EFE* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado los acuerdos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) relativos a la aprobación del texto refundido y la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes.
El fallo, dictado el pasado 30 de mayo, lo ha hecho público hoy la junta directiva de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), la entidad que en su día recurrió la decisión de la CUOTA a través de un recurso contencioso administrativo dirigido contra este organismo, así como contra el Ayuntamiento de Llanes.
Este decisión supone la segunda anulación del PGOU de Llanes por parte del TSJA después de que este mismo tribunal ya se pronunció y anuló el planeamiento llanisco en abril de 20007, como consecuencia de un recurso presentado por Andecha Astur.
A la hora de valorar la magnitud de la última sentencia, el secretario de Avall, Domingo Goñi, ha destacado que "se recoge exactamente todo lo que se planteaba en la sentencia de Andecha Astur, pero ahora se entra en más asuntos de fondo".
En este sentido, ha explicado que el TSJA determina "la anulación de todos los planes parciales y de todos los crecimientos en los núcleos que se transformaron de rurales a urbanos, como Barro o Poo, e incluso los crecimientos de los núcleos que ya eran urbanos, pero que los hicieron crecer sin justificar".
Goñi, que estuvo acompañado por la presidenta de Avall, Mari Paz Saínz, y su antecesor en el cargo, Álvaro Bueno, ha destacado algunos contenidos de la sentencia del TSJA, como aquellos relativos a las deficiencias en las que se incurrió durante la tramitación del PGOU respecto a su información pública.
"El TSJA dice que esa participación ciudadana tiene que ser real y lo afirma con contundencia", ha comentado el secretario de Avall en alusión a lo sucedido con varios planes parciales afectado ya en su día por anulación judicial de las Normas Subsidiarias de Llanes en 1997 y que, según los denunciantes, la CUOTA y el Ayuntamiento de Llanes pretendieron "convalidar" con la aprobación del PGOU.
Según Avall, el TSJA "arremete contra el intento de maquillaje que el Ayuntamiento y la CUOTA pretendieron cuando esta última se atrevió a aprobar el Plan señalando que lo hacía a reserva de dar cumplimiento a determinadas condiciones, observaciones y subsanaciones a cuyo efecto se elaboraría un texto refundido".
Goñi ha solicitado al Ayuntamiento y al Principado que "lejos de seguir adelante con el proceso de cirugía plástica al que el gobierno del PSOE de Llanes, en colaboración con la CUOTA y la dirección general de Urbanismo están sometiendo al PGOU, reconsideren su postura e inicien la redacción "ajustada a derecho" de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
"Lo que deben hacer es iniciar de inmediato la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico desde cero. No hay modificación que valga, aquí se lo han cargado entero y no se trata de adaptarlo a ninguna normativa sino de un Plan nuevo y no vale hablar de cosas desarrolladas o consolidadas, porque están anuladas", ha añadido.
A este respecto el secretario de Avall ha anunciado que por parte de este colectivo se apuesta porque Principado y Ayuntamiento de Llanes renuncien a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como hicieron en 2007.
Así, Avall trasladará a los organismos correspondientes "que hagan el favor de no presentar ese recurso para intentar ganar tiempo inútilmente" y, en caso de que lo hagan, la asociación pedirá la ejecución de la sentencia.
"Aunque se anula todo el plan, hay crecimientos urbanísticos normales y previstos en la normativa anterior y no tenemos por qué pedir que se anule o se tire, pero hay otros en núcleos como Barro o Niembro que no estaban previstos", ha añadido.
* La Nueva España - EFE - 07 de junio de 2008
Foto: Obras en la Talá, Llanes -Foto Asociación AVALL
El TSJA anula los acuerdos de la Comisión de Urbanismo relativos al PGOU de Llanes
3.000 personas, contra el desalojo del 'Patio Maravillas'
MADRIDIARIO* : Más de 3.000 personas se manifestaron en apoyo al "Espacio Polivalente Autogestionado El Patio Maravillas", cuyos miembros llevan varias semanas en alerta ante la posibilidad de que el juzgado nº48 de Madrid ordene un desalojo cautelar del centro social, situado en la calle del Acuerdo 8.
La manifestación convocada en su defensa discurrió en la tarde de ayer entre la Plaza de España y la del 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña. Al grito de 'El Patio vive, la lucha sigue' y 'El Patio no se cierra, Malasaña no se vende', los asistentes revindicaron la 'okupación' como práctica legítima ante la existencia de edificios abandonados y la autogestión de los centros sociales como un elemento fundamental para la participación ciudadana en los barrios.
La marcha, que transcurrió en un tono festivo, alegre y rebelde, reunió a niños, ancianos, familias y también a muchos jóvenes, y a una enorme lista de colectivos sociales, culturales y políticos de Madrid. La lucha por la construcción de un barrio diferente y de una ciudad más habitable para todos fue otra de las reivindicaciones de la marcha.
Por su parte, el propietario del edificio 'okupado' en la calle Acuerdo, 8, afirmó que el inmueble "nunca estuvo abandonado ni se pretendió especular con el mismo". El edificio fue adquirido el 11 de Mayo de 2000 y se cedió de forma gratuita a las Obras Misionales Pontificias de Madrid hasta octubre de 2006 cuando dicha entidad se trasladó a un nuevo inmueble.
Según precisó el propietario, la calificación urbanística del edificio es de 'Equipamiento Privado' y la sociedad propietaria realizó ante el Ayuntamiento de Madrid las consultas necesarias para rehabilitarlo como Residencia de Tercera Edad. "Por tanto, el edificio nunca ha estado abandonado, ni se ha pretendido especular con el mismo", señalaron.
El 1 de Julio de 2007, el colectivo de 'okupas' 'Rompamos el Silencio' ocupó el edificio "de forma violenta, descerrajando la puerta de acceso y rompiendo los muretes existentes en los huecos de las ventanas", hechos que fueron denunciados inmediatamente en el Juzgado de Guardia, explicó el propietario.
Durante la "ocupación ilegal", la sociedad titular, "en uso legítimo de su derecho de propiedad", ha continuado ejerciendo las acciones legales para que se desaloje el edificio. Además, el propietario del edificio 'okupado' afirmó que las comunidades de vecinos colindantes han denunciado ante la Policía Municipal las "actividades molestas y peligrosas" que lleva a cabo el colectivo 'okupa', "amenazando su seguridad y tranquilidad, generando humedades y ruidos hasta altas horas de la noche, y utilizando suministro de agua y electricidad de forma ilegal y sin ningún control de seguridad".
* Madridiario - 08-06-2008 - MDO / E.P.
Foto: madridiario.es
Una investigación de lujo para un pelotazo de libro
LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas en blanqueo de capitales, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, los mejores inspectores de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... nunca antes una investigación había movilizado tantos medios y de tanto nivel en Canarias.
Y nunca antes se había investigado "un pelotazo de libro", calificativo que dio Hacienda a la operación urbanística de Las Teresitas.
Desde que un informe de la IGAE puesto en las manos de la Fiscalía Anticorrupción explicara que "nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable", el denominado caso Las Teresitas se convirtió en un asunto de Estado.
Tal es así, que a Santa Cruz trasladaron su residencia hace un año el jefe de la UDEF y dos de los mejores especialistas en rastreo patrimonial que trabajan en España y que en su día fueron los verdaderos artífices del descubrimiento del caso Malaya y de la desarticulación de la mayor red de blanqueo de capitales que se ha conocido en este país hasta el momento, denominada operación Ballena Blanca.
Desde hace más de un año en Santa Cruz de Tenerife se desarrolla una investigación policial al más alto nivel, por tanto, encaminada a desentrañar una presunta red de corrupción político-empresarial que afecta directamente a la jet set santacrucera, y en la que el principal imputado es el alcalde Miguel Zerolo, uno de los pocos líderes que quedan en pie del tinerfeñismo de ATI .
INVESTIGACIÓN. Fuentes muy cercanas al caso aseguran que los resultados del trabajo policial han sido espectaculares. Tal es así, que esta semana la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC e instructora del caso, Carla Bellini, ordenaba la que es primera detención en la historia del alto tribunal canario: Mauricio Hayek Hayek, abogado de una Junta de Compensación que se constituyó para velar por el interés común de los propietarios de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas y que después trabajó al servicio (secreto) de quienes compraron el suelo, Inversiones Las Teresitas SL.
Esta sociedad, perteneciente al cincuenta por ciento a dos de los empresarios más relevantes de Tenerife, Ignacio González y Antonio Plasencia, ambos imputados, es la verdadera beneficiada del pelotazo urbanístico.
Mauricio Hayek, un astuto abogado de 74 años es probablemente la pieza clave para poder completar el puzzle de Las Teresitas. Los investigadores, conocedores de la información que maneja Hayek, no lo incluyeron en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción para judicializar el caso. Durante la espera, se ha podido obtener información muy importante para dejar atada la posible participación de Hayek desde dos puntos de vista: el primero, su labor como abogado de la Junta de Compensación para ejecutar la venta de los terrenos; el segundo, los movimientos económicos derivados de presuntas comisiones ilegales, de los que Hayek podría tener información "única", según alguien muy próximo a la investigación.
La exhaustiva investigación patrimonial realizada a los principales imputados, encargada por la magistrada instructora a la policía, ha podido dar avances muy importantes en los últimos meses, varios de ellos en paraísos fiscales que, al principio de la investigación, parecían prácticamente infranqueables. Al menos cuatro comisiones rogatorias tramitadas por el Ministerio de Justicia a petición de la Fiscalía Anticorrupción han podido ofrecer notables resultados para la investigación, tras detectar movimientos de dinero e inversiones que afectan, directa o indirectamente, a alguno de los imputados iniciales de la querella.
Para poder tener una idea de la información obtenida por la policía, nada mejor que hacer una comparación de la documentación que en la actualidad está desclasificada con la que permanece secreta. Si en enero del presente año Bellini decretaba el alzamiento del secreto sobre unos veinte mil folios, en la actualidad el triple (sesenta mil) permanecen al alcance, únicamente, de la jueza, la fiscal y un puñado de investigadores en el más estricto de los secretos que se recuerdan en Canarias.
Dentro de esos sesenta mil papeles tamaño Din A-4, juegan un papel fundamental las averiguaciones efectuadas a través de las comisiones rogatorias gestionadas por el Ministerio de Justicia en el extranjero, alguna de ellos en paraísos fiscales en los que la opacidad y el secreto bancario suponen una barrera difícil de superar para la policía.
Sin embargo, los resultados de la investigación van por buen camino y una de las pistas más fiables conducen a la policía a una inversión urbanística realizada en México tras un posible paso del dinero por Isla de Man. Para despistar, al parecer.
La denominada pista mexicana indaga en la construcción de un complejo urbanístico en una de las zonas turísticas más importante de Cancún. Los datos a los que ha podido llegar la policía podrían situar la inversión en unos treinta millones de euros, capital que, todo o en parte, es posible que proceda del pago de presuntas comisiones ilegales abonadas al socaire de ese "pelotazo de libro" que es la compraventa de Las Teresitas, que generó unas plusvalías de 120 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
Los investigadores cuentan con testimonios de personas que aseguran, incluso, que alguien relacionado con la inversión mexicana mostró los planos de la construcción poco antes de que estallara la investigación: este sujeto pasa, además, largas temporadas en Centroamérica.
Y aunque los tentáculos de la presunta red de corrupción son numerosos y variados, los avances que se han producido por esta investigación de lujo hacen pensar que muchos nombres, algunos de la conocida jet set santacrucera, podrían estar cercados en estos momentos y con los movimientos perfectamente vigilados.
El caso Las Teresitas avanza, lento, y de lo que no hay duda es de que pasará a la historia como la mayor y más lujosa investigación judicial que se ha desarrollado en el Paralelo 28.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08 de junio de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas y los terrenos aledaños objeto de la polémica. LA PROVINCIA / DLP
Los cascos históricos suspenden en servicios e infraestructuras
CONSUMER* : Cascos históricos urbanos: Analizadas 144 calles de las zonas antiguas de 18 ciudades para comprobar su habitabilidad. Sólo Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Madrid y Barcelona logran un "bien". Las mayores deficiencias se hallaron en A Coruña, Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo y Valencia.
El casco histórico de una ciudad es su corazón y su emblema. Sin embargo, sus residentes no disfrutan por ello de una situación privilegiada. Al contrario, es habitual que la vida urbana transcurra de espaldas a estos enclaves. Escasa dotación de servicios, infraestructuras insuficientes o problemas de accesibilidad son algunos de los síntomas que CONSUMER EROSKI ha podido constatar en el estudio realizado en 18 capitales de nuestro país.
Los técnicos de esta revista visitaron y examinaron ocho de las calles más representativas de los centros antiguos de Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Logroño, Zaragoza, Vitoria, Valladolid, A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y Murcia. En cada una de ellas se estudió su nivel de habitabilidad, es decir, si la persona que reside allí cuenta con las infraestructuras y equipamientos adecuados para vivir con un mínimo de comodidad y cubrir sus necesidades más básicas. La evaluación in situ se complementó con un cuestionario remitido a los ayuntamientos (que los de seis ciudades rehusaron contestar). De forma paralela, se encuestó a 1.000 residentes de estos centros para conocer sus impresiones sobre la zona en la que viven.
Según se desprende de las notas finales del estudio, los cascos viejos no se pueden asociar al paradigma de la habitabilidad. La valoración global no pasa de un mediocre 'aceptable'. Las mayores carencias, sancionadas con un rotundo 'mal', se encontraron en la dotación de servicios (infraestructuras comerciales, de alimentación, educativas, sanitarias, sociales, institucionales, deportivas, esparcimiento o zonas verdes...). Tampoco pasaron del 'aceptable' la limpieza y mantenimiento, movilidad, accesibilidad y mobiliario urbano.
Por ciudades, ninguna supera el 'bien'. De hecho, sólo cinco logran esta valoración (Barcelona, Madrid, Pamplona, Valladolid y Zaragoza), mientras que siete se quedan en el 'aceptable' (Bilbao, Granada, Logroño, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Vitoria). El resto suspende con un 'regular' (A Coruña, Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo y Valencia).
Las respuestas de los 1.000 vecinos de los cascos históricos encuestados por esta revista (100 en Madrid y Barcelona, y 50 en el resto de las ciudades) refrendan estas valoraciones. Seis de cada diez se mostraron muy críticos con la limpieza de la zona, en idéntica proporción denunciaron el descuido y la ausencia de zonas verdes, el 46% consideró que el estado de los inmuebles es lamentable y uno de cada tres criticó la carencia de servicios.
* Consumer - Junio 2008
Foto: consumer
Premios Atila País Valencià 2008
Ecologistes en Acció del País Valencià* concede los Premios Atila 2008 con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992 a nivel nacional, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, aunque este año ha acordado conceder un áccesit especial a la sentencia judicial más escandalosa e impresentable. Premio Atila 2008: Francisco Camps. Premio Caballo de Atila 2008: Rita Barberá.
Muchas personas se han dirigido a esta asociación proponiendo, desgraciadamente, numerosos candidatos, entre los cuales el Jurado ha elegido.
Premio Atila 2008: Francisco Camps en representación del Consell de la Generalitat, por su política sistemática del peor modelo desarrollista, insostenible, contaminante, etc,etc... defensor del urbanismo depredador que ha arrasado el País Valenciano, cuestionado y censurado desde numerosos sectores sociales y desde Europa. Defensor a ultranza del modelo de los grandes eventos (Copa América, Circuito de F1,etc) y grandes proyectos que están suponiendo auténticos agujeros negros tanto a nivel ecológico como económico, donde desaparece nuestro patrimonio no sólo natural sino también cultural, histórico, incluso social.
Premio Caballo de Atila 2008: Rita Barberá, en representación del Ayuntamiento de Valencia, corazón y centro neurálgico del modelo insostenible más extremo dentro del País Valenciano. Vértice, norte y sur, referente, alfa y omega, etc, etc, del modelo más depredador y brutal contra el medio ambiente que seguramente se pueda concebir.
Accesit a la sentencia judicial más escandalosa e impresentable, para la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Séptima con sede en Elche) por la sentencia de la contaminación del río Segura en la Vega Baja, en la que todos los acusados han sido absueltos y los únicos condenados, mediante la imposición de costas por un valor que seguramente se acercará a los 12.000 euros, hemos sido los colectivos ecologistas, personados en la causa como acusación popular y que llevamos denunciando hace años la lamentable situación del río Segura.
Otros nominados: Conseller de Territori i Habitatge, Ayuntamiento de Alicante, Alcalde de Sella (Alacant), Ayuntamiento de Campello (Alacant), Alcalde de Castalla, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, Apartamentos Beta de Alfafar(Valencia).
* Ecologistes en Acció del País Valencià - 4 de junio
¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario
JUAN CARLOS LONGÁS* : Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) interviniera para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale -hasta el falseamiento de datos- en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave.
Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.
Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.
Como todo el mundo sabe -y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)- el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.
Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.
No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten -en ocasiones con notable impertinencia- adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir -ése es el verbo adecuado- un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.
¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?
* http://juancarloslongas.blogspot.com
* Rebelión - 03-06-2008
