nunca han llegado a ocuparse. En 2004, de los tres millones de pisos vacíos, casi 1,9 millones estaban en perfecto estado y más de 200.000 hubieran podido estarlo una vez rehabilitados. En conjunto, considerando que hay 2,7 moradores por hogar de media, hubieran podido albergar a más de cinco millones de personas.
Han sido muchos los factores que han provocado que el problema de la vivienda en España sea “el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo”, según pudo constatar el relator especial de la ONU, Miloon Kothari. El primero de ellos, una brutal especulación del suelo, favorecida por el calamitoso estado de cuentas de los Ayuntamientos, los patitos feos de la Administración. El guiso, salpimentado con generosas pizcas de corrupción, ha estado a fuego lento durante años, porque se entendía que la construcción daba de comer a mucha gente –y a muchos partidos- y que era del todo inconveniente poner palos en las ruedas del considerado motor de la economía nacional.
Con independencia de que la cultura de la vivienda en España pase por la propiedad, a nadie le interesó nunca fomentar el alquiler. Cada compraventa representa un pellizco para la Hacienda Pública, cada vivienda nueva genera un impuesto para las arcas municipales, cada recalificación enriquece a un concejal, a un promotor, a un constructor. ¿Qué beneficio tiene para todos ellos el humilde arrendamiento?
La situación actual es paradójica. Pese a su abundancia objetiva, la vivienda constituye un bien inalcanzable para un quinta parte de la población, a la que, por otra parte, se le reconoce un derecho constitucional a su disfrute. En el otro platillo de la balanza y por diversas circunstancias, algunas puramente especulativas, decenas de miles de particulares ostentan la propiedad de varios inmuebles. Parece lógico que los poderes públicos procuren que estas viviendas engrosen el parque de alquiler, ya sea con incentivos a los propietarios o con recargos impositivos, o sean puestas a la venta, lo que redundaría en un descenso de los precios. Si en época de carestía de combustible alguien se dedicara a acapararlo amparándose en su legítimo derecho a la propiedad privada, ¿se le permitiría continuar con esta práctica o se le impediría?
Justificar la escasa oferta de vivienda en alquiler en la inseguridad jurídica de los propietarios tiene cada vez menos sentido. Las agencias públicas de alquiler –de la de Madrid se siente muy orgullosa una liberal como Esperanza Aguirre- ofrecen garantías suficientes, incluidos seguros para atender posibles desperfectos y desahucios.
Dicho esto, es verdad que definir lo que es una vivienda vacía encierra dificultades. Según el INE son aquellas no usadas ni como vivienda principal ni como secundaria (vacaciones, fines de semana) y que no están en ruina. A ellas, la encuesta de 2001 añade otras que no pueden ser englobadas en las categorías anteriores. En la búsqueda de definición, se debería comenzar por las obviedades. Un ejemplo: un propietario de tres viviendas en un mismo municipio que no ha colocado ninguna en alquiler tiene forzosamente alguna de ellas vacía.
La propuesta de establecer un canon para las viviendas vacías no es perfecta. Más efectivo sería lo contrario: elevar significativamente el impuesto sobre bienes inmuebles y establecer las deducciones correspondientes a quienes acrediten su uso como primera o segunda vivienda o exhiban un contrato de alquiler. La vivienda es un derecho que en Francia, tras la protesta de los llamados ‘hijos de Don Quijote’ a favor de los ‘sin techo’, podrá ser exigido ante los tribunales. En España, es el ingenioso hidalgo el que busca piso barato o en alquiler.
ELCONFIDENCIAL.COM -Sábado, 27 de enero de 2007
escudier@elconfidencial.com
Un informe internacional sitúa a los ayuntamientos a la cabeza de la corrupción
ELCONFIDENCIAL : "La corrupción urbanística saca a la luz la ética de las relaciones entre la clase política y el poder económico. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema del Estado español desde el punto de vista de la corrupción.
El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que "el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno", sobre todo "en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades". La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en "la calificación del suelo urbano", lo que ha provocado que el español sea el Estado de la OCDE "donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años".
Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad "se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas".
En concreto, se citan nueve formas de operar:
1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.
2. La modificación de los planes es frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en Mallorca, los distintos municipios han modificado en 227 ocasiones sus planes urbanísticos.
3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.
4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.
5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.
6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.
7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.
8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.
9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias, siendo el caso de Marbella el más famoso.
Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en el Estado español, como en otros europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, "será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas". El informe recuerda el escándalo que se generó en Cataluña después de que el presidente Maragall revelara la existencia de comisiones del 3% en los gobiernos de CiU.
La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: "El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora", concluye el documento.
El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
La especulación inmobiliaria podría acabar con el turismo en España
MEJORHIPOTECA : "La compra de pisos en España por parte de ciudadanos extranjeros, sobre todo en las zonas costeras, se está frenando a pesar de la desaceleración producida en el crecimiento del precio de la vivienda en España durante los últimos meses.
Hoy amanecemos con una noticia que afirma que la inversión extranjera en vivienda en España alcanzó los 3.555 millones de euros en los primeros nueve meses del año 2006, suponiendo un descenso del 14,3% respecto al mismo periodo del año anterior, continuando con la tendencia de desaceleración iniciada en 2005.
España es un país que, históricamente, vive del turismo. Al menos, eso es lo que nos enseñaban en los colegios. Uno de los perfiles de turista más característicos en los últimos años es el del extranjero que adquiere una vivienda para pasar largas temporadas en nuestro país.
La compra de pisos en España por parte de ciudadanos extranjeros, sobre todo en las zonas costeras, se está frenando a pesar de la desaceleración producida en el crecimiento del precio de la vivienda en España durante los últimos meses.
Según algunos analistas, una de las principales razones de esta desaceleración se encuentra en el castigo fiscal que reciben los extranjeros por parte de las comunidades autónomas cada vez que deciden afianzar su destino turístico en tierras españolas.
Estos analistas afirman que ese castigo es el polémico Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recaudado por las haciendas territoriales y que suma ya tantas críticas (España es uno de los tan sólo cinco países que cobran este gravamen en la UE) como ingresos para las autonomías (1.397 millones de euros anuales).
En nuestra opinión, este impuesto es solo uno más de los elementos que encarecen el precio de la vivienda. Más bien creemos que los precios están resultando excesivos hasta para los extranjeros que, viniendo de otros países de la Unión Europea, cuentan con rentas mucho más altas que las nuestras.
Muchos de los extranjeros que adquieren una vivienda en España cubren el perfil de jubilados que buscan un mejor clima para su retiro, sin importarles la barrera idiomática que puedan encontrar. Pero no hay que olvidar que España no es el único país que cuenta con zonas que disfrutan de un buen clima durante gran parte del año. Y a un inglés o un alemán, una vez que se sube al avión, no le importa tanto el destino como su economía doméstica, siempre que sea bien recibido allá donde vaya.
Comentarios ↓
Puski || 27 Dic 2006 a las 18:13
Una de las causas principales en el encarecimiento de la vivienda ha sido que los precios españoles no dependen sólo de la demanda local porque cualquier persona de la unión europea puede competir por comprar un piso. Eso hace que un jubilado alemán o finlandés (por poner ejemplos) tengan más posiblidades que un joven trabajador local. A esto se añade la compra meramente especulativa de viviendas tanto por inmobiliarias españolas como por extanjeras. Cuanto más ha subido la vivienda en los últimos años más interés ha habido por invertir en inmuebles. También habría que ver entre los compradores extranjeros cuál es la proporción de jubilados con respecto al total. Por otra parte no creo que un turista que se compra el piso deje tanto dinero como uno de alquiler o de hotel. Lo que sí puede acabar con el turismo es la destrucción del paisaje y el encarecimiento de los servicios. Según Francisco Puche (en “El agua en Málaga”, Biblioteca verde http://www.airon60.com/target_elaguaenmalaga.htm) en la provincia de Málaga el gasto en infraestructuras para poder acoger el turismo es mayor que el ingreso que este produce.
mejorhipoteca.com - 27 Diciembre 2006
Hay que penalizar el uso antisocial de la vivienda en España
HOYINVERSIÓN : "Tener una vivienda en propiedad en España es una 'misión imposible' para una amplia mayoría de la población, sobre todo el segmento joven, debido a los altos precios de venta de los inmuebles. Por eso, el alquiler se perfila hoy por hoy como una alternativa casi obligada para tener acceso a una vivienda digna. Con el objetivo de incentivar el mercado de alquiler, comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña se han puesto manos a la obra. En concreto, la Generalitat ha anunciado su intención de aplicar una tasa especial a las viviendas desocupadas para combatir la especulación y sacar al mercado cientos de miles de casas que permanecen vacías.
En la capital catalana, la Asamblea Popular por el Derecho a la Vivienda lleva tiempo luchando para defender el cumplimiendo del Artículo 47 de la Constitución española, que reza: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Ignacio Rubio, uno de sus miembros, asegura que el compromiso de la Asamblea con el problema de la vivienda pasa por “movilizar a la gente para generar debate en la opinión pública y que la vivienda trascienda como una de las mayores preocupaciones de la población”. Además, tratan de que los políticos tomen conciencia de la situación e impongan medidas.
¿Qué opinión les merece la fórmula que estudia la Generalitat de gravar con un canon de nueve euros diarios los pisos vacíos?
Estamos de acuerdo con penalizar el uso antisocial de la vivienda en España, pero debe ser una penalización progresiva y proporcional. No es lo mismo castigar a un pequeño propietario que a grandes propietarios, como grupos inmobiliarios o bancos y cajas dueños de edificios.
¿Dónde estaría el límite a la hora de expropiar una vivienda desocupada?
Lo primero sería buscar una definición de lo que es un piso vacío. La Generalitat, por su parte, le cuelga este cartel a aquellos pisos que lleven más de dos años desocupados. A partir de ahí, existe un trámite de otros dos años hasta imponer el alquiler forzoso de la vivienda. Nosotros consideramos que todo el proceso se dilata en el tiempo de forma excesiva, por lo que pedimos resultados en menos tiempo.
¿Cómo es posible saber con certeza cuándo una vivienda está inhabitada?
Existen algunas evidencias, como los consumos de luz, agua y gas demasiado bajos; que el propietario declare una dirección diferente para su DNI, etc. En el País Vasco se mandan inspectores a las viviendas sospechosas de estar desocupadas y se pregunta a los vecinos por si pueden aportar alguna información.
¿Consideran suficiente esta medida para frenar la especulación inmobiliaria?
Se trata de una medida más dentro de un gran paquete de medidas que serían necesarias. Creemos que en España hay que caminar hacia un alquiler forzoso de las viviendas desocupadas teniendo siempre en cuenta todas las garantías para los propietarios. Pero además habría que poner sobre la mesa otra clase de exigencias.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, y en relación con los precios del alquiler, la Asamblea propone una regulación que permita marcar unos precios en función de los sueldos de los ciudadanos, de sus posibilidades reales. Entendemos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podría servir como referencia. Está claro que si una persona cobra unos 600 euros mensuales no puede pagar más de 300 euros de alquiler.
Por otro lado, sería también conveniente limitar los préstamos hipotecarios para controlar el elevado endeudamiento de las familias y prohibir los periodos de amortización superiores a 30 años. Asimismo, hay que potenciar el mercado de alquiler en España, que en estos momentos representa un 10% del total cuando la media europea se sitúa en el 30 y 40%.
Miriam Calavia Rogel /HoyInversión 23/01
Carta al Presidente del Gobierno contra el urbanismo salvaje
LA COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO DENUNCIA EL ALEGATO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FAVOR DEL URBANISMO SALVAJE Y LA INCOHERENCIA DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. LE EXIGE UNA EXPLICACIÓN Y UN COMPROMISO PARA ACABAR CON EL URBANISMO SALVAJE Y LA CORRUPCIÓN.
Desde los más de 600 colectivos ciudadanos y ecologistas de la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio denunciamos la incoherencia de la política del gobierno en materia de urbanismo a la luz de las declaraciones realizadas por el presidente del gobierno en la extensa entrevista cuya segunda parte se publicaba en el diario El Pais de 15 de enero de 2007.
Recientemente el gobierno ha dado, por primera vez en la historia de la democracia española, signos de querer atajar el cáncer de la especulación y la corrupción urbanística, como son el reconocimiento de que existe un grave problema de corrupción, de destrucción territorial y de dificultad de acceso a la vivienda, aspectos todos directamente relacionados con la especulación urbanística, o el urbanismo salvaje, como se lo ha venido a llamar en los medios de comunicación.
Si bién estos signos han sembrado ciertas dudas entre los colectivos aquí representados, por ser manifiestamente insuficientes, eran cuando menos el primer paso de reconcimiento de un problema que consideramos debería ser el primero, por su gravedad y múltiples implicaciones, en la agenda política del Estado Español: la especulación urbanística es el problema más grave del estado español.
Sin embargo en la mencionada entrevista con el presidente del gobierno parece ir en dirección radicalmente contraria a la línea de moderación del crecimiento que creíamos implícita en la creciente lucha contra la corrupción y la especulación inmobiliaria, pues en ella el presidente dice claramente que España va a "seguir creciendo en construcción" en lo que parece ser un alegato ultraliberal en favor del boom inmobiliario más propio por otro lado de la derecha y del Partido Popular, que tradicionalmente defiende la especulación descarnada.
El presidente pone como desalentador ejemplo a EEUU, como pais siempre en crecimiento y en crecimiento de la vivienda. Para empezar la burbuja inmobiliaria española es mucho mas fuerte porcentualmente que la estadounidense, si la medimos en términos de población. En España se construyen la mitad de viviendas por año que en EEUU, pero EEUU tiene una población ocho veces mayor, por lo que esto significa que aquí construimos cuatro veces más que en EEUU, proporcionalmente. Por otro lado nos preocupa el significado que pueda tener que el Sr. Zapatero vea de pronto en EEUU un ejemplo a seguir en otros aspectos de la política, como ya hicieran anterioes gobiernos de España, con la deriva que ello supondría.
El presidente asegura que el precio de la vivienda se está moderando, algo radicalmente falso y contrario a la realidad, pues aunque se produzcan altibajos en el ritmo de subida del precio de la vivienda, este no deja de subir galopantemente, ni dejará de hacerlo mientras se prolongue el boom inmobiliario, aspecto este en el que están de acuerdo lo principales expertos en economía y los precios de la vivienda en españa siguen estando muy lejos de la moderación.
El presidente excusa la necesidad de seguir creciendo en la construcción en el crecimiento demográfico, la inmigración y la creación de empleo, argumentos todos que podemos tachar sin duda de demagógicos, y que son los mismos que utilizan personajes como el Pocero para venderle al pueblo las barbaries urbanísticas, los atentados contra el territorio y contra el interés general, como si fueran la fuente necesaria y única del desarrollo. Parece olvidar el Sr. presidente que hay más de 3 millones de viviendas vacías en nuestro pais, y que una de las demandas más importantes que escudan el urbanismo salvaje es de carácter puramente especulativo.
Nos inquieta pensar a qué llama el presidente del gobierno a "seguir creciendo en la construcción": en efecto el sector crece cada año más en España. Si en 2005 se construyó la desorbitada suma de 800.000 viviendas, en 2006 se ha llegado a 900.000. Esta tasa de crecimiento está reconocida por todos los expertos (excepto algunos consultores de la promotoras inmobiliarias) como un disparate, paradigma de insostenibilidad que amenaza nuestro territorio tanto como precariza a la ciudadanía. Si seguimos a este ritmo de crecimiento pronto superaremos el millón de viviendas nuevas al año, lo que supondría duplicar los 20.000.000 de viviendas que hay actualmente en España en un plazo de 20 años. Esto representaría sin duda el mayor expolio medioambiental, cultural y social de la historia europea y acaso mundial.
¿Pretende acaso el Sr. Presidente defender abiertamente que se crezca aún más que ahora? ¿Como pretende el Sr. Presidente frenar la corrupción urbanística si crece la especulación y la construcción? ¿Como pretende el Sr. Presidente que nos creamos que la vivienda va a ser mas accesible si no se frena de inmediato la espiral especulativa? ¿Como va a frenar españa las emisiones contaminantes y ajustarse al protocolo de Kioto si se duplica la demanda del consumo de energía en 20 años, como actualmente predice el ritmo de desarrollo?
A estas alturas los ciudadanos no nos creemos tan fácilmente la mentira del desarrollismo salvaje, un desarrollismo que beneficia solo intereses privados y de los partidos políticos, que se financian a través de la construcción. Acaso en realidad ustedes no quieran poner freno alguno al problema, acaso teníamos razón quienes pensábamos que los tibios amagos del gobierno en reconocer el problema no eran sino una maniobra electoralista para ganarse ciertos sectores del voto.
Acaso no nos sorprenden sus declaraciones, pero no por eso dejan de ser inaceptables en el líder de un gobierno que se pretende de izquierdas, o aun de centro y que venía enarbolando un discurso en el que por fin, y ya era hora, se hablaba de poner freno al problema.
Sr. Zapatero, como bien sabe la corrupción urbanística es inseparable de la especulación, y esta del desarrollismo salvaje que ested parece defender.
Nostros exigimos moratoria inmediata en las recalificaciones y freno paulatino en la construcción, hasta que de aquí a dos años, no más, se halla implantado una alternativa económica para España. El más tibio de los discursos coherentes con el artículo 47 de nuestra Constitución debería, como mínimo, hablar de frenar el ritmo de crecimiento del sector de la construcción. Usted habla de que crezca más todavía.
La economía de España no puede basarse en la destrucción del territorio, del patrimonio y en la precarización de la ciudadanía. Es su responsabilidad elaborar un plan global de alternativa económica para el pais, de forma que el empleo y la economía dejen de estar dependiendo peligrosamente de la burbuja inmobiliaria.
Cada vez son más las voces que proclaman la barbarie de lo que en España está sucediendo. Del presidente del gobierno exigimos una integridad en el respeto de los intereses ciudadanos. No puede ser, y no toleraremos, que tras cuatro décadas de destrucción del territorio, corrupción y precarización de la ciudadanía el gobierno enarbole aún un discurso desarrollista que trata de vender el urbanismo salvaje como la solución económica para el pais. Si consideran que los ciudadanos vamos a permanecer callados ante esta barbaridad, se equivoca, Sr. Presidente.
Gobierne quien gobierne, el territorio no se vende. Exigimos un freno tajante e inmediato al crecimiento urbanístico, que es sinónimo de destrucción territorial, inaccesibilidad de la vivienda y corrupción. La corrupción es la mayor amenaza para las democracias. ¿Hasta donde pretenden ustedes llegar con la corrupción y la especulación urbanística?
Jaime del Val
Portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio es una federación estatal integrada por más de 600 colectivos de todo el Estado Español.
www.nosevende.org
Por fin, la España verdadera
MARIO FERRER : "Entre incendiarios profetas de la balcanización de España y fraudulentos creadores de identidades excluyentes, este país vivía hace un año una especie de trance paranoico a cuenta del estatuto de Cataluña. La España del siglo XXI volvió a sus viejos fantasmas. Los prohombres encargados de guarecer a la Madre Patria vivían obsesionados por un debate abstracto e inútil, mientras la auténtica realidad española, la de un país devorado por un grosero sistema de corrupción urbanística, estaba al margen de los titulares. Nadie hablaba de lo que todos sabían.
Al contrario, la opinión pública se afanaba en discutir sobre entelequias tan absurdas como las nacionalidades históricas, las reivindicaciones identitarias, la unidad de España, las dos Españas... Desde un lado u otro, políticos y opinólogos se lanzaban fanatizados a autoproclamarse grandes salvadores de la patria (la que ellos entendían suya claro). Curiosamente, hoy ya sabemos que entre tanta divergencia sí había un punto en común: hacer negocio con el primer valor de la patria, el del territorio.
Después de innumerables e inservibles chácharas nacionalistas y encendidos elogios sobre las maravillas del autogobierno se empieza a ver que la corrupción se mueve mucho mejor en el ámbito local. El soborno funciona a la perfección en las distancias cortas.
Todos los partidos están implicados en menor o mayor medida y los que no lo están seguramente sea porque no han tocado poder o porque todavía no les han destapado sus miserias. Pero no todos son iguales, habrá que recordar quien diseñó determinadas leyes o quien activó ciertas fiscalías que antes estaban paradas. Los medios de comunicación tampoco son todos iguales; no hace falta mucho para darse cuenta de cuáles juegan a las teorías conspirativas y cuáles mantienen las mínimas medidas deontológicas de la profesión.
La administración de justicia tal vez se la peor parada por su manifiesta inutilidad para actuar con más eficacia y prontitud. Sea por falta de recursos, por mala planificación de las autoridades políticas o por errores propios, el caso es que el sistema no funciona como debería.
El panorama financiero tampoco se salva: un país endeudado hasta las cejas en gran medida por los precios de las viviendas y una economía que pasa del I+D para dedicarse al beneficio rápido del imperio ladrillo.
Pero lo peor ha sido, con diferencia, la aceptación generalizada de la perversión democrática que implica el juego de la corrupción urbanística. Mucho me temo que la mayoría de la población, de los políticos, de los empresarios y de los encargados de aplicar las leyes habían asumido hace tiempo que la situación era ésa y la especulación era asumida como algo inevitable.
Corrupción política, nula efectividad judicial, frágil resultado económico, apatía social... Al menos ahora ya empezamos a hablar de ello. Por fin, la España verdadera.
Martes, 23 de enero de 2007
Diario de Lanzarote
Detenido por corrupción urbanística el alcalde de Mogán
Detenidos por corrupción el alcalde popular de la localidad turística grancanaria de Mogán y otras cuatro personas. Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan a esos cuatro detenidos, a los que se espera se sume una quinta persona en las próximas horas, aún sin arrestar, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El número de detenidos del Ayuntamiento grancanario de Mogán se eleva ya a cinco, al ser arrestados junto al alcalde, el popular Francisco González, la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García, y dos empleados, ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Así mismo ha sido detenido el funcionario municipal jubilado Marcelino Martín Artiles, quien fue Jefe de la Oficina de Urbanismo.
Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan a esos cuatro detenidos, a los que se espera se sume una quinta persona en las próximas horas, aún sin arrestar, según un comunicado del TSJC.
En él se detalla que, junto al alcalde y a Onalia Bueno, han sido detenidos también, por el momento, el secretario del Ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta; y Manuel de León Toledo, colaborador de la primera teniente de alcalde.
Ángel Sutil se encuentra bajo custodia policial en su oficina del Ayuntamiento, mientras que los restantes detenidos permanecen por el momento en sus respectivos domicilios.
Registros
En todos ellos, así como en distintas dependencias municipales, se han comenzado a efectuar, entre tanto, diversos registros ordenados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de San Bartolomé de Tirajana, responsable, según detalla el TSJC, de la operación.
Ésta se puso en marcha, al parecer, ante presuntas irregularidades que se habrían cometido en relación con operaciones urbanísticas en el referido municipio turístico, señalaron fuentes próximas al caso, si bien el TSJC no aclara este aspecto, al subrayar que el juez responsable del caso ha decretado el secreto del sumario sobre las actuaciones.
Por ello, precisa sólo que, "con carácter general, a los detenidos se les imputan varios delitos contra la administración pública, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias".
El comunicado anticipa, en cualquier caso, que, "a la hora de redactar esta nota de prensa, falta practicar una detención, de la que se informará en su momento".
Los detenidos pasarán a disposición judicial entre el jueves y viernes a primera hora de la mañana.
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid / Las Palmas - 23/01/2007
Panta rei - Urbanismo
JOSÉ MARZO : "Sólo ahora estamos descubriendo las cualidades creativas del urbanismo. Por primera vez en la historia, con la democracia, el urbanismo se ha convertido en una práctica sometida a debate público. En su diseño están implicados directamente políticos, constructores y arquitectos, pero somos los ciudadanos los que con nuestras sugerencias y críticas, primero, y nuestro uso, después, le conferimos sentido. Uno intuye que los actores de este gran arte de construir una ciudad, habitarla, vivirla, e ir cambiándola para adaptarla a las exigencias de cada época, no serán condescendientes con quienes tan sólo lo consideran una oportunidad para su particularismo.
El urbanismo bien podría ser considerado un arte. Casi todas las ciudades tienen un perfil hermoso que ofrecer a la vista. Es la playa de La Concha de San Sebastián, con sus futbolistas persiguiendo la pelota por el lenguarón de arena; las torres de Salamanca, que Unamuno mencionaba en unos versos escritos en tardes sin cátedra; la línea colorida y hormigueante de las Ramblas de Barcelona, sus plazuelas agazapadas en el barrio gótico. Cuadros vivos y cambiantes, que exigen del visitante un esfuerzo o un paseo, y que a veces imponen un calendario. Toledo hay que verlo desde El Cigarral en los atardeceres de primavera, cuando el sol enciende las casas agarradas a la roca cortada por el Tajo. A otras ciudades la noche les sienta bien: las noches de verano el tráfico de Madrid se calma, relucen los adoquines de la Plaza Mayor, y las aceras del centro bullen de terrazas.
Es un arte colectivo e histórico. Cada generación ha ido heredando de las precedentes sus logros y sus errores, que no siempre ha sabido valorar ni corregir. Colgado de la bahía milenaria de Cartagena, ahora un teatro romano apenas si se atreve a mostrar de nuevo sus restos expoliados. Casi nada de Iberia en Cádiz, pero la imaginación cubre la laguna de la civilización perdida de Tartessos. También hay, en las periferias de las metrópolis, nuevas ciudades que padecen el legado de viejos pueblos agrícolas: las aceras, a un lado de los antiguos caminos de carros entre solares de casas con corral y granero, son tan estrechas que apenas si cumplen la función de guardabarros de las fachadas. He visto a mujeres con carrito subirse a las aceras y bajarse de ellas alternativamente, sorteando peldaños, armarios de la luz o del gas, incluso postes telefónicos.
El urbanismo permite o inhibe la creatividad de los habitantes de una ciudad. Con la modernidad, la ciencia del urbanismo conquistó la higiene, la salubridad, la eficiencia, es decir, los barrios ventilados, las alcantarillas, las calles en cuadrícula de la Lisboa reconstruida tras el terremoto de 1755. A mediados del siglo XIX, el barón de Hausman, bajo las órdenes del autócrata Napoléon III, despejó el centro de París y promovió la creación de grandes avenidas donde los revolucionarios republicanos no pudieran instalar sus barricadas. Los monárquicos no podían prever que más de un siglo después esos mismos bulevares acogerían la marea de manifestantes en las grandes ocasiones de la contestación.
La portuaria y obrera Vigo está emergiendo en la orilla sur de su ría, sacudiéndose un pasado de fábrica salpicada de viviendas baratas. Se está apropiando de su costa, convirtiéndola en un espacio de convivencia. Hay nuevas calles peatonales en los barrios viejos. Para refrescar la memoria de los nostálgicos del capitalismo franquista, aún quedará durante años el edificio de veintiún pisos clavado en la isla de Toralla, testimonio de esa mezcla de negligencia y corruptela escudada en la defensa de la "raza" y la "verdadera religión".
Sólo ahora estamos descubriendo las cualidades creativas del urbanismo. Por primera vez en la historia, con la democracia, el urbanismo se ha convertido en una práctica sometida a debate público. En su diseño están implicados directamente políticos, constructores y arquitectos, pero somos los ciudadanos los que con nuestras sugerencias y críticas, primero, y nuestro uso, después, le conferimos sentido. Uno intuye que los actores de este gran arte de construir una ciudad, habitarla, vivirla, e ir cambiándola para adaptarla a las exigencias de cada época, no serán condescendientes con quienes tan sólo lo consideran una oportunidad para su particularismo. Desde esta perspectiva, desde un paseo por las Ramblas y una tarde en El Cigarral, uno quiere pensar que la ciudad no soportará mucho tiempo la carga financiera de esa plusvalía generada por la especulación y que para imponerse degrada un poco más a algunos políticos corruptos y a las instituciones que representan.
El urbanismo puede ser un arte político que contribuya al desarrollo de una ciudadanía creadora. No sólo en la intimidad de las casas o en el trabajo, también en los espacios urbanos se despliega el arte de convivir. Aceras por las que pasear y en las que pintar o hacer música, polideportivos en los que ejercitar el cuerpo y bibliotecas en las que acceder a la cultura, jardines en los que enamorarse, plazas en las que jugar, reunirse y dialogar. Espacios en los que la democracia se va constituyendo y crece.
lafabulaciencia.com
Palo y zanahoria para impulsar el alquiler en Europa
MANUEL V. GÓMEZ : "Más de tres millones de viviendas vacías en toda España. Pero el precio de los inmuebles crece, en 2006, un 9,1%. Quienes tienen problemas para encontrar un piso darían con su solución en el alquiler de una de estas casas desocupadas; en cambio, el arrendamiento llegaba a los dos millones en 2005, el 12% de las viviendas, según el Gobierno. Un dato que diferencia a España de muchos de sus socios europeos; en Alemania se supera el 50%.
La Generalitat catalana, en su proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, contempla la posibilidad de forzar el alquiler de las viviendas vacías, un concepto definido como el que "permanece desocupado durante un plazo superior a dos años, sin causa justificada". Mientras, el Gobierno vasco pretende imponer un canon de nueve euros al día a los pisos vacíos.
El Gobierno de Zapatero ha intentado dar un empujón al alquiler. Arrancó la legislatura creando el Ministerio de la Vivienda. Poco después, la Sociedad Pública de Alquiler. La nueva ley del IRPF recoge una deducción para los ingresos procedentes del alquiler de las casas de un 50%, llegando al 100% si los inquilinos tienen entre 18 y 35 años. Por el contrario, la declaración de renta de los propietarios de segundas residencias contará como ingresos entre un 1,1% y un 2% del valor catastral de estas casas.
Un camino distinto, pero con igual fin, al esbozado por el PP en 2002, con una ley que permite aplicar una recarga del 50% sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de los pisos desocupados. Una vía que quiso aprovechar el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en 2003, pero de la que tuvo que desistir por la oposición de su partido a subir el IBI y la falta de un reglamento que defina lo que es una vivienda vacía. La Generalitat catalana, en su proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, contempla la posibilidad de forzar el alquiler de las viviendas vacías, un concepto definido como el que "permanece desocupado durante un plazo superior a dos años, sin causa justificada". Mientras, el Gobierno vasco pretende imponer un canon de nueve euros al día a los pisos vacíos.
En Europa la situación oscila entre la política mixta británica y la pasividad italiana.
- Alemania. La falta de oportunidades en la extinta República Democrática Alemana provocó que, al caer el muro de Berlín, gran parte de la población se trasladara al oeste del país. Gran cantidad de viviendas han quedado sin inquilinos. Por eso, nadie habla ahora de aumentar los impuestos a las viviendas vacías, sino, si acaso, de reducirlos. La sobreoferta de pisos en alquiler ha provocado que los precios estén muy bajos.
Muchas cooperativas y sociedades propietarias optan por sacar pisos del mercado e incluso demoler edificios enteros. Una cooperativa de la ciudad de Stendal (Sajonia-Anhalt) intentó en 2001 hacer valer ante los tribunales su supuesto derecho a una exención del IBI alegando que, como muchos de sus pisos permanecían vacíos, sus ingresos por los alquileres se habían reducido, mientras que los costes del IBI se mantenían. El Tribunal Federal Administrativo se lo negó.
- Reino Unido. Este país prefiere convencer a propietarios de casas vacías de que las pongan en el mercado en lugar de penalizarlos. Pero el legislador se ha guardado un buen palo por si la zanahoria no basta: desde 2004, las autoridades locales pueden forzar la salida al mercado de las más de 600.000 viviendas abandonadas.
La ley no permite requisar esas viviendas, pero los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o la venta de cualquier casa que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Las autoridades pueden reformarla con fondos públicos si está en mal estado y luego cobrarse los gastos alquilándola o vendiéndola.
Los impuestos locales disminuyen si una vivienda está vacía. Esto se debe a que las tasas no gravan la tenencia de vivienda sino el disfrute de los servicios municipales. Por eso, si no vive nadie, se pagan menos impuestos.
- Francia. Ninguna ley penaliza el tener propiedades inutilizadas, aunque algunas fuerzas sugieren castigar a los propietarios, mientras otros aconsejan liberar de cargas fiscales por un tiempo a quien vuelve a poner en el mercado un bien inmobiliario que había permanecido apartado de él. La vivienda de propiedad no es tan habitual como en España, entre otras razones porque la política de vivienda social con alquileres moderados ha hecho que actualmente 11 millones de franceses vivan en HLM (Habitation loyer moderé).
- Italia. Un país de propietarios: más del 80% de las familias son dueñas de la vivienda que habitan. Existe, como en el resto de Europa, un problema con el mercado de los alquileres (3,2 millones de viviendas), pero con peculiaridades. La liberalización de los alquileres y la venta de viviendas de propiedad pública, emprendida por el Gobierno de Silvio Berlusconi, provocó una crisis de desalojos: a principios de 2006, los juzgados italianos tenían abiertos unos 600.000 procesos de desahucio.
El actual Gobierno contempla medidas fiscales para el alquiler, pero hasta ahora no hay medidas concretas. La adjudicación de pisos protegidos en alquiler genera dificultades, ya que el colectivo más afectado es el de los inmigrantes. Las familias extranjeras son las más beneficiadas en el reparto y eso excita pulsiones xenófobas.
- Holanda. Más de un tercio de las viviendas de alquiler está en manos de unas asociaciones financiadas en origen por el Gobierno, ahora autosuficientes, que proporcionan acomodo a precios razonables. En el sector privado, con inmuebles anteriores a 1940, hay alquileres baratos (aunque suelen estar en malas condiciones).
El Gobierno permite el aumento anual de los alquileres y fija un tope para los mismos. Según el Ministerio de la Vivienda, en el año 2000, un 3,8%. Esta barrera no se aplica en alquileres superiores a 541,36 euros al mes. Un millón de holandeses recibe subsidios de alquiler. Los beneficios incluyen a los que viven solos y tienen ingresos inferiores a 15.042 euros (de 65 años y mayores), o por debajo de 16.948,69 euros (menores de 65).
Con información de Cecilia Fleta (Berlín), Walter Oppenheimer (Londres), Octavi Martí (París), Enric González (Roma) e Isabel Ferrer (La Haya).
Las ventajas de los inquilinos
Las medidas para incentivar el alquiler ayudando al inquilino caen exclusivamente del lado de las comunidades.
En Asturias, el inquilino se puede desgravar un 5% de la cantidad pagada por el alquiler de su vivienda hasta los 265 euros. Para poder acceder a esta deducción es necesario que la base imponible no supere los 23.340 euros, caso de que la declaración del IRPF se realizara de forma individual, y los 32.888, si lo era de forma conjunta.
En Andalucía, la deducción asciende al 10% del importe del alquiler, hasta 150 euros. Los requisitos exigidos para acceder son tener menos de 35 años y una base imponible no superior a los 18.000 euros si es tributación individual, o de 22.000 si es conjunta.
En Castilla y León, el contribuyente debe tener una base imponible no superior a 18.900 euros, y la deducción llega al 15% del arrendamiento, con un límite máximo de 450 euros.
En Galicia, si la base imponible no supera 22.000 euros y el contrato es posterior al 1 de enero de 2003, el inquilino se puede deducir el 10% del importe.
En Madrid se aplica la mayor deducción: el 20% del alquiler, con un límite de 840 euros. Hay que ser menor de 35 años y una base imponible no superior a 25.620 euros si la tributación es individual, y 36.200 si se hace de forma conjunta.
El País 22/01
30.000 casas ilegales marbellíes
J.M.A. : "Las demoliciones de casas ilegales recorren Marbella como un fantasma. En el corazón del debate social y con las elecciones municipales como telón de fondo, para unos vecinos supone una amenaza real de desalojo, y para otros la restitución de la legalidad urbanística ignorada en la ciudad los últimos 15 años.
Durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) se han construido en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales. La Junta va a pedir la demolición de aquellas que se hayan alzado sobre suelos que el planeamiento destinaba a sistema general de equipamientos y zonas verdes, unas 5.000 aproximadamente, pues considera muy grave la pérdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad en estos años.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado al menos 33 sentencias en las que anula licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento y que afectan a más de 2.800 viviendas. 17 resoluciones ya son firmes, y declaran ilegales 785 viviendas. La Junta, que impugnó las licencias, ha pedido al tribunal que ordene la demolición de 334 construidas en suelos que estaban reservados para equipamientos públicos. "Los equipamientos públicos son los atributos más sagrados de una ciudad y bajo ningún concepto puede construirse en ellos", explica José María Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de Marbella que gestiona la Junta.
Ante la controversia generada, la sociedad marbellí se ha polarizado. La plataforma vecinal 29 de marzo, formada por una decena de comunidades de propietarios de edificaciones aledañas a los inmuebles ilegales, junto a los ecologistas, solicitan el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes. Mientras, los propietarios de estas viviendas ilegales crearon una plataforma independiente para lograr que los grupos políticos locales rechacen los derribos al unísono. Estos vecinos podrán personarse como afectados y ser oídos por el TSJA antes de que éste decida sobre la demolición solicitada por la Junta. Será un proceso lento, de varios meses.
En la cruda batalla política, el PP ha tomado las posibles demoliciones como bandera para cuestionar la actuación de la Junta en Marbella y tildar de "inmoral" los derribos. El presidente andaluz del PP, Javier Arenas, opina que las familias "no pueden ser víctimas de lo que ha pasado". Mientras que la Junta mantiene firme su postura, el candidato a la alcaldía y consejero de Turismo, Paulino Plata, ha restado contundencia a la petición de ejecuciones de sentencias al TSJA por parte del Gobierno regional. "Es muy importante ver el lado humano del problema", dice.
El País 22/01
Varapalos al urbanismo
JJ.PÉREZ BENLLOCH* : "Lo escribió Voltaire hace unos 250 años: "Cuando vayas a tomar una decisión hazlo pensando que Europa te mira".
Hoy, y después de los estropicios cometidos en el capítulo urbanístico y medioambiental, podríamos asegurar que, a la par con el descrédito de las autoridades locales y comunitarias, se ha robustecido la confianza en la mediación de terceros, ya sea por vocación europea, en el caso de la apelación a Bruselas, ya por necesidad de un poder -como la Administración central- más lejano y ajeno a la corrupción local o a la laxitud de los gestores territoriales. Toda una descapitalización del llamado autogobierno o conciencia del mismo.
Lo escribió Voltaire hace unos 250 años: "Cuando vayas a tomar una decisión hazlo pensando que Europa te mira". Se anticipó mucho al proceso de integración en curso, pero lo presintió de tal manera que, a pesar de las lagunas y los desmayos del proyecto, su consejo resulta cada día más efectivo y ya es casi imposible que los Estados que lo componen puedan hurtarse a la supervisión y tutela de las autoridades comunitarias en muchas parcelas de su soberanía. Lo cual, además de un destino ya indefectible, constituye a menudo una garantía de racionalidad y de justicia. Tal como viene ocurriendo, en lo que nos atañe, con los expedientes y reprimendas de los parlamentarios europeos al urbanismo valenciano.
No evocaremos aquí, por tan glosados en otras ocasiones, los procedimientos de infracción abiertos contra las leyes urbanísticas valencianas (LRUV y LUV), así como las dos visitas efectuadas a estas tierras por grupos de eurodiputados para verificar las infracciones cometidas y el fundamento de las denuncias cursadas. Una intervención esperanzadora para los damnificados reales y potenciales de los métodos legales vigentes para liberar o despojar -según como se mire- la propiedad, pero también una intervención mortificante para los gobernantes valencianos que se ven abocados ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Lo novedoso es que ahora se anuncia para febrero una tercera gira inspectora debido a los presuntos incumplimientos de las directivas sobre el agua, el hábitat y el medio ambiente en el País Valenciano. O sea que, simbólicamente, el Gobierno de la Generalitat no va a levantar sus posaderas del banquillo, lo que sin duda le aleccionará para gestionar el territorio con más y mejor sintonía con las directrices de Bruselas, o meramente con el sentido común. El hecho de que otras regiones españolas estén sujetas a similares escrutinios sólo puede consolar a los necios y ratificar en suma lo mucho que se ha soslayado por estos y otros pagos el citado aleccionamiento del singular ilustrado.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto que no se puede aprobar un proyecto urbanístico que no tenga garantizado el suministro de agua. Una prevención chocante de puro elemental, pero no irrelevante, pues puede afectar a numerosos planes urbanísticos y ha suscitado un problema interpretativo de cuyo desenlace depende que la última palabra sobre el asunto -suficiencia de los recursos hídricos para urbanizar- la tenga el Gobierno autonómico, o el Estado mediante las confederaciones hidrográficas. Tanto el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, como el consejero de Territorio, Esteban González Pons, creen que la pelota ha caído de su respectivo lado. A la postre se trata de establecer si los dictámenes de los aludidos organismos hidrográficos son vinculantes o meramente preceptivos. Está en juego la constitucionalidad de la ley valenciana en vigor de ordenación del territorio (LOT).
En otros tiempos, y no lejanos, la mayoría de los ciudadanos, henchidos de tan entusiasta como vigoroso espíritu autonomista, hubiera considerado estos episodios como una ominosa fiscalización y merma de nuestras competencias políticas. Hoy, y después de los estropicios cometidos en el capítulo urbanístico y medioambiental, podríamos asegurar que, la par con el descrédito de las autoridades locales y comunitarias, se ha robustecido la confianza en la mediación de terceros, ya sea por vocación europea, en el caso de la apelación a Bruselas, ya por necesidad de un poder -como la Administración central- más lejano y ajeno a la corrupción local o a la laxitud de los gestores territoriales. Toda una descapitalización del llamado autogobierno o conciencia del mismo.
Cuando el PP valenciano haga balance de su gestión, lo que sin duda será una salmodia eufórica en estos próximos meses electorales, no debería soslayar lo que ha sido mérito suyo: banalizar la autonomía y abrir la veda para entrar a saco en ella como se ha entrado con los llamados desarrollos urbanísticos, con agua, sin ella e incluso sin territorio, como en los casos en que se especula con la mera virtualidad. Esperemos que Europa no deje de mirarnos.
El País 21/01
Indignación por la represión al movimiento por la vivienda digna
SERVIMEDIA 20/01 - "Llueve sobre mojado":
La Asamblea Contra la Precariedad y por la Vivienda Digna reunió este sábado a un centenar de personas frente a la Delegación del Gobierno en Madrid, para expresar "la indignación por la represión policial indiscriminada que sufre el movimiento popular de la vivienda digna".
Según fuentes de la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno desplegó a 120 agentes, 20 lecheras y un helicóptero para controlar a los manifestantes, lo que significa que había más fuerzas de seguridad que asistentes al acto.
Al frente de la concentración, un activista ondeó sin cesar una bandera republicana, a la vez que dos pancartas rezaban los mensajes "Stop represión jurídico- policial" y "Dejaos de hostias, vivienda digna ya".
Los asistentes, que llevaban fotos con supuestas agresiones policiales durante actos de la Asamblea por una Vivienda Digna, corearon consignas como "¡Vivienda es un derecho y no un negocio!", "¡Lo llaman democracia y no lo es!" o "¡Espe-espe- especulación!" (en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
"Desde el 14 de mayo, cuando se iniciaron las manifestaciones, 18 personas han sido injustamente detenidas en Madrid, y otras 42 han resultado heridas como resultado de la brutal actuación de la policía", declaró a Servimedia el portavoz de la organización, Daniel Jiménez.
La Asamblea Por la Vivienda Digna considera que la represión policial está "ordenada desde el Gobierno y su delegada en la capital, Soledad Mestre", por lo que exigen la dimisión de ésta, "como principal responsable".
"Los delincuentes no podemos ser nosotros, que invocamos de forma pacífica nuestro derecho a una vivienda digna, sino los que utilizan sus posiciones de poder, desde las Administraciones Públicas, para enriquecerse ilícitamente, a través de la especulación y la corrupción inmobiliaria", añadió.
La organización convocará a finales de marzo una nueva manifestación para reclamar viviendas dignas para los españoles, según anunció Jiménez.
El pasado mes de diciembre, cargas policiales cerraron el primer acto del año del Movimiento en Madrid, que congregó a más de 2.000 personas.
El precio de la vivienda crece en el 2006 al menor ritmo de los últimos seis años
EFE 20/01. El precio de la vivienda libre en España subió el 9,1% en el 2006, lo que supuso una desaceleración de 3,7 puntos respecto al ejercicio anterior, y la menor tasa de crecimiento desde el 2000, según los datos presentados ayer por el Ministerio de Vivienda. Respecto al tercer trimestre del pasado año, el encarecimiento de la vivienda se redujo en siete décimas, lo que confirma la tendencia de desaceleración del mercado, por lo que el el precio medio de la vivienda libre en España se situó al cierre del ejercicio en los 1.990,5 euros por metro cuadrado.
El positivo dato, hacía tiempo que los precios de la vivienda no estaban por debajo del 10%, sin embargo, no evitó que se sigan manteniendo grandes diferencias entre las capitales de provincia más caras, San Sebastián y Madrid con 4.170 y 3.728,4 euros, respectivamente, y las de precios más moderados, Lugo y Orense con 1.130,3 y 1.360,6 euros, respectivamente.
La desaceleración del mercado se tradujo en caídas de precios en cinco provincias españolas durante el último trimestre del ejercicio. Así, el precio de la vivienda libre descendió un 1,8% en La Rioja, un 1,2% en Guipúzcoa, en Álava retrocedieron un 1,1%, en Zamora lo hicieron en un 1% y en Orense la caída fue del 0,2%.
En el conjunto del año, los mayores encarecimientos se produjeron en Lugo, Melilla y La Coruña, con alzas del 18,5, del 16,2 y del 15%, respectivamente; también destacó la subida del 14,9% registrada en Córdoba, el 14,2% de incremento sufrido en Palencia, en Tarragona los precios subieron el 14,1% y Zaragoza el 13,8%.
La moderación de precios se impuso especialmente en Cáceres, con un incremento del 3,3%; Álava, con una subida del 3,4%; Alicante, el 5,1%; en Santa Cruz de Tenerife se produjo un alza del 5,6%; Madrid registró un encarecimiento de precios del 6,1%; que fueron del 6,2% para Cuenca, y del 6,3% para Huesca.
El precio de la vivienda libre usada, la que tiene más de dos años de antigüedad, continuó con la tendencia de desaceleración y el pasado año subió el 8,6%, casi trece puntos menos que a finales del 2003, mientras que la de nueva construcción se encareció a una tasa interanual del 9,6%, al mismo ritmo que en 1999.
Récord de la VPO
Por su parte, la vivienda protegida se encareció en el 2006 una media del 7,5%, con una variación trimestral del 1,5%. Durante la presentación de las estadísticas, el director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco, resaltó el récord de viviendas protegidas iniciadas, con un total de 91.327 entre septiembre del 2005 y el mismo mes del pasado año.
En el tercer trimestre del 2006 se iniciaron un total de 18.417 viviendas protegidas, lo que supuso un incremento del 24,1% en tasa interanual, y se finalizó la construcción de un total de 13.130.
Del total de viviendas protegidas iniciadas, el 75,9% corresponden al régimen de propiedad, el 22,6% son en alquiler, y el 1,5% fueron autopromovidas.
Entre las estadísticas del Ministerio también destacó la caída del número de transacciones inmobiliarias. En concreto, en el tercer trimestre del ejercicio se registraron 221.610 transacciones inmobiliarias, lo que representó un descenso del 12% respecto a las contabilizadas entre los meses abril y junio, y un claro signo de la desaceleración del mercado, según Pacheco.
Asimismo, las transacciones de suelo se redujeron el 30,7% en términos interanuales, hasta las 12.489 en el tercer trimestre. El valor de las transacciones de suelo ascendió entre julio y septiembre a 3.371,9 millones de euros, el 43% menos que en el mismo periodo del 2005, mientras que el número de metros cuadrados transmitidos fue de 16,4 millones, el 36% menos.
El precio medio del suelo urbano, un activo que representa entre el 40 y el 60% del valor final de una vivienda, aumentó en septiembre a una tasa interanual del 3,7%, hasta los 273,7 euros.
El suelo más caro fue el de Madrid, que se situó en los 1.251 euros por metro cuadrado; el de Barcelona se elevó hasta los 1.241,3 euros, y el suelo en Alicante valió 990,7 euros por metro cuadrado, mientras que los más asequibles fueron loa de Extremadura y Galicia.
Sr. Alcalde
Jobi / Exposición: "Especula en acción"
Detenido un alcalde de Málaga por ‘ladrillazo’
20minutos.es 19/01 : "Anticorrupción acusa al primer edil de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo de varios delitos urbanísticos.
Tercer alcalde malagueño detenido, primero del PP. Juan Martín Serón, regidor de Alhaurín el Grande (municipio malagueño de más de 20.000 habitantes), fue arrestado ayer junto con su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil.
Fuentes de la investigación afirman que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando esta operación por un presunto delito de cohecho.
Al cierre de esta edición, el regidor estaba detenido en su casa a la espera de una orden de registro. La Policía Nacional acordonó el Ayuntamiento y recogió documentación en la oficina de Urbanismo.
La Fiscalía de Málaga investiga al alcalde por supuestas concesiones de licencias urbanísticas a cambio de una donación a las arcas municipales. Lo denunció el PSOE en julio de 2006. En 2004, la Junta de Andalucía impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una permuta de terrenos hecha por el Consistorio.
Martín Serón y Guerra Gil fueron detenidos pasadas las 18.00 h en Marbella, tras asistir allí a un mitin al que acudió el presidente de los populares, Mariano Rajoy.
El miércoles, el PP intentó sin éxito que Martín Serón se convirtiera en miembro del consejo de administración de la caja de ahorros Unicaja –con sede en Málaga–, que renovó parte de su dirección.
Perfil del arrestado. En el PP desde 2000
Martín Serón pertenece a la dirección regional de su partido. Es licenciado en Económicas, está casado y tiene dos hijos. Gobierna con mayoría absoluta.
Corrupción en Málaga. Alcaldes detenidos
En 2005 fue arrestado el alcalde de Manilva, Pedro Tirado (Partido Democrático de Manilva). En 2006, la regidora marbellí Marisol Yagüe (perteneció al GIL).
Dibujar la costa
XERARDO ESTÉVEZ : "Nos encontramos ante un problema de primer orden que demanda iniciativa inmediata por parte del conjunto de las administraciones, empezando por la agilización de la reforma de la Ley del Suelo que, en vez de facilitar, tal como propugnaba, el acceso universal a la vivienda, nos ha apartado aún más del mandato constitucional de impedir la especulación. Las comunidades autónomas han de ejercitar sus competencias de ordenación del territorio, promoviendo figuras de planeamiento supramunicipal que engloben y supediten la dinámica urbanística de cada ayuntamiento al interés colectivo.
Tal vez por aquello de que la vida surgió del mar, buena parte de nuestra existencia se ha movido en torno a las riberas. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha combatido en los asedios y soportado las galernas, ha traficado por doquier y colonizado el terreno con industrias para beneficiarse de los recursos del mar y de las ventajas del transporte, se ha despedido con las lágrimas del no retorno o deseado ansiosamente alcanzar la orilla, ha vivido de la pesca artesanal o luchado contra la resaca, como todavía hacen los percebeiros que arriesgan en las peñas una vida envuelta en neopreno. Para los periféricos, la costa vino a ser el esqueleto de nuestro ser económico, social y político.
La costa detiene al mar en su avance inquieto y tozudo, o quizá sea ella la que penetre solapadamente en el agua. El oleaje rompe en los cantiles macizos, en las rocas, tropieza con los campos cultivados, se apacigua en las rías, se ingurgita en los estuarios, se remansa en las playas, mientras el frente urbano lo reta con diques y malecones. Tal es el poder de la inmensidad del mar que tiende a encubrir los errores construidos en su frente. Por ello las ciudades abiertas al mar suelen ser menos críticas que las del interior, que miran más a su ombligo.
La costa no es sólo una línea quebrada, ni siquiera una franja mágica de protección de una anchura limitada. Más allá del conglomerado urbano, es un continuo de geografías y paisajes imbricados, con perspectivas y vistas que pertenecen a todos, de la ribera al valle y a la montaña y a la inversa, y nos ofrecen el contraste entre el vasto horizonte marítimo y el paisaje acotado de la tierra. En este mundo sin distancias ni fronteras, una población fluctuante sigue encharcando la orla litoral, abriendo campos de economía y relaciones y cerrando campos de naturaleza para crear nuevos parajes urbanos unas veces amurallados, otras diluidos y rotos, que dicen poco bueno de nosotros. Turistas y residentes ocasionales basculan de forma periódica hacia hoteles, viviendas y artefactos del ocio que se han levantado como modernas cercas, impidiendo la permeabilidad, esa capacidad de respiración que necesita la tierra, invadiendo las delicadas zonas de transición que de tanto en tanto el agua, que tiene memoria, anega en un intento de recuperarlas. Ese continuo construido puede acabar, como se ha consumado ya en algunos puntos, por alicatar toda la costa española, si se mantiene el concierto entre unos ayuntamientos tolerantes, una iniciativa inmobiliaria sin tasa y unas autonomías omisas y se sigue permitiendo de forma generalizada que los costes del significativo crecimiento económico se traduzcan en deterioro territorial.
Nos encontramos ante un problema de primer orden que demanda iniciativa inmediata por parte del conjunto de las administraciones, empezando por la agilización de la reforma de la Ley del Suelo que, en vez de facilitar, tal como propugnaba, el acceso universal a la vivienda, nos ha apartado aún más del mandato constitucional de impedir la especulación. Las comunidades autónomas han de ejercitar sus competencias de ordenación del territorio, promoviendo figuras de planeamiento supramunicipal que engloben y supediten la dinámica urbanística de cada ayuntamiento al interés colectivo. Algunas comunidades se han adelantado ya en esta dirección. Otras, como Galicia, están inaugurando el proceso con criterio y decisión ante la necesidad de controlar una marea viva de construcciones costeras de segunda residencia.
La Generalitat de Cataluña, a la vista de que dos tercios de sus 7 millones de habitantes viven en una franja litoral de 20 kilómetros de ancho y del ritmo imparable de macizamiento de la costa, ha desarrollado a través del departamento que dirige Joaquim Nadal un Plan Director Urbanístico del Sistema Costero, editada recientemente en una excelente presentación. Después de un exhaustivo análisis territorial, el plan dibuja los ecosistemas terrestre y marino, las conurbaciones existentes y la manera de evitar la formación de un continuo edificado, y cataloga los espacios que por sus valores paisajísticos, culturales y simbólicos deben ser protegidos. Al mismo tiempo establece fórmulas para la gestión sostenible de este recurso esencial, de manera que se reservan en torno a 25.000 hectáreas en primera línea y espacios adyacentes con un sistema de ayudas específicas para las administraciones y las asociaciones de preservación y custodia. Es, sin lugar a dudas, un modelo a seguir.
En cuanto a la administración local, en un momento en que cunde la desconfianza e incluso se sugiere retirarle atribuciones, conviene recordar el papel que ha jugado y juega la democracia municipal en la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, hay que reconocer que algunos ayuntamientos parecen obnubilados por la construcción masiva de viviendas de inversión o para residencia secundaria. Al margen de los ingresos a corto plazo, deberían preocuparse más bien por evaluar los costes del mantenimiento de esas hectáreas urbanizadas, muchas veces vacías a lo largo del año, los problemas que generan y el legado que dejan a sus herederos. ¿Con qué autoridad nuestra generación puede colmatar con edificación toda la costa o agotar todo el suelo de un municipio con proyectos urbanísticos? En vez de tanta construcción fatua, debería mirarse más la calidad de la arquitectura y el planeamiento. Con un poco de criterio, se puede mantener la naturaleza y crear riqueza sin necesidad de tantos rellenos, amarres, campos de golf, paseos marítimos, pavimentos y farolas de fantasía.
De no tomar medidas urgentes de ordenación, el mercado terminará siendo el mayor adversario del propio mercado, porque la edificación indiscriminada de los espacios libres va a deteriorar e impedir la funcionalidad de los ya ocupados, sencillamente por amasijo y compresión. Pero lo peor es que se está haciendo a expensas del sacrificio del paisaje y de la cultura colectiva.
Xerardo Estévez es arquitecto.
El País 18/01
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
