ELPERIÓDICO* : Los vecinos de La Paz volverán a salir mañana a la calle para exigir al Ayuntamiento de Zaragoza que dé respuesta a dos problemas arrastrados desde hace años: el estudio del impacto de las antenas de telefonía móvil y la altura de los edificios que se construyen.
Por un lado, se reclamará que realice un estudio epidemiológico que mida el impacto que la concentración de aparatos de telefonía móvil en la plaza Gallur tiene en la salud de los ciudadanos. Pero por otro lado, los ciudadanos solicitarán también que la Gerencia de Urbanismo controle la altura de los edificios que se construyen en el barrio, puesto que algunos de ellos sobrepasan en varios metros lo exigido en el Plan General de Ordenación Urbana.
En el caso de las antenas de telefonía móvil, los colectivos sociales de La Paz exigen que se cumpla un mandato de pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se acordó realizar mediciones del impacto de estos aparatos en los ciudadanos (para intentar comprobar si existe relación entre sus emisiones y la aparición de enfermedades). De momento, después de varios años de protestas y reclamaciones, se ha logrado la retirada de una de las antenas, pero siguen existiendo dos.
También se consiguió que desde la Dirección General de Salud realizasen un pequeño estudio, pero sin datos cruzados y, según los vecinos, "sin rigor científico".
En lo que respeta al control de la altura de los edificios, el problema se centra en la calle Fray Elías del Limonar, donde los vecinos han denunciado que al menos tres edificios superan lo estipulado en el PGOU. "No han construido una planta entera más, pero sí han levantado varios metros que reducen las vistas y rompen el equilibrio urbanístico del barrio", explicaron desde uno de los colectivos vecinales.
Los residentes en La Paz no entienden cómo el desacato de los promotores de esos tres edificios ha podido pasar desapercibido en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. "No tiene ningún sentido que tengamos que ser los vecinos quienes nos preocupemos de hacer cumplir la normativa urbanística. ¿Es que no hay un servicio de inspección para comprobar si los edificios se adaptan a lo que marca el PGOU?", expusieron las citadas fuentes.
La Asociación de Vecinos de La Paz ha solicitado una reunión con el máximo responsable de Urbanismo, el socialista Carlos Pérez Anadón, pero hasta la fecha no han sido recibidos. La concentración de protesta de mañana comenzará a las seis en la calle Fray Elías del Limonar.
* El Periódico de Aragón - 15/01/2009
Foto: Los vecinos de La Paz, en una protesta anterior - elperiodicodearagon.com
Zaragoza: Protesta para exigir más control urbanístico
Un juez tumba un convenio urbanístico de Getafe
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MADRIDIARIO* : El Juzgado de lo Contencioso - administrativo nº22 de Madrid anuló este jueves el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Getafe y la Junta de Compensación del Rosón para el desarrollo de esa zona donde se pretenden construir 2.700 viviendas libres.
El Partido Popular pidió este jueves la creación de una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas que podrían afectar al ex concejal de Urbanismo Santos Vázquez y al alcalde de Getafe, Pedro Castro, apuntó el concejal del PP José Luis Vicente.
El convenio, aprobado por el pleno municipal, establecía la venta de 22.184 metros cuadrados edificables en propiedad del Ayuntamiento de Getafe a los propietarios de la Junta de Compensación del Rosón al precio de 1.140 euros el metro cuadrado, por un total de 26.321.460 euros, según el PP.
La sentencia señala que "el acuerdo de sustitución económica del aprovechamiento urbanístico que corresponde al municipio de Getafe ha vulnerado el procedimiento debido, al no darse el requisito de no ser posible la cesión".
Y añade: "La monetarización solo es posible cuando no lo sea la cesión de terrenos, de tal suerte, que el convenio podrá establecer la compensación económica únicamente cuando concurra dicha condición".
Según Vicente, la justicia ha declarado nulo el acuerdo de julio de 2006 al considerar que "no es posible esta venta" y lo que se tendría que haber hecho "es la cesión gratuita de los terrenos del Ayuntamiento en parcelas edificables".
La tasación fue encargada por la Concejalía del Área de Desarrollo Económico y establecía en ella un precio de 1.140 euros el metro cuadrado, frente a los 1.800 metros cuadrados en los que se estaban realizando las compras-ventas de suelo entre particulares en el desarrollo urbanístico de El Rosón.
Para el PP, con esta operación las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar 15 millones de euros y sería un "posible caso de corrupción urbanística".
El concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, indicó que la sentencia ha sido recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para defender la "coherencia" de la operación que el Ayuntamiento hizo en su momento y lo demás, a su juicio, "es especular".
El Juzgado número 22 de Madrid estimó el recurso interpuesto por un particular ante el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Getafe y los propietarios de los terrenos de El Rosón que ha desembocado en esta sentencia.
* Madridiario - 15-01-2009 - MDO / EFE
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
Alhaurín: Un soborno grabado en directo
LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero señala en su escrito que José Gregorio Guerra, edil de Urbanismo (PP), exigió, sin éxito, "a un empresario la suma de 122.000 euros como contrapartida a la licencia de obras concedida, con infracción de la normativa urbanística de aplicación".
Pretendía que el empresario pagase esa cantidad si quería más edificabilidad en una parcela. Sin embargo, este testigo protegido, clave en el transcurso de los hechos, grabó la conversación con la ayuda de la policía y la autorización de la autoridad judicial.
En concreto, la empresa quería promover un edificio de 14 viviendas y locales comerciales en una parcela de 253 metros cuadrados en la calle Azucena de Alhaurín el Grande. "Los hechos imputados están acreditados, indiciariamente, por las declaraciones prestadas por dicho empresario así como por las grabaciones judicialmente autorizadas de las conversaciones mantenidas entre el recurrente y dicho señor, que corroboran esa solicitud de dinero por parte del imputado", refleja el responsable de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga.
El edil de Urbanismo concedió esa licencia de obras el 21 de abril de 2006, a pesar de que en el expediente administrativo consta un informe negativo por parte del arquitecto municipal, al superar las obras proyectadas la edificabilidad permitida.
A pesar de ello, el asesor jurídico municipal J. B. G. hizo un informe favorable y aseguró, en el mismo, que el estudio efectuado por el arquitecto era positivo, "lo que es radicalmente falso", apunta el acusador público.
Registros. El fiscal recuerda además que con motivo de la entrada y registro llevada a cabo el 18 de enero de 2007 en uno de los domicilios del alcalde en Alhaurín el Grande, los policías pudieron hallar 64.780 euros en efectivo.
También incide en que durante la intervención de su despacho en el mismo Consistorio de la localidad pudieron incautarse de 7.000 euros en líquido, motivo apuntado por el fiscal, quien muestra su extrañeza por este importante hallazgo.
* La Opinión de Málaga - J. A. SAU - 15.01.2009
Foto: alhaurinelgrande - iupizarra.org
El PGOU de Alicante está "preso del ladrillo", dice la plataforma cívica
ELPAÍS* : El desorbitado suelo urbanizable programado y la desprotección de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad centran las alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) y el PSPV.
Para la plataforma, entidad cívica que surgió en contestación al plan Rabassa, "el PGOU es un documento preso de la lógica del ladrillo". En su avance de alegaciones, el PSPV también resalta este aspecto: "El proyecto de plan general sigue abundando en el modelo insostenible de ciudad difusa por el consumo indiscriminado de suelo".
Las alegaciones de la PIC fueron presentadas ayer por el presidente del colectivo, Manuel Alcaraz. En el apartado de valoración global del documento, Alcaraz subrayó que el nuevo PGOU es un "documento político bajo sospecha". "El proyecto está siendo difundido, vendido propagandísticamente, pero se ha elaborado sin participación, incluso vulnerando algunas de las normas en el proceso de redacción", explicó. Alcaraz también abundó en los errores incluidos en la documentación y la ausencia de informes preceptivos, entre ellos el Estudio de Impacto Ambiental y la Memoria de Sostenibilidad Económica. "No sabemos cuánto costará ni cómo se pagará el nuevo PGOU", precisó Alcaraz.
El presidente de la PIC subrayó, además, la "desorbitada" reclasificación de suelo no urbanizable, más de 13 millones de metros cuadrados de manera directa, sin incluir el Plan Rabasa. La PIC criticó el proyecto del sector del estadio Rico Pérez, "una reclasificación a la medida del dueño del Hércules, el contratista Enrique Ortiz".
Mientras, el portavoz del Grupo Socialista municipal, Roque Moreno, tildó de "estafa y chapuza que favorece a unos cuantos y perjudica a la mayoría" la propuesta de nuevo planeamiento impulsada por el gobierno del PP. Moreno, aparte de criticar los errores del documento, rechazó el excesivo nuevo parque de viviendas (40.000 nuevas casas) y también se opuso al proyecto comercial del Rico Pérez y el soterramiento de la avenida del Conde de Vallellano. El portavoz socialista aseguró que su grupo presentará el viernes un total de 150 alegaciones. "Todo con el fin de articular un verdadero modelo de ciudad sostenible, con un crecimiento ordenado y multifuncional", explicó.
Más protección para el saladar de Agua Amarga
En el apartado del medio ambiente, las alegaciones de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) hacen hincapié en la necesidad de reforzar la protección de la primera zona húmeda del término de la capital alicantina, el saladar de Agua Amarga, al sur de la ciudad. La entidad cívica señala que la propuesta del nuevo PGOU reduce de forma significativa (casi un 30%) la protección que preveía el primer equipo redactor del planeamiento, que dirigió el arquitecto Lluís Cantallops.
De esta forma, la PIC rechaza que el nuevo PGOU reclasifique como urbanizable un sector de aproximadamente 590.000 metros cuadrados del perímetro de protección del humedal. Ello supone rebajar de dos a 1,4 los millones de metros protegidos. En su alegación, la PIC resalta, además, que la reclasificación de este sector choca con la clasificación como suelo no urbanizable protegido o común que el vigente planeamiento de la ciudad de Elche otorga a los terrenos colindantes.
También en el ámbito de Agua Amarga, la plataforma rechaza el nuevo vial que desde la N-322 bordeará por el sur el humedal. "Proponemos que se desmantele la actual N-332 en el marco de una amplia reordenación viaria del entorno del saladar", recoge el documento de alegaciones. Además de esta alegación concreta para elevar el grado de protección del humedal, las alegaciones de la PIC abundan en las deficiencias que recoge el estudio de sostenibilidad ambiental. Entre otras carencias, según el colectivo, ni en la memoria justificativa ni en el documento de informe de sostenibilidad ambiental hay mención alguna a los posibles efectos del cambio climático y también "es muy deficiente" el capítulo dedicado al análisis de riesgos naturales, entre otros, de contaminación de las aguas subterráneas, de inundaciones o erosión.
En el apartado de recursos hídricos, tanto las alegaciones de la PIC como el avance presentado por los socialistas alicantinos critican las deficiencias del estudio que debe recoger las necesidades de agua de la ciudad a medio plazo. Y el PSPV pone el énfasis en la ausencia de una previsión del consumo de agua para el futuro crecimiento, inmobiliario e industrial, que prevé el PGOU.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 15/01/2009
Foto: Alicante, zona de Agua Amarga - mma.es
