ELPAÍS/Sevilla* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha citado a declarar como imputado a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista, dentro de las diligencias abiertas por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga.
En el auto, fechado el pasado miércoles, la juez Alaya cita a declarar en calidad de imputado a Domingo Enrique Castaño el próximo día 17 de diciembre, a las 10.30, dentro de unas diligencias por las que se encuentran también imputados el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; el ex director general de
Mercasvilla Fernando Mellet; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
De igual modo, dispone que se libre oficio a la Policía Judicial a fin de recordarle la remisión al Juzgado de los contenidos del resto de los correos electrónicos del servidor de la Gerencia Municipal de
Urbanismo que podrían ayudar a esclarecer esta presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando, mientras también pide que se expida un nuevo oficio a la Policía Judicial para que informe sobre el directivo o los directivos de Sando en Andalucía que hubieran intervenido en la subrogación del derecho de superficie.
Asimismo, la juez instructora del caso también dispone que el jefe de la Policía Judicial adscrita informe de los derechos de superficie y arrendamientos que hubiere en los terrenos de Mercasevilla antes de la convocatoria del concurso público y el tiempo de su duración. Además, retrasa al día 30 de noviembre las declaraciones, en calidad de testigos, del profesor adscrito al Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de Sevilla Antonio Pajares Ruiz, y de Antonio Barba
Ruiz, quien en nombre del grupo de inversiones Noga asistió a la apertura de ofertas efectuada el día 9 de febrero de 2006 ante la mesa de contratación del concurso para la adjudicación de derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, cuyas declaraciones estaban previstas inicialmente el día 23 del presente mes.
Patrimonio de los imputados
Por último, recuerda que el imputado Fernando Mellet ha presentado ya el escrito en el que adjunta el correo electrónico aludido en su declaración judicial, concretamente el que envío a María Victoria Bustamante el 10 de noviembre de 2005, en el que, según Mellet, se le remitía el pliego de condiciones aprobado en la comisión ejecutiva del 8 de noviembre.
Por otro lado, y en relación con la instrucción que la juez desarrolla para investigar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, la juez solicita a la Policía Judicial ampliar la información patrimonial de los cuatro imputados en esta causa -los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira-, así como de otras 14 personas pertenecientes a "su entorno familiar más directo".
En este auto, la juez Alaya mantiene para el 16 de noviembre el señalamiento para la declaración como imputado del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.
* ELPAIS.com - EP - Sevilla - 05/11/2009
Foto: Mercasevilla - elcorreoweb.es
La juez imputa en el 'caso Mercasevilla' al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento
"Pretoria": Los comisionistas ganaron cinco millones en una operación de 28
ELPERIÓDICO/Barcelona: Si el juez Baltasar Garzón no se equivoca en sus imputaciones, trabajar para la trama del caso Pretoria era un auténtico negocio. Uno de los casos más ejemplares es el del solar que vendió la sociedad pública Marina Badalona a finales del 2002 a la empresa Badalona Building Waterfront (BBW) y que esta revendió 15 meses más tarde a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries por 28 millones de euros.
En el tiempo transcurrido entre la operación inicial y la final, los intermediarios y comisionistas cobraron cinco millones de euros, casi un 18% del precio final. En el solar aún no se ha edificado nada y varias fuentes apuntan al presunto blanqueo de dinero como el objetivo real de la operación.
Espais Catalunya está participada en un 51% por Caixa Catalunya, y el resto, por Espais, la inmobiliaria que dirige Lluis Casamitjana, imputado por Garzón. Según el auto, esta empresa mixta pagó a Poliafers, una compañía de Lluís Prenafeta (exsecretario general de la Presidencia con Jordi Pujol y ahora en prisión provisional sin fianza) 1.461.599 euros por la compra del solar «tras el cambio de usos» del proyecto. Prenafeta se repartió esta comisión con Luis García (Luigi) y Macià Alavedra.
Esta es la última comisión que consta en la resolución judicial por esta operación. Aunque el magistrado destaca que antes hubo otras dos. BBW compró el solar a finales del 2002, cuando estaba controlada por Alejandro Pretus (el abogado que aparece en casi todas las operaciones del caso Pretoria), Agustín Peñarroja y Jeff Schroeder.
NEGOCIO LIOSO / «Cuando se produjo la operación» de venta «BBW pagó a Kundry Blau 2,551 millones en concepto de rescisión de un contrato de gestión». Los administradores mancomunados de Kundry eran precisamente el citado Schroeder y Lluís Renau, exdirector general de Seguretat Ciutadana en el Govern a las órdenes de Alavedra. Garzón apunta, sin embargo, que el destino final de esos 2,5 millones fue Luigi, Este, además, cobró otra comisión más a cargo de BBW por valor de 1.046.993 euros. Para acabar de liar la operación, parte de esa última cantidad fue a parar de nuevo a manos de Schroeder y de Renau, según el juez.
La suma de las tres comisiones asciende a los citados cinco millones de euros, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que todavía no se ha construido nada en el solar en cuestión. La situación contrasta, además, con las del resto de parcelas del frente marítimo de Badalona.
Caixa Catalunya ha puesto en marcha una auditoría para aclarar todos los extremos de su participación en la operación de Badalona y sus relaciones con Espais, responsable de la gestión del proyecto. La entidad de ahorro destaca que no le consta ningún pago irregular por parte de su filial y asegura que desde que compró el terreno la calificación de este no ha variado.
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS / Espais y Procam han mantenido parado el solar durante estos años. No solicitaron la primera licencia de obras hasta octubre del 2007, según fuentes municipales. El ayuntamiento se la denegó por deficiencias en los expedientes. No se registró otro movimiento hasta el pasado 16 de octubre, cuando los servicios municipales requirieron nuevos informes técnicos. Por si los problemas de la obra no eran suficientes, tras la detención de Casamitjana el ayuntamiento ordenó la suspensión de todas las licencias relacionadas con esta parcela hasta que se aclare la situación.
El ayuntamiento envió ayer a Garzón toda la documentación sobre esta parcela, un millar de folios.
* El Periódico - 5.11.09
Foto: Cartel publicitario de una de las obras previstas en el nuevo frente marítimo de Badalona, el mayor cambio urbanístico de la ciudad. - JOSEP GARCIA, elperiodico.com
Santa Coloma adjudicó la misma obra a dos empresas de la trama corrupta
ELPAÍS/Barcelona* : La investigación del caso Pretoria sigue extendiéndose a otras localidades y llega ya a Arenys de Mar (Maresme), aunque sigue sin abandonar su epicentro. Dos empresas relacionadas con la trama corrupta han sido las adjudicatarias de una misma obra en Santa Coloma de Gramenet. Se trata del mercado de Fondo, uno de los mayores equipamientos de la ciudad, que se licitó en 2007 por más de 20 millones de euros. La adjudicación, que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón, recayó en la constructora Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
La constructora presentó el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que licitar otra vez la obra. Esta vez, el precio de salida eran 11,9 millones porque Edisan había realizado ya algunos trabajos, como la demolición del antiguo mercado. El pleno del Consistorio adjudicó el contrato el pasado 26 de octubre —un día antes de la intervención policial— por 9,8 millones de euros a Grupo Ánfora, en cuyo consejo de administración está Antonio Jiménez Gómez, el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) que Garzón investiga por considerarlo uno de los contactos del presunto cerebro de la trama, Luigi.
Fuentes del Ayuntamiento admitieron que la obra se adjudicó dos veces seguidas a dos empresas de la trama, pero aseguraron que todos los contratos de Gramepark y los que aparecen en el auto de Garzón están siendo revisados. Ánfora es un grupo de Mataró que ahora está promoviendo viviendas en Montcada i Reixac y Sant Andreu de Llavaneres. Jiménez Gómez tuvo responsabilidades urbanísticas en ambas localidades, y empezó en la inmobiliaria justo después de dejar su cargo en Montcada. Además, fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma.
Garzón sigue rastreando, no obstante, todas las operaciones vinculadas con la trama. El pasado martes el Ayuntamiento de Arenys de Mar le entregó la documentación de un convenio privado entre Edisan, de Luigi, y la congregación de monjas de Vila Betània. Según el acuerdo, de 2005, Luigi se comprometía a ampliar el geriátrico de la comunidad a cambio de un solar donde edificar.
Fuentes municipales confirmaron ayer que en esa época, cuando gobernaban CiU y PP, el jefe de Planeamiento del Consistorio era Genís Carbó, militante de CDC y directivo del último Gobierno de Jordi Pujol. Carbó está citado en el auto por cobrar una comisión de 244.011 euros tras un pelotazo urbanístico.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER / A. TRILLAS - Barcelona - 05/11/2009
Foto: Construcción en Santa Coloma de Gramenet, origen del pelotazo urbanístico.- EDU BAYER
Ayuntamiento de Carboneras mantiene como suelo urbanizable El Algarrobico al adaptar sus normas subsidiarias
EUROPAPRESS/Almería* : El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado de manera definitiva la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico al considerar que no puede dársele categoría de suelo no urbanizable de especial protección al estar suspendido cautelarmente por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En el documento, publicado en BOP y contra el que los colectivos conservacionistas han anunciado la interposición tanto de recurso de reposición ante el Consistorio como de recurso contencioso-administrativo, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial.
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero, que preside Cristóbal Fernández (PSOE), señala para justificar su decisión, contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
NÍJAR
Al hilo de esto, invitaron al municipio a seguir el ejemplo del Consistorio de Níjar que, en el mismo procedimiento, clasificó como suelo no urbanizable de especial protección los parajes de La Fabriquilla y Aguamarga, donde estaban proyectadas dos macrourbanizaciones declaradas no conforme a derecho por el TSJA y en cumplimiento con lo establecido en el PORN del parque natural de Cabo de Gata.
Este plan, que también afecta a los sectores ST-2 y ST-3 con el mismo tratamiento en la adaptación de las NNSS de Carboneras, ubica el primero de ellos como B1 y B2, áreas de interés natural donde el uso urbano se prohíbe mientras que fija para el suelo donde se asienta el hotel de Azata del Sol la calificación C1 que motivó, precisamente, su suspensión cautelar ya que el Alto Tribunal Andaluz estimó que "podía suponer la reactivación del inmueble con uso turístico".
Con respecto al sector ST-3 o Torre del Rayo, que en el nuevo planeamiento aprobado por el Ayuntamiento también tiene un uso residencial, los dos colectivos ecologistas han subrayado que está catalogada como Habitats Prioritario y Exclusivo, monte público y zona de especial protección por la ubicación del Bien de Interés Cultural (BIC) que da nombre al paraje.
* Europa Presss - 5.11.09
Foto: El Algarrobico (Archivo) - greenpeace
Chiclana: Delito a vista de pájaro
LAVOZ/Cádiz: Desde el aire, los pagos rurales de Chiclana aparecen como una colmena de parcelas irregulares, llenas de piscinas y tejados de chalés. Una inmensa ciudad de viviendas levantada de forma ilegal, a golpe de ladrillazo durante los años del boom inmobiliario, amparándose en la impunidad que les daba el caos. Y es que era imposible comprobar la construcción de cada casa, una por una, en aquella maraña urbanística.
Hace dos años, sin embargo, se logró solventar el problema, ya que la Policía y la Guardia Civil comenzaron a usar un novedoso sistema de fotografía por satélite que permitía comprobar cada año si se levantan allí nuevas casas.
Gracias a él, la Policía ha imputado esta semana a cinco promotores y constructores, denunciados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Se les imputa la construcción de varias viviendas en los pagos del Pinar de los Guisos y de Majadillas, y de falsificar los documentos de obra nueva presentadas en el Registro de Propiedad para hacerlas pasar por antiguas. Esto es un procedimiento habitual para enmascarar la irregularidad, ya que este tipo de delitos prescribe a los cinco años.
El truco de la obra nueva
Las viviendas estaban siendo investigadas desde el pasado verano por los jueces mixtos Número 3 y Número Cuatro de Chiclana, que pidieron que se comprobara si, efectivamente, existían los chalés en las fechas que indican las escrituras. El cotejo de las fotografías por satélites desvelaron, en cambio, que se construyeron tiempo después.
En la primera de las parcelas investigadas, en el Pago de los Guisos, los policías comprobaron que en 2005 desapareció una casa pequeña, y fue sustituida por otra edificación de 90 metros cuadrados con piscina incluida. Dos años después, la parcela se dividió con un muro y se construyó un segundo chalé. Todo ello, sin licencias municipales. Además, según informó ayer la Junta de Andalucía, «para hacer las obras se talaron los árboles de la parcela sin la preceptiva autorización ambiental».
La segunda vivienda investigada, bajo la tutela del juzgado Número 4 de Chiclana, se encuentra en el Pago de Majadillas. Se trata de un chalé de dos plantas y 120 metros cuadrados, más otro edificio de 50 metros que fueron construidos en 2005. En el certificado de obra nueva, en cambio, se indicaba que la casa se había construido antes.
* La Voz Digital - 05.11.09 - M. D. GARCÍA
Foto: Una de las viviendas construidas de forma supuestamente ilegal. / LA VOZ
Millones sin control
ANXO GUERREIRO* : Los numerosos casos de corrupción que salpican la vida pública española han terminado por producir un fuerte impacto en la opinión pública y amenazan con provocar el desencanto ciudadano con la democracia. Ante tal situación, el discurso políticamente correcto consiste en afirmar que el corrosivo fenómeno de la corrupción es minoritario y que la gran mayoría de los cargos públicos son gente honesta, y hasta sacrificada, que trabaja por el bien común y el interés general. Es posible que así sea y, desde luego, no seré yo quien extienda la sospecha sobre el funcionamiento del sistema democrático en nuestro país. Pero es preciso reconocer, al menos, que la extensión de las tramas corruptas ha alcanzado tal nivel que ya no permite considerar esta cuestión como algo irrelevante o marginal.
Una de las características de la delincuencia en el siglo XXI es su organización en grandes carteles que se dedican a actividades criminales muy lucrativas gracias al uso a gran escala de las nuevas tecnologías del transporte y la comunicación. La cantidad de dinero negro, de millones sin control, que tales organizaciones manejan entre paraísos fiscales, bancos legales y diversos centros que configuran la economía sumergida se ha calculado que es el doble del producto nacional bruto de Japón.
Pues bien, ingentes cantidades de ese dinero sucio, que circula en las bodegas malolientes de la globalización, se blanquea en España. Es tan intenso el tráfico de esos capitales en nuestro país que hasta los notarios han detectado, ¡por fin!, miles de operaciones sospechosas y en muchos casos han encontrado claros indicios delictivos.
El problema reside en el hecho de que quienes manejan miles de millones de euros procedentes de las más diversas actividades irregulares no carecen de proyecto político. Al contrario, necesitan la complicidad del poder -o de los poderes- para extender su devastadora metástasis. Por eso los casos de corrupción se multiplican por doquier; por eso muchos advertimos en su día que Marbella no era un caso excepcional o aislado, aunque fuera, debido a sus pintorescos protagonistas, el más espectacular. En efecto, dos docenas de alcaldes detenidos en los últimos años, varios consejeros del anterior Gobierno balear procesados, el expresidente de esa Comunidad y la actual presidenta del Parlamento de las Illes imputados en el caso Palma Arena, la referencia de Maragall al famoso 3% desde la solemnidad de la tribuna parlamentaria o el hecho de que en Madrid, para vergüenza de nuestra democracia, hubiese que repetir unas elecciones debido a la felonía de dos diputados convenientemente incentivados por las tramas inmobiliarias, dan cuenta de la profundidad y gravedad del fenómeno al que nos enfrentamos.
Convendría, pues, que en Galicia tomásemos buena nota de lo que está sucediendo. Porque, aunque las normas cautelares sobre el litoral tomadas por el bipartito y la crisis de la construcción residencial han ralentizado los planes urbanísticos que tramitaban los concellos costeros, contamos con una ley urbanística similar a la que está vigente en Valencia, norma que ha merecido las más duras críticas de la Unión Europea, y está pendiente todavía la elaboración del Plan de Ordenación del Litoral. Y, desde luego, no es de recibo mirar para otro lado cuando determinadas familias de la Camorra anuncian planes para instalarse en Galicia, con el fin de compensar con el negocio del narcotráfico sus pérdidas en el sector inmobiliario.
Así pues, las tres fuerzas políticas gallegas, en vez de utilizar de forma partidista y grosera el fenómeno de la corrupción, deberían conjurarse para evitar la especulación urbanística, porque con el urbanismo salvaje no sólo está en juego nuestro patrimonio natural, sino la salud de nuestra democracia. Y, por supuesto, para impedir la instalación de las mafias en nuestro territorio, hecho que una vez consumado es muy difícil de erradicar.
Por su parte el Gobierno central y las diversas fuerzas de la oposición no pueden limitarse a repetir fórmulas retóricas de condena a la corrupción o a reproducir el discurso políticamente correcto. Están obligadas a diseñar conjuntamente una auténtica batalla política contra esta lacra que asfixia nuestra democracia.
* ELPAIS.com - Opinión Galicia - 4.11.09
