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ELPAÍS/Madrid* : Los ayuntamientos apenas tienen dinero. Algunos, como el de El Álamo, incluso se han declarado en quiebra en los últimos meses. La Comunidad también se ajusta el cinturón, constriñe sus cuentas. Predica austeridad. Mientras tanto, un reguero de edificios públicos, escuelas, residencias, se quedan abandonados después de haber supuesto inversiones millonarias a sus consistorios y a las arcas regionales a través del Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid (Prisma) u otras subvenciones.
No hay dinero o no hay acuerdo para poner en marcha esas infraestructuras que sólo muestran el esqueleto. Terminadas pero vacías, se van deteriorando. Una forma de despilfarro del que EL PAÍS ha escogido cinco ejemplos que suman cerca de 20 millones de inversión, por el momento, inútil. Las administraciones implicadas se echan las culpas unas a las otras. El resultado es que muchos vecinos no pueden disfrutar de esos servicios, algunos de ellos con gran demanda, por lo que tienen que acudir al sector privado.
Rosa Alcalá, diputada regional socialista, exclama no sentirse extrañada por esta circunstancia. Y aún va más allá. "Todas las actuaciones del plan Prisma 2008-2011 están paralizadas. Ningún Ayuntamiento está recibiendo ingresos", explica. "El Gobierno regional dice que el problema es de los consistorios porque no han preparado bien los proyectos, pero lo cierto es que aún no lo han iniciado".
El director general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, asegura que el Prisma que va entre los años 2006 y 2007 y que asciende a 300 millones de euros está ejecutado en un 99,7%. Tan sólo se han producido problemas en 14 obras que estaban ejecutando empresas constructoras que han quebrado con la crisis económica. Eso ha motivado, según González Taboada, que algunos ayuntamientos hayan pedido prórrogas en los plazos de ejecución, con el consiguiente retraso.
Y pone algunos ejemplos, como el del parque de bomberos de Fuenlabrada, cuya inversión asciende a nueve millones de euros. Ha estado cerrado unos seis meses porque el Consistorio fuenlabreño se ha retrasado en la adjudicación del mobiliario de este edificio. Otro edificio con problemas es una minirresidencia en Las Rozas de Puerto Real, cuyo Ayuntamiento ha tenido problemas con la acometida eléctrica. "La obra ya está entregada y pondremos solución para que abra cuanto antes", recuerda el director de Cooperación con la Administración Local.
González Taboada asegura que se trata de casos muy concretos y problemáticos que deben ser solucionados a la mayor brevedad con la participación de todas las administraciones implicadas.
"Desde luego, ver un edificio cerrado resulta muy difícil de entender para el ciudadano, pero en todos los casos, nosotros, como Gobierno regional, no podemos hacer nada que no venga recogido en el proyecto. Si hay fallos, se deben subsanar cuanto antes, pero sin incumplir el contrato de obra", concluye el director general.
* ELPAIS.com - D. BORASTEROS / F. J. BARROSO - Madrid - 07/12/2009
Foto: El Álamo (Madrid), ayuntamiento - .wikimedia.org
En tiempos de crisis, despilfarro
Expertos en urbanismo detectan «ambigüedad jurídica» en el documento de prioridades del PGOU
LNE/Gijón* : El Ayuntamiento insiste en que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue en vigor, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo haya anulado hasta en 23 ocasiones. La revisión propiciada por estos fallos desfavorables toma, sin embargo, como «planeamiento básico de partida el PGOU de 1999». Así lo recoge el documento de prioridades sobre el que se sustenta esta nueva tramitación, en lo que algunos urbanistas locales consideran «una gran ambigüedad jurídica».
De algunos apartados del documento, se desprende que «es preciso pronunciarse sobre la necesidad de revisión del PGOU de 1999» o que «próximo ya el año 2010 es evidente que el Plan de 1999 debe ser revisado». Un planeamiento diseñado por Ramón Fernández-Rañada al que ha sido necesario incorporar las modificaciones relativas al suelo genérico, en aplicación de la Ley del Suelo de 2002, y las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas, que promueve el Principado y no se han visto afectadas por la anulación judicial.
Se trata del Área Residencial de Roces, del polígono de Lloreda y de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) prevista en San Andrés de los Tacones. Del Plan General de 2005, recientemente invalidado y pendiente del recurso de casación que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Supremo, sólo se incluyen «los suelos con planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva». Esto es, la actuación residencial de Castiello de Bernueces.
«Parece como si el Ayuntamiento se estuviera desmintiendo a sí mismo», entienden expertos en urbanismo que ya conocen las líneas generales de un documento que el concejal de Urbanismo presentaba públicamente el pasado viernes, y que se someterá a una primera información pública a partir del 2 de enero. Si lo que se revisa es el PGOU de 1999, «no pueden estar en vigor las actuaciones derivadas del planeamiento que se aprobó en 2005; ni Cabueñes, ni el Infanzón, ni Granda... Ninguna».
Dicho planeamiento fue el resultado de adaptar el llamado Plan Rañada a la nueva Ley del Suelo. Un trabajo que se adjudicó al equipo del arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor y que ahora pone en entredicho el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sus sentencias anulatorias consideran que este PGOU es contrario a derecho, fundamentalmente, por cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. El equipo de gobierno interpreta que estos fallos judiciales cuestionan la forma, pero no el fondo del actual planeamiento urbanístico. Sostiene, asimismo, que las sentencias no serán definitivas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
«No quieren reconocer lo evidente, pero el PGOU de 2005 está tumbado. Y, en el fondo, el documento de prioridades lo están poniendo de relieve», consideran técnicos independientes de la ciudad. El abogado que consiguió la primera anulación, a mediados del mes de julio, ya advertía entonces de que «lo más prudente es suspender la tramitación de los planes parciales». Lo cierto es que en los últimos meses no han experimentado ningún avance, pero desde el Ayuntamiento se insiste en que «el urbanismo no se parará en Gijón».
Aún así, algunas entidades bancarias se suman al análisis de «ambigüedad jurídica» y se muestran reticentes a la hora de avalar los desarrollos edificatorias de determinadas zonas del concejo, cuya expansión está directamente vinculada al Plan redactado por Teixidor. La situación tampoco pasa desapercibida para los vecinos de la zona rural -uno de los colectivos más beligerantes con la política urbanística municipal- ni para quienes los asesoran técnica y legalmente; lo tendrán en cuenta en sus alegaciones.
Documentación de base
l La revisión se cimienta sobre un documento de prioridades (antes denominado Avance del Plan), elaborado por la concejalía de Urbanismo, con el asesoramiento de otros servicios técnicos municipales y de la empresa Dolmen.
l Este texto, de 140 páginas, hace una radiografía del municipio, de su pasado (se remonta a 1942), de sus necesidades presentes y de sus perspectivas de futuro.
l Se toma como planeamiento básico de partida el Plan Rañada del 99, al que se incorporan las áreas sujetas a actuaciones concertadas y los desarrollos que ya cuentan con aprobación definitiva.
Propuestas de diseño
l Alternativa 0. Su mapa está formado por las directrices del Plan Rañada, el Área de Roces, el polígono de Lloreda, la zona logística y el plan parcial de Castiello.
l Alternativa 1. A todo lo anterior se suman los desarrollos del Infanzón, Granda, Cabueñes y Porceyo (derivados del PGOU de 2005); el plan de vivienda concertada de Jove; y suelo industrial para rematar el polígono de Roces.
l Alternativa 2. Incluye las otras dos opciones, más una bolsa de suelo urbanizable al sur del Área de Roces, más superficie edificable en Porceyo y 3.000 viviendas en Vega-La Camocha.
Primeras opiniones
l Constructores. Se decantan por la alternativa 1, que es la que más se aproxima al Plan anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
l Arquitectos. A la espera de analizar más a fondo el documento de prioridades, consideran que todas las opciones planteadas «son matizables».
l Zona rural. Ni les convencía el Plan de 2005 ni les convence el planteamiento de la revisión. De tener que elegir, los vecinos prefieren la alternativa 0. Consideran que no están justificadas las previsiones municipales que apuntan hacia un PGOU con capacidad para generar 17.200 (alternativa 1) o 24.200 (alternativa 2).
* La Nueva España - Miriam SUÁREZ - 7.12.09
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
Vecinos ha denunciado deshaucios en viviendas públicas de Torrelodones
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DIARIODELASIERRA/Madrid* : “El PP de Torrelodones creó la empresa pública Sumtosa (Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones) con el objetivo de gestionar el parque de viviendas municipales en alquiler que construyó el Ayuntamientos frente al Instituto. Lo que se creó para gestionar el patrimonio público de forma más ágil, ha acabado siendo un ejemplo más de ineficiencia y ausencia de formas en la relación entre los gobernantes municipales y los ciudadanos”, informan representantes de Vecinos.
“El equipo del señor Carlos Galbeño, tras olvidarse de las viviendas durante años (dos de ellas llevan vacías mucho tiempo), decidió liquidar la sociedad, y en un Consejo de Administración aprobó también que se venderían todos los inmuebles otorgando preferencia a los actuales inquilinos (cita textual)”, aseguran.
“Mientras tanto, los contratos de arrendamiento fueron expirando, y la mayoría de los inquilinos continuaron pagando el alquiler a la sociedad. La sociedad nada aclaraba sobre el futuro de las viviendas. El Alcalde no respondía a los requerimientos de los inquilinos. Tampoco a Vecinos por Torrelodones, que solicitó, por escrito y en persona, afrontar con urgencia la situación de Sumtosa y conocer las intenciones del regidor respecto a las viviendas. A lo largo del pasado mes de noviembre los inquilinos han comenzado a recibir citaciones de desahucio del juzgado de Villalba, sin que previamente el Alcalde o cualquier otro representante del PP de Torrelodones se pusieran en contacto con ellos”, han denunciado.
Desde Vecinos se estima que el “PP de Torrelodones no ha actuado con las formas mínimas exigibles a una administración respecto a sus ciudadanos y más en un asunto como este que afecta de una forma tan importante a la vida de muchas familias, algunas de ellas en situaciones muy complicadas. Han dado todo tipo de expectativas y luego las han cortado mediante un mandamiento judicial. Antes del vencimiento de los contratos el Alcalde debería haberse reunido con los inquilinos y se debería haber explicado claramente las decisiones tomadas respecto a las viviendas sin incertidumbre “alguna”.
“¿Cómo es posible que nadie, tampoco los grupos municipales, consigamos saber qué quiere hacer el Alcalde con unas viviendas propiedad de todos los ciudadanos de Torrelodones?”, se preguntan.
“En Vecinos nos oponemos a que se vendan las casas de Sumtosa. Defendemos que se vuelva a convocar un concurso para concederlas en alquiler en función de criterios sociales. Con dos años y medio de retraso, el PP de Torrelodones nos acaba de permitir incorporar una persona al Consejo de Administración de Sumtosa que se encargará de defender esta posición y de exigir otras formas con los inquilinos. Otra forma de gestionar el imprescindible patrimonio municipal de viviendas en alquiler no sólo es posible, sino indispensable. Otra forma de relación entre el Ayuntamiento y los vecinos es urgente”, concluyen.
* Diario de la Sierra - 5.12.09
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
