ELMUNDO* : No todas las víctimas del tirón del Euríbor, que cotiza al 5,31%, sufren en silencio las estrecheces a las que les aboca el pago de su hipoteca. Un total de 86 familias del Corredor del Henares, la tercera parte de ellas procedentes del continente africano, se integraron ayer en la 'Unión de Compradores de Viviendas Hipotecadas con Intereses Impagables' para hacer frente, con soluciones conjuntas, a la imposibilidad de seguir pagando sus hipotecas.
"Hasta hace tres meses, María pagaba por su hipoteca 900 euros, hoy paga 1.600. El salario de su marido sigue siendo el mismo. Pagar la cuota hipotecaria le supone el 90% de su sueldo", cuenta AESCO en su blog. En él, la asociación se queja de que mientras que el gobierno de EEUU se moviliza para atender a 400.000 hipotecados en serios apuros, en España nadie hace nada por esas miles de familias que corren riesgo de embargo.
Detrás del colectivo de hipotecados está América-España Solidaria de Cooperación (AESCO), una asociación que estima que, sólo en Madrid ya hay abiertos 8.000 proceso de embargos de propietarios de viviendas en fase prejudicial, es decir, en manos de los servicios jurídicos de las entidades bancarias. Según Adicae, la subida de los intereses podría estar afectando ya a unas 120.000 familias, el 40% de ellas inmigrantes.
En Alcalá, destacaba ayer la presencia de familias procedentes de África, Rumanía y Bulgaria, colectivos con gran presencia en Alcalá de Henares y toda la zona Este de la región madrileña. Sólo cuatro de las personadas eran españolas de origen.
Muchos de ellos son propietarios solidarios, es decir, avalistas de otras familias hipotecas que forman una cadena de responsabilidades compartidas, necesaria para adquirir sus viviendas. "Hay hipotecados que deben al banco hasta 800.000 euros a los que se les están embargando las nóminas, ya que deben pagar su propio crédito y las moras de los tres o cuatro propietarios a quienes han ayudado a comprar sus casas", explica Gustavo Fajardo, abogado y portavoz de AESCO, que pide al Estado más control sobre lo que denomina 'hipotecas en cadena'.
"Unos avalan a otros y entre tres o cuatro familias comparten la compra de un sus casas. Cuando uno de ellos no puede pagar, el banco recurre a los ingresos del resto de avalistas", añade Fajardo.
Un Fondo de Garantía Hipotecario
La solución no pasa en este caso por la vuelta de los inmigrantes a su país o que el banco se quede con la casa sino, según la asociación, por la creación de un fondo de garantía similar al que existe en los seguros de automóvil, donde el Consorcio General de Seguros recibe una cantidad de todas las aseguradoras.
"Pedimos al Estado que cree un registro de hipotecados que impida las hipotecas en cadena", dice Fajardo. La medida permitiría al Estado intervenir en el mercado hipotecario y que éste pudiera tratar cada caso de forma individualizada. Para la creación del fondo, el colectivo estima que el Estado podría aportar una cantidad inicial de 600.000 euros, "que recuperaría durante los primeros meses", concluye Fajardo.
El estudio individual de los casos de morosidad permitiría determinar si el deudor es realmente incapaz de pagar y establecería un sistema de aplazamiento y reducción temporal que garantice la superación de la crisis económica momentánea del deudor.
La propuesta de Aesco llegó hace diez días a la mesa de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, tras una reunión de la asociación con la directora general de Arquitectura y Políticas de Vivienda, Anunciación Romero, hace dos semanas.
Suspensiones de pagos personales
Otra de las proposiciones de esta plataforma ciudadana es que cada deudor en apuros, de forma individualizada, pueda presentar ante los tribunales un procedimiento de suspensión de pagos, con el fin de renegociar sus deudas con sus acreedores, y que un administrador (un trabajador social) colabore en la planificación de la devolución ordenada de las deudas.
Aesco ya ha iniciado conversaciones con algunas entidades bancarias para ya que el número de morosos sigue creciendo. "Los bancos, los principales acreedores de los hipotecados, muchas veces no presentan a los procedimientos judiciales de insolvencia", explica Fajardo, "por eso les pedimos que actúen de manera responsable y colaboren para que sus deudores puedan pagar sus hipotecas renegociando, condonando o aplazando el pago de los intereses".
Emigrantes, un doble drama
"Las familias inmigrantes tienen un doble drama, porque hace 10 ó 15 años se endeudaron en sus países para llegar a España y buscar un empleo y después de ese tiempo decidieron hacer su proyecto de vida en España, y ahora su situación es mucho peor de cuando llegaron porque sus deudas son mucho más grandes".
El número de morosos aumenta y Aesco asocia ya a 750 familias hipotecadas en la Comunidad de Madrid. El colectivo ha convocado nuevas reuniones en los barrios de Carabanchel y La Elipa, en Parla, en Getafe y en Guadalajara para seguir captando afectados.
El doble drama es aún más crudo para quienes compraron casas en sus lugares de origen: "Allí ya han surgido mercaderes de la necesidad, empresas que compran las carteras de deuda para perseguir a los que compraron viviendas a sus familiares", afirma Fajardo.
* El Mundo - JOSE F. LEAL - 11.08.2008
Foto: JAVI MARTINEZ, elmundo.es
Familias contra las 'hipotecas impagables'
"Pagué 60.000 euros de comisión por hacer una obra a Turismo Joven"
ELPAÍS/Palma* : El empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez -detenido por el último caso de corrupción en Baleares y liberado horas después- todavía no ha aparecido esta semana por las oficinas de su negocio, MCO-Mallorquina de Construcciones y Obras, una empresa que en su página web se jacta de tener "un especial know-how del mercado" que le permite ofrecer a cada cliente "un servicio integral, a un precio asequible, distinto a lo que comúnmente se puede encontrar ahora". Y tan distinto.
Por orden de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron el lunes por la mañana en el domicilio del constructor y se lo llevaron a comisaría. Pérez se pasó todo el día en las dependencias policiales, respondiendo a las preguntas de los investigadores sobre la nueva trama de corrupción que afecta a ex altos cargos del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP).
Le preguntaron si, tal y como se detalla en la querella criminal, había participado de un delito de cohecho junto con el entonces jefe de servicios y mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven, Juan Francisco Gosálbez. Le habían pillado. Y lo explicó todo: "Le pagué 60.000 euros como comisión por haberme contratado para reformar un local para la nueva sede de la entidad". La factura que presentó Pérez se elevaba a 180.000 euros, de los cuales un tercio habrían ido a parar, directamente, al bolsillo de Gosálbez, con quien mantenía una relación de cierta confianza. Según fuentes cercanas a la investigación, el constructor habría accedido a efectuar el soborno al percatarse de que ése era el modus operandi habitual de los entonces gestores de Turismo Joven, la mayoría de los cuales continuaban ayer detenidos.
Aconsejado por sus abogados desde que entró a declarar en la comisaría, Pérez mantuvo en todo momento una actitud cooperante. Respondió con detalle a todas las cuestiones que le fueron planteando los investigadores -entre los que se hallaban los fiscales anticorrupción Pedro Horrach, Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán- y fue puesto en libertad a última hora del día, tras concluir la primera y maratoniana jornada de interrogatorios.
Ayer, durante una breve conversación telefónica que mantuvo con este diario, admitió la veracidad de las imputaciones que pesan sobre él: "No puedo entrar en detalles, pero lo que ha salido a la luz es cierto. Me remito a los documentos de la acusación y a lo publicado en la prensa. Ahí esta todo. No voy a añadir nada más, porque existe un secreto de sumario".
"Por mi parte", concluyó, "no quiero líos y he considerado que lo más adecuado era colaborar dentro de lo posible con la Justicia para que todo se aclare cuanto antes". Una decisión que podría valerle la atenuación de la pena en el caso de que finalmente las investigaciones confirmen la comisión del presunto delito de cohecho.
Un alquiler oficial para sufragar una fraudulenta compra privada
Los presuntos negocios sucios de Juan Francisco Gosálbez en relación con el local alquilado y remodelado como nueva sede de Turismo Joven fueron más allá del cobro de comisiones millonarias. Meses antes de encargar la reforma fraudulenta del inmueble, Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez, habrían maquinado un plan para hacerse con la propiedad, desviando todos los costes a las arcas públicas.
De este modo, como responsable de instalaciones de Turismo Joven, Gosálbez habría firmado un contrato de alquiler entre el consorcio y una sociedad pantalla a su nombre (Grupo Fanodi), por el que la entidad pública le arrendaba el local por 4.500 euros mensuales durante un período de 12 años. En total, 648.000 euros. Posteriormente, habría falsificado la fecha del contrato para presentarlo como aval ante una entidad bancaria y obtener así un préstamo bancario por, exactamente, la misma cantidad de dinero.
Gosálbez habría obtenido así en propiedad un edificio recién reformado en una de las zonas más exclusivas de Palma, el barrio de la Bonanova, y se habría asegurado no tener que desembolsar ni un euro por la hipoteca, que quedaba cubierta por el alquiler ilegal a cargo del erario público.
El local pasó a disposición de Turismo Joven en mayo de 2007, pocos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP de la mayoría de las instituciones baleares. Previendo esta posibilidad, Gosálbez y su esposa se habrían cubierto las espaldas blindando a su favor el contrato de alquiler. En el caso de que el consorcio, dependiente de la Consejería de Presidencia, pretendiera poner fin al alquiler unilateralmente, quedaría obligado a abonar todas las mensualidades pendientes durante seis años, con los incrementos anuales correspondientes. Unas condiciones que los investigadores consideran claramente abusivas y perjudiciales para la entidad pública.
Además, hasta poco después del nombramiento de Gosálbez y Amengual, el Consorcio de Turismo Joven tenía su sede en un local del centro de Palma por el que no se pagaba ningún alquiler, ya que era propiedad del Gobierno autonómico. Ya por aquel entonces, la situación económica de la entidad era muy precaria y amenazaba la quiebra técnica.
* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 13/08/2008
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
La plataforma «Salva o Tren» impide un intento de manipulación de vías en Portas
LAVOZ/Pontevedra* : El coordinador general de la plataforma «Salva ao tren», Fernando Gómez Camarero, informó de que el colectivo, con el apoyo de vecinos del municipio pontevedrés de Portas, ha impedido hoy un nuevo intento de realizar obras en las vías por parte del ADIF, después de haber permanecido «de guardia» toda la noche.
Gómez Camarero explicó que a las nueve de la mañana, y en el mismo punto donde se produjo un intento anterior del administrador ferroviario, el pasado 20 de julio, impidieron que los obreros levantasen las vías «para eliminar el servicio de proximidad».
El portavoz señaló que el Ministerio pretende la eliminación de este servicio por la ausencia de demanda, «que ellos mismos provocaron -denunció el representante de la asociación- al no invertir en la disposición de horarios y en la mejora de las conexiones», cuando «es un servicio necesario».
Los operarios pretendían instalar un tope de hormigón donde suprimieron las vías «para que los trenes no descarrilen», dijo Gómez Camarero, quien opina que el problema «se arreglaría volviendo a reponer los raíles que retiraron».
Asimismo, el portavoz de la plataforma criticó «la contradicción entre las declaraciones de la empresa y sus intenciones reales, que son eliminar el resto de carriles, aunque afirmen todo lo contrario», así como «quitar el sistema eléctrico de la estación».
Fernando Gómez Camarero explicó que la plataforma dispuso guardias nocturnas para «impedir que se hagan actuaciones en este punto que no vayan encaminadas a la reposición de los dos raíles que se levantaron».
Finalmente, el responsable de «Salva o tren» comentó que celebrarán «movilizaciones durante el mes de septiembre» y que intentarán contar con el apoyo de las zonas de Padrón y Pontecesures.
* La Voz de Galicia - EFE - 13/8/2008
Foto: Pontevedra, costa - lavozdegalicia.es
El urbanismo salvaje obliga a los extranjeros a organizarse
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ELPAÍS/Alicante* : Los extranjeros de La Marina Baixa siguen los pasos de los de La Marina Alta y se organizan para defenderse de lo que consideran abusos urbanísticos de la Administración local. El presidente de la asociación Veïns de L'Alfàs, Marco Perotti, anunció ayer que denunciarán al alcalde ante la justicia española y europea por su "afán depredador" del territorio...
... con la aprobación del PAI Pla de la Serra, que va a suponer la construcción de 2.000 viviendas en 800.000 metros cuadrados, en gran parte, parcelas de pequeños propietarios.
Hay unos 40 propietarios extranjeros a los que se les "ha invadido" su propiedad, según Perotti. "Es una indefensión total ante el afán urbanístico. Lo único que cambia de la LUV a la LRAU es el nombre, porque al final todo acaba en una reparcelación forzosa en la que quien no aporte dinero se queda sin su vivienda", criticó Perotti. El dirigente vecinal acusa al primer edil de negarles la información que afecta al planeamiento.
Veïns de L'Alfàs, con más de 100 socios, anunció la celebración el 18 de agosto de una conferencia europea sobre abusos urbanísticos.
* ELPAIS.com - S. CASTILLO - Benidorm - 13/08/2008
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
