EuropaPress*/Com.Valenciana : "La Sindicatura de Comptes ha detectado en el informe sobre la gestión y control de los recursos del patrimonio municipal del suelo que ninguno de los ayuntamientos analizados ha constituido formalmente ese patrimonio municipal del suelo y tampoco ha fiscalizado, a través de de su Intervención, proyectos de reparcelación y convenios urbanísticos, por lo que emplaza a las instituciones locales a hacerlo. La fiscalización del patrimonio municipal del suelo se ha realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo de España y tiene como objetivo verificar la constitución y el adecuado control del patrimonio municipal.
El informe se elaborado a partir de una encuesta a los ayuntamientos de las capitales de provincia, aquellos con más de 100.000 habitantes y los mayores de 20.000 habitantes que mayor crecimiento poblacional han registrado en los últimos cuatro años.
El órgano fiscalizador, que ha entregado a las Corts el informe de fiscalización de la Gestión y Control de Recursos Integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo correspondiente al ejercicio 2004, concluye que "existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal del suelo, lo que impide su control".
La Sindicatura de Comptes detecta, como "debilidades significativas", que el 100 por ciento de los ayuntamientos "no distingue, dentro de su inventario contable, los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo". Además, estima que "no se tiene constancia de que, en ningún ayuntamiento, la Intervención fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación".
Los consistorios seleccionados en la Comunitat han sido Alicante, Calp, Castellón de la Plana, Dénia, Santa Pola, Elx, Orihuela, Torrevieja y Valencia. En una segunda fase, se ha analizado en profundidad la situación del patrimonio municipal de suelo en Elx y Torrevieja.
El informe señala que "todos los ayuntamientos disponían del plan general, pero formalmente no habían constituido el patrimonio municipal del suelo (PMS)". Pese a ello, "en el 56 por ciento de los casos se ha podido considerar que su sistema de registro permite identificarlo o controlarlo, si bien integrado en el inventario general".
DESTINO DE LOS BIENES
El 78 por ciento de los ayuntamientos encuestados no está en condiciones de facilitar información sobre las altas de los bienes incorporados al patrimonio municipal del suelo. Del mismo modo, un 67 por ciento no ha facilitado datos sobre el destino dado a estos bienes. Sólo tres contestaron sobre el número de operaciones relacionadas con la promoción pública de viviendas.
El órgano fiscalizador recomienda a los ayuntamientos acordar la constitución del patrimonio del suelo, regular su funcionamiento, determinar la unidad o unidades encargadas del mismo, llevarlo de forma separada e independiente del resto de los bienes municipales, controlar las adquisiciones y destinos de los bienes y proporcionar la información al registro autonómico.
Respecto a las fiscalizaciones específicas, la sindicatura destaca que, en el caso del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), a pesar de preverse en el Plan General de Ordenación Urbana, "no se han aplicado las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación".
"La única explicación a esta práctica contraria al plan general ha sido un informe del servicio de urbanismo que se basa en la falta de homogeneidad de las áreas de reparto en suelo urbano", y, en consecuencia, "el Ayuntamiento ha dejado de percibir en suelo urbano las cesiones de terrenos o los abonos en metálico que, de acuerdo con el plan general, debían realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir los excedentes de aprovechamiento, que tendrían que constituir" el patrimonio municipal del suelo.
Además, también destaca que la fiscalización "ha puesto de manifiesto el uso frecuente de las reparcelaciones para que el Ayuntamiento adquiriera bienes externos al sector de la reparcelación, en lugar de los que en principio le correspondían por ésta, tratándose de verdaderas permutas de bienes".
El informe reseña que "un terreno de 3.862 metros cuadrados, permutado al ayuntamiento y destinado a dotación pública, podía haberse obtenido gratuitamente de haberse aplicado las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo previsto en el plan general para suelo urbano". También subraya que en el proyecto de reparcelación y en el convenio urbanístico de plaza de toros "no se justifica el interés inicial del Ayuntamiento en la adjudicación de la citada plaza de toros, cuando posteriormente es permutada por otros bienes".
Igualmente, estima que "en general, los bienes adquiridos por el ayuntamiento no se han destinado a los fines que son propios" del patrimonio municipal del suelo, aunque "constituye una excepción la cesión al Instituto Valenciano de la Vivienda de unos terrenos de 4.836 metros cuadrados, destinados a la construcción de viviendas protegidas". También remarca que no se fiscalizan por la Intervención los convenios urbanísticos y los proyectos de reparcelación.
La sindicatura constata, por otro lado, que el Ayuntamiento de Elx (Alicante) "no siempre ha destinado a los fines que son propios" del patrimonio municipal del suelo los bienes que lo integran y que "el ejercicio de la función interventora presenta debilidades relevantes al no tenerse constancia de que se fiscalicen previamente los hechos relacionados" con el patrimonio municipal del suelo.
* Levante-EMV - 31 de julio de 2007
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat /wikipedia.org
La sindicatura emplaza a los ayuntamientos a constituir el patrimonio del suelo
Ávila construye más viviendas por cada mil habitantes que Estados Unidos
F.Martín/ElConfidencial* : "El dinero de la burbuja inmobiliaria de Irlanda ha permitido a este país izarse al primer rango europeo en Investigación y Desarrollo. En España, en cambio, se ha enladrillado no sólo la periferia, sino también la Meseta, lo que ha convertido a nuestro país en la primera potencia mundial en edificación desde 1999, con más de 600.000 viviendas al año y más de 800.000 en 2005 y 2006. Esta es sólo una de las ideas que se desprenden del último informe del arquitecto y catedrático de economía inmobiliaria, Ricardo Vergés.
“El recurso al mercado monetario de Frankfurt a partir de 2003 ha relanzado la burbuja inmobiliaria en Irlanda y en España. Los otros países no han tenido burbuja porque sólo han recurrido al mercado financiero habitual. Pero Irlanda ha utilizado los fondos monetarios para salir de la penuria (en 1991 había más familias que viviendas) y, sobre todo, para I + D. No ha sucedido lo mismo aquí”, afirma Vergés.
La exuberancia irracional de la construcción española continúa hasta nuestros días, tal y como pone de manifiesto sorprendentemente el informe, que desglosa por provincias el número de viviendas visadas por mil habitantes a partir de los datos de proyectos de ejecución de los arquitectos.
Así, las modestas provincias de Castellón, Toledo o Ávila, construyen más viviendas por mil habitantes que la media de Irlanda. Da la casualidad de que este país ha protagonizado, junto al nuestro, la burbuja inmobiliaria más inflada de la zona euro.
El furor constructor de los alrededores de la Comunidad de Madrid
Para hacernos una idea de las magnitudes, basta comparar los mercados más avanzados con el de España e Irlanda. Por ejemplo, Alemania no llega a las cuatro viviendas por cada mil habitantes, Holanda supera las cinco, EEUU arroja una media de nueve mientras que Francia no llega a las diez. España en conjunto construye 20 e Irlanda nos supera con 22 unidades.
Pues bien. En 2007, Castellón construye más de 60 viviendas por mil habitantes y Murcia excede las 40. Almería, por su parte, se ha estabilizado en alrededor de 38. En torno a 35 es la cifra de Tarragona. Pero este fenómeno no es exclusivo del Mediterráneo. La Rioja, por ejemplo, sobrepasa las 32 unidades; Cantabria y Lugo se acercan a las 28; y Álava tocó el año pasado las 20.
Llama la atención, con todo, el furor constructor de las provincias limítrofes de los alrededores de la Comunidad de Madrid. Toledo, por ejemplo, supera las 56 viviendas por mil habitantes y la curva no aprecia descenso. Guadalajara se acerca a las 50. Ávila rozó las 40 y Segovia construye más de 30.
* El Confidencial - 30/07/2007
Foto: Obras /elconfidencial.com
La ética de los edificios
J.A.Aunión/El País* : "En un mundo tan vilipendiado como el de la construcción, a veces los criterios medioambientales y sociales pesan más que los económicos. La IX Bienal Española de Arquitectura presta por primera vez atención a estas tendencias. La poética es estética y también ética. "Los pepinos de colores están bien, son muy interesantes, y cumplen su función. Pero no pueden tapar todo lo demás". Santiago Cirugeda, arquitecto sevillano de 36 años, habla de obras como la Torre Agbar de Barcelona, del francés Jean Nouvel, y se refiere, por supuesto, a que el gran valor de este edificio es la parte estética; se trata de una gran escultura que, además, alberga a gente.
Y lo que dice Cirugeda también tiene que ver con un movimiento que cada vez gana más fuerza dentro del mundo de la arquitectura, más preocupado por la parte ética de la construcción, y que rechaza los criterios puramente económicos cuyos resultados se pueden ver en cualquier parte de la costa española, en cualquier ciudad, de hecho, de pisos y chalés construidos en serie, sin ningún respeto al medioambiente y muy poca atención a las necesidades de la gente que los va a habitar. Se trata de dar un paso atrás, de preguntarle a esa gente qué necesita y adaptarse a ello, de alzar la vista y conectar de una manera mucho más estrecha la arquitectura con el urbanismo.
Una preocupación que está llegando, al menos sobre el papel, a los organismos oficiales, como demuestra el hecho de que en la IX Bienal Española de Arquitectura se hayan incluido por primera vez premios a las viviendas colectivas, a los proyectos de accesibilidad y a los de integración. El pasado jueves, cuando se entregaban estos premios en Comillas (Cantabria), el presidente de los colegios de arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, habló de una nueva concepción de la belleza, sobre bases diferentes. "A veces, lo que no se considera arquitectura es lo que más lo es", dijo.
Procesos de participación en los que los vecinos dicen cómo quieren que sea el sitio donde viven -sus calles, sus plazas, sus casas-, viviendas que les salen a los edificios en sus fachadas, en las azoteas, que tienen en cuenta tareas espacialmente marginadas, las que han hecho tradicionalmente las mujeres, el respeto al medioambiente... Respuestas distintas en un mundo globalizado que tiende a homogeneizarlo todo.
Todas estas formas de repensar la arquitectura, ligada al urbanismo, se han repasado esta semana en un curso, paralelo a la Bienal, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, y dirigido por la arquitecta Zaida Muxí. Por ejemplo, se pudo ver a la urbanista Isabela Velázquez esmerarse en explicar cómo para los técnicos es enriquecedor un proceso de participación con los vecinos para redactar un proyecto. "Te aportan un sentido común y una visión global que a veces nos falta".
Los procesos de participación están empezando a incluirse en las políticas europeas, y Velázquez ha dirigido algunos, en Lorca, para la construcción de un parque, o en la remodelación del barrio de Trinitat Nova, en Barcelona. Más o menos sofisticada, con juegos cooperativos o fiestas, la participación consiste simplemente en consultar (los vecinos sólo proponen, los técnicos siguen siendo los técnicos) desde el principio a los habitantes en su barrio, en su ciudad. Aunque, de momento, no hay muchos políticos que se atrevan a impulsar esta ideas, asegura Velázquez.
Plazas, parques, todos estos movimientos tienen mucho que ver con los espacios públicos, con la idea de que los habitantes hagan suya la ciudad. Pero también con los espacios compartidos dentro de los bloques de pisos, que ahora se llaman viviendas colectivas porque tratan de potenciarse estas ideas. Los patios interiores, la conexión entre las viviendas, con lugares de paso que se puedan compartir, en los que sea agradable estar, son algunos de los elementos de la arquitectura de Javier Terrados, y, sobre todo, dar soluciones concretas pensando en quién va a vivir allí. Justo lo que busca Santiago Cirugeda. Con particulares o administraciones, dentro, en el borde o completamente al margen de la legalidad, ofrece soluciones "a gente para la que no tiene respuestas la arquitectura oficial". "En la ciudad hay situaciones temporales que hay que empezar a articular". O lo que es lo mismo, los solares, mientras no se construyen, se pueden usar para albergar una casa prefabricada (como la de la página anterior) o, si te pones de acuerdo con los vecinos, se puede construir una casa en un andamio junto a la fachada o en una azotea. Cirugeda ofrece asesoramiento para instalar estas casas en las azoteas (se puede ver un curioso vídeo descriptivo si se busca "alquiler de azoteas" en Youtube.com). Por el momento, hay pocas y, al ser alegales, no le gusta decir dónde están, pero asegura que le han ofrecido más de 60 azoteas para instalarlas. Este sevillano combina como nadie esta sensibilidad social con la facilidad que empieza a haber en Europa para absorber tranquilamente como arte los movimientos alternativos, jurando según le convenga que es arquitecto o artista. Le encanta la construcción, y también le preocupa el resultado estético de sus obras, pero prefiere no hablar de ello, porque lo importante, dice, es todo el proceso previo.
Un proceso, volvemos otra vez al mismo sitio, que empieza con lo que necesita la gente. Cada vez se habla más de la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género (se menciona en la Ley de Igualdad), aunque aún hay pocos ejemplos. Cómo se pueden hacer las casas para que puedan vivirlas plenamente mayores, discapacitados, para que las ciudades no sean monstruos deshumanizados, para que respeten el medio ambiente. El proceso también termina planteándose qué necesita la gente.
De la belleza moral a la estética
"La belleza moral y la belleza estética van casi siempre unidas". Hay que "acabar con la fealdad" y "reivindicar el derecho a la belleza". Toda una declaración de intenciones la que hizo con estas palabras el presidente de la asociación de colegios de arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, en la entrega de premios y la inauguración de la exposición de la IX Bienal Española de Arquitectura, que estará hasta el próximo 8 de septiembre en el Palacio de Sobrellano, en Comillas (Cantabria).
Se presentaron 300 obras de arquitectos españoles o extranjeros que trabajan en España, hechas durante los dos últimos años, de las que se han elegido 31. Entre ellas, las ganadoras, que representan esa forma de ver la arquitectura de la que habló Hernández Pezzi. Por ejemplo, los dos premios a la accesibilidad.
El primero, los andenes móviles de Vitoria, son unas cintas mecánicas que suben a los viandantes las cuestas del casco antiguo de la ciudad, cubiertas por una superficie que da la sensación de fuelle desde el exterior. El otro premio a la accesibilidad ha sido para la pasarela para peatones en el parque de Vallparadís, en Terrasa, un puente colgante de 90 metros que une el barrio que se llama como el parque con el pueblo de Sant Pere.
La exposición viajará a la Universidad de Alcalá de Henares en el mes de octubre y se podrá ver en los arcos de los Nuevos Ministerios, en Madrid, en noviembre.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/07/2007
Foto: Barcelona, torre_agbar /wikipedia.org
397 municipios salpican el mapa de las irregularidades urbanísticas
P.Carrión/CincoDías* : "La corrupción urbanística se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, según las últimas encuestas del CIS. Un informe que acaba de elaborar la Fundación Alternativas con el título Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción se hace eco de 397 municipios repartidos por todo el país en donde se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, desde 2000 hasta 2006. Se trata de irregularidades nacidas de un incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica.
En el mapa que aquí se presenta se exponen todos estos casos, que afectan a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida, desde el interior hasta la costa. Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid se llevan la palma. Los municipios citados sólo son los que han aparecido en los medios de comunicación, que la Fundación ha ido recopilando pacientemente. Es de prever que haya muchos más que no han salido aún a la luz pública pero que se están investigando.
La tipología de irregularidades es muy variada. Va desde reclasificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en trámite de comprobación administrativa o judicial.
El caso más emblemático de irregularidades urbanísticas que degeneró en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso (operación Malaya), acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas públicas de 5.200 millones. La recién aprobada Ley de Suelo estatal intenta acabar 'radicalmente' con este tipo de fenómenos, según se recalca desde el Ministerio de Vivienda.
* Cinco Días - 30-07-2007
Foto: Viñeta de CUTTLAS /20minutos- abril 06
Marbella: Las "magistrales jugadas" de Roca
D.Narváez/El País* : "En los años en los que el ex gerente de Urbanismo de Marbella y principal cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, ejerció su inmenso poder en la ciudad no se limitó a actuar como benefactor, sino que se hizo principal beneficiario de ese poder. Roca implantó un sistema de soborno a los constructores, pero también él mismo fue promotor inmobiliario a través de sociedades que nunca aparecen a su nombre -el juez ha llegado a atribuir a Roca 44 sociedades- e intermediario de transacciones y jugó con la enorme ventaja de que era él quien tomaba las decisiones sobre el urbanismo en la ciudad. Sociedades controladas por él, por ejemplo se hacían con suelo rústico, que luego permutaba con el Ayuntamiento por parcelas urbanas, causando a éste importantes pérdidas patrimoniales, o procuraba que se recalificaran y las vendía revalorizadas. Cuando no, según el juez, "se imponía a los promotores operaciones urbanísticas en las que se veían obligados a hacer negocios con Roca".
Ello, y no los cohechos cobrados y repartidos con los concejales, explica el inmenso patrimonio que amasó, que el propio Roca cifra en 120 millones de euros, pero que según indica el juez en el auto de procesamiento no se ha calculado todavía de forma objetiva, y que se haya fijado la fianza por su responsabilidad civil en el caso en 1.000 millones de euros.
En el auto de procesamiento dictado por el juez contra los 86 inculpados el el caso Malaya, se contienen detalles de algunas de estas operaciones urbanísticas. Especialmente significativa de la avidez de Roca son unos convenios firmados con Aifos, en los que Roca cobró de dos partes diferentes, en lo que el juez califica de "una magistral jugada tan brillante como aparentemente constitutiva de delito". Se trataba de un convenio en el que el Ayuntamiento vendía a la promotora unos aprovechamientos urbanísticos en Guadaiza, que se valoraron en 4.829.131 euros. Roca pidió dos millones para él, e "impuso" a Aifos que en vez de pagar entregara al consistorio unos locales en los que tenía interés. Aifos tuvo que comprar los locales a una sociedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca imputados en la causa, y a quienes el presunto cerebro de la trama cobró por ello una comisión de 928.000 euros.
Técnicos de Hacienda han estimado el valor real de los locales en dos millones, la mitad de lo pagado por Aifos. Pero además, los aprovechamientos que entregaba el Ayuntamiento estaban embargados, por lo que el juez sostiene que "la jugada de Roca era redonda pues en definitiva ofrecía a Aifos unos terrenos que no iba a poder entregar".
Por los convenios para otorgar más edificabilidad a los hoteles Guadalpín, Roca pidió cuatro millones de euros, según el juez.
También con Sánchez y Liétor de socios, Roca intervino en la permuta de unos locales de éstos por un edificio municipal en Puerto Banús de más valor real que aquellos por los que cobró 1.200.000 euros. El edificio luego fue vendido a Tomás Olivo, que pagó a Roca 1.800.000 euros en efectivo -la compra le costó siete millones-, según el juez.
Olivo obtuvo del Ayuntamiento varias parcelas como dación de pagos de unas supuestas obras que, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, no están justificadas. Según el juez, una de estas parcelas Olivo la entregó a Roca, quien la vendió al promotor José María Enríquez, que levantó una promoción con licencia municipal concedida por silencio administrativo. Para obtener el permiso de primera ocupación, el promotor tuvo que pagar a Roca un presunto cohecho de 288.500 euros.
Roca además ha sido socio del promotor granadino José Ávila Rojas, hasta el punto de que el juez ha llegado a señalar en uno de sus autos que ambos eran "uno en Marbella". Ávila Rojas ha sido uno de los constructores más activos en Marbella durante el gilismo, y de los promotores imputados procesados en el caso Malaya es al que mayor fianza por responsabilidad se ha fijado, 50 millones de euros. Según el juez, sólo entre 2003 y 2006, años a los que se ciñe la investigación de la Operación Malaya, pagó cohechos a Roca por más de cinco millones de euros. Pero además, Roca ha propiciado a Ávila Rojas parcelas municipales para construcciones de al menos cuatro promociones con las que según el juez, el cerebro de la trama habría ganado 17 millones de euros, que en parte habría cobrado con la entrega de pisos.
También otra sociedad de Roca, Vanda Agropecuaria, vendió a José María González de Caldas propiedades por 1,6 millones de euros en el edificio Golden que previamente había adquirido por 384.000 euros, y que el conocido empresario sevillano entregó después al Ayuntamiento en un convenio de permuta de inmuebles. También González de Caldas está imputado de cohecho por haber pagado a Roca 60.000 euros para la obtención de una licencia de primera ocupación de una promoción de 18 viviendas.
Cobros según caja
El reparto del dinero cobrado como presunto cohecho a los promotores urbanísticos que Roca hacía entre los concejales de la corporación no seguía unas reglas fijas, ni una periodicidad concreta. Simplemente dependían de la disponibilidad de caja. "El reparto de los sobres se produce cuando existen fondos suficientes en la caja única de Roca y no son un pago por cada acto concreto sino que de alguna manera, los concejales están en nómina y cada cierto tiempo tienen que ser agradecidos con alguna cantidad por su fidelidad y subordinación del cerebro pensante que obtiene los fondos", relata el juez en el auto de procesamiento.
En la resolución, el juez relaciona con detallecomo los pagos a ediles coincidían con las fechas en que se produjeron entregas de los promotores a Roca.
Roca digiría su imperio con el principio de caja única, establecida en la sede de Mara Asesores. En ella apuntaba las entradas y salidas de dinero, con iniciales que el juez ha identificado con los promotores, en el primer caso, y con concejales y toda una serie de testaferros, proveedores y suministradores de Roca en el caso de las segundas. Una contabilidad muy minuciosa, en la que Roca llegaba a anotar hasta los gastos de la celebración del cumpleaños de su hija, o de sus vacaciones.
Para los concejales fue la menor parte del pastel. Según el juez, entre 2003 y 2006 Roca pudo recaudar unos 30 millones de euros en presuntos cohechos, de los que repartió cinco millones en sobres entre los ediles. Según el juez éstos "se limitan en todo momento a aprobar lo que viene de Planeamiento, sin mayores problemas ni cuestionarse los convenios o las licencias sobre las que Roca negocia". La alcaldesa Marisol Yagüe fue, con 1.323.896 euros, la más beneficiada.
* ELPAIS.com - Málaga - 25/07/2007
La inversión en viviendas sociales, en entredicho
A.Serrano/Telecinco* : "El pasado 30 de Junio entró en vigor la nueva ley del suelo propuesta por el gobierno de Zapatero, aprobada en el parlamento por todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Entre otras cosas, esta norma pretende acabar con la especulación del suelo urbanizable, reservando el 30% del terreno edificable para la Vivienda de Protección Oficial, también incluye una reserva del 15% para los ayuntamientos. El problema de la ley comienza con las contradicciones que existen entre las propias Comunidades Autónomas, con diferentes porcentajes dedicados al VPO. Las diferencias se encuentran incluso dentro de las propias Autonomías.
La Caja de Pandora la destapó Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, que considera inconstitucional la nueva ley del suelo, alegando que la norma se está intrometiendo en competencias exclusivas de las autonomías, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid reserva el 50% del suelo urbanizable a Viviendas de Protección Oficial, un 20% más que el mínimo establecido en la novedosa ley estatal.
Esta propuesta aprobada en el Congreso, se encuentra por debajo de los porcentajes establecidos por algunas Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco, que establece el 60% del suelo urbanizable, situándose a la cabeza de terreno dedicado a la vivienda social. Esto emplaza la diferencia en el doble de lo aprobado en las Cortes.
Navarra o Castilla la Mancha también se adelantaron a la propuesta del Gobierno, estableciendo en su plan estratégico de urbanismo, la reserva del 50% del suelo edificable a la Vivienda de Protección Oficial. Igualan de esta manera a la Comunidad de Madrid, que se encuentran entre los más destacados de la clase en materia de vivienda social.
Otras Autonomías como Andalucía o Murcia recogen los porcentajes mínimos establecidos por esta nueva ley, situados en el 30% del suelo, pasando el corte establecido por el Gobierno.
El caso de Valencia es paradigmático, dedica del 25% al 40% a la VPO, lo que significa que dependerá en última instancia de la decisión de cada ayuntamiento para establecer los mínimos. Esto se puede traducir en una diferencia del 15% dependiendo de la decisión tomada por los responsables de urbanismo de cada zona.
Extremadura, las Islas Canarias o Castilla León, deben adaptar sus planes estratégicos de urbanismo, a las exigencias de la nueva ley del suelo, para respetar el mínimo del 30%. Estas Comunidades se encuentran un 5% por debajo.
Descoordinación de competencias
Las diferencias entre las propias Comunidades Autónomas se hacen abismales, llegando al 40% como es el caso que existe entre el País Vasco y las Islas Canarias.
Dentro de las autonomías se hallan desfases a la hora de establecer los criterios de terreno protegido. Galicia es un buen ejemplo, mientras desde el Gobierno de la Xunta se establece el 40% en suelo social, Vigo, que todavía no ha adaptado su plan estratégico, implanta un mínimo del 20%, situado por debajo de la ley Estatal. Estos desfases ponen de manifiesto la descoordinación de competencias en materia urbanística.
La reserva del 15% a los Ayuntamientos, aún pone más de relieve la falta de consenso que existe en todo el Territorio Nacional a la hora de unificar criterios en un tema capital para los ciudadanos, como son los porcentajes de reserva para la Vivienda de Protección Oficial y el derecho de las personas a una vivienda digna recogido en la Constitución.
* Informativos Telecinco - 28 de julio de 2007
Foto: Las Comunidades Autónomas regulan a su antojo la cantidad de suelo reservado para VPO /informativos.telecinco.es
Urbanismo y vivienda en el siglo XXI
ÁNGEL GIJÓN* : "A nadie se le oculta el protagonismo que urbanismo y vivienda poseen en la actualidad a nivel mediático. Protagonismo que, desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, tiene como motivación el 'morbo' que generan la gran cantidad de casos de corrupción y especulación, o la carestía y dificultad de acceso a la vivienda. En contadas ocasiones, con la excepción hecha de alguna prensa especializada, se aborda el urbanismo y la vivienda desde el análisis de las demandas de futuro que la nueva sociedad plantea en este campo en materia de diseño de vivienda, equipamientos, espacios libres, zonas verdes, infraestructuras y accesibilidad. En definitiva, no existe un debate serio de lo que queremos como modelo de ciudad del siglo XXI.
Se teoriza mucho sobre el urbanismo y el desarrollo sostenible, el pinchazo de la 'burbuja inmobiliaria', el altísimo coste de la vivienda. Ahora bien, las grandes preguntas que entiendo sería necesario hacerse resultan mucho más cercanas y asequibles: ¿Qué vivienda necesita la nueva sociedad española del s XXI? Y, a mayor escala, ¿qué ciudad necesitamos para el s. XXI?
Tanto el Art. 47 de la Constitución Española como nuestra LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), garantiza el «derecho al acceso a una vivienda digna»; pero ¿qué vivienda se necesita hoy? Parece claro que el cumplimento del referido artículo solo se podrá lograr mediante un buen desarrollo de la vivienda protegida, también previsto en la LOUA y recientemente en la nueva Ley del Suelo. Para ello resulta imprescindible actualizar la legislación de vivienda de protección oficial cuyo texto base respecto a las Normas de Diseño arranca de la Orden Ministerial de mayo de 1969, modificada en 1970, y ampliada por otra OM de mayo de 1974. Parece obvio exponer lo que ha cambiado la sociedad española en estos años.
Tanto las Normas de Calidad y Diseño de la citada ley, como las condiciones de adquisición de las viviendas y los segmentos del módulo de venta de la VPO, han quedado obsoletos. Por tanto la demanda social no se está cumpliendo; hoy la nueva organización de las familias, las nuevas formas de usar la vivienda, y tanto los ingresos como la realidad laboral de nuestros jóvenes, no están bien reflejados en la normativa vigente.
Urge solicitar a la Administración la actualización de la ley para proyectar una nueva vivienda que responda a las demandas de nuestra sociedad. Viviendas más polivalentes, versátiles en su tamaño y en su programa, con espacios privados y comunes que den el juego preciso a las nuevas generaciones, e incluso a la tercera edad, igualmente desprotegida en parte en nuestra ley por la rigidez para realizar alojamientos adecuados a sus necesidades.
Urgente resulta, asimismo, que nuestros políticos resuelvan este tema de uso y las formas de acceder a las viviendas protegidas, aumentando el segmento de módulos de acceso, ante la gran variedad de casos que hoy se plantean.
Esto hará también más atractivo al promotor privado invertir en el campo de la vivienda o alojamientos colectivos protegidos, sector al que hasta ahora se le ha prestado poca atención, y que la previsible bajada de precios de la vivienda libre, unido a las medidas propuestas y la actualización de módulos de venta en VPO, pueden ayudar a paliar el famoso 'pinchazo'. Esta necesidad de diseñar nuevos modelos de hábitat, también es deseable trasladarla al tratamiento de equipamientos y espacios libres de los nuevos barrios.
Es este caso, debe prevalecer un planteamiento de absoluta polivalencia. No nos podemos permitir disponer en nuestra ciudades de estadios de cientos de millones de euros para jugar 20 partidos al año un equipo de fútbol, y que siga existiendo un déficit enorme de instalaciones deportivas decentes para la juventud y el deporte base. Hace falta racionalizar todo este proceso y dar a nuestros jóvenes unas instalaciones propias del s. XXI en las que, no sólo los jóvenes, sino la sociedad en general, pueda desarrollar de manera adecuada la actividad física, uno de los pilares básicos de nuestro bienestar. Para ello debemos de disponer de escuelas municipales e instalaciones polideportivas que formen a deportistas en las condiciones que exige el nivel adquirido por nuestra sociedad.
Asimismo, los planteamientos en este sentido nos deben de encaminar al diseño de Ecobarrios y parques urbanos que dispongan de infraestructuras diseñados para la recuperación del estilo de vida mediterráneo, donde el 'ágora' o espacio de encuentro y transmisión del pensamiento y conocimiento vuelva a ejercer su protagonismo. El desarrollo no significa que nuestros barrios dispongan de 'wifi' e infraestructura de energías autosuficientes, etc ; también es necesario reivindicar los espacios comunes habitables y usables integrados en zonas comunes de viviendas, comercios, restaurantes, lugares de ocio, etc., que nos permitan volver a disfrutar de la escala humana que siempre caracterizó nuestra cultura. Los centros comerciales o grandes superficies, no pueden convertirse en las nuevas plazas de la ciudad mediterránea.
Si no actuamos con estas sensibilidades, nuestros nuevos barrios y ciudades serán cada vez más desapacibles y alejados de nuestro modo y calidad de vida; precisamos de espacios libres que no solo cumplan con los estándares obligatorios de las leyes de suelo, sino que respondan a sensibilidades de índole físico y cultural de quienes van a utilizarlos. Y por supuesto, es esencial que en los nuevos planes parciales de desarrollo, los equipamientos estén terminados al mismo tiempo que las viviendas.
De cualquier forma, comenzamos a vislumbrar iniciativas innovadoras que reflejan el cambio de ciclo histórico que sufre nuestra ordenación del territorio a comienzos del siglo XXI, y que responden a estrategias ya referidas vinculadas a nuevos conceptos, como el mayor respeto al paisaje, las nuevas energías, el reciclaje, las redes, la ecología, etc. Independientemente de los colores políticos que respaldan o impulsan estas iniciativas, hablamos de conceptos de difícil acomodación política, razón por la cual su desarrollo debe estar dirigido por expertos de disciplinas tan diversas como arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, geógrafos, paisajistas, abogados, economistas, etc, que trabajen de forma coordinada e integrada.
Los arquitectos estamos obligados a poner todo nuestro esfuerzo al servicio de un nuevo modelo de ciudad más sostenible. A defender nuevas concepciones que alumbren alternativas de diseño mas cercanas a los seres humanos y la naturaleza. No cabe caer en la nostalgia de intentar revivir la ciudad del pasado, pero tampoco abundar en diseños que contribuyan a deshumanizar el espacio.
Solucionar este gran debate: nuevas viviendas, nuevos equipamientos, nuevos barrios, nuevas ciudades para el siglo XXI, creo que ya no admite más demora, y los agentes sociales, políticos y profesionales no podemos perder más tiempo en mirar otros árboles que nos impidan ver el bosque de las urgentes necesidades que reclaman nuestras nuevas ciudades.
* ÁNGEL GIJÓN es arquitecto
* Ideal Digital - Granada - 27 de julio de 2007
El juez Torres deja el caso Malaya tomando declaración al testigo que lo inició
A.Valenzuela/MalagaHoy* : "El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, ha concluido su investigación del caso Malaya exactamente en el mismo punto donde la comenzó: tomando declaración al jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, el hombre que destapó la caja de los truenos cuando contó todo lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido hasta entonces en el Ayuntamiento de Marbella. Antes de que abandone definitivamente el próximo martes los juzgados de Marbella para incorporarse a su plaza como titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Torres consideró oportuna la comparecencia del jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González, cuya declaración en otro procedimiento en octubre de 2005 dio lugar a la investigación policial que culminó con la disolución del gobierno de Marisol Yagüe.
En su interrogatorio de ayer ante el magistrado, González ratificó todo lo que había afirmado la vez anterior cuando destacó "el control total" que ejercía el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, sobre las decisiones del Consistorio, de manera que éste se encontraba "por encima de los cargos electos y de los funcionarios municipales".
El abogado de Marisol Yagüe, Ernesto Osuna, que estuvo presente en la declaración junto a más de una decena de abogados de otros imputados en la causa, aseguró que al funcionario se le notó "la animadversión" que siente fundamentalmente hacia Roca, Jesús Gil, Julián Muñoz y la ex asesora de Urbanismo, Raquel Escobar.
Por el contrario, las respuestas de González a los interrogantes de los letrados dejaron entrever, según Osuna, "la poca intervención" que tenían Yagüe y los concejales en las decisiones que afectaban a cuestiones urbanísticas.
"Ha quedado claro que estaban al margen de los temas urbanísticos y que se dejaban guiar por el asesoramiento que recibían de fuera", continuó el letrado de la ex alcaldesa. Esos comentarios fueron muy bien recibidos por Osuna porque "refleja una ausencia de dominio sobre el presunto hecho delictivo que se le imputa a mis defendidos".
Sobre el modo en el que se concedían las licencias para construir en Marbella, el abogado comentó que las contestaciones de González fueron "difusas", porque hacían referencias a la prensa y a lo que "se sabe en la calle", por lo que "no arrojó ninguna luz sobre el tema".
Las defensas que estuvieron presentes en la comparecencia señalaron que el jefe de los servicios jurídicos se mostró "muy sarcástico, vehemente y haciendo comentarios continuos que estaban fuera de lugar por su condición de testigo". De hecho, mostraron extrañeza porque González no fue reprendido en ningún momento por el magistrado que instruye el caso.
"Sus valoraciones personales y sus comentarios jocosos hacen pensar que más que un testigo era una parte interesada o una acusación", continuaron las mismas fuentes. Esa actitud durante las más de seis horas que duró la declaración provocó la crispación de algún que otro letrado.
Por otra parte, el abogado de Marisol Yagüe comentó que el funcionario incurrió en "algunas contradicciones" que evidenciaron que había "diferencias irreconciliables" entre el testigo y algunos imputados.
En ese sentido, Osuna cree que González se equivocó cuando se refirió a los diferentes responsables que se sucedieron en el área de asesoramiento jurídico de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
El funcionario dijo que hubo una primera etapa que iría desde comienzos de los noventa a 1998 y una segunda en la que dejó de tener contacto con la instrucción de los expedientes urbanísticos.
Sin embargo, el defensor de Yagüe matizó que durante la declaración de ayer el jefe de los servicios jurídicos aseguró que en ese segundo periodo llegó a remitir algunos de esos expedientes a Raquel Escobar, mano derecha de Roca en la sede de Planeamiento.
Por otra parte, el juez Torres no le preguntó a González por la concesión de ninguna licencia concreta, ya que prefirió que contestase a cuestiones más generales como si recibió órdenes directas del presunto cerebro de la trama corrupta.
* Málaga Hoy - 28 de Julio de 2007
Foto: Marbella, gerencia de urbanismo /elmundo.es
Tasas por corrupción
El Roto/El País
Viñeta de El Roto /20070727 - ELPAIS.com
Urbanismo: Aguirre y Narbona van al Constitucional
A.Corcuera/El País* : "La presidenta recurre la Ley del Suelo estatal, y la ministra, la autonómica de 'las cuatro plantas'. Fuego cruzado, con los recursos ante el Tribunal Constitucional como artillería, entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Esperanza Aguirre. Es la última táctica en la estrategia de enfrentamiento entre ambas instituciones, esta vez a cuenta de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Es la norma que limita a cuatro las alturas de los pisos y que impide a los agentes forestales entrar en fincas privadas sin mandato judicial.
Justo un día después de que la Asamblea de Madrid aprobara esta ley, sobre la que PSOE e IU habían insinuado días atrás posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, el PP pasó al contraataque. Y lo suyo no son las medias tintas, sino los hechos. Así que Ignacio González, vicepresidente primero autonómico, anunció la presentación de dos recursos en el Constitucional contra leyes del Gobierno central.
El primero, por la Ley del Suelo, de ámbito estatal; el otro, contra el decreto que regula la formación de trabajadores y parados. Además, el Gobierno de Aguirre presentará alegaciones por el mapa del ruido del aeropuerto de Barajas elaborado por AENA y presentará un conflicto de competencias ante el Constitucional porque cree que es el Gobierno regional (en lugar del central) el que debe resolver una divergencia entre dos empresas de transporte regionales. El PSOE, por su parte, también pasó ayer a los hechos. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización por ser contraria a la Ley de Montes.
Narbona acusó a Aguirre de "romper España" por obligar a que los agentes forestales sólo puedan entrar en fincas privadas con mandamiento judicial. "Al PP se le llena la boca de España, pero confunde el interés general de los madrileños con los intereses particulares, más concretamente con los intereses de los propietarios de fincas privadas".
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, abundó en esta idea, pero con otro argumento: la Ley del Suelo. "Quien se oponga a una ley así, hace un mal servicio a España y a los españoles", dijo en Comillas (Cantabria), informa Juan A. Aunión. La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, dijo que también ellos estudian interponer un recurso.
La guerra de cifras entre los gobiernos de Zapatero y Aguirre está servida. Es la batalla del y tú más. La Comunidad de Madrid estima que la Ley del Suelo "rebaja al 30% la vivienda protegida en los nuevos desarrollos, frente a la obligación del 50% que impone Madrid". Sin embargo, el Ministerio de Vivienda respondió ayer que "la ley fija un mínimo de un 30%, pero si una comunidad autónoma quiere establecer un 50%, estupendo". Además, defiende un portavoz ministerial, la ley estatal "incorpora medidas para el cumplimiento de ese 30%". Unas normas que, según las mismas fuentes, no tiene Madrid. "Ellos incumplen su 50%", aseguran.
El recurso de inconstitucionalidad que va a presentar Aguirre, además de por la guerra de porcentajes, se debe a otros factores. Según el Gobierno regional, la Ley del Suelo "priva a los propietarios del suelo de su competencia para urbanizarlos". El ministerio matiza: "Ella se presenta como la defensora de los pobres propietarios que tienen su parcelita, pero no es así; en realidad, ella está con sólo unas diez personas, que concentran la gran mayoría del suelo en Madrid".
"La norma recurrida impone usos a los suelos públicos e impide que se destinen a las necesidades de cada momento", dijo ayer la Comunidad. Fuentes del ministerio rebatían esta afirmación. Desde el Ministerio de Medio Ambiente también organizan su artillería de recursos. La ministra, Cristina Narbona, anunció que va a analizar "inmediatamente" la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización por el apartado sobre los agentes forestales. "La norma regional es una medida contraria a la Ley estatal de Montes que dice claramente que los agentes forestales, como agentes de la autoridad, pueden entrar, inspeccionar, tomar pruebas y llevar a cabo todas las actuaciones que crean necesarias para prevenir cualquier delito de carácter ambiental y urbanístico", subrayó Narbona en declaraciones a la cadena SER.
La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, señaló que "lo más flagrante tiene que ver con el apartado que limita las alturas de los bloques a cuatro pisos".
* El País - Madrid - 27/07/2007
Viñeta: J.R. Mora
«Las nuevas viviendas tenderán hacia un modelo menos sostenible y más caro»
M.Oliver.- ABC/Madrid* : "La decana del Colegio de Arquitectos de Madrid no pudo ocultar ayer su disgusto por la aprobación de la ley que limita la construcción de nuevos edificios residenciales a cuatro alturas (tres más ático) sin que la Comunidad les haya consultado la norma.
-Lo primero que hice cuando aterricé en el cargo fue ofrecerme a colaborar con las administraciones para aportar nuestra opinión para casos como éste... y a las primeras de cambio vemos que no nos han tenido en cuenta. No lo entiendo. Se trata de un asunto que nos afecta tan directamente que nos tendrían que haber llamado antes.
-¿Qué efectos cree que puede tener la aplicación de esta nueva norma en el urbanismo madrileño?
-Pues lo que creo es que el modelo residencial va a cambiar por completo. Al reducir la altura, y mantener la misma edificabilidad, se van a expandir las construcciones a lo ancho. Es decir, se ocupará más. La verdad es que este desarrollo será muy poco sostenible.
-¿Por qué?
-Pues porque esta ocupación de más espacio provocará una disminución de los espacios públicos, zonas verdes, viales etc... Dificultará también el transporte colectivo, por lo que también creo que se trata de una medida antiecológica.
-¿Y qué repercusión cree usted que puede tener sobre el precio final de la vivienda?
-Creo que esta medida incrementará los costes de construcción de los edificios. Mire, lo más caro de construir es la cimentación y la cubierta... Es inevitable que esta subida en los costes de construcción no se traduzca después en una subida en el precio final de la vivienda.
-Parece que, bajo su punto de vista, esta ley no ha sido muy afortunada...
-Es que no entiendo que se intente aplicar un mismo modelo a todos los 179 municipios de la región. Hay algunas poblaciones pequeñas que pedirán construir edificaciones con menos alturas. Pero hay otros que necesitarán levantar bloques de más de cuatro plantas porque el desarrollo de la zona lo pide. Por eso digo que no es razonable aplicar una misma norma para todos los municipios madrileños. Es como si nos obligaran a todos llevar una talla 38 de zapato, independientemente de si nuestro pie es más o menos grande.
-¿Cuál sería bajo su punto de vista, entonces, la mejor solución para mejorar el urbanismo que se practica en Madrid?
-Creo que lo que se echa en falta es un Plan Regional que asiente un marco de diálogo entre los ayuntamientos de la región y la Comunidad. Necesitamos un marco donde se definan mejor las competencias de los ayuntamientos y donde se agilice la aprobación de los planes generales. Todo esto entorpecerá el proceso de aprobación de los planes generales. No es normal que la Comunidad aprobara sólo cinco planes en la legislatura pasada. Pero para ello se necesita hablar y estar en constante comunicación. Y ellos, esta vez, han optado por no consultar con nadie, pese a no contar con arquitectos entre su equipo. Siento muchísimo que no se nos haya tenido en cuenta. A pesar de todo, mi disposición sigue abierta al diálogo con la Comunidad.
-¿Es compatible el modelo que propone la Comunidad con el que rige ahora?
-Esta nueva ley nos lleva a un modelo más anglosajón que latino. Los españoles somos más de vivir en pisos de altura, con amplias zonas comunes y de relacionarnos con los vecinos. Ése es el modelo latino. Pero el anglosajón es de viviendas más bajas, más dispersas, donde no se necesitan espacios de reunión porque ellos no tienden a agruparse como nosotros.Esta ley favorece todo lo que nosotros no estamos acostumbrados a experimentar.
-¿Qué consecuencias cree que puede haber si se aplica la ley?
-Si al final sale la ley, creo que va a haber muchas excepciones, y eso no es bueno porque va a provocar mucha confusión en el sector. Me gustaría que lo reconsideraran y que nos dieran un poco más de juego.
-Creo que usted tenía una cita pendiente con Esperanza Aguirre, ¿no es así?
-Así es. Tenemos previsto mantener una reunión en breve. Por supuesto que hablaremos de esto. Me hubiese gustado haberlo hecho antes de que se aprobara la ley, pero no hemos llegado a tiempo. Se lo digo porque a mí no me gusta criticar sin aportar. Yo sólo creo en la crítica constructiva, y no en la destructiva.
* ABC - Madrid - 26 de julio de 2007
Noticia relacionada: CECU afirma que la limitación de alturas en Madrid afectará al medio ambiente y al precio de la vivienda
AMA realizará una marcha contra la corrupción urbanística entre Argoños y Santander
CantabriaConfidencial* : "La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) realizará los próximos días 29 y 30 de julio una marcha a pie entre Argoños y Santander en protesta por la corrupción urbanística y para reclamar soluciones para los afectados por sentencias de derribo. Bajo el lema 'Contra la corrupción urbanística, prisión y regularización', la marcha fue presentada hoy en rueda de prensa por el presidente de AMA, Antonio Vilela, quien señaló que el objetivo de la protesta es reclamar el endurecimiento de las penas por este delito, así como "regularizar que no paguen inocentes lo que es culpa de constructores o políticos".
Vilela explicó que la asociación espera contar en el acto con la presencia del presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, y con representantes del PRC y del PSOE, para lo que se están haciendo las gestiones oportunas.
La salida tendrá lugar el día 29, a las nueve de la mañana, del Ayuntamiento de Argoños y continuará por Arnuero y Galizano, donde tendrá lugar la comida. Después se dirigirá al polideportivo de Latas, en Somo, donde llegará sobre las seis de la tarde y donde, una hora más tarde, intervendrán distintos invitados al acto. Los asistentes harán noche en el polideportivo, del que partirán al día siguiente, a las diez de la mañana para dirigirse en barco a Santander. Una vez en la capital cántabra, se trasladarán al Parlamento regional, donde mantendrán una entrevista con su presidente, Miguel Ángel Palacio.
Posteriormente recorrerán el Paseo de Pereda hasta la sede del Gobierno regional, donde esperan ser recibidos por el presidente, Miguel Ángel Revilla, o la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, con quien la asociación tiene una "entrevista pendiente desde hace mucho tiempo", puntualizó Vilela.
AMA, que agrupa a más de 2.500 asociados, según sus datos, ha hecho también un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a la marcha, ya que la corrupción urbanística es un tema que "nos afecta a todos", subrayó su presidente. En este sentido, destacó que en Cantabria existen 23 sentencias de derribo contra "más de mil viviendas" que afectan a "más de 4.000 personas", y su ejecución supondría un "coste económico grandísimo" para las "arcas de la comunidad autónoma" y, por tanto, para "todas las familias cántabras".
* Cantabria Confidencial - 21 de julio de 2007
Foto: Piélagos - Alto del Cuco /Terra
La Fiscalía investiga 15 supuestos delitos urbanísticos en Benamocarra
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M.Martín/SUR* : "La Fiscalía de Málaga investiga un nuevo caso de irregularidad urbanística. En esta ocasión se localiza en la comarca de la Axarquía, concretamente en el término municipal de Benamocarra, donde el Ministerio Público trata de averiguar ahora si el Ayuntamiento concedió licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico no urbanizable. La denuncia partió del Grupo de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)-Ecologistas en Acción quien hace unos meses puso en conocimiento de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, «la importante actividad urbanística en suelo rústico no urbanizable» detectada en el término municipal de Benamocarra.
Los ecologistas advirtieron, además, de «la importante densidad de viviendas unifamiliares sin aparente justificación» y aportaron imágenes de al menos 14 edificaciones tipo chalé, ya terminadas y en construcción en el periodo comprendido entre 2003 y 2005.
Tras la denuncia, la Fiscalía abrió diligencias informativas y requirió información a la Junta de Andalucía que remitió un informe sobre la situación de las edificaciones en el municipio. Fuentes del Ministerio Público manifestaron que el actual alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, ha proporcionado también información al respecto.
Las mismas fuentes informaron de que se están investigando un total de 15 edificaciones -aunque no se descarta que hayan más-, que cuentan con licencia municipal, aunque se han levantado en suelo calificado como rústico no urbanizable. Los permisos municipales se habrían concedido a pesar de los informes jurídicos y técnicos en contra.
Las 15 casas, tipo vivienda unifamiliar, fueron promovidas tanto por particulares como por una empresa promotora. Algunas de las casas llegan a alcanzar tres plantas de altura, y en un caso concreto se ha edificado sobre un depósito de agua.
Delito urbanístico
La Fiscalía de Medio Ambiente considera que existen indicios de comisión de un delito urbanístico por parte de quienes autorizaron las obras, por lo que es muy probable que cuando concluya su investigación que ha iniciado de oficio remita el caso al juzgado para que abra diligencias penales.
* Diario Sur - 27 Julio
Foto: Benamocarra (Málaga) /juntadeandalucia.es
El 'éxito' de la ministra en YouTube
L.Doncel/El País* : "El vídeo en el que la titular de Vivienda corta una entrevista con la BBC recibe decenas de miles de visitas en Internet.
Una de las ocupaciones favoritas de los oficinistas en estos días en los que están más pendientes de la cuenta atrás para sus vacaciones que de los papeles que tienen sobre la mesa es enviar y reenviar correos electrónicos. Desde chistes sobre el último fichaje del Real Madrid hasta la enésima patochada de Paris Hilton. Pues bien, hace unos días que ha irrumpido una nueva estrella en el firmamento de los pasatiempos que van de ordenador a ordenador: la ministra de Vivienda, Carme Chacón.
"Vamos a terminar ahora mismo, si no te importa". Así despachó Carme Chacón a un periodista de la BBC que preguntó sobre el eventual pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La entrevista ha sido traducida por Burbuja.info -
Si no es usted, seguro que un vecino o un amigo suyo ha recibido en los últimos días un correo que le remite a la página web de vídeos YouTube. Ahí se encontraría con un reportaje de dos minutos y medio de la cadena británica BBC sobre el mercado de la vivienda en España. Y si no fue usted, seguro que su vecino o su amigo no pudo evitar una sonrisilla al ver el supuesto desplante que Chacón le hizo airada al periodista inglés Alex Ritson.
El reportero cuenta en el vídeo que cuando se reunió con Carme Cachera -así pronuncia el apellido de la recién elegida ministra-, ésta "estaba preparada para leer un comunicado muy general, pero no a hacer ningún comentario más". "We are going to finish, if you don't mind" [Vamos a finalizar, si no le importa], zanja Chacón la ristra de preguntas con un movimiento de manos que no deja lugar a dudas lo contrariada que está.
En el ministerio quitan hierro al asunto. Dicen que habían avisado al periodista de que disponían de poco tiempo y que, tras una hora de entrevista en la que el responsable de prensa intentaba acortarla, fue la propia ministra la que tuvo que finiquitar el asunto por "exigencias de agenda". "De una hora de conversación se han limitado a emitir la parte en la que la ministra dice que hay que cortar", dicen los responsables de Vivienda.
Por la descripción que hace el periodista Ritson, parece que entrevistador y entrevistada asistieron a dos reuniones distintas. "Estuve con la ministra menos de media hora. Es la entrevista más peculiar que he hecho en mi vida. Ella se limitaba a leer un comunicado que llevaba preparado y no respondía a ninguna de las preguntas que le hacía", cuenta desde Bruselas, ciudad en la que trabaja para la sección de negocios del canal internacional BBC World.
¿Cuáles eran esas preguntas? "Lo normal en un reportaje así: la situación del mercado de la vivienda, la razón por la que los precios son tan altos, las dificultades de acceder a un piso...", desgrana el Ritson, de 35 años, que lleva siete trabajando en el canal británico.
Entre medias de esta polémica están las decenas de miles de internautas que han visto el vídeo en Internet. Varios blogs, periódicos digitales o la propia página YouTube han alojado el vídeo realizado por Ritson. La BBC, cuyo canal internacional emitió el programa el pasado día 17, también lo tiene alojado en su página.
A última hora de ayer, más de 60.000 internautas habían visto a Chacón decir We are going to finish en ELPAIS.com. Fue la noticia más vista del día. Las mismas imágenes, colgadas hace seis días en YouTube, tenían más de 10.000 visitas.
"Este vídeo sólo muestra la triste realidad de este país, cuya economía tiene tanta dependencia de la construcción y tan poca productividad...", dice uno de los comentarios colgados en YouTube.
El reportaje de Ritson -algo tremendista- empieza con estética de western. Con una música digna de una película de Sergio Leone, se ve cómo el viento mueve una bola de polvo en un barrio madrileño de nueva construcción, en el que todavía no vive nadie. "Algo va mal en esta urbanización", dice una voz en off.
Más adelante, aparece Pedro -Petro, según el subtítulo impreso- Paredes, un inmigrante que ha fundado una constructora. Dice que el ritmo de trabajo ha caído y que si la situación continúa así tendrá que cerrar y despedir a sus más de 90 empleados. "La burbuja está a punto de estallar. Los precios ya están bajando. Éste es el problema económico más importante de España y nadie, ni el Gobierno ni los promotores, quiere hablar de él", dice otro entrevistado.
Y es entonces cuando entra la ministra de Vivienda. Antecedida por el comentario de Ritson: "Parece que tiene razón en que nadie quiere hablar de este problema". Aquí, otra vez, el ministerio tiene una visión distinta. "Al ver el vídeo, da la impresión de que el Gobierno no quiere opinar sobre la burbuja inmobiliaria; y claro que tenemos una opinión y la damos constantemente. Nuestra posición es que se está produciendo un aterrizaje suave del sector, que era uno de los objetivos de este Gobierno", apuntan en el ministerio.
Aparte de la actitud de la ministra, Ritson dice que lo que más le sorprendió del sector de la vivienda en España son los plazos de las hipotecas. "Conocí a una chica que compró un piso a los 25 y que terminará de pagarlo a los 77. Esto en el Reino Unido no pasa", dice.
El reportero se confiesa divertido por la repentina fama que le ha dado el vídeo en Internet. "No estoy acostumbrado, pero teniendo en cuenta la gravedad del problema, no me sorprende", comenta desde Bruselas. Y es que ya lo dice él mismo al final del reportaje que ha revolucionado esta semana la Red: "Una explosión de la burbuja podría devastar la economía española; pero para los jóvenes quizá sea la única forma de acceder a una vivienda. Alex Ritson. BBC News. Madrid".
* El País - Madrid - 26/07/2007
Foto: Carme_Chacon_video_BBC - ELPAIS.com
El CGPJ propone que se archive el expediente sobre los regalos de Aifos a magistrados del TSJA
LaVozdeMarbella* : "Las invitaciones venían a través de familiares y por eso eran aceptadas". Este es el motivo que aduce el presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, M.T.V. para aceptar las invitaciones de la promotora Aifos. Durante muchos años el mismo Tribunal de Justicia denegaba sistemáticamente las paralizaciones de las construcciones solicitadas por Ecologistas en Acción y la Junta de Andalucía. Gracias a estas denegaciones, el delito contra la Ordenación del Territorio se consumaba, permitiendo a la promotora terminar la construcción, y vender los inmuebles.
Durante el día de ayer, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmaba de forma tajante que ellos habían cumplido con su deber interponiendo las querellas por delitos contra la ordenación del territorio, y que habían sido los tribunales los que habían fallado al no haber atendido los requerimientos de paralizaciones cautelares.
Así mismo, el portavoz de la plataforma antiderribos, José Ortiz, se quejaba recientemente de que cuando compraron sus hogares no había anotación preventiva de las demandas debido a la negativa de los jueces, motivo por el cual compraron una casa sin la protección debida del sistema judicial español.
Pero no fue el Presidente de Sala de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el único integrante de la judicatura que recibió regalos de la promotora.
El documento dice, literalmente, que “en el epígrafe archivos de regalos e invitaciones se desarrollan una serie de prácticas que pudieran afectar a la probidad exigible de las autoridades, funcionarios y empleados públicos a las que se dirigen; estas prácticas también se realizan con empleados y directivos de empresas y entidades privadas”. Tal vez no constitutivas de soborno, pero el sumario tacha estas prácticas de “moralmente reprobables”.
Entre los regalos enviados (cuya recepción no consta y está siendo objeto de investigación) el Presidente de la Sala de lo Social del TSJA, Francisco Javier Vela aparece el magistrado J.A.A. ; el magistrado de la Sala de los Contencioso del TSJA, F.T.D.; el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, J.G. y el Presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, H.H.
Es de esperar que las resoluciones de los tribunales relativas a la denegación de la paralización e inscripción cautelar de las denuncias en el Registro de la Propiedad sean investigadas, para dilucidar si los magistrados cometieron un presunto delito de prevaricación al no proteger a los compradores de buena fé que después se han visto gravemente perjudicados por la quiebra del sistema judicial de protección.
* La Voz de Marbella - 25/07/07
Foto: Tribunal de Justicia de Andalucía /juntadeandalucía
¡Suelo!
Máximo/El País
Viñeta de Máximo - 25-07-07 /ELPAIS.com
Desalojo del centro social La Alarma: Fuentes de espuma y agua negra
P.García.- El País/Madrid* : "Las fuentes de Cibeles y Embajadores han amanecido hoy llenas de espuma, mientras que otras dos más, las de Callao y Plaza de España, tenían el agua teñida de negro. La razón: protestar por el desalojo del centro social ocupado La Alarma, situado en la calle Sebastián Herrera del distrito de Embajadores, que ha tenido lugar la pasada madrugada alrededor de las 5.30 horas. Con estos actos, el movimiento okupa quiere denunciar que Madrid "no es tan bonito como parece". El centro social ocupado La Alarma llevaba funcionando desde octubre de 2006, pero desde hace una semana, cuando sus ocupantes recibieron la pertinente orden de desalojo, tenía sus días contados.
"Llevabamos dos días sin dormir, esperando el momento", ha contado a ELPAIS.com uno de los miembros de la Asamblea de La Alarma, que ha permanecido en el centro desde su ocupación. "La orden nos llegó hace casi tres semanas. La cosa era inminente, nos lo esperábamos", ha matizado.
Eran aproximadamente las 5.30 cuando varios furgones de la Policía Nacional llegaban a las inmediaciones de la calle Sebastián Herrera. Con ellos, varios guardias de seguridad acompañados de perros. "Habíamos dejado el edificio e íbamos a volver a las 12:00 de la mañana. Teníamos convocada una reunión para ver cómo aguantábamos", ha contado, "pero han llegado antes". La casa estaba vacía en el momento en el que los agentes han llegado a Embajadores, el barrio donde se encuentra.
Como no podían entrar si el inmueble estaba vacío, los primeros en romper el cerrojo de la puerta han sido los guardias de seguridad, contratados por la promotora Avantis, propietaria de este inmueble abandonado hace más de cinco años. Ya por la mañana, mientras en la acera de la calle compartían espacio varios agentes y miembros del edificio desalojado -"sin ningún enfrentamiento, ni verbal ni físico", ha declarado el miembro del centro ocupado- varios vecinos de la zona "se han acercado para ver lo que pasaba".
"Mucha gente en el barrio nos apoya, entiende lo que hacemos", ha declarado el activista del centro. Según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid dio la orden de desalojo anoche, por lo que varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron a las 5.30 horas hasta el edificio, donde no encontraron resistencia puesto que "en la vivienda no había nadie".
Espuma y color negro
"No más desalojos". Ésta y otras frases contrarias al desaolojo aparecían a primera hora rodeando las fuentes de Callao, Cibeles, Plaza de España y Embajadores, en el centro de la ciudad. Pero más allá de los mensajes, el agua no era la misma. Negra en Callao y Embajadores, y cubierta de espuma en Cibeles y Embajadores, la plaza más cercana a La Alarma. "No es una respuesta directa del colectivo que permanecía en La Alarma", matiza el miembro del centro, "es la consecuencia de un llamamiento que hemos realizado automáticamente después del desalojo".
"Compañeros de otros colectivos" y jóvenes "que se han solidarizado". Ellos han teñido y pintado las fuentes "para recordar que Madrid no es tan bonita como parece". Hacia las 10.00, personal del Ayuntamiento de Madrid cortaba el agua de Cibeles y colocaba vallas alrededor de la fuente para evitar que la espuma se desbordara.
* ELPAIS.com - Madrid - 25/07/2007
Foto: Madrid, protesta desalojo La Alarma, La Cibeles blanca /rompamoselsilencio.net
Más información: Rompamos el Silencio
Tarde o temprano tenía que ocurrir: van a recalificarme
JOSÉ MARIA DE LA LOMA* : "Primero vinieron a recalificar el monte del vecino y yo no dije nada porque no era mi monte. Después vinieron a recalificar el parque de mi vecina y yo no dije nada porque yo no era mi vecina. Después vinieron a recalificar el jardín de mis primos y yo no dije nada. Pero luego vinieron a por mí. Y ya era tarde. Ya no había nadie que hablara. Quieren recalificar mi dormitorio. Ya les comenté una vez que estuvieron a punto de recalificarme el cuarto de baño para meter un campo de golf de nueve hoyos. Y que yo les dije que, ya puestos, y en aras de que el negociete que se cuece en la Costa no pase de largo por mí, y de viejo me arrepienta, hicieran uno de dieciocho.
-¿Y el bidé?
-Está pasado de moda, haremos un lago. Los lagos se llevan mucho en los campos de golf.
Pero ahora es mi dormitorio. Me están convenciendo de la pujanza del turismo y de la necesidad de que la construcción siga siendo el motor económico de esta provincia; que sea consciente de que miles de personas trabajan en el ladrillo. Me asomo entonces a la ventana con el temor de ver a cuadrillas de obreros en actitud amenazante y ladrillos enarbolados, torsos desnudos y morenos, caras de pocos amigos y el cemento preparado. Pero me tranquilizo al ver que no hay nadie. Bueno sí, hay un tío con un metro midiendo una isleta de la carretera en la que hay césped plantado.
Me resisto a la recalificación, digo, pero me despliegan los planos. Lo que actualmente ocupa la cama bien podrían ser unos adosados de estilo mediterráneo. Pocos, afirman. Para no agobiar, entre trescientos y cuatrocientos cincuenta, nada más. En el lugar de la mesita de noche se emplazaría un hotel de formas singulares diseñado por un arquitecto de renombre que a lo que se ve vive en París y ha trabajado mucho en Shangai y Albacete. Eso sí, habrá que incrementar la altura respecto a la que ocupa la mesilla de noche. Les digo que en la mesilla suelo apilar libros y que a veces ese montón de libros acaba teniendo una longitud considerable. Mejor, me dicen. Mejor, así el impacto visual será menor porque ya se ha acostumbrado a la altura.
Para que no vean que sólo me mueve el vil metal y que me queda conciencia ecológica, les propongo un convenio urbanístico para que a cambio de la recalificación me urbanicen y adecenten (y pongan un parquecito) en el hueco que queda a la derecha de la cama. Pero no va a ser posible. Y llevan razón. Es que no pienso en las infraestructuras ni en la movilidad. Es que estoy en la inopia. Vamos, que parezco tonto. Una autovía, hombre. Ahí, en ese pasillo lo suyo es una autovía de acceso. Eso sí, con rotondas al final para que la gente no pase de largo. Y una gasolinera. Con tienda y lavado de coche. Y restaurante de comida rápida. Y un taller de reparaciones.
Estudio la situación y veo que aún queda el hueco que hay a la derecha de la cama. Entonces me doy cuenta de que tengo olfato para esto. De que va a ser posible al fin que rompa esa tendencia vital que se resume en: `ingresos obtenidos fuera de la nómina en treinta y muchos años: cero´. Y tomo aire y pongo cara de suficiencia y doy varias vueltas por la habitación como quien sopesa y medita y hago una pausa teatral y adopto gesto de audacia. Y lo digo con autoridad: un aparcamiento. La gente tiene que aparcar. Ahí va un aparcamiento subterráneo de 3.500 plazas con un supermercado en la superficie. La reacción es la esperada, claro, si sabré yo de psicología humana: sacan los papeles para que lo firme todo. Y hasta me regalan la pluma. Me la guardo pero entonces me asalta una duda: ¿dónde dormiré yo cuando todo esté hecho?... En el salón, me respondo. Y voy hacia él para medirlo. Pero están allí. Y me dicen que me siente: "Nos haría falta otro hotel".
* La Opinión de Málaga - Cuaderno de Verano - 25 de Julio
La Costa del Sol metástasis urbanística
Málaga. Ecologistas en Acción* ha denunciado hoy en Fuengirola la masificación urbanística que existe en la Costa del Sol y alerta que la zona se ha convertido en el ejemplo de metástasis urbanística en España, según ha explicado el responsable de la campaña “Salvemos la Costa”, que lleva a cabo con el velero Diosa Maat, Jorge Sáenz. Para Ecologistas en Acción casos críticos de esta metástasis son la zona occidental de la provincia y La zona centro, quizás la más degrada del litoral andaluz, con el 50 por ciento del primer kilómetro costero urbanizado (en el caso de los municipios de Fuengirola, Torremolinos y Marbella es ya casi el 100 por 100, es decir, en todo su suelo se ha construido).
Así, Ecologistas en Acción alerta del franco estado de deterioro del litoral malagueño en el que ya quedan pocos hitos libres de masificación urbana.
Según ha podido comprobar, en el litoral malagueño las urbanizaciones llegan asentarse en el dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos; un desastroso uso del agua; pésima gestión del suelo; deforestación; construcción desbordada y la exigencia de creación de infraestructuras públicas, que en ninguna de las maneras contribuye a crecer bajo un desarrollo sostenible.
A esto hay que añadir los puertos deportivos, unas instalaciones que, según el coordinador de la campaña, “lleva aparejado una oferta de alojamiento que contribuye a la masificación de toda la costa, con los efectos añadidos: más consumo, más residuos, más contaminación”.
Para Ecologistas en Acción, de seguir con el crecimiento de estas instalaciones en la provincia de Málaga, y de aprobarse los proyectos que señalan en los Planes Generales de Ordenación de Urbana, supondrá una media de 1 puerto por cada 13 kilómetros de los 92 kilómetros de costa malagueña, que unido la urbanización del territorio en municipios que llega casi al 90 por ciento de ocupación de su franja litoral, contribuirá a la metástasis del litoral malagueño.
Por ello, ve la necesidad inmediata de una moratoria a la ampliación y construcción de puertos deportivos en la provincia de Málaga, “el litoral malagueño necesita una moratoria. Estas instalaciones contribuiría, aún más, a la contaminación de este litoral y la degradación irreparable del territorio”, señaló Sáenz.
Por ello, piden que no autoricen la construcción los nuevos puertos deportivos propuestos en los PGOUs, como son: el proyecto del Puerto deportivo de la Cala de Mijas, Arraijanal (Málaga), el de San Pedro de Alcántara y el de Guadalmansa.
Asimismo, solicitan que paralicen los proyectos de ampliación: el Puerto Deportivo de la Caleta de Vélez Málaga, una obra que duplicará el tamaño actual del puerto, creando una enorme barrera litoral y una turbidez que eliminará manchas de fanerógamas marinas existentes en los fondos de los alrededores; el proyecto de ampliación del puerto deportivo de Fuengirola, que tiene prevista la construcción de una nueva dársena al norte de la actual y la ampliación de los puntos de atraques a 1000, ocupando una extensión de 34.682 metros cuadrados. Con ello, la superficie de nueva creación alcanzará las 30 hectáreas, lo que supone duplicar el espacio actual; la ampliación del Puerto deportivo de Benalmádena; y la del puerto deportivo de Estepona.
En definitiva, proponemos realizar a nivel nacional una revisión del estado de la costa, no sólo basándose en las banderas negras de este año, sino en las otorgadas en años anteriores ya que los motivos por los que se otorgaron esas banderas, lejos de desaparecer, en muchos casos han empeorado.
* Ecologistas en Acción - Málaga - 24 de julio
Foto: Málaga, salvemos la costa - ecologistasenaccion.org
Nace un juego de rol para denunciar y hacer reflexionar sobre la especulación inmobiliaria
E.Velasco/El Mundo* : 'El Juego del Especulador'. Así se llama un pasatiempo de naipes creado por la empresa barcelonesa La Factoría, pionera en el diseño y producción de juegos en formato multimedia, y que tiene como objetivo divertir y hacer reflexionar sobre un problema tan de actualidad como es el de la especulación urbanística. 'El Especulador' sigue la tendencia de los denominados 'social games', los cuales se basan en situaciones reales de la vida cotidiana para elaborar su argumento. En este juego cada personaje adoptará un rol dentro de la historia y en función de la carta que le haya tocado, deberá conseguir distintos objetivos.
Así, nos encontramos distintos caracteres: los especuladores, que intentarán comprar todos los terrenos del pueblo; los ciudadanos, que deberán evitar que los especuladores los compren; el alcalde, que se tendrá que decantar a favor de unos u otros en función de la carta que le toque; el arquitecto municipal, el cual podrá parar el avance de los especuladores introduciendo cambios en el planeamiento urbanístico y el policía local, que deberá descubrir la identidad de los vecinos. En total, ocho personajes distintos entre los que también se encuentran el promotor, el albañil y el ecologista.
Podrán sentarse en una misma partida hasta 28 jugadores. Como afirma Bernat Casanovas Cruz, creador del pasatiempo, "cuantos más participantes colaboren en el discurso, mejor y más divertido resultará el juego". Los protagonistas no tendrán más armas para enfrentarse a su adversario que su poder de convicción, su persuasión y la deducción.
Cómo se juega
Nos situamos en un pequeño pueblo donde viven sus habitantes, no son más de dos o tres decenas. Los especuladores, sin ningún tipo de escrúpulos, quieren apoderarse de la localidad para construir un inmenso polígono industrial, un campo de golf y una urbanización con 1.000 nuevas viviendas. Éstos ofrecen una gran cantidad de dinero para quedarse con todas las hectáreas.
Y mientras los especuladores empiezan a pujar para obtener los terrenos vecinos, los aldeanos intentarán por todos los medios poner fin a sus intenciones, preservar el territorio y que todo continúe como siempre. Es una lucha contra el reloj ya que deberán descubrir a todos los estafadores antes de que termine la partida. En caso contrario, los ciudadanos serán eliminados, perderán, y el pueblo habrá quedado en manos de los especuladores que lo habrán comprado todo.
* El Mundo- Su Vivienda - 24/07/2007
Foto: Las cartas del juego. (ELMUNDO.ES)
Eivissa tiene otros 'Don Pedro'
M.Gutiérrez/LaVanguardia* : "La urbanización desaforada y la pérdida de espacios naturales amenazan a la mayor de las Pitiüses. Eivissa está herida. Los efectos sobre el medio ambiente del combustible que flotó por encima de praderas de posidonia y mantuvo tres playas cerradas durante ocho días se conocerán dentro de un mes, anunció Medio Ambiente. Un daño puntual que ha vuelto la atención sobre la isla, una herida que seguramente cicatrizará. Pero Eivissa tiene otros Don Pedro, el buque que se hundió delante de la isla. "Es la gota que ha colmado el vaso", señalaban vecinos y veraneantes de la isla esta semana. Para ellos, el vertido del carguero se suma a otras agresiones.
Claudia Reina, propietaria de un restaurante en Ses Figueretes que llegó a Eivissa hace 20 años, lamenta la degradación de la isla: "Cada vez está más sucia, con menos espacios naturales, y la gente no se da cuenta del tesoro que está perdiendo. No es necesario ir a otras islas lejanas en busca del paraíso, porque ya lo tenemos en Eivissa y hay que cuidarlo".
Cuando se sobrevuela en avión, la isla parece un trozo de tierra salpicado de manchas blancas, como si hubieran esparcido sal por toda su superficie. Lo que se divisa es cemento y ladrillos, casas que han ido ganando terreno a la naturaleza. "Eivissa vive un urbanismo salvaje y descontrolado hasta el punto de que está en peligro todo el medio ambiente, todas las especies animales y vegetales", afirma Marià Marí, del grupo ecologista ibicenco GEN-GOB. Un 25% del litoral de la isla está construido, según datos del Consell Insular d´Eivissa. "Puede que no parezca mucho, pero para una isla sí que lo es, y más teniendo en cuenta que hay zonas del litoral que no se pueden urbanizar porque son acantilados", explica el recién estrenado responsable de urbanismo en el Consell, Miquel Ramon. Ramon asegura que todo el terreno de costa que es fácilmente accesible a las excavadoras está ocupado por pisos, restaurantes y demás, a excepción del parque natural de Ses Salines.
En total, un 7% de la isla está urbanizado o catalogado como urbanizable. Estos son los datos oficiales, porque aquí no se incluyen todas esas casas que salpican la isla. Es lo que se conoce como "urbanismo disperso". "Muchas están construidas en suelo rústico, y calculamos que ocupan un 60% de Eivissa", afirma Miquel Ramon. Algunas de estas construcciones se han llevado a los tribunales. En una reciente sentencia se obliga a demoler una casa construida en Cala Llentia, en el municipio de Sant Josep, y se ha impuesto una multa de más de 800.000 euros al propietario de los terrenos, al promotor y al director técnico de la obra. La casa se levantó en una zona calificada como suelo rústico en la que sólo se podían ampliar las viviendas ya existentes.
Detrás de esto se encuentra la picaresca para eludir la prohibición de crear plazas hoteleras nuevas. Las segundas residencias que se alzan en Eivissa son alquiladas a terceros y ha dado lugar a un mercado negro de vacaciones, cuentan.
Miembros del GEN-GOB explican que este "urbanismo disperso", no solamente está comiéndose la isla, sino que también ha provocado problemas de infraestructuras. Una de las previsiones que falló, según ellos, fue la instalación de nuevas depuradoras de aguas residuales. "Las actuales están saturadas, sobre todo en verano - el año pasado llegaron a Eivissa y Formentera más de un millón de turistas en los tres meses de verano-, así que se lanzan más residuos al mar", dice Marià Marí. El agua transparente que envuelve Eivissa recibe, por tanto, mayor cantidad de materia orgánica. Las consecuencias ya son evidentes. En los últimos años se ha observado la existencia de manchas amarillas en algunas playas. "Se trata de un tipo de alga que vive en aguas cálidas y que necesita materia orgánica para desarrollarse, una muestra de que nuestro mar se deteriora", afirma Joan Carles Palerm, del GEN-GOB.
Durante la legislatura pasada se solicitaron licencias para construir cinco campos de golf - se tramitaron tres- y se proyectaron crear 2.000 amarres más. Pero cuando los promotores buscaban dónde ubicar sus campos de golf se encontraron con que no había terreno suficiente. La estrategia para conseguirlo consistió en alquilar parcelas a particulares, explica el Consell Insular y el GENGOB. Los campos no llegaron a materializarse y ahora se han paralizado las licencias.
Sobre la ampliación de puertos deportivos, el Consell Insular afirma que "si se requieren más amarres, se construirán en zonas costeras que ya están degradadas". El GENGOB se muestra contrario a la ampliación de amarres y también al fondeo libre, "porque puede dañar las praderas de posidonia, una selva acuática que alberga centenares de especies", explica Joan Carles Palerm.
Los efectos del urbanismo disperso se perciben igualmente en la movilidad. El transporte público es insuficiente, y durante la temporada alta el volumen de coches es comparable al de cualquier gran ciudad. Como ya han constatado varios estudios, los vehículos son los principales emisores de gases contaminantes.
Y si por un lado faltan servicios para todas las viviendas que se han construido - un 40% de la superficie urbanizada se edificó durante los últimos 10 años, frente a un 25% de la media española-, por otro lado se han construido infraestructuras con unas dimensiones excesivas para una isla de 570 kilómetros cuadrados. Las autovías y la ampliación del aeropuerto han dividido a la sociedad de la isla. Según el GEN-GOB, las autovías fragmentarán hábitats y separarán las especies. Entre Sant Antoni y Ciutat d´Eivissa, por ejemplo, hay una distancia de 15 kilómetros; por eso muchos se preguntan si es necesario una vía rápida para recorrer esta distancia.
"¿Quién querrá venir a una isla destrozada?", se oía una y otra vez en los días de máxima alerta por el Don Pedro.Pero los ibicencos que soltaban la frase no se referían sólo al vertido del carguero. En su mente está la imagen de una Eivissa que cambia de color: del verde y azul al gris del cemento. Por eso exigen una ley que regule el uso del suelo y proteja los espacios naturales que quedan en la mayor de las Pitiüses.
* La Vanguardia - 22 julio 2007
Foto: Ibiza /mma.es
"La salvación del planeta depende de las ciudades"
EFE* : "El catedrático de Composición Arquitectónica de la Politécnica de Cataluña Josep María Montaner, afirmó hoy en Santander que 'depende de las ciudades que el planeta se salve' y, para ello, apostó por un urbanismo que tenga en cuenta el género, la participación y la sostenibilidad. Montaner consideró necesaria la aplicación de un 'urbanismo alternativo pensando en el otro, un urbanismo de superposiciones y de sumas' que se aleje del que a su juicio impera en la actualidad, que no es otro que el de la especulación.
En similares términos se expresó la arquitecta Zaida Muxi Martínez, directora de la IX Bienal de Arquitectura y Urbanismo, 'Otras maneras de hacer ciudad: alternativas a la globalización' que durante esta semana se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Tanto Muxi Martínez como Montaner coincidieron en que la idea de que el urbanismo no tiene futuro, apuntada ayer por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, es una 'boutade' y matizaron que el urbanismo que está abocado a extinguirse es el de la especulación.
'Si el urbanismo no tiene futuro, la sociedad y el ser humano tampoco', opinó la arquitecta tras subrayar que para el año 2050 se prevé que el 80 por ciento de la población mundial viva en las ciudades.
Agregó que la especulación es la malversación del urbanismo al que se llega por entenderlo como una 'fuente de recursos' para los ayuntamientos, cuando, a su juicio, se debería ir a una planificación urbanística que atienda a las necesidades reales de sus habitantes.
'Espero que no tenga futuro el urbanismo de la especulación que es el que estamos viviendo en España desde hace 10 años como poco' dijo Zaida Muxi y defendió un 'urbanismo distinto, participativo, que tenga en cuenta el lugar, la gente y las culturas, porque nos permitirá desarrollarnos a todos por igual'.
Al respecto, Montaner criticó el 'urbanismo ortodoxo que pretende dominarlo todo' y la directora del curso apuntó que para acabar con esa manera de concebir el urbanismo hay que entenderlo a una 'escala mayor del territorio' porque, opinó, 'el mundo no termina en tu municipio'.
Además, hizo hincapié en que, desde un punto de vista político, es preciso 'impedir que sea tan fácil aprobar planes parciales con miles de viviendas sin ningún tipo de referencia a la realidad, sin saber si son necesarias ni como se relacionan con el resto de la ciudad'.
Para Zaida Muxi en España se está construyendo en España una 'media imposible de viviendas', de las cuales, criticó, 'un tercio va a parar a la bolsa de especulación financiera y eso no debe permitirse'.
Ante esta situación Montaner trasladó un mensaje de optimismo al señalar que, aunque 'no es fácil corregir' la actual tendencia, 'hay indicios de que hay muchas posibilidades de reconducirlo'.
En este sentido se refirió a la 'reciente legislación sobre Medio Ambiente, códigos técnicos y Ley del Suelo', con los que, auguró, 'se va a detener el urbanismo salvaje', para lo cual también dijo que, en algunos casos, se contará con la ayuda de 'movimientos vecinales'.
* Terra Actualidad - 24-07-2007
