LAOPINIÓN* : La Costa del Sol se ha convertido en los últimos años en referente del urbanismo desordenado y la construcción sin límites. El último informe de Greenpeace apunta que casi el 60 por ciento de los primeros 500 metros de la franja litoral de la provincia es suelo urbano ocupado, un porcentaje que supera el 80 por ciento en localidades como Mijas, o Marbella.
La desorganización en la planificación del suelo, unido a presuntas prácticas prevaricadoras en la disposición del terreno, han tenido como consencuencia la existencia de una enorme bolsa de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística.
Según datos recabados por este periódico, en la provincia existen más de 36.000 viviendas y construcciones irregulares. Marbella, con 19.000 inmuebles, y la comarca de la Axarquía, con más de 9.000 construcciones principalmente diseminados, son las zonas con mayor número de licencias impugnadas y expedientes por infracciones urbanísticas. En la zona del Guadalhorce, destaca Cártama, donde se tramitan unos 3.000 casos por viviendas ilegales.
Estrategias. Ante esta situación urbanística, los ayuntamientos plantean "normalizar" el máximo número de viviendas, siempre que se ajusten al planeamiento urbanístico y a la ordenación territorial dictaminada por la administración autonómica. Pero este proceso de regularización pasa en muchos casos por la resolución de expedientes con altas cargas financieras, que ha generado gran preocupación entre los propietarios.
En el caso de Mijas, donde hay 3.000 viviendas ilegales, el Ayuntamiento insta a los afectados a recurrir por la vía judicial los expedientes urbanísticos para detener las sanciones -muchas sobrepasan los 18.000 euros-, mientras se tramita y aprueba el Plan General de Ordenación Urbana. El objetivo es "normalizar la situación de cuantas viviendas irregulares sea posible", utilizando los medios legales y de planeamiento, según el alcalde Antonio Sánchez.
No obstante, muchos expedientes están tan avanzados, que ya no cabe recurso y la sanción o el derribo es firme.
En Marbella, el Consistorio también ha paralizado las órdenes de derribo hasta aprobar el planeamiento, una decisión respaldada por los tribunales. En cuanto a las compensaciones para regularizar 18.000 viviendas, el equipo redactor del PGOU propone imponer cargas financieras a los propietarios y, subsidiariamente a los propietarios, pero es una proposición que se negocia. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha frenado los expedientes y estudia las alegaciones de los afectados.
En Estepona, existen más de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas, de los que un tercio se refiere a construcciones en suelo no urbanizable. Según el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, la mayoría de los casos se están tramitando, pero lo que se intenta es que "el PGOU aborde la regularización de las construcciones con compensaciones, pero no se trata de una amnistía".
En esta ciudad se mantiene abierta la polémica por la regularización de los diseminados y la aplicación del POT de la Costa del Sol que establece una figura de especial protección en el suelo donde se ubican.
En Cártama, los expedientes por infracciones urbanísticas se están recurriendo mientras se aprueba el PGOU. El alcalde José Garrido, asegura que la pretensión del Ayuntamiento es regularizar las viviendas, pero hay casos graves, como construcciones en los cauces de los ríos que "en ningún caso se pueden legalizar". "Son situaciones muy complicadas, y lo que queremos es que se respete la ley. Habrá que esperar a aprobar el plan general". No obstante, en este municipio se han decretado órdenes de derribo por iniciativa del afectado para restituir la legalidad.
Por su parte, la Junta de Andalucía insiste en que son los municipios los responsables de su desarrollo urbanístico. Vicente Granados, director de Ordenación Territorial, recuerda que Málaga es la provincia andaluza con menos planes generales adaptados a los POT y la normativa regional, y añade que en la comarca como la Axarquía hay zonas donde no se ha delimitado el uso del suelo.
Este retraso en la aprobación alarga la tramitación de las infracciones urbanísticas.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 24 de febrero de 2008
Foto: Marbella. Derribo de una promoción de Ávila Rojas. Arciniega, laopiniondemalaga.es
Málaga: La provincia acumula más de 36.000 viviendas irregulares
Pego: Arrels reforesta Penya Roja para denunciar la presión urbanística
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LEVANTE/Alacant* : El colectivo Arrels denunció ayer la desertificación del territorio a causa de la presión urbanística en Pego. Para ello se desplazaron a la partida Penya Roja, donde la promotora Fadesa está desarrollando una "macro urbanización". En el lugar descrito como zona verde, cerca de cuarenta personas plantaron cincuenta árboles, en la segunda "inspección ciudadana" que los ecologistas realizan a la zona.
La actividad se desarrolló bajo el lema "Quan caiga l'últim arbre haurem de menjar ciment". Y recordaron que parte de la consecuencia de la riada de octubre la tuvo la falta de vegetación forestal que no pudo absorber el agua.
Además, en los participantes pidieron al consistorio pegolino, a través de un manifiesto que "se ponga en funcionamiento la Agenda 21 Local ya porque continuar como hasta ahora es un insulto para la inteligencia de los vecinos de Pego". Arrels argumentó estas declaraciones en que el tripartito prometió hace cinco años su puesta en marcha.
Asimismo, reivindicaron su derecho a "la democracia participativa de la que muchos políticos se llenaron la boca en las pasadas elecciones".
* Levante-EMV - E.V., Pego - 24 de febrero de 2008
Foto: Pego (Alicante), la Penya Roja - lasprovincias.es
Lanzarote: Seis hoteles con licencia nula recibieron más de 23 millones de fondos europeos
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LAPROVINCIA* : Al menos seis hoteles con la licencia anulada por los tribunales se construyeron gracias a la ayuda de fondos europeos. Estos hoteles, de Playa Blanca y Costa Teguise, casi todos ya con sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recibieron más de 23 millones de euros acogiéndose a las subvenciones reguladas en los llamados incentivos económicos regionales, que son fondos aplicados por la Unión Europea para el fomento del empleo en zonas o sectores en declive, cuando Canarias disfrutaba de la condición de Región Objetivo Uno.
Las ayudas, para zonas deprimidas, se concedieron entre el año 1998 y el año 2002, cuando en la Isla se habían iniciado precisamente la articulación de políticas de contención turística y cuando los municipios de Teguise y de Yaiza gozaban ya de una renta por habitante de las más altas del Archipiélago. Los incentivos regionales suponen unos porcentajes de la inversión total de los hoteles que se acercan en algunos casos al 25%. Es el caso del Hotel Princesa Yaiza, uno de los más lujosos de la Isla, la subvención, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de agosto de 1999, fue de 4.092.238,17 euros, mientras que el presupuesto del hotel, según la propia documentación del Ayuntamiento de Yaiza, ascendía a más de 2.700 millones de pesetas (16 millones de euros).
A finales de esta semana, el TSJC emitía una sentencia por la que declaraba "radicalmente nula" la licencia concedida a la empresa Demadu SL para construir un hotel de 456 habitaciones y 912 plazas en la parcela 244 F de Costa Teguise. Las obras del hotel no se llegaron a terminar y recibió una subvención de más de cuatro millones y medio de euros.
Excepto en este caso, los otros hoteles están funcionando en la actualidad y suman casi 3.000 plazas alojativas. Entre ellos está el Hotel Rubicón Palace, para cuya construcción recibió la empresa Teide 10 una subvención europea de casi siete millones de euros. También está el Iberostar Papagayo, con la licencia anulada recientemente. En ese caso, la empresa promotora, Riversun Inmuebles recibió más de un millón y medio en abril del año 2000. La empresa Lanzarote 6 SA, recibió para el Hotel Gran Melián Volcán más de tres millones en 1999, aproximadamente la misma cantidad que se le aprobó a la empresa Yaiza Beach Club para el Natura Palace, todos ellos en la localidad de Playa Blanca.
En Costa Teguise, además de la subvención a Demadu se concedieron dos subvenciones a la empresa Hoteles Playa Canarias, por un importe total de más de tres millones y medio. Esa licencia también está recurrida por el Cabildo.
Otros establecimientos también recibieron fondos europeos, como el hotel Hesperia Puerto Calero, que no está recurrido por el Cabildo o la empresa Yudaya SA que recibió más de seis millones de euros. Esta empresa fue la única que llegó hace dos años a un acuerdo con el Cabildo para no terminar el pleito a cambio de desclasificar tantas plazas como las que se le concedieron para un establecimiento.
Hay que recordar que el informe elaborado por el letrado Agustín Domingo Acosta que dio pie a una investigación contra los dos ex alcaldes de Yaiza y Teguise por parte de la Unidad de drogas y crimen organizado, señalaba la existencia de una trama organizada en ambos municipios para conceder licencias de construcción ilegales, con una misma dirección legal. Unas 13.000 plazas están en los tribunales, que supusieron una inversión de unos 300 millones de euros. El Cabildo ha ganado ya más de veinte sentencias y el Ayuntamiento de Yaiza, a pesar de las inversiones, tiene una deuda de 50 millones de euros.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 24 de febrero de 2008
Foto: Una mujer pasea junto al Rubicón Palace en Playa Blanca. ADRIEL PERDOMO, laprovincia.es
Orihuela: Más de mil vecinos salen a la calle para protestar contra la planta de residuos
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INFORMACIÓN/Alicante* : Más de mil personas se manifestaron ayer en Orihuela Costa contra la construcción del vertedero comarcal en la pedanía oriolana de Torremendo, la segunda protesta convocada por la Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate de esta partida rural desde que se diera a conocer el pasado mes de enero la adjudicación del Plan Zonal de Residuos a la unión de empresas formada por Cespa y Ortiz en este término municipal.
Bajo el lema "Medioambiente sano, vertederos corrupción no", los vecinos partieron desde la puerta del Ayuntamiento de Orihuela Costa con numerosas pancartas con el mensaje "Poblaciones en pie de guerra por unos corruptos de mierda" y camisetas en las que podía leerse "Torremendo sano, vertedero corrupción".
El Consorcio del Plan Zonal de Residuos del área XVII recoge que para la gestión de los residuos sólidos urbanos de la Vega Baja debe construirse una planta en Torremendo que recibirá 400.000 toneladas de basuras al año. La asociación de vecinos ha manifestado en varias ocasiones que el Plan Zonal y la falta de información que sobre él existe son elementos "sospechosos" en donde se priman más los "intereses económicos de unos pocos que los de los ciudadanos".
En el acto de ayer participaron también vecinos de los municipios murcianos de El Mojón, La Zeneta y Beniel debido a su cercanía con las ubicaciones que se barajan para instalar el vertedero, así como el alcalde pedáneo de Torremendo, Joaquín García, del PP, y concejales de la oposición en Orihuela. Miembros del partido de la costa Claro y numerosos vecinos extranjeros también estuvieron presentes en la protesta.
Desde la directiva de la asociación se leyó un manifiesto al final del recorrido en el que se dijo que la alcaldesa, Mónica Lorente, gobierna "dando la cara para sonreir ante los medios de comunicación y gobernando a espaldas de los ciudadanos, favoreciendo los interereses particulares por encima de los de los ciudadanos". El manifiesto también hizo referencia a que el título de Gran Ciudad, que se ha acordado en pleno municipal solicitar ante las Cortes Valencianas, será el de "Gran Ciudad de la Basura", en referencia a los vertederos de La Murada y Torremendo, los vertederos de escombro ilegales de Hurchillo o los incontrolados de la Costa, uno de ellos en una zona verde junto a la A-7.
* Diario Información - S. LL. - 24 de febrero de 2008
Foto: Un momento de la manifestación de ayer en la Costa contra el vertedero previsto en la pedanía de Torremendo / diarioinformacion.com
Hacienda rastrea irregularidades en más de 4.500 promociones inmobiliarias
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ELPAÍS/Galicia* : La Agencia Tributaria dispone de información pormenorizada sobre más de 4.500 promociones inmobiliarias desarrolladas en Galicia en los últimos años y comienza a cruzar los datos en busca de posibles movimientos irregulares de fondos. A escala nacional, según detallan fuentes de Hacienda, el parque inmobiliario rastreado por sus técnicos supera las 80.000 promociones.
La ofensiva, fruto del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, pivota sobre varios ejes: desde descubrir la ocultación de la titularidad real de los bienes hasta la comprobación de la declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales, pasando por las subcontrataciones y las uniones temporales de empresas. Otro frente abierto consiste en actuaciones coordinadas sobre inmobiliarias que están interrelacionadas o que realizan operaciones entre ellas.
El peso del sector inmobiliario en la Galicia atlántica ha llevado a los técnicos de Hacienda a centrarse sobre todo en las promociones de Ferrol-A Coruña-Santiago y Vigo-Pontevedra. Sólo el año pasado se concedieron en Galicia 52.000 visados de obra por parte de los colegios de arquitectos, de los cuales 7.000 fueron para rehabilitación y el grueso se lo llevaron las nuevas edificaciones, según datos de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia.
Las pesquisas de los inspectores fiscales, según Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, avanzan en una doble dirección. Por un lado, se está aprovechando la información facilitada en algunos casos por los propios promotores, los colegios de arquitectos y los notarios para destapar minoraciones irregulares de beneficios en los desarrollos urbanísticos.
De otro, los inspectores fiscales proceden a contrastar el coste de ejecución de las obras declarado por el constructor con el precio final de venta. "Si el margen de rentabilidad obtenido se sitúa fuera de determinados parámetros se procede a investigar", señaló Pedroche. Juegan con una ventaja: los márgenes de las promociones suelen ser bastante fijos, según las calidades, lo que facilita el trabajo de la Agencia Tributaria.
Entre otras medidas, Hacienda está procediendo en algunos casos al requerimiento de los contratos privados para dificultar que se escrituren operaciones por un valor inferior al real cuando se trata de ventas sobre plano. Técnicos de la Agencia Tributaria han detectado que algunos inversores que adquieren el inmueble al promotor por esta vía lo transmiten a terceros antes de firmar la escritura, "obteniendo un beneficio fácil de ocultar", dado que no han llegado a figurar como propietarios en los registros de la propiedad, "por lo que es preciso requerir información al promotor sobre los titulares intermedios".
Dentro del control del sector, los inspectores fiscales también tienen puestos sus ojos en las empresas pequeñas o incluso creadas para una única promoción y que después quedan inactivas, aunque sin darse de baja en el censo. "Se llegan a dar casos", aclaran, "en que existe una solicitud de devolución del IVA soportado, sin ingreso del IVA correspondiente a la venta de viviendas o locales terminados".
El arrendamiento entre particulares ocupa otro capítulo del plan de prevención puesto en marcha por la Agencia Tributaria. Y, en concreto, son las viviendas deshabitadas uno de los focos de atención de los inspectores. Para Hacienda resulta muy complicado el chequeo de los alquileres irregulares en viviendas desocupadas. Una de las vías empleada es la solicitud a las comunidades autónomas información sobre las fianzas de los arrendamientos.
Los notarios, criticados por la permisividad con la que procedían a dar fe de escrituras públicas en la compraventa de viviendas por debajo de su valor real de transacción, comienzan a colaborar con el fisco. En virtud de un acuerdo, todas las operaciones por importe superior a los 200.000 euros que consideren que pudieran tener trascendencia fiscal o conllevar riesgo de delito son comunicadas a Hacienda. También los actos o cambios de titularidad de bienes.
* ELPAIS.com - JULIÁN RODRÍGUEZ - A Coruña - 24/02/2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
La Fiscalía investiga el triple de casos de fraude inmobiliario
LAOPINIÓN/Málaga* : El fraude a la Hacienda Pública tiene su máximo exponente en el sector inmobiliario. Las ingentes sumas de dinero negro que se mueven en este ámbito han llevado a la Agencia Tributaria a intensificar las inspecciones a promotoras y constructoras. Este aumento del control ha multiplicado los procesos judiciales.
La Fiscalía investiga una veintena de casos de fraudes inmobiliarios contra la Hacienda Pública, que se derivan de las querellas presentadas en 2007 a raíz de la información proporcionada por los inspectores de la Agencia Tributaria. Esta cifra casi triplica a los ocho procesos que se tramitaron en 2006.
El fiscal delegado de delitos económicos de Málaga, Antonio González, explica que ahora hay más coordinación entre la Abogacía del Estado, Hacienda y los órganos judiciales para perseguir este tipo de delitos. A este respecto, destaca que "hay normas de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía", para que en cuanto se detecten fraudes mayores de 120.000 euros se ponga en marcha una investigación judicial.
El incremento de los casos tiene su origen en el Plan de Prevención del Fraude impulsado por el Gobierno en 2005, que precisamente refuerza el control en el sector inmobiliario por las grandes sumas que se defraudan, según comenta José Antonio Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos Financieros de Hacienda (Gestha). "Cada año se dejan de ingresar importantes sumas de dinero en el ámbito de la construcción".
En 2007 la deuda liquidada en España gracias a las inspecciones en este sector ascendió a 1.200 millones de euros, y el número de contribuyentes inspeccionados creció un 31 por ciento, según datos de Hacienda.
En Málaga el capital defraudado puede alcanzar, como media en cada caso, los 500.000 euros. Teniendo en cuenta los procesos investigados el pasado año (20), se calcula que el Estado no ingresó 10 millones de euros. Marbella acapara el 75 por ciento de los casos que se investigan.
Métodos para estafar. El fraude fiscal en el sector inmobiliario puede cometerse de varias formas, como la omisión de ingresos mediante facturas falsas, o la venta de inmuebles a un precio muy inferior al escriturado para mover dinero en ´B´. En muchos, se utilizan sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para conseguir canalizar el capital no declarado sin levantar sospechas. La tramitación de estos casos es lenta, por la complejidad de los métodos con los que se defrauda al fisco. Así, las instancias judiciales deben recabar información tributaria de otros países sobre sociedades de préstamo o socios de una empresa.
Pero al margen de los casos que se investigan, los juzgados de Málaga tramitaron en 2007 un total de 40 procesos relativos a delitos contra la Hacienda Pública.
La Sección de delitos económicos de la Fiscalía lleva también otros asuntos, como los delitos societarios o los fraudes a la Seguridad Social. En el primer caso, se abrieron 21 procedimientos relativo a administración desleal de entidades financieras. También se investigaron 20 delitos de insolvencia punible, 4 de apropiación indebida, 7 de fraude a la Seguridad Social por contrataciones irregulares y 6 asuntos de facturas falsas. Precisamente la Fiscalía ha promovido una investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que trata de esclarecer la supuesta emisión de facturas por parte de 3 empresas ´fantasma´ por un valor 120.000 euros al Ayuntamiento por trabajos de jardinería que nunca se hicieron.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 23 de febrero de 2008
Foto: Fraude fiscal. El sector inmobiliario mueve grandes sumas de dinero negro en la Costa del Sol / laopiniondemalaga.es
El Algarrobico, el hotel escombrero
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ELPAÍS/Almería* : Justo cuando se cumplen dos años desde que se paralizaran las obras del hotel de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), la empresa que promovió el complejo ha invitado a varios medios a visitar las entrañas del devastado esqueleto de hormigón que, de estar prácticamente alicatado, ahora languidece con el paso del tiempo.
El Gobierno y la Junta persiguen desde febrero de 2006 el derribo de uno de los principales símbolos de la destrucción del litoral andaluz, cuya ejecución depende de la resolución de los hasta ocho procesos judiciales abiertos y del coste de expropiación del inmueble, que para el Ministerio de Medio Ambiente no debe superar los 40 millones de euros, mientras que para la promotora asciende a 300.
Al acercarse al edificio, a apenas tres kilómetros de Carboneras, un gran cartel en el que se lee "Hotel legal" recibe a las visitas. El ruido de las máquinas cesó definitivamente la tarde del jueves 23 de febrero de 2006, cuando se ultimaban los detalles para tratar su apertura no más allá del verano.
Un día antes, un juzgado de Almería ordenaba la paralización cautelar de obras al apreciar indicios de ilegalidad en la licencia concedida en enero de 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, por una posible invasión de la línea de servidumbre marítimo terrestre que el consistorio fijó en 20 metros al situarse el hotel en terrenos urbanizables.
La ocupación del edificio protagonizada meses antes por activistas de Greenpeace y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo deslinde de cien metros para esta zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, cambiaron la suerte de esta mole en la que actualmente campa el deterioro.
De la legalidad que rodeó hasta entonces el proyecto, se pasó en noviembre de 2005 al anuncio por parte del Ministerio de Medio Ambiente del inicio del proceso administrativo de expropiación de los terrenos y a las primeras peticiones de demolición formuladas por la Consejería de Medio Ambiente que, en septiembre de 2006, ejerció oficialmente el retracto de los terrenos sobre los que se alza el edificio, de 20 plantas y 411 habitaciones.
A pesar de los constantes mensajes lanzados desde entonces por sendas administraciones en favor de un rápido derrumbe, el portavoz de la promotora del complejo, Antonio Baena, permite descubrir todavía hoy los entresijos del edificio que empieza ya a amarillear por la humedad y en cuyos rincones se acumulan escombros y materiales de obra. Frente a una amplia cristalera salpicada de vidrios rotos y desde la que te sientes justo sobre el mar, el promotor traslada su inquietud sobre los motivos por los que un proyecto "amparado" por las administraciones y entendido como una pieza de un plan de reconversión turístico aprobado en Consejo de Gobierno en enero de 2004, se ha llegado a convertir en un "monumento a la especulación urbanística". Lamenta esta "ambivalencia" y sostiene que, para la destrucción del hotel "construido legalmente", el Gobierno deberá satisfacer 300 millones de euros o esperar a que hable la justicia en un proceso que, como ya auguró Manuel Chaves el 23 de noviembre de 2005, podría dilatarse en extremo en el tiempo de no encontrarse una solución dialogada.
Iniciadas meses atrás las conversaciones entre Medio Ambiente y la empresa en busca de una fórmula de consenso que no cuaja por el momento, el primero de los grandes golpes judiciales contra la pervivencia del hotel llegó en enero de este año, cuando la Audiencia Nacional fijó en los 100 metros la franja de servidumbre para la zona, lo que supone que la mitad de la estructura del polémico hotel quede dentro del dominio público marítimo terrestre. "Si al final se reconoce esta servidumbre, todo el núcleo vital del edificio" se incluirá en la zona a expropiar, a derrumbar y, algún día, a devolver a su estado natural "si es que tal cosa es posible", traslada Baena.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 23/02/2008
Foto: hotel El Algarrobico (Carboneras - Almería) - J.Rojas (El País)
