LAVERDAD* : «El santuario de la Fuensanta y su entorno es lo primero que enseñamos a los foráneos que visitan Murcia, junto con la Catedral y el Casino; por eso hay que preservarlo». Así opina José Antonio Albero Pineda, propietario de 'La Casa del Monte', una vivienda familiar construida hace más de sesenta años en el camino de la Subida a la Fuensanta, de Algezares. Albero, como otros vecinos de las pedanías de Algezares y Santo Ángel, están preocupados por el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento en el último Pleno, que permite la construcción de hasta 1.300 viviendas, en bloques de cuatro y cinco alturas más bajo.
Este vecino, que ha dirigido varios escritos a la Gerencia de Urbanismo desde el año 2007, el último avalado por una veintena de vecinos de Algezares, se lamenta de no haber recibido ninguna respuesta sobre el destino urbanístico de una gran parcela de unos 13.000 metros cuadrados existente frente a su casa.
El alcalde pedáneo le aseguró que el solar, -situada a mano izquierda del camino de subida al santuario, frente al número 36- estaba calificado con la siglas DE, que en la terminología urbanística se corresponde con parcela dedicada a equipamientos locales y, que por tanto, permite la construcción de un colegio o un centro de salud, por citar dos ejemplos.
La preocupación de José Antonio Albero se acentuó cuando en septiembre de 2007 observó que se habían iniciado las obras en el solar y le informaron de manera verbal que se estaba explanando y preparando el terreno para la construcción de edificios y dúplex de carácter privado.
Albero se personó en el Ayuntamiento y consultó el expediente. Fue entonces cuando observó que en los planos, la parcela que anteriormente venía calificada con la denominación DE (equipamientos), aparecía sólo como parcela Az3 y más tarde con las dos denominaciones, lo que le llevó a pensar, y así lo plasmó en un nuevo escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo con fecha de 24 de septiembre de 2007, si se había realizado una recalificación «que permita que los antiguos terrenos para equipamientos de Algezares se destinen a aprovechamiento de empresas o sociedades privadas».
A la vista de que no recibía ninguna contestación de la Gerencia de Urbanismo, con fecha 5 de octubre de ese mismo año, presentó otro escrito firmado por otros 20 vecinos de Algezares reiterando las mismas dudas sobre el futuro de la parcela que, inicialmente, se iba a destinar a equipamientos.
Un 'bocado' al monte
El 11 de febrero de 2008, José Antonio Albero presentó otro escrito en Urbanismo. En esta ocasión, Alberto advertía de que «lejos de dar una contestación a los citados escritos, el Ayuntamiento está permitiendo la realización de unas obras de excavación desmesuradas en la parcela antes citada, y además han continuado las citadas excavaciones hasta desmontar parte de la montaña colindante. Se ha rebajado el terreno en la zona más cercana a la carretera de subida al santuario de la Fuensanta unos tres metros, y en la zona de rebaja de la falda del monte, unos ocho metros. El que suscribe entiende -añadía en el escrito- que permitir que se aumenten metros urbanizables de parcela quitando monte de pinos es actuación que debiera ser comprobada por esa Administración».
Indicaba, asimismo, que «no existe frente a la citada obra ningún cartel que indique la existencia de licencia de obras, técnicos o empresa que se hagan responsable de las mismas y que permitan a los interesados acudir al Ayuntamiento y verificar si existe la licencia de obras».
José Antonio Albero pedía que se diera contestación a los 21 vecinos, que se enviara una inspección para comprobar la legalidad de las actuaciones y que se repusiera el terreno de la montaña a su estado y extensión originales.
La única respuesta fue un escrito del servicio de Disciplina Urbanística donde se le informaba que, tras la inspección, se había levantado parte de infracción a la empresa por movimientos de tierra. Sin embargo, los vecinos siguen sin tener respuesta sobre el destino de la parcela.
Albero llama también la atención acerca de que el plan parcial se desarrolle sobre una rambla, donde está prevista la construcción de edificios de cinco plantas y bajo y una carretera de veinte metros de ancho.
* La verdad - 2.02.10
Foto: Murcia, santuario de la Fuensanta - P.Pérez, panoramio.com
Murcia: La Concejalía no responde a los vecinos que ya hace dos años pidieron datos de la urbanización
Chiclana: El disparate con luces y taquígrafos
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DIARIODECÁDIZ* : Cómo un terreno de Chiclana con una inexistente construcción de 640 metros cuadrados se convierte en ocho parcelas dispuestas para ocho chalés. Hace muchos años, en un histórico juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz, un abogado le preguntó a un testigo: ¿Está autorizado un militar que recibe una orden para discutir, enjuiciar o distinguir si esa orden es un disparate? La respuesta fue rápida. "No sólo está autorizado, sino que ésa es su obligación", contestó el entonces ex jefe del Gobierno Manuel Azaña.
La Operación Obra Nueva, la legalización masiva de viviendas construidas ilegalmente en Chiclana y en El Puerto mediante un método tan limpio, tan perfecto, tan poco oculto que hasta se realiza con documentos notariales y pasa por registros de la propiedad, evoca aquella pregunta y aquella respuesta tras los juicios que han sentado en el banquillo al arquitecto Joaquín Pallí.
¿Están obligados los notarios y los registradores de la propiedad ante quienes se pretende declarar una obra nueva o practicar la parcelación de un terreno a distinguir si se trata de un disparate? ¿Están obligados a velar por la legalidad urbanística y por ello a ser escrupulosos a la hora de dar paso a una inscripción?
El arquitecto Joaquín Pallí suma cuatro condenas (sólo una firme) por falsificar certificados de antigüedad de construcciones. Es el primer paso que dan los dueños de un terreno para iniciar el proceso que les llevará a legalizar lo ilegal. Ese certificado afirma, falsamente, que en un terreno hay una construcción que tiene más de cinco años, lo que supone que ha prescrito la infracción urbanística. Los propietarios del terreno acuden a una notaría con ese certificado, hacen una declaración de obra nueva y, tras obtener un documento notarial, la inscriben en un registro de la propiedad. Así, en poco tiempo y por un precio, lo que era ilegal ya es legal.
Eso ha ocurrido en varios cientos de casos sin que saltasen las alarmas ni en las notarías ni en los registros de la propiedad. En algún caso, resulta muy difícil entender qué fue lo que evitó frenar el proceso. Por ejemplo, en el caso por el que el pasado miércoles iba a ser juzgado de nuevo Joaquín Pallí.
Según el fiscal, A., dueño de un terreno ubicado en Chiclana, en la Dehesa Boyal, contrató a Pallí para que le hiciese un certificado de antigüedad de una vivienda. El arquitecto hizo el certificado en enero de 2007 de la finca propiedad de A., según anota el propio arquitecto.
En el certificado consta que en la finca número 43.608 hay "una edificación compuesta por varias construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada de una planta sobre rasante". También que la edificación tiene "una superficie total de 640 metros cuadrados construidos, perfectamente distribuida en varias dependencias y servicios y en buenas condiciones de uso y conservación". Finalmente, que a la edificación "se le estima una antigüedad de 5 años".
A. acudió con ese certificado, en el que dice que la finca es suya, a una notaría para hacer una declaración de obra nueva e inscribirla en el registro de la propiedad. El documento notarial que obtuvo está fechado en Chiclana el 23 de febrero de 2007. En él consta, en primer lugar, que A. es dueño de la finca 43.608. Y aparece entonces la primera sorpresa: que como título, A. aporta el de compra de esa finca a otra persona, "mediante escritura de fecha de hoy, autorizada por el infrascrito notario".
A. acaba, pues, de comprar la finca cuya propiedad le atribuye el certificado del arquitecto. Una finca que el notario, extrañamente ajeno a la ubicación de la Dehesa Boyal, menciona como "urbana".
El documento notarial continúa. Y pasa a hablar de la edificación que se levanta en la finca 43.609. El notario explica entonces que el compareciente. A., "con dinero de su peculio privativo, sin adeudar nada por materiales, mano de obra ni dirección, sobre la finca de su propiedad, a que se refiere el exponendo I de esta escritura, hace más de cinco años construyó una casa destinada a vivienda".
El lector del documento se siente obligado, al topar con ese párrafo, a volver a la página anterior. Efectivamente: allí dice que A. acaba de comprar la finca en la que ahora, en la siguiente página, dice que "hace más de cinco años" construyó la casa destinada a vivienda.
La casa en cuestión, precisa a continuación el documento notarial, tiene una superficie total de 640 metros cuadrados y está valorada en 269.253 euros. "Dicha cantidad, según manifiesta el declarante, ha sido abonada mediante varios pagos en efectivo desde que se inició la construcción hasta que finalizó en el año dos mil uno a diversos proveedores", agrega el documento notarial, que menciona después el certificado expedido por el arquitecto Joaquín Pallí, con el que A. acredita que la edificación fue terminada hace más de cuatro años.
Tras otras anotaciones, el notario escribe finalmente que, como no consta en el registro de la propiedad anotación preventiva alguna sobre algún problema urbanístico con la finca y como ha transcurrido el plazo legal de prescripción para las infracciones urbanísticas graves, la edificación se considera incorporada al patrimonio de su titular.
La historia podía haber terminado ahí. Pero ocurrió que el Juzgado número 3 de Chiclana abrió un procedimiento en 2008 contra A. y contra Joaquín Pallí relacionado con la finca 43.608. Y entonces sucedió que salió a la luz que el 23 de febrero de 2007 hubo un tercer episodio en la notaría a la que acudió A. para inscribir su obra nueva.
Lo que sucedió fue que la juez del Juzgado Mixto número 3 de Chiclana consideró oportuno solicitar al registrador de la propiedad que hiciese una anotación preventiva sobre la finca 43.608: le pedía que hiciese constar que había un procedimiento penal que afectaba a ese terreno. El objetivo era frenar así cualquier operación de compraventa o de otro tipo relacionada con la finca en tanto no fuese resuelto el caso.
El registrador le contestó a la juez en octubre de 2008. Le dijo que no admitía la inscripción que solicitaba. Porque aportaba datos insuficientes y "por considerar que los defectos apreciados en esta nota de calificación tienen carácter subsanable".
Al tiempo, le comunicó también a la juez, "a efectos informativos", algo realmente jugoso: que la finca 43.608 había sido dividida horizontalmente en ocho departamentos que figuraban inscritos como fincas independientes. Y que eso había sido realizado en virtud de una escritura otorgada en Chiclana el 23 de febrero de 2007, ante un notario: ante el mismo notario al que acudió ese mismo día A. a inscribir su obra nueva, su vivienda de 640 metros. Los departamentos resultantes, agregaba el registrador, habían sido transmitidos a personas distintas de los imputados.
Una foto tomada de Google en 2008 muestra la finca 43.608: está dividida en ocho parcelas y en dos de ellas se levantan dos chalés.
El juicio sobre este caso ha pasado de la Audiencia a un Juzgado de lo Penal. En el banquillo se sentarán A. y el arquitecto Joaquín Pallí.
* Diario de Cádiz - 2.02.10
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
La Administración pagó dos veces por el proyecto del hospital del Baix Llobregat
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ELPAÍS/Barcelona* : Adjudicaciones millonarias hechas a dedo y sin garantías, retrasos injustificados y desvíos presupuestarios que harían temblar al gerente de cualquier empresa privada. Es la otra cara del hospital comarcal del Baix Llobregat, que ayer abrió puertas en Sant Joan Despí y que la Sindicatura de Cuentas analiza en su último informe.
A juicio del fiscalizador de las instituciones públicas catalanas, la construcción del centro ha tenido un sobrecoste irregular que alcanza los 15 millones de euros. De entrada, la Sindicatura de Cuentas denuncia que el proyecto ejecutivo del centro fue encargado -y pagado- dos veces al mismo estudio de arquitectos y que no hay constancia de que la primera vez se recibiera ningún documento.
El informe que ayer registró la Sindicatura en el Parlament se centra en la gestión del Consorcio Sanitario Integral, gestor, entre otras instalaciones, del Moisés Broggi. Este consorcio es de capital público con una participación minoritaria de la Cruz Roja y en 2007, año que ahora se fiscaliza, su consejo rector estaba presidido por el ex alcalde de L'Hospitalet y hoy ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
- Contratos duplicados. El proyecto ejecutivo fue encargado dos veces. La primera, por importe de 665.000 euros, al despacho Brullet Pineda Arquitectos, "se hizo sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", según la Sindicatura. Debía entregarse el 15 de febrero de 2005, pero según el fiscalizador "no se ha facilitado la documentación que justifique el cumplimiento contractual". Lo que sí consta es que dos años más tarde, en enero de 2007, se adjudicó al mismo despacho, también "sin ningún proceso de contratación", otro contrato de proyecto ejecutivo para el mismo hospital, esta vez por valor de 1,2 millones de euros. La redacción de este segundo proyecto implicó un retraso de ocho meses y, pese a que el contrato lo permitía, no se penalizó a los arquitectos.
- Sobrecoste injustificado. El contrato inicial para la construcción del centro, firmado en 2005, superaba en 7,4 millones el importe del precio de adjudicación, algo que la Sindicatura denuncia por incumplir la ley de contratos públicos. A esta cifra se debe sumar otro desvío injustificado. Con fecha de 21 de diciembre de 2006, la empresa pública que promueve el hospital firmó un nuevo contrato en el que se volvió a modificar el precio del anterior en 6,9 millones de euros. La Sindicatura recuerda que este incremento no está justificado porque "no se corresponde con un incremento de la superficie construida". Apenas dos meses después, en febrero de 2007, se firmó un tercer contrato en el que se suprimieron partidas de construcción de obra para incorporar el importe de la redacción de un nuevo proyecto ejecutivo por valor de 1,2 millones y honorarios de dirección de obra por 68.000 euros. El hospital, sin contar los equipamientos internos, acabó costando 87 millones de euros, unos 15 más de lo previsto. Sin embargo, fuentes del sector sostienen que en obra pública son frecuentes los desvíos de hasta el 20%.
- Intereses de demora. Las sucesivas modificaciones del proyecto y los retrasos de las obras obligaron a posponer la inauguración.
También se tuvo que alterar la cláusula de pago de la obra y se modificó el régimen financiero de cálculo de los intereses de demora que implicaba un incremento del gasto de 3,1 millones de euros. Este cambio también tiene claroscuros a juicio de la Sindicatura, ya que se habría vulnerado la ley de libre concurrencia al no haber dado entrada a otras empresas que podrían haber ofertado mejores condiciones.
- Venta del banco de sangre. El Consorcio Sanitario Integral (CSI) también es acusado por la Sindicatura de haber vendido de forma irregular su banco de sangre. La operación se realizó en 2006 y comportó un beneficio de 3,2 millones. El problema, según el fiscalizador, es que dentro de los bienes transferidos se incluyeron los que la Cruz Roja Española cedió en uso para la constitución del Consorcio de la Cruz Roja de Cataluña. Estos bienes, recuerda la Sindicatura, "no eran propiedad del CSI; para poder venderlos, antes debería haberse tenido que formalizar su cambio de propiedad".
El director general del consorcio, Santiago Nofuentes, negó ayer cualquier irregularidad en la gestión de las obras del hospital. "Todo fue aprobado por el Departamento de Salud", aseguró a EL PAÍS. Sobre la duplicidad en el proyecto ejecutivo, Nofuentes aseguró que el primer proyecto fue entregado pero se decidió hacer un segundo proyecto por la decisión de "ampliar el hospital". A este mismo hecho atribuyó el sobrecoste de la obra. Sobre el banco de sangre, Nofuentes aseguró que el dinero ingresado responde a una compensación de la Generalitat por dejar de prestar el servicio y centralizarlo en el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. "Hemos alegado ante la Sindicatura y garantizo que todo ha sido legal". Cruz Roja y los arquitectos Brullet Pineda declinaron ayer hacer declaraciones.
* ELPAIS.com - 2.02.10
Foto: Baix Llobregat (Barcelona), hospital - elpunt.cat
Polop: Cano financió el negocio familiar desde el banco que dirigía
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LASPROVINCIAS/Alicante: Juan Cano, presunto autor intelectual del asesinato de su predecesor en la alcaldía de Polop, llevaba casi tres lustros haciendo negocios inmobiliarios, según se desprende del sumario que tramita una juez de La Vila en relación al crimen de Alejandro Ponsoda. Y no le iba nada mal. A los 290.000 euros que se embolsó con la venta de una parcela a una promotora en la localidad se suman las gestiones que hizo durante su etapa como directivo de uan entidad bancaria de la comarca de La Marina Baixa.
Un testigo, F.M.F., declaró el pasado 21 de noviembre que financió desde la sucursal que dirigía en La Vila la empresa de su padre, Abel Inmobiliaria SL: «Juan nos daba la financiación que necesitábamos para las construcciones que estábamos realizando».
Pero el ex alcalde, que en el 95 compatibilizaba su cargo de concejal de Urbanismo con su trabajo en un banco, tampoco dejó abandonados a sus amigos cuando atravesaron dificultades. Este mismo testigo asegura que intercedió por él en la entidad bancaria para que le concedieran un préstamo de 30.000 euros, pues había acumulado una deuda de 60.000 .
La trayectoria laboral del imputado en diversas sucursales de la caja sale a relucir otras muchas veces en el sumario. Un superior, director de zona, desveló a los agentes que un notario de La Vila recién llegado a la localidad se quejó de la actuación de Cano al considerar que estaba desviando todas las operaciones a la oficina del notario antiguo, con quien le unía una estrecha amistad.
Este mismo trabajador se refirió a otro incidente laboral en el que se vio envuelto el sospechoso, en este caso relacionado con los recibos de la correduría de su mujer.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene ya dos investigaciones paralelas: la del asesinato de Alejandro Ponsoda propiamente dicha y la de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.
En relación a estas últimas pesquisas, los agentes han interrogado a promotores con intereses en Polop y se han incautado de diversos expedientes durante el registro de la Alcaldía, entre ellos el relativo al Plan de Actuación Integrada (PAI) que afecta a la partida rural de El Matet.
Igualmente, varios documentos sobre operaciones inmobiliarias particulares fueron decomisados en la vivienda del ex alcalde. Algunos apuntes estaban relacionados con unos terrenos de su propiedad ubicados en La Nucia.
Precisamente, un intermediario del sector de la construcción manifestó a los investigadores que Cano andaba buscando comprador para esas parcelas, en las que podía estar interesada una cadena de supermercados, y fijó para ellas un precio inicial de 1,5 millones de euros.
Para tratar este asunto llegaron a celebrarse hasta tres citas, según D.J.F., más conocido como Paco, pero el asunto «quedó en el aire», según el testigo.
A mediados de 2008, la UCO ya advirtió a la juez que investiga el asesinato de Ponsoda, María Antonia Raedo, de que se vislumbraban en las pesquisas indicios de corrupción política, por lo que le solicitaron que abriera una segunda causa penal.
* Las Provincias - 2.02.10
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com
Uno de los candidatos a albergar el almacén nuclear se echa atrás por la presión vecinal
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20MINUTOS/Segovia* : El Pleno del Ayuntamiento de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha acordado este lunes anular el acuerdo que amparó la presentación de la candidatura del municipio para albergar el futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.
El acuerdo fue adoptado con el apoyo de los siete concejales que integran la corporación, 3 del PP, 3 del PSOE y un edil independiente, el único que con anterioridad había votado en contra de la propuesta de acoger la instalación. El alcalde de Santiuste de San Juan Bautista, Octavio Esteban (PP), ha explicado que el ayuntamiento ha decidido que retirará su candidatura "debido a la presión de los pueblos del alrededor y porque muchos vecinos estaban en contra".
"Estamos trabajando para que Santiuste entre en la denominación de origen Vinos de Rueda y los vecinos sostienen que este objetivo no se conseguirá con un almacén nuclear en el municipio, además de que temen que los cultivos se vean afectados" por los posibles efectos de emplazar el ATC en la comarca. Esteban indicó que la candidatura ante el Ministerio de Industria fue presentada en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Segovia y que en estos momentos la secretaria de la corporación estudia el procedimiento para que sea formalmente retirada.
No obstante, el alcalde de Santiuste remarcó que "habíamos presentado un proyecto viable, para revitalizar la economía de la zona, dar vida al pueblo y para mantener y fijar la población, porque a la vuelta de 15 años de 650 habitantes pasaremos a menos de 200". El Ministerio de Industria hará pública en los próximos días la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, que tras un trámite de reclamaciones, será definitiva.
* 20 Minutos - 1.02.10
Foto: Entrada a la localidad segoviana de Santiuste de San Juan Bautista. (Imagen: Juan Martín Misis / EFE)
