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SANBORONDÓN* : Eduardo Pérez Cáceres, miembro de la Asamblea Ecologista de La Palma, critica que prima en la Isla una forma de hacer política “desfasada”, basada en el cemento, y una forma de mirar el territorio que tilda de “penosa y preocupante para el futuro”.
Señala que no existe para La Palma un modelo de desarrollo, sino una serie de “intereses” de los municipios, a los que compara con “reinos de taifa”: “Cada uno va a colar sus proyectos, sus acuerdos y sus negocios, establecidos en términos que tal vez la Fiscalía Anticorrupción tendría que investigar cuando tenga tiempo”, sentencia.
Claro ejemplo de esta primacía de los intereses “empresariales - constructivos - especulativos” en las políticas de desarrollo de la Isla lo constituye el campo de golf proyectado para el municipio de Breña Alta. El controvertido proyecto afecta a una espacio natural protegido incluso por directivas europeas. Así, algunas partes del terreno que se destinaría a campo de golf han sido declaradas como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
“Es un sitio increíble...Cuando uno pasea por ahí no puede entender en qué cabeza cabe montar allí una serie de hoteles, villas de lujo y un campo de golf”, comenta Eduardo Pérez obviando ya lo referido al incumplimiento de las leyes. Se trata de una zona tradicionalmente dedicada a labores agrícolas y ganaderas, en la que además se encuentran ejemplos muy conservados de laurisilva y fallal-brezal.
Entiende Eduardo Pérez que es éste un “proyecto disparatado” que no va a aportar nada al desarrollo económico y social del municipio. Lo define como una operación “puramente especulativa”, en la que ciertas empresas habrían pagado un precio “irrisorio” por los terrenos, “pendientes de la típica recalificación para urbanizar”, dice.
Denuncian que el propio Ayuntamiento de Breña Baja se ha posicionado al frente de la defensa de que se aumente el número de camas cuya construcción está prevista en el Plan General de Ordenación del municipio, aún sin aprobación definitiva. Éste prevé 360, mientras que los promotores, con el Ayuntamiento al frente, demandan 900.
Según el ecologista, el modelo planteado por el PGO es “caduco” y de un “desarrollismo” propio de otras épocas, en las que la idea de desarrollo se encontraba intrínsecamente unida al cemento, la urbanización y la construcción. Comenta que la “ambición urbanizadora” de éste y otros Planes Generales de Ordenación en el territorio canario parecen “como fuera del tiempo”. Señala que habría que preguntarse quiénes son los “accionistas” de gobiernos como el de Breña Baja. “Quien paga, manda”, dice.
Cuenta que en estos momentos en que en la Isla hay tantos “frentes abiertos” contra éste y otros proyectos similares, tanto la Asamblea Ecologista de La Palma, de la que es miembro, como otras asociaciones y colectivos, luchan activamente en el frente legal. Juristas y no juristas sacrifican muchas horas de su tiempo libre, “con fe en la justicia”, aunque reconoce que el funcionamiento de ésta en ocasiones resulta “decepcionante”.
En este sentido, comenta que no sabría decir si es que la justicia es lenta o si, en lo que se refiere a la normativa urbanística y ambiental pueden darse distintas aplicaciones de la ley, según a quien se dirijan. Recuerda que son numerosos los casos en las Islas de viviendas derrumbadas o amenazadas por incumplir la ley: “¿Con qué cara mirará esta gente proyectos que se plantean incluso dentro de espacios protegidos, como el campo de golf de Tamanca?”, pregunta Eduardo Pérez.
* Revista San Borondón - 29.04.2008
Foto: Breña Baja (La Palma) - visitarcanarias.com
La Palma: Ecologistas denuncian que prima el interés especulativo al general de forma descarada
Piden 7 años a un técnico de Cártama por pedir dinero a cambio de legalizar viviendas
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20MINUTOS/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión y una multa de 250.000 euros al encargado municipal del Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del pueblo quien, en sólo dos meses, exigió más de 120.000 euros en presuntos sobornos a diversos propietarios de viviendas irregulares o ilegales.
Después de conocerse los hechos, el funcionario renunció a su cargo.
Junto a él, están acusados un intérprete y un propietario, este último por aceptar el ofrecimiento. El juicio se celebrará después del verano en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.
El escrito del fiscal asegura que el funcionario ha venido reclamando a propietarios y vecinos, “abusando de sus funciones”, el pago de distintas cantidades para impedir la iniciación, paralización, la sanción o procurar la ocultación de expedientes de disciplina urbanística. En diciembre de 2004, solicitó a un vecino 12.000 euros por si éste quería evitar una sanción municipal por arrojar escombros ilegalmente.
En el mismo mes, pidió a un matrimonio "una suma de dinero" para regularizar una construcción y, posteriormente, exigió a un extranjero el abono de 18.000 euros para legalizar su obra, así como otros 3.000 por hacer lo propio con un camino y una piscina, aclara el representante de la acusación pública.
12.000 euros y "lo oculto en un cajón"
También pidió 12.000 euros a otro vecino por "ocultar en un cajón" el expediente de demolición de la obra que construía; y a dos extranjeros, 18.000 por hacer desaparecer el expediente incoado por el Consistorio, para lo que utilizó a un intérprete que, según el fiscal, "conocía perfectamente lo que hacía, aunque no consta beneficio económico".
En enero de 2005, acudió a otro terreno y reclamó a su dueña 6.000 euros por convertir el mismo en urbanizable y ocultar las futuras multas. Lo mismo hizo con otro propietario, a quien le exigió ver "los permisos de construcción de la casa", a lo que el interpelado contestó que no contaba con ellos. Así, "le reclamó el pago en tres o cuatro días de 6.000 euros para evitar el precinto de la construcción realizada".
Más dinero
Con J. S. R. contactó a través de un intermediario. Éste se había construido una vivienda. El procesado ofreció al primero de ellos "la paralización del expediente sancionador a cambio de 9.000 euros", entrega que se hizo efectiva, aunque después le solicitó además otros 6.000 euros, una vez que el dueño había recibido una carta del Consistorio informándole del precinto de las obras.
A otro propietario le pidió 9.000 euros por evitar que se precintara su obra. Éste pagó 7.000, pero cuando le llegó la resolución municipal ordenando lo que había tratado de evitar, fue a la Gerencia de Urbanismo y denunció los hechos. A todos ellos se suman dos casos: solicitó 6.000 euros a un extranjero por tener su casa en un terreno inferior a 100 metros cuadrados e intentó cobrarle 12.000 euros a otra mujer "para solucionar la legalización de su vivienda en zona protegida", añade el fiscal.
* 20 Minutos - 28.04.2008
Foto: Cártama (Málaga), demolición viviendas ilegales - laopiniondemalaga.es
La Fiscalía pacta con los ex ediles del GIL imputados evitar los juicios si aceptan la pena de cárcel
SUR/Marbella* : La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella imputados en algún procedimiento urbanístico para no celebrar los juicios con la condición de que admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión por ello.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que en dicho acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta.
Además, el pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.
Las fuentes han explicado que cada ex edil tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con la ventaja de no tener que pasar por la pena de banquillo.
Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad.
En este sentido, las fuentes han apuntado que aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años no pueden cumplir más del triplo de la pena máxima.
Además las fuentes han subrayado que la pena por la que podrían ser condenados estos ex concejales por cada delito oscila desde una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán condenados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación.
En virtud de este acuerdo, la Administración de Justicia también consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.
Entre los ex ediles que se podrán acoger a dicho pacto se encuentran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, que es el ex regidor con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento vigente en Marbella.
* Sur - EFE - 29.04.08
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Un juez ordena la suspensión de un PAI de Rocafort que modifica el término de Godella
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LEVANTE/Valencia* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Valencia ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de Godella contra la reparcelación del PAI del Bovalar de Rocafort y ha dictado medidas cautelares para paralizar este desarrollo urbanístico.
El auto, notificado a las partes el pasado viernes, no valora el fondo del recurso pero considera que procede "la suspensión cautelar del acto impugnado" al producirse "un evidente perjuicio irreparable si se llevara a cabo la actuación urbanística de la reparcelación". Las obras de la reparcelación han comenzado por lo que en aplicación del auto deberían también paralizarse aunque ayer podían verse máquinas amontonando arena en la zona.
El PAI del Bovalar de Rocafort se aprobó el pasado mandato, en abril de 2006, con la unanimidad de todos los grupos políticos. La UE del Bovalar desarrollará 144.000 metros cuadrados de suelo y en el plan parcial presentado por la promotora en el momento de la aprobación cabía la posibilidad de la construcción de hasta 500 vivendas. La entonces concejal de Urbanismo, Carlota Navarro, indicó que no se construirían más de 300 casas debido a la tipología permitida en la localidad. Ya en abril del pasado año se expuso al público el proyecto de reparcelación del urbanizador, al que alegó el PSPV de Rocafort.
En julio de 2007 el Ayuntamiento de Godella presentó alegaciones contra la modificación del proyecto de reparcelación del PAI del Bovalar porque aumenta el riesgo de inundaciones y porque en la zona de actuación se incluye el encauzamiento de un barranco que ha modificado el término municipal de Godella. Rocafort rechazó las alegaciones y el consistorio vecino acudió al contencioso.
En el recurso presentado contra este PAI, el Ayuntamiento de Godella impugna la resolución que aprueba el proyecto de reparcelación porque se produce "un traslado de las zonas de servidumbre a terrenos del termino municipal de Godella" sin el consentimiento o rechazo del ayuntamiento. Esto implica la modificación del término municipal de Godella. La declaración de impacto ambiental emitida para tramitar el Plan Parcial y Homologación del sector está condicionado a la "conformidad del Ayuntamiento de Godella". El plan fue aprobado sin que conste, indica el auto, que Godella haya dado su conformidad al nuevo trazado del barranco y que no existe riesgo de inundaciones.
Y sin pronunciarse sobre "si se ha producido alteración de términos municipales o no" el juzgado considera que "procede la suspensión cautelar del acto impugnado".
* Levante-EMV - J. T. , Godella - 29 de abril de 2008
Foto: rocafort. Una de las máquinas amontonaba ayer arena en la zona del PAI del Bovalar/ j. t., levante-emv.com
Feijóo aprobó el plan de Ourense pese a conocer sus irregularidades
ELPAÍS* : La Consellería de Ordenación del Territorio encabezada en 2003 por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo constancia documentada, en abril de aquel año, de que el planeamiento urbanístico de Ourense expuesto al público en el Museo Municipal no era el mismo que había aprobado inicialmente el Ayuntamiento un año antes.
Tanto el entonces alcalde de Ourense, el popular Manuel Cabezas, como el propio Núñez Feijóo, recibieron sendas notificaciones de un particular, con acta notarial de las irregularidades, alertándoles del "cambiazo" de los planos.
En el planeamiento que se mostraba a los orensanos para que hicieran las correspondientes alegaciones la edificabilidad era considerablemente inferior a la que realmente se había aprobado. Pero tanto Cabezas como la consellería miraron hacia otro lado y Feijóo firmó un mes después la aprobación definitiva del planeamiento que ahora, por ese mismo motivo y por la denuncia presentada por el mismo particular, ha anulado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que pone en peligro las inversiones y el desarrollo urbanístico de la ciudad.
El 25 de marzo de 2003, dos días antes de que se celebrara el pleno municipal de aprobación provisional del plan general de Ourense, entró por Registro en el Ayuntamiento un escrito firmado por el promotor Delio Óscar Santalices Vieira informando de que el documento que se había expuesto al público no se correspondía con el de la aprobación inicial. Santalices adjuntaba copias, certificadas por notario, de ambos planos.
El escrito, reclamando la retirada de la aprobación del plan del orden del día del pleno, llegó el día 27 a manos del jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento, Cándido Ortells. Cuando el técnico vio la reclamación se estaba sometiendo ya el documento a aprobación plenaria. Ante la gravedad de la denuncia, Ortells redactó un informe para que fuera entregado de urgencia al alcalde, al concejal de Urbanismo y al secretario municipal que estaban en el pleno. "Habiéndose recibido el mencionado escrito siendo las 10,45 horas, dado que el pleno comenzó a las 9,30 horas y dada la trascendencia de la solicitud y sin perjuicio de su posterior informe jurídico por el contenido del mismo, deberá darse traslado a la mayor brevedad posible de copias del escrito de referencia al alcalde, al concejal delegado de Urbanismo y al secretario general", especificaba. Pero horas más tarde la corporación aprobó el planeamiento sólo con los votos del PP.
Santalices remitió entonces un escrito a la consellería dando cuenta de lo ocurrido. Así consta en el fax urgente enviado el 23 de abril de 2003 desde esa consellería, presidida por Núñez Feijóo, al alcalde de Ourense. "En esta dirección general se recibió escrito presentado por Delio Óscar Santalices en el que se plantean diversas cuestiones relacionadas con el trámite de información pública del documento del PXOM..." consta en el escrito en el que se insta además al Ayuntamiento a que certifique que el plan aprobado inicialmente "fue sometido a información pública". El alcalde y el secretario municipal, Mariano Rodríguez, firmaron el mismo día ese certificado.
Delio Óscar Santalices no denunciaba la falta de exposición pública, sino que los planos aprobados inicialmente por el Concello "no coinciden con los expuestos al público" y alertaba de la "graves divergencias en cuanto a clasificación y calificación" advirtiendo de "la responsabilidad jurídica de los autores". Pese a ello, el 29 de abril el conselleiro de Obras Públicas, Alberto Núñez Feijóo, firmó la aprobación definitiva del plan.
El 7 de mayo el jefe de servicio de Planeamiento pidió un informe a la secretaría municipal ante "la gravedad" de lo denunciado por el promotor y la "acusación de falsedad en documento público". Poco después el alcalde destituyó de la jefatura a Cándido Ortells. La semana siguiente comenzaba la campaña de las municipales que le iba a dar la tercera mayoría absoluta consecutiva a Manuel Cabezas.
Cambio de edificabilidad
Las "graves divergencias de clasificación y calificación" que existían entre la documentación del plan de urbanismo expuesta al público y la aprobada por el Ayuntamiento de Ourense, se referían especialmente a la edificabilidad y al número de alturas de determinadas fincas de la ciudad. La denuncia -presentada finalmente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló la semana pasada todo el planeamiento- hacía constar que los cambios "más notorios" se referían a la unidad de ejecución comprendida entre la Rúa do Entroido y la Avenida de la Ribeira Sacra, una de las zonas de expansión de la ciudad.
Delio Óscar Santalices destacaba que en el plan expuesto al público se calificaba el suelo de estas fincas como "urbano intensivo en bloque abierto con cuatro plantas de altura máxima autorizadas". Pero en el plano aprobado por el Ayuntamiento se calificaba la zona como "área de planeamiento específico con edificación en bloque y altura máxima de 7 plantas".
Pero no era el único caso. Los planos de otras zonas de la ciudad ofrecían similar variación. En donde en el documento expuesto al público figuraban (AR-39N) dos bloques de cuatro plantas cada uno, en el aprobado por el ayuntamiento constaba que se construirían tres bloques de siete alturas. Y en donde se mostraba a los ciudadanos que habría una torre de 16 plantas (AR-38N) el PP había aprobado en el pleno que la torre sería de 19.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 29/04/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Vecinos, políticos y periodistas recorrieron las irregularidades urbanísticas de Hortaleza
MADRIDDIGITAL* : Varios representantes de la asociación vecinal Urbe, acompañados de miembros de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Hortaleza, la FRAVM e IU, realizaron el fin de semana un recorrido por algunos de los lugares del barrio de Canillas que incumplen la legalidad urbanística, y que a pesar de haber sido denunciados en repetidas ocasiones ante la Junta de Distrito, gozan de la permisividad de la administración local.
La visita arrancó de la calle Zacarías Oms, a escasos metros de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, “la misma junta que lleva meses ninguneando a las vecinas y vecinos de la asociación Urbe”, según denuncian éstos. Su presidente, el actor Carmelo Gómez, fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias y, con un grupo de periodistas, representantes vecinales y políticos recorrió tres inmuebles significativos de Canillas que incumplen las normas urbanísticas, de las decenas que tiene registrado la asociación vecinal.
Los edificios han sido denunciados por hechos como el exceso de ocupación de parcelas y del volumen edificable, daños causados por obras en edificios colindantes, exceso de altura, tala de árboles, cambios de usos, incumplimiento de condiciones estéticas o por la inexistencia de licencias de primera ocupación, acciones que dañan a vecinos que habitan en viviendas anejas y alteran la convivencia en la zona.
“Lo que queremos es que respeten la legalidad”, sólo eso, indicó Carmelo Gómez ante un lujoso edificio de tres pisos que incumple la normativa sobre alturas y ha invadido parte de las parcelas contiguas.
Meses de denuncias
La asociación Urbe llevaba meses denunciando estas irregularidades cometidas por promotores inmobiliarios, sin que nadie tomara cartas en el asunto. Al menos hasta la semana pasada, cuando la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, se comprometió a estudiar las quejas vecinales tras recibir, de manos de la citada entidad vecinal y de representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), un informe del Defensor del Pueblo que destaca “la connivencia por inhibición” de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Hortaleza con los infractores urbanísticos.
Pero los vecinos no sólo se quejan de la pasividad de la delegación municipal: “No nos dejan hablar en los plenos de la Junta, y la nueva concejala, con la que tenemos peor relación que con la anterior, sólo quiere recibirnos en su despacho, nunca de manera pública, en el pleno. Así es como están haciendo la democracia”, se quejó Gómez.
El 23 de mayo de 2007, la AV Urbe remitió al Defensor del Pueblo un informe de más de 100 páginas que recogía multitud de denuncias de infracciones urbanísticas de diversa índole en el barrio de Canillas. El documento fue elaborado por requerimiento de la entonces concejala presidenta de distrito, Sandra Lorite. Posteriormente, el pasado 5 de marzo, el Defensor del Pueblo hacía pública una resolución en el que constata “la desidia e inhibición de los servicios técnicos de la Junta y su connivencia con los infractores urbanísticos”.
Tras agotar las vías de interlocución con la Junta de Hortaleza, “donde los malos modos, la cerrazón y la más absoluta de las negativas a atender las demandas vecinales se han convertido en moneda corriente”, según denuncia la asociación Urbe, la FRAVM y la entidad ciudadana se dirigieron a una instancia superior, al área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, con el propósito de informar directamente a sus responsables, obteniendo el citado compromiso de los responsables municipales.
+ Madrid Digital - 28/04/2008
Foto: AAVV madrid - madriddigital.info
Entrevista a Miguel Amorós sobre el TAV
KLINAMEN* : ¿Qué es el TAV? Antes que nada conviene aclarar que en una sociedad como la nuestra, donde tecnócratas expertos dirigen todos los aspectos de la vida y donde la libertad no es sino otro nombre del despotismo, el lenguaje no es un medio de comunicación entre personas libres, sino la herramienta por la cual los dirigentes transmiten sus ideas y sus órdenes a las masas dominadas. Cada palabra, especialmente si es un neologismo, sostiene una realidad opresiva disimulada tras una apariencia técnica. Sabemos que la técnica no es neutral ni el neologismo tampoco. Así pues por TAV no podemos entender simplemente un artilugio que marcha a 300 km/h.
El TAV es el emblema tecnopolítico de la mundialización. En tanto que trasporte preferido de los dirigentes en la media distancia, es una condición necesaria de la economía globalizada; en tanto que figura política del marketing internacional ciudadano, es la pura Razón de Estado.
¿Por qué ahora hay tanta prisa con el TAV?
El TAV ha de construirse cuanto antes porque los intereses del poder así lo requieren. No se trata tanto de ganancias inmediatas, como por ejemplo las de las constructoras de obra pública, los fabricantes de trenes o las empresas de seguridad; tampoco de intereses privados ligados a oligarquías locales; mejor es cuestión de intereses generales relativos a la clase que domina el mundo, y del mundo tal como resulta del dominio de esos intereses. Cuando la población se concentra en unas pocas regiones metropolitanas, la acumulación ampliada de capital depende mucho más de la circulación, incluida la circulación de ejecutivos financieros, empresariales y políticos. Éstos necesitan un medio de locomoción más eficaz que el avión entre dos sistemas suburbiales, es decir, entre dos megaciudades: ese es el TAV.
¿Qué beneficios aporta?
La respuesta depende de si la pregunta se hace a los dirigentes o a los dirigidos. Para los primeros el beneficio es incuestionable, puesto que todo lo que contribuya a la movilidad colabora en la transformación del mundo conforme a su interés. La “intermodalidad”, es decir, la coordinación de las distintas formas de transporte, sería un buen ejemplo del mundo de los ejecutivos, donde “los rápidos se comen a los lentos”. Sin embargo, todo lo que resulta ventajoso para aquellos, forzosamente ha de resultar perjudicial para los demás, pues refuerza su sometimiento y su alienación.
Pero ¿y la rapidez?
Si el criterio racional contara, la fórmula perfecta sería un tren de bajo impacto que combinara celeridad y precio. Tales trenes existen y además competirían con las autopistas. Sin embargo para la clase cuyo tiempo es oro, una ganancia de segundos significa un lucro importante, por lo que la velocidad goza de prioridad absoluta. La alta velocidad de los trenes es la alta velocidad de los negocios.
Sin embargo, lo que es bueno para la economía ¿no es de alguna forma bueno para todos?
Más bien lo contrario. Si la riqueza se concentra, la pobreza se difunde. Indudablemente los bancos, los especuladores inmobiliarios, las refinerías, la industria turística, el comercio de coches y el sector logístico, van a amasar mucho dinero. Habrá migajas para unos cuantos. Pero en la medida en que se terciariza la economía con la inestimable ayuda de ese caballo de Troya en forma de tren, se imponen para la mayoría las condiciones de trabajo y de vida que le son propias: precariedad, salarios ínfimos, horas extras, hipotecas, vivienda indigna, transporte público infame... Eso es todo lo que saldrá ganando la mayoría.
¿Qué consecuencias tiene el TAV para las ciudades?
Las ciudades “situadas en el mapa” por el TAV acumulan población y, por lo tanto, van extendiéndose como mancha de aceite hasta penetrar en las provincias adyacentes. Mientras el centro de la ciudad original se museifica y peatonaliza para devenir mitad parque temático, mitad centro comercial, la periferia pierde sus límites y se transforma en un entorno artificial, caro, invadido por vehículos, ruidoso, contaminado e insalubre tanto física como síquicamente.
¿Qué papel juegan las estaciones?
Son los edificios por donde llegan las elites de la globalización; arquitectónicamente representan sus valores, sus delirios, su falta absoluta de sensibilidad y su mal gusto. Evolucionan hacia un híbrido entre el centro comercial y el complejo hotelero, pues la intención es que el transporte acabe siendo una actividad económica entre tantas, exactamente igual que sucede con los aeropuertos. La estación del TAV determina un reordenamiento total de la barriada donde se ubica que se convierte en un auxiliar monitorizado de la estación, a través de cuyas pautas toda la ciudad va a remodelarse. La estación en realidad es la ciudad futura en pequeño. Contiene una promesa de ciudad radicalmente distinta, carcelaria y consumista a partes iguales, que sólo espera inversiones para desplegarse.
¿Qué significa el TAV para el conjunto del país?
El TAV contrae el espacio a la vez que la economía lo coloniza. Tiene pues un efecto centralizador. Las conurbaciones quedan conectadas entre sí como densos nódulos de una red gobernada por un enjambre electrodirigente. El territorio resulta agredido de mil maneras, quedando fragmentado, desequilibrado y reducido a decorado paisajístico.
Entonces ¿hay que ir contra el progreso?
Solo si el progreso significa despilfarro energético y dilapidación de recursos, desequilibrio territorial, cultivos transgénicos, líneas de muy alta tensión, motorización, centrales nucleares, neurosis y exclusión social. El TAV es esa clase de progreso.
¿Cómo funciona la lucha anti TAV en Cataluña?
Desgraciadamente en Cataluña una lucha de esas características no existe. Lo que hay es una oposición farisea, mediatizada por partidos y alcaldes, que se opone a determinados trazados o que exige soterramientos, pero que no cuestiona la necesidad del TAV, ni mucho menos se interroga sobre la sociedad que lo reivindica. Las plataformas cívicas anti TAV hablan el mismo lenguaje que el poder que lo construye y concuerdan con sus fines. En sus métodos no buscan provocarlo, sino abrir vías de diálogo y colaboración institucional. Pero sucede que por propia naturaleza el TAV no puede permitirse demasiada flexibilidad y tiene poco que ofrecer aparte de dinero. Normalmente las inversiones culturales o deportivas suelen bastar para que los representantes de los intereses locales lesionados miren para otro lado. En último extremo las plataformas tratarán de consolarse con inútiles caceroladas, recogidas de firmas y pleitos administrativos.
¿Cuál es la alternativa?
La lucha contra el TAV no tiene sentido sino dentro de la lucha contra el modelo político y económico de sociedad a la que va asociado. No ha de reivindicar sólo otro transporte, sino otra sociedad. Es una lucha contra todas las infraestructuras típicas de una economía desbocada, autopistas, superpuertos, túneles, macroaeropuertos, etc., y también una lucha contra el automóvil, la suburbialización, la alimentación industrial, la artificialización de la vida, la destrucción del territorio, la explotación del trabajo, etc. Es una lucha antidesarrollista y anticonsumista. La lucha de los afectados por el TAV es una lucha contra la clase dirigente, por lo que ha de saber reconocerse como lucha de clases. Ha de poner en marcha mecanismos organizativos autónomos capaces de elaborar puntos de vista críticos de manera colectiva, así como formas de lucha directa alejadas de la política y el sindicalismo. De ellas ha de nacer un sujeto histórico, una comunidad de oprimidos capaz de enfrentarse como clase a las fuerzas de la dominación y cambiar el mundo según sus deseos.
Vale, pero ¿no es eso abarcar mucho y apretar poco?
Evidentemente una lucha de tal envergadura no es cosa de meses ni de guerras civiles para mañana. Es cuestión de saber fijarse objetivos a medio y corto plazo, por ejemplo, la detención de las obras. Su simple parálisis daría un respiro al territorio y sus pobladores, ralentizando la degradación. Sabotear la política de tierra quemada que emplean los dirigentes, obligándoles a retroceder mediante movilizaciones lo más numerosas posible, como en Valsusa. Cuando es la causa de la libertad la que está en juego, primero hay que ir poco a poco; después, cuando pinten la ocasión, ya se procederá de golpe.
Para acabar y a nivel más personal, ¿qué es para ti el TAV?
Es la prueba de la insolente rapidez con que unos pocos cuya autoridad cuestiono deciden cómo va a ser la vida de todos.
* Miguel Amorós
Entrevista para AHT Gelditu!, 23 de abril de 2008
* Klinamen - 25 de Abril de 2008
