P.Carrión/CincoDías* : "La corrupción urbanística se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, según las últimas encuestas del CIS. Un informe que acaba de elaborar la Fundación Alternativas con el título Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción se hace eco de 397 municipios repartidos por todo el país en donde se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, desde 2000 hasta 2006. Se trata de irregularidades nacidas de un incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica.
En el mapa que aquí se presenta se exponen todos estos casos, que afectan a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida, desde el interior hasta la costa. Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid se llevan la palma. Los municipios citados sólo son los que han aparecido en los medios de comunicación, que la Fundación ha ido recopilando pacientemente. Es de prever que haya muchos más que no han salido aún a la luz pública pero que se están investigando.
La tipología de irregularidades es muy variada. Va desde reclasificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en trámite de comprobación administrativa o judicial.
El caso más emblemático de irregularidades urbanísticas que degeneró en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso (operación Malaya), acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas públicas de 5.200 millones. La recién aprobada Ley de Suelo estatal intenta acabar 'radicalmente' con este tipo de fenómenos, según se recalca desde el Ministerio de Vivienda.
* Cinco Días - 30-07-2007
Foto: Viñeta de CUTTLAS /20minutos- abril 06
397 municipios salpican el mapa de las irregularidades urbanísticas
Marbella: Las "magistrales jugadas" de Roca
D.Narváez/El País* : "En los años en los que el ex gerente de Urbanismo de Marbella y principal cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, ejerció su inmenso poder en la ciudad no se limitó a actuar como benefactor, sino que se hizo principal beneficiario de ese poder. Roca implantó un sistema de soborno a los constructores, pero también él mismo fue promotor inmobiliario a través de sociedades que nunca aparecen a su nombre -el juez ha llegado a atribuir a Roca 44 sociedades- e intermediario de transacciones y jugó con la enorme ventaja de que era él quien tomaba las decisiones sobre el urbanismo en la ciudad. Sociedades controladas por él, por ejemplo se hacían con suelo rústico, que luego permutaba con el Ayuntamiento por parcelas urbanas, causando a éste importantes pérdidas patrimoniales, o procuraba que se recalificaran y las vendía revalorizadas. Cuando no, según el juez, "se imponía a los promotores operaciones urbanísticas en las que se veían obligados a hacer negocios con Roca".
Ello, y no los cohechos cobrados y repartidos con los concejales, explica el inmenso patrimonio que amasó, que el propio Roca cifra en 120 millones de euros, pero que según indica el juez en el auto de procesamiento no se ha calculado todavía de forma objetiva, y que se haya fijado la fianza por su responsabilidad civil en el caso en 1.000 millones de euros.
En el auto de procesamiento dictado por el juez contra los 86 inculpados el el caso Malaya, se contienen detalles de algunas de estas operaciones urbanísticas. Especialmente significativa de la avidez de Roca son unos convenios firmados con Aifos, en los que Roca cobró de dos partes diferentes, en lo que el juez califica de "una magistral jugada tan brillante como aparentemente constitutiva de delito". Se trataba de un convenio en el que el Ayuntamiento vendía a la promotora unos aprovechamientos urbanísticos en Guadaiza, que se valoraron en 4.829.131 euros. Roca pidió dos millones para él, e "impuso" a Aifos que en vez de pagar entregara al consistorio unos locales en los que tenía interés. Aifos tuvo que comprar los locales a una sociedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca imputados en la causa, y a quienes el presunto cerebro de la trama cobró por ello una comisión de 928.000 euros.
Técnicos de Hacienda han estimado el valor real de los locales en dos millones, la mitad de lo pagado por Aifos. Pero además, los aprovechamientos que entregaba el Ayuntamiento estaban embargados, por lo que el juez sostiene que "la jugada de Roca era redonda pues en definitiva ofrecía a Aifos unos terrenos que no iba a poder entregar".
Por los convenios para otorgar más edificabilidad a los hoteles Guadalpín, Roca pidió cuatro millones de euros, según el juez.
También con Sánchez y Liétor de socios, Roca intervino en la permuta de unos locales de éstos por un edificio municipal en Puerto Banús de más valor real que aquellos por los que cobró 1.200.000 euros. El edificio luego fue vendido a Tomás Olivo, que pagó a Roca 1.800.000 euros en efectivo -la compra le costó siete millones-, según el juez.
Olivo obtuvo del Ayuntamiento varias parcelas como dación de pagos de unas supuestas obras que, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, no están justificadas. Según el juez, una de estas parcelas Olivo la entregó a Roca, quien la vendió al promotor José María Enríquez, que levantó una promoción con licencia municipal concedida por silencio administrativo. Para obtener el permiso de primera ocupación, el promotor tuvo que pagar a Roca un presunto cohecho de 288.500 euros.
Roca además ha sido socio del promotor granadino José Ávila Rojas, hasta el punto de que el juez ha llegado a señalar en uno de sus autos que ambos eran "uno en Marbella". Ávila Rojas ha sido uno de los constructores más activos en Marbella durante el gilismo, y de los promotores imputados procesados en el caso Malaya es al que mayor fianza por responsabilidad se ha fijado, 50 millones de euros. Según el juez, sólo entre 2003 y 2006, años a los que se ciñe la investigación de la Operación Malaya, pagó cohechos a Roca por más de cinco millones de euros. Pero además, Roca ha propiciado a Ávila Rojas parcelas municipales para construcciones de al menos cuatro promociones con las que según el juez, el cerebro de la trama habría ganado 17 millones de euros, que en parte habría cobrado con la entrega de pisos.
También otra sociedad de Roca, Vanda Agropecuaria, vendió a José María González de Caldas propiedades por 1,6 millones de euros en el edificio Golden que previamente había adquirido por 384.000 euros, y que el conocido empresario sevillano entregó después al Ayuntamiento en un convenio de permuta de inmuebles. También González de Caldas está imputado de cohecho por haber pagado a Roca 60.000 euros para la obtención de una licencia de primera ocupación de una promoción de 18 viviendas.
Cobros según caja
El reparto del dinero cobrado como presunto cohecho a los promotores urbanísticos que Roca hacía entre los concejales de la corporación no seguía unas reglas fijas, ni una periodicidad concreta. Simplemente dependían de la disponibilidad de caja. "El reparto de los sobres se produce cuando existen fondos suficientes en la caja única de Roca y no son un pago por cada acto concreto sino que de alguna manera, los concejales están en nómina y cada cierto tiempo tienen que ser agradecidos con alguna cantidad por su fidelidad y subordinación del cerebro pensante que obtiene los fondos", relata el juez en el auto de procesamiento.
En la resolución, el juez relaciona con detallecomo los pagos a ediles coincidían con las fechas en que se produjeron entregas de los promotores a Roca.
Roca digiría su imperio con el principio de caja única, establecida en la sede de Mara Asesores. En ella apuntaba las entradas y salidas de dinero, con iniciales que el juez ha identificado con los promotores, en el primer caso, y con concejales y toda una serie de testaferros, proveedores y suministradores de Roca en el caso de las segundas. Una contabilidad muy minuciosa, en la que Roca llegaba a anotar hasta los gastos de la celebración del cumpleaños de su hija, o de sus vacaciones.
Para los concejales fue la menor parte del pastel. Según el juez, entre 2003 y 2006 Roca pudo recaudar unos 30 millones de euros en presuntos cohechos, de los que repartió cinco millones en sobres entre los ediles. Según el juez éstos "se limitan en todo momento a aprobar lo que viene de Planeamiento, sin mayores problemas ni cuestionarse los convenios o las licencias sobre las que Roca negocia". La alcaldesa Marisol Yagüe fue, con 1.323.896 euros, la más beneficiada.
* ELPAIS.com - Málaga - 25/07/2007
