ELMUNDO* : El Ayuntamiento de Tarragona vuelve a estar en la cresta de una gigantesca ola de irregularidades urbanísticas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya le obliga a la demolición de los edificios de la Marina Tarragona, el puerto para yates de lujo, por no haber exigido la licencia de obras previa a la construcción.
En una sentencia de 35 páginas a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el TSJC ha ratificado la que ya emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Tarragona hace más de un año con respecto a la ilegalidad del complejo urbanístico del puerto de lujo de Tarragona, denominado Marina de Invierno, para embarcaciones de Recreo del Puerto de Tarragona.
El TSJC va ahora más allá y declara que el conjunto de seis edificios afectado no puede ser legalizado salvo que entre en vigor una nueva figura de planeamiento urbanístico. Con todo, el complejo está en un callejón sin salida, ya que esta última posibilidad parece remota si se tiene en cuenta que la Administración, ya sea municipal, portuaria o autonómica sólo dispone de dos meses para actuar antes de que se ejecute el derribo y, aún así, sería cuestionable su validez si su único objetivo es subsanar el desaguisado.
El magistrado Manuel Taboas indica en su resolución que el Ayuntamiento, cuyas alegaciones tilda de "especialmente farragosas e históricas", renunció a ejercer el control urbanístico que deben observar los municipios. Para ello, el Consistorio se basó en que no era competente porque las citadas obras eran estrictamente portuarias.Sin embargo, la jurisprudencia y las pruebas periciales practicadas - consistentes en ir a echar un simple vistazo al lugar - confirmaron que la zona es lúdica y abierta al uso ciudadano, por lo que el TSJC desbarata esa justificación y concluye que el Ayuntamiento tenía que haber exigido la licencia municipal.
Eximir a los promotores, International Marina Tarragona S.L., de la preceptiva licencia de obras sólo benefició a éstos y perjudicó enormemente a las arcas municipales, ya que se dejaron de ingresar los impuestos correspondientes -cientos de miles de euros-, un dudoso lujo para un Ayuntamiento de Tarragona, que sufre sobrecostes de más de 20 millones de euros en obras municipales que promueve, como la construcción del polémico aparcamiento Jaume I. A pesar de que el Ayuntamiento rechazó, al asegurar que no era de su competencia, la exigencia de la licencia, el entonces equipo de gobierno -CiU y PP- aprobó una Modificación Puntual del Plan General que justificaba la construcción del complejo.
El embrollo legal se remonta al Consistorio liderado por Joan Miquel Nadal (CiU), aunque el actual (PSC-ERC) recurrió la sentencia emitida desde los juzgados de Tarragona que, en lo esencial, recogía los mismos argumentos que la que ahora ha dictado el TSJC.
La sentencia obliga ahora a las administraciones municipal y autonómica a restaurar la realidad física alterada y el orden jurídico vulnerado, a imponer sanciones y a determinar los daños y perjuicios causados. Intentar legalizar las obras que realizó International Marina Tarragona S.L. en terreno de dominio público del Puerto de Tarragona será un trámite de una complejidad extraordinaria, ya que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat disponen de ninguna herramienta jurídica que lo permita.
* El Mundo - Salud Muñoz | Tarragona - 9.03.09
Foto: El edificio del puerto tarraconense.| J. Antonio, elmundo.es
Declaran ilegal el puerto de lujo de Tarragona
Cantabria: El Parlamento Europeo debatirá en abril la propuesta de AMA sobre los derribos
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Parlamento Europeo no ha tardado en dar respuesta a la propuesta registrada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos en el proceso de adquisición de sus viviendas. Ayer mismo, la mesa de la Comisión de Peticiones se reunió en Bruselas y admitió a trámite la iniciativa. Y ayer mismo, también, se procedió a fijar para el 16 de abril la fecha del debate parlamentario.
La iniciativa en curso ha sido promovida por la asociación que agrupa a los damnificados por sentencias de derribo en Cantabria -más de un millar de personas- y quedó registrada en el Parlamento Europeo el pasado 2 de abril. El documento fue acompañado por 17.000 firmas, recogidas en los meses y semanas previas.
El propio Marcin Libicki, eurodiputado polaco y presidente de la Comisión de Peticiones, fue el encargado de recoger la propuesta y tramitarla. Libicki recibió a una comisión de integrantes de AMA, encabezada por su presidente, Antonio Vilela. A la reunión también asistieron Carlos Iturgaiz, europarlamentario vasco del PP, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP).
Cambio de normativa
La tramitación de esta propuesta ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es una más de las iniciativas de AMA, pero una iniciativa que reviste de un especial calado.
Con ella se pretende instar a las instituciones comunitarias a promover un cambio en la normativa con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los compradores de viviendas y evitar situaciones de «injusticia» como las que se han padecido en Cantabria en el curso de los últimos años.
Las resoluciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tienen carácter vinculante para los 27 estados integrantes de la Unión. Sin embargo, a menudo son atendidas, de una u otra manera.
El propio presidente de la Comisión explicó que «nuestra experiencia nos dice que , si tomamos alguna decisión en nuestro comité, normalmente se ejerce sobre los estados una presión política satisfactoria». «Tenemos muchos casos que nos han traido y generalmente la gente ha quedado satisfecha con los resultados», aseguró Marcin Libicki ante los integrantes de la junta directiva de AMA, cuando estos tramitaron su petición en el Parlamento Europeo.
Medidas concretas
Las propuestas de AMA pasarían por la creación de un registro público en el que aparecieran todas las sentencias de derribo y procedimientos en curso; la introducción de una nueva obligación para los notarios, que deberían comunicar a los compradores la situación jurídica en que se encuentran las viviendas; y la nueva obligación para las administraciones, que habrían de comunicar tales situaciones a los compradores, también.
Asimismo, la propuesta contempla que las viviendas con sentencias de demolición no se derribarán hasta tanto se hayan abonado las indemnizaciones a los compradores, cuando aquellos hubieran adquirido las viviendas «de buena fe, y con todos los permisos pertinentes».
Por último, el colectivo propone incorporar un protocolo de actuación para estos supuestos, que pasaría por regularizar las viviendas cuando fuera posible, permutar viviendas legales por aquellas otras que fueran ilegales y, en última instancia, llegar a acuerdos con las víctimas cuando fuera posible.
Ahora, es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y los grupos parlamentarios, quienes tienen la última palabra.
LOS AFECTADOS
Datos sobre sentencias
Número de viviendas afectadas: 1.114 viviendas.
Número de urbanizaciones afectadas: 23 urbanizaciones.
Municipios: Argoños (16), Piélagos (5), Arnuero (1) y Miengo (1).
Coste económico aproximado: 234 millones de euros.
* El Diario Montañés - 10.03.09 -
ÍÑIGO FERNÁNDEZ| SANTANDER
Collserola será verde o gris cemento
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ELPAÍS/Barcelona* : Tras un camino trazado en medio de un bosque que ahora parece encantado, con árboles de formas torturadas y con las raíces al aire por efecto del vendaval, se yergue la espléndida masía de la Torre Negra, del siglo XII. Solitaria y misteriosa, la finca, de propiedad privada, se muestra ajena al intenso debate desatado en Sant Cugat para preservar los terrenos que la rodean.
Tras 10 años de litigio, el Tribunal Superior de Justicia ha denegado la decisión de la Generalitat de calificar ese bosque de especial protección, por lo que vuelve a ser urbanizable. Pero el Ayuntamiento, gobernado por CiU, ha decidido por unanimidad reanudar los pasos para que la Torre Negra sea declarada zona verde frente a la oposición de los propietarios, encabezados por José Luis Núñez, que aseguran que la justicia les ampara.
Pero el fallo es complejo y es sólo un capítulo más de la larga batalla legal alrededor de este pedazo de montaña tan querido en Sant Cugat por ser la única entrada a Collserola sin edificar. El fallo deniega la protección, pero avisa que eso no implica que deba "prosperar" la tesis urbanizable. El Ayuntamiento, en cualquier caso, recurrirá ante el Supremo. El área abarca 166 hectáreas: la mitad son de Núñez, y la otra, de un grupo de pequeños propietarios. Su plan es construir 2.800 casas en un municipio que ha crecido enormemente y en el que hay pisos sin vender en Can Matas y Vulpalleres.
"Queremos proteger Torre Negra. Si miramos Collserola desde el Tibidabo, las casas llegan arriba y eso no pasa en el lado del Vallès. Nos hemos sentido muy solos, pero las máquinas no han entrado ni entrarán", dice el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, que insta a la Generalitat a que declare ya la sierra parque natural. "Con ese blindaje, el fallo habría sido diferente". El Departamento de Medio Ambiente, del ecosocialista Francesc Baltasar, anunció en 2005 que Collserola sería parque natural. Ahora dice que iniciará el proceso dentro de 15 días. Los ecologistas creen que ha tardado tanto que se ha permitido maniobrar a los ayuntamientos. Y ahora preparan para el día 22 una manifestación contra la política global de los departamentos de Medio Ambiente y de Política Territorial.
Medio Ambiente dice que incluirá Torre Negra en los límites de protección del parque. Los abogados de Núñez, Rafael Jiménez y Lluís Saura, son escépticos. "Me extrañaría mucho que una Administración lo declare parque natural cuando un juez acaba de decir que no lo es. Y si es así, recurriremos", avisa Jiménez. "Todo el argumento municipal de que Torre Negra era de interés público ha desaparecido. Con este fallo, ya no hay parque rural en Sant Cugat. El Ayuntamiento no está legitimado para expropiar e intervenir".
Considerada un lugar emblemático, próxima al Pi d'en Xandri, el Ayuntamiento decidió tras las elecciones de 1999 cambiar la Torre Negra de zona urbanizable a verde. Lluís Llerena, de la Plataforma de Defensa de Torre Negra, cree que los partidos se vieron presionados por el clamor popular porque el Ayuntamiento no fue tan sensible cuando quiso urbanizar Can Busquets, en La Floresta. "Eran 60 casas y no es una zona con tanto valor ecológico. Es incomparable", alega Recoder. "Nadie quiere pasar a la historia como el primero que urbaniza Torre Negra", explica Manel Cunill, de Depana.
El acuerdo es total y sin fisuras, salvo cuando lo rompió el año pasado el Partido Popular. "Sólo decimos que hay propietarios a los que se deben compensar", dice Berta Rodríguez, del PP. "La Generalitat y la Diputación deberían ayudar a pagar". Pere Feliu, presidente de los propietarios, abunda: "Estamos abiertos a negociar. Si no podemos construir, que se nos compense con una permuta. No hay dinero para pagarnos y ofrecemos algo cómodo: urbanizamos 20 hectáreas y cedemos el resto. Collserola es propiedad privada. Hay familias que tienen fincas desde hace generaciones".
Cunill dice que la gente confunde el derecho a la propiedad con el de edificar, y Daniel Jiménez Schlegl, abogado experto en urbanismo, sostiene que los dueños sólo pueden ser indemnizados si el plan ya estaba aprobado, y como no es el caso, sólo podrían recurrir a la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración por los gastos del proyecto. Los abogados de Núñez admiten que la cuestión de la indemnización queda lejos. "Es otra discusión", dice Jiménez, que añade que Sant Cugat puede modificar su planeamiento urbanístico, pero quedará en nada si la justicia da la razón en otro asunto: anular la desestimación provisional del Plan de Actuación Urbanística de 1998.
Mientras, los vecinos de Finestrelles, en Esplugues, al otro lado de Collserola, miran con melancolía la zona arbolada que ha desaparecido de la falda de Sant Pere Màrtir, cuya parte superior está integrada en la Red Natura 2000. "Aquí había jabalíes, zorros, perdices... no queda nada. Sentimos impotencia", dice desolado Paco Felipe, presidente de los vecinos de Finestrelles, tras una lucha que empezó en 1991. "Han árboles y cimentado la montaña", añade Eulàlia, de la asociación. La operación urbanística Caufec, ahora Porta-Barcelona, consiste en la desaparición de 30 gigantescas torres de alta tensión, que desaparecerán en junio, el soterramiento de las líneas y la construcción de dos torres gemelas, bloques de pisos y un centro comercial.
Las obras comportan que se haya ajardinado la falda de Sant Pere Màrtir, donde se ha habilitado un ancho camino asfaltado. Pilar Díaz, la alcaldesa, del PSC, afirma que la parte baja de la avenida era un antiguo circuito de motocross abandonado donde nunca hubo bosque. "Eso no era Collserola y los caminos de la falda son para mejorar la accesibilidad y para que se pueda pasear, ir en bici o patinete. Era una zona impracticable. La mayoría de la gente está encantada. Entiendo que un grupo se queje, pero no que se otorguen la representación de todos. Esto nos va a comportar 6.000 puestos de trabajo". Pero la lucha sigue: Enric, de 28 años, uno de los jóvenes que se colgaron de una de las torres de Esplugues en 2007 contra el Caufec, puede desde hoy pasar 10 días en prisión porque se niega a pagar 60 euros de multa por desobediencia. Será una protesta más contra el ataque a Collserola.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 09/03/2009
Foto: La zona de Esplugues de Llobregat, antes y después del proceso de urbanización- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
'Dormida' en Preciados por una casa digna
ELMUNDO/Madrid* : Si hace unos días montaron una tapia humana el Ministerio de Vivienda, ahora una veintena de activistas de la asamblea 'VdeVivienda' ha pedido la pasada madrugada, con una 'dormida' en el centro de Madrid, la expropiación del uso de viviendas vacías para crear un parque público de alquiler y "acabar con la crisis de derechos" en este ámbito.
El portavoz de 'VdeVivienda', Daniel Jiménez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan el próximo sábado, 14 de marzo, a la manifestación a favor de una vivienda digna que lleva por lema "Contra la crisis de derechos. Por la vivienda digna. Alquiler Social Universal".
"Queremos que los ciudadanos de este país tomen la iniciativa porque estamos en el contexto de una crisis bastante grave y en el caso de España con una vertiente propia debido a la burbuja especulativa que reventó", ha dicho Jiménez en declaraciones a Efe.
Así, ha considerado que el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre "los beneficios de unos pocos que son los que han ocasionado el problema de la vivienda". Por esta razón, ha animado a los ciudadanos a salir a la calle porque "no se puede dejar solos a los responsables públicos", que, en su opinión, son los que han ocasionado el problema.
"Si les dejamos solos, su receta será la de siempre: que nosotros paguemos la crisis que ellos han creado", ha aseverado. Para dar a conocer este mensaje, una veintena de jóvenes activistas protagonizan esta noche una 'dormida' en la calle Preciados de Madrid, rodeados de pancartas en las que abogan por el "Alquiler Social Universal".
Según Daniel Jiménez "no es un problema de viviendas, porque sobran viviendas, sino un problema de derechos, de derechos que no se garantizan". En este sentido, ha explicado que España es el país europeo con mayor número de viviendas vacías. "Hay que redistribuir las viviendas que hay, que hay de sobra", ha sentenciado.
Propone expropiar temporalmente a "los grandes acaparadores de vivienda de este país" para construir un parque público de alquiler "a un precio social que garantice la conservación del inmueble, no un precio de lucro".
Además, apuestan por un cambio de la ley hipotecaria para que aquellas personas que no puedan afrontar el pago no tengan que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco. Rechazan el uso de dinero público para las entidades privadas, a los constructores o bancos y exigen la despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
* El Mundo - EFE - 10.03.09
Foto: Dormidos en Preciados | Óscar Monzón, elmundo.es
