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UAM/Madrid* : El urbanismo y la corrupción están indisolublemente unidos y en España es algo todavía generalizado. Sobre todo en el entorno del Gobierno local, la ordenación del territorio sigue siendo un foco de corrupción permanente, lo que hace perder la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede luchar contra este tipo de delicuencia? Hay instrumentos legales suficientes, pero seguirá habiendo delitos mientras no se persigan lo suficiente y cometerlos siga siendo rentable para el infractor.
Los Informes Globales de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional señalaban en 2005 que "ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción". El Informe Global sobre la corrupción en España de 2007, emitido también por esta institución, concluía que "la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes, contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas".
En estos últimos años, no obstante, la situación de la corrupción urbanística ha mejorado, según los índices de la ONG, y en 2009 los ayuntamientos españoles mejoraron sus indicadores de transparencia -79 de los 110 consistorios analizados superaron el aprobado frente a sólo 55 en 2008. Los consistorios mejoraron su transparencia en todas las áreas, incluso en la de urbanismo y obras públicas, donde la nota media ha aumentado en 22 puntos, hasta los 72,2 puntos en 2009, y el año pasado España se situó en el puesto 28 del Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI) tras caer seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.
La multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes
El motivo de esta variación se atribuye, sobre todo, a una menor percepción de la corrupción urbanística. Para el director de la ONG en España, Javier Lizcano, estos delitos “han aflorado” mucho más que años atrás gracias a ”la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”, señaló durante la última presentación del informe.
Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en esta área, señala que el 'boom' inmobiliario a raíz de la liberalización del suelo ha dado lugar a más supuestos de corrupción en el ámbito urbanístico. "El hecho de que haya existido un crecimiento desproporcionado de la construcción en nuestro país ha generado mucho dinero, una parte del cual ha acabado en los bolsillos de autoridades y funcionario públicos de la Administración local en forma de cohecho". Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis económica, "ha contribuido a que el crecimiento urbanístico se haya detenido, lo que sin duda afecta a unos menores índices de corrupción. En casos como éstos, el movimiento de dinero ilegal y con ello, la corrupción, suele desplazarse a otros ámbitos, pero aún es pronto para poder hacer un diagnóstico". Por otro lado, ha aumentado el nivel de persecución de estos supuestos y su repercusión mediática, lo que influye en la percepción de que existe más corrupción.
La clave, perseguir los delitos para poder aplicar la ley
Desde el caso de Marbella, en el que se terminó implicando a casi todos los estamentos del Ayuntamiento y "en el que un juez decidió ir a por todas" y empezó a "tirar de la manta" se ha intensificado la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio", afirma Pozuelo. "Desde Marbella ha habido un efecto dominó", señala la experta. "No es que haya ahora más corrupción, pero sí se persigue más, se da a conocer en los medios y por ello la opinión pública es cada vez más sensible al respecto".
Esto se suma a un avance significativo en la legislación sobre delitos urbanísticos y el mayor empeño de las autoridades públicas para perseguir las mafias del ladrillo, pero sigue habiendo carencias importantes, señala Pozuelo en su informe Urbanismo y Corrupción, que acaba de hacer público la UAM. La corrupción urbanística sigue favoreciendo el enriquecimiento fácil a quienes participan en él, tanto desde la esfera pública como privada. En la administración local, que cuenta con una gran autonomía en urbanismo, "tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, porque de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo con un enorme valor de mercado".
Para Pozuelo, el problema es que estos delitos siguen siendo rentables, sobre todo en el ámbito local, aunque hay tres instrumentos legislativos fundamentales que podrían reducir este tipo de delitos a su mínima expresión: perseguir los delitos de prevaricación y cohecho para sancionar tanto al funcionario como al promotor, elevar las multas y no dilatar en el tiempo las órdenes de demolición y comiso. "Es importante que el delito no salga a cuenta, que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura".
El estudio de esta experta señala que "a menudo, quien otorga las licencias y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio es la misma persona o son muy próximas, lo que abre la puerta a la corrupción". El resultado es la existencia de un enorme margen de impunidad. Y lo que es más grave, el lucrativo fenómeno de la corrupción está también vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos, por lo que cada vez que se destapa un caso de corrupción urbanística la confianza de los ciudadanos de los partidos y en las instituciones democráticas se tambalea.
La implicación de funcionarios suscita un profundo rechazo social
Además, la implicación de los funcionarios y cargos como alcaldes y ediles provoca un profundo rechazo social ya que son representantes públicos que deberían velar por el buen común, por eso la sociedad les condena más y "se carga" contra los que toman las decisiones: "Hay un sentimiento de mayor reproche al hecho de que quien se enriquezca ilícitamente sea un representante público más que el promotor infractor, por otra parte, tan culpable como el primero.
El problema de fondo es que la corrupción local es algo muy antiguo, lleva implícita una especie de resignación que se manifiesta en la expresión de "dar a dedo"... aunque las cosas están cambiando, de momento, sigue haciendo un escenario favorable al delito. Se sabe que 'de facto', se llega a incluir en el presupuesto para una determinada planificación urbanística qué cantidad de dinero se dedica a los sobornos, y quien quiere concurrir honradamente tiene menos oportunidades.
Es importante que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura
A ello se une que para los jueces, además de la ya de por sí complicada instrucción de los casos, es habitual que se den problemas probatorios tanto en los delitos de prevaricación como de cohecho, y también que la instrucción de los casos puede llegar a ser muy compleja. "En los casos en los que el dinero fluye por doquier y no hay transparencia, se crean empresas títere que hacen difícil probar que ha habido dádiva y las dificultades técnicas se suman a todo lo demás", señala Pozuelo.
¿Da respuesta la Justicia?
Es frecuente pensar que la respuesta del derecho administrativo es insuficiente para perseguir estos delitos porque la normativa es enrevesada, lo que dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita y se reducen las posibilidades de sanción, y además las administraciones públicas no cuentan con suficientes recursos preventivos y represivos. Algo, según Pozuelo, "no del todo cierto, puesto que la normativa sí es clara al describir qué comportamientos son punibles, aunque faltarían recursos materiales y humanos para gestionar los delitos, y además no parecen que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas", explica.
"Para responder de forma efectiva a este tipo de delincuencia no existen, en puridad, problemas legales, en el sentido de que deban crearse nuevos delitos o cambiar la respuesta jurídica; ahí están las diferentes formas de prevaricación administrativa y el delito de cohecho. El problema está en la insuficiente persecución de esas infracciones, que se explica porque hay muchos intereses en conflicto, en ocasiones incluso de alto nivel, pues el dinero procedente de la corrupción urbanística ha llegado a financiar ilegalmente partidos políticos", argumenta la profesora de la UAM.
"La norma no es laxa, pero no se aplica"
"La impunidad se explica porque no se persigue suficientemente los supuestos de delincuencia urbanística pese a contar con recursos suficientes para ello. La respuesta al problema no está en modificar la ley y en endurecerla: la solución está en la mayor persecución de esas infracciones. La normativa, siempre mejorable, no es laxa, el problema es que no se aplica. Sólo la certeza de la aplicación de la ley puede dar resultados en materia de prevención de delitos", sentencia.
De hecho, los delitos contra la ordenación del territorio no constituyen el principal problema de la delincuencia urbanística: el núcleo se encuentra en los supuestos de aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias urbanísticas en contra de la normativa vigente y, por último, en el hecho de que prácticamente nunca se proceda a la demolición de las construcciones ilegales, bien porque no se llega a ordenar, bien porque se incumplan las órdenes de demolición. Para todos estos supuestos, los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho pueden dar una respuesta suficiente, sin olvidar la aplicación de la institución del comiso y el cumplimiento de las órdenes de demolición.
Junto a estos instrumentos estrictamente penales, aquellos con los que cuenta el Derecho administrativo también pueden resultar muy útiles: En primer lugar, el efectivo cumplimiento de lo establecido en el 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a los representantes locales a dar cuenta de su patrimonio antes de la toma de posesión del cargo y una vez finalizado su mandato. Si esto se controlara suficientemente, ayudaría mucho a evitar la corrupción urbanística".
El núcleo del problema: la aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias y la no demolición de las obras ilegales
La demolición y el comiso son útiles, pero lo más importante es tomarse en serio la aplicación de la ley. Además, "es muy importante sancionar al cargo público que ha cometido un delito de cohecho, porque como representante de la Administración tiene el deber de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Pero esto no quita importancia a la necesidad de sancionar al constructor que corrompe a la autoridad o funcionario o se deja corromper con él, pues es una pieza absolutamente esencial en la dinámica de la corrupción urbanística. Creo que es muy útil y muy necesario dirigir una respuesta penal a ambos". "Que se investigue y se inspeccione más", pide la experta, ya que disuadirá a los posibles infractores de cometer el delito".
Multas proporcionales, no máximas
Eso sí, Pozuelo cree que la norma todavía no es lo suficientemente eficiente en algunos puntos para evitar que estos delitos sigan "mereciendo la pena" a los infractores. "Es el caso del delito contenido en el art. 319 del Código penal, en el que se sanciona al promotor, constructor o técnico-director que construye o edifica ilegalmente en suelos de especial protección, y en el que la multa se configura conforme al sistema días-multa, lo que beneficia económicamente al infractor. Conforme a este sistema, el máximo a imponer sería una multa de 288.000 euros, lo que resulta ridículo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ganar con este tipo de delito. Es mucho más efectivo el sistema de multa proporcional, que obliga al pago de un múltiplo de las ganancias obtenidas; de este modo ya no resulta tan rentable la infracción.
El hecho de que la demolición de la construcción ilegal no se llegue a ordenar o bien, en caso de que sí haya orden de demolición, ésta no se cumpla, supone una especie de “regalo” al infractor. No pierde nada: existe la alta probabilidad de que no se sancione penalmente su conducta por falta de persecución y, en caso de que sí se haga, no perderá la obra construida, porque la probabilidad de que se produzca la demolición es mínima. "Por esta razón, tanto en este trabajo como, en especial, en uno publicado conjuntamente con otro penalista específicamente sobre la materia, propongo que si ya no resulta posible la demolición, se ha de producir el comiso. Esto significa que al infractor se le decomisarán las ganancias obtenidas con la construcción ilegal. En definitiva, hay dos alternativas: o hay demolición de la obra ilegal o hay comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas con ella", señala la experta en su compendio".
Tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance
Las empresas títere, estratagemas contra la inhabilitación
"Y en lo que se refiere al cumplimiento de la pena de inhabilitación, suele eludirse a través de la técnica de creación de empresas para cada construcción o edificación, que desaparecen una vez que éstas han terminado. Esos costes se eliminarían o al menos se atenuarían si el legislador optara el sistema de multa proporcional y la administración dedicara más medios materiales y humanos para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones penales".
Lo que resulta insostenible, en opinión de Pozuelo "es que el beneficio obtenido o que se vaya a obtener de la realización de un delito quede en manos de infractor, cuando esto no sucede en el resto de infracciones penales. Imaginemos a alguien que sustrae unos bienes ajenos y después los vende, ¿sería razonable que, al margen de la condena por un delito de hurto o de robo, se le permitiera al infractor quedarse con las ganancias obtenidas de la venta de los bienes sustraídos? Pues en el supuesto de los delitos contra la ordenación del territorio el esquema es el mismo: un sujeto sustrae de forma ilícita un aprovechamiento del suelo al construir en un lugar prohibido -suelo no urbanizable de especial protección".
"Si a continuación vende la construcción y obtiene con ello una ganancia", prosigue, "debemos dar exactamente la misma respuesta que al ladrón que vende el botín. Bajo ningún concepto puede admitirse que los beneficios que se deriven de una construcción ilegal, ya procedan de su venta, de su arrendamiento o de cualquier otra modalidad a través de la cual se genere dinero a favor del infractor, puedan enriquecer a quien atenta contra la ordenación del territorio". Por otra parte, es necesario "que no quede impune el incumplimiento de las órdenes de demolición y pueda ser sancionado por delito de desobediencia, pues la no demolición de las obras ilegales obstaculiza enormemente la lucha contra la delincuencia urbanística".
* Informe de la UAM
* Expansión - 16.03.10
Foto: El TSJ de Cantabria anuló el de de abril de 2007 el plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizó a la empresa Fadesa a construir 500 viviendas en el Alto del Cuco, en grandes desmontes que han transformado su ladera sur. En la imagen, vista general de la urbanización situada a unos 15 kilómetros de Santander. EFE/Esteban Cobo
La corrupción urbanística sigue saliendo a cuenta
'Abusos Urbanísticos No' rechaza los subterfugios de la nueva ley
LEVANTE/Valencia* : Abusos Urbanísticos No (AUN) ha elaborado un informe en el que critica y rechaza la reforma de la legislación urbanística propuesta por la Generalitat Valenciana, a la que califica de " compendio de artículos y subterfugios jurídicos". El informe destaca que se sigue primando la actuación discrecional de la Administración y se favorece al agente urbanizador en detrimento de los propietarios del suelo.
Así, en el análisis del Artículo 16 del nuevo texto legal, actualmente en información pública, se insiste en que no ha cambiado "nada" desde la Ley de Reforma de la Actividad Urbanística (LRAU) en relación a la figura del agente urbanizador.
Insisten en que la única intención de agente urbanizador es obtener suelo edificable "con seguridad" y "buen precio" y añaden que hasta ahora se le ha dado "la facultad de actuar como juez y parte. "Sólo podría ser aceptable-añaden en relación al agente- si se tratara de un profesional colegiado que minute la confección del proyecto y la dirección de los trabajos de urbanización sin tener ningún interés añadido en el proceso, es más, teniéndolo prohibido expresamente".
AUN reivindica un redacción el texto que contemple sin generar dudas "ni trampas" el derecho de adjudicación preferente a las Agrupaciones de Interés Urbanístico que ya figuraba en la LRAU. "Al fin y al cabo en cualquier procedimiento de gestión urbanística quien financia y paga el coste total hasta el último céntimo son los propietarios por lo que es de razón que organizados como AIU tengan derecho a la adjudicación preferente.
Rechazan expresamente la alusión -Artículo 18,3- a que el agente urbanizador pueda ser beneficiario de una expropiación realizada por la Administración y proponen que sea ésta la beneficiaria "en los casos de los propietarios que opten por no participar en el programa".
Piden que el informe de Sostenibilidad Ambiental sea obligatorio siempre y que incluya con carácter vinculante el informe sobre suficiencia de recursos hídricos.
* Levante-EMV - 17.03.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
La Junta abre la puerta al ´derribo exprés´ de viviendas
LAOPINIÓN/Málaga* : El ´boom´ del ladrillo tuvo indudables efectos beneficiosos sobre la economía de la provincia, pero dejó consecuencias perniciosas en lo que a ordenación del territorio se refiere. Para poner coto a esa viña sin amo que ha sido el urbanismo salvaje a lo largo de los últimos años, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un reglamento de disciplina urbanística que compendia toda la normativa al respecto y que será puesto a disposición de los municipios, muchos de ellos sin medios personales y materiales para vigilar su entorno natural, aunque dependerá del uso que se le dé por parte de los regidores.
Como medida más innovadora, destaca el llamado ´derribo exprés´ de obras ilegalizables, una medida que permitirá a los municipios iniciar procedimientos de demolición por vía de urgencia para las viviendas sin encaje en ningún recoveco de la ley. El plazo de ejecución será de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente (once meses menos que con el actual procedimiento). La competencia podrá ser ejercida subsidiariamente por la Junta, aunque en este caso la demolición tardaría hasta dos meses.
Veintiséis regidores y ex alcaldes de la provincia están imputados en procedimientos por delitos urbanísticos y otros cinco han sido condenados ya por estos desmanes a penas de cárcel –generalmente inferiores a los dos años– y de inhabilitación. La ex alcaldesa de Cártama Leonor García Agua y el ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas han sido recientemente absueltos también por hechos similares. No en vano, los alcaldes de la Axarquía se han revelado contra el encorsetamiento que, en su opinión, impuso la Ley de Ordenamiento Urbanístico de Andalucía (LOUA) al desarrollo de pequeños municipios.
En total, Málaga acumula más de 27.000 casas ilegales, un problema especialmente sangrante en la Costa del Sol Occidental, en la Axarquía y en el Valle del Guadalhorce.
El reglamento también contempla la legalización de viviendas siempre que con su demolición se cause un daño mayor, como ocurrió en Marbella. Para ello, se elaborará un registro de construcciones ilegales, identificando, "caso a caso", todas estas casas, según explicó el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Como contrapartida, el promotor tendrá que compensar a la ciudad con parcelas o dinero.
En el capítulo sancionador, la principal novedad es la eliminación de la posibilidad de beneficio económico del infractor. Para ello, el texto dispone incrementos en la cuantía de la multa si tanto ésta como el coste de la reposición se sitúan por debajo del lucro ilegalmente obtenido.
El reglamento es especialmente duro en el ámbito de las parcelaciones ilegales, para las que se estipulan sanciones en ningún caso inferiores al 150% del beneficio. Las muy graves conllevan multas de entre 6.000 y 12.000 euros, mientras que las más leves oscilan entre los 600 y los 2.999. Si el infractor acata la resolución, podrá reducir en un 50% la cuantía de la multa.
* La Opinión Málaga - 17.03.10
Foto: Hay numerosas viviendas ilegales en la provincia - laopiniondemalaga.es
El fiscal acusa al alcalde de Barreiros de prevaricación urbanística
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LAVOZ/Lugo* : El fiscal provincial de Lugo ha presentado una denuncia en el juzgado de Mondoñedo por un presunto delito de prevaricación urbanística en el Concello de Barreiros, por la concesión en el año 2006 de 44 licencias para construir más de 3.100 viviendas. El fiscal solicita al juez que tome declaración como imputados al alcalde, Alfonso Fuente Parga (PP), a los tres concejales que constituían la junta de gobierno local, José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, y a la arquitecta municipal, Marta Geada.
De este modo, la Fiscalía abre la vía penal sobre el urbanismo de Barreiros, después de que en el Contencioso-Administrativo de Lugo ya se esté depurando si estas mismas licencias son o no legales, a raíz de que el anterior Gobierno de la Xunta pidiese su anulación. Por el momento, el juez de Mondoñedo se ha limitado a solicitar informes a la secretaria municipal de Barreiros y a la Xunta.
El fiscal de Lugo actuó a raíz de una denuncia presentada el 28 de septiembre del 2009 por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, tres años después de que se cometiesen las supuestas infracciones y de las que ya entonces era plenamente consciente. Este es uno de los aspectos más controvertidos.
La Fiscalía argumenta que las licencias infringen las directrices de urbanismo de la Xunta y que mientras algunas carecían de informes de la secretaria municipal, en otras presentaba reparos al dudar de que el abastecimiento de agua y el suministro eléctrico estuviesen garantizados para todas las viviendas. No obstante, las licencias sí fueron informadas favorablemente por la arquitecta municipal. Algunas también cuentan con informes externos que las avalan.
El alcalde, Alfonso Fuente Parga, circunscribe lo ocurrido en el marco de una maniobra política originada en el revanchismo que buscaría Hipólito Pérez, el anterior responsable de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cesado la pasada semana por el Consello de la Xunta.
El regidor sostiene que no es casual que la demanda haya salido a la luz pública unos días después del cese, sin comunicárselo antes a los afectados, y tras hacerse público el borrador del convenio de la Xunta, la Diputación de Lugo y el Concello que permitirá desbloquear el urbanismo en Barreiros, inyectar dinero público para consolidar los servicios en las zonas donde se edificará y, quizás, paralizar los contenciosos del anterior Gobierno autónomo.
Hasta ayer, las cinco personas denunciadas por el fiscal de Lugo no tuvieron acceso a la querella. Aunque Alfonso Fuente ya ha declarado en el juzgado por alguna denuncia vinculada con el urbanismo, para los demás miembros de la comisión de gobierno ser imputados por el fiscal es una novedad. La responsabilidad de conceder licencias para edificar miles de viviendas en Barreiros recayó en un auxiliar administrativo (el alcalde), un jubilado, una enfermera en el Hospital da Costa y un ATS. Este último, José Manuel Gómez Puente, señalaba: «Sempre pensamos que facíamos o correcto porque os informes da arquitecta eran favorables, pero agora aparecemos sinalados por todos». Por asistir a cada junta de gobierno, normalmente una el mes, perciben cien euros.
* La Voz de Galicia - 17.03.10
Foto: La Fiscalía ha pedido que se investigue si hubo delito en la concesión en el 2006 de 44 licencias para construir más de 3.000 pisos en Barreiros - P. LOSADA, lavozdegalicia.es
Alguien está jugando con fuego en el mercado de la vivienda
CARLOS SÁNCHEZ* : El gambito es una vieja apertura de ajedrez -existen algunas variantes- que supone un movimiento táctico de indudable valentía. Consiste en sacrificar una pieza del tablero, normalmente un peón, en aras de lograr una mejor posición estratégica. Se trata, por lo tanto, de un movimiento a corto que tiene costes inmediatos, pero que a largo plazo se presenta como imbatible si las piezas se mueven en la buena dirección. Se desconoce si Elena Salgado o Manolo Campa, como llaman sus amigos al secretario de Estado de Economía, juegan al ajedrez, pero no estaría de más que a la luz de los últimos datos sobre evolución del precio de la vivienda revisaran algunos conceptos básicos sobre táctica y estrategia en política económica. No se trata de un asunto menor.
Lo que dicen esos datos es lo peor que le puede suceder a la economía española en un coyuntura como la actual.
¿Y qué dicen esos datos? Pues ni más ni menos que los precios de la vivienda (medias anuales) cayeron un 1,5% en 2008 y un 6,7% en 2009. O lo que es lo mismo, en los dos peores años de la economía española en décadas, el ajuste inmobiliario se ha saldado con un escueto -8,2%. ¿Mucho o poco? Los promotores inmobiliarios dirán que una barbaridad, pero el sentido común dirá exactamente lo contrario. No es para menos si se tiene en cuenta que ese raquítico descenso ha impedido una mejora importante en la ratio que mejor determina el acceso a un piso, y que no es otra que la relación entre precio de la vivienda y Renta Bruta Disponible por hogar. O dicho en otros términos, cuántos años de trabajo necesita una familia para poder adquirir un piso.
Pues bien, según el Banco de España, en 2007 se necesitaban 7,7 años. En 2008, se produjo una ligera caída hasta los 7,2 años, mientras que en 2009 se ha situado en 6,9 años. Como se ve, no hay motivos para tirar cohetes. Lo más curioso del caso, sin embargo, es que esa relación se ha mantenido sin cambios en los tres últimos trimestres, lo que significa que la leve mejoría en la accesibilidad a una vivienda se ha frenado en seco a medida que ha ido avanzando el año pasado. Es lógico teniendo en cuenta que la economía española continúa destruyendo empleo, mientras que, en paralelo, los salarios reales es probable que estén bajando en muchas actividades, lo cual dificulta la compra y el acceso una vivienda.
Los tipos de interés tocan suelo
Si no se crea empleo, los salarios reales no crecen, los tipos de interés se mantienen estables y la inversión extranjera retrocede, no es razonable pensar que la salida de la crisis inmobiliaria está cerca
Se trata de un problema serio que hay que vincularlo con otro fenómeno que suele pasar desapercibido. Los tipos de interés de los préstamos libres han tocado suelo en el 2,6%, por lo que será difícil que en los próximos años se pueda producir un estímulo a la compra de viviendas por esta vía. Todo lo contrario, tenderán a subir, aunque sea lentamente.
La inversión extranjera en viviendas es otra vía de escape para salvar la crisis inmobiliaria, pero también en este sentido parece que la economía española ha pinchado en hueso. Los últimos datos (tercer trimestre de 2009) muestran que la inversión extranjera en inmuebles está cayendo a un ritmo anual del -32%, incluso por encima del -10,1% con que comenzó el año, y desde luego a años luz del incremento del 13,4% registrado en 2007, año en el que este tipo de inversiones daban ya claros síntomas de fatiga. La depreciaciòn de la libra puede tener mucho que ver con este fenómeno.
¿Qué quiere decir esto? Pues que si la economía no crea empleo, los salarios reales no se recuperan, los tipos de interés se mantienen estables y la inversión extranjera retrocede, no parece razonable pensar que la salida de la crisis inmobiliaria está cerca. Todo lo contrario. Claro está, salvo que los propietarios de los pisos bajen los precios de forma significativa, algo que hoy por hoy es una ilusión. O mejor dicho, no está ocurriendo en el segmento de la vivienda nueva, porque en el mercado de segunda mano las cosas son distintas.
El Índice de Precios de la Vivienda dice, en concreto, que en los dos últimos años los precios de los pisos de segunda mano han caído un 15,1% (un 6,2% en 2008 y un 8,9% en 2009), pero en el caso de los pisos recién construidos se ha producido un aumento del 4,2% en 2008 y un descenso del 4,15% el año pasado. Es decir, que en el bienio negro de la economía española los pisos nuevos no sólo no han bajado sino que han aumentado, aunque sea de forma irrelevante en términos estadísticos.
Desfase entre ventas y entrega de llaves
Una explicación técnica puede explicar este sorprendente fenómeno. Los datos de Estadística están construidos a partir de la información procedente de todas las operaciones registrales en el conjunto de las notarías españolas, por lo que hay un evidente desfase entre el precio pactado en el momento de la compra de un piso con el vendedor y la entrega de llaves ante notario. Un periodo en el que pueden pasar alrededor de dos años.
Con todo y con eso, no parece que los precios de la vivienda se hayan ajustado al momento económico, y eso explica que España -como dicen todos los institutos de coyuntura- saldrá más tarde de la crisis económica. Y ello pese a los vanos intentos de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, por calentar el mercado inmobiliario. En línea con lo que hicieron en su día ilustres miembros del PSOE que acabaron en el sector tras su paso por la cosa pública. El camino lo marcó Jesús Espelosín, antiguo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, y lo continuaron Pedro Pérez (G-14) y David Taguas (Seopan).
Ni que decir tiene que hasta que se aprueben normas capaces de desincentivar la permanencia de pisos sin vender en el balance de los bancos y las inmobiliarias no hay nada que hacer. Incluida la necesaria reforma del Código de Comercio para evitar que una empresa entre en causa de disolución si el valor de sus activos desciende de forma brusca, como sucede ahora. Pero claro, para eso hay que hacer gambito en la apertura, lo que supone sacrificar una pieza, y no parece que las autoridades estén por la labor.
* El Confidencial - Opinión - 17.03.10
Murcia, ¿ejemplo de destrucción natural?
LAVERDAD* : La Región de Murcia vuelve a ponerse como ejemplo de lo que nunca debe hacerse con el patrimonio natural. Al menos, así se recoge en una serie de Televisión Española que encargó Cristina Narbona en 2006 que, de momento y según recogía ayer el diario 'El País', está en 'stand by' porque el Ministerio de Medio Ambiente ha exigido retirar una parte del reportaje en la que se entremezclan imágenes de los telediarios sobre noticias relacionadas con la corrupción urbanística, que es señalada por el documental como una de las peores enfermedades a las que se enfrenta el litoral español.
Un 'tijeretazo' al que se niega el guionista de la serie 'Las riberas del mar océano', Miguel Ángel Losada.
Aunque en el fragmento que ha provocado el 'veto' ministerial no aparece ninguno de los casos de supuesta corrupación urbanística destapados en la Región, Televisión Española sí utiliza en ese mismo capítulo varios fotogramas de lugares emblemáticos de la Comunidad, como La Manga del Mar Menor o Marina de Cope, que se suman a imágenes de Alicante, Mallorca o Marbella para explicar a los espectadores la legislación vigente en materia de Costas y cómo han afectado las actuaciones urbanísticas ilegales a la belleza del litoral.
El locutor del reportaje se pregunta, justo cuando aparecen las imágenes aéreas de La Manga, «¿por qué deben contribuir los ciudadanos que no tienen posesiones en la costa a proteger, regenerar y adecuar, por ejemplo, La Manga del Mar Menor, frente a la acción de los temporales y la subida del nivel del mar...?». En otro momento del capítulo, una imagen de Marina de Cope -donde se pretende construir un gigantesco complejo turístico y cuyo proyecto ha sido declarado de 'interés regional' por parte de la Comunidad Autónoma- se entrelaza con fotogramas de otras zonas del litoral levantino sobre las que la voz en off del reportaje asegura que «la costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ellas se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministros -aquí aparece Marina de Cope-. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas... ¿Se está insistiendo de nuevo en el desarrollo urbanístico a toda costa...?»
En este sentido, el director general de Comunicación del Gobierno regional, Miguel Ángel Pérez, consideró ayer que las imágenes de la costa murciana que utiliza el documental «no reflejan la realidad del litoral de la Región». Según Pérez, «nuestras costas son de las más protegidas de España, ya que el 80% del litoral cuenta con una protección especial. Y el 80% de ese 20% restante de terreno tiene condiciones de edificabilidad muy limitadas». Por su parte, la jefa de la Demarcación de Costas, Francisca Baraza, declinó hacer declaraciones porque sus «competencias» son otras, como «vigilar el cumplimiento de la legalidad».
Medio Ambiente se explica
En lo que se refiere a la solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de retirar parte del reportaje, el departamento de Elena Espinosa negó ayer mediante un comunicado de prensa haber «vetado o censurado esta serie televisiva, encargada por el propio ministerio, en relación con la situación del litoral español y no cuestiona su emisión, aunque lamenta que, en aras a la libertad de creación, la misma incluya datos no fiables, que pidió fueran rectificados. En este sentido, el Ministerio quiere puntualizar que, de un total de 13 capítulos de unos 45 minutos de duración cada uno, se solicitaron seis correcciones puramente técnicas al apreciar errores e inexactitudes en algunos de ellos y considerar que una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de incorrección o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas».
Entre otros aspectos relacionados con los datos que utilizaba el reportaje, el Ministerio reconoce que se solicitó «la supresión de 2 minutos de un capítulo de 45 minutos, en los que se venía a afirmar que el problema del litoral español era la corrupción urbanística generalizada». Según el comunicado, «la problemática ambiental del litoral español responde a un conjunto de distintas causas: herencia de un modelo económico desarrollista, una nula o mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, entre otras. Todo ello, con independencia de que, en efecto, la especulación urbanística y la corrupción sean, lamentablemente, una realidad que afecta no sólo a zonas de la costa española sino a también a distintos lugares de la geografía española».
En este sentido, el guionista de la serie, el catedrático de Costas de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada -con quien este periódico intentó hablar ayer sin éxito-, asegura en 'El País' que aceptó todos los cambios propuestos por el Ministerio, salvo esos dos minutos dedicados a las noticias sobre corrupción: «Esas imágenes son fundamentales, es parte de la historia de este país y no lo digo yo, lo dicen los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla».
* La Verdad - 16.03.10
Foto: La serie también incluye un vídeo de Marina de Cope, donde se va a construir un macrocomplejo turístico y residencial. :: LA VERDAD
